Aunque el pleito entre los taxistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y Uber y Didi no comenzó ahora, es posible que de alguna manera tenga que ver con el inminente festejo intergaláctico que tendrá lugar en la capital en junio y en julio. Me refiero obviamente al Mundial, y a las enormes expectativas que ha despertado dentro del gobierno y entre todos aquellos que piensan que tienen algo que vender o alquilar a los millones y millones de espectadores que vendrán del mundo entero a visitarnos. Iremos viendo que tan cierto es todo esto.
Como se sabe, el gobierno espera alrededor de 5 millones de visitantes entre las tres sedes seleccionadas. Nunca da demasiados detalles sobre la distribución de turistas: nacionales o extranjeros. No es que los aficionados mexicanos que vayan de Coatzacoalcos a Guadalajara a ver un partido no le aporten algo la Perla Tapatía. Desde luego que sí, pero es lo que le restan a su ciudad de origen. La cifra clave es la de extranjeros que arriben a nuestro país con el propósito de ver alguno de los 13 partidos en México, ya sea en el estadio, en los Fan Fest, o en la televisión o su teléfono, mientras la pasan muy bien, comiendo y bebiendo las delicias que nuestra gastronomía ofrece.
Tampoco se sabe a ciencia cierta de dónde sacó el gobierno la cifra de 5 millones. He hablado con personas que dirigen empresas aeroportuarias, aéreas, hoteleras, o de restaurantes, que se muestran perplejas ante el número mágico escogido por el gobierno, probablemente al azar. Lo que sí sabemos es que sobre el Mundial en México se ciernen ya varios nubarrones.
El primero es el agandalle: para eso nos pintamos solos. Los taxistas, además de sus motivos propios y anteriores, seguramente quieren mantener su monopolio del transporte en Benito Juárez y en el AIFA. Cobran, ya desde ahora, casi el doble de lo que cuesta el mismo viaje en Uber, y menos aún en Didi. Pero seguramente encontrarán la manera de elevar aún más sus tarifas una vez que empiecen a llegar los famosos 5 millones , para hacer su agosto en junio. Sé de hoteles en las zonas más pudientes de la ciudad que están ya multiplicando por dos o hasta tres el precio cotidiano de sus habitaciones. Personas que alquilan departamentos en Airbnb, por ejemplo, también han subido sus precios entre dos y tres veces para el Mundial. Va a suceder absolutamente lo mismo con todos los rubros posibles e imaginables de venta de garnachas, chácharas, boletos, hospedaje, y todo lo que la imaginación mexicana pueda inventar. No es que esto no suceda en otros países; desde luego que sí, pero en esto quizás México llegue al quinto partido en el ranking mundial.
Además del agandalle, está desde luego el costo. Los acuerdos firmados con la FIFA durante el sexenio de Peña Nieto, y supuestamente ajustados en estos últimos meses, no revelan exactamente cuánto va a invertir el gobierno federal, y en su caso los gobiernos estatales de Jalisco y Nuevo León, y los municipales de Monterrey y Guadalajara. Pero se trata sin duda de sumas estratosféricas. Si no, el gobierno las hubiera divulgado. Todos estos eventos, el Mundial, los Juegos Olímpicos, los Panamericanos, etcétera, cuestan siempre una fortuna, mucho más de lo esperado o estimado. Eso es normal. Lo que jamás queda del todo claro es si realmente valió la pena, una vez que se suman los gastos y se pueden calcular más o menos los beneficios. Estos no provienen únicamente, desde luego, de la derrama procedente de los visitantes. Lo más importante, en teoría, es la proyección del país sede en el mundo a través de la televisión y otros medios, atrayendo posteriormente turismo, prestigio, orgullo, incluso premios de diverso tipo. Pero de que cuesta, cuesta. Y con las maltrechas finanzas públicas mexicanas, es difícil determinar, si hoy le tocara al gobierno actual sacar la cuenta, si realmente vale la pena.
En seguida, la decepción. Es muy poco probable que lleguen esos 5 millones de visitantes. Hace unos días, cuando la FIFA anunció que cancelaba o “liberaba” 800 habitaciones de hotel en la Ciudad de México que había previamente reservado, uno de los representantes de la industria hotelera en la capital previó que difícilmente el total de visitantes en su conjunto a la ciudad superaría los 800 mil. Si calculamos que incluso si la mitad fueran extranjeros, se trata de un número satisfactorio pero muy menor al medio millón de turistas. México recibe al año más de 40 millones de turistas, por lo menos ateniéndonos a los cálculos a veces exagerados de los distintos gobiernos mexicanos. Es muy posible que no se terminen de reservar todas las habitaciones o alojamientos de Airbnb; que no se venda tanta cerveza y tequila como se espera; que los Fan Fest sí tengan lugar, pero con más capitalinos que foráneos, y que toda la derrama sea mucho menor de lo que se alardea hoy. También es algo que veremos.
Y por último, por supuesto, los riesgos. Yo no tengo la menor idea si el Cártel Jalisco Nueva Generación piensa en estos términos o no. Pero es obvio que uno de los golpes más espectaculares que podría dar como venganza contra el gobierno por haber abatido al Mencho, consistiría en una serie de acontecimientos violentos en Guadalajara. Explosiones, camiones quemados, secuestros, balaceras, ejecuciones de policías o de funcionarios: todos estos sucesos se encuentran al alcance de sus hombres armados. Tal vez decida no aprovechar la coyuntura, portándose como buenos mexicanos, o simplemente por prudencia: para qué antagonizar a una población que a priori no le es demasiado hostil. Pero esto, de suceder, llevaría obviamente a un peligro innegable: que se suspendieran los partidos en Guadalajara, se tuvieran que llevar o a México, o a Monterrey, o a Houston, creando así más que una publicidad favorable al país, una confirmación en los hechos de la mala imagen que México ya tiene en el mundo desde hace tiempo. Pero no sólo el CJNG puede verse tentado por este tipo de acciones. Cualquier fuerza violenta enemiga del gobierno federal, de Jalisco, o de Guadalajara y Zapopan, puede también sentir la tentación de aprovechar el momento. Entonces quedaría todo peor que si no hubiera habido mundial o no hubiera habido captura y muerte del Mencho.
Sabremos pronto si estos nubarrones se materializan o no. O en una de esas el gobierno tiene razón: llegan 5 millones de extranjeros, todos la pasan felices, y México sale airoso de un lance nada fácil de superar.

 

¿La presidenta no tiene quien la tarjetee? No es una afirmación, como en el caso del coronel de García Márquez, sino una pregunta retórica. Y la respuesta es un no contundente, por lo menos en lo que se refiere a asuntos internacionales.
El domingo pasado, cuando ya había comenzado el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre dicha intervención militar. Según Reforma, respondió “paz, paz, paz, paz” muy escuetamente. Más adelante viene lo peor: “México siempre ha luchado por la paz, siempre en cualquier circunstancia”. El problema, desde luego, es que no sólo la afirmación es falsa, sino que reposa en una concepción equivocada del mundo, de México, y de la ética mínima para entender estos asuntos.
México, como es bien sabido, no siempre luchó por la paz, siempre, en cualquier circunstancia. Durante la Segunda Guerra Mundial en 1942, después del hundimiento de los buques Potrero del Llano y Faja de Oro en aguas del Golfo, México le declaró la guerra al Eje, junto con la mayoría de países latinoamericanos, y en particular a la Alemania nazi. Como es bien sabido por todos los niños desde hace casi un siglo, hasta López Obrador parece que lo sabía, el Escuadrón 201 combatió –es un decir– en el Pacífico. Por cierto, el secretario de la Defensa en ese minuto fue Lázaro Cárdenas, supuestamente el héroe y mentor de Claudia Sheinbaum.
Pero más allá de la ignorancia presidencial de la historia de México, lo grave es la idea de que un país, en este caso México, siempre ha luchado por la paz, siempre en cualquier circunstancia. No. No había que luchar por la paz durante la Segunda Guerra Mundial. Había que luchar por la victoria militar y la destrucción completa del nazismo y del militarismo japonés (Mussolini no importaba mayormente). Fue no sólo una guerra justa, sino una guerra necesaria. Quienes estaban por la paz justo antes y durante la Segunda Guerra fueron los colaboradores del nazismo: Lindbergh en Estados Unidos, Pétain en Francia, y varios otros entre las sociedades de los países aliados. Ni Stalin, ni Churchill, ni Roosevelt luchaban por la paz; sus tropas combatían por una victoria militar completa y aplastante.
Pero, además de que esto debiera ser claro para cualquier persona con un mínimo conocimiento histórico y cultural, lo debe ser con creces para alguien como Claudia Sheinbaum. Porque no quisiera que alguien le preguntara si le parecía que ante los campos de concentración y el exterminio de seis millones de judíos por el nazismo había que luchar por la paz “siempre, en cualquier circunstancia”. ¿En cualquier circunstancia? ¿De veras? Una persona de ascendencia judía como Sheinbaum debiera saber que lo último que convenía hacer –y que hasta cierto punto Roosevelt y Churchill no hicieron– fue combatir hasta el final el holocausto, e incluso tratar de detenerlo, por ejemplo, bombardeando los trenes que iban de Varsovia a Auschwitz, desde 1943-1944 cuando se supo lo que ahí sucedía. Sheinbaum no tiene por qué ser una judía religiosa y practicante, lo es culturalmente. Y debe saber que lo peor que se puede afirmar al respecto es que había que luchar por la paz, estar por la paz, en esas circunstancias.
El simplismo, la banalidad, la ignorancia, no son graves en ciertas circunstancias y a propósito de ciertos temas, pero con lo que sucede hoy en el mundo, y a propósito, justamente, de guerras justas o injustas, de optativas u obligatorias, de agresión o de defensa, hay que evitar hasta donde se pueda los lugares comunes. Por una simple razón: los lugares comunes, como el sentido común –según Descartes el conocimiento mejor repartido entre los humanos– no bastan para entender lo que sucede, mucho menos para definirse ante lo que sucede, y aún menos todavía para tratar de incidir en los acontecimientos que hoy en día atestiguamos en Medio Oriente, en Venezuela, y probablemente muy pronto en Cuba.
Ojalá uno de estos días la presidenta se consiga alguien que le escriba las tarjetas sobre estos temas, y luego se las dé. Con una condición: que las lea.

 

La respuesta cubana a la llegada de una nueva lancha rápida procedente de Florida con el aparente propósito de transportar familiares de la isla a Miami –o con la intención de provocar una insurrección o un enfrentamiento– evoca lo que sucedió cerca de La Habana en febrero de 1996. En aquella ocasión, en plena negociación con Bill Clinton para avanzar en la normalización de relaciones iniciada por Jimmy Carter, las defensas aéreas cubanas derrumbaron dos avionetas de exiliados de Florida, muriendo dos ocupantes. No sólo torpedearon así las negociaciones sino que indujeron a Clinton a no vetar la Cuban Democracy Act, también conocida como Helms-Burton. Gracias a ello, el embargo de Kennedy se transformó en un acto del Congreso, únicamente derogable por el Congreso.
En esta ocasión, parece que no habrá mayores consecuencias para Cuba en la relación con Trump: ni suspensión de pláticas secretas, si las hay, ni equivalente de un incidente tipo Golfo de Tonkin (el pretexto utilizado en 1965 por Lyndon Johnson para enviar tropas en masa a Vietnam). Marco Rubio afirmó que habría consecuencias por el deceso de cuatro personas, probablemente de nacionalidad norteamericana, pero también se cuidó al reconocer que apenas Washington había iniciado una investigación.
No obstante, el episodio puede incidir en un debate en curso en Estados Unidos y en Miami. Un sector influyente del exilio cubano ha sido partidario desde principios de siglo de un enfoque moderado hacia la isla. Proponía, además del diálogo, el fin del embargo y una ayuda humanitaria inmediata, un proceso paulatino de apertura económica, de inversión privada local y extranjera, y de expansión del sector privado cubano. Sólo más adelante debía hablarse de apertura política, de libertades, de elecciones, etc. En pocas palabras, un esquema parecido al de Carlos Salinas en México, de Deng Xiao Ping en China, y de Barack Obama para Cuba en 2015-2016. En China, nunca pasó nada, en México sí, pero diez años después, y los cubanos le tomaron el pelo a Obama. Los partidarios de esta opción sospechan que Rubio la comparte, sobre todo a la luz de unas declaraciones suyas en Múnich después de su discurso, donde enfatiza la importancia de las reformas económicas en Cuba.
Otro sector cubano-americano sostiene exactamente lo contrario. Cree que si Estados Unidos no presiona de entrada, ahora que la dictadura se encuentra postrada, por un cambio de régimen, sucederá precisamente lo que aconteció en China y en Cuba con Obama: mucha o poca apertura económica, ninguna apertura política. Insisten en que se hable de liberación de presos políticos, de libertades públicas, de elecciones y de reformas económicas al mismo tiempo. Al cabo de 67 años de dictadura, argumentan, cualquier retraso resulta inadmisible.
Me resulta difícil aceptar la primera tesis, pero veo su lógica. No es igual al esquema puesto en práctica por Trump en Venezuela, pero se parece: el acento recae en los temas económicos, es decir, el petróleo, y mucho menos en el regreso de los exiliados, el fin de la represión y la programación a corto o a mediano plazo de elecciones. A la luz de la crisis humanitaria que azota a la isla, uno podría concluir que lo primero y más urgente reside en la llegada de ayuda, de petróleo, de asistencia para reparar o actualizar las centrales eléctricas, y que Washington debiera permitirlo. Pero eso sería hacer caso omiso de la voluntad de amplios sectores norteamericanos de acabar con el régimen, y de los réditos políticos y de legado que un tal desenlace acarrearía para Trump y Rubio.
México podría desempeñar un papel en este debate, pero sólo si se resignara al fin de la dictadura y a coadyuvar a una transición justa, expedita y equilibrada. No parece ser el caso: Sheinbaum y López Obrador, y la mayoría de sus colaboradores, son castristas hasta la médula. Allá ellos.

 

El libro de Julio Scherer encierra dos innegables virtudes. En primer lugar, cuenta cosas. A diferencia de algunos textos de memorias o autobiografías, o de relatos de episodios que distintos altos funcionarios o jerarcas de la política han vivido en el gobierno, Scherer llama a las cosas por su nombre. Relata detalles, anécdotas, análisis, comentarios, hechos, fechas que se vuelven materia prima para historiadores y analista de todo tipo. En segundo lugar, al recurrir de manera moderada, prudente, sin adjetivos y descalificaciones o alabanzas, le permite al lector sacar sus propias conclusiones de los acontecimientos que va narrando del sexenio de López Obrador y de los años anteriores durante los cuales sostuvo una amistad estrecha con él.
Sobre la primera virtud –contar cosas– creo que será suficiente el ya de por sí nutrido caudal de reseñas, críticas, elogios que ha recibido ya el libro. Uno puede desde luego cuestionar tal o cual versión de acontecimientos conocidos, y la de Scherer no es necesariamente ni la única ni la más cercana a la realidad en cada caso. Pero posee la fortaleza de venir desde adentro, de ser narrada con transparencia y de prestarse a más investigación, más análisis, más reflexión. No es poca cosa en lo relativo a un sexenio que fue increíblemente opaco en cuanto a la información real que ofrecía a la sociedad mexicana, a los medios de comunicación, a los historiadores o analistas, y desde luego también a los poderes fácticos: los empresarios, la comentocracia, el ejército, el propio narco, y el resto del mundo, en particular Estados Unidos.
Pero para mí lo más interesante, sin embargo, del relato de Scherer radica en los hechos que narra más que en las conclusiones que él mismo extrae de ellas. Describe lo que, en mi opinión, es una pesadilla, una verdadera película de horror de lo que fue el sexenio, y de la personalidad y la manera de gobernar –el famoso Estilo de gobernar que, junto con el término narrativa, debiéramos desterrar del vocabulario mexicano. López Obrador aparece, no porque Scherer lo pinte así, sino porque uno mismo puede deducirlo, como un personaje totalmente desquiciado, ignorante, preso de sus emociones, sus fobias, sus odios, su increíble resentimiento social, su inseguridad, su absoluta inaptitud para gobernar. Van desfilando por las páginas relatos sobre la Secretaría de Salud y López-Gatell, la Secretaría de Economía con sus diversos titulares, la Secretaría de Educación –otra peor que las primeras–, desde luego el Goebbels mexicano, Jesús Ramírez, y también la aquiescencia o la resignación del resto de los miembros de su gobierno –no necesariamente gente decente, pero por lo menos no salvajes como los que he mencionado– que aceptaron tranquilamente todas estas barbaridades.
Uno no puede más que preguntarse, después de leer el texto de Scherer, y sin necesariamente dar por buenas todas sus versiones –insisto, no estoy en condiciones de hacerlo– ¿cómo es posible que una persona así llegara a gobernar un país de 130 millones de habitantes, la 15ª economía del mundo, con una clase política e intelectual sofisticada, con un empresariado mundialmente competitivo, con instituciones creadas a lo largo de más de un siglo? ¿Cómo es posible que todo el gabinete hubiera aceptado las chicanadas, la corrupción, los abusos de Jesús Ramírez y de otros más? ¿Cómo fue posible que nadie de adentro dijera nada en el momento mismo de los acontecimientos?
El único reproche que se le puede hacer a Julio Scherer es no haber dicho buena parte de lo que dice ahora en el momento de su salida del gobierno, más o menos en la mitad del sexenio. Nos hubiera ayudado muchísimo a todos saber en aquel momento algo de lo que ahora nos entrega, sobre todo cuando se trataba, por parte, insisto, de los poderes fácticos, de saber si había que perpetuar a esta camarilla en el poder o si de una manera o de otra había que buscar el modo de expulsarla electoralmente de Palacio Nacional.
Pero con esta pequeña excepción, el libro es excepcional en las cosas que cuenta y en los horrores que describe, aunque Scherer no los considere necesariamente como tales, ese es asunto de él. Asunto nuestro es ver ahí lo que realmente sucedió, en voz de uno de los principales protagonistas de la mitad del sexenio de López Obrador.

Díaz-Canel, dizque presidente de Cuba, acaba de anunciar que la isla no recibe combustible desde el mes de diciembre. Lo cual significa, entre otras cosas, que ni Rusia ni México entregaron un solo barril de petróleo durante enero. También quiere decir que México, por lo menos –pero obviamente Putin también– han acatado las instrucciones de Donald Trump de suspender los embarques de crudo a Cuba.
Esto por lo menos nos aclara el diferendo que hubo entre Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum. Como se recordará, él afirmó hace unos días que le dijo a Sheinbaum que cesara el suministro de petróleo a la isla; ella dijo que no habían hablado de eso, que sólo hablaron sobre Cuba, Marco Rubio y Juan Ramón de la Fuente. Eufemismos aparte, Trump obviamente dijo la verdad y Sheinbaum no. No es la primera vez, ni será la última.
Otra divergencia existe a propósito de los posibles contactos o negociaciones entre Cuba y Estados Unidos. Trump ha dicho que sí hay pláticas; el MINREX de la Habana afirma lo contrario, dejando a un lado conversaciones técnicas como las que siempre han existido. El periódico ABC de Madrid, basándose sobre todo en un texto de Carlos Cabrera Pérez, periodista cubano basado en Miami y en Madrid, de hace un poco más de una semana, sostiene que las pláticas sí han tenido lugar. Se celebraron en la Ciudad de México desde la semana pasada, y participaron en ella, del lado cubano, Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro y de Vilma Espín; y por el lado norteamericano, altos funcionarios de la CIA. El diario ABC incluso llega a afirmar que dichos encuentros tuvieron lugar bajo una especie de patrocinio o monitoreo por parte de México, y en particular de unos personajes siniestros de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Por ahora, es imposible saber si eso es cierto. Como cualquiera que haya estudiado la historia de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos desde 1959, es bien sabido que constantemente han existido contactos. El libro de William LeoGrande y Peter Kornbluh, Back Channel to Cuba, los describe con gran precisión y veracidad. Cuando se produjo por fin el deshielo en 2014-2015 entre Washington y la Habana, las pláticas entre el mismo Castro Espín y Ben Rhodes del equipo de Obama, tuvieron lugar principalmente en Canadá, y la mediación, cuando la hubo –ni a los cubanos ni a los Estados Unidos les gusta la interferencia de terceros– fue el papa Francisco. Por lo tanto, no es para nada improbable que dichas conversaciones tengan lugar.
Lo que sí podemos afirmar sin mayor riesgo de equivocarnos es el contenido de dichas pláticas, tengan lugar ahora o en el futuro cercano. Y ese contenido va en contra del sentido descrito por el diario ABC y que suponen muchos posibles participantes en las mismas, como espectadores, mediadores o simples facilitadores: México, Brasil, Colombia. Para alguna gente partidaria de la dictadura cubana, las pláticas pueden y deben centrarse únicamente en las reformas económicas que Cuba pueda o no llevar a cabo, y en la llegada, en un primer momento, de ayuda humanitaria, empezando por el petróleo, pero extendiéndose también a alimentos, medicinas y refacciones para las centrales eléctricas del país. En su caso, como siempre ha sucedido cuando acontecen ese tipo de negociaciones, La Habana liberaría a unos, no necesariamente a todos, los mil y pico presos políticos que sobreviven en las cárceles cubanas. No estaría en la mesa de negociación el cambio de régimen, es decir, el fin de la dictadura.
Me parece que esta visión peca de ingenuidad, de falta de entendimiento de lo que ha sucedido en Estados Unidos en los últimos años y de wishful thinking. O mejor dicho, too little too late. Rubio, quien obviamente dirigirá las negociaciones aunque no participe en ellas en persona, no va a aceptar lo que Obama y Rhodes admitieron hace más de 10 años. Van a exigir el fin de la dictadura, un cambio de régimen y todo lo que significa esto en un país como Cuba.
En vista de la situación catastrófica de la economía cubana y de que no exista ninguna solución a corto o mediano plazo que no incluya a Estados Unidos, Washington va a pedir lo lógico: el desmantelamiento del régimen de la revolución. Esto significa liberación de todos los presos políticos, un cronograma para celebrar elecciones en un futuro cercano, la participación de todos los cubanos, ya sea de la isla, ya sea de Miami, en dichas elecciones, la plena libertad de prensa, de formación de partidos políticos, de manifestación y de oposición, y la suspensión a mediano plazo de la Constitución actual de Cuba, que entre otras cosas prevé la existencia de un partido único. Pensar a estas alturas, en estas circunstancias, que Trump va a aceptar simples reformas económicas cubanas a cambio de poner fin a lo que ahora sí –no antes– es un bloqueo a Cuba, es iluso. Esa época ya pasó.
Cuba debió haber aceptado el subtexto de Obama: una paulatina apertura política que condujera con el tiempo a una transición democrática. No lo hizo. Tal vez porque Fidel Castro, todavía en vida, se opuso; tal vez porque le entró miedo a Raúl Castro; tal vez porque no está en el ADN de toda la dirección cubana el contemplar esa posibilidad. Hoy ya no hay opción. Para mucha gente el quid pro quo parecerá excesivo. Probablemente para los cubanos de a pie que no comen, no beben, no tienen luz, no pueden transportarse ni ir a trabajar, no tienen medicinas, no tienen nada, tal vez sea un canje aceptable. ¿Es inmoral? Posiblemente. Aunque entonces habría que poner también en la balanza la moralidad, o falta de ella más bien, de todo el régimen cubano desde hace por lo menos 65 años. ¿Lo aceptará la nomenklatura cubana? Imposible saber. En una de esas, prefieren la inmolación.
Posdata. Hablando de inmola-ciones, acepto la apuesta de Jorge Zepeda Patterson. Creo que el crecimiento del PIB en 2027 será más cercano al 0.3 por ciento que al 3 por ciento que él calcula. Es una especie de reto Pepsi.

 

Los resultados de la supuesta investigación de la Fiscalía sobre el trágico accidente del Tren Transístmico de hace un mes ilustran de nuevo la dificultad de gobernar en México como antes. No sólo fue cuestionada la independencia de la pesquisa, y de la Fiscal; no sólo fue recordada la promesa de la presidenta de contratar a una instancia investigadora externa; no sólo salieron a relucir “otros datos” del mismo informe de la FGR. El gobierno se va a enredar en las mismas contradicciones, en el mismo cantifleo, en las mismas imprecisiones de estos últimos días.
Resulta difícil creer que Ernestina Godoy puede entregar un reporte objetivo e independiente. Fue funcionaria en el sexenio anterior, cuando se (re)construyó el tren, cuando se compraron las locomotoras y los vagones, cuando se rehabilitaron las vías del porfiriato, cuando se aceleró la entrega de la obra. Su conclusión de que todo fue culpa del no-maquinista/conductor/despachador simplemente no es creíble.
Ya no fue traída a México una firma extranjera especializada en accidentes de ferrocarril, como anunció Claudia Sheinbaum en diciembre. Será convocada para realizar una “certificación” que permita la reanudación de operaciones del tren. Para cuando llegue e investigue, suponiendo que eso suceda, la cadena de custodia habrá sido manoseada decenas de veces, los supuestos responsables llevarán semanas o meses en la cárcel, y las conclusiones oficiales habrán sido repetidas en innumerables ocasiones. Servirá de poco la gestión.
De acuerdo con los medios que informaron al respecto, sorprenden datos incluidos en el peritaje que no fueron mencionados por Godoy. Según Reforma, la investigación de la FGR menciona que ni el maquinista, ni el conductor poseían licencias vigentes. Por supuesto no se entrega el nombre de la persona responsable de contratarlos, ni de vigilar algo tan sencillo y evidente. Los que manejaban el tren, ¿tenían permiso para manejarlo?
De acuerdo con Loret, el informe de Godoy señala que el tren se movía con exceso de velocidad, pero carecía de velocímetro en la cabina de conducción (no en la llamada caja negra). ¿Cómo diablos iban a saber el maquinista, el conductor y el despachador que sobrepasaron la velocidad autorizada, sin velocímetro? Por cierto, la radio y las cámaras del tren tampoco funcionaban. ¿En serio? Dejemos a un lado la ausencia de extinguidores de fuego, que en este caso no importaron. ¡Qué bueno que no se incendió el tren!
Seguramente vendrán en los días siguientes las explicaciones mañaneras de por qué no era necesario un velocímetro ni radio ni cámaras. Tampoco eran tan importantes las licencias de los responsables, ni los demás defectos que otros encontrarán enterrados en el informe. En efecto, estas son las revelaciones de los medios nacionales al día siguiente de la entrega del informe oficial –y oficialista. Pero al igual que con los envíos de petróleo a Cuba (Bloomberg), de la detención de Ryan Wedding por agentes del FBI en México (The Wall Street Journal), o del nerviosismo en el gobierno ante la amenaza de acciones unilaterales de Estados Unidos en México (The New York Times), los medios internacionales pronto indagarán el contenido del informe, sus silencios, y los testimonios de los acusados. Surgirán nuevas dudas, o denuncias, o mentiras.
Como lo han escrito varios estos días, si a López Obrador se le daba mentir descarada y cínicamente, Sheinbaum no dispone del mismo y correspondiente talento. Se hace bolas. Cada día, su escasa propensión al engaño le irá costando más.

 

Los acontecimientos de los últimos días en Washington y en Davos confirman claramente lo que ya se sabía: Donald Trump es totalmente imprevisible. Ventaja o peligro para él, pero en todo caso, incertidumbre y confusión para todos los demás. Con la creciente tensión entre Estados Unidos y Canadá –en ambas direcciones– y con los tiempos que se empiezan a acortar, el destino del T-MEC se antoja cada día más difícil de vaticinar. Se va fortaleciendo la hipótesis de dos acuerdos bilaterales de Estados Unidos con Canadá y con México y, en su caso, aunque no tendría demasiada importancia, otro acuerdo bilateral entre México y Canadá.
La propia negociación tendrá sus aspectos técnicos de gran complejidad debido a los cambios que muchos sectores en Estados Unidos ya han solicitado a través de las audiencias con el representante especial de comercio (USTR). Uno de los enigmas sigue siendo la difícil determinación del umbral de cambios en cuanto a las obligaciones de Estados Unidos a partir del cual sería necesario que el Congreso norteamericano –ambas cámaras– tuviera nuevamente que aprobarlo.
Obviamente, si el actual acuerdo entre tres se convirtiera en dos acuerdos entre dos, dicha ratificación se volvería imperativa. En cambio, si se mantiene el acuerdo trilateral y Estados Unidos pide pocos cambios en cuanto a sus obligaciones, no en cuanto a las de México o de Canadá; y si México y Canadá prácticamente no proponen modificaciones; y si Trump es capaz de imponerle a su mayoría republicana el acuerdo en no volver a votar el instrumento en el Congreso, no es imposible que todo esto se logre antes de las campañas electorales para las elecciones de medio periodo que comienzan en septiembre de este año.
Son muchos si, y al revés, si México y Canadá piden cambios sustantivos; o si el equipo de Trump impone cambios en las obligaciones de Estados Unidos; si hay un grupo de republicanos contrarios al acuerdo en la Cámara de Representantes que se unan a los demócratas para exigir un debate y una votación por lo menos en esa cámara, entonces es muy posible que el proceso entero se prolongue hasta la primavera de 2027.
Todo esto debiera ser algo muy estudiado, muy discutido y muy procesado tanto por la presidenta como por sus colaboradores pertinentes: Economía, Hacienda, Trabajo y, desde luego, Relaciones Exteriores. Y ella debe tener también muy clara la evolución de todo ello, no sólo a partir de lo que es de dominio público –el discurso de Carney en Davos, sus viajes a China y al Golfo Pérsico, etcétera– sino también el día a día que le reporta el equipo negociador de la Secretaría de Economía. Se supone que así lo hacen, y que lo hacen además de manera honesta, completa y sin trampas.
Pedirle eso al secretario de Economía es un poco excesivo en vista de su trayectoria política desde hace ya más de 40 años. Pero el problema va más allá de la personalidad del titular de esa cartera. En un libro importante, interesante y altamente legible, José Ramón López-Portillo confirma y desarrolla su tesis anterior sobre las explicaciones posibles de la crisis de 1981-1982 en la presidencia de su padre.
En Tres Crisis apunta nuevamente José Ramón que una de las explicaciones de la crisis fue la diferencia –casi abismal– entre las cifras del déficit fiscal para 1981 y 1982 que le presentaron, por un lado, la Secretaría de Hacienda, encabezada por David Ibarra y, por el otro, la Secretaría de Programación y Presupuesto, cuyo titular era Miguel de la Madrid. Ambos eran fuertes contendientes para suceder a José López Portillo, y aunque en varios textos este último ha señalado también a Javier García Paniagua como posible sucesor, en realidad siempre he pensado, y creo que muchos que han estudiado ese proceso lo piensan también, que los finalistas fueron David Ibarra y De la Madrid.
Dice José Ramón López-Portillo que el error sucesorio provino de la politización de la política económica. Consistió en tener en las secretarías de Hacienda y de Programación y Presupuesto a candidatos a la sucesión. Prácticamente eso los obligaba a presentarle escenarios color de rosa a López Portillo, y en particular a presentar subestimaciones del tamaño del déficit, sobre todo en 1981. En particular, es cierto que De la Madrid, según José Ramón, maquilló las cifras mucho más que David Ibarra. Incluso en algún momento, cuando estalla la crisis y antes de su renuncia, López-Portillo le atribuye a Ibarra una sonrisa y un “ya ve, se lo dije” en la cara.
La subestimación por parte de SPP y de MMH llevó a López Portillo a subestimar la gravedad del déficit y de la crisis en ciernes. En este libro se publica una larga carta que me envió Miguel de la Madrid en 1999 cuando citando la tesis de doctorado en Oxford de José Ramón con estas mismas explicaciones, me responde a la argumentación de José Ramón López-Portillo. Este, a su vez en su libro actual, no le responde al expresidente, porque ya falleció, pero sí da su respuesta, digamos, para el lector.
Todo esto viene a colación porque tener a un obvio candidato a la presidencia de la República para 2030 en un puesto tan sensible hoy como la Secretaría de Economía puede encerrar el mismo riesgo que le tocó a López Portillo. Y, por cierto, a De la Madrid también, durante el periodo en que coincidieron en su gabinete Jesús Silva Herzog en Hacienda y Carlos Salinas de Gortari en Programación y Presupuesto. Más allá, insisto, de la personalidad y el historial del titular de la Secretaría de Economía, se puede considerar un error colocar en esa situación a alguien que por definición tiene que presentarle escenarios color de rosa a su jefa. No tengo la menor idea si eso es lo que hace Ebrard o no, pero sé que cualquier persona lo haría, a menos de que sea uno de los ángeles a los que se refería James Madison en The Federalist Papers. Suerte.

 

En los próximos días se divulgará el proyecto de reforma electoral del gobierno de Claudia Sheinbaum. Al igual que la reforma del Poder Judicial, es difícil determinar si dicho proyecto es de ella o de López Obrador, o si la diferencia es irrelevante: se encuentran por completo compenetrados en este tipo de temas.
A reserva de que el Partido Verde o el PT no puedan patalear lo suficiente para conseguir un acuerdo que los proteja no sólo para el 2027, sino también para el 2030, la reforma incluirá aspectos ya publicitados. Se limitará la autonomía del INE, sin que se pueda vaticinar hasta qué punto. Se reducirá el financiamiento del INE propiamente como tal, y el que el INE otorga a los partidos, recortando sobre todo el apoyo que reciban en los años durante los cuales no hay elecciones. Disminuirá el número de diputados en general, y en particular los de representación proporcional (RP); dudo que López Obrador y Sheinbaum tengan la audacia de proponer un esquema de RP puro y completo, que en lo personal me agradaría. Se eliminarán las senadurías de RP, y se adelantará la fecha de la revocación de mandato para coincidir con las elecciones de 2027.
El PT y el Verde buscarán la manera de obtener beneficios de un tipo o de otro para compensar por lo que pierdan de diputados, senadores y financiamiento público. Finalmente, se ampliará la ventanilla de registro de nuevos partidos, sin necesariamente facilitar la obtención del mismo.
Todo esto implica un debilitamiento más o menos severo de la de por sí maltrecha democracia mexicana. El control de los medios, la desaparición de la independencia del Poder Judicial y de los organismos autónomos, y la captura del INE y del Tribunal Electoral ya han carcomido lo que se construyó en los noventa. Se trata entonces de un tiro de gracia para lo que queda.
Nada de lo escrito es nuevo, ni carece de múltiples razonamientos y argumentos para afirmarlo. La pregunta consiste en definir las posturas de cada quien ante semejante trastocada del andamiaje erigido antes. Veo cuatro sectores que se verán obligados a posicionarse, y sugiero aquí lo que yo respondería al respecto si alguien me preguntara.
La oposición primero. Entiendo la tentación de proponer una reforma “alternativa”, para no aparecer como simples defensores del status quo y del costo, que a muchos ojos parece exorbitante, de los comicios mexicanos. Sin embargo, PAN, PRI, MC y Somos México cometerían un error. No existe razón válida alguna para cambiar lo que funciona. If it ain’t broke, don’t fix it.
En segundo término, los expertos, principalmente exconsejeros y expresidentes del IFE o del INE y académicos especializados. Se antoja lógico que ellos opinen al respecto y se asocien para presentar un esquema diferente que tome en cuenta los defectos que ellos mismos han detectado en el sistema actual a lo largo de los años. No se les puede reclamar. Pero dudo que acierten si procuran convencer a los partidos de asumir su propuesta, que técnicamente será robusta, pero que sólo con grandes dificultades se podrá explicar en términos sencillos a la opinión pública.
Luego, los empresarios. A pesar de todas las elucubraciones de la 4T, México sigue siendo un país de poderes fácticos, y junto con las fuerzas armadas y Estados Unidos, el empresariado constituye el más poderoso de esos poderes. Aunque algunos hombres de negocios sostendrán que no les corresponde a ellos opinar sobre estos temas, resulta evidente que el desenlace les afectará sobremanera. Sin financiamiento público, o bien lo habrá privado, es decir, suyo, o triunfará siempre el partido gobernante, por ahora Morena. Creo que al igual que la oposición, el empresariado debe simplemente decir que no a la reforma, sin enredarse en elaborar un plan alternativo imposible de explicar e innecesario.
Por último, la comentocracia, es decir, los medios y la academia no especializada pero que opina. Debiera concentrar su fuego contra la reforma del oficialismo, sin recomendar otros senderos, ni aceptar unos componentes de la propuesta gubernamental, rechazando otros. El atractivo de ser propositivos es descomunal –lo entiendo– pero caer en ello es fatal. Sobre todo para gente pensante: ¿Qué sentido tiene arreglar algo que no se encuentra descompuesto? Más allá de los aspectos específicos que cada quien critique o abomine del sistema actual –por ejemplo, me disgusta profundamente el procedimiento para lograr y sostener una candidatura independiente– el conjunto de reformas de 1996 en adelante es altamente preferible a la reforma de Morena.
El debate apenas arranca, pero durará poco. Sheinbaum va a querer sacar esto adelante lo más pronto posible, para concentrarse en lo principal: defenderse de Trump y lograr que la economía crezca. Como dijo Gómez, las mayorías parlamentarias sirven para eso.

 

Alguien miente sobre los envíos de productos petroleros –crudo y refinados– de México a Cuba. El 5 de enero, The Financial Times citó a la empresa de monitoreo de comercio y transporte marítimo Kpler para afirmar que en 2025 México envió un promedio de 12 mil 284 barriles diarios a la isla, 56 por ciento más que en 2024. Se trata, obviamente, de números anteriores a la captura de Maduro por Estados Unidos y a la suspensión de suministros venezolanos a Cuba. Estos ya venían disminuyendo: cayeron a 9 mil 528 barriles diarios, igual que en 2024, pero 63 por ciento menos que en 2023. Según el informe de Pemex a la SEC, entre enero y septiembre de 2025, México entregó 17 mil 200 barriles de crudo diarios y 2 mil barriles de productos petroleros. La presidenta Sheinbaum contestó en la mañanera del jueves que México envió menos petróleo a Cuba en 2025 que en 2024.
El diario Reforma, a partir de estos mismos datos y de Banco de México, calculó el miércoles que durante los primeros 13 meses de este sexenio, se han enviado 17 millones de barriles a Cuba, cuatro veces más que en el mismo período de López Obrador, y entre 7 y 8 veces más que con Peña Nieto y Calderón (ambos amiguitos de los Castro, por cierto).
Otros medios internacionales –The New York Times y The Wall Street Journal, citando al experto Jorge Piñon de la Universidad de Texas– han señalado que el promedio de embarques entre enero y septiembre del año pasado sumó 22 mil barriles diarios, pero que después de la visita de Marco Rubio a México en agosto, la cifra cayó a 7 mil barriles por día. Y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que estimó, gracias a investigaciones y filtraciones, que en el sexenio de Sheinbaum se ha despachado petróleo a Cuba por el valor de más de tres mil millones de dólares, señaló el jueves que el buque-tanque Ocean Mariner, bajo pabellón de conveniencia de Liberia, zarpó de Coatzalcoalcos el 5 de enero, con destino a La Habana, cargando entre 80 y 110 mil barriles de crudo, según el diario El País.
Desde antes de la invasión a Venezuela, México había superado entonces a Venezuela como primer proveedor de crudo a la isla, y ahora, parece ser la única fuente, ya que los barcos rusos no dan la impresión de querer enfrentar un bloqueo hipotético por Estados Unidos. La pregunta entonces consiste en algo muy simple: este comportamiento de Sheinbaum ¿corresponde al interés mexicano, tomando en cuenta la postura actual de Trump hacia Venezuela, Cuba y América Latina?
Sheinbaum distorsiona los datos y las explicaciones. Dice que el apoyo mexicano es histórico, y debido a contratos y consideraciones humanitarias. En primer lugar, los contratos seguramente no son evergreens, porque Cuba no tiene para pagarlos, y en todo caso los firma el gobierno de México o alguna de sus instancias, no el Espíritu Santo. Puede no firmarlos. Y si de motivos humanitarios se trata, no se entiende por qué México ayuda a Cuba y no a Haití, o porqué Brasil, que produce tres veces más crudo que México, y es tan amigo de la dictadura, no es solidario con Díaz-Canel. En cuanto a los antecedentes históricos, se trata nuevamente de medias verdades. México, desde López Portillo, ha enviado a Cuba algo de petróleo o dinero para comprarlo, renegociando o condonando deuda cubana, pero nunca en las cantidades actuales, nunca como primer proveedor, y nunca con Trump enfrente.
Las cosas como son. Sheinbaum le regala petróleo a la dictadura castrista por simpatía ideológica, por nostalgia, por afinidad política. Mientras ese capricho no contradiga intereses mexicanos superiores, asunto suyo, aunque el Congreso mexicano podría tener algo que decir al respecto. Prometió entregar el historial y todos los datos; no lo ha hecho. Pero si Estados Unidos le impone sanciones a Pemex, o detiene un buque-tanque cargado con crudo mexicano, ojalá no digan que no sabían, que no creían, que es un asunto de soberanía. Se les ha dicho hasta la saciedad, en México y en Estados Unidos. Es una imprudencia; mejor dicho, una irresponsabilidad.

 

Por muchas razones, la situación en Venezuela se complica. En primer lugar, desde luego para los venezolanos; en segundo término, para Donald Trump y cualesquiera que sean sus ambiciones con el país petrolero; y en un lejano tercer lugar, para otros países y en particular para México. Todo indica que el statu quo no es sostenible indefinidamente.
Varios cambios en los últimos días justifican esta apreciación. Primero, desde luego, la exitosa salida de María Corina Machado de su país para llegar, aunque fuera con un día de retraso, a la ceremonia de entrega del premio Nobel de la Paz. Como muchos han sugerido, la decisión de viajar a Europa, y seguramente muy pronto a Estados Unidos, encierra riesgos. Puede volverse una nueva Juan Guaidó: una prestigiada lideresa de oposición que debido al exilio permanente se vuelve irrelevante. Otro es la mayor exposición a los reflectores: en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, deberá enfrentar muchas más interrogantes sobre sus posturas a propósito de una invasión norteamericana, de la naturaleza del narcoestado de la dictadura de Maduro, de su aprobación de los ataques de Estados Unidos a las supuestas narco lanchas en el Caribe o en el Pacífico. Pero por lo pronto adquiere una visibilidad y una movilidad que desde luego no poseía en Venezuela.
El segundo cambio viene de cómo se ha intensificado la presión de Washington sobre Caracas. El simple paso del tiempo contribuye a que la presión aumente, pero además algunos hechos lo demuestran. El ingreso al espacio aéreo venezolano de un par de cazas estadunidenses fue un paso más en la escalada. La intercepción y toma de un buque petrolero en altamar por parte de la marina norteamericana es otro paso en el mismo sentido. Varios analistas en Washington habían vaticinado desde hace meses que ese sería uno de los desenlaces de la presencia marítima de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela. Se trata en este caso de una acción puntual contra un buque tanque que ya había disimulado su localización anteriormente y para el cual existía una orden judicial de captura debido al hecho de que ha transportado en el pasado petróleo iraní sujeto a sanciones por parte de Estados Unidos. Pero la lógica de esa presencia marítima norteamericana sugiere que no es más que un primer movimiento. Constantemente circulan navíos cargados de petróleo venezolano hacia China, hacia Cuba y hacia algunos otros pocos países. Se puede suponer que cualquiera de estos días los Marines intervendrán en otra captura, de otra nave, muy posiblemente transportando crudo venezolano a la Habana. Lo cual complicaría la situación enormemente, tanto para Venezuela como para la dictadura castrista.
Cada día será más difícil para otros países definirse ante la creciente presión de Washington. Aunque hasta ahora no lo ha realizado, se entendería que la dictadura de Maduro intentará llevar el secuestro del tanquero al Consejo de Seguridad de la ONU, pues Venezuela ya no es miembro de la OEA. Ahí, con un proyecto de resolución bien redactado, no sería imposible lograr la abstención de Francia y del Reino Unido, junto con el apoyo de Rusia y China. Lo cual obligaría a Estados Unidos a vetar la resolución, dejándola sin efecto, pero con un impacto mediático innegable. Asimismo, uno puede esperar que Maduro le insista cada vez con mayor vigor a países como México, Colombia y Brasil a que tomen su partido y censuren o reprueben la política de Trump hacia Caracas. Colombia probablemente lo haga, Brasil en menor medida; y México, por razones evidentes, y a pesar de las simpatías que las 4T le tenga a la dictadura chavista, mantendrá su famosa y lamentable neutralidad, que en este caso es preferible a la solidaridad con la dictadura. Pero los tres países se verán cada vez más aislados en América Latina, en particular a partir de las elecciones en Chile el domingo, donde el candidato de extrema derecha José Antonio Kast puede conseguir un mandato de hasta 60% del voto.
Todo esto para decir que si bien Estados Unidos puede permitirse el lujo de mantener los enormes recursos navales que ha desplegado en el Caribe durante muchas semanas, mas como explicaba un ex consejero de seguridad nacional hace poco, el costo es el mismo en el Caribe o en el Mediterráneo es poco probable que la situación permanezca sin cambios. Al contrario: algún tipo de intervención se antoja ya inevitable, por criticable que pudiera ser a ojos de algunos.