El último berrinche de López Obrador con Estados Unidos reviste una obvia motivación demagógica y electorera. Sabe que nada exalta a sus bases radicales como el antimperialismo primario, por no decir primitivo. Pero existe otra característica de este pleito. Tiene que ver con la enorme ignorancia histórica e insular del tabasqueño, y su falta de pertenencia a cualquier corriente progresista en el mundo del medio siglo transcurrido desde los años sesenta.
Como se sabe, AMLO se molestó fingiendo una falsa indignación ante el informe anual del Departamento de Estado, que menciona múltiples amenazas a los derechos humanos en México. Cita los ataques a la prensa, a la independencia del Poder Judicial, a las ONG de la sociedad civil crítica, y varios ejemplos adicionales. López Obrador cuestiona el derecho del gobierno de Washington de “erigirse en juez” de los demás, mientras que él no lo hace, aunque podría envolverse en la bandera de siempre: “pinches gringos drogadictos”.
Pero el presidente no entiende –la Cancillería podría ilustrarlo– que la obligación legal del Departamento de Estado de publicar un examen anual de la situación de los derechos humanos en el mundo proviene de una causa noble. A mediados de los años setenta, al concluir la guerra de Vietnam, surgió una corriente en el Congreso estadunidense, en la academia, en la prensa y entre activistas de la sociedad civil, para regular la asistencia militar, policiaca, de inteligencia e incluso económica y financiera, de Estados Unidos a regímenes impresentables. Asimismo, estos sectores exigían que cualquier acuerdo o tratado suscrito por su país cumpliera con ciertas condiciones en estas materias. Como siempre, el resultado final del proceso legislativo fue imperfecto; las disposiciones legales aprobadas en 1976, a través de una nueva Foreign Assistance Act, contenían abundantes lagunas. Y como siempre también, la aplicación de la ley padeció limitaciones, hipocresías y contradicciones. Pero en el fondo, los respectivos movimientos políticos, sociales, culturales e intelectuales desembocaron en la imposición de una condicionalidad al poder ejecutivo en su otorgamiento de asistencia a cualquier otro país. Con el tiempo, se agregaron otros mecanismos de condicionalidad, como la Leahy Law de 2008 y la Magnitsky Act de 2016, que fortalecieron y ampliaron dicha condicionalidad.
Cada año el ejecutivo, a través del Departamento de Estado, se encuentra obligado a dictaminar sobre la situación de los derechos humanos en cada país, en el entendido de que se prohíbe cualquier gasto de recursos de los contribuyentes dirigido a gobiernos violadores de los derechos humanos. Washington se erige, como debe ser, en el juez del destino de su propio dinero, según sus propios criterios, en función de sus propios valores y prioridades. Toma en cuenta las opiniones de sus embajadas, de ONG como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, del Examen Periódico Universal de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, de la prensa, de la academia, etc.
El Ejecutivo y el Legislativo norteamericanos juzgan, con toda la razón, a quién le van a entregar su dinero, su armamento (los juguetes que le dieron a García Luna, o que le dan actualmente a Netanyahu), su entrenamiento y asesores, su supuesta experiencia. Se trató de un gran paso adelante para limitar la discrecionalidad del presidente estadunidense, para exigir ciertas condiciones al apoyo a dictaduras descaradas o disimuladas, para asegurar que a diferencia de hoy en Gaza, los impuestos de los contribuyentes norteamericanos no se utilicen para matar mujeres y niños palestinos. ¿Funciona a la perfección? Obviamente no. ¿Es preferible que exista por lo menos en la teoría, y en ocasiones en la práctica, una condicionalidad de este tipo? Obviamente sí. ¿O a poco López Obrador no cree que Biden debiera desistir de enviar armas a Israel hoy?
Probablemente no lo cree, porque de ser el caso, le negaría su asistencia a los gobiernos de Cuba y Nicaragua, en lugar de suministrarla más o menos en secreto. Pero entonces, debiera brindarle ayuda a los gobiernos de Perú y Ecuador, aunque le caigan gordos o violen el derecho internacional y/o los derechos humanos. Es una verdadera lástima tener un presidente tan provinciano e incongruente. Por ahora, el appeaser in chief de la Casa Blanca, al estilo Neville Chamberlain, le perdona todo a López Obrador. No sé si después de su reelección en noviembre lo siga haciendo con su sucesora designada, si es que gana.

 

Tal vez algún día sepamos si la denuncia anónima presentada contra colaboradores de Arturo Zaldívar en la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura es cierta o no. Asimismo, no es imposible que dentro de algunos meses –o años– se sepa si las acusaciones contra sus tres subalternos lo involucran a él, o no. Pero desde hoy hay algo que sí sabemos: su comportamiento resulta incomprensible fuera del trópico mexicano (aunque él provenga del altiplano).
En muchos países, las designaciones al máximo tribunal constitucional –llámese suprema corte, consejo constitucional, alto tribunal o supremo tribunal de justicia– son vitalicias. En otros, se trata de nombramientos del Poder Ejecutivo, ratificados o no por el Poder Legislativo, y son vigentes durante un plazo determinado. En el primer caso no existen usos y costumbres en relación a las actividades de los integrantes del órgano en cuestión, por definición; en el segundo caso, pueden existir prohibiciones explícitas o tácitas de ciertas actividades una vez concluido el período para el cual fueron nombrados.
Pero dudo que en muchos países se permita lo que ha hecho Zaldívar en México. No me refiero, por supuesto, a la renuncia anticipada. En Estados Unidos, por ejemplo, el ministro Stephen Breyer abandonó su cargo en vida, para permitirle a Joe Biden designar a un sucesor de la misma inclinación jurídica. Y se le reclamó ácidamente a Ruth Bader Ginsburg el no haber renunciado a tiempo para que Barack Obama postulara a quien la sustituyera, aún sabiendo que padecía un cáncer terminal. Me refiero al paso de Zaldívar de la presidencia de la Suprema Corte al activismo electoral en la campaña de Claudia Sheinbaum.
Se podrá responder que nadie puede despojar a un ciudadano de sus derechos políticos, que incluyen, desde luego, el proselitismo político. No es del todo cierto: los militares, los curas, ciertos presos, y desde luego los funcionarios de todo tipo sacrifican algunos de sus derechos políticos a cambio de otros. La pérdida puede ser formal, o implícita: los ministros de la Suprema Corte norteamericanos, cuando asisten al informe presidencial, no aplauden ni se ponen de pie durante el discurso del mandatario. Y los ministros mexicanos no pueden ejercer un cargo público sino dos años después de haber dejado la Corte.
El problema no es jurídico, sin embargo. Consiste en el famoso adagio sobre la esposa de César: debe estar por encima de toda sospecha. ¿Cómo creer que Zaldívar no simpatizaba –no era parcial con– las causas jurídicas –los casos ante la Corte– antes de militar en la 4T? ¿Cómo no pensar que pudo haber fallado en tal o cual caso, de tal o cual manera, a cambio de un apoyo posterior a la causa a la que se sumaría, también posteriormente? Y en efecto ¿cómo no sospechar que la filtración de la denuncia, y ésta misma, no se deben a fuego amigo, es decir a adversarios jurídicos, personales o políticos de Zaldívar dentro del poder judicial?
La mejor manera de evitar todo esto –así como muchas otras consecuencias de naturaleza parecida– residía en respetar la letra y el espíritu de la ley de “espera’: dos años sin cargo y sin actividad política, por lo menos para un ministro de la Suprema Corte. Para ahorrarnos a todos las sospechas de la parcialidad previa de Zaldívar. Y ahorrarle a él las sospechas de que efectivamente haya realizado todas las actividades descritas en la denuncia, en contubernio con funcionarios del gobierno, jueces y despachos de abogados. A menos de que las sospechas no sean… sospechas, sino realidades.

 

Escucho y leo cada vez más voces en México, y ahora en Francia, sobre una variedad distinta del arroz cocido: el estadunidense. Para muchos políticos, analistas, diplomáticos y periodistas, la elección en Estados Unidos ya se resolvió, y el ganador será Donald Trump. Esta conclusión generalizada descansa principalmente en las encuestas –nacionales, en primer lugar– y sobre todo en una media docena de estados, llamados swing states, o entidades “columpio.” Se trata de los seis o siete estados que a lo largo de las últimas elecciones presidenciales han oscilado entre un partido y otro, a diferencia de los 43 o 44 que sistemáticamente se inclinan por el candidato del mismo partido, como California y Nueva York para los demócratas, o Texas para los republicanos. En dichos estados, Trump posee una ventaja actual, en las encuestas, de varios puntos. Por lo tanto, ganaría la elección en el llamado Colegio Electoral, en el cual votan los representantes de los estados en bloque: todos los de Arizona, por ejemplo, a favor del candidato que obtuvo más sufragios en el llamado voto popular.
En segundo lugar, múltiples observadores y estudiosos han detectado un importante deslizamiento de votantes afroamericanos e hispanos de Biden hacia Trump. En el seno de estos electorados, que han sufragado masivamente a favor de candidatos demócratas desde la época de Roosevelt, ahora Trump muestra un crecimiento de las preferencias. Estas no alcanzan, desde luego, una mayoría de dichos estamentos de la sociedad norteamericana, pero una pequeña diferencia, en varios estados decisivos, puede afectar el resultado.
Por último, la guerra de Gaza ha provocado el desafecto de masas enteras de jóvenes con Biden. Este desencanto se aúna al malestar o franco rechazo por parte de votantes árabe-americanos, ante todo en Michigan, debido al apoyo de Biden a Israel y a Netanyahu.
Pues para dejar constancia, por otras razones –no otros datos– sostengo que Biden va a ser reelecto a la Casa Blanca en noviembre. Entiendo la lógica de especialistas mexicanos, que ven con mayor preocupación el triunfo de Trump; la de los norteamericanos, que conscientes o no, buscan alarmar a las bases demócratas para movilizarlas; la de los europeos, que deben prepararse para lo peor (nosotros afortunadamente no nos preparamos para nada).
Tres motivos para documentar mi optimismo. Primero, una buena parte de los votantes estadunidenses –por lo menos un tercio– aún no se interesan por ni se informan sobre la elección de fin de año. Un gran número cree aún en Santa Claus: que si Michele Obama va a ser candidata en lugar de Biden, que se va enfermar, morir o aburrir; que si Trump irá a la cárcel; que si en lugar de Kamala Harris, Biden escogerá a otro vicepresidente; que si Robert Kennedy va a crecer de manera espectacular. Nada de eso va a suceder, de la misma manera que en México, desde junio del año pasado, sólo había dos sopas para la oposición: Santiago Creel o Xóchitl Gálvez. En Estados Unidos las dos sopas son el ruco o el loco, y estoy convencido que al final, los electores optarán por el viejito sensato, responsable y competente.
En segundo término, me parece que se va a estrechar, sino es que cerrar, la brecha entre el desempeño real de la economía de Estados Unidos, y el pesimismo al respecto que manifiestan los ciudadanos en las encuestas. Si bajan las tasas de interés en junio; si se mantiene el ritmo de crecimiento del empleo; si la confianza del consumidor sigue aumentando, la aprobación de Biden por su manejo de la economía –patética por ahora– resurgirá.
Por último, el tema del aborto va a incidir mucho en la elección. Sobre todo entre mujeres, pero también para jóvenes varones cuyos cónyuges, padres y en muchos casos, incluso abuelos, crecieron contando con el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su cuerpo. En varios estados –Florida, Arizona– habrá un referéndum sobre la legalización del aborto; no sólo vencerá el “sí”: será un factor de movilización del electorado.
La ventaja de pronosticar el futuro –como diría Yogi Berra– radica en dos hechos. Si uno acierta, todos se acuerdan; si uno se equivoca, nadie se acuerda. Va entonces: Biden ganará en noviembre.

 

La mini-crisis con Ecuador encierra varias incógnitas. Ninguna de ellas justifica lo que hizo el gobierno de Quito, ni siquiera lo explica. La violación de la inmunidad de la sede diplomática mexicana es reprobable per se, con plena independencia de otras consideraciones. Lo cual no significa que dichas consideraciones no existan.
Para empezar, la relación entre el ex presidente Rafael Correa y la 4T es altamente cuestionable. Fue juzgado y condenado por la justicia ecuatoriana, y es prófugo de la misma. Obtuvo el asilo en Bélgica, país de donde proviene su esposa. La Interpol se negó a colocarle una nota roja, pero Ecuador sí solicitó su extradición a Bélgica. Correa pasa buena parte de su tiempo en México, desde donde hace política ecuatoriana, y donde goza de la simpatía y apoyo del gobierno. Para un régimen anti correista como el de Daniel Noboa, todo esto no es demasiado bien visto.
En segundo lugar, el ex vicepresidente de Correa, Jorge Glas, es decir el personaje central de la mini-crisis, ingresó a la Embajada de México en diciembre. Desde entonces, recibió el status de “huésped”, designación que no existe en el derecho internacional de asilo o refugiados. Es cierto que el llamado Estado asilante puede necesitar unos días para decidir si otorga el asilo o no. Pero tres meses es mucho, incluso para los tiempos de la Cancillería mexicana. Se pasaron de lanza en la ex Tlatelolco.
Enseguida, vinieron las declaraciones de López Obrador. Fueron innecesarias, provocadoras, hasta ofensivas –se podía deducir de ellas que el actual presidente ecuatoriano mandó matar a Fernando Villavicencio, candidato rival en la elección del año pasado. Al ser expulsada la embajadora de México en Quito como represalia, López Obrador entabló una nueva provocación: anunció que enviaría un avión militar mexicano a Ecuador para repatriar a la embajadora. De nuevo, innecesario: hay vuelos cotidianos de Aeroméxico, y como lo explica Brenda Estefan en Reforma, después de las faramallas de Ebrard con Evo Morales en Bolivia y con Pedro Castillo en Perú, resultaba comprensible que el gobierno de Noboa se preguntara si no se trataba de un intento de extracción clandestina de Glas.
Por último, ante la expulsión de la embajadora, México por fin se decide a otorgarle el asilo a Glas, a sabiendas que el gobierno ecuatoriano lo consideraría como una ofensa, y que los méritos del caso resultaban ambiguos. ¿Persecución política o corrupción? ¿Lawfare o delitos simples y sencillos?
Noboa explicará algún día las razones por las cuales se adentró en este pleito de lavadero con López Obrador. Puede haber sido por inexperto –su canciller también– o por motivos estrictamente electorales –enfrenta un referéndum sobre sus posturas bukelianas dentro de dos semanas– o porque cayó en la trampa que le tendieron López Obrador y Correa. Por ahora, su decisión se antoja irresponsable desde el punto de vista internacional, pero redituable en lo interno… al igual que muchas de las ocurrencias de política exterior de López Obrador.
El problema de fondo, más allá de la naturaleza inaceptable de la agresión ecuatoriana, radica en las afinidades ideológicas y emotivas de López Obrador, y en su enorme descuido de la relación con América Latina, supuestamente la región que sí le importa y le gusta. Pleito con Perú; pleito con Milei; pleito con Ecuador; ausencia de Lula en México desde que es presidente; pleito con Boric por su deseo de dar un discurso en la U de G en noviembre de 2022; complicidad con las tres dictaduras (Cuba, Venezuela y Nicaragua); derrota en el BID y en la OEA; cobardía en Haití (renuencia a participar en una fuerza de la ONU): he aquí el saldo de la “buena” relación con América Latina. Cómo será la mala relación con los demás…
 

 

Todo parece indicar que, tal y como lo afirmó Leo Zuckermann en su columna del jueves, Xóchitl Gálvez salió airosa del video-episodio de su hijo. Él se disculpó y se retiró de la campaña, ella también pidió perdón, y ambos aclararon rápidamente que todo sucedió hace tiempo. Bien jugado.
Pero no puedo callar un par de reflexiones sobre el incidente, que no debe pasar de eso, aunque las consecuencias son difíciles de evaluar por el momento. La primera es obvia: la guerra sucia, o llámenle como quieran, existe. Si Xóchitl no la libra ella misma, Morena sí. A este tipo de video y de golpe me refería cuando hablé y escribí de esto, hace unas semanas, con el beneficio del megáfono de López Obrador.
No importa si la divulgación del video vino de la dirigencia de la campaña de Claudia Sheinbaum, de Palacio Nacional, de un espontáneo actuando por la libre, de “Callo de Hacha” o simplemente de la persona que lo grabó hace un año. La intencionalidad o la autoría resultan indiferentes. Se trata del típico capítulo de una campaña negativa, o negra, como la revelación de cuentas bancarias, fotos o datos comprometedores, chismes que enlodan o verdades que debilitan. Se vuelve difícil pensar que el timing del video sea inocente: desestabiliza, conmueve y desconcierta a cualquier madre, días antes del primer debate. Si el equipo de Xóchitl no dispone de videos equivalentes –no necesariamente sobre los hijos de Sheinbaum– debe conseguirlos. Si los tiene, debe soltarlos. Y si ni los tiene ni los suelta, debe retirarse de una contienda por la presidencia de un país de 130 millones de habitantes, con una economía de casi 1.5 billones (mexicanos) de dólares, y una frontera de tres mil kilómetros con Estados Unidos. Esto es para gente grande.
La segunda reflexión abarca las decisiones de Gálvez y su equipo desde julio, por lo menos. Cuando López Obrador lanzó los primeros ataques de guerra sucia contra quien obviamente iba a ser la candidata de la oposición, divulgando contratos, cuentas bancarias, y demás documentos de las empresas de Xóchitl, varias personas cercanas a la aspirante, pero que no formaban parte de su campaña ni entonces ni después, le enviaron un mensaje claro y contundente. Debía contestar de inmediato a las acusaciones, con detalle y vigor, como lo sugirió León Krauze en una columna donde evocaba el antecedente de la campaña de John Kerry a la presidencia de Estados Unidos en 2004. Kerry no respondió a tiempo a los ataques de George W. Bush sobre su papel en la guerra de Vietnam, y perdió por goliza. Pero, sobre todo, se le recomendó a Xóchitl que se pusiera en manos de un grupo especializado de abogados y expertos, para que pasaran a la báscula a ella misma y a toda su familia, para descubrir los flancos débiles, adelantándose a este tipo de golpes bajos, justamente. Hasta donde yo me quedé, no se atendieron las sugerencias correspondientes. Hoy vemos las consecuencias.
Si la campaña de Xóchitl conocía desde un principio el episodio del hijo frente al antro, nunca debió haberlo designado para ejercer una función en el equipo. Si no lo conocían, Xóchitl debió habérselos relatado. Y si Xóchitl no lo recordaba, no quiso compartirlo, o no le dio importancia, falló su equipo al no convencerla de lo contrario.
El mini escándalo probablemente no pase a mayores. Por otro lado, dudo que sea el último golpe bajo que le asesten a la candidata opositora. Ojalá su “comando” de campaña ya sepa cuál sigue, y ya haya decidido como adelantarse. Pero ojalá también ya tengan listos los golpes –bajos o no, lo importante es que sean eficaces, como el video– que van a lanzarle a la candidata oficial. En el debate o donde sea. Queda poco tiempo.

El secuestro y asesinato de la niña Camila en Taxco, y el subsiguiente linchamiento de su presunta verdugo, han suscitado diversos comentarios, interpretaciones y análisis. Como todo en México hoy, la politización de las conclusiones es a la vez inevitable y lógico: todo el mundo lleva agua a su molino. Pero algunas visiones pueden proceder en menor medida de la polarización actual, aunque también puedan resultar políticamente incorrectas.
Para muchos, el horror taxqueño muestra la descomposición del país. El secuestro propiamente tal –de una niña indefensa, por una cantidad irrisoria– la pasividad de las autoridades policiacas y de justicia, la agresividad de la gente, y la aparente impunidad de la que gozan los asesinos de Ana Rosa constituyen pruebas irrefutables de lo que ha creado la 4T: el estado fallido en Guerrero, el caos, la hecatombe, el apocalipsis. Para López Obrador, seguramente serán, como dice su representante en Sinaloa, “cosas que pasan”, culpa de Calderón y de Loret.
No creo en ninguna de estas explicaciones. Obvio la tragedia de Taxco era evitable, y hasta cierto punto, previsible. La situación en Guerrero, y en esa ciudad en particular, fue descrita, denunciada y advertida desde hace tiempo. Con 40 policías municipales (según el alcalde actual, aunque en 2022 eran solo 32) en una ciudad de 100 mil habitantes, no hay manera de darle seguridad a quienes viven en ella. Pero de allí a un linchamiento salvaje, hay el famoso “gran trecho”. Lo uno no lleva necesariamente a lo otro. No obstante, sí debe llevarnos a reflexionar sobre “el pueblo sabio y bueno”.
Desde Nietzsche –y en el fondo, mucho antes– sabemos que “el pueblo” puede ser, suele ser, muy malo. No hay pueblos mejores que otros. Más aún, desde Marx, también sabemos que “el pueblo” no existe. Las sociedades modernas, propias de la era del capital, son sociedades de clases en conflicto –la lucha de clases– donde no se disuelven las diferencias para constituir una amalgama virtuosa. En otras palabras, la consigna de mil manifestaciones nunca se cumple: “El pueblo unido jamás será vencido” pide lo imposible. El pueblo casi nunca está unido, y casi siempre es vencido.
No hay pueblos buenos y malos. Los más cultos, trabajadores y disciplinados –los alemanes o los franceses, por ejemplo– son capaces de las peores barbaridades. Los más pobres no son “salvajes nobles”: son pobres, en ocasiones justificadamente desesperados, y capaces también de atrocidades inconcebibles.
El pueblo mexicano no es ni especialmente violento, ni particularmente pacífico. Ha vivido momentos de gran violencia y de insólita sumisión, de pasividad, solidaridad y salvajismo. Como todos “los pueblos”. La palabra linchar viene de Charles Lynch, un latifundista y esclavista de Virginia en el siglo dieciocho que castigaba, es decir, asesinaba, a partidarios de Inglaterra durante la guerra de independencia norteamericana. Después, el término adquirió notoriedad gracias a –y se volvió sinónimo de– las infamias que los estadunidenses blancos del sur les infligían a los negros, actos inmortalizados en novelas, películas y canciones como la inolvidable Strange Fruit de Billie Holiday. Los protagonistas de esas escenas no eran peores, ni mejores, que los taxqueños de la semana pasada.
Justamente porque en todo “pueblo” yace un monstruo, que despierta y se levanta en cualquier instante, resulta imperdonable apelar a los sentimientos más profundos de la gente. Esos sentimientos incluyen la nobleza y la ruindad, el heroísmo y la cobardía, el amor y la mezquindad, todos juntos. Los demagogos apelan a lo peor de los pueblos, y los pueblos los adoran de regreso. Amor con amor se paga, y odio con odio. Durante los tres años del Gran Terror de Stalin (1936-1938), fueron ejecutadas casi 900 mil personas: 300 mil por año, casi mil diarias. ¿Cuántos integrantes de la policía rusa (Cheka, NKVD, GPU) se necesitaron para fusilar a mil “enemigos del pueblo” todos los días durante tres años? Una multitud, por definición procedentes del “pueblo”. ¿Bueno y sabio? ¿En serio?

Hasta ahora los mexicanos nos habíamos abstenido de exportar una de nuestras mercancías más reconocidas en el mundo y más competitivas: la corrupción. Ciertamente, de vez en cuando un empresario, un embajador, un narco o un académico incurría en el extranjero en nuestras prácticas preferidas, pero eran pocos y esporádicos los casos. Gracias al acuerdo de López Obrador con la dictadura de Maduro en Venezuela, ya nos adentramos en las grandes ligas. Estamos exportando ese producto mexicano por excelencia: la mordida.
Según anunció la Secretaría de Relaciones Exteriores, México entregará 11 mil pesos mensuales durante seis meses a cada venezolano que acepte ser repatriado –más bien, deportado– a su país en vuelos procedentes de México. La prensa oficial celebró el convenio; incluso Reforma, ya posiblemente en proceso de pravdazicación, publica una foto en primera plana de ciudadanos de Venezuela a bordo de un avión (lleno a la mitad) sonrientes y felices de volver a su patria. Patria donde de nuevo impera una inflación galopante, donde los esbirros del régimen represivo acaban de detener al jefe de campaña de la candidata opositora, que a su vez ha sido inhabilitada, y donde los 3 mil 800 dólares de mordida regalados por López Obrador pueden ayudarles a comprar algo de comer, si lo encuentran.
La foto de la felicidad es importante, porque mucho estriba en el carácter “voluntario” de la repatriación. De ser coercitiva, México estaría nuevamente violando el principio fundamental de los derechos humanos, a saber, el non-refoulement o no devolución. Este principio se plasmó en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y de su protocolo de 1967, de los que México es parte. Significa que no se puede devolver a una persona a un país de donde huyó cuando existen bases para creer que se encontraría en riesgo de un daño irreparable al volver, incluyendo la persecución, tortura, maltrato o alguna otra seria violación de derechos humanos. Es imposible sostener que en Venezuela no existe ese riesgo hoy.
A tal grado existe, que Estados Unidos, que negoció un complejo proceso de acercamiento con la dictadura de Maduro para poder reiniciar los vuelos desde ese país a Caracas a finales del año pasado (los acuerdos de Barbados), no ha podido llenar los aviones. Despegan pocos vuelos, y van medio vacíos. Obviamente no hay voluntarios, y el sistema jurídico norteamericano no contempla las mordidas públicas (las privadas abundan). México envió quizás un par de aviones a Venezuela en diciembre, y algunos más a Cuba, pero no ha sido fácil cumplirle a Estados Unidos. Durante enero y febrero no hubo vuelos a Venezuela, parece.
¿Por qué pensar que le estamos cumpliendo a Washington? Por una razón muy sencilla: los venezolanos actualmente en la frontera norte –entre cuatro y cinco mil según Reuters– sólo esperan una oportunidad para pasarse con o sin autorización al otro lado. Es lo último que quiere Biden. Y es cierto que el gobierno de López Obrador ha cometido barbaridad y media para quedar bien con Biden en materia migratoria, incluyendo la incineración de 40 detenidos, incluyendo a venezolanos, en Ciudad Juárez hace un año. Hoy sabemos, gracias a una investigación publicada en The Guardian, que los guardias en el centro de detención sí estaban en posesión de las llaves de las puertas, y decidieron no abrirlas para permitir la salida, y la sobrevivencia, de los migrantes.
Pero que hayamos hecho cosas peores, y que éste lamentable acuerdo sea únicamente un caso adicional de violaciones mexicanas a los derechos humanos y al derecho internacional de los mismos, no justifica esta última aberración. ¿Quién va a decidir si la repatriación es voluntaria? ¿Francisco Garduño y sus salvajes del Inami? ¿Se vale sobornar a los deportados para que se vayan sonrientes al infierno caraqueño? ¿En serio piensan que van a encontrar a decenas de miles de venezolanos que acepten la mordida? ¿Vale la pena esta vergüenza para unos cuantos miles, si resulta que sólo son ellos? Nadie debiera aceptar tal ignominia.

 

Ahora que están de moda las refinerías, su ubicación y su cierre, vale la pena reiterar algunas de las críticas o incluso denuncias que se han formulado en días recientes en varias columnas sobre uno de los mayores pecados de este gobierno. Destaco la columna de Jorge Andrés Castañeda en días recientes y la de Enrique Quintana ayer. A lo largo de este sexenio se le han transferido entre 90 y 95 mil millones de dólares a Pemex, según el tipo de cambio promedio del peso que se utilice para ese lapso.
Se trata de una enorme cantidad de dinero, como ya se ha explicado: algo así como 8 por ciento del PIB de México este año. En vista de esa transferencia, tendría que verse algo a cambio. Pero como se ha señalado, en primer lugar, la deuda externa de la paraestatal prácticamente no se ha movido. Sigue en alrededor de 105-106 mil millones de dólares. La deuda a proveedores tampoco se ha alterado; más aún, ha aumentado. La producción de crudo tampoco se ha incrementado en estos años, no sólo no ha alcanzando la meta de más de 2 millones de barriles diarios que se había propuesto el gobierno de López Obrador, sino ha permanecido a niveles entre 1.5 y 1.6 millones de barriles diarios, sólo complementado por casi 100 mil barriles diarios de productores privados.
La producción de refinados, que debió haber sido suficiente para alcanzar la llamada soberanía energética o, en todo caso, la autosuficiencia de refinados este año, tampoco ha aumentado; si además de eso tomamos en cuenta la enorme cantidad de combustóleo contaminante que se produce en las refinerías de Pemex, es imposible ver a dónde se fue el dinero. El único destino conocido es Dos Bocas, con sus veinte y pico mil millones de dólares, que no ha producido un solo litro de gasolina hasta ahora. También, quizás, haya algunas inversiones de Pemex en coquizadoras y en fertilizantes.
Se trata de un daño patrimonial al Estado mexicano absolutamente gigantesco. Nunca se había visto un tiradero de dinero como éste. En algún momento, tal vez en el séptimo año del sexenio, como suele suceder, sabremos más sobre el verdadero destino de esos recursos. Por lo pronto sabemos que no parece haber remedio en el horizonte. Sobre todo si tomamos en cuenta la renuencia hasta la fecha, y que puede perpetuarse si el responsable es el secretario de Hacienda y no la Presidencia de la República, de canjear la deuda de Pemex por Estados Unidos Mexicanos.
Como ya también se ha señalado en varias columnas, Pemex está pagando hoy rendimientos de más de 12 por ciento en el mercado internacional. Mientras que EUM, o UMS en inglés, difícilmente se cotiza entre 4.5 y 5 por ciento. En otras palabras, la diferencia entre lo que pagamos los mexicanos por la deuda de Pemex y por la deuda del Estado es de entre 800 y 700 puntos base, es decir, entre 8 y 9 mil millones de dólares al año. El gobierno no ha dado nunca una explicación clara, contundente y convincente de por qué se ha negado a hacerlo.
Algunos expertos en ocasiones sostienen que una operación de canje de este tipo “contaminaría” el papel UMS, pero por lo menos en público y en foros accesibles, no existe un cálculo preciso al respecto. En este sexenio se han cometido muchos pecados, por no llamarle delitos. Éste es uno de los mayores y más graves.

Ayer fue el llamado “Supermartes” en Estados Unidos, el día en que se celebran primarias en quince estados, que probablemente definirán ya de manera final la candidatura de Donald Trump por el Partido Republicano, en todo caso. Aunque Biden va prácticamente solo en las primarias demócratas, tendrá cierta relevancia la votación, sobre todo en el estado de Minnesota que permitirá ver si los jóvenes, los afroamericanos, y algunos musulmanes de Somalia en las zonas de Minneapolis-Saint Paul, prefieren votar por delegados no comprometidos en lugar del presidente norteamericano.
Es probable que no existan en el mundo otros dos países para los cuales esta elección estadunidense es más importante: México e Israel. Se podrá decir que para China cuenta mucho Estados Unidos, pero la diferencia entre Biden y Trump en esa materia es mínima; se podrá decir que para los países europeos miembros de la OTAN, y ahora más o menos unidos en su defensa de Ucrania contra la invasión rusa, la diferencia entre Trump y Biden sí sería grande; pero para nadie cuenta más que para México y para Israel. De ahí el famoso dicho atribuido a Porfirio Díaz (que aquí parafraseo): pobre Israel, tan cerca de Dios, pero tan lejos de Estados Unidos.
Por eso es interesante una tesis, meramente especulativa, sobre los paralelos entre la actitud de los dos gobiernos –de México y de Israel– sobre la elección norteamericana. Para nadie es un secreto que el primer ministro Benjamin Netanyahu prefiere que gane Trump. La ha llevado mal con Biden desde hace años, y se ha entendido muy bien con Trump también desde hace años. Trump trasladó la embajada norteamericana de Tel Aviv a Jerusalén, aceptó la extensión de los asentamientos israelíes en la ribera occidental, negoció y consumó los llamados “Acuerdos de Abraham” entre Israel, Marruecos y Emiratos Árabes Unidos, y su yerno, Jared Kushner –judío– es a la vez un gran amigo del gobernante real de Arabia Saudita –MbS– y muy cercano a todo el establishment conservador israelí, especialmente Netanyahu. Lo que es más difícil de afirmar, pero que parece muy probable, es que Netanyahu esté haciendo todo lo posible para que Trump gane. Y puede mucho.
Hay quienes sostienen, sin que sea absurdo, que lo único que le importa al primer ministro israelí es su propia sobrevivencia fuera de la cárcel, y que su actitud ante la situación en Gaza proviene exclusivamente de ese criterio. Yo no estoy totalmente seguro. No descarto que Netanyahu esté utilizando la guerra que libra Israel contra Hamás en Gaza, y contra buena parte de la población civil en Gaza, para perjudicar lo más posible a Biden y de esa manera fortalecer a Trump. Prolongar la invasión israelí; posponer el cese al fuego; provocar al máximo a la opinión pública norteamericana para que presione a Biden de deslindarse de Israel, o perdiendo el apoyo de la comunidad judía norteamericana, o siga defendiendo a Israel, perdiendo el voto entonces de la pequeña comunidad árabe o musulmana de Estados Unidos que es importante en algunos estados, y en general manteniendo el ambiente de crisis que existe desde el 7 de octubre, y la salvaje intervención de Hamás en Israel.
Sería bastante lógico, aunque cínico desde luego, que Netanyahu hiciera todo lo que está a su alcance para ayudar a su amigo Trump. Para ello, dañar o perjudicar a Biden parece perfectamente razonable. Ya si eso le conviene al Estado de Israel a corto, mediano o largo plazo, o sólo a Netanyahu es otro asunto. De la misma manera se podría argumentar que López Obrador también prefiere a Trump sobre Biden, y que de ser el caso haga lo que pueda dentro de ciertos límites para favorecer al ex presidente. López Obrador siempre dijo que se entendía muy bien con Trump, y claramente su simpatía en la elección presidencial norteamericana del 2020 recayó en Trump. Fue a visitarlo a la Casa Blanca, se negó a felicitar a Biden hasta más de un mes después, apoyó por lo menos tácitamente y en ocasiones explícitamente la tesis del fraude electoral en contra de Trump, y ha seguido hablando bien de su ex homólogo.
Es cierto que Biden le ha hecho los mandados en muchas materias, y que López Obrador pudo reproducir su pacto faustiano y reprobable con Trump ya también con Biden. A cambio de hacerles el trabajo sucio a ambos en el tema migratorio, López Obrador logró que Biden se hiciera de la vista gorda en todos los demás temas bilaterales, con la excepción parcial del fentanilo, y que incluso se volteara por completo el embajador de Estados Unidos en México y se volviera más embajador de México en Estados Unidos. Pero me da la impresión de que en su corazoncito las preferencias de López Obrador van con Trump.
De ahí es sólo un pequeño salto –temerario ciertamente– pensar que López Obrador actuará para favorecer a Trump si la ocasión se le presenta. Por ahora no parece ser el caso. Cuando Biden le pidió en diciembre, en plena explosión de las cifras migratorias, que volviera López Obrador a financiar el presupuesto del Instituto Nacional de Migración, volviera a desplegar tropas en la frontera sur y norte, volviera a establecer retenes en las carreteras, etcétera, y luego despachó a Blinken y a Mayorkas a la Ciudad de México para reiterar el mismo mensaje, López Obrador asintió. Y rápidamente las cifras descendieron casi a la mitad durante el mes de enero. No hay que olvidar, sin embargo, que enero siempre es un mes de menor migración, y que así como en esta ocasión las cifras bajaron porque López Obrador intensificó sus esfuerzos, pueden volver a subir ya sea porque reduzca su empeño, ya sea por motivos estacionales.
Pero no descarto en algún momento que López Obrador abra de nuevo el grifo de venezolanos, cubanos, haitianos o ecuatorianos, y todos los que siguen cruzando por decenas de miles el Tapón del Darién entre Colombia y Panamá, cuando lleguen a México vuelvan a atiborrar las ciudades fronterizas mexicanas y los cruces transfonterizos norteamericanos. Y eso sería fatal para Biden si ocurre en septiembre u octubre. Como ya he escrito aquí, sería un nuevo Mariel para Biden, igual de fatal para él que lo fue el de Fidel Castro para Jimmy Carter en 1980.
Extraño paralelo entonces entre México e Israel, de improbable materialización pero nunca imposible. No creo que el cinismo de López Obrador sea mayor que el de Netanyahu.

El nuevo reportaje de la prensa norteamericana sobre el #narcopresidente ha suscitado reacciones delirantes y desbocadas de López Obrador, de Morena, de sus aliados y colaboradores. También ha provocado muchas dudas entre los lectores del largo artículo de The New York Times, firmado por la jefa de la corresponsalía aquí en México y por el periodista que cubre los temas jurídicos y de seguridad de México en Nueva York, Alan Feuer.
Entre otros motivos de escepticismo, existe el hecho de que, en primer lugar, el reportaje parece basarse fundamentalmente en documentos de los juicios que se han llevado a cabo en Nueva York y que ha cubierto Feuer, sobre todo el del Chapo y el de García Luna, y en menor medida el de Cienfuegos. Y en segundo lugar, porque rápidamente la Casa Blanca afirmó ayer que López Obrador no estaba bajo investigación, aunque era obligación del gobierno de Estados Unidos investigar cualquier acusación que se hiciera al respecto, dando a entender tácitamente que en efecto hubo tal investigación en el pasado.
Quienes dudan de la solidez del trabajo del “pasquín inmundo” que le quita el sueño a López Obrador, apuntan en una dirección específica. Piensan, con algo de razón, en vista de que Feuer ha cubierto todos estos juicios en Nueva York y que además escribió un libro sobre El Chapo, ha tenido acceso a todos los documentos de los juicios de los tribunales federales en Nueva York y que la información que publica el reportaje proviene de ahí.
En otras palabras, se trata simplemente de interrogatorios que los fiscales de los Distritos del Sur o del Este de Nueva York, y agentes de la DEA, realizaron con testigos protegidos o con otros acusados en esos juicios, y que respondieron de esa manera por razones propias. No habría, desde esta perspectiva, nada nuevo en el reportaje de The New York Times del día de ayer.
Este escepticismo, sin embargo, no corresponde del todo a la realidad del artículo. En él, en efecto, se afirma que las fuentes consisten en los registros –o records– de las autoridades, refiriéndose a toda la documentación de los juicios del Chapo y de García Luna, principalmente. Pero también se sostiene que tres funcionarios norteamericanos corroboraron esta información como fuentes, que existen intervenciones telefónicas y videos que apoyan las afirmaciones del diario neoyorquino, y que incluso se conoce el nombre del aliado, confidente o amigo de López Obrador que recibió los recursos en uno de los casos citados de la campaña del 2018.
Esta versión ligeramente distinta a la de que Feuer simplemente recuperó interrogatorios o denuncias de testigos protegidos en los juicios mencionados, puede dificultar la fácil descalificación del artículo de marras. El desmentido por parte del portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca simplemente se inscribe en una serie ya larga de apoyos constantes por parte de las administraciones de Trump y Biden a López Obrador, tal y como lo señala The New York Times, por tratarse de alguien que le hace el trabajo sucio a Estados Unidos en materia migratoria. Nadie quiere poner en peligro esa faena, y saben que un personaje volátil, al final de su mandato y acosado en múltiples frentes, puede responder de manera imprevisible ante acusaciones de este tipo.
Pero a la larga, el gobierno de Biden en particular, deberá enfrentar investigaciones, y en su caso demandas y juicios, por haberse hecho de la vista gorda repetidamente ante lo que puede ser, en efecto, el vínculo entre López Obrador y el crimen organizado en México. Lo más probable es que haya más reportajes de más medios norteamericanos, no porque agarren a México de piñata, sino porque ya se sabe que los nexos entre sucesivos gobiernos mexicanos y el narco son antiguos, sólidos y susceptibles de ser descubiertos. Ahí está García Luna, por si alguien lo dudara.