La mariguana y los políticos conservadores

La discusión detonada por el proyecto de sentencia de Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la legalización de los clubes de cannabis ha puesto de relieve lo mejor y lo peor de la sociedad política mexicana. En realidad, ha magnificado lo que ya se había entrevisto hace tres años, cuando algunos ex secretarios de Estado de gobiernos pasados, junto con distinguidos escritores y activistas de hoy, promovimos diversas iniciativas a favor de la legalización de la mariguana, y cuando legisladores del PRD de entonces, como Mario Delgado, Fernando Belaunzarán y Vidal Llerenas, procuraron avanzar en la materia en el Distrito Federal, así como lo ha hecho Graco Ramírez en Morelos.
Lo mejor: personalidades de historia política y cultural conservadora dan un paso monumental, para ellas: avalar la legalización de una sustancia satanizada por las clases bien pensantes de una sociedad clasista y en ocasiones racista, y por un pueblo aterrado por las mentiras de gobiernos volcados a una guerra sin fin. Lo peor: el panaceismo de unos, y la proclividad infinita de la clase política y la comentocracia mexicanas de hacerse pendejas. Ya hablé de los panaceos en una entrega anterior, y Aguilar Camín profundizo en el tema con mucho más humor y perspicacia que yo. Ahora toca el segundo vicio.
Me refiero a la repetición incansable de la falsa salida de la apertura al debate. Para evitar cualquier toma de posición, para no comprometerse, para quedar bien con todos, unos y otros recurren ad nauseam al fatigado recurso del debate en abstracto: que se discuta. Tesis esquiva, medio cobarde, y poco productiva, en el mejor de los casos. Por tres razones.
Primera: no está en sus manos decidir si el debate se abre o no. Está abierto en México hoy, lo quieran o no. En la Asamblea del DF, en los tribunales, en las columnas, ese debate existe. Se da también en las universidades, en las cenas, en las capitales del interior de la república. Quien desee enterarse de las opiniones de comentaristas o de los puntos de vista eruditos de científicos nacionales, lo puede hacer fácilmente.
En segundo lugar, está abierto en el mundo, lejano y vecino: en Holanda y Portugal, en Uruguay y Colorado, en la ONU y en la OEA, en CNN y en las revistas científicas como Lancet. La insularidad mexicana no obliga al mundo a compartirla: la indigencia de los argumentos contrarios a la legalización en México sorprende por el desfase entre la sofisticación y liberalidad de la sociedad capitalina, y el anacronismo de los “anti mariguanos” vergonzantes.
Tercero: llamar al debate sin tomar partido en el mismo equivale a sacarle el bulto al tema. Es una forma típicamente mexicana de abstenerse de adoptar una posición –por miedo o por convicción inconfesable– sin oponerse a una tendencia ya irreversible en el camino a la modernidad. Las definiciones tajantes –y aberrantes– de López Obrador y de El Bronco encierran por lo menos la virtud de la claridad. Las abdicaciones de tantos otros reflejan el instinto conservador de hasta cuatro generaciones de políticos mexicanos.

El anti imperialismo del PRIAN-PRD

El lunes 26 de octubre Reforma informó que tres senadores (PRI, PAN y PRD) de la Comisión de Relaciones Exteriores “rechazaron enérgicamente esta decisión (la de EU de cancelar 15 por ciento de los fondos de la Iniciativa Mérida por violaciones a los derechos humanos en México). Los argumentos de que nuestro país no cumplió las expectativas sobre derechos humanos no reconocen los importantes avances de México en la materia e implica una posición unilateral que es contraria al esquema de cooperación.” Lo firman Marcela Guerra por el PRI, Juan Carlos Romero Hicks por el PAN y Fidel Demedicis por el PRD.
Lo de menos es la repetición de la media verdad del gobierno sobre la unilateralidad. La Iniciativa Mérida fue anunciada en octubre de 2007 por ambos gobiernos (aunque siempre incluyó también a Centroamérica); en junio de 2008, el Congreso norteamericano aprobó los primeros fondos correspondientes, y fijó las condiciones para su desembolso; en diciembre de 2008, ambos gobiernos firmaron una Carta de Entendimiento regulando el desembolso de los 197 millones de dólares iniciales. Desde el primer momento, la iniciativa incorporó consideraciones de derechos humanos, y la posibilidad de recortar 25 por ciento de una porción de los recursos si el ejecutivo de EU no le asegurara al Congreso que México realizaba avances en esta materia.
El gobierno de Calderón lo peleó, redujo el porcentaje contingente de 25 por ciento a 15, e impuso otras reservas. Pero aceptó el paquete completo, al grado que cuando Washington demoró la notificación al Congreso en años subsiguientes, Calderón fue paciente y jamás cuestionó el procedimiento. De unilateral, hay muy poco en Mérida, y en todo caso, si a alguien no le gustaba, debía haberlo rechazado desde un principio.
Lo sorprendente es la posición del PRD. Se entiende que PRI y PAN se molesten por las acusaciones sobre derechos humanos: son sus gobiernos quienes los violan. Pero que un partido de oposición como el PRD exalte los “importantes avances” de México en este rubro parece aberrante. Sólo veo tres explicaciones.
O bien el pobre senador Demedicis no entendió lo que firmaba; o bien firmó y dejó de ser tan pobre; o bien su postura refleja una actitud sempiterna de la izquierda mexicana: contra Estados Unidos aunque tengan razón, aunque me meta a la cama con un gobierno adversario, aunque me desdiga de lo que pienso y digo cada día. Convendría saber cuál de las tres, y si esta es la postura del PRD en su conjunto, o solo del infeliz legislador cripto-prianista. Aunque sospecho que los supuestos enemigos del PRIAN, o sea AMLO y Morena, piensan lo mismo.

Merkel, CICIG y Suchiate

Hace unos días la canciller alemana Angela Merkel le hizo al presidente turco Erdogan una oferta que no podía rechazar (recuerden a Don Corleone). Si Turquía se hacía cargo de un mayor número de refugiados sirios (ha recibido a 2 de los 4 millones que han salido de Siria) y ayuda a la UE a evitar que se trasladen a Alemania, Merkel le ofrecía un trato inmejorable.
No sólo habría una disponibilidad de recursos enorme de Alemania y de la UE para ayudar a Turquía a atender a los refugiados, sino se levantaría el virtual veto alemán al ingreso de Turquía a la UE, haciéndose de la vista gorda ante el asunto no dicho –el Islam– y las dos objeciones formales: derechos humanos y Chipre. Todo parece indicar que Erdogan aceptará este quid pro quo de gran atractivo para su país, de cualquier manera pronto se vería obligado a recibir a más sirios, y a evitar su traslado a Grecia al llegar el invierno mediterráneo. Mejor imposible.
Huelga decir que en Guatemala nadie piensa que México haya obtenido un ofrecimiento semejante de EU por cerrar la frontera sur del país hace casi un año y medio y deportar a más centroamericanos que Washington, y que en el fondo, como me dijo un ex alto funcionario guatemalteco, la única razón por la que el gobierno de Peña Nieto aceptó esta exigencia fue su propia debilidad. Fue una extraña decisión mexicana ya que la oportunidad de obtener un quid pro quo a la turca no era nula, y que el gobierno de Obama ha adoptado posturas inéditas frente a lo que sucede en el Triángulo del Norte.
Las elecciones guatemaltecas de ayer no reflejan el verdadero estado de ánimo del país. Después de los acontecimientos de abril y septiembre pasados, donde la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) coadyuvó a la destitución constitucional de una vicepresidenta y del presidente Otto Pérez Molina, gracias a las recurrentes manifestaciones de hasta 150 mil personas en el Parque Central de la capital, son lo que realmente pone el sello distintivo de Guatemala hoy. Las elecciones funcionaron normalmente, ganó un cómico insólito por ser el outsider disponible, aunque sus vínculos con paramilitares y ex militares de antaño no necesariamente lo colocan legítimamente en esa posición. Pero hay más gente que le apuesta en Guatemala a la duración de su mandato que a su éxito o fracaso. De hecho, el verdadero enigma que enfrenta el país hoy es si la CICIG podrá extender su influencia, gracias en buena medida a EU y, ojalá, a México (un gran ausente presente en Guatemala) al ámbito social, económico y fiscal. Para muchos esto equivaldría a una especie de protectorado; para otros a la mejor solución para un Estado que tiene presencia del Ministerio Público en sólo 10 por ciento de sus municipios, y la tasa de impuesto sobre la renta es de 7 por ciento.
PD. En una entrega anterior escribí que la CICIG contaba con 400 integrantes en Guatemala; el comisionado Iván Velázquez me corrigió: son 150 en cada momento, aunque a lo largo de los años han sido más de 400 los que han participado en esta comisión excepcional.

Ideas del Cambio

 

Jorge G. Castañeda  

El pasado miércoles se cumplió un año de haber comenzado un movimiento ciudadano que, ante los diferentes retos que enfrenta el país y la persistencia de sus problemas, decidimos llamar Ideas del Cambio. Esta iniciativa responde a las inquietudes de mucha gente que, fuera de las estructuras políticas tradicionales y sin pertenecer necesariamente a una corriente particular, siente la necesidad de participar en un proyecto que, tras el análisis de las diferentes alternativas, plantea los conceptos y los principios sobre los cuales se podría construir una nueva realidad nacional. Se trata, por lo tanto, de una propuesta esencialmente ciudadana en el mejor sentido de la palabra, a saber, de una iniciativa emprendida por personas que, al margen de cualquier oficialismo, pretenden simplemente ejercer sus derechos y dar cauce a sus propuestas luego de observar el agotamiento de las estructuras políticas tradicionales.

A lo largo de estos 365 días me he dedicado a viajar por todo el país para promover precisamente esas ideas del cambio. Me he reunido así con habitantes de colonias populares, mujeres, pequeños y grandes empresarios, estudiantes, obreros, migrantes y campesinos; he realizado 45 giras y visitado 42 ciudades en 31 estados de la República; en el Distrito Federal he realizado 28 encuentros ciudadanos en las delegaciones de Iztapalapa, Magdalena Contreras, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc.

En estas reuniones de análisis y discusión han participado cerca de 80 mil personas, en 46 foros realizados en universidades, 53 reuniones con empresarios, 35 con mujeres, 26 con dirigentes populares, 28 con intelectuales y cinco con migrantes. Realizamos 12 foros ciudadanos e impartí igualmente 20 conferencias magistrales. Todo esto nos lleva a un total de 225 encuentros.

Ha sido una actividad ciertamente agotadora pero con buenos resultados. Los ciudadanos han reaccionado favorablemente al ofrecimiento de propuestas concretas y al planteamiento de ideas nuevas.                           El debate planteado ha logrado trascender una coyuntura política marcada mayormente por lo anecdótico, las especulaciones prematuras y, sobre todo, la ausencia de contenidos. Las ideas del cambio, en efecto, constituyen un principio de agenda nacional que, de manera deliberada, hemos reducido a algunos temas esenciales porque –lo he dicho varias veces– cuando se intenta resolverlo todo se termina no arreglando prácticamente nada.

Es fundamental, para empezar, que en México logremos instaurar una verdadera seguridad jurídica para las personas, los bienes y las transacciones. Mientras un ciudadano no pueda salir a caminar tranquilamente por la calle, mientras el dueño de un terreno no esté seguro de que nadie se lo va a quitar o a expropiar, mientras un pequeño empresario no sepa que el contrato que firmó con un proveedor se va a cumplir, este país no contará con las condiciones necesarias para tener el crecimiento económico que requiere y crear los empleos que reclaman los mexicanos. De manera paralela, es necesario emprender una revolución educativa para lograr que los mexicanos tengan un verdadero acceso al mundo de la información y que participen activamente en la sociedad del futuro. Con el fin de alcanzar estos propósitos –acompañados de propuestas concretas como la celebración de juicios orales, la ampliación de la jornada escolar o la unificación de los diferentes Códigos Penales– he planteado que se lleve a cabo una reforma institucional en nuestro país (que, a su vez, con medidas como la reelección de diputados y senadores, el establecimiento de una segunda vuelta en las elecciones presidenciales y legislativas, la instauración del plebiscito o la creación de la figura de un primer ministro, propiciaría la eventual viabilidad de esas reformas estructurales actualmente empantanadas en el Congreso) y, en lo que se refiere a la necesaria financiación de estos proyectos, que explotemos de manera                           racional nuestros recursos petroleros.

Los anteriores puntos han sido expuestos en los diferentes encuentros realizados en todo el país y lo menos que puedo decir es que la respuesta ciudadana a estos planteamientos ha sido muy positiva. Mas aún, los resultados trascienden claramente mi impresión personal de las cosas –necesariamente                           subjetiva– y comienzan a reflejarse en cifras proporcionadas por varias encuestas, en especial las que dos importantes medios de comunicación publicaron recientemente. Naturalmente, la actual coyuntura política ha llevado a situar dichos resultados dentro de la contienda electoral del 2006 y en comparación con otros posibles candidatos. Pero, de cualquier manera, nos encontramos frente a una clara expresión de aceptación pública considerando además que Ideas del Cambio es un movimiento substancialmente ciudadano que no opera con los fondos públicos destinados por ley a los partidos políticos.

La semana pasada, CNI                           Canal 40 dio a conocer un sondeo de GEA-ISA en el que la población nos asigna 6 por ciento de la intención de voto. Y, en la encuesta publicada el pasado lunes por el diario Reforma, partiendo de que los candidatos participantes fueran Santiago Creel, Roberto Madrazo y Andrés Manuel López Obrador, aparece formulada la siguiente pregunta: “¿Qué pasaría si esos tres posibles candidatos enfrentaran también a un cuarto aspirante? La encuesta revela que el apoyo de alrededor de 6 por ciento para Jorge G. Castañeda le restaría votos a los candidatos del PAN y del PRI, pero no afectaría al actual jefe de Gobierno capitalino. Además, la encuesta también indica que el apoyo a Castañeda “se duplicó en los últimos tres meses (antes era de 3 por ciento), atrayendo apoyos del electorado independiente”. Los resultados de esta encuesta realizada por Reforma son especialmente significativos porque la información no fue obtenida por vía telefónica sino que fue levantada en vivienda, siendo que la mayor parte de nuestros esfuerzos, en esta primera etapa, se habían dirigido más bien a la población que dispone de un teléfono en casa.

A la vista de esta respuesta ciudadana, que he encontrado luego de doce meses de actividad, tomaré en un futuro no demasiado lejano la decisión sobre la posibilidad de que este movimiento ciudadano deba, en efecto, ser parte del proceso electoral del 2006. Será un reto mayor, pero los resultados obtenidos, luego de un año de activismo, permiten augurar un escenario propicio donde, por lo pronto (y ésa será realmente la circunstancia condicionante), vamos a ofrecer una competencia efectiva y una alternativa ciudadana real.