En las escasas pláticas que he sostenido estos días sobre mi nuevo libro en algunos medios –los conductores de Radio Fórmula tienen prohibido entrevistarme– surge repetidamente una pregunta.
Joel Ortega y yo sostenemos en Las dos izquierdas (Editorial Debate de Penguin Random House; lo presentamos con Maruán Soto Antaki el sábado 24 en la Librería Porrúa del Bosque de Chapultepec, frente a Antropología) que desde 1911 y hasta 1988 existieron dos corrientes de izquierda en México.
Una era la izquierda independiente (aunque no de Moscú ni después, de La Habana), opuesta a los sucesivos gobiernos de la Revolución Mexicana, y otra emanada de la misma, que acompañó a dichos gobiernos desde Obregón hasta Salinas, sin jamás ocupar un espacio dominante ni dentro del oficialismo, ni en la oposición. El libro entrega retratos o menciones de personajes de ambas corrientes, desde los fundadores extranjeros del Partido Comunista Mexicano hasta los adeptos de Lázaro Cárdenas y los creadores de la Corriente Democrática en 1987. A partir de 1988 y la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, lo que Joel y yo llamamos la izquierda de la Revolución Mexicana, fagocita a la izquierda independiente, la absorbe primero vía el PRD, después a través de Morena, y llega, finalmente, al poder en 2018 con López Obrador.
La pregunta que nos hacen es sencilla, o francamente simplista. De ganar Claudia Sheinbaum las elecciones presidenciales de junio, premisa que no aceptamos, ¿será parecida o distinta a López Obrador? ¿Piensa igual o diferente? ¿Es tan priista como él, o proviene de una tradición más de izquierda, ya sea más radical, ya sea más moderna? Obvio ni Joel ni yo somos sus psiquiatras, ni tenemos la menor idea de qué sucederá con su gobierno si vence a Xóchitl, aunque yo frecuenté mucho a Sheinbaum, en compañía de su anterior marido a lo largo de los años noventa (asistió a una de mis clases en la Universidad de California en Berkeley). Pero sí podemos ubicarla a ella, y a la corriente a la que perteneció, en la historia de estas dos izquierdas que describimos en nuestro breve libro.
La izquierda independiente –PCM, PMT, trotskistas, ACNR fundada por Genaro Vázquez hace años, otros medio maoístas, veteranos del 68, etcétera– ya había empezado a fundirse con la otra, a partir de la creación del PSUM y luego del PMS (perdón por la sopa de letras y siglas: así es la izquierda en todas partes). Pero la candidatura cardenista del 88 acelera el proceso, y lo radicaliza. Todas las izquierdas, prácticamente, se unen tarde o temprano (Heberto Castillo y el PMS al último) al grupo del ingeniero: los líderes del 68 como Raúl Álvarez Garín de Punto Crítico, trotskistas sin partido como Adolfo Gilly, o anteriormente de partido como Ricardo Pascoe y Pedro Peñaloza del PRT, personalidades de la izquierda de la RM como Manuel Moreno Sánchez, Manuel Marcué Pardiñas, Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, César Buenrostro, Amalia Solórzano viuda de Cárdenas, Rafael Aguilar Talamantes. También se unen los dirigentes del entonces flamante movimiento estudiantil contra la reforma universitaria de Jorge Carpizo de 1986-87: el Consejo Estudiantil Universitario o CEU, apadrinado por otro antiguo combatiente del 68, Salvador Martínez della Rocca, también conocido como El Pino. El CEU fue una típica expresión de la izquierda independiente, como tantas otras en la historia del siglo XX en México.
El rector Carpizo había propuesto una reforma de la UNAM que se centraba en la introducción de cuotas selectivas para cursar estudios universitarios. Contra esa supuesta barbaridad –propia de un gran número de instituciones públicas de educación superior en el país y el mundo– se levantó un poderoso movimiento de jóvenes, con huelgas y marchas multitudinarias, y que al final tuvo éxito. Se echaron abajo las cuotas, renunció Carpizo, y hasta la fecha nadie paga nada en Ciudad Universitaria. Los tres principales dirigentes del CEU recibieron el apodo de Los Tres Reyes Magos: Carlos Imaz, Imanol Ordorika y Antonio Santos.
Ya triunfante el movimiento, se sumaron a la campaña de Cárdenas, y organizaron su impresionante mitin en Ciudad Universitaria en mayo de 1988. Más tarde, se incorporarían al PRD, partido donde convergieron todos los citados grupos y personalidades. Convergen-cia caracterizada por la completa dominación de las fuerzas procedentes de la izquierda de la Revolución Mexicana. La nueva organización, y todos sus componentes –que después se denominarían tribus– aceptaron todas las tesis de la izquierda de la RM, que Joel y yo sintetizamos en el libro. Claudia Sheinbaum, compañera de Imaz, formaba parte del CEU, parte de esa izquierda independiente, y parte de la organización de la izquierda de la RM que devoró/absorbió/masticó y engulló a la primera. Y que a partir de 1997 sería dirigida por López Obrador, máximo exponente de la izquierda de la RM, con todos su anacronismos, fetiches, atavismos y paranoias. De allí viene la candidata de la 4T, para bien y para mal.

Disponemos ya de algunos elementos adicionales sobre la controversia desatada por el artículo del ex corresponsal de The New York Times en ProPublica a propósito de la investigación que llevaron a cabo la DEA y los fiscales federales de Nueva York en torno a posibles donativos del narco a la campaña de López Obrador en 2006. Se trata, en primer lugar, de las declaraciones del propio López Obrador; en segundo lugar, ayer mismo fue divulgada una respuesta del director de ProPublica a las acusaciones de López Obrador contra la institución y el autor del reportaje; en tercer lugar, surge la discrepancia entre lo que la canciller Bárcena dice que dijo la enviada de Biden de seguridad nacional, Elizabeth Sherwood-Randall, y lo que el gobierno de Washington afirmó al respecto; y por último, de versiones de funcionarios de la embajada de Estados Unidos en México en esos años a propósito de la investigación.
López Obrador y la administración Biden en Washington han repetido que la investigación fue cerrada en 2011. La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores ha afirmado que la enviada de Biden en su reunión de la semana pasada con López Obrador explicó que la investigación se cerró hace tiempo, que no provino ni de la Casa Blanca, ni del Departamento de Estado, ni del Departamento de Justicia. No obstante, al igual que en muchas ocasiones durante este sexenio, las versiones de los dos gobiernos difieren frontalmente. ProPublica, en su respuesta a López Obrador, señala por su parte que la investigación en efecto fue “cerrada” en 2011 para no herir sensibilidades mexicanas ni provocar una reacción negativa de diversos sectores en México. En ese momento, conviene recordarlo, gobernaba Barack Obama, Joe Biden era su vicepresidente, la secretaria de Estado era Hillary Clinton, y el consejero de Seguridad Nacional era Denis McDonough.
ProPublica insiste en que es absurdo pensar que fue el gobierno de Biden el que filtró, mandó hacer o indujo el reportaje de Golden. Según ellos, es evidente que el gobierno actual en Washington, de manera “desfachatada”, evita a toda costa cualquier crítica a López Obrador, por cualquier tema, temiendo perder su cooperación para hacer el trabajo sucio de Estados Unidos en México en materia migratoria. De suerte que nos enfrentamos a un aparente dilema, el mismo que se le presentó a Golden según su propio texto: hay muchos elementos que sugieren que la campaña de López Obrador, probablemente con su conocimiento, recibió dinero del narco, pero no disponemos de suficientes elementos o detalles de la investigación de la DEA para adoptar una posición contundente al respecto.
Ahora bien, me han relatado personas en situación de saber que la investigación de la DEA (y del Southern District de Nueva York) no “concluyó” dictaminando que López Obrador no recibió dinero del narco. Fue “clausurada” por razones políticas en 2011. Lo cual significa, en primer lugar, que no hay manera de que la administración Biden hoy absuelva o exonere a López Obrador, ni mucho menos que pida una disculpa. Y en segundo lugar, de ser esto cierto, es perfectamente posible que dicha investigación en algún momento se reabra, o que información adicional sea filtrada por la DEA, debido a su propia reacción ante lo que considera los agravios del gobierno mexicano.
¿Le queda el mote de #narcopresidente a López Obrador? Por ahora, es imposible afirmarlo, pero tampoco resulta factible rechazarlo. La DEA sí lo investigó, al principio sin conocimiento de los principales funcionarios de la embajada de Estados Unidos en México, y la investigación no desembocó en una exoneración. Simplemente fue interrumpida, suspendida, archivada, enlatada, pero no necesariamente para siempre.

 

Hay muchas maneras de interpretar la última ocurrencia de López Obrador, a saber, el envío de veinte iniciativas de modificación constitucional para esta sesión legislativa. En el caso altamente probable de que no consiga los votos necesarios más que para algunas, y eso quién sabe, las volvería a enviar en septiembre.
Existe la interpretación de táctica electoral que seguramente no es falsa. Buscaría colocar a la oposición en la incómoda postura ya sea a oponerse a iniciativas que a primera vista pueden ser muy populares y benéficas para la gente, o de aprobárselas y, en ese caso, darle la razón a él y de manera inevitable a su candidata a la presidencia.
Existe también la interpretación del legado y del blindaje, justamente tomando en cuenta la posibilidad de que su candidata gane la elección presidencial en junio. En esta versión, además de asegurar que muchas de sus ocurrencias se perpetúen por haber adquirido rango constitucional, le ata las manos a Claudia Sheinbaum. Tendría que buscar mayorías constitucionales para deshacer aberraciones como la pensión con una tasa de reemplazo del 100 por ciento, o la elevación del salario mínimo siempre por arriba de la inflación de un año determinado, independientemente de las condiciones económicas nacionales o internacionales del momento. A Sheinbaum no le quedaría más remedio que plegarse ante las veinte iniciativas en caso de ser aprobadas.
Pero hay otra interpretación posible, que en cierto sentido es la más peligrosa, si damos por sentado que el carácter autoritario de muchas de estas medidas, sobre todo las que tienen que ver con el poder judicial, las autoridades electorales, y la conformación del Congreso, en efecto son peldaños hacia algún tipo de dictadura. Me refiero al carácter aparentemente irreversible que, según el propio López Obrador, le quiere imprimir no sólo a estas iniciativas sino al conjunto de su supuesta transformación. Hasta ahora de transformación ha habido muy poco. Los números sólo se conocerán con precisión después de que termine el sexenio. Pero es poco probable que veamos cambios importantes en la asignación de las partidas presupuestales, el monto del gasto social como porcentaje del PIB, etcétera. No hay hasta ahora ninguna cuarta transformación. No obstante, de llegarse a aprobar estas veinte iniciativas, algunas de las cuales son desde luego inconsecuentes, como la prohibición del fentanilo, podríamos empezar a hablar de una obra transformadora.
La diferencia entre los presidentes, los líderes, los movimientos o los partidos plenamente imbuidos de vocación democrática, y los que aspiran a otra cosa –la revolución, la perpetuación en el poder, el Reich de mil años, etcétera– radica en la aceptación justamente de la reversibilidad de sus políticas, de sus metas, incluso de sus grandes logros. Lógicamente desean que sus ideas transformadas en políticas públicas, que sus tesis transformadas en realidades, que sus anhelos transformados en cambios económicos, políticos y sociales concretos, gocen de la mayor longevidad posible. Ningún presidente se plantea como deseable la hipótesis de que su sucesor eche para atrás todo lo que él hizo. Pero la aceptación de que eso pueda suceder, y de desistir de la búsqueda de que no acontezca, es la marca de una vocación democrática. Ni los más revolucionarios, salvo desde luego los dictadores, pensaron o actuaron de la manera en que está comportándose López Obrador. Fidel Castro sí, desde luego; Mao Tse Tung sí, desde luego, aunque no le salió del todo la jugada; Salvador Allende no, por ejemplo.
Conviene recordarle a López Obrador, que tanto lo admira y tanto desconoce su verdadera historia, que días antes del golpe de Pinochet y del suicidio de Allende, éste había decidido convocar a un referéndum que en caso de perder lo hubiera llevado a renunciar a la presidencia y a convocar a nuevas elecciones, tres años antes de lo previsto. Allende buscaba transformar la sociedad chilena, quizás con un alcance mucho mayor al que le correspondía dado el mandato que obtuvo en las urnas, pero nunca pensó en la irreversibilidad del cambio.
López Obrador dice y quiere que sus ocurrencias sean irreversibles. Más allá de si son inteligentes o no –la mayoría son bastante idiotas– lo importante es la búsqueda de lo irreversible. Demuestra una clara vocación autoritaria. Eso es lo más peligroso, en mi opinión, de esta nueva y última salida al ruedo del cansado y desgastado matador. No veo cómo alguien con convicciones democráticas puede seriamente aceptar la idea de un cambio irreversible en democracia. La democracia consiste justamente en que todo cambio puede ser anulado, revertido o contradicho, para bien o para mal. Si eso no nos gusta, entonces preferimos la perpetuación en el poder, si no de la persona, por lo menos de las ideas. Es, desde luego, la retórica del PRI, aunque nunca fue en el fondo la realidad de su gobernanza.

No sorprende que sorprenda la publicación el lunes de dos encuestas con datos incompatibles entre sí. Dos periódicos –El Financiero y El País– divulgan resultados de dos empresas o expertos –Alejandro Moreno y Enkoll– que difieren a tal grado en materia de intenciones de voto para la elección presidencial que obligan a una reflexión, y mejor todavía, merecen una explicación.
Aguilar Camín, ya de por sí escéptico ante la precisión y la probidad de las encuestas en esta campaña electoral, subraya la distancia entre uno y otro sondeo. El Financiero informa que se ha cerrado la brecha entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, pasando de 25 puntos en diciembre en votación efectiva (repartiendo nosotros los 10 por ciento de indecisos) a 19 puntos en enero, mientras que El País entrega una ventaja de 33 puntos efectivos para Sheinbaum, con un incremento de más de 5 por ciento desde octubre-noviembre. Es una diferencia de casi dos a uno entre ambos estudios. En el caso del tercer candidato, Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, la brecha es aún mayor. Alejandro Moreno le otorga 10 por ciento del voto, mientras que Enkoll le concede sólo tres puntos: una diferencia de más de tres a uno. Según El Financiero, Xóchitl avanza gracias, en parte, a que el candidato de MC le quita los mismos votos a Morena que al Frente opositor, cayendo enormemente.
Una primera explicación reside en lo obvio: la encuesta de El Financiero es telefónica, la de El País es en vivienda. Una parte de la explicación del contraste puede y debe provenir de esta diferencia. Los sondeos telefónicos, desde tiempo atrás, tienden a sobre representar a las clases medias, aunque se trate de teléfonos celulares; las de vivienda tienden a sub representar a esos mismos sectores, y a incorporar a un mayor número de encuestados de bajos ingresos, de zonas rurales, de regiones indígenas, etc. Sería entonces lógico que en El Financiero le fuera mejor a Xóchitl que en El País, y que sucediera lo contrario con Sheinbaum.
Pero todo esto lo saben los encuestadores desde hace tiempo, y buscan siempre corregir las inevitables distorsiones. Ha sucedido con las investigaciones demoscópicas en Estados Unidos, que en 2016 subestimaron el número de personas sin título universitario que votaron por Donald Trump, por ejemplo. Asimismo, los estudiosos de estos temas suelen toparse en muchos países con el desafío de estimar correctamente la participación electoral, es decir, de calcular la diferencia entre una muestra basada en el total de empadronados, y una muestra de votantes probables (likely voters). Muchos analistas prefieren a veces fijarse en las tendencias más que en los números absolutos, aunque en este caso la evolución también se mueve de manera diferente.
En realidad, la paradoja citada por Aguilar Camín no se limita a estas dos encuestas. Desde hace algunos meses, tomando en cuenta los sondeos públicos y los de las campañas que circulan en privado, persiste una gran diferencia entre dos grupos. Uno arroja una distancia de entre 25 y 30 puntos para Sheinbaum (por ejemplo, 29 puntos según Roy Campos de Consulta Mitofsky, el 21 enero en El Economista), y otros una brecha de alrededor de 15 por ciento. De acuerdo con algunos especialistas, la separación se explica por una sub representación de las clases medias en las encuestas de metodología tradicional, sean telefónicas o de vivienda.
El gran reto consiste en la muy alta no respuesta de las personas de ingreso medio o medio alto, que desconfían de las encuestas por Morena y que también temen dar una respuesta por teléfono o en su casa contraria al gobierno. Simplemente cuelgan el teléfono o no abren la puerta. Las correcciones existen, pero son difíciles de medir. “¿Cómo ve su situación económica? Mala; ¿Cómo ve su seguridad? Mal; ¿Cómo ve el nivel de corrupción en el país? Mal; ¿Cómo piensa votar? Por Morena”. Es México.
La explicación quizás no alcanza para justificar una brecha en promedio de 15 puntos, pero por lo menos es sugerente. Las implicaciones de una u otra medición son enormes. Es casi imposible remontar 30 puntos de desventaja durante tres meses de campaña (incluyendo Semana Santa y de Pascua), mientras que la mitad se antoja cuesta arriba pero factible. Es la diferencia entre el arroz cocido y a media cocción.

Ayer en la noche, quizás, quedó resuelta la candidatura a la presidencia del Partido Republicano de Estados Unidos. Si Trump sale triunfante de la elección primaria de New Hampshire por un margen de dos dígitos, es probable que se retirará la única contendiente aún en la pelea, la ex embajadora de Washington ante las Naciones Unidas. No le alcanzará el dinero para seguir adelante, incluso en su propio estado, Carolina del Sur, del cual fue gobernadora hace unos años. Ya sin rivales, Trump será coronado, aunque formalmente la convención del partido del que se adueñó no lo ratifique hasta su convención en julio. Esta es una buena noticia para el presidente Biden, y en el fondo para México también, aunque parezca lo contrario.
Desde la óptica de la campaña de Biden, existen tres factores que le permitirán vencer a Trump si este es el otro candidato. El primero es que la Fed efectivamente comience a bajar las tasas de interés durante el primer semestre de este año, y de preferencia en el tercer o cuarto mes. Esto impacta indirectamente en hipotecas, tarjetas de crédito, préstamos automotrices, etc. Contribuiría a que la Bolsa siga subiendo, elevando así los ahorros de todos los norteamericanos con cuentas 401K. Se entiende, obviamente, que todo esto sucederá sin traer una recesión en el 2024, que resultaría mortal para Biden.
En segundo lugar, la gente de Biden cree que con el paso de los meses, el buen estado objetivo de la economía –baja inflación, bajo desempleo, auge de la bolsa, el indicador más visible– se traducirá en una buena percepción subjetiva por parte del electorado. Hoy todavía una mayoría de los votantes estadunidenses considera que si bien su situación económica personal no es mala, la de los demás sí lo es, ya que Biden, según ellos, ha manejado mal la política económica del país. Pero su campaña espera que dentro de dos o tres meses se cerrará la brecha entre lo que sienten los ciudadanos y lo que realmente existe. Como muestra de este cambio, Paul Krugman subraya los dos meses consecutivos de un alza vigorosa del índice de perspectivas de consumo de la Universidad de Michigan.
En tercer lugar, y tal vez de manera dominante, se encuentra el factor Trump. La tesis es sencilla. Por ahora, los votantes potenciales, es decir, aquellos que figuran en las muestras de las encuestas, aún albergan dudas o esperanzas de que no se verán obligados a optar entre Trump y Biden. Todos especulan que alguien sustituirá a Trump o a Biden, que el primero irá a la cárcel, que el segundo se enfermará, que habrá un tercero en discordia (Robert Kennedy o Joe Manchin), que la Virgen de Guadalupe cruzará el Río Bravo y salvará a Estados Unidos de la inminente pesadilla de una contienda entre dos ancianos.
En cuanto los indecisos y algunos republicanos, y sobre todo los afroamericanos, los jóvenes y los latinos, se percaten que sólo hay dos sopas, la expectativa es que se inclinarán por Biden. Sus partidarios se apoyan en la lógica implacable del voto útil y del voto en contra. Buscan hacer de la elección de noviembre un plebiscito sobre Trump, no sobre Biden, ni sobre los méritos respectivos de ambos aspirantes. Confían en algo altamente probable: cuando el votante frente a la urna compruebe que la única alternativa ante Trump es Biden, sufragará por él, aunque fuera tapándose la nariz. Un poco lo que sucedió en México con mucha gente en el año 2000, cuando algunos –casi dos millones– de electores mexicanos de izquierda concluyeron que la única opción frente a la permanencia del PRI en Los Pinos era Fox.
Kennedy o Manchin podrían alterar esta percepción durante un tiempo. Pero el segundo ya se ha tardado, y el primero enfrenta severos obstáculos para figurar en la boleta en las cincuenta entidades de la unión (las elecciones allá las organizan los estados). El último candidato independiente en lograr un número respetable de votos fue Ross Perot en 1992. Al igual que en México, un voto por un tercero en discordia es un voto tirado a la basura.
Desde esta perspectiva, a partir de hoy los electores norteamericanos se verán obligados a perder las ilusiones (o a hacerse pendejos) y deberán enfrentar la triste y cruda realidad. Es Biden o Trump, y el segundo, ya sin filtros, ni límites, ni colaboradores adultos, es el caos. No sé si todo esto resulte cierto, pero suena lógico. Ojalá.

Hoy empieza la llamada intercampaña, es decir, la veda para cualquier presentación de propuesta, solicitud de voto, o publicidad de candidaturas. Y, sobre todo, nada de spots en televisión o radio. Se trata de una más de las aberraciones aprobadas por nuestros legisladores entre 2007 y 2014 para complacer a López Obrador, y procurar, sin éxito, que volviera al redil aceptando reglas del juego hechas a su medida, aunque los resultados electorales no lo favorecieran.
Si uno cree, como yo, que el pacto entre Enrique Peña Nieto y López Obrador para la elección de 2018 se forjó muy temprano, probablemente desde septiembre u octubre de 2017, no se dificulta el siguiente salto conceptual. Como se recordará, hasta finales de enero de 2018, la diferencia entre López Obrador y Ricardo Anaya en las encuestas apenas alcanzaba dos dígitos; en algunas se mantenía en 8 puntos. La brecha se abre en febrero, cuando comienza la operación de Estado y de medios contra Anaya, con la complicidad de la PGR de entonces, y del aparato estatal en su conjunto. Las acusaciones de corrupción, de lavado de dinero, de enjuagues con su familia política, se producen todas en febrero. Resulta difícil no sospechar que la operación “nave industrial de Querétaro” no fue construida e implementada en contubernio por el equipo de Peña y el de AMLO.
¿Por qué en febrero? Por una sencilla razón, según Anaya: no podía responder más que en redes, ya que los medios le estaban cerrados, y no disponía de spots en la tele y el radio para defenderse. De nuevo, por una sencilla razón: la intercampaña. Para marzo, cuando Anaya volvió a la tele y al radio vía spots, ya era muy tarde. Se creó una distancia de casi 20 puntos, que se ensancharía hasta el día de las elecciones. El golpe de la nave industrial funcionó a la perfección.
Si la gente de López Obrador participó en el diseño de la campaña contra Anaya, o sólo disfrutaron su aplicación desde la barrera, el hecho es que la conocen muy bien. Por eso, es obvio que a partir de mañana, que el Frente opositor ya no podrá responder a ataques en spots, y que los medios se cerrarán aún más que hasta ahora, lo lógico es que se aparezcan de pronto acusaciones –nuevas o las mismas de antes– contra Xóchitl Gálvez.
Se centrarán en los mismos temas que ya probaron su eficacia en junio y julio del año pasado. Se recordará que en ese momento López Obrador lanzó una serie de ataques contra la entonces flamante candidata en materia de corrupción, tráfico de influencias, historias inventadas, etc. Los elevados negativos de Xóchitl de hoy provienen de entonces, tanto por la virulencia y la asimetría de los ataques –desde la presidencia– como por la inevitable vulnerabilidad y débil capacidad de respuesta de una candidata que había resuelto contender apenas semanas antes.
Yo quiero suponer que ante la inminente embestida desde Palacio sobre estos temas, la campaña del Frente se encuentra, ahora sí, perfectamente preparada. Habrán realizado el due diligence de pasar la vida entera de Xóchitl y de su familia a la báscula, de contar con voceros creíbles, con documentos irrebatibles y correas de transmisión eficaces para contrarrestar la avalancha de chismes, rumores, revelaciones, insinuaciones y mentiras que vienen. Y sabrán darle la vuelta, dentro o en los límites de la ley, a las absurdas reglas de la intercampaña, que obviamente no se van a aplicar ni a López Obrador ni al resto del Estado, ni a los medios que controla.

 

En pocos rubros de la gestión gubernamental han sido tantos los estragos de este sexenio como en el de política exterior. Afortunadamente para López Obrador, pero para desgracia de México, a nadie le importa mayormente. Pero desde la ignominiosa sumisión a Trump y Biden en materia migratoria, a cambio de nada salvo el cheque en blanco para el retroceso democrático a la vista de todos, el apoyo vergonzoso a las dictaduras latinoamericanas, en particular a Cuba, el pleito absurdo e innecesario con España, la ausencia en todas las cumbres regionales e internacionales, hasta las posiciones aberrantes en Naciones Unidas –Mussolini, el intento de sablazo a los ricos en el Consejo de Seguridad, las contradicciones sobre Ucrania y Gaza– se trata de un saldo desastroso en todos los ámbitos.
La Secretaría de Relaciones Exteriores se encuentra hecha añicos, sin presupuesto para traslados, con gastos administrativos reorientados a actividades de campaña, con delegaciones de pasaportes en la Ciudad de México reubicadas para favorecer los negocios de colaboradores del anterior canciller, padeciendo la renuncia de una decena de los embajadores de mayor trayectoria, y con una proporción de nombramientos políticos en todas las embajadas y consulados –y sobre todo en las principales– que nunca se había producido.
Pero todo esto empalidece frente a la última barbaridad, apenas anteayer: la ausencia de López Obrador en la accidentada toma de posesión de Bernardo Arévalo en Guatemala. Es imperdonable.
Como muchos saben, Arévalo es el primer presidente guatemalteco de centro-izquierda, o progresista, desde Jacobo Arbenz en 1951. Como es también de dominio público –salvo en algunos círculos de la 4T– Guatemala se encuentra cerca de México. Lo que es más, son vecinos, y compartimos con ellos una extensa y porosa frontera. No hay ningún país en el mundo donde México pese más que en Guatemala, y con la excepción de Estados Unidos, ninguna nación genera consecuencias –buenas o malas– para México como Guatemala. En Guatemala, México sí importa.
Pero también es sabido –y en Palacio Nacional están conscientes de ello– que Arévalo ha enfrentado una interminable serie de obstáculos, retos, amenazas y peligros para llegar, por fin, a su toma de posesión el domingo 14, de panzazo. En presencia de múltiples mandatarios y funcionarios internacionales, el juramento se pospuso casi doce horas, y estuvo a punto de no suceder. El mismo Arévalo se ha referido a los intentos del “pacto de los corruptos”, de la fiscal Consuelo Porras, de la derecha chapina, y de varios más, por realizar un “golpe de Estado” en su contra.
Sobrevivió, hasta ahora, gracias a la conjunción de movilizaciones constantes, eficaces y nutridas de la sociedad civil guatemalteca, en particular de los movimientos indigenistas, y al apoyo de la comunidad internacional. La Unión Europea ha sido clara y sustantiva; incluso ayer, el Alto Representante para Política Exterior, Josep Borrel, informó de las sanciones o castigos que Bruselas impondrá a quienes conspiren contra la democracia en el país vecino. En las vueltas que da la vida, Washington, que derrocó a Arbenz –sucesor del padre de Arévalo– en 1954, hoy se ha convertido en la mejor defensa de la democracia guatemalteca, retirando visas a conspiradores corruptos –incluyendo a 100 legisladores– y apoyando a Arévalo en todo lo posible. El sábado, hasta Gustavo Petro, el errático mandatario colombiano, emitió un llamado a todos los presidentes latinoamericanos para que acudieran a la ceremonia de Ciudad de Guatemala. La decente pero impotente canciller mexicana respondió en X que allí estaría… ella.
La decisión de López Obrador no se justifica ni por distancia, ni por otras ocupaciones en domingo, ni por salud. Volar a Tulum o a la capital guatemalteca es lo mismo. La única explicación que encuentro –además del miedo a un enfrentamiento: AMLO es “sacón”– yace en la renuencia de López Obrador de encontrarse en Guatemala con el Rey Felipe VI de España, su bête noire desde 2019, y posiblemente con la presidenta Boluarte de Perú (que no acudió a la cita), bête noire desde 2023. Milei no asistió a la toma de protesta, aunque sería ya la tercera bête noire, de un verdadero coleccionista.
Lo peor del caso es que existe una relación personal de López Obrador con Arévalo. Algunos recordarán cómo hacia inicios del sexenio, AMLO divulgó un video de su recorrido por los salones de Palacio y de los cuadros en sus paredes en compañía de Enrique Semo, distinguido historiador marxista, secretario de Cultura con López Obrador en el DF de 2000 a 2005, y junto con Lorenzo Meyer, el intelectual mexicano más afín y más respetado por AMLO.
Seguramente Semo le pudo explicar a López Obrador las inmensas resistencias que enfrenta Arévalo hoy en Guatemala, y la enorme importancia que hubiera revestido la presencia presidencial mexicana el domingo. Semo lo sabe a la perfección: Bernardo Arévalo es su cuñado, hermano de su esposa Margarita, que lo ha acompañado desde los años ochenta. López Obrador no tenía pretexto, ni tiene vergüenza.

 

Hace 30 años entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o TLCAN, que se convirtió en T-MEC en 2019. El número de enero de Nexos reúne una serie de textos de gran interés sobre este acontecimiento histórico para México, y en mucho menor medida para Estados Unidos y Canadá. Incluye entrevistas con negociadores, opositores, especialistas, así como ensayos y artículos de distintos expertos sobre diferentes facetas de lo que ha sucedido durante estos 30 años.
Huelga decir que las discusiones y la polarización de los años inmediatamente previos a la aprobación del TLCAN por el Congreso de Estados Unidos a finales de 1993 se siguen reflejando en las posturas de muchos de los autores o entrevistados en este número de Nexos. No podría ser de otra manera. Nadie iba a cambiar de opinión sólo porque los hechos han cambiado –al contrario de lo que decía Keynes– pero además los hechos no le dan la razón de manera contundente a ninguno de los bandos. Más bien algunos hechos confirman los pronósticos positivos de muchos funcionarios de gobierno y economistas de aquella época, mientras que otros hechos corroboran varios de los vaticinios más pesimistas o negativos.
Extraigo unas cuantas reflexiones del número de Nexos y de mi propia lectura de los 30 años que han transcurrido. En primer lugar, salta a la vista que si el TLCAN fue un instrumento para diversificar las exportaciones mexicanas, incrementarlas de manera notable y dotar al país de una base industrial y agrícola moderna para competir en los mercados mundiales, fue un éxito. Si el TLCAN fue un instrumento para atraer volúmenes de inversión extranjera directa a México muy por encima de lo que se obtenía antes, y muy superiores a los que han logrado otros países de América Latina, con o sin acuerdos de libre comercio con Estados Unidos –Chile, con acuerdo; Brasil, sin acuerdo– y si era un recurso para reducir la brecha económica, social, educativa, de salud, y de otros indicadores económicos y sociales entre México, por un lado, Estados Unidos y Canadá, por el otro, no fue un éxito. Para no herir a muchos de mis amigos en el otro bando, no utilizaría el término fracaso, aunque el largo ensayo de Santiago Levy y Luis Felipe López-Calva en la misma revista Nexos de hace unos meses pregunta ¿Qué falló? Interrogante equivalente a reconocer elementos de fracaso.
Una segunda reflexión se refiere al análisis contrafactual ¿Qué hubiera sucedido en caso de no haber habido TLCAN? Esto no es lo mismo que plantear la continuidad de las políticas de industrialización vía sustitución de importaciones (ISI) en vigor por lo menos hasta 1985 en México. Ya a partir del ingreso al GATT en 1986, y con la mayor apertura de la economía y de la liberación de precios con la crisis de 1987, México en muchos sentidos ya había dejado atrás el esquema de ISI, y el TLCAN tendió a convertirse más bien en un blindaje para la apertura, las privatizaciones y la liberalización anterior que un factor per se impulsor de esos procesos.
El contrafactual es si se hubiera seguido sin acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, pero también sin ISI; digamos el camino que siguieron otros países de América Latina en parte o durante algunos años, unos con éxito, otros de fracaso en fracaso, como la Argentina. Conviene recordar que la liberalización argentina durante los años 90 bajo la presidencia de Menem fue parecida a la mexicana. Es imposible responder a esta interrogante contrafactual, por más que algunos especialistas han tratado de construir modelos al respecto. Simplemente conviene dejarla planteada en los términos en los que se puede, recordando que la economía mexicana creció un promedio de 2.2 por ciento –2.4 por ciento al año entre 1994 y 2023–, una tasa muy inferior a la de los años del ISI, pero con un crecimiento demográfico también significativamente menor. El contrafactual sólo valdría si comparáramos esa tasa de crecimiento con la que hubiera sucedido en otro caso.
La tercera y última reflexión también sería de tipo contrafactual. ¿Qué hubiera sucedido si Salinas insiste en incluir el tema migratorio en el TLC, junto con transferencias de recursos significativos de Estados Unidos a México para infraestructura y cerrar la brecha o generar la convergencia, y acepta la petición de Bush de incluir la energía en general, y el petróleo en particular? En primer lugar, no sabemos si Washington hubiera aceptado el quid pro quo, aunque es muy posible que sí, sobre todo inmediatamente después de la primera guerra del Golfo. En segundo lugar, tampoco sabemos si el Congreso norteamericano, a pesar de la inclusión del petróleo en la ecuación, hubiera podido resolver el terriblemente espinoso tema de la migración. Aunque sí podemos concluir que si desde entonces y hasta prácticamente ayer en la noche no se ha podido avanzar realmente este tema desde 1986, se puede también conjeturar que no iba a ser fácil incluir el tema migratorio, ni la existencia de fondos compensatorios, en el TLCAN.
De nuevo la pregunta sigue abierta. Los partidarios del TLCAN tal y como se firmó dirán que era imposible cualquier alternativa; los críticos y partidarios de una alternativa diríamos que valía la pena insistir sobre todo a la luz de los resultados mediocres de crecimiento y cierre de la brecha en estos 30 años.
Para concluir, conviene repetir la tesis más divulgada durante estos años por analistas, en el sentido de que el TLCAN fue un intento de México, y de Salinas y su equipo, por blindar la nueva etapa de política macroeconómica, y de establecer un Estado de derecho para las empresas internacionales sin cuyas inversiones el crecimiento mexicano era imposible en vista de la astringencia de crédito ya en esos años. Sabemos que en parte ambas metas se cumplieron. Ni López Obrador ha podido romper los cerrojos que el TLCAN le impuso al Estado mexicano en materia de política macroeconómica, y enhorabuena. En cuanto al Estado de derecho, nos podemos preguntar si crear un enclave del imperio de la ley dentro de un país donde impera también la barbarie en materia de violencia, delincuencia, criminalidad, impunidad y corrupción, no fue un pretexto para no hacer la tarea en este segundo frente, en lugar de limitarnos a lo que finalmente fue una solución de facilidad en el primero.

La nueva explosión de la violencia –Salvatierra, Salamanca, Zacatecas– muestra por enésima vez que la estrategia de “abrazos, no balazos” en la medida en que alguna vez haya existido como estrategia, no funciona. El total de homicidios dolosos a lo largo de todo el sexenio, así como el número creciente de desapariciones –a pesar de los esfuerzos por reducirlos o disimularlos– y la sensación generalizada de que la inseguridad se ha salido de cauce en todo el país, constituyen a la vez una condena del sexenio y una oportunidad para la oposición. Puede parecer muy cínico plantearlo en esos términos: ¿cómo es que los muertos, las masacres, las fosas comunes, puedan constituir una oportunidad política para alguien? Pues sí.
La gran mayoría de las encuestas –una excepción relativa: Áltica; y menos relativa, pero menos confiable: Massive Caller– sugieren que la brecha entre la candidata opositora y la candidata oficial es amplia y se mantiene. Pero también es cierto que si la oposición encontrara la veta que a la vez brota de la insuficiencia de la gestión gubernamental y de lo atractivo de una alternativa, podría empezar a cerrar esa brecha. La inseguridad, la violencia, el horror de todo lo que sucede semana tras semana en todo México, constituye una posibilidad al respecto. Para ello se necesitarían tres aproximaciones.
La primera es olvidarse de las tonterías de la ley electoral y hacer propuestas. Cualquier propuesta fiscal o de seguridad, independientemente de las tonterías que diga la ley, es peligrosa. Nadie propone aumentar impuestos en campaña, y nadie puede elaborar y ofrecer una alternativa en materia de seguridad en plena campaña a la que después tenga uno que atenerse, o que pueda ser escudriñada y criticada por el adversario. Pero si no se corren riesgos en la situación que vivimos en México, la brecha entre oposición y gobierno no se va a cerrar. Yo no tengo una propuesta en esa materia, ni me interesa tenerla. Pero supongo que hay gente que sí. Escribí el prólogo de un libro de Rubén Aguilar y Rubén Moreira sobre la gestión del ex gobernador de Coahuila en su estado a este respecto. Creo que él sabe algo sobre la materia. Ojalá le hicieran verdaderamente caso.
La segunda aproximación consiste en la disciplina de mensaje. Si ese es el tema central con el cual hay que golpear constante y sistemáticamente al gobierno –y por gobierno entiendo Morena, la 4T, Claudia Sheinbaum; no necesariamente López Obrador– entonces sobre eso hay que concentrarse realmente. Son los fenicios. Si la prensa o alguien del público pregunta: ¿Y qué piensan hacer sobre el nearshoring, o la situación en el campo, o el huracán en Acapulco, o el magro crecimiento económico que viene, o el tren maya, o Dos Bocas, o cualquier otra cosa imaginable? La respuesta tiene que ser la denuncia de la inseguridad en el sexenio de López Obrador y la propuesta de seguridad. Todo el día, todos los días, todo el tiempo. La dispersión de mensaje es lo que más afecta negativamente a cualquier campaña, aquí, y no en China porque no las hay, pero donde sí las hay.
Y la tercera aproximación consiste en aprovechar cada episodio, cada tragedia, cada desgracia, para martillar el mismo asunto: el statu quo es un desastre, hay una propuesta para cambiarlo. No hay que ser cínicos, pero tampoco altruistas; es indispensable el evitar lucrar con la sangre y la desgracia, pero al mismo tiempo es imprescindible el centrar toda la atención sobre cada incidente, cada muerto, cada masacre, cada secuestro, cada fosa común. En un país donde nadie nunca dice nada con claridad y franqueza, es preferible aclarar las cosas. Los que están en campaña, o trabajan en los equipos de campaña, no pueden, efectivamente, permitirse ese lujo. Otros sí podemos.

 

Movimiento Ciudadano se va hasta el 20 de enero para anunciar su candidato o candidata a la presidencia. ¡Qué triste noticia para un partido que presumía haber alcanzado el segundo lugar en las preferencias del electorado! Y qué debacle para una dirigencia a la que el PRI, a nombre de la coalición opositora, había ofrecido, el año pasado, 50 diputaciones y diez senadurías si iba en alianza con ellos.
¿Cuál es el problema con esperar hasta el 20 de enero? En primer lugar, la demora refleja la imposibilidad de lograr un consenso sobre una candidatura ahora, probablemente la de Jorge Álvarez Máynez. O bien los emecesitas de Jalisco lo vetaron, o bien los dirigentes temieron que la exposición a reflectores que entraña una campaña presidencial podría resultarle adversa al joven y talentoso político.
Pero quien sea que asuma la candidatura de MC deberá enfrentar un reto mayúsculo, además de reparar el enorme daño que le hizo al partido el sainete de Nuevo León. La llamada inter-campaña, que equivale a una especie de veda, en principio arranca el 18 de enero, y se aplica a todos los candidatos, con independencia de la fecha en que fueron designados. De tal suerte que antes de empezar, Máynez o Tagle, o el propio Dante, se tendrán que abstener de difundir spots y hacer campaña, partiendo de un reconocimiento prácticamente nulo en los dos primeros casos, o reducido, del tercero.
En tercer término, para entonces se habrá consolidado el mano a mano entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. Cualquiera que sea el nivel de la contienda para entonces, el electorado se habrá hecho a la idea de que hay solo dos contendientes, dos mujeres, dos sopas. Nunca compartí la tesis de que Samuel García habría roto, o podría haber quebrado, la dinámica del voto útil, pero esa discusión se tornó ya ociosa. Para mediados de marzo, se antoja casi imposible irrumpir en una carrera donde las dos punteras llevan kilómetros de ventaja, de recursos, y de tiempo compitiendo. Puede peligrar el registro de Movimiento Ciudadano.
La pregunta inevitable es a la vez sencilla: ¿cómo un político tan sagaz y ágil como Dante Delgado se colocó solito en una situación sin salida? La única explicación que encuentro es que alguien lo engañó, convenciéndolo que García podía lograr the whole enchilada en Nuevo León: ser candidato a la presidencia en los tiempos previstos por la ley, y dejar a un interino a modo que le cuidara las espaldas durante seis meses. A priori, no se trataba de una apuesta absurda. Por lo que se sabe, los dirigentes del PRI y del PAN neoleonenses no constituyen precisamente ejemplos de probidad y congruencia. En principio, debió haber sido factible “persuadirlos”, de un modo u otro, que le abrieran el camino a García. El precio podía ser muy alto, pero entre contar con una candidatura que Dante veía como espectacular y poner en riesgo el registro, bien valía la pena pagarlo. Obviamente, alguien se confió.
No hallo otro culpable del engaño que no sea López Obrador. García es listo y audaz, pero dudo que Dante se pudiera haber dejado llevar por su optimismo o soberbia. “Ya está todo planchado”, viniendo del propio interesado, con fama de quizás exagerar un poco y de convertir promesas en realidades (ver Tesla), parece un argumento poco convincente para alguien como Dante. En cambio, una promesa de López Obrador, de que él se encargaba de arreglar las cosas en Monterrey, pudo haberle resultado verosímil y atractivo: lo único mejor que hacer un favor es deberlo.
La alternativa para todo MC, desde Jalisco hasta los jóvenes de la capital, consistía en ingresar a la alianza opositora, desde un principio. La hubieran podido incluso encabezar. Los obnubiló su obsesión con la épica de Macron, asimilado a Samuel García. Hay niveles.