Lo importante en un momento de gran tensión entre México y Estados Unidos, como el que vivimos actualmente, reside en comprender las señales que cada parte envía y recibe. En México, tendemos a adoptar una visión conspirativa, de omnipotencia y omnisciencia de Washington hacia nosotros; ellos tienden a negar la existencia de operaciones encubiertas, de golpes bajos y de acciones concertadas para promover sus intereses en México.
Por lo menos desde los acuerdos de Bucareli, Estados Unidos ha priorizado la estabilidad mexicana frente a cualquier otro objetivo, y México ha aceptado la inmensa asimetría en la correlación de fuerzas entre ambos países. Con Trump y Sheinbaum, estas dos premisas dan la impresión de esfumarse: pareciera que ya no valen. Lo cual dificulta enormemente la lectura de los acontecimientos y de los mensajes.
Dos filtraciones en los últimos días ilustran la complejidad y la gravedad de la coyuntura actual. El aviso del Departamento de Estado a CBS de que podría cambiar el status de los 53 consulados mexicanos en Estados Unidos, y la de alguien, probablemente la misma CIA, a CNN, que sus agentes participaron en la ejecución extrajudicial de dos personas –narcos o no, da igual– cerca del AIFA elevan el nivel de enfrentamiento. No importa que el tema de los consulados figurara en la agenda de Rubio desde hace meses, y que el atentado contra El Payín sucedió hace mes y medio. Lo significativo radica en el momento de la filtración: en el contexto del rechazo, burlón, bravucón y estridente, de Sheinbaum a la solicitud de detención de Rocha Moya.
Trump claramente viola la máxima de la estabilidad mexicana. Cualquiera entiende que los sucesivos ataques al gobierno de Sheinbaum generan debilidades y fracturas que no necesariamente podrán ser solventadas. Se trata de una secuencia de golpes uno tras otro que dificultan la gobernanza del país. No soy, desde luego, de los que piensan que si le va bien al presidente(a), le va bien a México. Pero es obvio que la sucesión de conflictos iniciados por Estados Unidos perjudica al país.
De la misma manera, Sheinbaum parece haber olvidado, o abandonado, el respeto por la asimetría. Incluso si ignoraba todo de las actividades de la CIA en México –no lo creo– el tono de sus respuestas a Trump, la cantaleta absurda de las pruebas y la repetición incansable de la soberanía pueden alterar el frágil equilibrio con Trump. Además de colocar a su gobierno en una situación insostenible: el coche bomba de Santa Lucía es una ejecución extrajudicial perpetrada por el Ejército mexicano, con o sin la asesoría o participación de la CIA.
Es evidente que vienen más incidentes, deliberados o accidentales (como el episodio de Chihuahua: un accidente). O nuevas acusaciones a más narco políticos de Morena, o investigaciones de más bancos en México, o nuevas represalias por la negativa de entregar a Rocha, a través de visas, remesas, designación de Morena como una FTO (ver el ya famoso Black Paper): la escalada va a seguir. Estados Unidos no se preocupa ya por las consecuencias de sus actos para la gobernabilidad mexicana, y Sheinbaum se despreocupa de la irritación, fastidio o franco encabronamiento que su retórica pueda despertar en el ánimo de Trump. Alguien tiene que dar un paso atrás. Parece más factible, deseable y necesario que lo haga México. Ahora sí que al mal paso darle prisa.

 

La acusación por un gran jurado del Southern District de Nueva York a Rubén Rocha Moya y otros políticos y funcionarios de Sinaloa suscita más preguntas que afirmaciones contundentes. Más allá de la obviedad imposible de evitar ni de negar –esto coloca a Claudia Sheinbaum en un dilema hamletiano pavoroso: ceder o no ceder, con consecuencias nefastas en ambos casos– surgen varias dudas evidentes y a la vez enigmáticas ante las cuales hoy no poseemos respuestas, a pesar de algunas fil-traciones a la prensa estadunidense.
Primera interrogante: ¿Washington le avisó a la presidenta con algo de antelación –una semana, un mes, tres meses– que si ella no actuaba contra Rocha, lo haría Estados Unidos? De no haberle brindado esa oportunidad, como creo que fue el caso con El Mencho, se trataría de una falta de confianza y de una violación a una regla no escrita de la relación bilateral: no surprises. De haberse producido la advertencia, es obvio que no fue acatada por el gobierno mexicano. ¿No les creyeron a los norteamericanos? ¿No actuaron porque no podían? ¿Prefirieron que fuera Trump quien pidiera y obtuviera la cabeza del gobernador de Sinaloa, para luego poder decirle al interfecto: “¿Perdimos, Pollo”?
Segunda pregunta: ¿Cuál es la lógica de dar la batalla por la vía leguleya de “no hay pruebas” y “ventilaron públicamente” el asunto? Si se leen juntos los artículos 10 y 11 del Tratado de Extradición con Estados Unidos –la ley que rige– es evidente que no es necesario presentar pruebas, contundentes o no, si se trata de una “urgencia” que justifica la “solicitud de detención provisional para fines de extradición”. Estados Unidos dispone de 60 días para presentar elementos probatorios, que además solo deben superar un umbral muy bajo de valor. Basta con justificar la probabilidad de la culpa; el juicio propiamente tendrá lugar en Estados Unidos. México se encuentra en esta misma situación en Argentina con el contralmirante Farías. Según The New York Times –y la línea de tiempo de los medios mexicanos lo confirman– el gobierno de México fue notificado de la decisión del gran jurado con un par de días de antici-pación, a raíz del discurso en Sinaloa del embajador estadunidense, sin que se divulgara la noticia. Cual-quier asesor del asistente del Con-sultor Jurídico de la SRE o de la FGR sabe que si la decisión presi-dencial consiste en librar la guerra en el campo jurídico, México no tiene dónde pararse.
Seguir insistiendo en las pruebas conforme a las leyes mexicanas hace caso omiso de la existencia de un tratado, y de las disposiciones explícitas del mismo. Abre el flanco a las denuncias en Estados Unidos, que ya comenzaron, de que Sheinbaum recurre a maniobras y argucias leguleyas para hacerse tonta. Envolverse en la bandera y alegar que solo México puede juzgar a los mexicanos es falso e implica engañar al famoso pueblo: justamente para eso son los tratados de extradición, como el que hemos invocado con Argentina, y el que no existe con Israel (Roemer y Zerón).
Tercera interrogante: cuando Sheinbaum despachó a 92 mexicanos, en principio narcos, a Estados Unidos, obviando los procedimientos de extradición, invocando una supuesta Ley de Seguridad Nacional que avalaba el procedimiento ¿alguien le advirtió que un buen día Washington podía pedir el mismo trato con Rocha y otros? ¿Se le informó que cuando ella prefirió que los 92 narcos fueran juzgados en Estados Unidos, y no en México, sentaba un precedente peligroso?
Última pregunta, por ahora: ¿saben en el gobierno si existe una lista de narcopolíticos requeridos por Estados Unidos, y que serán acusados próximamente? Nunca he creído del todo en la existencia de la famosa lista, pero si Sheinbaum la ha visto, o se la han entregado, ¿ya decidió cómo reaccionar ante los que siguen? Es obvio que las acusaciones del Departamento de Justicia, avalados por un gran jurado de Manhattan, provienen de y descansan en la enorme cantidad de información / chismes / mentiras / dichos de todos los narcos ahora en manos de Estados Unidos: el Mayo, Ovidio, su hermano, entre otros. ¿Son puras contra verdades?
Y, por cierto, ¿cómo es que ningún medio mexicano subrayó el viernes pasado el final del discurso del embajador Johnson en Sinaloa? “Por eso es que el T-MEC exige que nuestros gobiernos penalicen los sobornos y la corrupción y aplicar códigos de conducta para funcio-narios públicos. Pronto veremos acciones significativas en este frente. Estén atentos.” ¿Querían más aviso que ese?

Durante estos últimos meses, he intentado explicarles a varios corresponsales extranjeros las sutilezas mexicanas en materia de soberanía. He fracasado, como era previsible, al tratar de hacerles entender que a la pregunta ¿Habrá una intervención militar directa de Trump en México? no existe una respuesta categórica. En primer lugar, porque nadie en este caso puede adivinar las intenciones presidenciales: son imprevisibles. En segundo término, porque las cosas en México son más complicadas.
Los primeros agentes del FBI llegaron a México durante la Segunda Guerra Mundial, para vigilar y neutralizar las actividades de la Alemania nazi. Los primeros enviados de la CIA desembarcaron a principios de la década de los años cincuenta, en plena Guerra Fría, para vigilar y neutralizar las actividades de los funcionarios soviéticos adscritos a la embajada de Tacubaya. Se reforzó su presencia con la llegada del legendario Winston Scott en 1956, y con el alineamiento de la Revolución cubana con la URSS a partir de 1960. La CIA, con la anuencia del gobierno mexicano, fotografiaba a todos los visitantes a las embajadas de Cuba y de la Unión Soviética, y a todos los pasajeros en los vuelos de la Ciudad de México a La Habana.
Los primeros agentes de la DEA llegaron a México en 1973, recién creada la agencia por Nixon, en la estela de la guerra contra las drogas emprendida por este último. El procurador general de la República, Pedro Ojeda Paullada, viajó a Washington para recibir informes sobre la misión de la nueva institución, y aceptar el envío de sus agentes a México. El número de enviados de la DEA creció durante la Operación Cóndor en Sinaloa, comandada por Reta Trigo y Gertz Manero, de manera más o menos clandestina, hasta que fue “ventaneado” con el secuestro, la tortura y la ejecución de Kiki Camarena en 1985. En 1992, después de que la misma DEA hubiera secuestrado a Humberto Álvarez Macháin, Salinas amenaza con expulsarlos, y luego pactó que la embajada estadunidense entregara una lista con nombres y apellidos de los agentes a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Fue aumentando el número de involucrados –a principios de siglo eran unos 80– y hasta el desaguisado del general Cienfuegos, todo siguió igual. En ese momento López Obrador fija nuevas reglas para su actuación, pero Calderón ya había dado la bienvenida a un grupo de militares norteamericanos, que formaron el MILGROUP en la embajada, y que vinieron a sumarse a todos los demás efectivos ya mencionados. Asimismo, es probable que entonces haya comenzado la “implantación” (“embedding”) de efectivos norteamericanos en las fuerzas de seguridad mexicanas, sobre todo la Marina. Recuérdese al respecto la muerte de varios estadunidenses encubiertos en Tres Marías.
Todo esto para decir que si la versión de Los Angeles Times es verídica, a saber, si fueron cuatro agentes de la CIA y no dos, si vestían uniformes de la Agencia de Investigación de Chihuahua o no, si eran mexicano-americanos que hablaban español y poseían el fenotipo mexicano, no hay nada nuevo bajo el sol. La traducción al inglés de militares de Estados Unidos en México es “boots on the ground” (botas pisando el suelo). Los del FBI, de la CIA, de la DEA, ahora de HSI, de DOD, llevan pisando el suelo patrio desde los años cuarenta, aunque estrictamente hablando, no son militares. Pero sí calzan botas. Lo hacen hoy más que nunca, con o sin la autorización de Sheinbaum.
Ella, obviamente, le echará toda la culpa a la gobernadora de Chihuahua. Pero el país –y los corresponsales extranjeros– debieran preguntarse si sus declaraciones de “líneas rojas” sobre la intervención y contra la “subordinación” no son en realidad una gran cortina de humo para disimular lo que está sucediendo. Cada quien sabrá si creerle al ejército y a la presidenta cuando niegan cualquier conocimiento de la presencia de cuatro agentes de la CIA (¿armados?) en la Sierra Tarahumara, y si es peor la ignorancia de los hechos, o aprobarlos en secreto, esperando que nadie se entere.

Ayer un tribunal federal declaró inconstitucional que las empresas camioneras de pasajeros soliciten documentos migratorios o de nacionalidad para comprar boletos o abordar un transporte dentro de la república. Respondió así la Corte a un recurso de amparo de una institución de la UNAM y del Instituto para las Mujeres en la Migración. Enhorabuena.
Nadie ignora que desde hace varios años las líneas de autobuses aceptaron la exigencia del gobierno federal de fiscalizar a sus pasajeros. El gobierno mexicano a su vez aceptó el diktat del de Estados Unidos de obstaculizar la llegada de migrantes a la frontera norte de México. Siempre fue evidente que se trataba de medidas ilegales, que violentaban la libertad de tránsito dentro del territorio mexicano, y que le otorgaban facultades a empresas privadas para asumir tareas que las autoridades no podían realizar.
Se trata de una criba inaceptable por muchas razones. Implica la versión mexicana del “racial profiling” de Estados Unidos, que tanto hemos combatido en Arizona, y en muchos otros estados de la Unión americana. “¡Identifícate, porque no pareces mexicano!” Como si un empleado de una camionera, o cualquiera, pueda saber a puro ojo quién es mexicano, guatemalteco, salvadoreño u hondureño. Para gobiernos supuestamente antirracistas, una vergüenza.
Pero el fallo del tribunal –que las empresas probablemente se verán forzadas a apelar, ya que el gobierno de Sheinbaum los obligará a hacerlo– no alcanza para condenar el otro aspecto de la medida impuesta por López Obrador y mantenida por Sheinbaum. Como es lógico, las empresas de transporte de pasajeros se resistieron a la imposición, pero a la mexicana: haciéndose discretamente de la vista gorda. Por lo tanto, el gobierno, siempre atento a lo que le demandaba Washington, estableció retenes en las carreteras principales del país que además constituían rutas para los migrantes. Salvador Camarena describió con detalle, en una columna candorosa, como hace un año, cuando su autobús camino a Guadalajara fue detenido por el ejército. Los militares le pidieron que se identificara, lo cual hizo, a sabiendas que no tenía ninguna obligación de hacerlo.
Me tocó una escena semejante en el aeropuerto de Hermosillo, hace poco más de un año. Al descender del avión procedente de México, un Guardia Nacional y un oficial del INAMI me pidieron mi identificación. Les respondí que no traía ninguna –no voto, les dije, ni manejo– y que además carecían de cualquier derecho de exigírmela. En todo caso, insistí que me mostraran algún documento estipulando que las personas que circulan por la República mexicana se ven obligadas a portar identificación. En fin, después de una larga y divertida pelea, me dejaron pasar, sin que, desde luego, les haya mostrado documento alguno. Me fue mejor que a otro colega y amigo a quien detuvieron en Tijuana poco después, al cabo de un incidente parecido.
El problema de fondo en México, al igual que en los Estados Unidos de Trump, consiste en la inexistencia de un documento nacional de identidad universal y obligatorio. Que yo recuerde, se discute el tema desde el intento del profesor Olivares Santana en Gobernación de crear una cédula de identidad. No existe. El INE no lo es, la licencia tampoco, la cartilla militar no, y las demás credenciales menos (INAPAM, IMSS, ISSSTE, cédula profesional, etc.) Por lo tanto, las autoridades no pueden, ni deben, pedir identificación, ya que los mexicanos no estamos obligados a poseer un documento inexistente. La nueva CURP impresa, por ahora, no constituye una respuesta, a menos de que se modifique el esquema actual.
Me dirán que frente al número infinito de abusos, de violaciones a los derechos humanos y a las libertades, de desapariciones y detenciones arbitrarias que hay en México, esto es lo de menos. No estoy seguro. Esta práctica de los militares y del INAMI permite y casi es una invitación al abuso, a la extorsión y luego a las tragedias que hemos vivido. Les permite “morder” a los mexicanos, pero sobre todo a los extranjeros, que se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad. Ojalá alguien se amparara contra este procedimiento, a falta de que Sheinbaum lo prohíba. No creo que lo haga, aunque sabe que existe.

 

 

Bienvenido el anuncio del fracking de Sheinbaum. Fue un absurdo abstenerse de hacerlo estos últimos siete, casi ocho años. Las razones nunca fueron convincentes, y la demora nos ha salido onerosa. Pero falta mucho antes de echar las campanas al vuelo.
Para empezar, todo esto se pudo iniciar hace años, como en Estados Unidos. Allá, el fracking arrancó en serio a partir de 2005, sobre todo en el Permian Basin, llevando a convertir a nuestro vecino en un exportador neto de hidrocarburos en 2019, producto sobre todo de las políticas de Obama entre 2009 y 2017. Los muy conocidos altos y bajos del procedimiento –ambientales, financieros, energéticos– no obstaron para que se desarrollara una enorme industria en el poniente de Texas y parte de Nuevo México. Nunca existió un motivo válido para que esto no sucediera del lado mexicano de la misma cuenca, salvo la terquedad, la ceguera y la ignorancia de López Obrador.
Enseguida, a pesar de lo que piensan varios corresponsales extranjeros, y como lo explica Enrique Quintana, anunciar que vamos a iniciar el fracking y que vamos a ser autosuficientes o menos vulnerables en materia de gas natural no significa que eso vaya a suceder. En México somos expertos en proclamas, anuncios, vaticinios, intenciones y demás que nunca aterrizan. La 4T tiene una especial vocación para ello: AIFA, Tren Maya, Dos Bocas, Interoceánico, INSABI, IMSS-Bienestar, etc. El gobierno de Sheinbaum, que supuestamente ya se había convencido de las virtudes del esquema, se habrá tardado, en el mejor de los casos, un tercio de su sexenio en iniciar las operaciones.
Eso supondría una de dos. O Pemex es capaz de realizar ese tipo de explotación –lo que muchos dudan– o la iniciativa privada nacional y extranjera se mostrará anuente a invertir en un negocio muy parecido al “wildcatting” de aguas profundas o de yacimientos no seguros. Dejo en manos de mis cuantos lectores el juicio sobre si la seguridad jurídica mexicana, la legislación energética, y la retórica presidencial son conducentes a un proceso de esa naturaleza. Sobre todo con el modelo de negocios del fracking, que no se presta demasiado al proceder de magnates oficialistas.
Por último, aunque esto es materia de discusión, la enorme precariedad energética de México proviene también de nuestra casi nula capacidad de almacenamiento. Pemex no se lo ha propuesto nunca, por razones económicas y dificultades geológicas –algunos sostienen que en México no existen las cavernas de sal para almacenar gas como en Estados Unidos, otros afirman que sí– y hoy disponemos casi únicamente de lo que hay en los gasoductos: entre dos y cuatro días. Sin fortalecer la capacidad mexicana correspondiente, seguiremos siendo inermes frente a un Trump, o un evento climático, o una guerra.
Entonces, sí que bueno, pero ya sería hora de que abandonáramos nuestra devoción casi mágica por la palabra: basta decir algo para que suceda, para que se convierta en realidad. Así son los niños, y son un encanto. Los países serios no son así, y cuando lo son, pierden su encanto.

Durante buena parte del sexenio de López Obrador, la revista inglesa –e internacional– The Economist fue sistemática y acertadamente crítica de muchas de las políticas públicas de ese gobierno. Combatió la política económica, la de seguridad, la lucha contra la corrupción, y muchos otros aspectos de una manera más o menos constante. Hubo portadas –ciertamente, sólo de la edición Américas– dedicadas a López Obrador con una visión escéptica y pesimista, y artículos publicados por sus corresponsales, principalmente Sarah Burke, que ahora sigue con su trabajo para México y buena parte de Centroamérica y el Caribe.
A partir de la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia, la misión cambió ligeramente, dando por buenas muchas de las tesis del gobierno, ciertamente con algún escepticismo, como disminución de la cifra de homicidios, el supuesto “buen” manejo de la relación con Trump, el carácter más “técnico y científico” de la presidenta nueva, y en general, con un cierto optimismo y benevolencia para con ella. Seguramente esto formaba parte del buen cartel en general que tiene Sheinbaum en la prensa internacional, desde luego en Estados Unidos, pero también en Europa Occidental y en América Latina. En parte viene de su buen trabajo de propaganda, en parte viene innegablemente del hecho de que es mujer, en un país de machos, y en parte del contraste con López Obrador, que fue generalmente detestado por los medios internacionales.
Por eso resulta interesante y notable el editorial de ayer de The Economist sobre la economía mexicana y sobre la política económica del gobierno de Sheinbaum. En pocas palabras, The Economist repite lo que hemos dicho una gran cantidad de comentócratas mexicanos desde hace meses. La economía mexicana no crece, apenas si anda, todos los llamados a la inversión al Plan México, al sector privado, a todas las proclamas de aumentos en la inversión extranjera directa, etcétera, no cambian ni remotamente la dura realidad de las cifras: 0.8 por ciento de crecimiento el año pasado –y en una de esas le movieron tantito; difícilmente superaremos el 1 por ciento este año, sobre todo con las dificultades procedentes de la guerra de Irán, que al igual que la pandemia a López Obrador, le vendrá como “anillo al dedo” a Claudia Sheinbaum.
The Economist propone una solución básicamente retomada de las tesis, los libros y los ensayos de Santiago Levy. Hay que acabar con la informalidad excesiva de la sociedad y de la economía mexicana –la mitad– a través de varios incentivos, pero en particular mediante la eliminación del sistema actual de seguridad social –seguro médico, de desempleo y de pensiones– y sustituirlo por un sistema universal financiado por impuestos indirectos. Creo que The Economist, al igual que Levy, tienen desde luego razón en cuanto a que esto es necesario, y que seguramente contribuiría a un mayor crecimiento de la economía, pero a estas alturas creo que no es ni remotamente suficiente. Ahí The Economist vuelve a pecar de cierta ingenuidad.
El problema de fondo con el crecimiento de la economía mexicana es la 4T, no la informalidad, que existe desde siempre, ni un sistema ya obsoleto de protección social. Y cuando digo que el problema es la 4T, quiero decir algo muy sencillo. Mientras se produzcan reformas como la del Poder Judicial, la energética, la contra reforma educativa de López Obrador, los intentos de reforma electoral de Sheinbaum, y todo lo demás que se ha acumulado en estos casi siete años y medio, es imposible que la inversión logre los niveles y la productividad que se requiere para crecer siquiera a los mismos niveles que durante la época neoliberal, ya sin hablar del 4 o 5 por ciento que prometieron López Obrador y Sheinbaum. Dedicarle todo este tiempo a un plan B, y C, y D, y E, ninguno de los cuales sirve de nada, y al mismo tiempo ir a Monterrey a disque cortejar al sector privado regiomontano, y lograr que los medios al servicio del gobierno, como Milenio, publiquen: “la IP cierra filas con Sheinbaum” es inútil. Todos los coqueteos con el empresariado, todos los esfuerzos de seducción y de convencimiento, todo lo que se quiera hacer en términos de planes, comisiones, reuniones, grupos, anuncios, etcétera, van a ser fútiles mientras no haya un golpe de timón de fondo en materia de concepción del mundo, de país, de la retórica, y de que México no es una sociedad donde pueda haber a la vez un gobierno de izquierda supuestamente consecuente y un crecimiento económico basado esencialmente en la iniciativa privada, después de tener un Estado que encogió tanto como encogió en estos años y en los anteriores.
Seguramente en algún momento The Economist y muchos otros medios entenderán esto y lo dirán, cada uno a su manera. Insisto, la dura realidad de las cifras es difícil de esquivar o de contrarrestar. Habrá, desde luego, quienes argumenten que el mediocre crecimiento de este año, o incluso la nula expansión posible, será culpa de la guerra de Irán, de Trump, de los críticos, de la oposición, y del espíritu santo. Pero hasta los corresponsales extranjeros lo van a comprender en algún momento.

Va una nota un poco diferente en esta ocasión. Ayer, The New York Times publicó un largo artículo dedicado a una extensa e intensa investigación sobre la vida personal de César Chávez. No Julio César Chávez, el boxeador héroe de Sinaloa, sino el legendario líder de los trabajadores agrícolas mexicano-americanos de los años sesenta y setenta en Estados Unidos.
Como se recordará, César Chávez, quien murió en 1993, fue el fundador de la United Farm Workers Union (UFW), organizó el boicot al consumo de uva de mesa en Estados Unidos, logró importantes concesiones para los jornaleros en materia de salarios y prestaciones, y se transformó de líder sindical a ícono e ídolo de la comunidad latina o hispana o chicana en Estados Unidos. Fue, guardando las proporciones, una especie de Martin Luther King de los mexicano-americanos, en una época en que los latinos eran puramente mexicanos, en que los indocumentados mexicanos eran menos que los campesinos mexicano-americanos, y en que no había nadie más que enarbolara la bandera de sus derechos, su dignidad e incluso su simple existencia. Un héroe de toda la gente bien en Estados Unidos, desde Bobby Kennedy hasta Joan Baez, y muchos más.
Pues ahora resulta que no tanto. El diario neoyorquino revela que varias mujeres –en aquella época adolescentes– fueron objeto de hostigamiento sexual, de violación y/o estupro por parte de Chávez, y por largos periodos. Se trata sobre todo, pero no únicamente, de militantes cercanas a Chávez, que se distinguieron por su lucha y su dedicación a la causa o, como dicen ellas, al movimiento: Dolores Huerta (cofundadora de la UFW), Ana Murguía, Debra Rojas, y muchas más. Sus recuerdos y militantismo remontan a los años sesenta.
Las acusaciones fueron verificadas y contra-verificadas por los dos reporteros del Times. Concuerdan con versiones que las mujeres compartieron con amigas o colegas desde los años setenta, y con otras denuncias de la misma era. Las víctimas viven y han corroborado en público sus alegatos, incluyendo los nombres de los hijos que procrearon involuntariamente con Chávez. No parece haber duda alguna sobre la veracidad y la gravedad –varias tenían 12 años de edad– de las acusaciones.
Varias organizaciones ligadas a Chávez, en particular aquellas que se aprestaban a festejar su natalicio este 31 de marzo, han cancelado la celebración. La Asamblea Legislativa de California cambió la denomi-nación del Día de César Chávez a Día del Trabajador Agrícola. Ha sucedido lo mismo en la ciudad de Los Ángeles. Todo esto aconteció durante los últimos dos días.
Las revelaciones y las repercusiones suscitan, por lo menos en mi mente, un debate complejo. En los años cincuenta, se le atribuyó a Sartre la frase y la idea, después del informe de Khruschev al 20 Congreso del PCUS en 1956, que no era conveniente resaltar los crímenes de Stalin para “ne pas désesperer Billancourt” (no desesperar a Billancourt). Este último suburbio popular de París era la sede de Renault, y los obreros de la automotriz constituían la base más importante y combativa del Partido Comunista francés. No había, entonces, según el filósofo del existencialismo, que desmoralizar a los trabajadores comunistas con críticas al estalinismo en plena Guerra Fría, caracterizada por una ofensiva norteamericana inclemente. Más adelante, Sartre rompería con la URSS y con el PCF, refugiándose al final de su vida en un maoísmo tan delirante como su defensa de Stalin. Pero la advertencia quedó para la historia, y no carece de fundamento, aunque por mi parte nunca compartí ni la letra ni el espíritu de la misma.
Pues lo mismo con Chávez. Ya no es el líder espiritual que fue hace medio siglo. Los mexicano-americanos han conquistado alcaldías, diputaciones, senadurías estatales y algunas federales, varias gubernaturas y diversos puestos de gabinete. Y las principales víctimas reales o en potencia del trumpismo no son los chicanos de ayer, sino los mexicanos –y centroamericanos y somalíes y ecuatorianos y musulmanes– de hoy. Mexicanos a quienes Chávez nunca quiso, ni defendió, por cierto; no hablaba español. Pero la pregunta persiste: ¿era el momento para destruir la imagen y la memoria de una de las escasas figuras que siguen representando algo para la vasta comunidad latina de Estados Unidos?
Las mujeres que lo han denunciado lo hicieron, según ellas, al cabo de una larga reflexión en este sentido. Al final de sus días –Dolores Huerta ya cumplió 95 años– concluyeron que sí. Es imposible cuestionar su derecho y su valentía. Pero no es imposible reflexionar sobre las consecuencias. En el probable y bienvenido crepúsculo del wokismo en Estados Unidos, uno no puede dejar de preguntarse, espero que sin riesgo de cancelación, ¿sí se vale, hic et nunc?

Aunque el pleito entre los taxistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y Uber y Didi no comenzó ahora, es posible que de alguna manera tenga que ver con el inminente festejo intergaláctico que tendrá lugar en la capital en junio y en julio. Me refiero obviamente al Mundial, y a las enormes expectativas que ha despertado dentro del gobierno y entre todos aquellos que piensan que tienen algo que vender o alquilar a los millones y millones de espectadores que vendrán del mundo entero a visitarnos. Iremos viendo que tan cierto es todo esto.
Como se sabe, el gobierno espera alrededor de 5 millones de visitantes entre las tres sedes seleccionadas. Nunca da demasiados detalles sobre la distribución de turistas: nacionales o extranjeros. No es que los aficionados mexicanos que vayan de Coatzacoalcos a Guadalajara a ver un partido no le aporten algo la Perla Tapatía. Desde luego que sí, pero es lo que le restan a su ciudad de origen. La cifra clave es la de extranjeros que arriben a nuestro país con el propósito de ver alguno de los 13 partidos en México, ya sea en el estadio, en los Fan Fest, o en la televisión o su teléfono, mientras la pasan muy bien, comiendo y bebiendo las delicias que nuestra gastronomía ofrece.
Tampoco se sabe a ciencia cierta de dónde sacó el gobierno la cifra de 5 millones. He hablado con personas que dirigen empresas aeroportuarias, aéreas, hoteleras, o de restaurantes, que se muestran perplejas ante el número mágico escogido por el gobierno, probablemente al azar. Lo que sí sabemos es que sobre el Mundial en México se ciernen ya varios nubarrones.
El primero es el agandalle: para eso nos pintamos solos. Los taxistas, además de sus motivos propios y anteriores, seguramente quieren mantener su monopolio del transporte en Benito Juárez y en el AIFA. Cobran, ya desde ahora, casi el doble de lo que cuesta el mismo viaje en Uber, y menos aún en Didi. Pero seguramente encontrarán la manera de elevar aún más sus tarifas una vez que empiecen a llegar los famosos 5 millones , para hacer su agosto en junio. Sé de hoteles en las zonas más pudientes de la ciudad que están ya multiplicando por dos o hasta tres el precio cotidiano de sus habitaciones. Personas que alquilan departamentos en Airbnb, por ejemplo, también han subido sus precios entre dos y tres veces para el Mundial. Va a suceder absolutamente lo mismo con todos los rubros posibles e imaginables de venta de garnachas, chácharas, boletos, hospedaje, y todo lo que la imaginación mexicana pueda inventar. No es que esto no suceda en otros países; desde luego que sí, pero en esto quizás México llegue al quinto partido en el ranking mundial.
Además del agandalle, está desde luego el costo. Los acuerdos firmados con la FIFA durante el sexenio de Peña Nieto, y supuestamente ajustados en estos últimos meses, no revelan exactamente cuánto va a invertir el gobierno federal, y en su caso los gobiernos estatales de Jalisco y Nuevo León, y los municipales de Monterrey y Guadalajara. Pero se trata sin duda de sumas estratosféricas. Si no, el gobierno las hubiera divulgado. Todos estos eventos, el Mundial, los Juegos Olímpicos, los Panamericanos, etcétera, cuestan siempre una fortuna, mucho más de lo esperado o estimado. Eso es normal. Lo que jamás queda del todo claro es si realmente valió la pena, una vez que se suman los gastos y se pueden calcular más o menos los beneficios. Estos no provienen únicamente, desde luego, de la derrama procedente de los visitantes. Lo más importante, en teoría, es la proyección del país sede en el mundo a través de la televisión y otros medios, atrayendo posteriormente turismo, prestigio, orgullo, incluso premios de diverso tipo. Pero de que cuesta, cuesta. Y con las maltrechas finanzas públicas mexicanas, es difícil determinar, si hoy le tocara al gobierno actual sacar la cuenta, si realmente vale la pena.
En seguida, la decepción. Es muy poco probable que lleguen esos 5 millones de visitantes. Hace unos días, cuando la FIFA anunció que cancelaba o “liberaba” 800 habitaciones de hotel en la Ciudad de México que había previamente reservado, uno de los representantes de la industria hotelera en la capital previó que difícilmente el total de visitantes en su conjunto a la ciudad superaría los 800 mil. Si calculamos que incluso si la mitad fueran extranjeros, se trata de un número satisfactorio pero muy menor al medio millón de turistas. México recibe al año más de 40 millones de turistas, por lo menos ateniéndonos a los cálculos a veces exagerados de los distintos gobiernos mexicanos. Es muy posible que no se terminen de reservar todas las habitaciones o alojamientos de Airbnb; que no se venda tanta cerveza y tequila como se espera; que los Fan Fest sí tengan lugar, pero con más capitalinos que foráneos, y que toda la derrama sea mucho menor de lo que se alardea hoy. También es algo que veremos.
Y por último, por supuesto, los riesgos. Yo no tengo la menor idea si el Cártel Jalisco Nueva Generación piensa en estos términos o no. Pero es obvio que uno de los golpes más espectaculares que podría dar como venganza contra el gobierno por haber abatido al Mencho, consistiría en una serie de acontecimientos violentos en Guadalajara. Explosiones, camiones quemados, secuestros, balaceras, ejecuciones de policías o de funcionarios: todos estos sucesos se encuentran al alcance de sus hombres armados. Tal vez decida no aprovechar la coyuntura, portándose como buenos mexicanos, o simplemente por prudencia: para qué antagonizar a una población que a priori no le es demasiado hostil. Pero esto, de suceder, llevaría obviamente a un peligro innegable: que se suspendieran los partidos en Guadalajara, se tuvieran que llevar o a México, o a Monterrey, o a Houston, creando así más que una publicidad favorable al país, una confirmación en los hechos de la mala imagen que México ya tiene en el mundo desde hace tiempo. Pero no sólo el CJNG puede verse tentado por este tipo de acciones. Cualquier fuerza violenta enemiga del gobierno federal, de Jalisco, o de Guadalajara y Zapopan, puede también sentir la tentación de aprovechar el momento. Entonces quedaría todo peor que si no hubiera habido mundial o no hubiera habido captura y muerte del Mencho.
Sabremos pronto si estos nubarrones se materializan o no. O en una de esas el gobierno tiene razón: llegan 5 millones de extranjeros, todos la pasan felices, y México sale airoso de un lance nada fácil de superar.

 

¿La presidenta no tiene quien la tarjetee? No es una afirmación, como en el caso del coronel de García Márquez, sino una pregunta retórica. Y la respuesta es un no contundente, por lo menos en lo que se refiere a asuntos internacionales.
El domingo pasado, cuando ya había comenzado el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre dicha intervención militar. Según Reforma, respondió “paz, paz, paz, paz” muy escuetamente. Más adelante viene lo peor: “México siempre ha luchado por la paz, siempre en cualquier circunstancia”. El problema, desde luego, es que no sólo la afirmación es falsa, sino que reposa en una concepción equivocada del mundo, de México, y de la ética mínima para entender estos asuntos.
México, como es bien sabido, no siempre luchó por la paz, siempre, en cualquier circunstancia. Durante la Segunda Guerra Mundial en 1942, después del hundimiento de los buques Potrero del Llano y Faja de Oro en aguas del Golfo, México le declaró la guerra al Eje, junto con la mayoría de países latinoamericanos, y en particular a la Alemania nazi. Como es bien sabido por todos los niños desde hace casi un siglo, hasta López Obrador parece que lo sabía, el Escuadrón 201 combatió –es un decir– en el Pacífico. Por cierto, el secretario de la Defensa en ese minuto fue Lázaro Cárdenas, supuestamente el héroe y mentor de Claudia Sheinbaum.
Pero más allá de la ignorancia presidencial de la historia de México, lo grave es la idea de que un país, en este caso México, siempre ha luchado por la paz, siempre en cualquier circunstancia. No. No había que luchar por la paz durante la Segunda Guerra Mundial. Había que luchar por la victoria militar y la destrucción completa del nazismo y del militarismo japonés (Mussolini no importaba mayormente). Fue no sólo una guerra justa, sino una guerra necesaria. Quienes estaban por la paz justo antes y durante la Segunda Guerra fueron los colaboradores del nazismo: Lindbergh en Estados Unidos, Pétain en Francia, y varios otros entre las sociedades de los países aliados. Ni Stalin, ni Churchill, ni Roosevelt luchaban por la paz; sus tropas combatían por una victoria militar completa y aplastante.
Pero, además de que esto debiera ser claro para cualquier persona con un mínimo conocimiento histórico y cultural, lo debe ser con creces para alguien como Claudia Sheinbaum. Porque no quisiera que alguien le preguntara si le parecía que ante los campos de concentración y el exterminio de seis millones de judíos por el nazismo había que luchar por la paz “siempre, en cualquier circunstancia”. ¿En cualquier circunstancia? ¿De veras? Una persona de ascendencia judía como Sheinbaum debiera saber que lo último que convenía hacer –y que hasta cierto punto Roosevelt y Churchill no hicieron– fue combatir hasta el final el holocausto, e incluso tratar de detenerlo, por ejemplo, bombardeando los trenes que iban de Varsovia a Auschwitz, desde 1943-1944 cuando se supo lo que ahí sucedía. Sheinbaum no tiene por qué ser una judía religiosa y practicante, lo es culturalmente. Y debe saber que lo peor que se puede afirmar al respecto es que había que luchar por la paz, estar por la paz, en esas circunstancias.
El simplismo, la banalidad, la ignorancia, no son graves en ciertas circunstancias y a propósito de ciertos temas, pero con lo que sucede hoy en el mundo, y a propósito, justamente, de guerras justas o injustas, de optativas u obligatorias, de agresión o de defensa, hay que evitar hasta donde se pueda los lugares comunes. Por una simple razón: los lugares comunes, como el sentido común –según Descartes el conocimiento mejor repartido entre los humanos– no bastan para entender lo que sucede, mucho menos para definirse ante lo que sucede, y aún menos todavía para tratar de incidir en los acontecimientos que hoy en día atestiguamos en Medio Oriente, en Venezuela, y probablemente muy pronto en Cuba.
Ojalá uno de estos días la presidenta se consiga alguien que le escriba las tarjetas sobre estos temas, y luego se las dé. Con una condición: que las lea.

 

La respuesta cubana a la llegada de una nueva lancha rápida procedente de Florida con el aparente propósito de transportar familiares de la isla a Miami –o con la intención de provocar una insurrección o un enfrentamiento– evoca lo que sucedió cerca de La Habana en febrero de 1996. En aquella ocasión, en plena negociación con Bill Clinton para avanzar en la normalización de relaciones iniciada por Jimmy Carter, las defensas aéreas cubanas derrumbaron dos avionetas de exiliados de Florida, muriendo dos ocupantes. No sólo torpedearon así las negociaciones sino que indujeron a Clinton a no vetar la Cuban Democracy Act, también conocida como Helms-Burton. Gracias a ello, el embargo de Kennedy se transformó en un acto del Congreso, únicamente derogable por el Congreso.
En esta ocasión, parece que no habrá mayores consecuencias para Cuba en la relación con Trump: ni suspensión de pláticas secretas, si las hay, ni equivalente de un incidente tipo Golfo de Tonkin (el pretexto utilizado en 1965 por Lyndon Johnson para enviar tropas en masa a Vietnam). Marco Rubio afirmó que habría consecuencias por el deceso de cuatro personas, probablemente de nacionalidad norteamericana, pero también se cuidó al reconocer que apenas Washington había iniciado una investigación.
No obstante, el episodio puede incidir en un debate en curso en Estados Unidos y en Miami. Un sector influyente del exilio cubano ha sido partidario desde principios de siglo de un enfoque moderado hacia la isla. Proponía, además del diálogo, el fin del embargo y una ayuda humanitaria inmediata, un proceso paulatino de apertura económica, de inversión privada local y extranjera, y de expansión del sector privado cubano. Sólo más adelante debía hablarse de apertura política, de libertades, de elecciones, etc. En pocas palabras, un esquema parecido al de Carlos Salinas en México, de Deng Xiao Ping en China, y de Barack Obama para Cuba en 2015-2016. En China, nunca pasó nada, en México sí, pero diez años después, y los cubanos le tomaron el pelo a Obama. Los partidarios de esta opción sospechan que Rubio la comparte, sobre todo a la luz de unas declaraciones suyas en Múnich después de su discurso, donde enfatiza la importancia de las reformas económicas en Cuba.
Otro sector cubano-americano sostiene exactamente lo contrario. Cree que si Estados Unidos no presiona de entrada, ahora que la dictadura se encuentra postrada, por un cambio de régimen, sucederá precisamente lo que aconteció en China y en Cuba con Obama: mucha o poca apertura económica, ninguna apertura política. Insisten en que se hable de liberación de presos políticos, de libertades públicas, de elecciones y de reformas económicas al mismo tiempo. Al cabo de 67 años de dictadura, argumentan, cualquier retraso resulta inadmisible.
Me resulta difícil aceptar la primera tesis, pero veo su lógica. No es igual al esquema puesto en práctica por Trump en Venezuela, pero se parece: el acento recae en los temas económicos, es decir, el petróleo, y mucho menos en el regreso de los exiliados, el fin de la represión y la programación a corto o a mediano plazo de elecciones. A la luz de la crisis humanitaria que azota a la isla, uno podría concluir que lo primero y más urgente reside en la llegada de ayuda, de petróleo, de asistencia para reparar o actualizar las centrales eléctricas, y que Washington debiera permitirlo. Pero eso sería hacer caso omiso de la voluntad de amplios sectores norteamericanos de acabar con el régimen, y de los réditos políticos y de legado que un tal desenlace acarrearía para Trump y Rubio.
México podría desempeñar un papel en este debate, pero sólo si se resignara al fin de la dictadura y a coadyuvar a una transición justa, expedita y equilibrada. No parece ser el caso: Sheinbaum y López Obrador, y la mayoría de sus colaboradores, son castristas hasta la médula. Allá ellos.