Ahora la presidencia creó un nuevo consejo empresarial para fomentar la inversión privada en México. Con algunas excepciones, se trata del mismo grupo de empresarios que creó hace un año, encabezado por Altagracia Gómez, para impulsar el llamado Plan México. Blanca Treviño no aparece en el nuevo; otras mujeres tampoco. No figuran Armando Garza Sada, ni Eduardo Tricio o Antonio del Valle. Incluye a varios integrantes que también lo fueron del Consejo Asesor Empresarial fundado por López Obrador en noviembre de 2018, y otros que no, como Miguel Alemán o Ricardo Salinas Pliego. Se puede suponer que este nuevo conjunto tendrá éxito en lo que sus pares anteriores no lograron: elevar de manera significativa el porcentaje del PIB dedicado cada año a la inversión por parte del capital privado mexicano.
Parece que una de las razones de la formación del nuevo ensamble radica en los diferendos y las rivalidades en el círculo gubernamental encargado de atender o representar al empresariado. Francisco Cervantes ya se va, pero se dice que quiere chamba; José Medina Mora llega a la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial con una actitud menos sumisa que su predecesor; Altagracia se ha desgastado sin resultados notables; Ebrard busca siempre abarcar todo. Pero más allá de lo personal, la nueva iniciativa, que probablemente celebrará una que otra reunión de vez en cuando, hasta que se desvanezca, responde por parte del gobierno a una imperiosa necesidad, y por parte del capital, a una desgarradora disyuntiva.
La necesidad para la presidencia consiste en que la economía crezca, y no crece. Sheinbaum sabe que las cifras de inversión extranjera son más aspiracionales y manipuladas que reales; que el presupuesto no da para aumentar la inversión pública; y que sólo la inversión privada mexicana puede cuadrar el círculo. Pero a estas alturas también se debe haber percatado que las comidas, las sonrisas y la “buena vibra”, emanadas todas de sus encuentros en Palacio, no se traducen en resultados tangibles.
Agrego un dato anecdótico a los que ofrecí unas semanas atrás. Hace poco tiempo un ex alto funcionario del sector financiero desayunó con la mitad del Grupo de los Diez en Monterrey. Les preguntó qué porcentaje de sus nuevas inversiones corresponderían a 80% afuera o adentro, y dónde se ubicaría el otro 20%. Todos respondieron que 80% fuera, 20% en México. No sé si una nueva agrupación de negocios pueda cambiar estas proporciones, ni si los magnates le dicen la verdad a Sheinbaum: en las condiciones actuales, van a seguir invirtiendo poco en México.
Lo cual conduce al dilema de los empresarios. Desde el arranque de la 4T hace ya siete años, el capital se ha enfrentado a una disyuntiva compleja. Por un lado, divergen radicalmente de las políticas macroeconómicas de los sucesivos gobiernos; discrepan de la retórica extremista a la que recurren; desconfían de las reformas que impulsan; resienten los abusos o francas extorsiones fiscales a las que algunos se han visto sometidos; y le guardan escaso respeto a la mayoría de los colaboradores de ambos presidentes. Todo ello, en privado, desde luego.
Pero, por otra parte, se muestran renuentes a confrontar al régimen, y ello por varias razones. En primer término, a muchas de sus empresas les ha ido muy bien en lo individual durante estos siete años. No guardan motivos de rencor en el ámbito estrictamente de sus negocios, salvo en lo fiscal. En segundo lugar, como se ha demostrado desde hace decenios, muchos son concesionarios que dependen de la buena fe gubernamental para subsistir, aunque el costo colectivo para las autoridades de retirar todas las concesiones en México resultaría impagable. Pero se sienten vulnerables.
Una tercera razón reside en la tradicional aversión mexicana al conflicto, y en la predilección especialmente empresarial en evitar el enfrentamiento. En ocasiones –con Echeverría, casi todo el sexenio, con López Portillo al final del suyo– partes importantes del patronato se rebelaron contra Los Pinos, impulsando incluso campañas de desprestigio y calumnias personales indignantes. Pero no es la costumbre. Al contrario, las personas de negocios en México prefieren llevar la fiesta en paz, casi por principio.
¿Qué hacer? diría Lenin. Manifestar en privado los desacuerdos empresariales con la reforma judicial, la del amparo, la electoral, la de aguas, la de la industria eléctrica de antes, etc., no surte ningún efecto. Hacerlo públicamente puede incidir levemente en el desenlace de los proyectos de reforma, pero posiblemente a un costo exorbitante para quienes incurran en este tipo de tomas de posición. Apoyar a la oposición, a las voces críticas, a las organizaciones de la sociedad civil contestarias es útil, pero peligroso con un régimen cada vez más autoritario. Por eso la disyuntiva se antoja desgarradora, y por eso la resultante suele ser la parálisis.

 

Hay dos ideas preocupantes en las declaraciones oficiales sobre la inminente reforma electoral. La primera consiste en el deseo de que las mayorías se reconozcan, “porque así ha sido la historia de México”; la segunda busca eliminar parte de o toda la proporcionalidad en el Congreso, reduciendo la presencia y fuerza de las minorías, cualesquiera que sean. La combinación de ambas ambiciones representa una amenaza más para la desdichada democracia mexicana.
Una regla no escrita de la mayoría de las reformas electorales en México, desde la de López Portillo en 1977, y en muchos países, estipula que una condición sine qua non para su éxito y continuidad radica en el consenso. Si no están de acuerdo todos, o por lo menos un amplio segmento del espectro político, cualquier cambio en las reglas del juego será visto como unilateral y favorable al poder, y contrario a los intereses de la oposición.
Ciertamente resulta más fácil lograr este tipo de consensos en momentos fundacionales o de transición a la democracia: la constitución de la V República en Francia, en 1958; la Constitución española de 1977; la brasileña de 1988; las reformas mexicanas de 1977 a 1996. Cuando una reforma es limitada –abarcando un elemento técnico, digamos– y ocurre en sistemas políticos democráticos ya establecidos, pueden producirse cambios en el sufragio o la representación por mayoría, y que efectivamente favorecen al poder existente, sin que pase a mayores. Es el caso, por ejemplo, de la adopción del voto obligatorio en Chile recientemente, o de los tránsitos recurrentes de la elección por mayoría a la representación proporcional en Francia.
La situación hoy en México es contradictoria. Por un lado, llevamos casi treinta años de un régimen democrático, con elecciones limpias, equitativas, aceptadas por todos –salvo López Obrador en 2006, sin pruebas– y que han permitido múltiples alternancias. No debiera ser necesaria la unanimidad para promulgar una reforma electoral que sólo abarca un aspecto del régimen político: el modo de elegir legisladores.
Pero, por otra parte, los cambios que nos va a proponer la comisión encabezada por Pablo Gómez, of all people, se producirán en un contexto. Este es aquel descrito por Aguilar Camín en su nuevo libro, La dictadura germinal, y que incluye la desaparición de un Poder Judicial independiente, de los órganos autónomos del Estado, el control cada día más férreo de los medios y la militarización creciente. Por lo tanto, se podría suponer que las circunstancias ameritan que el poder procure el acuerdo de la oposición, y que ésta lo regatee con ferocidad, a menos de que sus intereses sean salvaguardados.
La composición del grupo redactor de la reforma, el hecho de que únicamente tendrán voto los miembros del gobierno, y la pésima reputación de Morena en lo que a consultas a la sociedad se refiere, sugieren –o más bien, aseguran– que la reforma se va a lograr por mayoriteo. Tanto en la comisión como en el Congreso.
La oposición se verá obligada a definir una postura compleja. Prestarse al juego de la 4T, cuando se sabe que los dados están cargados y la suerte está echada, se antoja absurdo. Incluso comparecer ante la comisión con la certeza previa de que sus opiniones no serán tomadas en cuenta, parece peligroso para los ex funcionarios electorales que se han manifestado en este sentido. Sin embargo, boicotear las deliberacio-nes sobre la reforma puede a su vez resultar ocioso y contraproducente: algo se podría tal vez lograr, y el rechazo tajante a todo el proceso parece obstruccionista y antidemo-crático.
Ya sabemos lo que va a hacer la 4T: apelar a los peores sentimientos simplistas “del pueblo” para construir un nuevo sistema electoral que consolide la concentración del poder. El pueblo piensa muchas tonterías en esta materia: por ejemplo, según Mitofsky, dos tercios de los mexicanos creen que los secretarios de Estado deben ser elegidos por el voto popular, lo cual no existe en ningún sistema político del mundo. La oposición y la crítica se encuentran así en un dilema del diablo, del que yo por lo menos no sé salir.

 

 

Se entiende que la presidenta se vanaglorie del supuesto éxito conseguido en el intercambio con Trump el día jueves. Y es lógico también que su equipo de colaboradores, así como el equipo de colaboradores en los medios del equipo de colaboradores, también se congratulen de haber esquivado la bala con la cual Trump nos había amenazado. En otro país, o en otro momento, estas actitudes oficiales serían objeto de discusión seria y sustantiva en el Congreso, en los medios, en el seno de la comentocracia. En México hoy, a medias.
Agreguemos un poco de confusión al conjunto de asuntos involucrados en la prórroga de 90 días. Para empezar, todo sigue vigente. No es que hasta dentro de 90 días se impongan aranceles. Se mantienen los aranceles ya impuestos: sobre el acero, el aluminio, el cobre, el jitomate, las autopartes y los automóviles en cuanto a sus componentes no procedentes de América del Norte, y sobre el total de exportaciones mexicanas no cubiertas por el T-MEC. Continúa la discusión sobre la proporción de estas últimas: México dice que 87 por ciento de las exportaciones están cubiertas; Lutnick dice que 75 por ciento; y Reforma, citando a la Oficina del Censo de Estados Unidos, dice que sólo 49 por ciento entran en esta categoría. En cualquier caso, todos estos aranceles persisten.
En segundo lugar, el gobierno de México aceptó, según Trump, eliminar de inmediato las barreras no arancelarias u otros obstáculos al comercio que actualmente rigen. Si bien ni Washington ni Palacio Nacional enumeraron dichas barreras y prácticas, se sabe algo al respecto. Hace unas cuantas semanas, Estados Unidos le entregó a su contraparte mexicana un documento de unas 20 páginas y 50 puntos, basados principalmente en otro documento oficial y público de Estados Unidos, a saber, The 2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers, páginas 262 en adelante, sobre los obstáculos al comercio según Estados Unidos. Estos incluyen barreras en aduanas, sobre instrumentos médicos, suministros y farmacéuticos, glifosato, pesticidas, barreras sanitarias y fitosanitarias, papas frescas, pagos electrónicos, servicios de seguros y telecomunicaciones, energía y minería.
Se suponía que la parte mexicana debía responder a dicho pliego petitorio estadunidense de manera satisfactoria, lo cual posiblemente hubiera permitido llegar a un acuerdo sobre aranceles. Parece que dicha respuesta no fue aceptable para los negociadores de Trump.
Asimismo, de acuerdo con filtraciones o afirmaciones de la presidenta Sheinbaum, México también formuló una serie de propuestas sobre distintas maneras de reducir el déficit comercial de Estados Unidos con México, uno de los factores que le dan urticaria a Donald Trump. De nuevo, todo indica que las ideas mexicanas no resultaron satisfactorias para su contraparte. Lo cual también contribuyó a la ausencia de un acuerdo sobre aranceles.
En otras palabras, México trató de lograr un convenio con Estados Unidos sobre aranceles, reduciéndolos a niveles parecidos, por ejemplo, a la Unión Europea, o eliminándolos por completo y simplemente aplicando las disposiciones del T-MEC. Esto no sucedió. ¿Estamos mejor que otros países? Depende de cuáles. ¿Mejor que Brasil, China y Canadá? Por ahora, sí. ¿Mejor que la Unión Europea y Japón, con aranceles del 15%? No, también por ahora. ¿Nos hubiera podido ir peor? Sin duda, y este razonamiento siempre funciona para quienes se resignan al consuelo de tontos.
En Europa, el acuerdo al que llegaron Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha sido ampliamente discutido y criticado, no solamente por algunos de los gobiernos miembros sino por ex negociadores de acuerdos comerciales, por congresistas de los propios partidos en el poder, e incluso por jefes de Estado o de gobierno de la Unión, entre otros, Pedro Sánchez y Emmanuel Macron. En México, es poco probable que esto suceda.
Lo que en todo caso merecería ser discutido es si la prórroga de 90 días le conviene al país, al igual que al gobierno, o si más bien mantener la incertidumbre otros tres meses, con la esperanza de que a partir de noviembre se pueda empezar a renegociar el T-MEC tanto con Estados Unidos como con Canadá puede resultar iluso. Habría que poder calcular los costos y beneficios de ganar 90 días versus las ventajas y desventajas de iniciar la renegociación desde ahora para que concluya más rápidamente. A menos de que México haya planteado justamente esto, y al igual que sus demás propuestas, haya recibido una negativa categórica por parte de Washington.

Traté de explicar en una columna de El Universal las razones por las cuales no pienso que Adán Augusto López Hernández será defenestrado de su cargo como líder de Morena en el Senado. Tampoco le sucederá algo parecido a Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados. No me convence ninguno de los argumentos esgrimidos por los colegas de la comentocracia, que me parecen pertenecer más bien al ámbito del “wishful thinking”. No repetiré dichos argumentos, sino más bien reiteraré mi motivo para discrepar de lo que llamé un consenso comentocrático.
López Obrador fijó de manera explícita las reglas de la sucesión. Vencería quien él decidiera, y los perdedores recibirían premios de consolación. Ocuparían cargos en el gabinete, o en el Congreso. Obviamente no serían perseguidos, y sus nombramientos durarían por lo menos hasta las elecciones intermedias o la revocación de mandato.
Acompañaron estos compromisos públicos otros más reservados, que poco a poco han ido trascendiendo al dominio público. Una persona perteneciente al gabinete le explicó hace poco a un interlocutor que sugería/solicitaba la remoción de un funcionario de nivel medio del sexenio anterior que no era posible. Le explicó que todos los nombramientos con la firma del ex presidente permanecerían vigen-tes a menos de que él o la interesada así lo pidiera.
Lo hemos comprobado con las embajadas de México. Salvo el caso de Laura Esquivel en Brasil, quien solicitó su retorno a México e incluso, parece, pagó su boleto de regreso, todas las designaciones siguen intactas. Desde los ex gobernadores en Madrid, Barcelona, Noruega, Canadá, y República Dominicana, hasta los amigos presidenciales (Washington, la ONU, Londres, París, Buenos Aires), todos se mantienen en sus cargos y no parece haber sustituciones inminentes.
Lo mismo sucede a lo largo y ancho del sector público, sobre todo en el gabinete, donde con la excepción de Rogelio Ramírez, todos los colaboradores de AMLO continúan en sus puestos: los mismos, o rotados. El entramado es amplio, complejo y precario. El retiro de una de las piedras de la bóveda, aunque no sea la clave de la misma, podría provocar el derrumbe de toda la estructura.
Por eso Adán Augusto y Monreal van a sobrevivir en sus sinecuras. De ser desterrados a embajadas o peor aún, al desempleo, entrarían en pánico no sólo las demás corcholatas, sino todos los pejistas en el gobierno de Sheinbaum. Lo cual implicaría un sismo o cisma en el régimen, y revelaría una de las características de la candidatura ganadora. Sheinbaum se rodeó del equipo de López Obrador en alguna medida porque carecía de equipo propio.
Todos los vaticinios son temerarios, aún cuando se presentan como sugerencias, más que afirmaciones. Coincido plenamente con Otto Granados que no tiene sentido, desde la crítica o la oposición, formularle recomendaciones al gobierno. No las necesita, no las atiende, y no dignifican al emisario. Prefiero correr el riesgo de equivocarme en el pronóstico, que compartir mis deseos o consejos con un gobierno indiferente ante ambos.

 

No sé si Alessandra Rojo de la Vega escogió el mejor de los pleitos posibles con la 4T al desmontar la escultura del Jardín La Tabacalera en su alcaldía donde aparecen Fidel Castro y el Che Guevara. Hay pocas cosas que le pican tanto la cresta a los morenistas y a los partidarios del gobierno de ese partido, en la Ciudad de México y a nivel federal, como cualquier falta de supuesto respeto a sus verdaderos héroes: los autores y beneficiarios de la revolución cubana.
Pero lo que sí es cierto es que, a través de este posible error de tacto, se puede detonar una discusión interesante en la Ciudad de México. O por lo menos en las redes sociales y en las páginas donde la comentocracia comenta, justamente sobre la situación cubana, su historia, sus orígenes y desenlaces, y sobre el vínculo entre el carácter cada vez más autoritario de la 4T, y su profunda e incondicional admiración por la dictadura castrista.
Esta discusión podría llegar a parecerse –ojalá– a la que poco a poco empieza a surgir en Chile. Como saben algunos, la izquierda chilena en su conjunto acaba de elegir, a través de una primaria, a una candidata única a la presidencia que se juega en las elecciones de octubre y noviembre. Escogieron de manera abrumadora a Jeannett Jara, que fue ministra de Trabajo del gobierno de Gabriel Boric, y ha sido militante del Partido Comunista Chileno desde hace más de 30 años. Toda la izquierda chilena –la democrática y la que no lo es tanto– resolvió apoyar con mayor o menor entusiasmo a Jara, desde Ricardo Lagos hasta Michelle Bachelet, y pasando por todos los matices y sinuosidades de esa izquierda. Algunos lo hacen tapándose la nariz y por respetar las normas acordadas, y otros lo hacen con entusiasmo.
Por ahora, Jara ha mostrado una fortaleza en las encuestas que puede resultar sorprendente. En primera vuelta le gana a los tres candidatos posibles de la derecha y ultraderecha, y en segunda vuelta está más o menos empatada con ellos. Esto a pesar de que la mayoría de los analistas, observadores y actores de la política chilena consideran que es absolutamente imposible que un electorado conservador –donde el voto es obligatorio– pueda elegir a una presidenta miembro del Partido Comunista.
Entre las preguntas que han surgido en Chile figuran las mismas que podría uno dirigir a quienes critican la desaparición del pequeño monumento a Castro y Guevara, o a quienes siguen idolatrando al régimen de La Habana. ¿Cómo se puede creer en la vocación democrática de Jara si es incapaz de pintar claramente su raya frente al régimen autoritario o dictadura isleña? ¿Cómo puede, por un lado, defender los principios democráticos chilenos contra candidatos de ultraderecha sin, por el otro, condenar la existencia de casi mil presos políticos en Cuba? ¿Cómo puede presentar una plataforma económica sensata, moderada y moderna, si sigue aplaudiendo el fracaso total del régimen cubano, y culpando a Estados Unidos de todos los males de esa catástrofe?
En México se podrían dirigir algunas preguntas parecidas a los partidarios de la 4T dentro y fuera del gobierno. ¿Qué hubiera sucedido si en una alcaldía tradicionalmente conservadora, como la Benito Juárez o en buena medida la Miguel Hidalgo, se hubiera erigido una estatua en honor a Augusto Pinochet, Francisco Franco o Benito Mussolini (por lo de Benito, por supuesto) y al llegar al poder Morena en cualquiera de dichas alcaldías, hubiera recibido presiones para “eliminarla”? ¿La izquierda hubiera permitido que permanecieran ahí o las hubiera retirado? Tendrían buenos argumentos para esconderlas: es aberrante que un país democrático y en una ciudad en teoría liberal, se festeje y se honre a dictadores sanguinarios en distintas etapas de la historia.
Pero esta pregunta desemboca en otra. ¿Cuál es la diferencia entre la dictadura chilena, española e italiana, por sólo mencionar esas, y la dictadura cubana? Una de ellas, desde luego, es que la isleña ha sido mucho más longeva. Lleva 66 años, mientras que Mussolini sólo alcanzó un par de décadas, Franco 30 años, y Pinochet apenas 17.
El tema no es cómo llegaron Castro y Guevara a México, ni si era justo rebelarse contra otra dictadura, la de Batista, producto de una elección fraudulenta en 1952, tal y como López Obrador tilda a la de 2006 y toda la izquierda a la de 1988. Supongo entonces que los partidarios de la 4T que festejan la invasión desde México a Cuba por los guerrilleros del Granma en 1956 justificarían una rebelión armada en México en 1988 o 2006. Sólo que ninguno de ellos, ni sus dirigentes ni sus militantes, pensaron en ello.
Es una lástima que Cuba no figure en la discusión mexicana, como empieza a hacerlo en el debate chileno. Nos serviría mucho para saber bien a bien qué piensa cada quien en México, Y, por cierto, sólo por no dejar, parece temerario por parte del gobierno seguir manteniendo buena parte, por lo menos hasta tiempos muy recientes, los apoyos a la dictadura de Díaz-Canel, cuando sabe que en algún momento vendrá un ukase de Trump recriminándolo y posiblemente prohibiéndolo.

El hecho de que a muy pocos mexicanos les importa o les interesa lo que sucede en el resto del mundo no obsta para que los acontecimientos y los procesos que se debaten en el ámbito externo sean dignos de ser reseñados. A riesgo de aburrir a buena parte de mis escasos lectores, propongo una breve reflexión sobre las consecuencias de la nueva guerra fría entre China y Estados Unidos para los países del mal llamado Sur Global.
En un buen número de foros académicos, en centros de pensamiento, en juntas editoriales y cancillerías, una de las principales discusiones en curso consiste en el margen de maniobra de países terceros, dada la creciente rivalidad entre China y Estados Unidos. Los europeos, por ejemplo, se encuen-tran divididos o, francamente, en un estado de esquizofrenia. Alemania busca mantener sus relaciones comerciales privilegiadas con Beijing, pero sabe que necesita del paraguas de seguridad de Washington ante la amenaza de Putin. España, alejada del frente ucraniano, coquetea con los chinos cada vez que puede. La UE en su conjunto desea el mejor de ambos mundos, pero sabe que al final del día, a pesar de Trump, permanecerá en el bando occidental.
En el Sur Global, las cosas son más complicadas. Gobiernos, especialistas, movimientos políticos y líderes históricos manifiestan distintos tipos de anhelos en una dirección: no tomar partido, y obtener el mayor beneficio posible de cada una de las superpotencias. A través de los BRICS+, del Grupo de los 77+1, de teorías como la del no-alineamiento activo para América del Sur de Heine, Fortún y Ominami, y de todos los partidarios de la idea de reformas a las instituciones multilaterales, se trasluce una cierta nostalgia por el Movimiento de los No Alineados de los años sesenta y setenta, de Nasser, Sukarno, Nehru y Tito. Su aspiración, su sueño, descansa en mantener buenas relaciones diplo-máticas, comerciales, financieras, tecnológicas e incluso militares con China y con Estados Unidos, sin colocarse firmemente en ninguno de los dos bandos.
La mayoría de las simpatías del Sur Global se inclinan hacia el Imperio del Medio. Muchos creen que Estados Unidos no puede ser un socio confiable, generoso, solidario y altruista, y que si bien China también posee intereses nacionales muy concretos, es “mejor onda” que los norteamericanos.
Haciendo a un lado los matices que imperan entre países y analistas, y la veracidad de los sentimientos de los distintos “pueblos”, la gran pregunta reside en saber si la equidistancia, o el mayor aprovechamiento de cada gigante, es realmente factible. La interrogante es sencilla: cuántos países podrán resistir las presiones de Washington y Beijing para alinearse, en el entendido que dichas presiones no son simétricas ni idénticas. Estados Unidos le da prioridad a impedir la entrada de tecnología china a múltiples países; por ahora, China busca votos y puestos en todos los organismos internacionales, y procura mantener abiertos mercados para su sobreproducción subsidiada: automóviles, paneles solares, semiconductores, etc. Ambos aprietan, cada uno a su manera.
Existen países para los cuales la idea de una especie de neutralidad simplemente no es verosímil. El caso más evidente es México; otro es Canadá, junto con las repúblicas bálticas, Polonia, Mongolia, etc. Para otros tal vez sí. Parece obvio que la India puede aspirar a una auténtico no alineamiento: por su historia (se mantuvo al margen de ambas superpotencias durante la primera Guerra Fría), su demografía, su ubicación geográfica y sus proezas tecnológicas. Indonesia constituye otra posibilidad, también por su población, su geografía y su pertenencia al mundo musulmán. El otro candidato aparente es Brasil.
Gracias a sus dimensiones, su número de habitantes, sus recursos naturales, a la diversificación de su comercio exterior y sus ambiciones (O Brasil, país grande), el gigante sudamericano podría aspirar a hacer su juego aparte, o en todo caso con los BRICS originales. Ya pudo resistir a la exigencia norteamericana de no contratar el servicio 5G con la empresa china Huawei; Lula se ha acercado cada día más a Xi Jinping y a Putin, y ahora, con las agresiones de Trump, motivos le sobran para alejarse de Washington.
Como se informó esta semana, el presidente estadunidense amenazó a Brasil con un arancel generalizado de 50% si no permitía la entrada de más productos norteamericanos y, sobre todo, si no suspendía la “cacería de brujas” contra el ex presidente golpista Jair Bolsonaro. El gobierno brasileño respondió con una lógica y bienvenida indignación, y con la amenaza de aranceles recíprocos, aunque prefiere, dijo, la diplomacia y la negociación.
Veremos en qué desemboca este enfrentamiento, que encierra dos significados simultáneos. Se trata de un pleito comercial y personal de Trump, con un colega que le cae mal, y cuya némesis es su amigo, pero también de algo más estructural. Se juega en parte el principio de un reacomodo de fondo. ¿Podrá Brasil resistir a Estados Unidos, sin acabar en los brazos de los chinos? ¿O sucumbirá al chantaje de Trump porque no le queda de otra? Se trata, quizás, de la primera escaramuza de la segunda Guerra Fría.

Jorge G. Castañeda, artículo, El Sur, La primera escaramuza de la segunda Guerra Fría, Estados Unidos, China, BRICS, Sur Global, México, Brasil

 

 

Por buenas razones, los partidarios de la 4T señalan la seguridad y la violencia como el rubro de la gestión gubernamental que más éxitos ha cosechado durante estos primeros nueve meses. No existen muchos más, y han logrado generar la sensación de que hay un cambio en relación al sexenio anterior, y que pueden presentar buenas cuentas al respecto.
Sobre el cambio y la novedad, se ha escrito mucho y yo mismo apunté mis dudas en una nota en El Universal. Transformar una respuesta táctica para Sinaloa en una estrategia nacional es hábil, pero no necesariamente válido. En cuanto a las buenas cuentas, también se han publicado comentarios escépticos sobre peras y manzanas, que ponen en tela de juicio la proclamación oficial de una caída de más de 20 puntos porcentuales en el número de homicidios dolosos durante estos meses. La crítica se basa en la contabilidad: ¿hay menos muertos, o los están contabilizando de una manera diferente?
La duda es pertinente incluso para 2024. Ese año, de acuerdo con las cifras del SESNSP, tuvieron lugar 30 mil 48 homicidios dolosos: casi la misma cifra que en 2023 (29 mil 721). Cesó el alza de estos muertos. Pero si vemos los números de personas desaparecidas y no localizadas del Registro del mismo nombre (RNPDNO), el total creció casi 30 por ciento: de 10 mil 547 a 13 mil 083. En otras palabras, si sumamos homicidios dolosos y desapariciones (sin incluir las “defunciones violentas con inten-cionalidad no determinada”, un maravilloso eufemismo mexica-no…) tenemos cuarenta mil en 2023, y cuarenta y tres mil en 2024. Se trata de un incremento de casi 9 por ciento.
Disponemos de cifras análogas para los primeros cinco meses de este año. La de homicidios dolosos es de 10 mil 767; si la extrapolamos para todo el año, nos daría 25 mil 800. La de desaparecidos es de 7 mil 323; si la extrapolamos para todo 2025, nos daría 17 mil 500. Si sumamos los dos, nos arroja un total de 43.3 mil muertos por estos conceptos para todo el año: casi exactamente la misma cifra que el año anterior.
Se podrá replicar que ha descendido el ritmo, y que la simple extrapolación no toma en consideración esta tendencia. Tal vez, aunque estará por verse. Pero en ese caso, podemos comparar las cifras de los primeros cinco meses de 2025 con el equivalente de los dos años anteriores. En 2023, la suma de desapariciones y homicidios dolosos de enero a mayo fue de 16.7 mil; en 2024 fue de 17.6, y en 2025, como ya dijimos, alcanzó el total de 18 mil, un poco más que durante el bienio previo. No hay tal disminución de muertos por estas dos causas, sin incluir otras posibles.
El problema yace obviamente en el incremento de los números de desaparecidos. Estos se pueden deber a una mejor contabilidad y acopio de datos, o a una mayor propensión por parte de los autores de los asesinatos a desaparecer cuerpos, o a una maniobra de las autoridades de clasificar homicidios y desapariciones de manera diferente, o a una combinación de estas explicaciones. Asimismo, es posible que ahora la proporción de desaparecidos que siguen con vida haya cambiado. Pero una disminución de muertos simplemente no parece existir. Ahora sí que “les venimos con el cuento de que los muertos son los muertos”. Allí están.

En días, en semanas recientes, varios columnistas, unos afines a la 4T, otros más o menos neutros, han llamado la atención a lo que quizás constituyó el mayor logro del sexenio de López Obrador. Me refiero al cambio significativo en la repartición del PIB entre remuneraciones al capital y al trabajo entre 2018 y 2024. Enrique Quintana y Jorge Zepeda Patterson, entre otros, destacan el incremento de 25 a 31 por ciento para las remuneraciones de los asalariados, y la reducción concomitante para el capital. Se trata sin duda de una transformación trascendente, cuya importancia hemos subrayado muchos desde hace años.
El pico en la historia moderna, o en todo caso desde que estas estadísticas existen, se alcanzó en 1976, cuando la parte del producto correspondiente al trabajo sumó 40 por ciento, de acuerdo con un trabajo de Norma Samaniego, citado en La Jornada en 2019. Se acercó a sumas equivalentes en 1980, con 38 por ciento. Corresponde, por cierto, a los años de mayor nivel del salario mínimo, que llegó a su máximo en 1974-1976. A partir de entonces, la línea descendiente fue constante, con breves alzas en 1993-1994 (34 por ciento), y en 2003-2004 (31 por ciento). El punto más bajo se dio, justamente, en 2018, con 25 por ciento del PIB. Estas cifras nos colocan en una situación inferior a la de varios países latinoamericanos (Brasil, Chile) y europeos (Francia, Alemania, España).
Detrás de estas cifras, sin embargo, yace un problema difícil de ignorar. Justo después de cada uno de los incrementos efímeros pero reales (1974-1976, 1980-1981, 1993-1994), se produjeron los grandes derrumbes de la economía mexicana, con las crisis de 1976, 1982 y 1994. No sugiero una relación causal entre unos hechos y otros, pero la coincidencia es curiosa, por no decir más.
Por otro lado, el alza durante el primer sexenio de la 4T acompañó al periodo de menor crecimiento económico desde la época de De la Madrid, con una expansión incluso negativa en términos per cápita. Decir que fue culpa de la pandemia es una gran mentira: todos los sexenios desde Salinas enfrentaron adversidades económicas externas e internas, pero crecieron más que en tiempos de AMLO. Y todo indica que si bien la proporción tan alta de remuneración al trabajo probablemente se prolongue con Claudia Sheinbaum, el crecimiento per cápita también será negativo, por lo menos durante la primera mitad del sexenio.
En una economía cerrada como la de México en 1974-1976, resultó imposible modificar la distribución del PIB de manera drástica sin que la acompañara una caída vertiginosa de la economía. En la economía abierta de hoy, no se han repetido los descalabros de antes, pero no crecimos tampoco. La gran pregunta es si la subida de la parte correspondiente al trabajo –mediante alzas inéditas del salario mínimo y de los salarios promedio– no imposibilita el crecimiento de modo duradero. Gente mucho más calificada seguramente ya se encuentra estudiando estos temas; la evolución misma de la realidad nos dirá mucho al respecto. Es cierto que las cifras de inversión sobre PIB alcanzaron niveles nunca vistos desde los años setenta en 2023; 80 por ciento de la inversión en México suele ser privada. Pero hay algo en todo esto que huele mal: hay demasiadas coincidencias para no ser escépticos y cuidadosos.

 

La visita del segundo de a bordo del Departamento de Estado, Christopher Landau, a Palacio Nacional debió haber sido justamente lo que dijo Claudia Sheinbaum: una visita de cortesía. No le corresponde nada más, e incluso esa definición se hubiera debido más bien a una deferencia por haber sido Landau embajador de Estados Unidos en México. Pero el encuentro no fue ni protocolario ni de cortesía. Tomó dos horas consecutivas, sin traducción, y con dos destacados miembros del gabinete presidencial presentes en el encuentro. De esta manera, la presidenta vuelve a cometer el mismo error de su predecesor. Cuando López Obrador recibía un día sí y un día no a Ken Salazar, imposibilitó la apelación a otra instancia cuando hubiera un desencuentro, como lo hubo a propósito de la reforma judicial. Es cierto que México y muchos otros países no pueden invocar sistemáticamente el principio de reciprocidad. El presidente de Estados Unidos rara vez recibe a representantes de otros gobiernos que no sean su homólogo. En el caso de México, muy pocos miembros de gabinetes presidenciales han tenido ese privilegio: quizás Videgaray con Trump cuando fue canciller, y es más o menos todo, que yo recuerde. Repetir un segundo error de López Obrador cuando recibía de manera recurrente a la encargada de seguridad dentro del Consejo Nacional de Seguridad, Elizabeth Sherwood, ahora con Landau puede traer consecuencias negativas a futuro.
Se dirá, quizás con algo de razón, que no está el horno para bollos. La situación con Washington se ha descompuesto a tal grado en las últimas semanas que quizás México no se encuentra en situación de poder disminuir el tiempo y el status de una visita así. Es posible que durante la misma se haya podido tratar el tema de la posible reunión entre Sheinbaum y Trump en Canadá, el contenido y las características de la próxima visita del secretario de Estado, Marco Rubio, a México, y las acusaciones de la secretaria de Seguridad Interna, Kristi Noem, a Claudia Sheinbaum de alentar las protestas contra el gobierno de Trump en Estados Unidos. En vista de todo ello, tal vez no se podía desaprovechar la escala en México de Landau, pero igual no presenta la mejor cara nuestra. De la misma manera que volver a haber pospuesto los anuncios de nombramientos de cónsules y embajadores, y haber cancelado la reunión de Comisiones Unidas en el Senado para ratificarlos, es otra señal de los mismos problemas que ya hemos comentado en otras páginas. El gobierno está paralizado.
Pero todo ello no basta para explicar lo que está sucediendo con Estados Unidos y las protestas contra las redadas y las deportaciones de la administración Trump. Y aquí vale la pena subrayar un hecho que apenas va apareciendo en todo su esplendor pero que seguramente dará mucho más que hablar en los próximos meses y años. Sheinbaum debió haber sido mucho más cuidadosa cuando habló de movilizaciones, aunque fuera sólo en contra del impuesto sobre las remesas y sin nunca avalar su posible carácter violento. Y es cierto también que ella no puede controlar la aparición de banderas mexicanas en las protestas, sobre todo en Los Ángeles, pero cada día con mayor ubicuidad en muchas ciudades de ese país.
Pero lo que sí es su responsabilidad consiste en entender que Morena ya es hoy en México un partido de Estado, como lo fue el PRI durante muchos años, y como lo son varios partidos en varios otros países, que muchos integrantes de Morena admiran sobremanera. Por lo tanto, un partido que controla el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, que tiene un dominio más o menos completo sobre los medios masivos de comunicación, que ocupa más de las dos terceras partes de las gubernaturas en el país, incluyendo la capital de la República, y que busca cada día más cómo extender y prolongar su dominio, es un partido de Estado y, por lo tanto, cuando sus dirigentes, sus representantes, sus personalidades opinan y se movilizan –esos sí– comprometen al Estado. No importa tanto si el partido de Estado se haya completamente subordinado al gobierno –como fue el caso del PRI en México– o si el gobierno se encuentra dominado por el partido –como fue el caso en la URSS, en los países socialistas de Europa Oriental y en China durante buena parte del siglo XX. La identificación de partido con Estado y de Estado con partido vale para el país del que se trata, y vale también para la manera en que los demás países reaccionan ante él. La actitud de diversas voces ultraconservadoras en Estados Unidos dentro del gobierno, dentro del Partido Republicano, y sobre todo en las redes sociales y los medios tipo podcast de la derecha norteamericana, es comprensible. Si Fernández Noroña u otros activistas de Morena en México o en Estados Unidos se pronuncian sobre las redadas, las detenciones, el uso de la fuerza, las deportaciones, etcétera, estos sectores, con mala leche pero con fundamento, atribuyen esas posiciones al gobierno de México. Porque las personas que verbalizan esas posiciones forman parte de Morena y Morena forma parte del Estado. Entonces, conviene mejor reconocer que ser partido de Estado reviste muchas ventajas para un régimen autoritario y para los integrantes de Morena, pero también algunas desventajas. No se puede tener todo en la vida.

 

 

Ya expuse mis razones para no votar en las elecciones del Poder Judicial el 1 de junio en El Universal hace algunas semanas. Pero como supongo que los millones de lectores que me siguen en dicho diario no necesariamente son los mismos millones que me leen en Nexos, aclaro de nuevo mis motivos para abstenerme, agregando algunos.
El primero, que no cité antes: es evidente que el país ha entrado en un ciclo de violencia que no concluirá pronto. La situación en Sinaloa descrita por Carlos Tello en Milenio confirma la prolongación, la extensión y los costos de la guerra civil vigente en ese estado. Se necesitarán muchos más efectivos militares para restablecer el orden y el status quo ante, es decir, la pax narca. Cuando eso suceda, habrá que procesar, juzgar y condenar a los miles de participantes en la guerra civil.
¿Podrán hacerlo los jueces electos el 1 de junio? No veo cómo. Ojalá no haya más atentados como el de la Ciudad de México el martes en la mañana. Pero no debiera extrañarnos que sí se reproduzcan hechos semejantes. Los nuevos jueces ¿tendrán la capacidad, la honestidad y la valentía para atenderlos? Lo dudo.
Otro razonamiento nuevo, que muchos han mencionado ya: el T-MEC tuvo como propósito, para Robert Lighthizer, reducir el peso de los arbitrajes internacionales y del poder judicial norteamericano en la solución de controversias entre inversionistas de Estados Unidos e inversionistas mexicanos, y entre inversionistas norteamericanos y el Estado mexicano. Lo exigió el representante de USTR de Trump en 2018 para no incentivar inversiones extranjeras en México, y atraer mayores inversiones a su país. Cambiar por completo las reglas de selección, el personal, y la estructura del poder judicial en México abona en el mismo sentido. Si el TLCAN consistió primordialmente en un “desplazamiento” del Estado de derecho estadunidense a México para actores foráneos, la reforma judicial cancela lo que sobrevivía de esa intención. Representará un obstáculo para la llegada de recursos privados desde el exterior a nuestro país.
Las razones adicionales son bien conocidas. Ningún otro país, salvo Bolivia, procede de esta manera. Los jueces electos por el sufragio universal en nuestro vecino del norte lo son únicamente a nivel estatal, no en todos los estados, por supuesto que no en el caso de la Suprema Corte, y en un sistema que, gracias a la existencia de jurados, los jueces poseen menos poder que en México.
Las boletas, las casillas, los funcionarios del INE, el destino de los paquetes electorales y demás detalles de la elección propiamente, son aberrantes. Luis Carlos Ugalde lo ha explicado con claridad en Reforma estos días. Como yo no me especializo en estas materias, a diferencia de él, no me siento obligado a observar de cerca el proceso. Más bien, pretendo alejarme lo más posible del mismo. Los que vayan a votar, que se hagan bolas, o estudien por muchas horas para entender cómo hacerlo.
Entre menos gente vote, menor será la legitimidad del proceso. Quienes sostienen que la reforma llegó para quedarse y que resulta preferible que la avalen más ciudadanos, para mejorarla después, no me convencen. Se trata de una elección amañada a propósito, para que los electores movilizados por Morena elijan a candidatos a modo, y los demás mexicanos no tengan la menor idea de qué hacer. No veo la lógica de participar en esto.
Por último, los personajes. Ya sabemos que hay algunos candidatos del narco en la boleta. Seguramente figuran allí muchos más. Pero la simple posibilidad de que alguien como César Mario Gutiérrez Priego, hijo del zar-narco de las drogas, defensor de narcos y acusador mentiroso de personalidades intachables de la historia lejana, ingrese a la Suprema Corte, constituye un motivo adicional para no votar. Me dirán que Lenia Batres no es mejor, pero por lo menos no pertenece a la mafia de los narco-abogados de México.
Podré decirle, a los tres o cuatro interlocutores que todavía me escuchan y a quienes les importa lo que digo, que no tuve nada que ver con esta farsa. Consuelo de tontos, como el del impuesto de 3.5 por ciento a las remesas en lugar de 5 por ciento. Pero es el que hay.