En la casa de Carlos Daniel Félix se refugiaron 18 personas luego de que los vientos del huracán Otis derribaron su casa de adobe, en la colonia Libertad parte alta Foto: Daniel Velázquez
Daniel Velázquez
Vecinos de la colonia La Libertad parte alta se refugiaron en los cuartos que construyó el gobierno federal en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto, como parte de las reconstrucciones que hizo la federación por la tormenta Manuel.
Para llegar a la parte alta de esta colonia, se toma una camioneta sobre la avenida Lázaro Cárdenas, el pasaje que antes era de 10 pesos ahora está en 15 pesos.
El acceso a la colonia está pavimentado, pero en algunas partes el concreto estaba quebrado y la fuerza del agua lo levantó, por lo que algunos tramos de la calle Emiliano Zapata son accidentados.
Durante el gobierno de Peña Nieto, el gobierno federal impulsó el programa Un Cuarto Más, el cual es una habitación de cuatro por cuatro metros de dos metros de altura, las paredes son de tabicones y el techo de azotea, tiene una puerta y una ventana.
Las experiencias de los vecinos son similares, en medio del huracán, cuando el viento voló los techos de sus casas, buscaron refugio en las pequeñas habitaciones de concreto, las casas se movían y pensaron que también las volaría el viento, pero afortunadamente resistieron las dos horas del huracán.
Los vecinos indicaron que por las paredes de esas casas, cada vez que llueve se trasmina el agua, pero fueron su único refugió contra el viento.
En la parte alta, en el límite de la zona habitada y el bosque del cerro, está la casa de la señora Juana Díaz Merino, originaria de Petatlán, municipio de Atlixtac, vive en Acapulco desde hace un año, su hijo compró la casa en 60 mil pesos y se vinieron a vivir al puerto.
Los vientos del huracán Otis volaron el techo de la casa de dos habitaciones y un corredor, y derribó una pared. Todas sus cosas se mojaron, sus colchones, su ropa, su televisión y por eso duermen en petates.
Juana Díaz contó que vio en las noticias que venía el huracan y se fue a la casa de su hija Josefina Félix Díaz, quien vive unos 30 escalones abajo, pues tuvo miedo y se refugiaron en la habitación de Un Cuarto Más. Ahí permanecieron durante el huracán y la madrugada, cuando amaneció vieron el desastre.
En el caso Carlos Daniel Félix, tenía una casa de adobe. Primero el viento se llevó el techo que era de lámina galvanizada, después el viento y la lluvia carcomieron las paredes, sólo quedaron cimientos. Son una familia numerosa, de 18 personas y todos se refugiaron en el cuartito de 4 por 4 metros, durante el huracán estuvieron de pie toda la madrugada.
María Angélica Caudillo Hernández también vivió una situación similar. Estaba sola en su casa, con sus dos hijos, la habitación de Un Cuarto Más es el cuarto de su hija, pero cuando el viento les voló las láminas, se refugiaron en esa habitación y no salieron hasta el dia siguiente.
Las vecinas Isaías Cortés Bibiano, Jania Salinas y Rocío Salinas se refugieron también en un cuartito, siete personas, tres adultos y cuatro menores. El cuarto se movía y las paredes se humedecieron.
Agua
Los vecinos de la parte alta de la colonia La Libertad se abastecen agua de un manantial con mangueras, es el único servicio que tienen, la energía eléctrica es inestable, “hay por ratitos”. A veces en el día, otras ocasiones por la noche, coincidieron los vecinos.
Sin trabajo
En la colonia La Libertad, la vecina Ofelia Hernández Mena, que se dedica a hacer empanadas de arroz, de camote y plátano, desde el huracán no ha salido a vender, primero por estar ocupada en recuperar las láminas de su casa, porque vive con su mamá Maria Mena Casimiro que tiene 100 años y la sacaron a rastras de la casa, donde el viento voló las láminas para refugiarse en el cuartito de 4×4 que les construyó el gobierno federal, ahí se encerraron ocho personas.
El vecino Víctor Manuel Carrillo contó que él se dedica a la venta de mariscos en playa Icacos y por el huracán no ha salido a trabajar.
Su casa es de un nivel, las ventanas tienen herrería y cortinas. No ha colocado vidrios y el aire “entraba recio” en la casa, por lo que él, su esposa y su hijo, se refugiaron en un cuartito hasta que pasó el huracán.
Se mojaron los sillones de su casa, todavía los tiene al sol, en espera de que se sequen. El tinaco del baño el viento se lo llevó y también un techado de herrería que tenía afuera de su casa para protegerse del sol.
Los dos vecinos coincidieron en que se mantienen con las despensas que les han regalado, pero para conseguirlas tienen que salir hasta la avenida Lázaro Cárdenas, porque la ayuda no llega a las partes altas.
Los 43 fueron incinerados; la investigación de la PGR es “clara y contundente”, insiste Peña Nieto
“No hemos alcanzado el objetivo de darle a los mexicanos paz y tranquilidad en cualquier parte de la geografía nacional”, reconoce en un video con motivo de su último informe de gobierno
María Avilez Rodríguez
Chilpancingo
El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que los 43 normalistas de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014 fueron incinerados por un grupo delincuencial, basado en las investigaciones “claras y contundentes” de la Procuraduría General de la República (PGR).
En un video difundido en su cuenta oficial de Twitter y Facebook con motivo de su sexto informe de gobierno, dijo que “se suscita el evento de Ayotzinapa, muy lamentable, la desaparición de 43 jóvenes, un 26 de septiembre del 2014”.
Agrega que la PGR atrajo lo que era un tema del orden local en el estado de Guerrero, para ver qué había ocurrido con los jóvenes que estaban desaparecidos. “De ahí vino una investigación profunda y amplia, y más cuando evidentemente se generó un eco ante la demanda muy sentida y justa de los padres de familia por saber qué había pasado con sus hijos”.
Manifestó que la investigación ahí está, pero ante la negativa y el rechazo de los padres por aceptar los alcances, donde había evidencias “claras y contundentes”, de que muy lamentablemente los 43 jóvenes habían sido incinerados en el basurero de Cocula por un grupo delincuencial que operaba en Guerrero.
Indicó que fue necesario incluso abrir la investigación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que sus integrantes pudieran conocer la averiguación de la Procuraduría.
En el video Enrique Peña Nieto expresó que “en lo personal y con el dolor que causa, y con lo que significa la pena para los padres de familia, yo estoy en la convicción que lamentablemente pasó lo que justamente la investigación arrojó”.
Continúo, “sé que lamentablemente la pérdida de un hijo no hay forma de repararla, son hechos que nunca más se deben de repetir en nuestro país. Me quedo con la insatisfacción de aquello que no se logró atender suficientemente y será un gran reto para la próxima administración, que es en el ámbito de la seguridad”.
En su mensaje celebró que en los primeros años de su administración hubo una reducción significativa en los índices de criminalidad, pero lamentó que al cierre de este sexenio nuevamente hubo un repunte.
Aceptó que, “no hemos alcanzado el objetivo de darle a los mexicanos paz y tranquilidad en cualquier parte de la geografía nacional”.
El 21 de agosto en entrevista con la periodista con Denise Maerker, Enrique Peña Nieto manifestó que lo que marca su administración es “la pena que embarga a los padres, o el dolor que tuvieron o siguen teniendo durante estos años en demanda de justicia y en demanda de saber qué deparó a sus hijos, yo espero que encuentren la paz y la tranquilidad en su interior”.
Externó que más allá de dudas y cuestionamientos se queda con la convicción de que “muy lamentablemente el crimen organizado ha permeado en los gobiernos municipales”, que tuvieron que ver en la desaparición de los jóvenes y que los hayan quemado en el basurero.
Peña Nieto aseveró que todos los elementos de la investigación concluyen lo mismo, incluso información reciente conocida por los padres y quienes le dan seguimiento a este caso saben de labores de inteligencia del gobierno norteamericano que interviene llamadas de un grupo delincuencial que operaba en Chicago y que tenía vínculos con el grupo delincuencial en México, que confirman, “los quemamos en el basurero”.
“Yo creo que esto fue lo que ocurrió, si la investigación tuvo errores y fallas bueno está abierta y sigue en curso”.
Según la PGR los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula y debido al alto nivel de exposición de calor, sus restos quedaron tan deteriorados que fue imposible obtener de ellos un perfil genético, versión que ha sido desmentida científicamente por el Equipo Argentino de Antropología Forense y otros expertos.
Reprueban padres de los 43 las declaraciones de Peña Nieto respecto al caso Ayotzinapa
Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos reprobaron las declaraciones de Enrique Peña Nieto, tanto en entrevistas como en un mensaje de la Presidencia de la República con motivo del Sexto Informe de Gobierno, en las que los responsabiliza de que el caso no está concluido porque ellos no aceptan la versión de que los jóvenes fueron incinerados, llamada “verdad histórica” por la Procuraduría General de la República (PGR).
“No es la reticencia de los padres y las madres a aceptar dicha versión el principal pendiente del caso, sino la ausencia de esclarecimiento sostenido en pruebas científicas irrebatibles”, señalaron los familiares.
En un escueto mensaje mencionan que la investigación de la PGR que señala que los jóvenes fueron ejecutados e incinerados en el basurero de Cocula y sus cenizas vertidas en el río San Juan, “fue reprobada por todas las instancias externas al gobierno federal que la han revisado”: el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Reynosa, Tamaulipas.
Destacaron que contrario a lo que ha dicho Peña Nieto en entrevistas y en el promocional de la Presidencia, “los mensajes de telefonía enviados por presuntos integrantes de la delincuencia organizada la noche de los hechos desde Chicago hacia Iguala, no corroboran la hipótesis oficial como lo afirma el presidente”, sino que evidencia la existencia de “un esquema de macrocriminalidad no acotado a la esfera municipal”.
Los padres y madres consideraron contradictorias “las expresiones de solidaridad” de Peña Nieto cuando ha encabezado una “campaña en la que al menos 10 dependencias de su gobierno han presentado más de 200 recursos y escritos jurídicos para impugnar el fallo” del Tribunal Colegiado, que ordena la creación de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del caso.
En su comunicado, los familiares reiteraron el llamado que han hecho al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para que “demande garantías de que no se seguirá manipulando el expediente en los meses que quedan de este sexenio, para que la próxima administración impulse la justicia y la verdad, sancionando a quienes impidieron que ésta se alcanzara”.
Para los padres y madres de los 43 en este escenario, “adquiere especial relevancia la visita a México que realizará el Mecanismo Especial y de Seguimiento creado por la CIDH para el caso, mismo que acudirá a la Normal Rural de Ayotzinapa y sostendrá reuniones con el gobierno entrante”.(Agencia Proceso / Ciudad de México).
Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos reprobaron las declaraciones de Enrique Peña Nieto, tanto en entrevistas como en un mensaje de la Presidencia de la República con motivo del Sexto Informe de Gobierno, en las que los responsabiliza de que el caso no está concluido porque ellos no aceptan la versión de que los jóvenes fueron incinerados, llamada “verdad histórica” por la Procuraduría General de la República (PGR).
“No es la reticencia de los padres y las madres a aceptar dicha versión el principal pendiente del caso, sino la ausencia de esclarecimiento sostenido en pruebas científicas irrebatibles”, señalaron los familiares.
En un escueto mensaje mencionan que la investigación de la PGR que señala que los jóvenes fueron ejecutados e incinerados en el basurero de Cocula y sus cenizas vertidas en el río San Juan, “fue reprobada por todas las instancias externas al gobierno federal que la han revisado”: el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Reynosa, Tamaulipas.
Destacaron que contrario a lo que ha dicho Peña Nieto en entrevistas y en el promocional de la Presidencia, “los mensajes de telefonía enviados por presuntos integrantes de la delincuencia organizada la noche de los hechos desde Chicago hacia Iguala, no corroboran la hipótesis oficial como lo afirma el presidente”, sino que evidencia la existencia de “un esquema de macrocriminalidad no acotado a la esfera municipal”.
Los padres y madres consideraron contradictorias “las expresiones de solidaridad” de Peña Nieto cuando ha encabezado una “campaña en la que al menos 10 dependencias de su gobierno han presentado más de 200 recursos y escritos jurídicos para impugnar el fallo” del Tribunal Colegiado, que ordena la creación de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del caso.
En su comunicado, los familiares reiteraron el llamado que han hecho al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para que “demande garantías de que no se seguirá manipulando el expediente en los meses que quedan de este sexenio, para que la próxima administración impulse la justicia y la verdad, sancionando a quienes impidieron que ésta se alcanzara”.
Para los padres y madres de los 43 en este escenario, “adquiere especial relevancia la visita a México que realizará el Mecanismo Especial y de Seguimiento creado por la CIDH para el caso, mismo que acudirá a la Normal Rural de Ayotzinapa y sostendrá reuniones con el gobierno entrante”.(Agencia Proceso / Ciudad de México).
Tras una protesta frente a la Judicatura Federal en la Ciudad de México, familiares de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala hace casi cuatro años se reunieron con Luis María Aguilar. Le pedimos que los ministros “no actúen bajo consigna del gobierno federal actual” y validen el fallo de un tribunal federal que ordenó la formación de una Comisión de la Verdad para el caso, informa Melitón Ortega. Y otro padre, Mario González, señaló que el presidente Enrique Peña Nieto se irá con su “verdad construida a base de torturas” Foto: Agencia Reforma
Protestan padres de los 43 frente al Consejo de la Judicatura para exigir la Comisión de la Verdad
Se reúnen con el presidente de la SCJN, Luis María Aguilar, a quien le piden que él y sus colegas “no actúen bajo consigna del gobierno federal actual”, informa Melitón Ortega
Agencias Reforma y Proceso
Ciudad de México
Padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa protestaron frente al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para exigir la conformación de la Comisión para la Justicia y la Verdad.
Acompañados de alumnos de la Normal Raúl Isidro Burgos los familiares llegaron a las instalaciones ubicadas en Insurgentes Sur.
El vocero de los padres, Felipe de la Cruzdijo que la sentencia de un Tribunal Colegiado de Tamaulipas que ordena crear la comisión y que fue impugnada por el gobierno federal con cientos de recursos, en uno de los cuales otro juez lo frenó.
“Venimos a exigirle al Consejo de la Judicatura que se le dé cumplimiento a la sentencia que dictan los jueces del Tribunal Colegiado de Tamaulipas, en el sentido de que se reponga la investigación (del caso Ayotzinapa) y se conforme la Comisión de la Verdad”, dijo consultado en el lugar.
En el mitin que improvisaron, Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, se refirió también a los comentarios que el Presidente Enrique Peña Nieto dio anoche en una entrevista televisiva en la que refrendó la llamada “verdad histórica”.
“Estamos aquí en la Judicatura pidiéndole a estos ministros que se pronuncien y ya le paren su boca a este mugre presidente, Enrique Peña Nieto, que a cada rato sale a abrir la boca para decir nuevamente estupideces”, expresó.
En tanto, Mario César González, padre del joven desaparecido César Manuel González, consideró que si el mandatario está convencido de que la verdad de los hechos es que los normalistas fueron quemados en el basurero de Cocula, que deje que se conforme la Comisión de la Verdad para que llegue a la misma conclusión.
“Las escuchas de Estados Unidos (de llamadas a miembros del crimen en Chicago) nunca dijeron que el último paradero fue el basurero de Cocula, dijeron que tenían 60 paquetes y que tan fácil era decir dónde estaban”, agregó.
A prácticamente cuatro años de los ataques del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, los padres de los normalistas consideraron que con el cambio de gobierno federal el caso se puede destrabar.
En vísperas de que se cumplan 47 meses de la desaparición de los estudiantes, padres, madres y alumnos acudieron al CJF para exigir una audiencia, luego de no obtener respuesta a la solicitud que entregaron el 25 de julio.
En la jornada Ni perdón ni olvido, los familiares realizaron una protesta frente a las oficinas del CJF, aprovechando la presencia del presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales, quien de manera extraordinaria conversó con ellos por aproximadamente 30 minutos.
El representante de los padres, Melitón Ortega mencionó que en julio entregaron al CJF un documento en el que fijaban su posición frente a la embestida del gobierno de Peña Nieto, para revertir la sentencia garantista diseñada por el magistrado Mauricio Fernández de la Mora.
De acuerdo con un reportaje publicado en la edición de Proceso que circula esta semana, contra esa resolución histórica se han interpuesto alrededor de cien recursos judiciales presentados por la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal (PF).
También participaron las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), Marina (Semar), Salud, Hacienda y Gobernación, así como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y la Cámara de Diputados.
Presuntos implicados en el caso, pertenecientes a la Semar, la Sedena y la PF, han alimentado ese centenar de recursos auspiciados por las mismas dependencias a las que pertenecen.
La estrategia judicial camina en tres bandas: ante el Tribunal Colegiado, el Tercer Tribunal Unitario responsable de vigilar la implementación de la sentencia y la SCJN. Todos coinciden en solicitar que no se revierta la sentencia y que el caso sea atraído por el máximo tribunal de justicia del país.
Ortega destacó que en la reunión con el ministro Aguilar Morales, 34 padres y madres, además de tres representantes de la Normal de Ayotzinapa, le plantearon que él y sus colegas “no actuaran bajo consigna del gobierno federal actual”, que “no está dispuesto a que se investigue” a funcionarios federales.
La estrategia del gobierno federal, abundó, revela una intención de no resolver el caso, porque “el día que se haga la investigación como debe de ser, el que saldrá raspado, con mucha responsabilidad, será el propio Enrique Peña Nieto, por eso se han dado a la tarea de interponer esos recursos”.
Durante su encuentro con integrantes del CJF, presidido por Aguilar Morales, los familiares de las víctimas insistieron que es indispensable que den muestras de que no reciben indicaciones del gobierno federal.
“Por eso decimos que queremos ver esa autonomía y esa independencia, así como transparencia de que no están trabajando bajo consigna de nadie”, puntualizó Ortega, luego de advertir que los padres y madres estarán pendientes del momento en que a la SCJN le toque revisar los recursos interpuestos por las dependencias federales y presuntos implicados.
Tras señalar que durante el encuentro se le solicitó al ministro presidente una reunión con el pleno de la SCJN, el vocero reiteró que el futuro de un caso tan relevante puede “marcar al país”.
“Nosotros decimos que en sus manos (de los ministros) está un hecho tan importante que, si ellos resuelven que se cumpla la sentencia, lógicamente sería un trabajo histórico para esta SCJN, de lo contrario habrá que hablar de una página negra, una página llena de irregularidades”, subrayó.
En nombre de los padres y madres de los desaparecidos, Melitón Ortega reconoció la disposición del ministro presidente de la SCJN de recibirlos, y dijo que además se comprometió a “ser vigilante de lo que resuelvan los magistrados de Tamaulipas”.
Peña Nieto se irá con su “verdad construida a base de torturas”, dice el padre de uno de los 43
Es falso que quiere que se resuelva el caso, su gobierno está impidiendo la Comisión de la Verdad ordenada por un tribunal federal, señala Mario González
Anarsis Pacheco Pólito
Chilpancingo
Para el padre del normalista de Ayotzinapa desaparecido César González, Mario González, el presidente Enrique Peña Nieto se irá con su “verdad construida a base de tortura y de mentiras”, pero la justicia llegará y “lo alcanzará dónde esté”.
Este martes en la noche en el programa En Punto la periodista Denise Maerker presentó una entrevista a Peña Nieto, a 111 días de que deje el cargo, en donde habla del balance de su gobierno.
La entrevista duró poco más de 24 minutos, de los que dedicó uno con 26 segundos al tema de Ayotzinapa, y dijo, “más allá de dudas y cuestionamientos yo me quedo con la convicción de que muy lamentablemente el crimen organizado, que ha permeado muchas de las esferas de actuación de los gobiernos municipales, tuvieron que ver en esta… la desaparición y que hayan sido quemados en este basurero”.
Dijo que fue uno de los “eventos” que marcaron a su administración, por lo que aseguró que se queda con el dolor que tuvieron y que siguen teniendo los padres en estos años en demanda de justicia.
Subrayó que todos los elementos de investigación concluyen lo mismo, que los estudiantes normalistas desparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 fueron quemados en el basurero de Cocula.
“Incluso información reciente conocida por los padres y por los que le están dando seguimiento a este caso saben de labores de inteligencia realizada por el gobierno norteamericano, donde detectan llamadas de un grupo delincuencial que operaba en Chicago que tenía vínculo con el grupo delincuencial en México, donde se confirma qué hicieron con los estudiantes, los quemaron en el basurero, entonces esto es lo que yo creo que sucedió”, enfatizó.
Insistió que si la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), tuvo fallas o errores “pues bueno, está abierta y creo que sigue en curso”.
Ayer, en respuesta, Mario González dijo que no entiende por qué da esas declaraciones si su gobierno interpuso más de 100 amparos, “está impidiendo que se lleve a cabo la comisión de investigación”.
Consultado vía telefónica puntualizó que Peña Nieto quiere concluir su mandato con sólo su verdad, la que construyó a “base de torturas y de mentira”.
“Desafortunadamente él sabe que no es verdad lo que dice, pero nosotros como padres seguiremos y respecto a su postura de sobre las autoridades locales insisto, por qué puso 100 amparos para que no sea investigado”.
Agregó que no ha cumplido con brindar la información clara sobre el caso, ni en dónde están sus hijos, por lo que durante cuatro años han estado en pie de lucha por acceder a la información del archivo de investigación, y nunca ha ayudado.
“Siempre él quiere imponer lo que le conviene para cerrar el caso, pero la justicia llegará y lo alcanzará hasta donde él esté”, agregó.
Para el padre del normalista de Ayotzinapa desaparecido César González, Mario González, el presidente Enrique Peña Nieto se irá con su “verdad construida a base de tortura y de mentiras”, pero la justicia llegará y “lo alcanzará dónde esté”.
Este martes en la noche en el programa En Punto la periodista Denise Maerker presentó una entrevista a Peña Nieto, a 111 días de que deje el cargo, en donde habla del balance de su gobierno.
La entrevista duró poco más de 24 minutos, de los que dedicó uno con 26 segundos al tema de Ayotzinapa, y dijo, “más allá de dudas y cuestionamientos yo me quedo con la convicción de que muy lamentablemente el crimen organizado, que ha permeado muchas de las esferas de actuación de los gobiernos municipales, tuvieron que ver en esta… la desaparición y que hayan sido quemados en este basurero”.
Dijo que fue uno de los “eventos” que marcaron a su administración, por lo que aseguró que se queda con el dolor que tuvieron y que siguen teniendo los padres en estos años en demanda de justicia.
Subrayó que todos los elementos de investigación concluyen lo mismo, que los estudiantes normalistas desparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 fueron quemados en el basurero de Cocula.
“Incluso información reciente conocida por los padres y por los que le están dando seguimiento a este caso saben de labores de inteligencia realizada por el gobierno norteamericano, donde detectan llamadas de un grupo delincuencial que operaba en Chicago que tenía vínculo con el grupo delincuencial en México, donde se confirma qué hicieron con los estudiantes, los quemaron en el basurero, entonces esto es lo que yo creo que sucedió”, enfatizó.
Insistió que si la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), tuvo fallas o errores “pues bueno, está abierta y creo que sigue en curso”.
Ayer, en respuesta, Mario González dijo que no entiende por qué da esas declaraciones si su gobierno interpuso más de 100 amparos, “está impidiendo que se lleve a cabo la comisión de investigación”.
Consultado vía telefónica puntualizó que Peña Nieto quiere concluir su mandato con sólo su verdad, la que construyó a “base de torturas y de mentira”.
“Desafortunadamente él sabe que no es verdad lo que dice, pero nosotros como padres seguiremos y respecto a su postura de sobre las autoridades locales insisto, por qué puso 100 amparos para que no sea investigado”.
Agregó que no ha cumplido con brindar la información clara sobre el caso, ni en dónde están sus hijos, por lo que durante cuatro años han estado en pie de lucha por acceder a la información del archivo de investigación, y nunca ha ayudado.
“Siempre él quiere imponer lo que le conviene para cerrar el caso, pero la justicia llegará y lo alcanzará hasta donde él esté”, agregó.
Llama la ONU-DH a Peña a “redirigir de manera profunda la investigación” del caso Ayotzinapa
Concuerda con el cuadro manifiesto de graves irregularidades al que hace referencia la sentencia del tribunal de Tamaulipas, dice el representante del organismo, Jan Jarab
Agencia Proceso
Ciudad de México
El representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab llamó al gobierno de Enrique Peña Nieto a cumplir la sentencia del Tribunal Colegiado sobre el caso Ayotzinapa, y atender el informe del Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para “redirigir de manera profunda la investigación”.
A una semana de conocerse la sentencia del Tribunal Colegiado del Décimonoveno Circuito con sede en Reynosa, Tamaulipas, y el Informe Balance del Mecanismo de Seguimiento, el representante de la ONU-DH reconoció que son documentos “de la mayor relevancia, por lo que el Estado debe observar puntualmente sus contenidos”.
Para Jarab la “inédita y garantista sentencia del tribunal colegiado” hace eco de las preocupaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Mecanismo de Seguimiento, así como de algunos organismos internacionales de derechos humanos, incluida la ONU-DH y organizaciones independientes como el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
“La ONU-DH concuerda con el ‘cuadro manifiesto de graves irregularidades’ al que hace referencia de forma detallada la sentencia, mismo que se acreditó aplicando los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos”.
El representante valoró que tanto el Mecanismo de Seguimiento de la CIDH como el tribunal colegiado hayan incluido en sus escritos el Informe Doble Injusticia, elaborado por su oficina, particularmente para documentar “lo relativo a la tortura, las violaciones al debido proceso y las irregularidades en la diligencia del río San Juan”, por lo que reiteró el llamado al Estado mexicano a atender el informe.
Jarab destacó que alerta sobre el hecho de que la investigación “siga fragmentada y que los detenidos en el más emblemático caso de desaparición forzada en México no estén siendo procesados por desaparición forzada, sino por secuestro o crimen organizado”.
La ONU-DH coincide con el organismo regional en que “persisten serios desafíos y obstáculos que tienen que superarse con el fin de alcanzar verdad, justicia y reparación”.
Agregó que ambos documentos “deben alentar decididamente al Estado mexicano a enderezar la investigación sobre el caso Ayotzinapa, así como a materializar las reformas estructurales que el país debe adoptar de manera impostergable para revertir los grandes rezagos que enfrenta en el ámbito de acceso a la justicia y combate a la impunidad”, sobre todo en materia de “autonomía y la profesionalización de la procuración de justicia y los servicios forenses y periciales”.
Jarab insistió en que el seguimiento de ambos documentos debe hacerse “potenciando el papel de las víctimas, reconociendo el destacado papel de quienes las asesoran, garantizando el marco constitucional e internacional vigente y asumiendo plenamente la responsabilidad indelegable e intransferible del Estado en el esclarecimiento de los hechos”.
Tras recordar que un día como hoy pero de 2011 entró en vigor la reforma constitucional en materia de derechos humanos, la ONU-DH hizo un reconocimiento a la “tenacidad de las familias de las víctimas de los hechos de Iguala, así como a las organizaciones de la sociedad civil que las acompañan en la búsqueda de la justicia, la verdad, la reparación integral, las garantías de no repetición y el esclarecimiento de la suerte y paradero de los estudiantes desaparecidos”.
La PGR buscará “aclarar” la sentencia del caso Ayotzinapa, dice Navarrete Prida
El gobierno federal buscará la manera de aclarar la sentencia emitida por un tribunal federal sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, indicó el secretario de gobernación, Alfonso Navarrete Prida.
El funcionario fue cuestionado sobre la posibilidad de impugnar el fallo que emitió el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas.
“Existen mecanismos jurídicos para, sobre todo, clarificarla (la sentencia)”, respondió.
“A qué se refieren los magistrados con una resolución que, cuyo contenido, no existe esas figuras en el orden constitucional mexicano y generan muchas dificultades”, agregó en referencia a la Comisión de la Verdad que los jueces ordenaron instalar.
Según la sentencia esta Comisión de la Verdad estaría integrada por representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República, pero sólo los primeros podrían indicar las líneas de investigación a seguir y tendrían autorización para ingresar a zonas militares para buscar a los desaparecidos.
“No existe en nuestro sistema jurídico una figura de Comisión de la Verdad, para eso existen poderes judiciales y poderes judiciales sólidos y fuertes”, dijo Navarrete Prida.
“En este marco se tendrá que dar respuesta y satisfacción con un solo y único interés, es encontrar la verdad y hacer justicia”.
El funcionario evitó responder si el tribunal se extralimitó y sólo dijo que respetaba la sentencia.
“Corresponde en el marco de la ley a las instituciones encargadas de hacerla valer (la PGR), responder ante cualquier circunstancia que se da donde son parte procesal”, agregó. (Agencia Reforma / Ciudad de México).
El representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab llamó al gobierno de Enrique Peña Nieto a cumplir la sentencia del Tribunal Colegiado sobre el caso Ayotzinapa, y atender el informe del Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para “redirigir de manera profunda la investigación”.
A una semana de conocerse la sentencia del Tribunal Colegiado del Décimonoveno Circuito con sede en Reynosa, Tamaulipas, y el Informe Balance del Mecanismo de Seguimiento, el representante de la ONU-DH reconoció que son documentos “de la mayor relevancia, por lo que el Estado debe observar puntualmente sus contenidos”.
Para Jarab la “inédita y garantista sentencia del tribunal colegiado” hace eco de las preocupaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Mecanismo de Seguimiento, así como de algunos organismos internacionales de derechos humanos, incluida la ONU-DH y organizaciones independientes como el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
“La ONU-DH concuerda con el ‘cuadro manifiesto de graves irregularidades’ al que hace referencia de forma detallada la sentencia, mismo que se acreditó aplicando los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos”.
El representante valoró que tanto el Mecanismo de Seguimiento de la CIDH como el tribunal colegiado hayan incluido en sus escritos el Informe Doble Injusticia, elaborado por su oficina, particularmente para documentar “lo relativo a la tortura, las violaciones al debido proceso y las irregularidades en la diligencia del río San Juan”, por lo que reiteró el llamado al Estado mexicano a atender el informe.
Jarab destacó que alerta sobre el hecho de que la investigación “siga fragmentada y que los detenidos en el más emblemático caso de desaparición forzada en México no estén siendo procesados por desaparición forzada, sino por secuestro o crimen organizado”.
La ONU-DH coincide con el organismo regional en que “persisten serios desafíos y obstáculos que tienen que superarse con el fin de alcanzar verdad, justicia y reparación”.
Agregó que ambos documentos “deben alentar decididamente al Estado mexicano a enderezar la investigación sobre el caso Ayotzinapa, así como a materializar las reformas estructurales que el país debe adoptar de manera impostergable para revertir los grandes rezagos que enfrenta en el ámbito de acceso a la justicia y combate a la impunidad”, sobre todo en materia de “autonomía y la profesionalización de la procuración de justicia y los servicios forenses y periciales”.
Jarab insistió en que el seguimiento de ambos documentos debe hacerse “potenciando el papel de las víctimas, reconociendo el destacado papel de quienes las asesoran, garantizando el marco constitucional e internacional vigente y asumiendo plenamente la responsabilidad indelegable e intransferible del Estado en el esclarecimiento de los hechos”.
Tras recordar que un día como hoy pero de 2011 entró en vigor la reforma constitucional en materia de derechos humanos, la ONU-DH hizo un reconocimiento a la “tenacidad de las familias de las víctimas de los hechos de Iguala, así como a las organizaciones de la sociedad civil que las acompañan en la búsqueda de la justicia, la verdad, la reparación integral, las garantías de no repetición y el esclarecimiento de la suerte y paradero de los estudiantes desaparecidos”.
Las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre de 2014 exigieron al presidente Enrique Peña Nieto que acate la instrucción del poder Judicial, y “sepulte” la “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República (PGR), con la creación de una comisión especial investigadora sobre el caso Ayotzinapa, como ordenó el Primer Tribunal Colegiado del Décimonoveno Circuito, con sede en Ciudad Reynosa, Tamaulipas.
En conferencia de prensa este jueves en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), los familiares expresaron que la sentencia del tribunal -la cual establece que en esa comisión tengan una participación preponderante los representantes de los padres y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)-, comprueba que “el actual gobierno les ha mentido y ocultado información”, y exhortaron al presidente a expresar públicamente la voluntad de su gobierno de acatar el fallo emitido el lunes.
A cuatro días de haber sido difundida la sentencia, Mario César González, padre de uno de los estudiantes desaparecidos, manifestó: “señor presidente Enrique Peña Nieto, le exigimos a usted que acate la resolución del Poder Judicial, ya que ustedes mismos nos decían que todas las resoluciones iban a ser cumplidas. Exigimos la voluntad de garantizar que se realice la comisión de investigación. Pedimos una declaración de voluntad política del presidente, el gobierno nos ha fallado una y otra vez”.
Acompañados del director del Centro Prodh, Mario Patrón, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan Vidulfo Rosales, y Humberto Guerrero de Fundar Centro de Análisis e Investigación, los familiares de los 43 normalistas hicieron “un reconocimiento a los valientes magistrados” por la sentencia que reconoce múltiples irregularidades e indicios de tortura contra algunos de los indiciados.
Las madres y padres también mencionaron el informe que presentó este miércoles la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que señala que la investigación tiene muchas deficiencias, además de refrendar la inviabilidad de la versión oficial que sostenía que los estudiantes fueron calcinados en el basurero de Cocula y sus cenizas vaciadas en el río San Juan. También demandaron que los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI) vuelvan al caso.
Es necesaria una expresión pública del presidente, dice el Centro Prodh
Mario Patrón resumió que “en más de tres años y medio los familiares de las víctimas ya no confían en el gobierno federal”, por lo que es necesaria “una expresión pública del mandatario de su voluntad de acatar la sentencia. El informe de la CIDH es devastador, nos dice claramente que hay que sepultar la teoría del basurero y cumplir la sentencia”.
Remarcó que la sentencia “es inédita y da la oportunidad para crear un mecanismo extraordinario de justicia y verdad. Estamos frente a un caso de graves violaciones a derechos humanos, habla de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias, y justo es alrededor de las condiciones de autonomía e independencia que deberían tener los órganos de Estado en este tipo de casos, en donde son las propias instituciones públicas las que están cuestionadas en la comisión de los hechos”.
Añadió que la CIDH “instó al Estado mexicano a acatar la resolución del primer tribunal, que ordenó que se reabra la investigación”, y que “es momento en que los candidatos presidenciales se pronuncien respecto al ordenamiento judicial, toda vez que buena parte de la ejecución de la sentencia le corresponderá implementarla al próximo gobierno”.
Hasta ahora, dijo, dos de los candidatos, Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador, “han hablado de mecanismos especiales para que se haga justicia en el caso Ayotzinapa, ahora, a la luz de la sentencia, sería importante que todos los candidatos se pronunciaran”.
“La justicia, lenta pero segura”
Vidulfo Rosales, representante legal de los padres, informó que están trabajando con los familiares las propuestas que se harán “para integrar la comisión que investigará nuevamente la desaparición de los normalistas”.
Indicó que cuando el tribunal notifique a las partes la sentencia, “el Ministerio Público tendrá 10 días hábiles para cumplir el ordenamiento de presentar peritajes independientes del Protocolo de Estambul de los inculpados que apelaron en principio a la orden de aprehensión, origen de la sentencia del tribunal colegiado.
“Lo que los magistrados piden, en el caso de los inculpados, es una investigación por las denuncias de tortura y una reposición de procedimiento acerca de un caso que fue construido sobre montajes, y una vez que ello ocurra se podrá dar lugar a la creación de la comisión en los siguientes 10 días”.
El vocero de los padres, Felipe de la Cruz insistió en que se trata de una sentencia que debe ser acatada.
“Hoy no estamos ante una recomendación de instituciones internacionales, como la CIDH o de la Organización de Naciones Unidas, hoy es una sentencia de un juez mexicano y tiene que acatarla”.
“Una vez más se confirma que nunca existió la ‘verdad histórica’ y que el resolutivo judicial confirma que la justicia es lenta pero llega”.
Los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos informaron su decisión de rechazar los 500 mil pesos que la sentencia plantea como indemnización, y advirtieron que si los inculpados salen libres por tortura será responsabilidad de la PGR.
Asimismo propusieron una mesa para crear la comisión de la verdad.
María Elena Guerrero, madre de uno de los estudiantes desaparecidos, dijo que la sentencia les da “otro motivo para estar de pie, para sepultar la verdad histórica y que se abran nuevas líneas de investigación”.
En opinión de Blanca Nava, otra de las madres, la formación de una comisión “es una oportunidad para que regresen los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes. Es lo que queremos, porque ellos descubrieron anomalías del gobierno y dejaron líneas de investigación que no se han cumplido”.
Los padres de familia exhortaron a los candidatos presidenciales a comprometerse a cumplir la sentencia del tribunal, que ordena establecer una comisión de la verdad en caso de que no pueda lograrse en lo que resta del año.
A casi 8 años de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) por la violación sexual de militares a la indígena Inés Fernández Ortega, en la que ordenó la instalación del Centro de Atención para la Mujer Indígena, la Infraestructura construida en Ayutla se encuentra abandonada y deteriorándose desde 2015, debido a que el gobierno de Enrique Peña Nieto pretendió darle un uso distinto al ordenado por la Corte, pero la beneficiaria de la sentencia se opuso.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, (organismo que brindó acompañamiento al caso de la indígena), consultado vía telefónica declaró que el Estado mexicano incumplió la sentencia o cuando menos ha sido omiso y moroso para atender la medida de reparación ordenada por la Corte en el caso de Fernández Ortega.
La Coidh emitió la sentencia por el caso Fernández Ortega el 30 de agosto de 2010, por la violación sexual ocurrida el 22 de marzo de 2002 en la comunidad me’ phaa de Barranca Tecoani, municipio de Ayutla.
En dicha sentencia la Corte estableció que el Estado mexicano facilitará los recursos necesarios para que la comunidad indígena de Barranca Tecoani establezca un centro comunitario, que se constituya como un centro de la mujer en el que se desarrollen actividades educativas en derechos humanos y derechos de la mujer, “de conformidad con lo establecido en el párrafo 267 de la presente sentencia”.
El 6 de marzo de 2012 el entonces secretario de Gobernación del gobierno de Felipe Calderón, Alejandro Poiré Romero acudió a Ayutla a expresar una disculpa pública a Fernández Ortega en acatamiento a la sentencia, y entonces los gobiernos federal y estatal asumieron el compromiso con la víctima y con la dirigencia de la Organización del Pueblo Indígena Me’ Phaa (OPIM), de poner en marcha el Centro Comunitario de Atención a las Mujeres como parte de la sentencia de la Corte.
El secretario Poiré Romero regresó a Ayutla el 11 de septiembre de ese año y colocó la primera piedra del Centro Comunitario que debió ser entregado y puesto en operación en 2015.
“La obra se terminó a principios del 2015, pero quedó abandonada, sin servicios de energía eléctrica y de agua y sin mobiliario, “todavía no alcanza a ser un centro comunitario con todos sus componentes y le hace falta mobiliario para la atención a las mujeres indígenas”, informó ayer Abel Barrera.
El defensor de derechos humanos denunció que desde entonces ya no se le dio ningún seguimiento de los gobiernos federal y estatal. El gobierno estatal intentó en algún momento ponerlo en funcionamiento sin que tuviera las condiciones adecuadas y dignas.
“No se ha concluido como debe de ser, la infraestructura quedó inconclusa, quedó abandonada y se ha ido deteriorando el edificio, hay goteras, hay filtraciones de agua y no hay un seguimiento o mantenimiento. El inmueble se mantiene cerrado”, denunció.
Informó que hace dos años el gobierno federal mediante la Secretaría de Gobernación propuso que se trasformara en un Centro de Atención a las Mujeres Indígenas (CAMI) de los que opera la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi).
La propuesta del gobierno federal fue desechada por la beneficiaria Inés Fernández quien acordó con las autoridades que haría llegar una propuesta para el funcionamiento del Centro a fin de que no se incumpliera lo que estableció en su sentencia la Coidh.
Barrera Hernández informó que la propuesta de la indígena la entregaron hace 8 meses a la Secretaría de Gobernación, y que se elaboró con base a experiencias de organizaciones que están empoderando a las mujeres pero que todavía no han tenido respuesta.
Dijo que Inés les hizo ver a las autoridades que el Centro Comunitario forma parte de una sentencia con el que se busca garantizar la atención digna a las mujeres indígenas, con componentes que impliquen una atención integral a las mujeres y que no es un proyecto que responda a otro tipo de necesidades, como sería el CAMI.
Barrera informó que el Centro incluye un albergue para niñas indígenas y que por lo mismo tiene otra finalidad.
“En la misma sentencia de la Corte establece que el Centro tiene que ver con una reparación comunitaria para las mujeres indígenas, lideradas por Inés Fernández que fue la víctima”, mencionó.
Pero dijo que como esto implica recursos financieros y se requiere de un modelo de financiamiento a nivel federal, mismo que tendría que ser a manera de fideicomiso para que se garantice el subsidio a este Centro, ha quedado estancada la negociación, y que el gobierno de Enrique Peña Nieto insiste en su propuesta de que se convierta en CAMI, “lo que implicaría que funcionarios de otras dependencias presten un servicio al Centro de Atención Comunitario”.
Para Barrera Hernández el gobierno federal está incumpliendo la sentencia de la Corte y quiere darle una cobertura al Centro, similar a la que hizo con Ciudad Mujer en Tlapa “que fue un proyecto grande y pionero de la Secretaría de Desarrollo Social, inaugurado por el presidente de la República pero que no funciona, está abandonado”, dijo.
Agregó que también el CAMI es un modelo obsoleto, sin compromiso con las mujeres indígenas y burocrático, “sólo para crear una imagen y generar estadísticas pero nada tiene que ver con una institución que las mujeres sientan y que realmente las apoye y se les proteja”, que es lo que se estableció en la sentencia de la Corte en el caso de Inés Fernández.
Insistió en que lo que quiere hacer el gobierno federal es que los funcionarios trabajen a “destajo” en las instalaciones del Centro y que solamente hagan presencia, pero que no den seguimiento a los casos. Advirtió que un modelo así no cumple las directrices que marcó la Corte Interamericana.
El defensor de derechos humanos expresó que el Centro no fue propuesto con esa finalidad, pero que el gobierno no quiere entender el espíritu que estableció la Corte Interamericana en su sentencia.
“Es una actitud de indiferencia, no quieren atender la esencia de la sentencia en la medida reparatoria, y no quieren apostarle a proyectos exclusivamente para las mujeres indígenas, lo que implica escuchar sus propuestas e invertir recursos para un funcionamiento adecuado”, advirtió.
Se quejó de que, mientras, el proyecto original está estancado y las instalaciones están abandonadas y deteriorándose por el incumplimiento de las autoridades.
Dijo que el gobierno estatal está supeditado a lo que ofrece el gobierno federal y éste le pide al estatal que lo resuelva, “y, como siempre, responde que no tiene recursos, por eso la solución que quieren darle es asignar el modelo de la CAMI y eso es inviable porque no está resolviendo la sentencia de la Corte”.
Denunció que las instalaciones están abandonadas desde hace más de dos años. Dijo que la obra quedó con acabados y pintura, “pero es sólo el cascarón, sin el mobiliario para funcionar”.
Mencionó que la obra debió haberse entregado en 2015 y que ese año debió funcionar.
El gobierno priista de Enrique Peña Nieto acusó ayer en Ginebra a la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU-DH) de “incumplir” sus obligaciones y ofrecer una “versión parcial” sobre la investigación del caso Ayotzinapa, pues el organismo documentó en un informe reciente que por lo menos 34 imputados en la desaparición forzada de los normalistas fueron víctimas de tortura.
En un documento de 23 cuartillas que entregó hoy a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra –el órgano responsable de la ONU-DH-, el gobierno mexicano negó los señalamientos del informe, denunció que careció de “rigor metodológico” y “sustento jurídico”.
Con un tono inusualmente ofensivo el gobierno de Peña aseveró que la ONU-DH asumió “funciones que sólo corresponden a un juzgador, lo cual desvirtúa la función que se acordó realizaría en el país” y deploró que el organismo internacional haya “ignorado” las aclaraciones de las autoridades en su reporte, publicado el 15 de marzo.
Se destaca del documento que representantes del gobierno federal sostuvieron “diversas reuniones de alto nivel” con Jan Jarab, representante de la ONU-DH, en las que pretendieron frenar la publicación del informe: indicaron al funcionario internacional que “emitir algún pronunciamiento público sobre este caso podría ser prematuro, dado que los asuntos se encuentran pendientes de resolución judicial”.
“Se considera respetuosamente que la ONU-DH debió haberse allegado de la información inferida en los párrafos anteriores antes de emitir conclusiones definitivas que fueran públicas”, subrayó.
Dos elementos del reporte provocaron la molestia del gobierno: la documentación de presuntos actos de tortura –afirmación que las autoridades niegan-, y el hecho de que la Procuraduría General de la República (PGR) modificó el informe preliminar del exvisitador César Alejandro Chávez Flores.
Entre las conclusiones del informe de Chávez se destacó que el 28 de octubre de 2014 Tomás Zerón de Lucio, entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), alteró la escena del crimen y fabricó pruebas, como lo reveló Proceso en noviembre de 2016.
“La PGR rechaza las aseveraciones vertidas por la (ONU-DH) y considera relevante aclarar que la filtración de los documentos de trabajos iniciales, en relación con las notas periodísticas, han dado pauta para la especulación y siembran duda tanto en la opinión pública como de los organismos internacionales que observan”, expone.
Insistió: “es cuestionable la falta de confianza que demuestra la ONU-DH en las instituciones nacionales, en particular de la Visitaduría General de la PGR, al mencionar que: ‘Ha tenido conocimiento de posibles actos de amenaza contra funcionarios de la Visitaduría General de la PGR que llevaron a cabo la primera investigación interna a la que se ha hecho referencia’. Tal afirmación, denota un sesgo para justificar sus conclusiones, situación que se considera ajena a las constancias que actualmente existen en las investigaciones y en la propia institución”.
“Es importante recordar que en caso de que los procedimientos internos no fuesen adecuados, las personas afectadas cuentan con vías idóneas para hacer valer sus derechos, como los mecanismos internacionales y regionales para la protección de los derechos humanos”, añadió.
