La vergonzosa postura de México en la OEA en la reunión del Consejo permanente de la organización sobre las elecciones en Venezuela, revela sólo parcialmente lo que sucede en ese país. La ausencia de la representante de México, explicada por López Obrador por la declaración del secretario general, en realidad no fue el problema. El quid del asunto se halla en la palabra “verificación”, que fue el motivo de la abstención de Brasil y Colombia.
La estrategia de Maduro frente a la crisis que enfrenta parece clara. La autoridad electoral, dominada por el régimen, entregó un resultado el domingo en la noche que le daba la victoria al mandatario saliente. Pero no pudo divulgar las actas de cada casilla o mesa electoral, “escupidas” por la máquina electrónica con la que se vota en Venezuela. Prometió hacerlo pronto, aunque la Constitución exige que se haga. La oposición sí pudo juntar más de 80% de las actas, y las subió a su sitio internet a lo largo de la semana.
Ante la presión internacio-nal –incluso de Brasil, Colombia y México– la estrategia de Maduro encierra dos explicaciones. O bien no tiene sus actas, y nunca las tendrá, y le apuesta a que la calle y la comunidad internacional se cansen. O bien ha dedicado este aberrante compás de espera a falsificar las 24 mil actas (80% de las 30 mil el día de elección) para presentarlas el viernes o en todo caso antes del domingo. ¿Pero con un sistema como el venezolano es posible falsificar 24 mil actas?
En principio, no. Cada acta impresa en la máquina de votación lleva un hash, un QR, un sello de tiempo, y un folio. El escaneo de las actas, o la reimpresión de las mismas, tendría que replicar cada una de estas marcas de agua, pero con un resultado diferente. Y desde luego, la suma de las cifras en cada una de las nuevas actas, tendría que corresponder al porcentaje final que dio el Consejo Nacional Electoral: 51% para Maduro, 44% para Edmundo González. No está fácil, lo cual explica la demora, suponiendo que ésta sea la ruta escogida por Maduro.
Pero no es imposible, sobre todo with a little help from his friends. Varias fuentes señalan que ya se han producido tres ataques cibernéticos contra el sitio donde la oposición posteó sus actas; provienen de Rusia y de China. El excéntrico ex vicepresidente de Colombia, Pacho Santos, ha denunciado un “centro” chino dedicado a la falsificación de las actas. Los cubanos no tendrán computadoras, pero disponen de ábacos y una enorme habilidad para hacer trampas. Sobre todo si pueden llevar a la victoria.
La jugada es sencilla y cínica, pero plausible. En estos días, Maduro entrega 24 mil actas falsificadas, alegando que todo lo que le pidieron, salvo las 6 mil actas hakeadas por Macedonia del Norte, ya lo presentó. La oposición va a replicar que son falsas, y que se deben de cotejar con las suyas, y con las que poseen los demás partidos, los ciudadanos, y la propia autoridad electoral, que las recibió el domingo en la noche. Y exigirá que el cotejo, es decir, la verificación, se realice ante testigos internacionales. Maduro dirá que no; Washington, la Unión Europea y varios latinoamericanos dirán que sí; y hasta cierto punto, Brasil, Colombia y en menor medida México tendrán la última palabra. Al día de hoy, tomarán el partido de Maduro, y rápidamente la oposición se enfrascará en una batalla técnica imposible de ganar.
La principal voz contraria, la inclusión o uso de la palabra “verificación” parece haber sido la de México. Se entiende. Para López Obrador, resulta indispensable rescatar a Maduro: Cuba oblige. Pero Lula y Petro difícilmente se van a involucrar en un cotejo de las actas falsas de Maduro, si las entrega, con las actas reales de la oposición. En las próximas horas sabremos si eso es lo que sucede. Y veremos si el sufrimiento de la sociedad venezolana va a seguir otro cuarto de siglo, o ya concluye.

La decisión aparente de Tesla de posponer la construcción de su fábrica en Nuevo León, así como la semi polémica que se ha dado en tiempos recientes entre el candidato Donald Trump y la presidenta electa mexicana sobre posibles aranceles que Estados Unidos impondría a exportaciones chinas de México a Estados Unidos, constituye una buena oportunidad para plantear una idea casi clásica de las relaciones de México con el mundo.
Como se sabe, Elon Musk anunció que dejaría para después la fábrica de las afueras de Monterrey por temor a los aranceles que Trump le impondría a productos procedentes de México. También se habrá notado que en días recientes el secretario de Hacienda mexicano subrayó la magnitud gigantesca del déficit comercial de México con China: importamos diez veces más de lo que exportamos a ese país. Y ha habido publicaciones en distintos medios internacionales últimamente también señalando que las inversiones chinas en México han comenzado a aumentar en años recientes, sin que haya una contabilidad del todo confiable al respecto, como lo ha escrito Enrique Quintana.
Para algunos, dentro y fuera del gobierno, estos acontecimientos pueden representar una oportunidad para México de jugar la carta china, o coquetear con China, o de buscar una alternativa a la concentración de nuestra relación económica con Estados Unidos. Esto puede verse en el ámbito comercial, tecnológico, financiero e incluso, hasta cierto punto, geopolítico. El anterior secretario de Relaciones Exteriores coqueteó en varias ocasiones con Beijing; Alicia Bárcena, la actual secretaria, en un par de ocasiones por lo menos, ha sugerido que si Estados Unidos no profundiza la cooperación con México como nosotros quisiéramos, existe la alternativa china. E incluso la presidenta electa tomó una decisión hasta cierto punto temeraria, en el sentido de que el primer embajador al que recibió después de su elección fue al de Xi Jinping, que traería una carta de su jefe que debía entregar en persona, aunque en principio para eso existe el correo.
Más allá de si esto es factible desde el punto de vista chino –no es evidente que lo sea– va un poco en contra de una especie de regla no escrita de la política exterior mexicana o de la relación de México con el mundo. Esta regla no escrita versa así: México no coqueteará ni se volverá amigo o aliado de un adversario de Estados Unidos, sea cual fuera. El ejemplo inicial y clásico de este axioma fue el famoso Telegrama Zimmermann y la reacción de Venustiano Carranza al respecto.
Algunos recordarán que durante la Primera Guerra Mundial el káiser Guillermo le ofreció al presidente mexicano, a través de un famoso cable, devolverle a México lo que Estados Unidos le había arrebatado en 1848, si México se aliaba a Alemania para derrotar a Woodrow Wilson y a los aliados en Europa. Carranza rechazó categóricamente la oferta y, sin necesariamente haberlo verbalizado de esa manera, entendió que para México era excesivamente peligroso aliarse con un país al cual Estados Unidos le había declarado la guerra.
Durante toda la época de la existencia de la Unión Soviética, México mantuvo siempre una postura muy clara, tanto antes de la Segunda Guerra Mundial como durante la guerra fría. Podía tener relaciones diplomáticas con Moscú –no siempre, por cierto– pero nunca entrar en cualquier tipo de cercanía, alianza o coqueteo geopolítico con la URSS. Las relaciones económicas, militares, turísticas, financieras, fueron prácticamente nulas, y cuando se dio el mayor enfrentamiento de la guerra fría –la crisis del Caribe en octubre de 1962– López Mateos claramente tomó el partido de Kennedy. Los coqueteos mexicanos con Cuba desde 1959 hasta los médicos-esclavos contratados por López Obrador, no pertenecen a la misma liga. Estados Unidos ha designado a la dictadura castrista como un régimen enemigo, pero lo es solamente de pacotilla. México sí puede jugar en segunda división.
A partir de la emergencia de la rivalidad agudizada entre Estados Unidos y China hace unos 10 años más o menos, los presidentes Peña Nieto y López Obrador han sido sumamente prudentes en nunca tentar al diablo y buscar algún tipo de no alineamiento, o equidistancia, o cercanía con Beijing. El gobierno de Peña Nieto canceló la opción de que la empresa china Huawei construyera la línea de fibra óptica troncal de México a la frontera y a lo largo de la misma; López Obrador inmediatamente descartó la posibilidad de adquirir scanners chinos para agilizar los cruces fronterizos en el norte, una vez que el gobierno de Estados Unidos pidió públicamente que así fuera. No ha habido por parte ni de Peña Nieto ni de López Obrador ningún tipo de acercamiento. En el caso de este último, ni ha visitado China ni ha invitado a Xi a venir a México, y sólo tuvo un encuentro protocolario con él en la conferencia de APEC.
Es posible que esta tesis casi fundacional de la política exterior de México se haya vuelto obsoleta, o nunca haya existido, o nunca debió haber sido adoptada. Habrá quienes hoy pretendan que, al contrario, la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China le ofrece grandes oportunidades a México para intentar jugar a uno contra el otro y aprovechar distintas opciones que se presenten gracias a dicha rivalidad o nueva guerra fría. Otros pensamos que se trataría de una actitud excesivamente temeraria, que no toma en cuenta una serie de evidencias innegables: tenemos una frontera con Estados Unidos, 12 millones de mexicanos viven en Estados Unidos, un millón y medio de ciudadanos norteamericanos viven en México, la mayor parte de nuestro comercio es con Estados Unidos, y hay ciertas cosas que Estados Unidos no está dispuesto a tolerar con determinados países. México es uno de esos países y siempre los distintos presidentes mexicanos lo han tomado en cuenta.

 

Las fuerzas económicas, sociales y políticas de la sociedad civil que se oponen a la entrega de una mayoría calificada a Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados vía la sobrerrepresentación, y a la reforma judicial, por lo menos en lo que toca a la elección por el sufragio universal de los ministros de la Suprema Corte, enfrentan un dilema hasta cierto punto desgarrador. No es exactamente el mismo en ambos casos, pero se parecen. La tentación de darse por bien servidos gracias a ciertos cambios mínimos en la reforma judicial, y en mucho menor medida como veremos en el tema de la sobrerrepresentación, es difícil de resistir. Sobre todo para actores que ya han padecido seis años de confrontación con el régimen.
Es difícil concebir un punto intermedio, ni siquiera falsamente intermedio, en lo de la sobrerrepresentación. O bien el INE, y posteriormente el Tribunal Electoral, aceptan el principio, invocado por el gobierno, de que el tope de 8 por ciento de sobrerrepresentación se aplica sólo a partidos y no a una coalición, o no. Se ve muy complicado encontrar algún tipo de solución negociada. Pero el ingenio mexicano para desenterrar soluciones imaginativas, un poco ociosas, pero en apariencia eficaces, a problemas también en apariencia insolubles, da para mucho. Tanto los consejeros del INE, como los ahora ya seis magistrados del Tribunal Electoral, son capaces de buscar y encontrar una fórmula a medio camino entre la mayoría calificada gracias a un esquema y la misma mayoría calificada gracias a otro esquema. Parece difícil, pero nada es imposible.
La situación en lo tocante a la reforma del Poder Judicial es muy diferente. Existen, sobre todo para los ministros de la Suprema Corte, varios caminos hacia una salida negociada. Una de ellas, ya descartada por muchos, incluyendo a López Obrador, es la gradualidad si terminaran por ser designados todos los ministros por elección popular, pero no de golpe y porrazo desde el 2025. Se haría de manera escalonada. Otra opción consiste en la ampliación del universo o “pool” entre los cuales elegiríamos los mexicanos a los 7, 9, 11 o 15 nuevos ministros, dependiendo de cuántos decida López Obrador que quiere. Al ampliarse el universo, resulta más difícil retacarlo de adeptos de la 4T, sobre todo si además del Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y la sociedad civil pueden proponer candidatos.
Por último, se pueden ampliar el número de requisitos para ser candidato. A diferencia de lo que dijo AMLO, de que la experiencia no importa y mejor que puedan llegar jueces, magistrados y ministros con el menor tiempo posible para “viciarse”, se puede al revés exigir, sobre todo para ministros a la Corte, de mayor experiencia, mayor carrera, publicaciones, estudios, actividades internacionales, etcétera. Manteniendo el principio de la elección por sufragio universal, se endulza de esa manera la píldora y se diluye el carácter tan draconiano de la reforma que se sugirió el 5 de febrero.
Para todos va a ser difícil definirse ante estas posibles disyuntivas. Arrancar el sexenio con un nuevo enfrentamiento frontal con el gobierno no es una opción atractiva para nadie. Y si el desenlace, tanto en materia de sobrerrepresentación y mayoría calificada, como en lo tocante a la elección de ministros a la Corte, está de alguna manera ya decidido, mejor lograr algo en lugar de oponerse de manera tajante y no lograr nada. Como decía, la tentación, en México por lo menos, de actuar de esa manera no es despreciable.
Sin embargo, constituiría un error, en mi opinión. Insisto: en el caso de la sobrerrepresentación, no veo qué solución intermedia podría haber. Pero en el caso del Poder Judicial, me parece que sería contraproducente y dañino para la relación que debe establecerse entre el gobierno y los sectores de la sociedad que no votaron por él o que no comparten su programa el caer en esta trampa. Resultaría preferible adoptar una posición de rechazo a la reforma, con o sin edulcorantes, por considerarla antitética con cualquier tipo de independencia del Poder Judicial y de separación de poderes. Al mismo tiempo, habría que admitir y reconocer que en caso de que el Tribunal y el INE acepten la sobrerrepresentación, y ambas Cámaras por mayoría calificada acepten la elección directa de los ministros, ese resultado es el que es: el que las instituciones y la ley en México establecen. No tiene nada de malo estar en contra de una iniciativa gubernamental o de otra índole, combatirla, y si se pierde se acepta el resultado y se sigue adelante. Me parece que para muchos protagonistas de la vida política nacional sería esto más sano que entrar en una dinámica negociadora cuando se trata de asuntos de esta trascendencia.

Cada vez más se sugiere en diversos ámbitos que la explicación más importante del triunfo aplastante de Morena en las elecciones yace en la mayor cantidad de dinero que mexicanos de ingreso modesto y de clase media baja recibieron en el bolsillo durante el sexenio. Las cifras son conocidas. El salario mínimo real aumentó 116 por ciento; el salario promedio real subió 11 por ciento; las remuneraciones al trabajo pasaron de 24.7 por ciento del PIB en 2018 a 30.9 por ciento del PIB a finales de 2023. Este último dato es más relevante, quizás, ya que sucede después de decenios de descensos constantes. El gasto en los programas sociales, a diferencia del gasto en salud, educación y vivienda, casi se duplicó. Con un índice de 2014 igual a 100, para 2023 la SEP bajó a 87, la Secretaría de Salud a 57 y la Secretaría de Bienestar aumentó a 256. Todos estos datos provienen de escritos o gráficas de Rodolfo de la Torre y el IMCO.
Ya expliqué de qué forma la definición del salario (mínimo y promedio) como principal ancla inflacionaria desde 1983 permitió que, por un lado, los incrementos de AMLO fueran altamente significativos para los beneficiarios, pero irrelevantes a nivel macro en materia de inflación o de déficits fiscales. Se pudo hacer todo esto, meter todo este dinero en tantos bolsillos, porque los bolsillos se encontraban vacíos. La inflación mexicana fue igual o parecida a la de otros países durante la pandemia, y con la excepción de 2024, el déficit fiscal nunca se aproximó a niveles peligrosos. El mejor de los mundos posibles: generosidad a ojos de la gente, rigor a ojos de los mercados.
Pero como lo ha señalado, entre otros Macario Schettino, es posible que el esquema entero esté llegando a su límite. Las pensiones para adultos mayores aumentaron 25 por ciento este año, y se incrementarán otro tanto en 2025. Si en efecto se reduce la edad de elegibilidad para mujeres a sesenta años, comenzarán a desbordarse esas cuentas. Por otro lado, los incrementos tanto del salario mínimo como del promedio están creando una compresión de la escala salarial hacia arriba, y ese proceso sí puede detonar una espiral inflacionaria. Es lógico: si lo que hizo AMLO fue posible porque los ingresos eran tan bajos, ahora que no lo son tanto, no se puede hacer tan fácilmente.
En cambio, los déficits no fiscales sino de cobertura, equidad, capacidad y simple sobrevivencia, de ser ciertas estas tesis, al próximo gobierno se le van a presentar dilemas hasta cierto punto diabólicos. O bien siguen con el aumento constante, merecido, pero ya arriesgado, de salarios y de programas sociales; o bien llevan a cabo una reforma fiscal que permita financiar todo ello en las condiciones nuevas; o hasta aquí llegamos. ¿A qué me refiero? A que los seis años de aumento de los salarios mínimo y promedio, y de los programas sociales, lleguen a su término. No se van a reducir, pero no van a aumentar. La idea de incluir en la Constitución disposiciones que mantengan el valor real de los ingresos en su conjunto, que desde luego es una aberración desde un punto de vista macroeconómico o constitucional, tiene este sentido. Tal vez ya no se pueda seguir con el crecimiento de antes, pero por lo menos se puede asegurar que no habrá una merma en el futuro.
En todo caso, parece evidente que la intuición genial de López Obrador, o su arriesgada apuesta, o su diseño conceptual altamente sofisticado, parece que se está acercando a su límite. Lo cual tiene implicaciones desde luego en lo que se refiere al bienestar de la gente, pero también en cuanto a sus efectos electorales. Este tipo de jugada maestra electoral no suele repetirse; al contrario, la segunda vez, casi siempre, se vuelve una tragedia. Tal vez sea lo que esté sucediendo ahora al arranque del nuevo sexenio.

 

Con el nerviosismo en los mercados durante los últimos días, y quizás en los que siguen, no sólo se ha producido una pequeña depreciación del peso, sino que ha vuelto a aparecer el fantasma de una llamada o supuesta devaluación de la moneda. Unos consideran que eso da al traste con el peso fuerte presumido por López Obrador y que el suyo es el primer sexenio desde Díaz Ordaz en que no se devalúa la moneda. Otros ven por fin la crisis financiera que predijeron desde hace seis años y que nunca sucedió. El debate en realidad es un poco más complejo.
Para empezar, entre gente seria no hay de qué vanagloriarse de que el peso no se haya depreciado a lo largo de seis años, y menos aún de que se haya revaluado en casi 20 por ciento, dependiendo del pico que se utilice para la comparación con el presente (hace diez días). Justamente lo que se supone que ha salvado al país de nuevas crisis financieras como la de 1976, 1982, 1987 y 1994-1995, fue el abandono en serio de un tipo de cambio fijo y el establecimiento de un tipo flotante que se mueve más o menos con el mercado, y con la oferta y demanda de pesos y de dólares, y no por las intervenciones del Banco de México. Independientemente del nivel de sobrevaluación del peso hasta hace un par de semanas, no puede ser bueno un tipo de cambio de hecho fijo, o en todo caso que sólo se sobrevalua durante el sexenio de López Obrador, y bueno también el tipo de cambio flexible durante los últimos cuatro sexenios.
Pero este es apenas el primer elemento de la complejidad del asunto. En realidad, quien debiera estar aplaudiendo a escondidas cada pequeña caída del valor del peso frente al dólar estos días, es la presidenta electa. Si lo está haciendo a propósito López Obrador, o sólo son consecuencias no deseadas de posturas equivocadas, el hecho es que si AMLO le entrega a su sucesora un dólar en unos 20, 21 o hasta 22 pesos, le hace un enorme favor. En primer lugar, porque efectivamente para los exportadores, para los que reciben remesas, para el turismo, y para los productores nacionales de algunos bienes, una devaluación del peso de esa magnitud sería bienvenida. Les conviene enormemente a todos ellos.
En segundo lugar, porque en teoría, por lo menos desde el principio del sexenio de Peña Nieto, se comprobó que el famoso pass through ya no se da en México, o en todo caso tiene lugar en una magnitud mucho menor que en otras épocas. De ahí que el efecto inflacionario de una devaluación de esas dimensiones probablemente sea mínimo, si es que alguno.
Pero, en tercer lugar, es evidente por el tamaño del déficit fiscal, por las consecuencias de muchas medidas que deberán adoptarse por una razón u otra en los primeros meses del nuevo sexenio, trátese ya de la reforma judicial o del canje de la deuda de Pemex por deuda soberana UMS, alguien probablemente tenga que pagar los platos rotos. Si ese alguien es López Obrador y no Claudia Sheinbaum, esta última no podrá más que agradecérselo. Recordemos nada más que la historia de las devaluaciones del ‘76 hasta el ‘95 siempre tuvo que ver con la sucesión presidencial, y con la manera en que un presidente se sacrificaba o no a favor de su sucesor. Aunque López Obrador no lo quiere hacer, si de chiripa resulta que a él le toca cargar con el muertito de una caída del peso, a ella le vendrá esto como anillo al dedo.

 

Veremos si en efecto Morena obtiene mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso. Mi intuición es que sí: de jure en diputados, de facto en senadores, consiguiendo lo que falte por la vía tradicional (a billetazos). Asimismo, tengo la impresión que López Obrador, con o sin el acuerdo de la nueva presidenta-electa, buscará enviar por lo menos las reformas al poder judicial en septiembre, junto con las del INE y el Tribunal, posiblemente. De tener razón, la separación de poderes en México habrá sufrido un golpe severo, tal vez fatal.
Ahora bien, muchos se podrán preguntar ¿Y qué? ¿Cual es la razón por la que un país sin tradición democrática, dotado ciertamente de constituciones presidencialistas y madisonianas jamás respetadas, debe adoptar un esquema que ni siquiera impera en todos los países democráticos (los sistemas parlamentarios amalgaman hasta cierto punto el poder legislativo y el ejecutivo)? ¿Qué tiene de malo un enfoque “mayoritista”, donde la mayoría existente en un electorado o sociedad determinadas se reproduce en todas las instancias públicas y privadas, desde el parlamento y la Suprema Corte, hasta el Banco Central y los medios? No desaparecen las minorías, están representadas en los ámbitos pertinentes, pero como lo que son: minorías. No sé exactamente en qué país y en que época existió algo así, que no haya desembocado en una dictadura en los hechos, más o menos benigna o feroz. Pero a priori, y en abstracto, la idea no merecería ser rechazada de tajo.
Pues sí y no. Depende dónde y cuándo. Para México hoy, viene a colación una historia que he contado varias veces, junto con decenas de otros, pero que amerita ser repetida.
Cuando muere Franco en España, las diversas fuerzas políticas negocian entre ellas tanto la transición hacia un régimen democrático como el diseño de dicho régimen, tomando en cuenta las peculiaridades de la historia española. Decidieron juntos, entre mayores y menores tensiones, el nuevo rey, Adolfo Suárez, Santiago Carrillo, Felipe González y varios más. Las reflexiones de este último, que sólo llegó al poder en 1982, cinco años después de la entrada en vigor de la nueva constitución, son especialmente pertinentes.
En síntesis, Felipe pensaba que había que proteger a España de sus propios y centenarios demonios, que condujeron a la guerra civil, pero también a la Falange, a la terrible decadencia del siglo XIX, a todo el franquismo. Los españoles no podían confiar ni en mecanismos tradicionales, ni en sí mismos, para evitar una recaída. De allí, un doble dique de contención contra los fantasmas del pasado.
Uno era la monarquía. Por lo menos, pensaban todos ellos, si otros tuvieran la tentación de volver a ese pasado, el rey, como comandante en jefe de las fuerzas armadas, constituiría un valladar. Así se comprobó el famoso 23F. Las autonomías, también: un estado central aplastante era más fácil de convertir en un estado autoritario que un conjunto de gobiernos regionales con elevados grados de autonomía.
El otro dique de contención, sobre todo para González, era el exterior. La democracia de España era demasiado importante para dejarse en manos de los españoles. De allí su giro a integrar a España a la OTAN y a la Comunidad Económica Europea. Pensaba que esas dos “anclas externas” asegurarían la perpetuación de la incipiente democracia española, y hasta la fecha, cuarenta años más tarde, ha tenido razón. Separación de poderes (que le costó a González en su enfrentamiento con Garzón), autonomías (costosas y latosas: ver Cataluña hoy y el País Vasco en los ochenta), monarquía (complicada, gracias a los amores y los elefantes de Juan Carlos I). Pero el resultado de todo esto es un país moderno, próspero, democrático y respetado en la comunidad internacional. Not bad para la tierra del Generalísimo, de Primo de Rivera y de Cara al Sol.
¿México puede prescindir de este tipo de autodefensas? Nuestros demonios –decenas de golpes, guerras e insurrecciones en el siglo XIX, seguidas de una dictadura de 30 años, de una revolución de un decenio, de otra dictadura, más benigna, durante otros setenta– ¿acaso son menos malignos que los españoles? Yo creo que no. No existe una OTAN y una CEE que nos cuide; Salinas y Córdoba pensaron acertadamente que el TLCAN nos blindaría contra delirios macroeconómicos, pero hasta allí. No nos queda más que la separación de poderes, no debido a sus virtudes intrínsecas –me disgusta el culto a la negociación por sí misma– sino a una historia y un presente que debe sensibilizarnos a todos. Por eso me aterran la ventana de septiembre y el carro completo.

 

El reconocimiento del Estado palestino por Noruega, España e Irlanda traerá escasas consecuencias en Medio Oriente, en particular en Gaza y en Cisjordania, pero puede entrañar implicaciones para otros países. Francia y el Reino Unido, por ejemplo, ya realizaron declaraciones el día de ayer más avanzadas de lo que habían hecho jamás en cuanto a su propio, posible y ulterior reconocimiento del mismo Estado palestino. Estados Unidos no ha procedido de esta manera y no lo hará seguramente por un tiempo, pero Israel se encuentra cada vez más aislado en el concierto internacional. Lo interesante para nosotros, y con el evidente deseo de hablar de algo que no sean las elecciones del 2 de junio, es qué implicaciones reviste todo esto para México.
Abrimos una Oficina de Representación en Ramala a finales del sexenio de Fox, pero no somos uno de los 124 países que han reconocido al Estado palestino. No lo hemos hecho por muchas razones, pero sin duda una de ellas ha sido no herir sensibilidades de Israel –con quien tenemos un acuerdo de libre comercio– de Estados Unidos –inútil decir por qué– e incluso de la comunidad judía en México y Estados Unidos, con las cuales los pleitos en el pasado han resultado muy onerosos para México. Sin embargo, existen razones para pensar que antes de salir de la presidencia López Obrador quisiera dar este paso, quizás el último de su sexenio en materia de política exterior. Otros dirían que en todo caso sería el primer paso, ya que hasta ahora no ha dado ninguno.
No habría grandes cambios con un tal reconocimiento mexicano. La oficina en Ramala se volvería una embajada, aunque seguramente debido a la austeridad republicana seguiría en funciones el actual jefe de misión, Pedro Blanco, un destacado funcionario. La representación palestina en México ya se autodenomina embajada, su titular se refiere a sí mismo como el embajador de Palestina en México, presentó credenciales a Peña Nieto en 2013, pero en el sentido estricto no lo es. Resulta entonces perfectamente posible que López Obrador se enamore de un gesto de este tipo para dejar una huella, por lo menos una, además de ser amiguito de los cubanos, en materia de política exterior.
Pero hay un problema, como siempre suele suceder en estos asuntos. Como es bien sabido, hay dos mexicanos actualmente radicados en Israel que han sido objetos de solicitudes de extradición por parte del gobierno de México: Andrés Roemer y Tomás Zerón. En el caso de Roemer, un juez ya dijo que procedía la extradición; él está apelando; su caso probablemente llegue a la Suprema Corte de Israel, y aún entonces la última decisión quedará en manos del gobierno de Israel. El de Zerón es más complejo. Ha habido múltiples filtraciones de la conversación de Alejandro Encinas con él en Israel hace más o menos un año; no ha sido detenido hasta ahora, por lo menos que se sepa; y una defensa que descansara en la afirmación de Zerón de que es un perseguido político podría resultar verosímil en Israel.
En otras palabras, si López Obrador decide reconocer al Estado palestino, es poco probable que Roemer y/o Zerón pisen suelo mexicano antes del 30 de septiembre. Para el gobierno de Israel las iniciativas de España, Noruega e Irlanda son altamente reprobables, y una de México lo sería también. Incluso tal vez los norteamericanos ya le hayan hecho saber a López Obrador que verían con disgusto una nueva. Le han perdonado muchas, pero ya estaría tensando la cuerda.
El otro tema es mucho más delicado. Como se sabe, la Corte Penal Internacional (CPI) expidió en estos días órdenes de aprehensión contra Benjamin Netanyahu, Yoav Gallant (ministro de Defensa de Israel) y Yahya Sinwar de Hamas por crímenes contra la humanidad. Esto sí ha creado una enorme molestia en Estados Unidos y en muchas partes de Europa, sin hablar de Israel, desde luego. Dichas órdenes de aprehensión, emitidas por el fiscal Karim Khan, deben ser ratificadas por la llamada Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI. Esta sala la integran tres de los 18 jueces de la corte. Da la casualidad que una de las tres es Socorro Flores, miembro distinguido del Servicio Exterior mexicano de larga data, esposa del actual subsecretario de Asuntos Multilaterales. En buena medida de ella depende la ratificación de las órdenes de aprehensión por los jueces de la corte.
En teoría, los gobiernos no cabildean en la Corte Penal Internacional ni en la Corte Internacional de Justicia. Ambas cosas son falsas. Cada gobierno cabildea a su manera y cada uno tiene diversos instrumentos a su alcance para lograr sus propósitos. No tengo duda de que la Cancillería mexicana no quisiera prestarse, de ninguna manera, a un intento de ejercer presión sobre Socorro Flores para que no expidiera las órdenes de aprehensión. Pero al mismo tiempo, no tengo duda de que Washington sí va a presionar a López Obrador para que él, como presidente de todos los mexicanos, incluyendo a la juez en la Haya, sí la presione para que se oponga a la entrega de dichas órdenes de aprehensión. Por cierto, esta es una de las razones por las cuales ha existido siempre una corriente dentro de la Secretaría de Relaciones –corriente con la que ni yo ni mi padre jamás concordamos– en el sentido de que México debe ser muy cuidadoso en ocupar cargos de alto rango en la estructura entera de las Naciones Unidas, visto que se puede llegar a ser objeto de presiones por Estados Unidos en esta materia.
Entonces… ¿reconocer al Estado palestino o no? Creo que AMLO lo desea, pero no sé si lo logre realizar ¿Ratificar las órdenes de aprehensión en la Corte Penal Internacional? Quién sabe ¿Fallar a favor de Sudáfrica y en contra de Israel en la demanda por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, donde por cierto acabamos de perder el caso de Ecuador, y donde también tenemos un juez desde principios de año? Son todos dilemas que le pueden dar verdaderas jaquecas a los funcionarios de la Cancillería. A López Obrador probablemente no, porque como ya sabemos, todo esto le importa un pepino.

He visto bajo las plumas de la comentocracia y en el twitter-espacio una discusión interesante sobre el voto útil. Unos –y parece que la campaña de Xóchitl pertenece a ese universo– consideran que conviene apelar a los electores de Máynez a resignarse ante el mediocre 7 por ciento que cosechará MC, y taparse la nariz para sufragar por la candidata de oposición más favorecida. Otros sostienen que ni vale la pena –los votantes de Máynez se reparten en segmentos iguales– ni resulta digno o eficaz. Sólo se le hace el caldo gordo a los “esquiroles”, e igual sus seguidores no optarán por Xóchitl.
Difícil debate. En el año 2000, el voto útil como estrategia consciente y adelantada funcionó para Fox. Es complicado saber exactamente cuántos votos de izquierda le arrebató Fox a Cuauhtémoc Cárdenas, pero las estimaciones oscilan entre uno y dos millones de sufragios. La declinación de Muñoz Ledo ayudó un poco; nadie sabe cuánto. En cualquier caso, hubo una izquierda azul.
En 2018, los intentos de atraer el voto priista a la candidatura de Anaya nunca prosperaron, pero tampoco se realizó un mayor esfuerzo que digamos. Cada vez en que como supuesto co-coordinador de la campaña me dirigía a los votantes del PRI, me llovían críticas tanto de panistas como de malquerientes. Y nunca se buscó construir un discurso realmente en dirección de los electores del PRI para que aceptaran el tercer lugar de su candidato, y se volcaran a favor de Anaya. A quien, por cierto, efectivamente, le guardaban escasas simpatías.
Yo insistiría en el voto útil, y en la declinación de Máynez, no porque vaya a suceder. Al colocar al candidato de MC entre la espada y la pared, se pone en evidencia su complicidad con Morena; muchos de sus partidarios se atragantan con Sheinbaum. Pero no tiene sentido lanzar consignas de voto útil y de seducción a los electores de MC si no se le otorga centralidad al mensaje: repetirlo constantemente; utilizar el debate del domingo para insistir; emplazar a Máynez el domingo; subir spots en tele conteniendo el mismo mensaje; incluso llevar a cabo eventos en los reductos color naranja –son sólo dos: Jalisco y Nuevo León, y el segundo quién sabe.
Las circunstancias de hoy difieren mucho de las de hace ya casi un cuarto de siglo. En aquel momento, el voto útil era sólo parte de una estrategia más amplia: convertir la elección en un referéndum sobre la permanencia del PRI en la presidencia. En 2024, un referéndum sobre AMLO perdería, pero al mismo tiempo es casi imposible evitar que los comicios del 2 de junio se transformen en eso. Por ello, un buen mensaje dirigido a los votantes emecistas, con argumentos y datos, a pesar de abonar al referéndum inevitable, puede funcionar. Habría que probarlo en los grupos cualitativos que le suministra a la campaña la gente seria, y que los consultores ex-Cambridge Analitica lo evalúen. En una de esas, pega.

Aún no es el momento de compartir con los lectores mis brillantes consejos para Xóchitl en su tercer debate con Claudia Sheinbaum; lo haré la semana que entra. Por ahora tocaré sólo dos de los temas que supuestamente se abordarán en dicho enfrentamiento: política exterior y migración. Huelga decir que el tema de seguridad requerirá más tiempo; por eso hay que limitarse a uno o dos temas en los otros capítulos.
Hace unas semanas, Jorge Lomonaco, ex embajador de México, publicó en Nexos un ensayo sugiriendo una serie de propuestas para la política exterior de un posible gobierno de Xóchitl. Las hago mías, sin repetirlas. Allí se encuentra lo esencial de lo que debe hacerse para volver a tener una política exterior, algo que ha desaparecido por completo en este sexenio. Los esfuerzos de Alicia Bárcena estos últimos meses no sirven para corregir el dramático vacío de los primeros cinco años.
Me detengo en un aspecto esencial. México no puede ser un país cuyo presidente no se asome a la ventana. La conducción de la política exterior no se puede delegar a un canciller; al contrario, éste debe potenciar la actuación de su jefe, sin aspirar a sustituirlo, aunque su jefe se lo pida. El gran drama de Ebrard fue que nunca pudo convencer a López Obrador que no podía suplirlo, ni en las cumbres, ni en las relaciones bilaterales, ni en las instancias multilaterales. O no quiso persuadirlo. Tal vez pensó que las oportunidades de lucimiento personal en cada cumbre rescatarían su nonata candidatura presidencial. México se quedó como el perro del hortelano: sin presidente en las cumbres, y sin Ebrard en la presidencia (Thank God).
Si el mexicano no sale, los extranjeros no vienen. Perdemos por doble partida. Si AMLO pensaba que su renuencia a desplazarse no impediría la llegada de múltiples homólogos suyos, pecó de una enorme ingenuidad. Y nadie lo desmintió.
El marcador es patético, como lo señala Lomonaco. Con la posible excepción de Lula, que quizás haga una escala en México camino a la ONU a mediados de septiembre, sólo han visitado nuestro país tres mandatarios de países importantes, y únicamente en una ocasión, a lo largo de seis años: Sánchez, Biden y Trudeau. Se han abstenido de visitarnos los jefes de Estado o de gobierno de Japón, China, la India e Indonesia, en lo que a Asia se refiere. De Europa, nos pelusearon Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Rusia, Holanda y Suecia. El caso de Pedro Sánchez es notable: salió tan mal su visita en enero de 2019 –y que fue encaminada por el sexenio anterior– que ya no se produjo, en seis años, ningún encuentro con el país más importante para México, salvo Estados Unidos.
En cambio, Díaz-Canel vino a mendigar migajas incontables veces. Xóchitl debe insistir en esto, y presionar a Sheinbaum: si gana ¿va a viajar o no? Y a su vez, debe explicar por qué ella sí se reunirá con la mayor cantidad posible de sus pares significativos para México, siguiendo las reglas de la reciprocidad y de la simetría.
El tema migratorio es tal vez el más espinoso de la agenda internacional de México, justamente porque se trata también de un asunto de política interna, de derechos humanos, recursos fiscales, crimen organizado y relaciones con múltiples países. Una condición sine qua non para avanzar en cualquier dirección propositiva tiene que partir de una simple premisa: el Instituto Nacional de Migración constituye un nido insalvable de corrupción, incompetencia, salvajismo y vergüenza nacional. Es indispensable eliminarlo, y encargar sus funciones a una división de la Guardia Nacional, cuando se encuentre bajo mando civil, que equivalga, de facto o de jure, a una Policía de Fronteras. Por cierto, esta es una vieja idea de Jorge Carrillo Olea, hoy partidario de Morena, pero en los años ochenta subsecretario de Gobernación con De la Madrid.
Conviene reconocer que el Inami o la antigua Dirección General de Asuntos Migratorios de la Segob, bajo la infame Diana Torres en la época de López Portillo, siempre ha sido eso: un asco. Pero también es necesario reconocer que en materia de infamia, el actual director, Francisco Garduño, se voló la barda. Nadie se ha aventado el tiro de ver cómo mueren por su culpa 40 migrantes en Ciudad Juárez hace un año, y seguir en el puesto.
No es necesario suscribir todos los detalles del artículo de Luis Chaparro en Substack, El nacimiento de un nuevo cártel: les presento al Inami. Según el autor, en el aeropuerto de Juárez, “la máxima autoridad migratoria opera ahora su propia organización criminal, extorsionando, secuestrando y trasladando a migrantes en todo el país”.
Vende permisos o visas migratorias a extranjeros para atravesar libremente el país, aventajando así a los cárteles tradicionales y criminales. El funcionario del Inami en el aeropuerto de Juárez detiene a los pasajeros que “no parecen mexicanos”, y les exige una primera mordida. Luego el mismo funcionario les presenta a un pollero que los puede conducir a Estados Unidos, y vuelve a cobrar. Se los entrega a los coyotes, a quienes les cobra también. Por último, cuando la migra estadunidense los captura y devuelve a México, los reciben los agentes del Inami, y les piden una última mordida. Un negocio redondo.
No es ciencia oculta. Con esa autoridad, no hay manera de contar con una política migratoria mínimamente decente. Con otra, tal vez tampoco. Pero con el Inami de Garduño, imposible. En eso debe centrarse Xóchitl para este tema, durante algunos breves minutos.

 

Si los debates se ganan o se pierden, Xóchitl ganó y Sheinbaum perdió, de la misma manera que fue al revés en el debate anterior. No ofrezco una opinión muy original, ni especialmente perspicaz, pero creo que converjo con el consenso de buena parte de la comentocracia. ¿Y qué?
Primero lo primero. Xóchitl fue más agresiva, más irreverente, más disruptiva que en el primer debate. Perturbó a Sheinbaum en varias ocasiones, y sobre todo, puso de relieve su renuencia a responder a las preguntas, las críticas o los ataques. Sacó a relucir asuntos personales, de familia, de corrupción o de complicidad que, ciertos o falsos, sonsacaron a su adversaria. Violó las reglas unas dos o tres veces, tanto para subrayar la falta de respuestas como las evidentes falsedades. Para mi gusto, debió haberlo hecho con mayor insistencia, interrumpiendo, provocando y desequilibrando a la otra candidata, pero peor es nada. La secular aversión mexicana al enfrentamiento sin duda pesó en el ánimo de una candidata tan profundamente mexicana como Xóchitl.
Claudia, por su parte, repitió su desempeño del primer debate. Ni peor ni mejor. Solo que ante una rival más belicosa, su pasividad o silencio resultó más evidente y más contraproducente que hace unas semanas. “Ya se aclaró”, “es viejo”, “no respondo”, no sólo revelan una falta de respeto por el público, sino que muestran una incapacidad de reaccionar ante ataques o increpaciones. Lo que pareció hábil y ecuánime en el primer debate, se vio arrogante, culpable y vergonzante en el segundo.
¿Importa el debate? Sí y no. Es poco probable que las encuestas entreguen un cambio significativo de preferencias después del domingo. En general los debates no surten ese efecto. Pero crean inercias, lo que los norteamericanos llaman “momentum”. Sobre todo, despiertan entusiasmo y esperanzas entre los partidarios y simpatizantes, lo cual es absolutamente decisivo en una campaña. Yo no quisiera opinar sobre la validez del optimismo generado entre los Xochilovers, y en general en el seno de la oposición. Pero en materia de activismo, recaudación de fondos, energía recuperada y “buena vibra”, el debate constituyó un soplo de aire fresco, necesario y bienvenido.
Ahora bien, nada sucede sin bemoles. Sólo menciono uno. Supongamos que Xóchitl sí ganó. Supongamos que su victoria se traduzca en un alza de varios puntos en las encuestas. Y supongamos por último que su ventaja se haya debido a su mayor agresividad, irreverencia, negatividad y falta de respeto por las reglas. ¿No debió haber hecho lo mismo en el primer debate? ¿No sabía que eso convenía? ¿O fue aconsejada en ese sentido, pero prefirió otra estrategia? Obvio no tengo respuesta a estas preguntas, pero si en lugar de ganar por un par de puntos el 2 de junio, Xóchitl pierde por el mismo margen, la interrogante se tornará crucial. ¿Por qué no vimos a la Xóchitl del segundo debate en el primero?