El libro de Julio Scherer encierra dos innegables virtudes. En primer lugar, cuenta cosas. A diferencia de algunos textos de memorias o autobiografías, o de relatos de episodios que distintos altos funcionarios o jerarcas de la política han vivido en el gobierno, Scherer llama a las cosas por su nombre. Relata detalles, anécdotas, análisis, comentarios, hechos, fechas que se vuelven materia prima para historiadores y analista de todo tipo. En segundo lugar, al recurrir de manera moderada, prudente, sin adjetivos y descalificaciones o alabanzas, le permite al lector sacar sus propias conclusiones de los acontecimientos que va narrando del sexenio de López Obrador y de los años anteriores durante los cuales sostuvo una amistad estrecha con él.
Sobre la primera virtud –contar cosas– creo que será suficiente el ya de por sí nutrido caudal de reseñas, críticas, elogios que ha recibido ya el libro. Uno puede desde luego cuestionar tal o cual versión de acontecimientos conocidos, y la de Scherer no es necesariamente ni la única ni la más cercana a la realidad en cada caso. Pero posee la fortaleza de venir desde adentro, de ser narrada con transparencia y de prestarse a más investigación, más análisis, más reflexión. No es poca cosa en lo relativo a un sexenio que fue increíblemente opaco en cuanto a la información real que ofrecía a la sociedad mexicana, a los medios de comunicación, a los historiadores o analistas, y desde luego también a los poderes fácticos: los empresarios, la comentocracia, el ejército, el propio narco, y el resto del mundo, en particular Estados Unidos.
Pero para mí lo más interesante, sin embargo, del relato de Scherer radica en los hechos que narra más que en las conclusiones que él mismo extrae de ellas. Describe lo que, en mi opinión, es una pesadilla, una verdadera película de horror de lo que fue el sexenio, y de la personalidad y la manera de gobernar –el famoso Estilo de gobernar que, junto con el término narrativa, debiéramos desterrar del vocabulario mexicano. López Obrador aparece, no porque Scherer lo pinte así, sino porque uno mismo puede deducirlo, como un personaje totalmente desquiciado, ignorante, preso de sus emociones, sus fobias, sus odios, su increíble resentimiento social, su inseguridad, su absoluta inaptitud para gobernar. Van desfilando por las páginas relatos sobre la Secretaría de Salud y López-Gatell, la Secretaría de Economía con sus diversos titulares, la Secretaría de Educación –otra peor que las primeras–, desde luego el Goebbels mexicano, Jesús Ramírez, y también la aquiescencia o la resignación del resto de los miembros de su gobierno –no necesariamente gente decente, pero por lo menos no salvajes como los que he mencionado– que aceptaron tranquilamente todas estas barbaridades.
Uno no puede más que preguntarse, después de leer el texto de Scherer, y sin necesariamente dar por buenas todas sus versiones –insisto, no estoy en condiciones de hacerlo– ¿cómo es posible que una persona así llegara a gobernar un país de 130 millones de habitantes, la 15ª economía del mundo, con una clase política e intelectual sofisticada, con un empresariado mundialmente competitivo, con instituciones creadas a lo largo de más de un siglo? ¿Cómo es posible que todo el gabinete hubiera aceptado las chicanadas, la corrupción, los abusos de Jesús Ramírez y de otros más? ¿Cómo fue posible que nadie de adentro dijera nada en el momento mismo de los acontecimientos?
El único reproche que se le puede hacer a Julio Scherer es no haber dicho buena parte de lo que dice ahora en el momento de su salida del gobierno, más o menos en la mitad del sexenio. Nos hubiera ayudado muchísimo a todos saber en aquel momento algo de lo que ahora nos entrega, sobre todo cuando se trataba, por parte, insisto, de los poderes fácticos, de saber si había que perpetuar a esta camarilla en el poder o si de una manera o de otra había que buscar el modo de expulsarla electoralmente de Palacio Nacional.
Pero con esta pequeña excepción, el libro es excepcional en las cosas que cuenta y en los horrores que describe, aunque Scherer no los considere necesariamente como tales, ese es asunto de él. Asunto nuestro es ver ahí lo que realmente sucedió, en voz de uno de los principales protagonistas de la mitad del sexenio de López Obrador.

Díaz-Canel, dizque presidente de Cuba, acaba de anunciar que la isla no recibe combustible desde el mes de diciembre. Lo cual significa, entre otras cosas, que ni Rusia ni México entregaron un solo barril de petróleo durante enero. También quiere decir que México, por lo menos –pero obviamente Putin también– han acatado las instrucciones de Donald Trump de suspender los embarques de crudo a Cuba.
Esto por lo menos nos aclara el diferendo que hubo entre Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum. Como se recordará, él afirmó hace unos días que le dijo a Sheinbaum que cesara el suministro de petróleo a la isla; ella dijo que no habían hablado de eso, que sólo hablaron sobre Cuba, Marco Rubio y Juan Ramón de la Fuente. Eufemismos aparte, Trump obviamente dijo la verdad y Sheinbaum no. No es la primera vez, ni será la última.
Otra divergencia existe a propósito de los posibles contactos o negociaciones entre Cuba y Estados Unidos. Trump ha dicho que sí hay pláticas; el MINREX de la Habana afirma lo contrario, dejando a un lado conversaciones técnicas como las que siempre han existido. El periódico ABC de Madrid, basándose sobre todo en un texto de Carlos Cabrera Pérez, periodista cubano basado en Miami y en Madrid, de hace un poco más de una semana, sostiene que las pláticas sí han tenido lugar. Se celebraron en la Ciudad de México desde la semana pasada, y participaron en ella, del lado cubano, Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro y de Vilma Espín; y por el lado norteamericano, altos funcionarios de la CIA. El diario ABC incluso llega a afirmar que dichos encuentros tuvieron lugar bajo una especie de patrocinio o monitoreo por parte de México, y en particular de unos personajes siniestros de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Por ahora, es imposible saber si eso es cierto. Como cualquiera que haya estudiado la historia de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos desde 1959, es bien sabido que constantemente han existido contactos. El libro de William LeoGrande y Peter Kornbluh, Back Channel to Cuba, los describe con gran precisión y veracidad. Cuando se produjo por fin el deshielo en 2014-2015 entre Washington y la Habana, las pláticas entre el mismo Castro Espín y Ben Rhodes del equipo de Obama, tuvieron lugar principalmente en Canadá, y la mediación, cuando la hubo –ni a los cubanos ni a los Estados Unidos les gusta la interferencia de terceros– fue el papa Francisco. Por lo tanto, no es para nada improbable que dichas conversaciones tengan lugar.
Lo que sí podemos afirmar sin mayor riesgo de equivocarnos es el contenido de dichas pláticas, tengan lugar ahora o en el futuro cercano. Y ese contenido va en contra del sentido descrito por el diario ABC y que suponen muchos posibles participantes en las mismas, como espectadores, mediadores o simples facilitadores: México, Brasil, Colombia. Para alguna gente partidaria de la dictadura cubana, las pláticas pueden y deben centrarse únicamente en las reformas económicas que Cuba pueda o no llevar a cabo, y en la llegada, en un primer momento, de ayuda humanitaria, empezando por el petróleo, pero extendiéndose también a alimentos, medicinas y refacciones para las centrales eléctricas del país. En su caso, como siempre ha sucedido cuando acontecen ese tipo de negociaciones, La Habana liberaría a unos, no necesariamente a todos, los mil y pico presos políticos que sobreviven en las cárceles cubanas. No estaría en la mesa de negociación el cambio de régimen, es decir, el fin de la dictadura.
Me parece que esta visión peca de ingenuidad, de falta de entendimiento de lo que ha sucedido en Estados Unidos en los últimos años y de wishful thinking. O mejor dicho, too little too late. Rubio, quien obviamente dirigirá las negociaciones aunque no participe en ellas en persona, no va a aceptar lo que Obama y Rhodes admitieron hace más de 10 años. Van a exigir el fin de la dictadura, un cambio de régimen y todo lo que significa esto en un país como Cuba.
En vista de la situación catastrófica de la economía cubana y de que no exista ninguna solución a corto o mediano plazo que no incluya a Estados Unidos, Washington va a pedir lo lógico: el desmantelamiento del régimen de la revolución. Esto significa liberación de todos los presos políticos, un cronograma para celebrar elecciones en un futuro cercano, la participación de todos los cubanos, ya sea de la isla, ya sea de Miami, en dichas elecciones, la plena libertad de prensa, de formación de partidos políticos, de manifestación y de oposición, y la suspensión a mediano plazo de la Constitución actual de Cuba, que entre otras cosas prevé la existencia de un partido único. Pensar a estas alturas, en estas circunstancias, que Trump va a aceptar simples reformas económicas cubanas a cambio de poner fin a lo que ahora sí –no antes– es un bloqueo a Cuba, es iluso. Esa época ya pasó.
Cuba debió haber aceptado el subtexto de Obama: una paulatina apertura política que condujera con el tiempo a una transición democrática. No lo hizo. Tal vez porque Fidel Castro, todavía en vida, se opuso; tal vez porque le entró miedo a Raúl Castro; tal vez porque no está en el ADN de toda la dirección cubana el contemplar esa posibilidad. Hoy ya no hay opción. Para mucha gente el quid pro quo parecerá excesivo. Probablemente para los cubanos de a pie que no comen, no beben, no tienen luz, no pueden transportarse ni ir a trabajar, no tienen medicinas, no tienen nada, tal vez sea un canje aceptable. ¿Es inmoral? Posiblemente. Aunque entonces habría que poner también en la balanza la moralidad, o falta de ella más bien, de todo el régimen cubano desde hace por lo menos 65 años. ¿Lo aceptará la nomenklatura cubana? Imposible saber. En una de esas, prefieren la inmolación.
Posdata. Hablando de inmola-ciones, acepto la apuesta de Jorge Zepeda Patterson. Creo que el crecimiento del PIB en 2027 será más cercano al 0.3 por ciento que al 3 por ciento que él calcula. Es una especie de reto Pepsi.

 

Los resultados de la supuesta investigación de la Fiscalía sobre el trágico accidente del Tren Transístmico de hace un mes ilustran de nuevo la dificultad de gobernar en México como antes. No sólo fue cuestionada la independencia de la pesquisa, y de la Fiscal; no sólo fue recordada la promesa de la presidenta de contratar a una instancia investigadora externa; no sólo salieron a relucir “otros datos” del mismo informe de la FGR. El gobierno se va a enredar en las mismas contradicciones, en el mismo cantifleo, en las mismas imprecisiones de estos últimos días.
Resulta difícil creer que Ernestina Godoy puede entregar un reporte objetivo e independiente. Fue funcionaria en el sexenio anterior, cuando se (re)construyó el tren, cuando se compraron las locomotoras y los vagones, cuando se rehabilitaron las vías del porfiriato, cuando se aceleró la entrega de la obra. Su conclusión de que todo fue culpa del no-maquinista/conductor/despachador simplemente no es creíble.
Ya no fue traída a México una firma extranjera especializada en accidentes de ferrocarril, como anunció Claudia Sheinbaum en diciembre. Será convocada para realizar una “certificación” que permita la reanudación de operaciones del tren. Para cuando llegue e investigue, suponiendo que eso suceda, la cadena de custodia habrá sido manoseada decenas de veces, los supuestos responsables llevarán semanas o meses en la cárcel, y las conclusiones oficiales habrán sido repetidas en innumerables ocasiones. Servirá de poco la gestión.
De acuerdo con los medios que informaron al respecto, sorprenden datos incluidos en el peritaje que no fueron mencionados por Godoy. Según Reforma, la investigación de la FGR menciona que ni el maquinista, ni el conductor poseían licencias vigentes. Por supuesto no se entrega el nombre de la persona responsable de contratarlos, ni de vigilar algo tan sencillo y evidente. Los que manejaban el tren, ¿tenían permiso para manejarlo?
De acuerdo con Loret, el informe de Godoy señala que el tren se movía con exceso de velocidad, pero carecía de velocímetro en la cabina de conducción (no en la llamada caja negra). ¿Cómo diablos iban a saber el maquinista, el conductor y el despachador que sobrepasaron la velocidad autorizada, sin velocímetro? Por cierto, la radio y las cámaras del tren tampoco funcionaban. ¿En serio? Dejemos a un lado la ausencia de extinguidores de fuego, que en este caso no importaron. ¡Qué bueno que no se incendió el tren!
Seguramente vendrán en los días siguientes las explicaciones mañaneras de por qué no era necesario un velocímetro ni radio ni cámaras. Tampoco eran tan importantes las licencias de los responsables, ni los demás defectos que otros encontrarán enterrados en el informe. En efecto, estas son las revelaciones de los medios nacionales al día siguiente de la entrega del informe oficial –y oficialista. Pero al igual que con los envíos de petróleo a Cuba (Bloomberg), de la detención de Ryan Wedding por agentes del FBI en México (The Wall Street Journal), o del nerviosismo en el gobierno ante la amenaza de acciones unilaterales de Estados Unidos en México (The New York Times), los medios internacionales pronto indagarán el contenido del informe, sus silencios, y los testimonios de los acusados. Surgirán nuevas dudas, o denuncias, o mentiras.
Como lo han escrito varios estos días, si a López Obrador se le daba mentir descarada y cínicamente, Sheinbaum no dispone del mismo y correspondiente talento. Se hace bolas. Cada día, su escasa propensión al engaño le irá costando más.

 

Los acontecimientos de los últimos días en Washington y en Davos confirman claramente lo que ya se sabía: Donald Trump es totalmente imprevisible. Ventaja o peligro para él, pero en todo caso, incertidumbre y confusión para todos los demás. Con la creciente tensión entre Estados Unidos y Canadá –en ambas direcciones– y con los tiempos que se empiezan a acortar, el destino del T-MEC se antoja cada día más difícil de vaticinar. Se va fortaleciendo la hipótesis de dos acuerdos bilaterales de Estados Unidos con Canadá y con México y, en su caso, aunque no tendría demasiada importancia, otro acuerdo bilateral entre México y Canadá.
La propia negociación tendrá sus aspectos técnicos de gran complejidad debido a los cambios que muchos sectores en Estados Unidos ya han solicitado a través de las audiencias con el representante especial de comercio (USTR). Uno de los enigmas sigue siendo la difícil determinación del umbral de cambios en cuanto a las obligaciones de Estados Unidos a partir del cual sería necesario que el Congreso norteamericano –ambas cámaras– tuviera nuevamente que aprobarlo.
Obviamente, si el actual acuerdo entre tres se convirtiera en dos acuerdos entre dos, dicha ratificación se volvería imperativa. En cambio, si se mantiene el acuerdo trilateral y Estados Unidos pide pocos cambios en cuanto a sus obligaciones, no en cuanto a las de México o de Canadá; y si México y Canadá prácticamente no proponen modificaciones; y si Trump es capaz de imponerle a su mayoría republicana el acuerdo en no volver a votar el instrumento en el Congreso, no es imposible que todo esto se logre antes de las campañas electorales para las elecciones de medio periodo que comienzan en septiembre de este año.
Son muchos si, y al revés, si México y Canadá piden cambios sustantivos; o si el equipo de Trump impone cambios en las obligaciones de Estados Unidos; si hay un grupo de republicanos contrarios al acuerdo en la Cámara de Representantes que se unan a los demócratas para exigir un debate y una votación por lo menos en esa cámara, entonces es muy posible que el proceso entero se prolongue hasta la primavera de 2027.
Todo esto debiera ser algo muy estudiado, muy discutido y muy procesado tanto por la presidenta como por sus colaboradores pertinentes: Economía, Hacienda, Trabajo y, desde luego, Relaciones Exteriores. Y ella debe tener también muy clara la evolución de todo ello, no sólo a partir de lo que es de dominio público –el discurso de Carney en Davos, sus viajes a China y al Golfo Pérsico, etcétera– sino también el día a día que le reporta el equipo negociador de la Secretaría de Economía. Se supone que así lo hacen, y que lo hacen además de manera honesta, completa y sin trampas.
Pedirle eso al secretario de Economía es un poco excesivo en vista de su trayectoria política desde hace ya más de 40 años. Pero el problema va más allá de la personalidad del titular de esa cartera. En un libro importante, interesante y altamente legible, José Ramón López-Portillo confirma y desarrolla su tesis anterior sobre las explicaciones posibles de la crisis de 1981-1982 en la presidencia de su padre.
En Tres Crisis apunta nuevamente José Ramón que una de las explicaciones de la crisis fue la diferencia –casi abismal– entre las cifras del déficit fiscal para 1981 y 1982 que le presentaron, por un lado, la Secretaría de Hacienda, encabezada por David Ibarra y, por el otro, la Secretaría de Programación y Presupuesto, cuyo titular era Miguel de la Madrid. Ambos eran fuertes contendientes para suceder a José López Portillo, y aunque en varios textos este último ha señalado también a Javier García Paniagua como posible sucesor, en realidad siempre he pensado, y creo que muchos que han estudiado ese proceso lo piensan también, que los finalistas fueron David Ibarra y De la Madrid.
Dice José Ramón López-Portillo que el error sucesorio provino de la politización de la política económica. Consistió en tener en las secretarías de Hacienda y de Programación y Presupuesto a candidatos a la sucesión. Prácticamente eso los obligaba a presentarle escenarios color de rosa a López Portillo, y en particular a presentar subestimaciones del tamaño del déficit, sobre todo en 1981. En particular, es cierto que De la Madrid, según José Ramón, maquilló las cifras mucho más que David Ibarra. Incluso en algún momento, cuando estalla la crisis y antes de su renuncia, López-Portillo le atribuye a Ibarra una sonrisa y un “ya ve, se lo dije” en la cara.
La subestimación por parte de SPP y de MMH llevó a López Portillo a subestimar la gravedad del déficit y de la crisis en ciernes. En este libro se publica una larga carta que me envió Miguel de la Madrid en 1999 cuando citando la tesis de doctorado en Oxford de José Ramón con estas mismas explicaciones, me responde a la argumentación de José Ramón López-Portillo. Este, a su vez en su libro actual, no le responde al expresidente, porque ya falleció, pero sí da su respuesta, digamos, para el lector.
Todo esto viene a colación porque tener a un obvio candidato a la presidencia de la República para 2030 en un puesto tan sensible hoy como la Secretaría de Economía puede encerrar el mismo riesgo que le tocó a López Portillo. Y, por cierto, a De la Madrid también, durante el periodo en que coincidieron en su gabinete Jesús Silva Herzog en Hacienda y Carlos Salinas de Gortari en Programación y Presupuesto. Más allá, insisto, de la personalidad y el historial del titular de la Secretaría de Economía, se puede considerar un error colocar en esa situación a alguien que por definición tiene que presentarle escenarios color de rosa a su jefa. No tengo la menor idea si eso es lo que hace Ebrard o no, pero sé que cualquier persona lo haría, a menos de que sea uno de los ángeles a los que se refería James Madison en The Federalist Papers. Suerte.

 

En los próximos días se divulgará el proyecto de reforma electoral del gobierno de Claudia Sheinbaum. Al igual que la reforma del Poder Judicial, es difícil determinar si dicho proyecto es de ella o de López Obrador, o si la diferencia es irrelevante: se encuentran por completo compenetrados en este tipo de temas.
A reserva de que el Partido Verde o el PT no puedan patalear lo suficiente para conseguir un acuerdo que los proteja no sólo para el 2027, sino también para el 2030, la reforma incluirá aspectos ya publicitados. Se limitará la autonomía del INE, sin que se pueda vaticinar hasta qué punto. Se reducirá el financiamiento del INE propiamente como tal, y el que el INE otorga a los partidos, recortando sobre todo el apoyo que reciban en los años durante los cuales no hay elecciones. Disminuirá el número de diputados en general, y en particular los de representación proporcional (RP); dudo que López Obrador y Sheinbaum tengan la audacia de proponer un esquema de RP puro y completo, que en lo personal me agradaría. Se eliminarán las senadurías de RP, y se adelantará la fecha de la revocación de mandato para coincidir con las elecciones de 2027.
El PT y el Verde buscarán la manera de obtener beneficios de un tipo o de otro para compensar por lo que pierdan de diputados, senadores y financiamiento público. Finalmente, se ampliará la ventanilla de registro de nuevos partidos, sin necesariamente facilitar la obtención del mismo.
Todo esto implica un debilitamiento más o menos severo de la de por sí maltrecha democracia mexicana. El control de los medios, la desaparición de la independencia del Poder Judicial y de los organismos autónomos, y la captura del INE y del Tribunal Electoral ya han carcomido lo que se construyó en los noventa. Se trata entonces de un tiro de gracia para lo que queda.
Nada de lo escrito es nuevo, ni carece de múltiples razonamientos y argumentos para afirmarlo. La pregunta consiste en definir las posturas de cada quien ante semejante trastocada del andamiaje erigido antes. Veo cuatro sectores que se verán obligados a posicionarse, y sugiero aquí lo que yo respondería al respecto si alguien me preguntara.
La oposición primero. Entiendo la tentación de proponer una reforma “alternativa”, para no aparecer como simples defensores del status quo y del costo, que a muchos ojos parece exorbitante, de los comicios mexicanos. Sin embargo, PAN, PRI, MC y Somos México cometerían un error. No existe razón válida alguna para cambiar lo que funciona. If it ain’t broke, don’t fix it.
En segundo término, los expertos, principalmente exconsejeros y expresidentes del IFE o del INE y académicos especializados. Se antoja lógico que ellos opinen al respecto y se asocien para presentar un esquema diferente que tome en cuenta los defectos que ellos mismos han detectado en el sistema actual a lo largo de los años. No se les puede reclamar. Pero dudo que acierten si procuran convencer a los partidos de asumir su propuesta, que técnicamente será robusta, pero que sólo con grandes dificultades se podrá explicar en términos sencillos a la opinión pública.
Luego, los empresarios. A pesar de todas las elucubraciones de la 4T, México sigue siendo un país de poderes fácticos, y junto con las fuerzas armadas y Estados Unidos, el empresariado constituye el más poderoso de esos poderes. Aunque algunos hombres de negocios sostendrán que no les corresponde a ellos opinar sobre estos temas, resulta evidente que el desenlace les afectará sobremanera. Sin financiamiento público, o bien lo habrá privado, es decir, suyo, o triunfará siempre el partido gobernante, por ahora Morena. Creo que al igual que la oposición, el empresariado debe simplemente decir que no a la reforma, sin enredarse en elaborar un plan alternativo imposible de explicar e innecesario.
Por último, la comentocracia, es decir, los medios y la academia no especializada pero que opina. Debiera concentrar su fuego contra la reforma del oficialismo, sin recomendar otros senderos, ni aceptar unos componentes de la propuesta gubernamental, rechazando otros. El atractivo de ser propositivos es descomunal –lo entiendo– pero caer en ello es fatal. Sobre todo para gente pensante: ¿Qué sentido tiene arreglar algo que no se encuentra descompuesto? Más allá de los aspectos específicos que cada quien critique o abomine del sistema actual –por ejemplo, me disgusta profundamente el procedimiento para lograr y sostener una candidatura independiente– el conjunto de reformas de 1996 en adelante es altamente preferible a la reforma de Morena.
El debate apenas arranca, pero durará poco. Sheinbaum va a querer sacar esto adelante lo más pronto posible, para concentrarse en lo principal: defenderse de Trump y lograr que la economía crezca. Como dijo Gómez, las mayorías parlamentarias sirven para eso.

 

Alguien miente sobre los envíos de productos petroleros –crudo y refinados– de México a Cuba. El 5 de enero, The Financial Times citó a la empresa de monitoreo de comercio y transporte marítimo Kpler para afirmar que en 2025 México envió un promedio de 12 mil 284 barriles diarios a la isla, 56 por ciento más que en 2024. Se trata, obviamente, de números anteriores a la captura de Maduro por Estados Unidos y a la suspensión de suministros venezolanos a Cuba. Estos ya venían disminuyendo: cayeron a 9 mil 528 barriles diarios, igual que en 2024, pero 63 por ciento menos que en 2023. Según el informe de Pemex a la SEC, entre enero y septiembre de 2025, México entregó 17 mil 200 barriles de crudo diarios y 2 mil barriles de productos petroleros. La presidenta Sheinbaum contestó en la mañanera del jueves que México envió menos petróleo a Cuba en 2025 que en 2024.
El diario Reforma, a partir de estos mismos datos y de Banco de México, calculó el miércoles que durante los primeros 13 meses de este sexenio, se han enviado 17 millones de barriles a Cuba, cuatro veces más que en el mismo período de López Obrador, y entre 7 y 8 veces más que con Peña Nieto y Calderón (ambos amiguitos de los Castro, por cierto).
Otros medios internacionales –The New York Times y The Wall Street Journal, citando al experto Jorge Piñon de la Universidad de Texas– han señalado que el promedio de embarques entre enero y septiembre del año pasado sumó 22 mil barriles diarios, pero que después de la visita de Marco Rubio a México en agosto, la cifra cayó a 7 mil barriles por día. Y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que estimó, gracias a investigaciones y filtraciones, que en el sexenio de Sheinbaum se ha despachado petróleo a Cuba por el valor de más de tres mil millones de dólares, señaló el jueves que el buque-tanque Ocean Mariner, bajo pabellón de conveniencia de Liberia, zarpó de Coatzalcoalcos el 5 de enero, con destino a La Habana, cargando entre 80 y 110 mil barriles de crudo, según el diario El País.
Desde antes de la invasión a Venezuela, México había superado entonces a Venezuela como primer proveedor de crudo a la isla, y ahora, parece ser la única fuente, ya que los barcos rusos no dan la impresión de querer enfrentar un bloqueo hipotético por Estados Unidos. La pregunta entonces consiste en algo muy simple: este comportamiento de Sheinbaum ¿corresponde al interés mexicano, tomando en cuenta la postura actual de Trump hacia Venezuela, Cuba y América Latina?
Sheinbaum distorsiona los datos y las explicaciones. Dice que el apoyo mexicano es histórico, y debido a contratos y consideraciones humanitarias. En primer lugar, los contratos seguramente no son evergreens, porque Cuba no tiene para pagarlos, y en todo caso los firma el gobierno de México o alguna de sus instancias, no el Espíritu Santo. Puede no firmarlos. Y si de motivos humanitarios se trata, no se entiende por qué México ayuda a Cuba y no a Haití, o porqué Brasil, que produce tres veces más crudo que México, y es tan amigo de la dictadura, no es solidario con Díaz-Canel. En cuanto a los antecedentes históricos, se trata nuevamente de medias verdades. México, desde López Portillo, ha enviado a Cuba algo de petróleo o dinero para comprarlo, renegociando o condonando deuda cubana, pero nunca en las cantidades actuales, nunca como primer proveedor, y nunca con Trump enfrente.
Las cosas como son. Sheinbaum le regala petróleo a la dictadura castrista por simpatía ideológica, por nostalgia, por afinidad política. Mientras ese capricho no contradiga intereses mexicanos superiores, asunto suyo, aunque el Congreso mexicano podría tener algo que decir al respecto. Prometió entregar el historial y todos los datos; no lo ha hecho. Pero si Estados Unidos le impone sanciones a Pemex, o detiene un buque-tanque cargado con crudo mexicano, ojalá no digan que no sabían, que no creían, que es un asunto de soberanía. Se les ha dicho hasta la saciedad, en México y en Estados Unidos. Es una imprudencia; mejor dicho, una irresponsabilidad.

 

Por muchas razones, la situación en Venezuela se complica. En primer lugar, desde luego para los venezolanos; en segundo término, para Donald Trump y cualesquiera que sean sus ambiciones con el país petrolero; y en un lejano tercer lugar, para otros países y en particular para México. Todo indica que el statu quo no es sostenible indefinidamente.
Varios cambios en los últimos días justifican esta apreciación. Primero, desde luego, la exitosa salida de María Corina Machado de su país para llegar, aunque fuera con un día de retraso, a la ceremonia de entrega del premio Nobel de la Paz. Como muchos han sugerido, la decisión de viajar a Europa, y seguramente muy pronto a Estados Unidos, encierra riesgos. Puede volverse una nueva Juan Guaidó: una prestigiada lideresa de oposición que debido al exilio permanente se vuelve irrelevante. Otro es la mayor exposición a los reflectores: en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, deberá enfrentar muchas más interrogantes sobre sus posturas a propósito de una invasión norteamericana, de la naturaleza del narcoestado de la dictadura de Maduro, de su aprobación de los ataques de Estados Unidos a las supuestas narco lanchas en el Caribe o en el Pacífico. Pero por lo pronto adquiere una visibilidad y una movilidad que desde luego no poseía en Venezuela.
El segundo cambio viene de cómo se ha intensificado la presión de Washington sobre Caracas. El simple paso del tiempo contribuye a que la presión aumente, pero además algunos hechos lo demuestran. El ingreso al espacio aéreo venezolano de un par de cazas estadunidenses fue un paso más en la escalada. La intercepción y toma de un buque petrolero en altamar por parte de la marina norteamericana es otro paso en el mismo sentido. Varios analistas en Washington habían vaticinado desde hace meses que ese sería uno de los desenlaces de la presencia marítima de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela. Se trata en este caso de una acción puntual contra un buque tanque que ya había disimulado su localización anteriormente y para el cual existía una orden judicial de captura debido al hecho de que ha transportado en el pasado petróleo iraní sujeto a sanciones por parte de Estados Unidos. Pero la lógica de esa presencia marítima norteamericana sugiere que no es más que un primer movimiento. Constantemente circulan navíos cargados de petróleo venezolano hacia China, hacia Cuba y hacia algunos otros pocos países. Se puede suponer que cualquiera de estos días los Marines intervendrán en otra captura, de otra nave, muy posiblemente transportando crudo venezolano a la Habana. Lo cual complicaría la situación enormemente, tanto para Venezuela como para la dictadura castrista.
Cada día será más difícil para otros países definirse ante la creciente presión de Washington. Aunque hasta ahora no lo ha realizado, se entendería que la dictadura de Maduro intentará llevar el secuestro del tanquero al Consejo de Seguridad de la ONU, pues Venezuela ya no es miembro de la OEA. Ahí, con un proyecto de resolución bien redactado, no sería imposible lograr la abstención de Francia y del Reino Unido, junto con el apoyo de Rusia y China. Lo cual obligaría a Estados Unidos a vetar la resolución, dejándola sin efecto, pero con un impacto mediático innegable. Asimismo, uno puede esperar que Maduro le insista cada vez con mayor vigor a países como México, Colombia y Brasil a que tomen su partido y censuren o reprueben la política de Trump hacia Caracas. Colombia probablemente lo haga, Brasil en menor medida; y México, por razones evidentes, y a pesar de las simpatías que las 4T le tenga a la dictadura chavista, mantendrá su famosa y lamentable neutralidad, que en este caso es preferible a la solidaridad con la dictadura. Pero los tres países se verán cada vez más aislados en América Latina, en particular a partir de las elecciones en Chile el domingo, donde el candidato de extrema derecha José Antonio Kast puede conseguir un mandato de hasta 60% del voto.
Todo esto para decir que si bien Estados Unidos puede permitirse el lujo de mantener los enormes recursos navales que ha desplegado en el Caribe durante muchas semanas, mas como explicaba un ex consejero de seguridad nacional hace poco, el costo es el mismo en el Caribe o en el Mediterráneo es poco probable que la situación permanezca sin cambios. Al contrario: algún tipo de intervención se antoja ya inevitable, por criticable que pudiera ser a ojos de algunos.

 

 

Ahora la presidencia creó un nuevo consejo empresarial para fomentar la inversión privada en México. Con algunas excepciones, se trata del mismo grupo de empresarios que creó hace un año, encabezado por Altagracia Gómez, para impulsar el llamado Plan México. Blanca Treviño no aparece en el nuevo; otras mujeres tampoco. No figuran Armando Garza Sada, ni Eduardo Tricio o Antonio del Valle. Incluye a varios integrantes que también lo fueron del Consejo Asesor Empresarial fundado por López Obrador en noviembre de 2018, y otros que no, como Miguel Alemán o Ricardo Salinas Pliego. Se puede suponer que este nuevo conjunto tendrá éxito en lo que sus pares anteriores no lograron: elevar de manera significativa el porcentaje del PIB dedicado cada año a la inversión por parte del capital privado mexicano.
Parece que una de las razones de la formación del nuevo ensamble radica en los diferendos y las rivalidades en el círculo gubernamental encargado de atender o representar al empresariado. Francisco Cervantes ya se va, pero se dice que quiere chamba; José Medina Mora llega a la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial con una actitud menos sumisa que su predecesor; Altagracia se ha desgastado sin resultados notables; Ebrard busca siempre abarcar todo. Pero más allá de lo personal, la nueva iniciativa, que probablemente celebrará una que otra reunión de vez en cuando, hasta que se desvanezca, responde por parte del gobierno a una imperiosa necesidad, y por parte del capital, a una desgarradora disyuntiva.
La necesidad para la presidencia consiste en que la economía crezca, y no crece. Sheinbaum sabe que las cifras de inversión extranjera son más aspiracionales y manipuladas que reales; que el presupuesto no da para aumentar la inversión pública; y que sólo la inversión privada mexicana puede cuadrar el círculo. Pero a estas alturas también se debe haber percatado que las comidas, las sonrisas y la “buena vibra”, emanadas todas de sus encuentros en Palacio, no se traducen en resultados tangibles.
Agrego un dato anecdótico a los que ofrecí unas semanas atrás. Hace poco tiempo un ex alto funcionario del sector financiero desayunó con la mitad del Grupo de los Diez en Monterrey. Les preguntó qué porcentaje de sus nuevas inversiones corresponderían a 80% afuera o adentro, y dónde se ubicaría el otro 20%. Todos respondieron que 80% fuera, 20% en México. No sé si una nueva agrupación de negocios pueda cambiar estas proporciones, ni si los magnates le dicen la verdad a Sheinbaum: en las condiciones actuales, van a seguir invirtiendo poco en México.
Lo cual conduce al dilema de los empresarios. Desde el arranque de la 4T hace ya siete años, el capital se ha enfrentado a una disyuntiva compleja. Por un lado, divergen radicalmente de las políticas macroeconómicas de los sucesivos gobiernos; discrepan de la retórica extremista a la que recurren; desconfían de las reformas que impulsan; resienten los abusos o francas extorsiones fiscales a las que algunos se han visto sometidos; y le guardan escaso respeto a la mayoría de los colaboradores de ambos presidentes. Todo ello, en privado, desde luego.
Pero, por otra parte, se muestran renuentes a confrontar al régimen, y ello por varias razones. En primer término, a muchas de sus empresas les ha ido muy bien en lo individual durante estos siete años. No guardan motivos de rencor en el ámbito estrictamente de sus negocios, salvo en lo fiscal. En segundo lugar, como se ha demostrado desde hace decenios, muchos son concesionarios que dependen de la buena fe gubernamental para subsistir, aunque el costo colectivo para las autoridades de retirar todas las concesiones en México resultaría impagable. Pero se sienten vulnerables.
Una tercera razón reside en la tradicional aversión mexicana al conflicto, y en la predilección especialmente empresarial en evitar el enfrentamiento. En ocasiones –con Echeverría, casi todo el sexenio, con López Portillo al final del suyo– partes importantes del patronato se rebelaron contra Los Pinos, impulsando incluso campañas de desprestigio y calumnias personales indignantes. Pero no es la costumbre. Al contrario, las personas de negocios en México prefieren llevar la fiesta en paz, casi por principio.
¿Qué hacer? diría Lenin. Manifestar en privado los desacuerdos empresariales con la reforma judicial, la del amparo, la electoral, la de aguas, la de la industria eléctrica de antes, etc., no surte ningún efecto. Hacerlo públicamente puede incidir levemente en el desenlace de los proyectos de reforma, pero posiblemente a un costo exorbitante para quienes incurran en este tipo de tomas de posición. Apoyar a la oposición, a las voces críticas, a las organizaciones de la sociedad civil contestarias es útil, pero peligroso con un régimen cada vez más autoritario. Por eso la disyuntiva se antoja desgarradora, y por eso la resultante suele ser la parálisis.

 

Hay dos ideas preocupantes en las declaraciones oficiales sobre la inminente reforma electoral. La primera consiste en el deseo de que las mayorías se reconozcan, “porque así ha sido la historia de México”; la segunda busca eliminar parte de o toda la proporcionalidad en el Congreso, reduciendo la presencia y fuerza de las minorías, cualesquiera que sean. La combinación de ambas ambiciones representa una amenaza más para la desdichada democracia mexicana.
Una regla no escrita de la mayoría de las reformas electorales en México, desde la de López Portillo en 1977, y en muchos países, estipula que una condición sine qua non para su éxito y continuidad radica en el consenso. Si no están de acuerdo todos, o por lo menos un amplio segmento del espectro político, cualquier cambio en las reglas del juego será visto como unilateral y favorable al poder, y contrario a los intereses de la oposición.
Ciertamente resulta más fácil lograr este tipo de consensos en momentos fundacionales o de transición a la democracia: la constitución de la V República en Francia, en 1958; la Constitución española de 1977; la brasileña de 1988; las reformas mexicanas de 1977 a 1996. Cuando una reforma es limitada –abarcando un elemento técnico, digamos– y ocurre en sistemas políticos democráticos ya establecidos, pueden producirse cambios en el sufragio o la representación por mayoría, y que efectivamente favorecen al poder existente, sin que pase a mayores. Es el caso, por ejemplo, de la adopción del voto obligatorio en Chile recientemente, o de los tránsitos recurrentes de la elección por mayoría a la representación proporcional en Francia.
La situación hoy en México es contradictoria. Por un lado, llevamos casi treinta años de un régimen democrático, con elecciones limpias, equitativas, aceptadas por todos –salvo López Obrador en 2006, sin pruebas– y que han permitido múltiples alternancias. No debiera ser necesaria la unanimidad para promulgar una reforma electoral que sólo abarca un aspecto del régimen político: el modo de elegir legisladores.
Pero, por otra parte, los cambios que nos va a proponer la comisión encabezada por Pablo Gómez, of all people, se producirán en un contexto. Este es aquel descrito por Aguilar Camín en su nuevo libro, La dictadura germinal, y que incluye la desaparición de un Poder Judicial independiente, de los órganos autónomos del Estado, el control cada día más férreo de los medios y la militarización creciente. Por lo tanto, se podría suponer que las circunstancias ameritan que el poder procure el acuerdo de la oposición, y que ésta lo regatee con ferocidad, a menos de que sus intereses sean salvaguardados.
La composición del grupo redactor de la reforma, el hecho de que únicamente tendrán voto los miembros del gobierno, y la pésima reputación de Morena en lo que a consultas a la sociedad se refiere, sugieren –o más bien, aseguran– que la reforma se va a lograr por mayoriteo. Tanto en la comisión como en el Congreso.
La oposición se verá obligada a definir una postura compleja. Prestarse al juego de la 4T, cuando se sabe que los dados están cargados y la suerte está echada, se antoja absurdo. Incluso comparecer ante la comisión con la certeza previa de que sus opiniones no serán tomadas en cuenta, parece peligroso para los ex funcionarios electorales que se han manifestado en este sentido. Sin embargo, boicotear las deliberacio-nes sobre la reforma puede a su vez resultar ocioso y contraproducente: algo se podría tal vez lograr, y el rechazo tajante a todo el proceso parece obstruccionista y antidemo-crático.
Ya sabemos lo que va a hacer la 4T: apelar a los peores sentimientos simplistas “del pueblo” para construir un nuevo sistema electoral que consolide la concentración del poder. El pueblo piensa muchas tonterías en esta materia: por ejemplo, según Mitofsky, dos tercios de los mexicanos creen que los secretarios de Estado deben ser elegidos por el voto popular, lo cual no existe en ningún sistema político del mundo. La oposición y la crítica se encuentran así en un dilema del diablo, del que yo por lo menos no sé salir.

 

 

Se entiende que la presidenta se vanaglorie del supuesto éxito conseguido en el intercambio con Trump el día jueves. Y es lógico también que su equipo de colaboradores, así como el equipo de colaboradores en los medios del equipo de colaboradores, también se congratulen de haber esquivado la bala con la cual Trump nos había amenazado. En otro país, o en otro momento, estas actitudes oficiales serían objeto de discusión seria y sustantiva en el Congreso, en los medios, en el seno de la comentocracia. En México hoy, a medias.
Agreguemos un poco de confusión al conjunto de asuntos involucrados en la prórroga de 90 días. Para empezar, todo sigue vigente. No es que hasta dentro de 90 días se impongan aranceles. Se mantienen los aranceles ya impuestos: sobre el acero, el aluminio, el cobre, el jitomate, las autopartes y los automóviles en cuanto a sus componentes no procedentes de América del Norte, y sobre el total de exportaciones mexicanas no cubiertas por el T-MEC. Continúa la discusión sobre la proporción de estas últimas: México dice que 87 por ciento de las exportaciones están cubiertas; Lutnick dice que 75 por ciento; y Reforma, citando a la Oficina del Censo de Estados Unidos, dice que sólo 49 por ciento entran en esta categoría. En cualquier caso, todos estos aranceles persisten.
En segundo lugar, el gobierno de México aceptó, según Trump, eliminar de inmediato las barreras no arancelarias u otros obstáculos al comercio que actualmente rigen. Si bien ni Washington ni Palacio Nacional enumeraron dichas barreras y prácticas, se sabe algo al respecto. Hace unas cuantas semanas, Estados Unidos le entregó a su contraparte mexicana un documento de unas 20 páginas y 50 puntos, basados principalmente en otro documento oficial y público de Estados Unidos, a saber, The 2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers, páginas 262 en adelante, sobre los obstáculos al comercio según Estados Unidos. Estos incluyen barreras en aduanas, sobre instrumentos médicos, suministros y farmacéuticos, glifosato, pesticidas, barreras sanitarias y fitosanitarias, papas frescas, pagos electrónicos, servicios de seguros y telecomunicaciones, energía y minería.
Se suponía que la parte mexicana debía responder a dicho pliego petitorio estadunidense de manera satisfactoria, lo cual posiblemente hubiera permitido llegar a un acuerdo sobre aranceles. Parece que dicha respuesta no fue aceptable para los negociadores de Trump.
Asimismo, de acuerdo con filtraciones o afirmaciones de la presidenta Sheinbaum, México también formuló una serie de propuestas sobre distintas maneras de reducir el déficit comercial de Estados Unidos con México, uno de los factores que le dan urticaria a Donald Trump. De nuevo, todo indica que las ideas mexicanas no resultaron satisfactorias para su contraparte. Lo cual también contribuyó a la ausencia de un acuerdo sobre aranceles.
En otras palabras, México trató de lograr un convenio con Estados Unidos sobre aranceles, reduciéndolos a niveles parecidos, por ejemplo, a la Unión Europea, o eliminándolos por completo y simplemente aplicando las disposiciones del T-MEC. Esto no sucedió. ¿Estamos mejor que otros países? Depende de cuáles. ¿Mejor que Brasil, China y Canadá? Por ahora, sí. ¿Mejor que la Unión Europea y Japón, con aranceles del 15%? No, también por ahora. ¿Nos hubiera podido ir peor? Sin duda, y este razonamiento siempre funciona para quienes se resignan al consuelo de tontos.
En Europa, el acuerdo al que llegaron Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha sido ampliamente discutido y criticado, no solamente por algunos de los gobiernos miembros sino por ex negociadores de acuerdos comerciales, por congresistas de los propios partidos en el poder, e incluso por jefes de Estado o de gobierno de la Unión, entre otros, Pedro Sánchez y Emmanuel Macron. En México, es poco probable que esto suceda.
Lo que en todo caso merecería ser discutido es si la prórroga de 90 días le conviene al país, al igual que al gobierno, o si más bien mantener la incertidumbre otros tres meses, con la esperanza de que a partir de noviembre se pueda empezar a renegociar el T-MEC tanto con Estados Unidos como con Canadá puede resultar iluso. Habría que poder calcular los costos y beneficios de ganar 90 días versus las ventajas y desventajas de iniciar la renegociación desde ahora para que concluya más rápidamente. A menos de que México haya planteado justamente esto, y al igual que sus demás propuestas, haya recibido una negativa categórica por parte de Washington.