“¡Lo logramos!”, exclama Nestora al salir del penal de Tepepan tras 31 meses de encierro

La coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García salió de la torre médica de la prisión de Tepepan vistiendo el uniforme verde olivo de la organización, perteneciente a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), y las manos sujetas con esposas de papel.
Unos 60 policías comunitarios de Olinalá, Huamuxtitlán y Polutla la esperaban afuera, con sus familiares, y activistas de Guerrero y de la Ciudad de México. Casi brinca de alegría cuando uno de los comunitarios, sobrino suyo, le dio el saludo reglamentario “a sus órdenes mi comandante Nestora”, y rompió sus cadenas.
Acto seguido, recibió, como símbolo de autoridad, un rifle negro de diávolos, y con el arma alto, lanzó el grito de victoria, “lo logramos”, en medio de consignas, “¡se ve, se siente, Nestora está presente”.
Uno a uno, los policías, unos jóvenes y otros adultos mayores, comenzaron un desfile para darle un saludo marcial (el golpe de mano sobre la frente), que ella respondió de la misma forma y con abrazos.
Declaró que su libertad es un triunfo de todos los que aportaron un granito de arena a su causa. Añadió que la unidad de los pueblos les permitirá lograr la justicia y la libertad de los presos políticos, “pido el apoyo a todos los compañeros, y seguir organizando a nuestro pueblo”, demandó.
Unos cincuenta reporteros de prensa escrita, radio y televisión, dieron cobertura al acto de liberación atrás del cordón de seguridad organizado por los implacables integrantes de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, quienes, sin saber quién era impidieron el paso al ex gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, que llegó al penal para saludar a la luchadora, con su esposa Rosa Icela Ojeda Rivera. Durante su gobierno, Ortega Martínez reconoció que Nestora Salgado y todos los presos de la CRAC, son presos de conciencia pero no los liberó.

Recibe muestras de solidaridad de la sociedad civil

Los activistas de Guerrero comenzaron a llegar a la prisión, que se encuentra en un fraccionamiento residencial al sur de la Ciudad de México, desde las 2 de la madrugada, incluso reporteros de Televisa que esperaban tener la primicia. Luego CNN y Univisión, entre otros.
A primera hora de la mañana arribó el equipo de abogados, las hijas de Nestora, Saira, Grisel y Rubí Rodríguez Salgado, sus hermanas y sobrinos. El cantante de trova guerrerense Lenin Fernández cantó La Primicia, sobre los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, y Nestora la Libertaria, de su autoría.
Los comuneros de San Salvador Atenco, Estado de México, con sus machetes en alto guiaron las consignas: “¡Nestora, te queremos, por eso te defendemos!”, “Nestora nos da lección de dignidad”, “el puño de la mujer atenta contra el poder”, “cuando una mujer avanza, no hay pueblo que retroceda!”, “¡libertad, libertad a los presos por luchar!”, “la dignidad es primero, luego el cochino dinero” y “Falta Mireles, Gonzalo, Arturo, Samuel…”, y siguieron coreando los nombres de los presos políticos.
También la recibió una comisión de tres padres de 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa; en representación de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Felicitas Martínez; el dirigente del Frente de Organizaciones del Estado de Guerrero (FODEG), Bertoldo Martínez Cruz; una representación de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG); y de la Colonia Popular Emperador Cuauhtémoc, de Chilpancingo.
En caravana –vigilada por agentes del gobierno de la ciudad en automóviles compactos blancos–, se trasladaron al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), en la céntrica delegación Cuauhtémoc mientras contaban del 1 al 43, y gritaban la consigna del movimiento social, “Ayotzi vive, vive, la lucha sigue, sigue”.

Los políticos guerrerenses que la pusieron a prisión

Ante unas 500 personas (y muchas otras que se quedaron afuera cuando se llenó el Centro Prodh), Nestora Salgado denunció que estuvo dos años siete meses en prisión por denunciar al ex alcalde de Olinalá, Eusebio González Rodríguez (ahora diputado local por el PRI), a su síndico procurador Armando Patrón Jiménez y al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero.
Desde su periodo de gestión en la CRAC denunció en mesas con autoridades civiles y militares los vínculos de miembros del Ayuntamiento con la delincuencia organizada.
“Gracias a él (dijo sobre el gobernador) estuve pasando tiempos horribles, que no se pueden expresar en palabras”.
Consideró que un delincuente sabe que cometió un error si llega a prisión, pero en inocentes provoca daño sicológico, “es sentirse enterrado vivo, como en una gaveta”, comparó.
Recordó que pasó 20 meses incomunicada en un penal de máxima seguridad en Nayarit, “se ensañaron conmigo, es difícil luchar contra el gobierno cuando se tiene una consigna, (que) fue por defender a mi pueblo, por denunciar abusos a niños de 7 años, de jóvenes donde hacían videos pornográficos con estos niños. Es horrible que haya pagado por haber querido defender a mi gente, a mi pueblo, a gente humilde”.
Orgullosa expresó, “soy la voz y el rostro de los que nadie ve. Mi gente logró traspasar las fronteras, ¿pero cuántos presos (políticos) son?, se habla de 500 en México”. Insistió en unir todos los esfuerzos de todo el país para luchar por los presos de la CRAC en cárceles de Ayutla y Chilpancingo.
En el hospital de Tepepan, vio que llegaban presos, “con las vísceras destrozadas por los carcelarios, no es justo que lleven al hospital a la gente cuando ya se está muriendo, estimo que en ese hospital cada semana mueren uno, dos y hasta tres presos”.

Desmiente que le hayan condicionado su libertad a no volver a Olinalá

Luego de los pronunciamientos, Salgado respondió una ronda de preguntas sobre si hubo condicionamiento para su libertad, que saliera del país en cuestión de horas, y si temía regresar a Olinalá.
En una mesa al frente de los periodistas, con la feminista Martha Lamas y las esposas de dos policías de la CRAC presos, Nestora Salgado reconoció que irá a Estados Unidos a revisar su salud, con la idea de regresar y seguir con la Policía Comunitaria, “mientras ellos me quieran, ahí voy a estar”, aseguró.
Dijo que no le dieron ninguna condición para su libertad, pues el año pasado le ofrecieron sacarla de prisión si se iba a Estados Unidos, “dije que no, no salgo huyendo, no tengo por qué”.
Añadió que cuando inició su lucha sabía que ponía en riesgo la vida, “no tengo miedo, estoy dispuesta a morir por mi gente”, y demandó al presidente Enrique Peña Nieto que respete a los pueblos originarios sus derechos y a la Policía Comunitaria.
Recordó que al frente de la Policía Comunitaria de Olinalá quiso proteger a mujeres y niñas explotadas por bandas del crimen. Como ejemplo, expuso el caso de la violación de un niño de siete años.
Consideró que hace falta educación a los pueblos, que los padres hablen de sexo con los niños para protegerlos de estas agresiones.

Cuando le pidieron apoyo para proteger a las cuatro adolescentes que luego la acusaron de secuestro, “me voltearon la espalda y tuve que pagar con cárcel por defenderlas”.
Detalló que las madres de las adolescentes le pidieron que se llevara a reeducación a sus hijas porque temían por su bienestar, pues se iban durante días con un banda de delincuentes, sin saber de ellas.
Una reportera de la cadena de televisión Univisión la preguntó sobre las declaraciones de la lideresa de la organización Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, quien advirtió que demandará al juez que le otorgó la libertad.
Nestora Salgado omitió responder, pero reclamó que esta cadena, a partir de la campaña de Miranda de Wallace la presentó como la peor secuestradora, la peor asesina, “no soy asesina, soy una madre que lucha, que defiende, no soy una delincuente”, subrayó.
Dio su reconocimiento a los policías comunitarios que la acompañaron de pie en la conferencia de prensa, “estos señores son de campo, son padres de familia que un día se levantaron, hartos de que nos estuvieran matando a nuestros jóvenes, que se quisieron defender porque nos han pisoteado”.
Desde la capital del país, señaló que los pueblos sufren la miseria, el dolor de perder a los seres queridos por la violencia, “cuando le destrozan a un hijo, que les tuvieron que enterrar sin cabeza, sin brazos, sin pies, que no se pueden despedir porque el cuerpo ya se echó a perder”, y esa información –recriminó– no se difunde en los medios nacionales.
Consideró que la prensa está dejando solos a los comunitarios, que son la solución a muchos problemas en el país.
Las agencias Proceso y Reforma informaron que la comandante llamó al presidente Enrique Peña a respetar a las comunidades indígenas, así como a defender la legalidad de las policías comunitarias.
“Los pueblos no defienden a delincuentes. Le pido su apoyo a nuestros pueblos indígenas y que no siga permitiendo la violación a la Constitución”, expuso.
Aunque sin planes inmediatos para exigir al Gobierno la reparación del daño causado a ella y su familia, afirmó que emprenderá una lucha para liberar a los 500 presos políticos del país.
Además hizo un llamado al gobernador de Guerrero, el priista Héctor Astudillo, para que libere a los nueve policías comunitarios presos en Chilpancingo y a respete la Ley 701 de la entidad, que faculta a los pueblos indígenas a organizarse para defenderse y crear policías comunitarias.
Después de escuchar a sus compañeros, a representantes de las esposas de policías comunitarios presos, y defensores que participaron en las movilizaciones para exigir su liberación, Nestora Salgado reconoció que por el momento no ha pensado en entablar un juicio por el tiempo que estuvo injustamente presa, situación de la que responsabilizó al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, y al ex presidente municipal de Olinalá, Eusebio González.
A la liberación acudieron padres de los 43 normalistas, víctimas de San Salvador Atenco, el vocero de los opositores a la presa La Parota Marco Antonio Suástegui Muñoz, el sacerdote Alejandro Solalinde, policías comunitarios y diversas organizaciones sociales que celebraron con porras a Salgado.

Siguen sin servicios básicos los damnificados del terreno Zolimaitic, Chilpancingo, denuncian

 

Damnificados de la tormenta tropical Manuel de la comunidad de Petaquillas que viven en el fraccionamiento Zolimaitic, denunciaron que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el Ayuntamiento capitalino no han terminado de instalar servicios básicos como el alumbrado público, pavimentación de accesos y agua potable para sus hogares.
Asimismo, el presidente del comité del fraccionamiento, Mariano Peñaloza Beltrán precisó que las 67 viviendas que componen el predio no cuentan con escrituras, ya que la Sedatu únicamente les otorgó un documento “simbólico” que carece de validez jurídica.
Señalaron que es necesario asignar una ruta fija de transporte público hacia el fraccionamiento y reforzar la seguridad con presencia policiaca municipal y estatal, ya que al lugar acuden “vehículos sospechosos”.
El fraccionamiento Zolimaitic se encuentra a un costado de la colonia 10 de junio en la comunidad de Petaquillas, y las únicas opciones para llegar son en automóvil particular, taxi colectivo o bien, cruzar el camino de terracería que conecta al bulevar de Petaquillas con el predio.
Debido a la ausencia del transporte público en la zona, los vecinos tardan al menos 20 minutos en trasladarse desde el fraccionamiento hasta el paradero del bulevar.
El camino de terracería carece de alumbrado público y vigilancia, mientras que a un costado del fraccionamiento se encuentran dos pequeñas barrancas de arbustos, espinas y escombros.
El comité vecinal del fraccionamiento, integrado por nueve colonos, expuso que el principal problema en el predio Zolimaitic es la inconsistencia del suministro de agua potable, ya que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach) asigna únicamente el servicio cada 15 días durante cuatro horas a las 67 viviendas que hay en el terreno.
La integrante del comité, Lucia Santos aseguró que las autoridades de Capach prometieron otorgar semanalmente el suministro de agua durante seis horas, “sin embargo, hasta la fecha es una petición que nos incumplieron y no entendemos la razón por la cual siguen sin cumplir”.
Dijo que en una reunión el 7 de enero con autoridades municipales y de la Sedatu, los vecinos exhortaron a construir un depósito de agua potable a fin de facilitar la repartición entre los domicilios
Indicó que, luego de la reunión, tanto la Sedatu como el Ayuntamiento encabezado por el priista Marco Antonio Leyva Mena, se comprometieron a gestionar un nuevo terreno frente al fraccionamiento.
Sin embargo, subrayó que ninguna de las dependencias ha confirmado la adquisición de este nuevo terreno, lo que obliga a los colonos a comprar agua en pipas con precios de hasta 400 pesos.

Sólo les entregaron un docu-mento simbólico, las casas si-guen sin escrituras, denuncian

Consultado vía telefónica, el presidente del fraccionamiento, Mariano Peñaloza Beltrán destacó que las viviendas entregadas desde mayo de 2015 no cuentan con escrituras, lo que ha generado molestia entre los vecinos, quienes no pueden validar oficialmente sus casas.
Recordó que en su discurso del 12 de enero en Acapulco, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que se asignaría la escritura a todas las viviendas que fueron construidas para las familias damnificadas por Ingrid y Manuel en Guerrero.
Sin embargo, la Sedatu les entregó únicamente un documento de asignación “simbólica” que carece de validez jurídica.
Subrayó que desde la administración de Alfredo Fernández Peri como delegado de Sedatu, les prometieron gestionar la escrituración de las viviendas sin haber cumplido hasta la fecha.
Sin embargo, destacó que durante una reunión con la subdelegada de Sedatu Alma Aurora Jiménez Sales les aclaró que el proceso de la escrituración de las viviendas corría directamente a cargo del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo) y no de Sedatu.
Aclaró que, en la mesa de diálogo con Jiménez Sales, se firmó una minuta de acuerdos para que la Sedatu, en coordinación con el gobierno federal, diera seguimiento a la legalización de las casas.
Anunció que acudirán el martes al Palacio municipal de Chilpancingo y a las oficinas de la Sedatu para exigir resultados del proceso de escrituración de las viviendas del fraccionamiento Zolimaitic.
Sobre el transporte público, la señora Isabel González acotó que desde la apertura del fraccionamiento, en mayo del año pasado, exigieron una ruta que comunique al predio con Petaquillas y el centro de Chilpancingo.
Indicó que es prioritario asignar al menos una Urvan del transporte colectivo para Zolimaitic, pavimentar el acceso principal del fraccionamiento y asignar a patrullas estatales y municipales para que hagan rondines preventivos nocturnos.
Explicó que, debido a la escasa presencia policiaca en el fraccionamiento recurrieron al Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), ya que habían detectado la presencia de vehículos desconocidos cerca del predio, “es por eso que requerimos su presencia (de los policías), que no nos olviden”.
Asimismo, los vecinos del comité vecinal solicitaron alumbrado público, ya que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) comenzó a colocar lámparas, pero a principios de este año dejó el trabajo incompleto.

Marcha la CETEG oficial en Cruz Grande a 16 meses del caso Ayotzinapa y contra la reforma educativa

A 16 meses de la detención y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) oficial marcharon en Cruz Grande, cabecera municipal de Florencio Villarreal, y 48 Batallón de Infantería, donde exigieron abrir los cuarteles militares del país para que los padres de los normalistas busquen a sus hijos.
La marcha, en la que participaron unos 500 maestros de las regiones Costa Chica, Montaña, Centro y Acapulco, también fue en contra de la reforma educativa y la evaluación docente que aplica la Secretaría de Educación Pública (SEP).
A las 10:40 de la mañana, los maestros salieron de las oficinas de la delegación de Servicios Regionales de la Costa Chica, y caminaron en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional hasta llegar frente al 48 Batallón de Infantería, donde realizaron un mitin.
“¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!” y “¡Peña, escucha, los maestros estamos en lucha!”, fueron las consignas que se repetían una y otra vez entre los maestros que portaron gorras y sombreros para protegerse de los fuertes rallos del sol.
En cuatro lonas que cargaron los inconformes y que fueron colocadas en uno de los dos accesos al batallón, se leía “Contaminación, pobreza, corrupción, existen cuando una Ley es injusta, lo correcto es desobedecerla”, “Libertad a los presos políticos” y “Exigimos justicia y castigo para los responsables de la desaparición forzada de los normalistas y caídos del 26 y 27 de septiembre”.
Los maestros, a su llegada al Batallón escribieron en las paredes de acceso al inmueble que era vigilado por militares, “Asesinos”, “#43”, y el nombre de uno de los 43 normalistas desaparecido “Luis Ángel Abarca Carrillo te seguimos buscando”. En la puerta donde se desarrolló el mitin estuvieron unos seis militares que sólo se dedicaron a fotografiar a los maestros y a grabar la protesta.
Desde ahí, los maestros se dirigieron al Palacio municipal, donde tuvieron otro mitin, reiterando la exigencia de la presentación con vida de los 43 normalista y en contra de la reforma educativa. A la 1 de la tarde, los maestros se retiraron del lugar.
Ahí, n promotor de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) manifestó que la organización busca la unidad de las fuerzas sociales para lograr una impedir el avance de la “amenaza” que sufre el país con las reformas del presidente Enrique Peña Nieto. “Sólo con la unidad el gobierno está haciendo caso” expresó.
El representante de la CETEG de la región Centro, Carlos Botello Guerrero manifestó que lo único que hacen los militares “es perseguirnos”, y que el acto era una muestra de repudio a las acciones de los militares que sirven a los políticos.
El maestro expresó, “estas instalaciones militares son prisiones de aquellos compañeros luchadores sociales. Ahí está la inteligencia militar que está coludida con el gobierno nefasto de Peña Nieto”.
Exigió a los militares que abran sus cuarteles para que los padres de los 43 estudiantes puedan buscar a sus vástagos. Recriminó la postura del gobierno federal al inventar la “verdad histórica” para que el caso de los normalistas quedara en el olvido. “No se puede superar un crimen y desaparición forzada”, concluyó.
El representante de la Montaña, René Fuentes dijo que los militares que estaban la noche del 26 y 27 de septiembre en Iguala fueron cambiados a distintos destacamentos, como el 48 Batallón, “los que desaparecieron a los normalistas son bestias, y no tienen nombre”. “Ni Peña Nieto ni Osorio Chong han hecho nada para buscar y presentar a los normalistas”, en cambio sí están saqueando a la nación con la privatización de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), señaló.
En su participación, el secretario general de la CETEG, Ramos Reyes Guerrero señaló que la protesta no era por gusto, sino porque aún no hay respuesta a la exigencia de presentación de los estudiantes, y tampoco justicia para los caídos.
Recordó que los padres no han descansado en la búsqueda de sus hijos, “con esa rabia que tienen en el corazón”. El dirigente también recriminó el actuar de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que no ha tenido una postura enérgica en el caso.
Reyes Ramos pidió a los maestros su comprensión y firme decisión para enfrentar la embestida del gobierno, que a costa de todo quiere que participen en las evaluaciones punitivas, “les pedimos su comprensión y decisión, no pasa nada de esta amenaza de despido a quienes no se presentaron al examen de valuación”, dijo.
Informó que, el 29 de enero la representación legal de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) decidirá cuál será la vía legal que tomarán para enfrentar al gobierno, además de que el 5 de febrero habrá una marcha nacional en la Ciudad de México, y para el 19 de ese mes habrá una de carácter estatal.

Delincuentes piden listas de maestros a tres directores de escuelas en Costa Chica, dice el rector

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán informó que en tres de las ocho escuelas de la institución que hay en la región Costa Chica, los directores recibieron mensajes de presuntos delincuentes de Guerreros Unidos y Los Rojos que les exigieron una lista de los nombres de los maestros, ya que a todos se les cobraría cuota.
Saldaña Almazán precisó que recibió el reporte el viernes, y que los mensajes de texto fueron enviados de un mismo número de celular, aunque en los tres casos los delincuentes cambiaron el nombre del grupo criminal al que representaban de Guerreros Unidos a Los Rojos.
Consultado durante el desayuno del Día del Policía, en la sala de la República en Casa Guerrero, respecto de los secuestros masivos y la inseguridad en la región Tierra Caliente, en donde la UAG tiene nueve escuelas, Javier Saldaña declaró que no hay reportes que indiquen situaciones de riesgo para los maestros y los estudiantes.
Sin embargo, dijo que en el caso de la región Costa Chica, en donde hay ocho escuelas de la UAG, tres directores reportaron que recibieron mensajes de textos vía celular, en los que delincuentes que dijeron pertenecer a Guerreros Unidos y Los Rojos, pidieron una lista con los nombres de los maestros, ya que se les pediría una cuota.
Javier Saldaña añadió que está en proceso la denuncia por las amenazas que recibieron los directores, y que los mensajes fueron enviados de un mismo número, por lo que pedirá que la Policía Federal lo asesore, “que es más efectiva para identificar de dónde vienen los mensajes”.

La presencia de militares en las escuelas de la UAG no viola la autonomía, señala

Por otra parte, dijo que el comandante de la Novena Región Militar, Alejandro Saavedra Hernández atendió la petición de seguridad de la UAG, por lo que las escuelas de la institución en Acapulco cuenta con resguardo, pero la situación causó polémica en el Grupo Universidad, ya que un maestro se oponía a que hubiera militares o policías en las instalaciones.
Javier Saldaña precisó que la autonomía de la UAG se viola cuando militares o policías irrumpen en las instalaciones, pero en el caso de Acapulco los uniformados asistieron a las escuelas porque se solicitó el resguardo.

No aumentó el presupuesto de la Universidad, afirma

Con respecto al presupuesto de la UAG para este año, Javier Saldaña Almazán señaló que el gobierno federal no incrementó los recursos de la universidad porque no se ha firmado el convenio correspondiente con la Secretaría de Educación Pública (SEP), pero “afortunadamente”, el gobernador Héctor Astudillo Flores apoyó a la institución con el gasto de operación.
Dijo que el gobierno estatal incrementó cerca de 50 millones de pesos al presupuesto de la UAG, por lo que, en total la universidad recibirá mil 400 millones de pesos, que serán destinados al pago de nómina, saneamiento financiero y otros rubros ya etiquetados que “no se pueden tocar, son como las novias de los demás, no las puedes ni ver”, bromeó.
Expresó que los universitarios no quieren detener su dinámica académica, y que la Cámara de Diputados hizo un exhorto al gobierno federal para que aumente los recursos que se le destinan a la UAG, “esperemos que con eso se resuelva (la situación financiera de la institución)”.
Añadió que la visita del presidente de la República Enrique Peña Nieto, el martes pasado, le da ánimo porque Guerrero es uno de los estados con menos cobertura académica en el país, de cada 100 jóvenes de entre 18 y 25 años solo 20 estudian una licenciatura, 40 se van al extranjero, 20 tienen trabajo de servicios y 20 están en la delincuencia organizada, “20 de cada 100” puntualizó.
Criticó que el gobierno federal es poco sensible ante la situación en Guerrero, porque la UAG abrió 28 programas de estudios y es necesario que se aumente su presupuesto, pero cuando planteó la situación la respuesta que recibió fue, “no te pedimos que abrieras más programas”.
Javier Saldaña informó que la UAG cuenta con 48 preparatorias, incluyendo a la Universidad Virtual, 71 licenciaturas, 25 posgrados, aproximadamente 82 mil estudiantes inscritos y 6 mil trabajadores, entre académicos y administrativos, “somos la universidad que menos trabajadores tiene y que menos presupuesto por alumno recibe”.
Declaró que en el transcurso de la semana, funcionarios de la UAG entregaron unas 62 mil becas a los estudiantes de 16 programas distintos, “queremos que la universidad mantenga la calidad que se le reconoció el año pasado”.

Heredar plazas es monopolizar la UAG, declara

Sobre las propuestas y acuerdos del 38 Congreso General Ordinario del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG), dentro de las cuales los maestros incluyeron que se incorpore al contrato colectivo que sus hijos se queden con el 100 por ciento de su carga laboral, el rector explicó que las peticiones se pueden cumplir en un 80 por ciento.
Precisó que el 80 por ciento de las peticiones que sí se podrán cumplir, “están relacionadas a dinero, el incremento, rezonificación, prestaciones, espero que mi gober (Héctor Astudillo) no me deje solo”.
Sin embargo, declaró que la reforma constitucional no permite que se hereden las plazas, “hoy vamos más por indicadores de calidad”.
Informó que el jueves se reunió con los representantes del STAUAG y el Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la UAG (STTAISUAG), para analizar sus peticiones dentro de los emplazamientos a huelga, “ya les dije que un trabajador que tenga un hijo con maestría, doctorado y que cuente con el perfil, que concurse como todos, tendrá mejores posibilidades (de obtener una plaza), no vamos a monopolizar la universidad”.
Se le señaló que en otros años sí se monopolizó la universidad, ya que se permitió que los hijos de los trabajadores heredan su carga laboral, pero dijo tajantemente que esto ya no se permite y las plazas deben ser para aquellos que tengan mayor competitividad.
Por último, expresó que los universitarios tienen que ser “autónomos y democráticos”.

Hay indicios de quiénes levantaron a los 17 ciudadanos en Arcelia el sábado, dice Olea Peláez

 

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Xavier Olea Peláez informó que hay indicios de quiénes fueron los que levantaron a 17 ciudadanos en el municipio de Arcelia el 8 de enero, pero que, por seguridad, no podía revelar más datos; sin embargo, aclaró que aún no hay detenidos ni han localizado a las personas privadas de su libertad.
Ayer en Acapulco, tras la firma del Acuerdo Guerrero incluyente y próspero, que encabezaron el presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador Héctor Astudillo Flores, el fiscal confirmó el secuestro de cuatro maestros y el director de la Secundaria Técnica 114 de la comunidad de Santana del Águila, municipio de Ajuchitlán.
“Tenemos indicios, no se los puedo revelar por razones de seguridad, pero hay indicios de quiénes fueron, y estamos en un operativo conjunto entre todas las fuerzas federales y estatales para detener a las gentes que levantaron a estas personas, o más bien que están privadas de su libertad”, dijo el fiscal.
Agregó que la operación de búsqueda que se implementó con marinos, soldados y policías federales, continúa; “estamos cerca de agarrar a estas personas, y ojalá podamos recuperar a los amigos que fueron secuestrados”, aunque aclaró que aún o hay detenciones, ni tampoco se ha encontrado a las 17 personas que fueron levantadas.
El fiscal general declaró que no han sabido si se ha pedido rescate a los familiares de las 17 personas privadas de su libertad, dijo que “evidentemente” en esos hechos se encuentra involucrado el crimen organizado, al cual, aseguró, este gobierno combatirá con inteligencia, y que la Fiscalía creo la Coordinación General de Inteligencia, para “poder avanzar en las cosas, y estamos trabajando muy duro”.
“Los familiares tienen razón, pero nosotros, dentro de la medida de nuestras posibilidades estamos haciendo lo que debemos; yo mandé un equipo de 60 policías ministeriales y al coordinador de la Policía Ministerial a entrarle a toda la investigación, y tengo información de que ahí van”, dijo sobre la marcha de familiares que piden su presentación con vida.
De lo ocurrido en Ajuchitlán, donde hombres armados irrumpieron y se llevaron a cuatro maestros y al director de la Secundaria Técnica 114, de la comunidad de Santana del Águila dijo, “efectivamente, inclusive hay unos Olea”, y bromeo, “deben ser mis parientes, porque son de Tierra Caliente, estamos investigando todo, absolutamente todo”.
Aunque después justificó que no podían cumplir con todo a la ciudadanía, “porque no tengo los suficientes recursos, por eso estoy haciendo el mayor de mis esfuerzos para lograr en los guerrerenses el orden y la paz”.
También aseguró que hay coordinación entre el gobierno federal y el estatal, pero, “no es tan fácil llegar a un punto de resolución, vamos avanzando conjuntamente con el grupo de Coordinación Guerrero”, dijo que no eran tan fáciles las circunstancias.
Aceptó que no se había visto levantones masivos como el de Arcelia y el de maestros en Ajuchitlán, “siempre hay algo nuevo y hay problemas, en el estado hay problemas, pero el gobernador me ha instruido, y hacemos lo más humanamente posible”.
“Sé que no son nuevos los focos rojos, lo que sí les digo es que va a la baja, afortunadamente, no porque yo sea el fiscal, sino porque se está haciendo un gran esfuerzo con las autoridades federales y estatales” puntualizó.

Marchan maestros, organizaciones y vecinos con la UPOEG en la clausura de su Congreso en San Marcos

Integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) marcharon en las calles de San Marcos en el último día de actividades de su Congreso Estatal, en el tercer aniversario de su creación.
Una marcha y una misa fueron las últimas actividades del Congreso Estatal de la UPOEG, que inició el lunes, en las que los integrantes de la organización demandaron al gobierno respeto al derecho de los pueblos indígenas a organizar su propio sistema de seguridad y justicia.
En la misa, el sacerdote de Xalpatláhuac, Mario Campo Hernández llamó a la UPOEG a recordar que el centro del proyecto es la población y la familia, para no perder sus objetivos de brindar seguridad y lograr la paz en las comunidades donde operan. “Que no se pierdan las asambleas, si se dejan de hacer corren el riesgo de que el movimiento se tergiverse”, advirtió el padre.
Al cierre del Congreso asistieron el asesor del gobernador Héctor Astudillo Flores, César Flores Maldonado; el presidente municipal priista de San Marcos, Juan Carlos Molina; el ex diputado local perredista, Bertín Cabañas López; y el fundador de la CRAC, y hermano de Bruno, Cirino Plácido Valerio, quien no quiso adelantar ninguna declaración de su presencia en el Congreso de la UPOEG.
Minutos antes de las 12 del mediodía, unos 500 integrantes de la UPOEG, policías ciudadanos que portaron sus escopetas, vecinos del municipio y maestros de la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur salieron en marcha de la colonia Campo de Aterrizaje.
En la vanguardia, cinco integrantes de la organización portaron la bandera nacional, seguidos del promotor de la UPOEG, Bruno Placido Valerio; los fundadores y promotores de la organización, Ernesto Gallardo Grande y Crisóforo García Rodríguez; además de delegados de los municipios de la Costa Chica.
Después, venían los policías ciudadanos portando mantas en las que se leía, “Los pueblos originarios, reconocidos, nos unimos a la UPOEG por el reconocimiento por el derecho del reconocimiento humano, defensa de nuestro territorio y de los recursos naturales. Un territorio con seguridad es un pueblo con justicia”.
Atrás, maestros de la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur, quienes exigieron el reconocimiento de la institución para que jóvenes indígenas y afro-mexicanos puedan seguir sus estudios. Los maestros portaron una manta donde demandaban la presentación de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, en septiembre de 2014 en Iguala.
La marcha fue casi a paso veloz y al ritmo de dos bandas de viento; caminó en las principales calles de la ciudad y la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, llegó al Zócalo y regresó al punto de partida, 40 minutos después.
En el trayecto, los vecinos de San Marcos dieron una cooperación a los integrantes de la UPOEG, quienes les acercaban unos botes sellados, con una ranura para depositar su contribución.
Llama el cura de Xalpatlahuac a no olvidar que el centro del proyecto debe ser la familia y la comunidad

En la misa, el presbítero Campo Hernández pidió por los 15 integrantes de la UPOEG asesinados durante los tres años de trabajo de la organización para restablecer la seguridad y la paz en los pueblos de la Costa Chica, Centro, Acapulco, y ahora en la Sierra y en un municipio de la Tierra Caliente.
También pidió por los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y sus familias, y para que la sociedad guerrerense encuentre paz y justicia.
En la homilía, el padre llamó a los presentes a mantener un compromiso y asumir una actitud de responsabilidad con el pueblo, y que los integrantes de la organización no olviden que el centro del proyecto debe de ser la familia y la comunidad en las asambleas, un criterio que otras organizaciones sociales deben de retomar, dijo.
Asimismo, instó a la UPOEG a que no pierda sus objetivos y a que no se corrompa por intereses personales, y pidió que logre salir de las crisis internas. “2016 debe de ser un año de esfuerzo, de apertura, de construcción conjunta, y no de un año de trabajo solitario”, recalcó.

Fortalecer el diálogo con el gobierno para plantear el desarrollo en las comunidades, pide Bruno

En la clausura del Congreso, el dirigente Bruno Plácido Valerio dijo que en 2016 buscará el diálogo con el gobierno del estado para plantear el desarrollo en las comunidades e infraestructura y seguridad, además de mantener el diálogo con los presidentes municipales, que se tiene que fortalecer.
En breves declaraciones, el dirigente expresó que el gobierno está en su derecho de investigarlo por las narcomantas que en diciembre lo señalaron de estar relacionado con integrantes de la delincuencia, pero afirmó que, “la UPOEG, entre más avanza, afectamos a más intereses”.
Por su parte, Flores Maldonado dijo que se tiene que seguir trabajando en unidad para sacar adelante al estado. Mientras el presidente municipal, Juan Carlos Molina agradeció la presencia del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadano en el municipio.
En declaraciones, el alcalde dijo que serán los integrantes del cabildo quienes decidirán el reconocimiento de la UPOEG como un sistema de seguridad, e indicó que él promueve el respeto de la ley y que bajo sus principios habrá coordinación con la organización.
A nombre de los comisarios de los municipios de la Costa Chica donde opera la UPOEG, el comisario de la comunidad de Colotepec, Ayutla, Honorio Rodríguez reconoció el trabajo del fundador de la organización, Bruno Plácido.
En su mensaje, se dirigió al presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador Héctor Astudillo Flores, a quienes dijo que la UPOEG está haciendo el trabajo que el gobierno dejó de hacer de dar seguridad a las comunidades, y solicitó respeto a la organización.

Protestan cetegistas en Chilpancingo y Acapulco contra la evaluación y la represión en Oaxaca

Unos 100 integrantes de la CETEG oficial, encabezados por el secretario general Ramos Reyes Guerrero, bloquearon 40 minutos el cruce de las avenidas Lázaro Cárdenas, Ruffo Figueroa y René Juárez Cisneros, en Chilpancingo, para repudiar los ataques a la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Oaxaca.
En Acapulco, por la tarde los dirigentes de la CETEG opositora, en conferencia de prensa recriminaron los actos de los policías enviados por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para reprimir las protestas contra la evaluación docente, y anunciaron su plan de acción paralela a la de la CETEG oficial, que contempla la movilización de maestros a la sede alterna del examen.
La protesta fue de las 12:20 a la 1 de la tarde. Los maestros, que portaban lonas y mantas con mensajes en contra de la reforma educativa y la evaluación del servicio profesional docente, se instalaron sobre las avenidas e informaron que el Estado le sigue apostando a la represión a los trabajadores que se oponen a la ley que atenta contra sus derechos laborales.
En el bloqueo, Ramos Reyes declaró que la CETEG se preparará para rechazar la evaluación en el estado, y condenó los ataques a los maestros en Oaxaca, que ponen en alerta al magisterio disidente, pues podría ocurrir una situación similar en Acapulco, donde se aplicará el examen el 3 de diciembre.
Al concluir el bloqueo, los maestros se trasladaron al edificio de la CETEG, ubicado frente a las oficinas centrales de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), donde se llevó a cabo la Asamblea Estatal Representativa, a la que asistieron 190 representantes de las regiones Centro, Acapulco, Costa Grande, Costa Chica, Montaña y Norte.
La asamblea, que inició cerca de la 1 de la tarde y concluyó a las 5, fue para organizar la jornada de lucha contra la evaluación que iniciará el 2 de diciembre con una marcha en la capital, se acordó instalar la Asamblea Estatal Representativa permanente, luego de la primera protesta, para determinar las acciones que se llevarán a cabo en Acapulco.
De acuerdo con la CETEG oficial, por acuerdo de la Asamblea Nacional Representativa de la CNTE, los maestros evitarán confrontarse con la Policía Estatal y la Policía Federal, que resguardarán las sedes donde se aplicará el examen.
Fuentes de la CETEG informaron que durante la asamblea se discutió la situación de Oaxaca, en donde los integrantes de la sección 22 de la CNTE aseguraron que fueron infiltrados enviados del gobierno quienes iniciaron la agresión; sin embargo, en Guerrero se vigilarán todas las actividades para evitar una confrontación con los policías.

Preparan protesta para sede alterna a Acapulco del examen

Representantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) opositora, informaron que el 2 de diciembre iniciarán las acciones contra la evaluación que aplicará la Secretaría de Educación Pública (SEP) del 3 al 6 de diciembre.
Las acciones serán paralelas a las de la CETEG oficial de Ramos Reyes Guerrero. En conferencia de prensa a las 5:40 de la tarde en las oficinas de la delegación de servicios escolares Acapulco-Coyuca de Benítez, los representantes de las regiones Centro, Antonia Morales; Acapulco, Walter Emanuel Añorve; Costa Grande, Manuel Salvador Rosas; Costa Chica, Pastor Mojica; Tierra Caliente, Jesús Rivera Bailón; y Norte, Arturo Nava Torres.
Los maestros llamaron a sus compañeros a unirse a las protestas y a la manifestación masiva en la delegación de servicios escolares de Acapulco a partir del 2 de diciembre, para iniciar la jornada de lucha. Además, indicaron que los maestros de la CETEG de las regiones Centro, Norte y Tierra Caliente se movilizarán a la ciudad alterna donde se aplicaría la evaluación, si no fuera en Acapulco.
Los dirigentes reiteraron que no están contra la evaluación, sino contra las sanciones que aplica el gobierno, y reiteraron el llamado a una evaluación formadora de maestros.
Llamaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como a organizaciones no gubernamentales a estar atentos a lo que ocurra en el estado con la llegada de policías federales, como se hizo en Oaxaca, donde las protestas fueron reprimidas.
Los dirigentes recriminaron y lamentaron los actos de represión contra sus compañeros de Oaxaca. Acusaron al presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador Héctor Astudillo Flores del despilfarro de dinero que se gastará en el hospedaje de los maestros en el Hotel Resort Mundo Imperial.
Señalaron que ese dinero se puede ocupar en infraestructura de las escuelas donde hay muchas necesidades. Los cetegistas indicaron que los maestros que no acudan a la evaluación no podrán ser despedidos porque la ley no es retroactiva; sin embargo, si aceptan la evaluación, la nueva ley sancionadora será aplicable, pero sostuvieron que no permitirán que el gobierno despida a maestros.
Insistieron en que la ley los amparará y que está a favor de los trabajadores, y en que a nivel nacional la CNTE ya prepara una estrategia legal para enfrentar al gobierno.

Suman 174 asesinatos en Guerrero en el primer mes del gobierno de Héctor Astudillo

Al cumplir un mes de la administración del gobernador priista Héctor Astudillo Flores han ocurrido 174 asesinatos en el estado.
De acuerdo con un recuento del periódico El Sur, los municipios en los que han ocurrido más asesinatos son Acapulco, Chilapa, Chilpancingo, Iguala, Leonardo Bravo (Chichihualco), Cuajinicuilapa y Tixtla.
Asimismo, ha habido asesinatos en San Miguel Teloloapan, San Miguel Teloloapan, Ajuchitlán del Progreso, Atoyac de Álvarez, La Unión, Coyuca de Benítez, Zumpango, Tepecoacuilco, Atenango, Ayutla, Zitlala, Quechultenango, Coyuca de Catalán, Huitzuco, Copala y Pungarabato.
La violencia en Guerrero se ha recrudecido contra mujeres, niños y adolescentes, activistas y familiares de policías, abogados, choferes, maestros, estudiantes y ex policías, así como contra policías comunitarios.
Al iniciar la administración de Astudillo Flores, en conferencia de prensa en Acapulco, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong anunció una nueva estrategia de seguridad para Guerrero, que sería coordinada por el comandante de la Novena Región Militar, el general Alejandro Saavedra Hernández.
El 4 de noviembre, el comisario de Polixtepec, municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco), Joaquín Romero Ríos, y su secretario Víctor González Luna fueron emboscados y asesinados por hombres armados en el camino de terracería Puentecillas-Polixtepec.
Después, el viernes 6 de noviembre, en la comunidad de Polixtepec hubo una balacera de siete horas que dejó heridos a siete policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), y tres muertos del crimen organizado que opera en la zona.
El jueves 12 de noviembre, policías ciudadanos de la UPOEG se enfrentaron a balazos contra unos 500 sicarios que vestían uniformes tipo militar y armamento de grueso calibre en la comunidad de El Naranjo, en Leonardo Bravo. Tras esta acción, 15 policías ciudadanos estaban desaparecidos; después, uno de ellos fue hallado muerto; otro continúa desaparecido.
La medianoche del domingo, hombres armados irrumpieron en Polixtepec y asesinaron a cuatro vecinos: una mujer adulta y tres de sus hijos, entre estos una mujer. También incendiaron tres casas y se llevaron a dos hombres, uno de ellos era pareja y padre de las víctimas.
El 10 de noviembre, hombres armados asesinaron a 12 personas, entre ellas una mujer y dos menores de edad, y dejaron heridas a cinco en un ataque a balazos a un taller mecánico que fue habilitado para peleas de gallos clandestinas en Cuajinicuilapa.
Asimismo, ese día en la comunidad de Tetitlán de Limas, municipio de Chilapa, tres hombres, una niña, un niño y una mujer fueron asesinados en una incursión de civiles armados; cinco víctimas eran familiares del ex secretario de Seguridad Pública municipal, Silvestre Carreto González.
La madrugada del miércoles cuatro personas murieron y tres resultaron heridas en un ataque a balazos contra una Urvan del transporte público cerca de la comunidad de Atzacoaloya.
El jueves de esta semana, hombres fuertemente armados emboscaron y asesinaron a cuatro policías comunitarios de la Casa de Justicia La Patria Es Primero, del barrio de El Fortín, de Tixtla.
El martes, al asistir a la toma de posesión del nuevo presidente de las Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Chilpancingo, en su discurso, el gobernador Héctor Astudillo Flores subrayó que debe cambiar la situación de violencia que se vive en el estado y que incluso hablará, “con el propio presidente de la República (Enrique Peña Nieto), o con el secretario de Gobernación (Miguel Ángel Osorio Chong) para decirles lo delicado de la situación de Guerrero y lo importante y oportuna que debe ser su intervención nuevamente en Guerrero”.

Armenta, nuevo delegado de Sedatu; se detuvo la entrega de viviendas por extorsiones, admite

Ayer tomó protesta como nuevo delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el ex delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el renejuarista José Manuel Armenta Tello, quien sustituye a Alfredo Fernández Peri.
En el acto, en el que la Sedatu estuvo representada por Ramón Sosamontes, el nuevo delegado anunció que no se frenarán los proyectos de construcción de viviendas para los afectados por fenómenos naturales.
Armenta Tello reconoció que en la Tierra Caliente y en la Costa Grande las extorsiones a empresas constructoras detuvieron la entrega de unidades habitacionales, y afirmó que el trabajador de la Sedatu que desapareció en Ajuchitlán se encuentra en su casa desde el jueves pasado.
El cambio se llevó a cabo en las oficinas del Infonavit, en la avenida Costera, donde Armenta Tello puntualizó que cuenta con el respaldo de Rosario Robles y recalcó que la funcionaria ex perredista “ha recorrido (la región) en innumerables ocasiones, ya contadas más de 30”.
Por su parte, el representante de la Sedatu, Ramón Sosamontes expresó que también se tienen que atender problemas territoriales que colman al estado y le pidió resolverlos “con justicia”. Dijo que Armenta Tello llega con un mandato “nada sencillo, la parte urbana tiene que ver mucho para el desarrollo de las ciudades que tenemos en Guerrero, el crecimiento de Chilpancingo tiene que planificarse, con autocrítica, y no puede seguir igual que Acapulco”.
Al finalizar el acto protocolario, el ex secretario privado del ex gobernador René Juárez, consultado por los reporteros destacó que hará un inventario de los problemas existentes, porque ya se tiene un diagnóstico “trabajado previamente con el delegado (Saliente)”, se dará atención inmediata a todos los procesos y, aseguró, no se interrumpirán los proyectos.
En su diagnóstico, dijo que “rezagos con la inseguridad, el haber proporcionado predios a tiempo, el esperar dictámenes por parte del gobierno del estado de factibilidad de construir en ellos, hay pendientes con las manifestaciones de impacto ambiental”.
Sobre las entregas retrasadas de casas para damnificados de la tormenta Manuel, expuso que ayer inició pláticas con la Cámara de la Industria de la Construcción para conocer la postura de los empresarios; justificó en parte los retrasos, “yo he hablado que se han empalmado fenómenos, primero fue Manuel e Ingrid y después los sismos de semana santa, después fue Trudy, y la gente lo que pide es ser atendida”.
Precisó que de Manuel e Ingrid, el gobierno federal absorbió los gastos para la reconstrucción, “el estado no hizo aportación para que se hiciera la reconstrucción. Cosa distinta a lo que pasó a los fenómenos de los sismos y el de Trudy donde esperamos todavía una aportación del gobierno del estado”.
De las casas que todavía no se han entregado, insistió en que están en revisión y que se han entregado fianzas “por vicios ocultos”.
Armenta Tello aceptó que la inseguridad fue un factor para que se detuviera la construcción de las casas en zonas como Tierra Caliente, “en algunos casos sí, tenemos casos puntuales en Tierra Caliente, se supo de algunas situaciones en la Costa Grande, pero definitivamente tenemos oferta de instituciones dedicadas a la justicia y seguridad”. A la pregunta sobre intentos de extorsión a empresas constructoras, respondió que no se ha cuantificado el número de empresas afectadas, aunque reconoció que fue en Tierra Caliente y Costa Grande.
Resaltó que la relación con el gobierno estatal de Héctor Astudillo es “espléndida y articulada”.
Sobre la fecha de entrega de la unidad habitacional de El Mirador, en Chilpancingo, expuso que todavía no hay un día programado y se otorgarán, “cuando haya condiciones para que sean ocupadas”; precisó que no sólo es cuestión de finalizar la construcción de viviendas, sino de garantizar los servicios públicos.
Otro de los factores para la entrega de casas es un dictamen, ya sea del Cenapred o de Protección Civil, y también están a la “espera (de que) en cualquier momento” lo tengan.
Al preguntarle porqué no se hizo el dictamen previo a la cimentación de las casas, dijo que “es algo que se debió haber hecho, es algo que no te puedo garantizar o decir con seguridad, pero se debió haber hecho la factibilidad del uso del predio, y más para garantizar su uso habitacional”.
Dijo que en caso de que no se pueda seguir construyendo en ese predio, “si no son seguras, nosotros no vamos a permitir que sean habitadas, pero eso es un extremo al que no podamos llegar”.
De Azinyaualco, donde se detuvo la construcción de las 93 casas, y de San Vicente, ambas localidades de la Sierra de Chilpancingo en las que hubo damnificados por la tormenta Manuel que llevan dos años esperando a que les entreguen sus casas, Armenta Tello manifestó que todas las reubicaciones están bajo el proceso de evaluación, porque se están revisando los padrones y los predios donde se cimentan las casas, y precisó que esos predios tienen que reunir ciertas características para ser habitables.
De la comunidad de San Vicente, apuntó que tampoco están los censos de los afectados y se buscan alternativas para solucionar la necesidad de vivienda, “ya estaba dotado, pero no estaba dentro del esquema de construcción de la Secretaría, ya se están desarrollando aulas por parte del Inifed”.
Enfatizó que hasta el momento no se ha cancelado ningún proyecto.
Se le preguntó si tenía conocimiento de la investigación sobre los responsables de otorgar permisos de construcción en humedales de la zona Diamante de Acapulco que se inundaron, José Armenta Tello dijo desconocer el compromiso del presidente Enrique Peña Nieto, “Son investigaciones que no lleva la delegación, es un asunto de lo que yo no tengo en mi recepción, pero habré de informarme”.