Piden en La Pintada revisión al cerro que deslavó Ingrid y Manuel ante riesgos

El cerro que se desgajó hace 10 años en La Pintada, sierra de Atoyac, tiene nuevos escurrimientos, denuncian Foto: Francisco Magaña

Vecinos de La Pintada en el municipio de Atoyac pidieron a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil estatal que revise el cerro que se desgajó con el huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel, pues presenta nuevos escurrimientos y grietas de considerable profundidad.
A 10 años de la tragedia que vivió La Pintada, en la sierra de Atoyac, el fenómeno meteorológico que según fuentes de la localidad dejó 72 muertos, el comisario Salvador Tiburcio Mauro pidió a las autoridades que Protección Civil revise la zona y emita un dictamen para evitar que la historia se repita.
Vía telefónica, el comisario dijo que la población tiene temor pues el cerro que se desgajó en 2013 por exceso de agua presenta nuevos escurrimientos en grietas de considerable profundidad.
Informó que en conmemoración a la tragedia realizaron una limpieza del memorial donde se sembraron 72 naranjos con placas con los nombres de los fallecidos y se realizará una misa en la iglesia del poblado.
En 2013, las intensas lluvias provocaron una avalancha que tomó por sorpresa a los habitantes, algunos se encontraban en los preparativos de las fiestas patrias. (Francisco Magaña/Atoyac)

 

Denuncian trabajadores del Fonden que no deposita la Sedatu salarios devengados

Los 33 trabajadores del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) denunciaron que van dos viernes sin que la Secretaría de Desarrollo Rural, Territorial y Urbano (Sedatu) les deposite un mes de salario devengado de los tres que les adeudan, como habían acordado con funcionarios de la dependencia en la Ciudad de México.
Los trabajadores iniciaron un paro laboral el 16 de mayo porque les debían cinco meses de salario devengado. El 24 de ese mes, les depositaron un mes sólo a 29 de los 33 trabajadores.
El miércoles 31 de mayo, los empleados se reunieron en la capital del país con funcionarios en las oficinas centrales de la Sedatu, ahí les prometieron pagarles otro mes de salario devengado y que cada viernes les depositarían un mes más hasta terminarles de pagar el 23 de junio.
Sin embargo, ayer vía telefónica la trabajadora del Fonden, Violeta Medina dijo que los viernes 9 y 16 de mayo no les depositaron en sus cuentas bancarias el pago de un mes de salario devengado de los tres que les adeudan.
Agregó que hasta ayer, a los 33 trabajadores ya les pagaron dos meses de salario devengado, y falta que les depositen los tres meses de su salario.

Sigue parada la construcción de casas de damnificados en El Mirador, en la capital

Las obras para la construcción de viviendas para familias damnificadas por la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, en el fraccionamiento El Mirador, al sur de la capital, siguen suspendidos debido a que la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) emitió una sanción porque la obra carece de un estudio de impacto ambiental.
Mientras tanto, un grupo de ingenieros civiles revisa las viviendas ya construidas y el terreno para verificar el riesgo, tras la denuncia de los beneficiarios de las casas ya entregadas ante la inestabilidad del suelo.
A dos años y medio de los daños provocados por la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, no han sido terminadas las mil 200 viviendas que se comprometió a construir la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) para igual número de familias damnificadas, y por el contrario, las que ya fueron construidas están siendo valoradas por ingenieros encabezados por el universitario Roberto Arroyo Matus.
Consultados al respecto, los ingenieros se negaron a adelantar los resultados del trabajo, pues argumentaron que no están autorizados hasta que concluyan la revisión.
Mientras tanto, cientos de familias siguen en espera de que se les asigne su casa, pues de las mil 200 viviendas que se comprometió a entregar allí la Sedatu, a las familias damnificadas, sólo unas 300 han sido reubicadas.
Sin embargo, tras la denuncia del dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, en el sentido de que las familias beneficiadas con las casas corren riesgo por la inestabilidad del terreno, se comenzó una revisión de las casas y del terreno, pero aún no se ha concluido el trabajo.
La denuncia también motivó que la Profepa suspendiera la obra, debido a que no encontró que se haya hecho un estudio de impacto ambiental, por lo que ordenó la suspensión de la entrega de viviendas a las familias damnificadas, según fuentes oficiales de la dependencia.
En estas circunstancias, a dos años y medio de la devastación ocasionada por los fenómenos meteorológicos Manuel e Ingrid, el resto de las casas que se construyen en ese predio podrían no entregarse, pues se ha determinado que el suelo no es factible para la construcción, según insistió el dirigente de la APPG Chávez Adame.
Y es que el predio en el que se edifican las casas para las más de mil familias afectadas por los fenómenos de 2013, presenta deficiencias, y corren el riesgo de deslaves y grietas que afecten a las familias, por lo que las casas ya no serán entregadas en ese lugar.
Actualmente están habitando sólo unas 300 familias de las mil 200 que serían reubicas allí, según informó inicialmente la Sedatu.
El dirigente cuestionó, que si tardaron casi tres años en construir las viviendas, entonces qué tiempo requerirán ahora para iniciar desde cero las casas para cientos de familias que perdieron sus hogares.
Mientras tanto, los vecinos que ya habitan algunas de las casas informaron que no tienen conocimiento de cuál es el siguiente paso de las autoridades luego del anuncio sobre la inestabilidad del predio. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).

Entregarán casas a damnificados de El Amate en la capital, tras más de dos años

 

El alcalde priista de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena se reunió en el Ayuntamiento a puerta cerrada con el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello, y con damnificados del huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel de la colonia El Amate, para informar que desde esta semana y hasta el 23 de diciembre recibirán sus casas en El Mirador.
No se permitió la presencia de reporteros en la reunión, y en un boletín emitido por el Ayuntamiento se informó que el gobierno municipal se comprometió a proporcionarles a los damnificados los servicios básicos en sus nueva viviendas, que estarán ubicadas en el fraccionamiento El Mirador, y que a partir de este lunes hasta el 23 de diciembre estarán siendo entregadas por la Sedatu.
En el comunicado explican que, “durante los últimos dos años, un total de 13 familias habían permanecido en condiciones precarias en un predio adyacente en la colonia El Amate, que ellos mismos denominaron Ingrid y Manuel”.
De estas familias, ocho ya contaban con un folio del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), que los define como afectados por los fenómenos naturales registrados en el 2013, lo que permitió que el gobierno municipal, la Sedatu y el Fonden les brindarán una opción de vivienda.
El Ayuntamiento de Chilpancingo instalará los servicios de agua y luz a las nuevas viviendas, dice el comunicado. Además del alcalde y del delegado de la Sedatu, también estuvieron presentes el secretario de Obras Públicas, Demetrio Arciniega Cisneros; el secretario de Desarrollo Urbano, Carlos Leyva Acevedo; el director del Instituto Municipal de Vivienda, Rodolfo Ruíz Carrera, y el titular de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach), José Alberto Lara Vargas.
En la misma reunión, también estarían presentes damnificados que ya viven en El Mirador, sin embargo no acudieron porque el alcalde les puso como condición que no se presentara el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, con el argumento de que no es damnificado. Los habitantes de El Mirador respondieron que pertenecían a la organización de Chávez Adame, y que si él no estaba presente no irían a la reunión.
Consultado vía telefónica, el dirigente de la APPG aseguró que se movilizarán en la capital ante las actitudes que están asumiendo las autoridades municipales y las de Sedatu que condicionaron a los damnificados, y que además pretenden cerrar el paso por la Autopista del Sol.

Reciben en Ayotzinapa padres de los 43 a damnificados de La Montaña que van en marcha hacia la capital

Padres de los 43 alumnos desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa llamaron a los pueblos de la Montaña a no tener miedo de luchar por sus derechos, en la bienvenida a la caravana del Consejo de Comunidades Damnificadas por el huracán Ingrid y la tormenta Manuel en 2013, que emprendieron una segunda cruzada para demandar a los gobiernos estatal y federal la dotación de granos básicos, vivienda y obras públicas que acordaron en la contingencia.
La caravana llegó a Tixtla alrededor de las 2 de la tarde, en decenas de camionetas tipo Nissan de las que se utilizan en el servicio público entre comunidades; a las 3, marcharon al poniente de la ciudad sobre la carretera federal para pernoctar en la normal rural y protestar hoy en Chilpancingo.
En el arco que señala la entrada a la cabecera municipal, una comisión de padres de familia y normalistas recibió a cerca de 2 mil campesinos indígenas, hombres en su mayoría, delegados y comisarios particularmente, para marchar junto a la Normal Rural por un sendero de curvas sin pavimentar y concluir con un mitin en el casco de Ayotzinapa.
En el encuentro, padres y madres de los normalistas detenidos-desparecidos compartieron su experiencia de 14 meses de búsqueda de sus hijos, y los convocaron a no dejarse vencer frente al gobierno que miente de forma descarada. Insistieron en que el gobierno, como el Ejército, conoce el paradero de los estudiantes, y aunque quiera descargar la responsabilidad en el crimen organizado, la responsabilidad es del Estado.
Ahí, en la carretera, la mujer de origen nahua Cristina Bautista, madre de tres hijos, uno de ellos Benjamín Ascencio Bautista, detenido desaparecido el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, en voz alta dijo que es momento de levantar la voz, “les pido que se sumen a nuestra lucha, y si (Miguel Ángel) Osorio (Chong, secretario de Gobernación) dice que ya basta de echar la culpa al gobierno federal por el caso Ayotzinapa, yo le respondo: ya basta de tanta gente asesinada, de tanta desaparición forzada y de tanta impunidad”.
“La Montaña se levanta contra el hambre y la discriminación”, estaba escrito con letras rojas en la manta que usa como bandera el movimiento indígena. Por su parte, los normalistas de Ayotzinapa presentaron una manta con la leyenda: “Ayotzinapa se solidariza con los pueblos del mundo, explotados por los gobiernos burgueses. Alto a los ataques belicosos y militares del capital”.

El 11 de noviembre se repitió la pesadilla, dice la mamá de normalista desaparecido

En la Normal Rural, hablaron madres y padres de los desparecidos. La mamá de Miguel Ángel Hernández Martínez dijo que el 11 de noviembre se repitió la pesadilla de la desaparición forzada de Iguala, tras conocer la persecución de policías a normalistas en la carretera Tierras Prietas-Tixtla, incluso en los cerros, así como la detención de nueve, entre ellos otro de sus hijos, un normalista de cuarto grado.
Revivió la angustia en el relato, “están bien, me decían, están detenidos, (pero) no se da cuenta que los detuvieron, no ves que es lo mismo decir que los detuvieron, es como desaparecerlos”. Los estudiantes fueron liberados horas después en las instalaciones de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum).
Aclaró que los padres no pidieron estar en el movimiento, pero ahora que están aprendiendo a luchar no se van a dejar, porque tiene la convicción de que su hijo está vivo.
“Ya no hay que dejarnos, somos pobres, pero no pendejos. Lo que vivimos tal vez nos lo merecemos porque el gobierno llega y se lleva todo. Nosotros no nos metimos con el gobierno, el gobierno se metió con nosotros llevándose niños inocentes, y vamos a defenderlos porque ellos nos necesitan. No se rindan, sigan luchando, no nos vamos a vender”, declaró.
Un padre denunció que le ofrecieron 2.5 millones de pesos para dejar de buscar a su hijo, “pero, aceptarlo es como vender a nuestros hijos”, dijo. Añadió que las autoridades siempre han querido dividirlos, para que, como las masacres de Aguas Blancas y de El Charco, los crímenes queden impunes.
El papá de Mauricio Ortega, primero en me’phaa y luego en español recordó que, primero, el gobierno dijo que 18 estudiantes desaparecidos estaban en una fosa y fue desmentido por los peritos argentinos, luego que fueron quemados en Cocula, pero no había rastros de piedras ni de vegetación quemada alrededor, como campesino supieron desde un principio que mentían.
Ahora, tiene claro que fueron los policías municipales con el Ejército los que se llevaron a sus hijos, a pesar de los esfuerzos de decir que los responsables de la desaparición forzada fueron narcotraficantes. “Si ellos (el gobierno) son los mismos narcotraficantes. Nosotros en este país estamos vendidos”, señaló.
Reconoció el respaldo que han recibido del extranjero, donde les dijeron que los gobiernos que reprimen son los mismos que privatizan hasta el agua en sus países, como está pasando en México.
Insistió en que las autoridades se los devuelvan, “ellos saben dónde los tienen, una persona desaparecida es cuando no sabe donde está. Pero estos, se los llevaron los policías, y el gobierno sabe dónde los tiene”.
Por el Consejo de Damnificados, uno de los representantes agradeció la hospitalidad, a una de las regiones más golpeadas por las lluvias de 2013, y que dos años ha cargado con la negligencia del Estado en la reconstrucción de todas las obras y el abasto de los pueblos que perdieron sus cosechas. Precisaron que no piden más que lo que las autoridades se comprometieron a entregar.

Armenta, nuevo delegado de Sedatu; se detuvo la entrega de viviendas por extorsiones, admite

Ayer tomó protesta como nuevo delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el ex delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el renejuarista José Manuel Armenta Tello, quien sustituye a Alfredo Fernández Peri.
En el acto, en el que la Sedatu estuvo representada por Ramón Sosamontes, el nuevo delegado anunció que no se frenarán los proyectos de construcción de viviendas para los afectados por fenómenos naturales.
Armenta Tello reconoció que en la Tierra Caliente y en la Costa Grande las extorsiones a empresas constructoras detuvieron la entrega de unidades habitacionales, y afirmó que el trabajador de la Sedatu que desapareció en Ajuchitlán se encuentra en su casa desde el jueves pasado.
El cambio se llevó a cabo en las oficinas del Infonavit, en la avenida Costera, donde Armenta Tello puntualizó que cuenta con el respaldo de Rosario Robles y recalcó que la funcionaria ex perredista “ha recorrido (la región) en innumerables ocasiones, ya contadas más de 30”.
Por su parte, el representante de la Sedatu, Ramón Sosamontes expresó que también se tienen que atender problemas territoriales que colman al estado y le pidió resolverlos “con justicia”. Dijo que Armenta Tello llega con un mandato “nada sencillo, la parte urbana tiene que ver mucho para el desarrollo de las ciudades que tenemos en Guerrero, el crecimiento de Chilpancingo tiene que planificarse, con autocrítica, y no puede seguir igual que Acapulco”.
Al finalizar el acto protocolario, el ex secretario privado del ex gobernador René Juárez, consultado por los reporteros destacó que hará un inventario de los problemas existentes, porque ya se tiene un diagnóstico “trabajado previamente con el delegado (Saliente)”, se dará atención inmediata a todos los procesos y, aseguró, no se interrumpirán los proyectos.
En su diagnóstico, dijo que “rezagos con la inseguridad, el haber proporcionado predios a tiempo, el esperar dictámenes por parte del gobierno del estado de factibilidad de construir en ellos, hay pendientes con las manifestaciones de impacto ambiental”.
Sobre las entregas retrasadas de casas para damnificados de la tormenta Manuel, expuso que ayer inició pláticas con la Cámara de la Industria de la Construcción para conocer la postura de los empresarios; justificó en parte los retrasos, “yo he hablado que se han empalmado fenómenos, primero fue Manuel e Ingrid y después los sismos de semana santa, después fue Trudy, y la gente lo que pide es ser atendida”.
Precisó que de Manuel e Ingrid, el gobierno federal absorbió los gastos para la reconstrucción, “el estado no hizo aportación para que se hiciera la reconstrucción. Cosa distinta a lo que pasó a los fenómenos de los sismos y el de Trudy donde esperamos todavía una aportación del gobierno del estado”.
De las casas que todavía no se han entregado, insistió en que están en revisión y que se han entregado fianzas “por vicios ocultos”.
Armenta Tello aceptó que la inseguridad fue un factor para que se detuviera la construcción de las casas en zonas como Tierra Caliente, “en algunos casos sí, tenemos casos puntuales en Tierra Caliente, se supo de algunas situaciones en la Costa Grande, pero definitivamente tenemos oferta de instituciones dedicadas a la justicia y seguridad”. A la pregunta sobre intentos de extorsión a empresas constructoras, respondió que no se ha cuantificado el número de empresas afectadas, aunque reconoció que fue en Tierra Caliente y Costa Grande.
Resaltó que la relación con el gobierno estatal de Héctor Astudillo es “espléndida y articulada”.
Sobre la fecha de entrega de la unidad habitacional de El Mirador, en Chilpancingo, expuso que todavía no hay un día programado y se otorgarán, “cuando haya condiciones para que sean ocupadas”; precisó que no sólo es cuestión de finalizar la construcción de viviendas, sino de garantizar los servicios públicos.
Otro de los factores para la entrega de casas es un dictamen, ya sea del Cenapred o de Protección Civil, y también están a la “espera (de que) en cualquier momento” lo tengan.
Al preguntarle porqué no se hizo el dictamen previo a la cimentación de las casas, dijo que “es algo que se debió haber hecho, es algo que no te puedo garantizar o decir con seguridad, pero se debió haber hecho la factibilidad del uso del predio, y más para garantizar su uso habitacional”.
Dijo que en caso de que no se pueda seguir construyendo en ese predio, “si no son seguras, nosotros no vamos a permitir que sean habitadas, pero eso es un extremo al que no podamos llegar”.
De Azinyaualco, donde se detuvo la construcción de las 93 casas, y de San Vicente, ambas localidades de la Sierra de Chilpancingo en las que hubo damnificados por la tormenta Manuel que llevan dos años esperando a que les entreguen sus casas, Armenta Tello manifestó que todas las reubicaciones están bajo el proceso de evaluación, porque se están revisando los padrones y los predios donde se cimentan las casas, y precisó que esos predios tienen que reunir ciertas características para ser habitables.
De la comunidad de San Vicente, apuntó que tampoco están los censos de los afectados y se buscan alternativas para solucionar la necesidad de vivienda, “ya estaba dotado, pero no estaba dentro del esquema de construcción de la Secretaría, ya se están desarrollando aulas por parte del Inifed”.
Enfatizó que hasta el momento no se ha cancelado ningún proyecto.
Se le preguntó si tenía conocimiento de la investigación sobre los responsables de otorgar permisos de construcción en humedales de la zona Diamante de Acapulco que se inundaron, José Armenta Tello dijo desconocer el compromiso del presidente Enrique Peña Nieto, “Son investigaciones que no lleva la delegación, es un asunto de lo que yo no tengo en mi recepción, pero habré de informarme”.