La lista se ha vuelto el tema de discusión en México ahora. Me refiero desde luego a la idea de que existe dentro del gobierno de Estados Unidos una enumeración o bitácora precisa de nombres de políticos mexicanos que, según la administración Trump, de una manera o de otra, están vinculados al narcotráfico. Son, se supone, parte del crimen organizado, o cómplices, o beneficiarios. La lista, que en ocasiones se atribuye al secretario de Estado, Marco Rubio, y entonces se le denomina la “lista Rubio”, o que se considera que proviene más bien de Homeland Security o de la misma DEA, y sobre todo del nuevo director de la DEA, que fue jefe de la oficina de la agencia en México durante un tiempo, parece ser contundente y fuente de muchas posibles agresiones a México, o en todo caso al gobierno actual.
Con más autoridad que otros, ayer el ex corresponsal de The New York Times en México, Tim Golden, publicó un nuevo artículo en ProPublica donde asegura que la lista existe, que se lo ha confirmado una fuente de alto nivel dentro del gobierno de Estados Unidos, y describe las posibles expresiones de la publicación de dicha lista. Dice Golden, y lo han también comentado varios columnistas mexicanos hace varios días que, para empezar, se revocará la visa de los integrantes de la lista para pasar después, tal vez, a congelar cuentas y activos de los que aparecen en ella dentro de Estados Unidos, si es que existen tales activos o cuentas. Y, más adelante, quizás, el gobierno de Estados Unidos adoptará medidas más extremas en contra de quienes ahí figuran.
Huelga decir que no tengo la menor idea si dicha lista existe. Tampoco sé si les sucederán todas estas calamidades a quienes pertenecieran a la misma en caso de ser real. Guardo la sospecha de que hay sectores, o agencias, o individuos dentro de la nueva administración norteamericana que efectivamente han confeccionado esta lista, y que quisieran que Trump procediera de una determinada manera en relación a la misma. No estoy seguro, y más bien dudo, que la dichosa lista haya sido palomeada en niveles superiores de la administración en Washington, y menos aún que el propio Trump, o en todo caso funcionarios de nivel de gabinete en su gobierno, hayan resuelto actuar en contra de las personalidades que aparecen en la lista de la manera en que se ha descrito en las publicaciones ya mencionadas. Me da la impresión que más bien lo que hay es un intento de algunos sectores para que se lleve a cabo una acción de este tipo, y que incluso la filtración del hecho, y tal vez muy pronto, de los nombres involucrados, tiene por propósito el presionar a otras agencias dentro del gobierno para que procedan de esa manera.
En todo caso, debemos prepararnos para que alguien filtre realmente y con pruebas los nombres en cuestión, y que los medios mexicanos, o de ser imposible los de Estados Unidos, investiguen qué represalias busca ejercer el gobierno de Trump contra esas personas. No estamos hablando desde luego de la lista de Schindler, sino de una lista de la infamia, de la corrupción y de la complicidad, en caso de existir. Y volveríamos al mismo dilema tantas veces descrito en los últimos años en México: ¿cuáles son las fuentes de la lista? Pues los testigos protegidos mexicanos que se han entregado o han sido detenidos por el gobierno norteamericano. Y, efectivamente, si lo que cantaron y contaron valió para García Luna, pues vale para los figurantes en la lista.

En su columna del viernes, el director de El Financiero transcribe las reflexiones que escuchó durante sus pláticas con diversos ejecutivos en la Convención Bancaria de Nuevo Vallarta. Tengo la fuerte sospecha de que conozco bien a uno de sus interlocutores, probablemente el que más haya inspirado los comentarios de Enrique Quintana. Como se trata de un buen amigo, no revelaré su nombre, pero creo que sí puedo explicar por qué la percepción de personas como él, y como a las que se refiere el director de El Financiero, dicen las aparentes barbaridades que dicen.
En la nota citada se presenta un panorama prácticamente paradisiaco de la economía del país hoy en día. Foxilandia se queda muy atrás. El país resistió bien las tormentas externas, la inflación está controlada, el T-MEC garantiza la estabilidad y la seguridad a largo plazo, las finanzas públicas se encuentran sanas y sólidas, y el tipo de cambio refleja todo esto. En otras palabras, no sólo vamos bien, sino que vamos requetebién, como diría el clásico.
Es cierto, como dice Quintana, que los banqueros tienden por definición, sino es que por nacimiento, al optimismo. Es su trabajo. No pueden prestarle dinero a nadie si dicen que no conviene invertir, ni comprar, ni adquirir; no pueden cobrarle a nadie si dicen que a la semana, al mes o al año la ciudad, la región, el país o el mundo irán a la quiebra. Ser banquero consiste en ver el mundo color de rosa, por lo menos de dientes para afuera. Por lo tanto, no debe sorprender del todo esta visión del interlocutor del director de El Financiero.
Pero además de ese pecado original de todo banquero, éstos se caracterizan por una dosis adicional de optimismo, producto de su situación en México. Con algunas excepciones, de bancos no tan grandes (salvo Citibanamex hasta hace poco) los grandes bancos nacionales y extranjeros en México han hecho su agosto desde hace muchos años. Para algunos, como BBVA, sus utilidades en México representan casi la cuarta parte de sus utilidades mundiales; para muchos otros, como Scotiabank, Santander, e incluso Citibanamex durante una época, sus operaciones en México eran las más rentables de todo el mundo, salvo su país de origen y, en algunos casos, hasta mayores que en su país.
Todo esto sucede por muchas razones que un número muy importante de analistas han estudiado desde hace tiempo, y no hay mucho que agregar a lo que ya se ha explicado. Las comisiones son muy altas, es cierto; la penetración bancaria o crediticia es muy baja –menor que en Chile o Brasil, por ejemplo– y por lo tanto el riesgo es menor también; los bancos tienden a prestarle una parte importante de sus recursos al gobierno, y el gobierno en general es un buen pagador.
La contradicción estriba en algo muy sencillo. A los bancos les puede ir muy bien, aunque a la economía mexicana le vaya muy mal. Si llegamos al extremo como en 1994-1995, esta afirmación es falsa; si se viene para abajo por completo una economía, el sistema bancario también se derrumba. Pero es perfectamente factible que los bancos ganen bien con una economía estancada. Lo que al interlocutor de Enrique Quintana parece olvidársele es que este 2025 será el séptimo año seguido durante el cual, en promedio, hemos crecido prácticamente nada. Y no hay ninguna razón, de ningún tipo, que ningún otro sector de análisis vea, que vaticine un futuro mejor el próximo año o incluso para todo el sexenio. Entonces, ese paraíso mexicano lo es para los banqueros, pero no lo es ni para la economía mexicana, ni para los habitantes del país. Siento tener que enmendarle la plana a mi amigo, pero estoy seguro que él entenderá.

 

El mexicano más conocido en el mundo es hoy El Chapo. No posee, desde luego, la voz mexicana más respetada. En parte porque no tiene voz, y en parte porque no es respetado. No abundan, por cierto, las voces mexicanas con presencia y prestigio en el mundo. Desde la desaparición de Paz y Fuentes, ningún mexicano atrae la atención y la escucha del público internacional como ellos. Algunos empresarios –el ingeniero Slim– y cineastas –González Iñárritu– o actores –Gael García y Diego Luna– gozan de gran popularidad y reconocimiento en otras latitudes, pero por razones que les incumben, no suelen adoptar posturas políticas que repercutan fuera de nuestras fronteras, salvo, quizás, en años recientes, a propósito del tema migratorio.
Así que figuras políticas, o intelectuales sin la reputación de los dos escritores ya citados, han llenado el espacio en el extranjero, de menor importancia que en el pasado, pero aún significativo. En otros países, ex presidentes lo suelen ocupar: Ricardo Lagos y Michele Bachelet por Chile, Fernando Henrique Cardoso por Brasil, Juan Manuel Santos por Colombia, y parémosle de contar. En México, la tradición y las características personales de los antiguos mandatarios en vida hacen que si bien varios –Zedillo, Fox, Calderón– han afortunadamente abandonado el silencio de sus predecesores, sólo Zedillo posee una voz escuchada fuera de México. Fox interviene siempre de botepronto, o en compañía de sus homólogos del Grupo de Madrid o Idea, por ejemplo; Calderón actúa en esos grupos también, y no es lo suficientemente conocido en el ámbito internacional para repercutir con impacto. Carlos Salinas podría influir, pero ha decidido ceñirse a la tradición mexicana, sobre todo a lo largo de los últimos años.
Queda entonces Zedillo. Gracias a las relaciones que construyó durante su presidencia, en Yale, en el grupo de The Elders, en la Comisión sobre Drogas, en los organismos internacionales, en medios de gran circulación –escribió una columna en Forbes durante una época– es tomado en cuenta seriamente cuando se pronuncia. Es el caso cuando habla de las tendencias mundiales, y a partir de septiembre pasado, cuando opina sobre los acontecimientos nacionales. He aquí, creo, una de las razones por las cuales Claudia Sheinbaum reaccionó con tanta vehemencia ante las intervenciones de Zedillo en Nexos y Letras Libres.
El ex presidente no ha dicho nada nuevo. Él mismo aclara que sus principales argumentos los esgrimió desde septiembre, en un discurso ante la International Bar Association en la Ciudad de México. En particular, su denuncia de la reforma judicial como un retroceso autoritario fue expuesto allí y en sendas columnas publicadas por The Economist y The Washington Post, entre otros. Su tajante juicio de que la democracia en México ha muerto se deriva directamente de las anteriores críticas. Pero hay una diferencia fundamental. Todos esos reproches se dirigieron a López Obrador. Los de ahora son a Sheinbaum.
No es que los lectores de Nexos o Letras Libres en Uzbekistán se indignen ante los atropellos a la democracia de la presidenta mexicana, como sí lo hacían cuando veían La Hora de Opinar (ya no). Pero se molestó Sheinbaum porque sabe que si alguien puede abollar su buena e incomprensible prensa internacional, es Zedillo. No por su gestión presidencial como tal –con claros y oscuros, como todas– sino por el renombre que se ha construido a lo largo de los últimos treinta años.
Alguien en Palacio entiende que las réplicas “whataboutistas” de la 4T sobre el Fobaproa, Acteal, Aguas Blancas y demás maldades atribuidas al sexenio de Zedillo, no pintan allende las fronteras. Cierto o no, Zedillo es visto como el que permitió la alternancia en México, como el que sacó al país de la llamada crisis del tequila, y como el que no robó. Sus denuncias de la deriva mexicana hacia la dictadura revisten más peso y alcance que las de cualquier otro, incluyendo, por supuesto, a los demás y muy pocos mexicanos que tenemos voz en el exterior. Si se tardó en pronunciarse; si no criticó otros atropellos a la democracia; si cometió errores durante su sexenio: nada de todo eso va a convencer al mundo, ni siquiera con la complicidad de los corresponsales (masculino inclusivo) en México de los medios internacionales que aplauden a Sheinbaum. Se topó con la horma de su zapato, y se ardió.

 

Parece que el nuevo spot de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Interna de Donald Trump, aún más ofensivo que el primero, no será transmitido en México. El primero, insultante también, pero sobre todo agresivo, hostil y de muy pocos amigos, ya no aparece en las pantallas. Aunque habrá que ver si en las transmisiones de los funerales del Papa y de la elección del nuevo Obispo de Roma no vuelve a ser difundido. El reclamo ha sido suficiente no sólo para que Televisa lo baje, sino incluso para que Morena busque volver al proteccionismo de telecomunica-ciones previo a la apertura de 2014. Mejor prohibir que depen-der del buen juicio de las televi-soras.
Pero al reclamo de muchos le ha faltado un par de preguntas. La primera: Noem vino a México el 28 de marzo, hace menos de un mes, y menos de un mes antes de que se difundiera el spot de marras. Sostuvo una larga conversación con la presidenta. De dos una: le avisó que venía el spot, que ya había sido producido –o por lo menos contemplado– o no dijo nada. No quiero ni pensar que la titular de Homeland Security le haya confiado a Claudia Sheinbaum que se iba a promover un spot así en México, y que la mexicana hubiera dado su consentimiento. Pero la explicación alternativa, a saber, que Noem se guardó una intención que cualquiera consideraría como inaceptable para el gobierno de México, resulta hasta peor. Avisar el golpe que venía podía parecer incómodo para la norteamericana, sobre todo que la mexicana podía pedirle que desistiera; pero no advertirle el trancazo inminente debe ser visto como una falta de respeto, de confianza y de amistad. Una de las reglas de la relación tradicional con Washington siempre ha sido “No surprises”; yo la violé un par de veces, pero se suele cumplir. Si la presidenta sabía, mal. Si no sabía, mal también, no por ella, sino por su nivel de interlocución con el equipo de Trump.
La segunda interrogante es hasta más obvia: ¿los directivos de Televisa le anticiparon a Sheinbaum que iban a transmitir un spot odioso pagado por el gobierno de Estados Unidos? O ¿fue una sorpresa para ella, y se enteró por la pantalla como todos los demás mexicanos (salvo los televisos, desde luego)? Se supone que existe una relación cercana, estrecha, constante entre Palacio y Chapultepec, tanto a nivel personal como institucional. Se antoja inverosímil que Bernardo Gómez no haya utilizado sus buenos oficios con Donald Trump para facilitar la comunicación entre Sheinbaum y el magnate-presidente. ¿Pero no le adelantó nada a la presidenta mexicana de lo que iba a difundir en horarios triple A durante varios días? Si se lo dijo, y Sheinbaum asintió, mal. Y si no le contó nada, peor. No sería mala idea que alguno de los “periodistas” que acuden a la mañanera le dirigieran estas preguntas a la presidenta. Digo, por no dejar…

 

La Unión Soviética no padecía únicamente los estragos de un órgano de prensa oficial. Existían varios: Pravda, desde luego, pero también el otro diario, Izvestia, y las dos agencias, TASS y Novosti. Cuba, en la época de oro, cuando el papel servía para imprimir periódicos y no para comer, contaba con Granma y Juventud Rebelde, y desde luego, con Prensa Latina. Por lo tanto, no debe sorprendernos que la versión mexicana de los medios de Estado incluya varios componentes: en la televisión, pero en la prensa escrita La Jornada, Milenio, y algunos más. Y tampoco debe extrañarnos que columnistas inteligentes y bien informados en esos y otros medios, escriban artículos incomprensibles. En este momento, el pecado consiste, como casi siempre, en buscar y encontrar la buena noticia para el país –y por consiguiente para el gobierno– detrás de cada desdicha.
La de esta semana yace en la esperanza –y espera– de un milagro producto de la benevolencia de la Virgen de Guadalupe, que en esta ocasión sí nos va a salvar. La primera oportunidad del nearshoring, de la que tanto hablaron los especialistas y las candidatas presidenciales en 2024, finalmente no cuajó, dice parte de la comentocracia con vocación económica. Las razones fueron múltiples, pero de ninguna manera incluían un vicio de origen: nunca iba a haber un gigantesco caudal de inversión extranjera motivada por la relocalización. Pues bien, lo que no aconteció antes, ahora sí va a suceder.
O bien gracias a la astucia de la presidenta o bien con motivo de la privilegiada ubicación geoeconómica del país, debido a los aranceles de Trump a otros, México se va a beneficiar del famoso “no nos fue tan mal”. Como a Vietnam le fue peor, a México le va a ir mejor. Las inversiones de empresas que optaron por salirse de China pero no se dirigieron a México sino a Vietnam o la India, en esta nueva etapa, gracias a nuestro trato preferencial por parte de Trump, acudirán a nuestro país. Se trata de una nueva “gran oportunidad”, que esta vez sí se materializará.
Nuevamente la panacea, la solución milagrosa. Obvio, los más perspicaces entienden que la primera “ventana” se esfumó debido a debilidades estructurales mexicanas, junto con factores ajenos: las excesivas expectativas, el trabajo de otras naciones, la propia resistencia china. Pero advierten que en esta ocasión, de nuevo, gracias al talento de este gobierno –a diferencia del anterior– o a las exigencias de Trump, se va a desatar la ola de inversiones que no se produjo con el nearshoring 1.0.
Huelga decir que quienes nunca creímos en la primera versión, tampoco nos tragamos la segunda. Ante la reforma judicial, la naturaleza imprevisible de Trump durante los próximos cuatro años –que puede inventar nuevos aranceles por el agua del Río Bravo, o Cuba, o la cercanía con China– y la violencia generalizada, se antoja altamente improbable que la inversión extranjera relocalizada o no, se vuelque sobre el país. Aún suponiendo que el gobierno haga la tarea interna –más bien todo lo contrario– o externa –lo cual es improbable, vista la supuesta exigüidad de recursos de las embajadas y consulados– no parece verosímil la esperanza que algunos radican en el nuevo orden comercial impuesto por Trump. No es que nos haya suprimido los aranceles: hasta este momento, permanecen sobre los automóviles, el acero y el aluminio y los productos comerciados fuera del TMEC. No es poco. Pero la posibilidad de nuevos aranceles representa un peligro mayor. Suerte con el nearshoring 2.0. Lo último que muere es la esperanza.

 

Siempre habrá motivo para pensar que nos podría haber ido peor. Y gracias al pensamiento mágico mexicano, no faltarán quienes encuentren zonas de oportunidad o incluso ventajas con el desenlace provisional de la guerra de aranceles de Trump. El punto de vista contrario seguirá siendo minoritario y hasta marginal, en el país del eterno optimismo. Sigamos, pues.
México recibió exactamente el mismo trato que Canadá, que pasó por dos primeros ministros y varias posturas durante este par de meses. Probablemente entregamos mayores concesiones –enviar diez mil tropas a cazar migrantes, deportar a 29 narcos sin debido proceso, permitir sobrevuelos de aviones espía y drones– que Ottawa, y disponemos de menos amigos. El miércoles el Senado estadunidense aprobó una iniciativa de ley que revertía los aranceles a Canadá. Sostiene que no existe emergencia nacional norteamericana debido al tráfico de fentanilo de un país a otro. No prosperará el proyecto, pero nos muestra que, en el Congreso, el país de la hoja de arce cuenta con fichas que nosotros no hemos conseguido, probablemente por no cultivarlas ni buscarlas. Asimismo, la exención de aranceles a la energía y al fertilizante a base de potasio canadienses no tiene un equivalente mexicano.
Trump decidió a quién imponerle aranceles y a quién no en función de sus propios criterios, no en respuesta a lo que sus homólogos en otras naciones hicieron o dijeron. Trató igual a Argentina o El Salvador que a otros países latinoamericanos cuyos mandatarios no le hacen la barba; al Reino Unido no le fue mucho mejor que a varios otros europeos, a pesar de la invitación a visitar al Rey Carlos.
No nos tocó –por ahora– el arancel generalizado de 10 por ciento, como a una gran cantidad de países, pero nos infligieron otros daños, tal vez más nocivos. Ya Trump había impuesto el arancel sobre exportaciones mexicanas de acero y aluminio, que ayer se aplicaron explícitamente a la cerveza en lata –sobre todo Modelo Especial– y a latas cerveceras vacías.
Asimismo, el arancel generalizado de 25 por ciento de hace un mes, del cual México y Canadá se salvaron por el T-MEC, resultó, como se supo desde el primer día, aplicable únicamente a las transacciones dentro del tratado, es decir, la mitad. Es cierto que muchos exportadores que hasta ahora han preferido acogerse al arancel de Nación Más Favorecida de 2.5 por ciento, pueden cumplir con los requisitos del T-MEC. Pero ni de inmediato, ni sin costos. De tal suerte que una proporción significativa de la mitad de las exportaciones totales a Estados Unidos que hoy se vende fuera del T-MEC se verá afectada por el arancel de 25 por ciento.
Y luego está el arancel de 25 por ciento sobre los automóviles importados por Estados Unidos, vengan de donde vengan. En el caso de México, debido al T-MEC y a la integración de la industria, los carros y autopartes fabricados aquí pagarán el arancel sólo sobre sus componentes no-estadunidenses. Dependiendo de la marca y del modelo, estos pueden representar una parte importante de los casi 200 mil millones de dólares que exporta esta industria desde México. Para los que no tengan contenido estadunidense –los alemanes, los coreanos, tal vez los japoneses– el golpe será más rudo. Empezó ayer para los carros terminados, y arranca el 3 de mayo para las autopartes.
En consecuencia, la empresa Stellantis (ex Fiat-Chrysler) ya empezó a cerrar temporalmente plantas en Windsor y Ramos Arizpe, obligando al despido de trabajadores en Michigan de fábricas que proveían de componentes a las instalaciones en México. Esto puede constituir una señal premonitoria del éxito o fracaso del empeño de Trump por repatriar la industria automotriz norteamericana a Estados Unidos, y por incentivar a los demás fabricantes a montar plantas en ese país. No es rápido el proceso –en el mejor de los casos construir una fábrica tarda dos años– pero no es completamente ilusa la intención. México y Brasil, entre otros, edificaron una industria automotora para el mercado nacional desde los años 40, gracias a una forma de protección semejante (la primera armadora de Ford data de 1924).
En otras palabras, si se quieren ver las cosas de frente, no hay nada bueno para México en esta saga. No recibimos un trato preferencial; sí nos causa mucho perjuicio; las consecuencias pueden ser graves y duraderas. Queda la duda: ¿es preferible hacerse tonto y contarse cuentos, o reconocerlo? No sé.

Aunque faltan varios días para que sepamos exactamente cuál será el desenlace de las amenazas de Trump en materia de aranceles a las importaciones mexicanas, ya el anuncio del miércoles en la noche nos proporciona algo de información. Nos permite entender por lo menos en dónde estamos ahora, sin que podamos desde luego vaticinar lo que suceda el 2 de abril. Pero ya hay tela de donde cortar. Una primera reflexión que se impone, y que harían bien los acólitos del régimen, y en particular algunos corresponsales extranjeros que por razones que sólo ellos conocen han decidido aplaudir el desempeño de la presidenta en esta materia, es que México y Canadá están recibiendo exactamente el mismo trato. Aunque Trudeau haya sido un vil arrastrado, inepto e ignorante, y Sheinbaum una mezcla de Winston Churchill, Lenin y De Gaulle, el hecho es que los dos países socios de Estados Unidos en el T-MEC han recibido exactamente el mismo trato en materia de aranceles todo este tiempo.
Podemos discutir cuál de los dos gobiernos –el mexicano o el canadiense– hizo más para complacer a Trump. Sheinbaum ha dicho que ella ha hecho todo, Trudeau y Carney desde luego que han efectuado menos concesiones, pero el resultado ha sido exactamente el mismo. Lo cual probablemente nos debe conducir a pensar que lo que importan son los factores que Trump toma en cuenta y no lo que haga México, Canadá o cualquier otro país. Y sólo Trump sabe cuáles son los factores que él toma en cuenta. En todo caso, la cabeza fría de la una o la animosidad hacia el otro no parecen ser factores que entran en la ecuación.
En segundo lugar, sabemos que México ya padece un cúmulo importante de aranceles. El primero, quizás no el más importante, es el que se les ha aplicado a las exportaciones de acero y de aluminio. En el caso de este segundo metal el impacto es menor ya que casi no exportamos aluminio a Estados Unidos, pero sí vendemos automóviles que lo contienen, y todo parece indicar que ese aluminio sí paga aranceles. Somos un exportador importante de acero a Estados Unidos aunque también importemos el metal desde allá. Eso a Trump le da enteramente igual, lo importante es que los exportadores mexicanos de acero a Estados Unidos ahora se encuentran en desventaja frente a los productores estadunidenses. El siguiente arancel que ya nos fue impuesto es el del 25 por ciento a todas las exportaciones mexicanas que se llevan a cabo fuera del T-MEC. Se trata de aproximadamente la mitad de los bienes que México exporta a Estados Unidos.
Es cierto que en algunos casos resultará relativamente fácil que las empresas exportadoras pasen del régimen de nación más favorecida al régimen del T-MEC simplemente al certificar que cumplen con las reglas de origen y de más requisitos del T-MEC. En otros casos, por ejemplo, la industria automotriz japonesa, alemana y coreana, va a ser más difícil y más lento. Estos aranceles ya están vigentes, y no hay ninguna razón para suponer que dejen de regir hasta que Trump decida lo contrario, de acuerdo con criterios que sólo él conoce, o que en todo caso sólo él decidirá, ya que es muy posible que en este momento ni él tenga una conciencia clara de hasta dónde quiere llegar.
En tercer lugar, desde el miércoles en la noche se impusieron aranceles de 25 por ciento a todas las importaciones de automóviles que realiza Estados Unidos –más o menos la mitad de los 16 millones de carros que se venden dentro de ese país cada año, incluyendo los que vienen de México y de Canadá. En estos dos casos –de nuevo, de manera absolutamente simétrica para ambos países– estará exento el contenido de dichos vehículos fabricado en Estados Unidos. Como se sabe, la integración de la industria automotriz de América del Norte desde hace ya más de cuarenta años, implica que cada automóvil vendido en Estados Unidos incluye partes de ese país, de México y de Canadá. Será gravado con 25 por ciento todo contenido que no sea de Estados Unidos.
No va a ser sencillo determinar estos porcentajes, y por eso la orden ejecutiva de Trump del miércoles advierte que el secretario de Comercio deberá determinar cómo se calculan estos porcentajes. Sin embargo, ya es la tercera serie de aranceles que nos impone Trump, y en este caso, al principal producto mexicano de exportación a Estados Unidos. Exportamos más o menos el 80 por ciento de los casi 5 millones de automóviles que se producen en México cada año, y casi la totalidad de esas exportaciones se dirigen a Estados Unidos. El total del valor de las exportaciones de unidades terminadas y de autopartes sumó casi 200 mil millones de dólares en 2024.
El 2 de abril nos van a tocar los llamados aranceles recíprocos. De acuerdo con lo que ha dejado entender Trump, Washington impondrá aranceles a todos los países del mundo según lo que ellos calculan que es el arancel que dichos países le imponen a Estados Unidos. Pero en el cálculo correspondiente, Trump ha amenazado con incluir una serie de factores que no son estrictamente arancelarios. Estos pueden variar desde barreras no arancelarias clásicas –fitosanitarias, energéticas, climáticas, etcétera– hasta cierto tipo de impuestos que Estados Unidos no aplica pero ciertos países sí utilizan.
El caso más conocido, y al cual se han referido ya tanto Trump como el secretario del Tesoro, es el IVA. Para la mayoría de los economistas el IVA no es un arancel ni una barrera no arancelaria, es un impuesto interno que pagan todos, nacionales y extranjeros, en cada país, y que además cada quien va pasándole al siguiente para evitar la doble tributación. Pero Trump considera que no es así y es perfectamente capaz de establecer que visto que en Estados Unidos no existe el IVA sino sólo los impuestos estatales a las ventas, cuyo promedio ha de andar por ahí de entre 5 y 6 por ciento, y el IVA mexicano –salvo en la frontera– es del 16 por ciento, en lo recíproco para México equivaldría a 11 por ciento. Veremos el próximo miércoles si esto es así, y veremos también si no inventa algún otro tipo de arancel para el mundo y para nosotros. Este sería el cuarto arancel que el extraordinario talento negociador de la presidenta Sheinbaum nos ha infligido.
Ojalá todos aquellos que han aplaudido este talento reconozcan por lo menos estos dos hechos: México no ha recibido ningún trato favorable en relación a otros países; México sí ha visto cómo se le imponen ya tres tipos de aranceles muy nocivos, y cómo es probable que se nos imponga uno más el próximo miércoles. No creo que alguien más hubiera podido lograr algo que este gobierno mexicano no alcanzó. Creo que las decisiones al respecto no tienen nada que ver con los demás países sino únicamente con las intuiciones de Trump. No tiene nada de malo que así sea. Pero tampoco tiene mucho sentido festejar logros inexistentes.

Hay mucha gente en México que verdaderamente se ha especializado en materia de desapariciones forzadas y que ha seguido el tema desde muchos años. Entre otros, destaco a Santiago Corcuera, Jacobo Dayán, Sergio Aguayo, Karla Quintana, Miriam Morales, y varios otros nombres que sólo alargarían esta lista. A ellos les corresponde determinar si el campamento de Teuchitlán fue de reclutamiento y muerte, de exterminio, y cuántos desaparecidos en realidad perdieron la vida ahí, o fueron llevados ahí traídos de otra parte. Huelga decir que la opinión de personalidades como estas, y de muchas más, va a revestir un mayor peso que lo que puedan decir las autoridades, tanto las estatales como las federales y en particular la fiscalía. Conviene recordar que la presidenta de hoy no es el presidente de ayer, pero el fiscal de hoy sí es el fiscal de ayer. Por lo tanto, si le hemos de creer ahora, y aceptamos el principio de su autonomía, debemos de creer lo que decía antes. Y si no le creíamos antes, y seguimos convencidos de su autonomía, no existiría ninguna razón para creerle ahora.
Pero sin tener ni remotamente la pericia o la experiencia de las personas que mencioné ni de muchas otras más, hay dos ideas que llevan años circulando y que conviene recordar. La primera es una que me comentó José Miguel Vivanco, exdirector para las Américas de Human Rights Watch, y que conoce bien la situación de los derechos humanos en México desde hace muchos años. A principios del gobierno de López Obrador me confesó que, en su opinión, que no era más que una corazonada, los únicos desaparecidos que le interesaban a AMLO en ese momento eran los 43 de Ayotzinapa.
Los demás desaparecidos de los sexenios anteriores, es decir, básicamente de los de Peña Nieto y Calderón –y los corresponsales extranjeros podrían tener un poco más de cuidado al hablar de 1962: a partir de entonces se cuentan, pero la inmensa mayoría de las desapariciones en México sucedieron después de 2008– a López Obrador simplemente no le interesaban. Se vio obligado a tomar en cuenta la tragedia de Ayotzinapa porque le había costado enormemente a su predecesor, y porque él mismo la había utilizado muy hábilmente entre 2014 y 2018 para ganar puntos entre su base y los demás mexicanos. Pero nunca le tuvo la menor empatía a los desaparecidos en general y nunca trató realmente de atender el reto, más allá de querer obligar a Quintana a modificar la metodología de cálculo de cifras, y después de despedirla e insultarla en la mañanera. Afortunadamente, Karla ya no tiene por qué temer la persecución del Estado mexicano; ahora busca desaparecidos en Siria, donde hará sin duda una magnífica labor.
La segunda idea tiene que ver con algo muy sencillo que varios peritos en la materia subrayaron desde principio del sexenio de López Obrador. En México contábamos en ese momento –y todavía contamos, sólo que los números se han disparado– con dos universos más o menos bien conocidos y contabilizados. El primero es el de los nombres de personas que no aparecen –missing– por cualquiera de muchos motivos: deceso, expatriación, cambio de nombre o domicilio por “n” razones, simplemente haber sido borrados de la existencia. No puede haber demasiados cuya desaparición obedezca a otros motivos, pero en todo caso existe un universo de nombres.
Por otro lado, disponemos de una horrorosa suma de cadáveres o restos humanos no identificados, a lo largo y ancho de toda la República. Ciertamente dicho universo va creciendo con cada hallazgo de fosas colectivas o de cadáveres aislados. Pero, en todo caso, ese universo existe y está bajo resguardo de las autoridades. De exactamente cuántos se trata es difícil saber, pero en algún momento circuló ampliamente la cifra de alrededor de 50 mil. Es mucha gente.
Entonces, la faena que debía haber llevado a cabo el gobierno de López Obrador y que podría empezar a realizar mañana el de Claudia Sheinbaum, es hasta cierto punto relativamente sencilla. Se trata del llamado “matcheo”, que viene del inglés match, es decir, atribuirle un nombre a cada resto o cadáver, o una realidad física a cada nombre. Las técnicas forenses de utilización de ADN y de otros instrumentos existen en el mundo entero y México, o cuenta con ellas o puede disponer de ellas. Se trata de un proceso largo, complejo y caro: en otros países donde se han llevado a cabo esfuerzos comparables, los resultados tardan mucho en aparecer y, efectivamente, el costo es elevado. Parece ser que durante el sexenio de López Obrador no se hizo absolutamente nada en esta materia: no hubo “matcheo” alguno, de nada con nadie, y de nadie con nada. De no ser así, sería muy sencillo para el gobierno actual demostrar que sí se hizo algo en el mandato de su predecesor y que se logró tal número de identificaciones. Me da la impresión de que nada de eso sucedió.
Ahora bien, dejemos el pasado y miremos hacia adelante. Muy bien. En este caso, lo que le toca hacer a estas nuevas autoridades es eso exactamente, no complicarse la vida con mil tareas diferentes o, en todo caso, realizar los gestos que quieran, pero concentrarse en el “matcheo”. Faltan nombres, sin duda, y faltan restos o cadáveres sin duda, pero se puede empezar con estos dos universos que no son menores. El problema desde luego es el costo y a quién se le encarga la tarea. Como no van a traer a Karla Quintana de vuelta porque el Peje no lo permitiría, se le tiene que encargar a gente de un prestigio equivalente, pero sobre todo se le tiene que dotar de un presupuesto suficiente y de un horizonte en el tiempo también prolongado. No se logra esto en meses, ni mucho menos. Amistad que no se refleja en la nómina, no es amistad, reza el sabio dicho mexicano… es mucho más válido y cierto a propósito de las prioridades nacionales.

 

Todo mexicano con calle conoce la vulgar y homófoba expresión de “me la m… pero se la c…”. Parece ser la consigna de la 4T frente a Donald Trump, traducida al idioma forense: si nos agreden, se darán un balazo en el pie. Olvidan que la expresión mexicana es altamente reprobable por muchas razones, y que Trump tiene zapatos blindados.
Me cuesta mucho trabajo entender por qué el gobierno en su conjunto, y la presidenta en particular, insisten en responder a las amenazas de aranceles, o de catalogar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales, o a las posibles decisiones de empresas multinacionales de salir de México, con esta filosofía. Repiten hasta la saciedad que todo eso daña más a Estados Unidos que a México o, en todo caso, que también lastima enormemente al vecino del norte. Una y otra vez nos explican cómo los hipotéticos aranceles que impondría Trump a México y Canadá, o los que ya impuso a China, o los que ya impuso al acero y al aluminio, elevarían los precios en Estados Unidos, conducirían a la pérdida de empleos norteamericanos, y dañarían el orden internacional de comercio, que a quien más beneficia es justamente a Estados Unidos, el fundador de dicho orden. El hecho de que en ocasiones los canadienses hagan algo parecido –que, por cierto, ya es paradójico: sabemos que lo que más le gusta a la 4T es diferenciarse de Canadá, y sin embargo en esto las posiciones de ambos gobiernos se parecen bastante– me confunde aún más. Y ya ni digo cómo me desconcierta que la presidenta Sheinbaum ahora le dé lecciones de administración de empresas a Nissan, supongo que pensando que ella sabe más de su negocio que el CEO y el consejo de administración en Japón.
Las razones por las cuales pienso que este razonamiento o línea argumentativa es ociosa, en el mejor de los casos, y contraproducente en el peor de ellos, son las siguientes. En primer lugar, el gobierno de Estados Unidos tiene a su alcance instrumentos econométricos, análisis macroeconómicos, investigaciones económicas profundas y detalladas de economistas del sector público y de las universidades privadas que le aportan toda la información necesaria sobre las consecuencias de tal o cual medida de política comercial, en este caso. Todo esto que las autoridades mexicanas muestran en las mañaneras, o que Sheinbaum proclama a diestra y siniestra en los pueblos más recónditos del país, es muy conocido por el gobierno de Estados Unidos. No necesitan ni a los muy buenos economistas mexicanos, formados en las mismas universidades que los norteamericanos, ni a los funcionarios región 6 de algunas dependencias mexicanas para que les dicten cátedra. Si Trump y sus asesores, como Peter Navarro, o antes Robert Lighthizer, y muchos más, no hacen caso a todas las sugerencias e insistencias de economistas norteamericanos, es porque no están de acuerdo, no porque ignoren las tesis de sus especialistas. Las conocen y simplemente no las comparten. En todo caso, allá ellos.
Una segunda razón que me hace dudar de la eficacia de este método didáctico o discursivo es que normalmente a los norteamericanos les choca que uno los sermonee. Toda actitud paternalista o condescendiente con ellos suele ser rechazada o volverse objeto de silencio indignado o indiferente. A ningún gobierno le complace que sus pares le “expliquen” –no sé cómo se traduciría el mansplaining del feminismo norteamericano al lenguaje geopolítico mexicano; podría ser mexplaining. Pero en todo caso, un poco más de medio siglo de conocer bien a los norteamericanos, de estudiarlos, analizarlos, vivir entre ellos, dar clases sobre ellos en Estados Unidos y fuera de ese país, me ha llevado a pensar que este no es un método propicio para lograr el convencimiento de los estadunidenses.
En tercer lugar, la argumentación de la 4T refleja el resentimiento y los complejos de muchos mexicanos, como lo señala justamente el dicho mencionado al principio de esta nota. Sí, nos va a ir mal a nosotros, pero a ellos también. En realidad, debiera tratarse de que si les va bien o mal a ellos es muy su asunto; al gobierno de México le pagamos para que intente que nos vaya bien a nosotros o, que en todo caso, no nos vaya tan mal. Las consecuencias de tal o cual decisión por parte de otro país –Estados Unidos, Cuba, Rusia, China– debieran resultarnos intramuscular. Nos debiera dar enteramente igual si les conviene o no les conviene una decisión u otra, a un país u otro. De la misma manera que seguramente reaccionaría el gobierno de Claudia Sheinbaum con irritación o enojo si Trump un buen día le dijera: “Oye, a México no le conviene esto o lo otro”. Ella le respondería posiblemente que ese no es asunto suyo, y que en todo caso los mexicanos sabemos muy bien que nos conviene o no. Y sin embargo este discurso domina claramente todas las respuestas mexicanas a las agresiones de Trump.
No digo que sea fácil encontrar una retórica eficaz y aceptable para México frente a Trump. Todos los países del mundo se encuentran hoy buscando cómo hacerle. Algunos tal vez se vean más afectados que nosotros por las barbaridades del nuevo ocupante de la Casa Blanca, pero son pocos. Por eso quizás convendría consultar a fuentes confiables, conocedoras y amigas de México en Estados Unidos sobre cuál podría ser un discurso más eficaz. Este, creo yo por lo menos, que no soy ni una fuente confiable ni conocedora, pero sí amiga de México, no lo es.

Entre los proyectos más delirantes de las primeras dos semanas del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca figura su intención de jibarizar, o de plano eliminar, a la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos, comúnmente llamada USAID. Sostienen Trump y Elon Musk –el encargado de achicar el gobierno– que ha sido dirigido por una bola de lunáticos de izquierda, de gastar dinero del contribuyente de manera absurda, de apoyar a organizaciones de medios, de derechos humanos, de migración, que han dañado profundamente los intereses de Estados Unidos. Busca despedir a casi la totalidad de los diez mil y pico de empleados de la agencia, y en el mejor de los casos sólo conservar unos cuantos centenares que se ocupen de los casos más extremos de combate a algunas enfermedades.
USAID fue fundada por John F. Kennedy en 1961en la estela de la creación de la Alianza para el Progreso –en respuesta a la revolución cubana– y al Cuerpo de Paz, como consecuencia de su deseo de buscarle una vocación más humanitaria a los jóvenes norteamericanos. Durante buena parte de su existencia, la agencia ha sido acusada por sectores de izquierda dentro de Estados Unidos y en el mundo entero, pero sobre todo en América Latina, de ser un instrumento encubierto de la CIA y de otras instancias de inteligencia del gobierno de Estados Unidos. A su vez, la derecha norteamericana casi desde un principio sostuvo que la mera idea de asistencia oficial para el desarrollo (AOD) constituía un gasto inútil de recursos norteamericanos, y que cualquier apoyo al desarrollo por parte del país más rico del mundo debía canalizarse a través de la inversión privada.
En tiempos recientes, los recursos de USAID se han dirigido, por ejemplo, al combate al sida en África, al apoyo a misiones humanitarias en materia de migración y alimentación, y a distintas causas de defensa de derechos humanos, o de denuncia de violaciones a los derechos humanos. No sorprende que Trump y Musk, y la extrema derecha norteamericana, quieran destruir a USAID; sí puede extrañar a algunos que en esto se haya acercado de manera inusual al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Algunos lectores recordarán cómo López Obrador, a lo largo de su sexenio, haya desplegado múltiples esfuerzos, de todo tipo, legítimos e ilícitos, lógicos y aberrantes, para combatir a USAID en México. Pero no la combatió en general, es decir, buscando recortar los fondos de USAID que se canalizaban al Ejército o a la Marina, o incluso a ACNUR y a la OIM, para contribuir a mejorar las abominables condiciones de estancia de nacionales de otros países en México, sin que Estados Unidos sufragara directamente estos costos. Lo que hizo López Obrador fue atacar, denigrar, mentir y llegar a extremos impensables en su fobia contra organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impu-nidad, creada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y que efectivamente recibía recursos de USAID.
López Obrador insistía en que MCCI era una organización de oposición, no de simple crítica a su gobierno. Denunciaba la manera en que MCCI investigaba la corrupción sólo en su gobierno, sin tomar en cuenta lo que todo el mundo sabía, es decir, que MCCI reveló una gran cantidad de casos de corrupción durante el gobierno de Peña Nieto. Incluso fue víctima de distintos golpes mediáticos y de auditoría durante ese sexenio.
Las preguntas que conviene plantearse son: uno, si un organismo como USAID debe existir y si corresponde al interés de Estados Unidos. Y dos, si debe apoyar actividades como las de MCCI, o ACNUR, u OIM, o el esfuerzo forense en el estado de Coahuila en búsqueda de desaparecidos, o si debe limitarse exclusivamente a ayuda alimentaria durante crisis humanitarias o ciertos apoyos a la salud.
La discusión es apasionante, y no permite puntos de vista maniqueos o absolutos. En mi opinión, los países ricos, es decir, Japón, Europa occidental, Estados Unidos y Canadá, deben canalizar el mayor volumen posible de recursos en materia de AOD a los países que fueron recién descolonizados en África en los años cincuenta y sesenta, a muchos en Asia también, y a los países más pobres de América Latina, por ejemplo, a Haití hoy. Creo que corresponde al interés nacional de Estados Unidos hacer eso, pero que también contribuye a tratar de suprimir o reducir obstáculos reales para el desarrollo en los países pobres: la corrupción, el autoritarismo, la violación a los derechos humanos, la falta de libertad de prensa, la debilidad de las instituciones, la falta de independencia del Poder Judicial, etcétera. Y creo que ese apoyo, desde luego de Estados Unidos, pero también de muchos otros países –los escandinavos, Países Bajos, Bélgica, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia y España, entre otros– debe canalizarse también a la defensa de la democracia en esas naciones.
En muchas ocasiones el tra-bajo de grupos como este, o como las fundaciones Ford, Rockefeller, Carnegie, MacArthur, etcétera, van a ser vistas por los gobiernos de los países donde operan como agentes de intromisión, o incluso de subversión, que buscan derrocar a regímenes más o menos dictatoriales, y más o menos conservadores o dizque revolucionarios. En Cuba y en Venezuela funcionarios de USAID han sido detenidos durante mucho tiempo y canjeados por presos de esos mismos países en Estados Unidos, por ejemplo.
Pero esta es una discusión que merece ser llevada a cabo tanto en Estados Unidos como en México y en todos estos países. ¿Existe la responsabilidad de los países ricos de cooperar para el desarrollo de los países pobres? ¿El desarrollo de los países pobres será más factible, más rápido y más equitativo si son democráticos, respetuosos de los derechos humanos y honestos? ¿Los países ricos deben contribuir a esas causas también? Son las preguntas que, a su manera extremista y hasta cierto punto aberrante, Donald Trump ha puesto en la mesa, junto con Andrés Manuel López Obrador.