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Impugna Astudillo ante el Trife la reforma que prorroga el mandato de Alito en el PRI

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El ex gobernador Héctor Astudillo Flores busca invalidar y dejar sin efectos la reforma estatutaria promovida por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, quien pretende prorrogar su período hasta 2024, a través de un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano que promovió ayer ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife).
Astudillo renunció a seguir siendo parte del Consejo Político Nacional después de que esta instancia avaló la reforma para ampliar el mandato de Moreno Cárdenas, y ayer reaccionó asimismo a un escrito que se quiso atribuir al ex priista y ex alcalde de Taxco, Enrique Martiní Castillo con señalamientos en su contra de corrupción y complicidades con el senador Miguel Ángel Osorio Chong.
El ex gobernador dijo al respecto que hay en Guerrero personajes a los que les gusta “hacer este tipo de perversidades, de maldades” y que ubica “quien es el diabólico” que escribió el texto que se quiso atribuir a Martiní y del cual éste ya se deslindó.
Astudillo Flores presentó vía per saltum ante el Trife un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, con el que busca impugnar la convocatoria del 17 de diciembre a la sesión extraordinaria del Consejo Político Nacional del PRI.
“Sesión que tendría verificativo a las 18 horas del pasado 19 de diciembre en modalidad virtual a través de la plataforma digital zoom. Así como los acuerdos. En dicha sesión, entre otras cuestiones, se reformarían, adicionarían y derogarían diversas disposiciones estatutarias y reglamentarias del PRI”, escribe en el documento que solicita sea remitido a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En declaraciones telefónicas, Héctor Astudillo abundó que el propósito es que el tribunal declare como inválida “esta acción que tomó el CPN de modificar el tiempo de permanencia del presidente del PRI Alejandro Moreno Cárdenas” para prorrogar su periodo hasta 2024, y dijo sin precisar el nombre que “un abogado amigo de nosotros lo llevó a la Ciudad de México y lo presentó ante el Tribunal electoral”.
Comentó que el argumento del presidente del PRI para promover la reforma estatutaria fue la reforma electoral que aún no está aprobada por el Congreso de la Unión, por lo que espera que los magistrados revisen el tema, porque las modificaciones “no tienen razón de ser, no hay porqué hacer una reforma de una reforma que no hay”.
“El propósito es dejar sin efectos la reforma porque no tiene ni razón legal”, insistió.

El presunto escrito de Martiní

En redes sociales circuló ayer un texto que se atribuyó a Enrique Martiní, quien posteriormente se deslindó de este escrito, en el cual se hacen señalamientos contra Astudillo Flores como el que durante su mandato “apoyó a Osorio Chong para que fuera el candidato. Millones de pesos en obras para el hermano de Osorio Chong y a su vez, estos le consiguieron obra a Javier Taja, prestanombres de Astudillo, en Hidalgo, zona de influencia de Osorio”, lo que generó la respuesta del ex gobernador.
En dicho texto se descalifica la decisión de Astudillo Flores de renunciar a su espacio como consejero nacional, lo que calificó como “pantomima patética y ridícula del ex gobernador”. Además se le acusa de varias traiciones al PRI, la más reciente por “entregar” el gobierno estatal a Morena presuntamente a cambio impunidad.
Astudillo Flores respondió en sus redes sociales acusando a “algunas personas cercanas al presidente del PRI Oficial México, que con el fin de reiterar su complacencia y complicidad con su jefe político, no les gustó mi oposición a las reformas” a los estatutos partidistas.
Y señaló que “es reprobable que algún desubicado invente esta clase de intrigas sin pudor alguno, en forma cobarde y tramposa. Lo único que ha logrado es ubicar a su autor intelectual y mostrar su inexistente ética política y su infinita ingratitud y perversidad”.
Negó las acusaciones y recordó que eso se hizo desde el anonimato porque buscaron atribuirlo “con una gran perversidad” a Enrique Martiní.
“¿Quién lo hizo? Pues alguien que seguramente es amigo de Alejandro Moreno Cárdenas y que no le gustó mi posición, y arremetió con todo lo que se le ocurrió, con injurias y por supuesto con mentiras”.
Dijo: “Ubico perfectamente quién lo hizo, y bueno, entiendo perfectamente que hay personas aquí en Guerrero que les gusta hacer este tipo de perversidades, de maldades. Ubico perfectamente quien es el diabólico que hizo eso”.
En la conversación telefónica se le preguntó a quién se refería, y si era alguno de los que no se han pronunciado en contra de la reforma promovida por Alejandro Moreno, como el senador Manuel Añorve Baños, además de que su esposa, la diputada local Julieta Fernández Márquez fue la única de los 11 integrantes del grupo parlamentario del PRI que no firmó un posicionamiento en contra de las modificaciones a los estatutos que prorrogan al líder nacional en su cargo.
“En su momento, más adelantito lo voy a decir”, respondió Astudillo Flores.
También dijo que “seguramente es quien yo creo, es alguien muy cercano al presidente del PRI nacional y que no le gustó mi posición, pero no le gustó no solamente mi posición, sino la de la mayoría del priismo de Guerrero”.
También dijo que “cuando actúo, actúo de frente y para mí el hacer las cosas a través de otros o comparsas, no es mi fuerte, yo siempre de frente, quien me quiere enfrentar lo hacemos de frente y alejados de la cobardía, yo no soy cobarde y llamo a los demás a no actuar con cobardía”.

Impugna Astudillo ante el Trife reforma del PRI que amplía el mandato de Alito

Impugna Astudillo ante el Trife la reforma que prorroga el mandato de Alito en el PRI

Solicita un juicio para la protección de sus derechos políticos electorales. Reacciona a escrito en donde lo acusan de presuntos actos de corrupción con el senador Osorio Chong, opositor a Alejandro Moreno. Responde a texto atribuido a Enrique Martiní y afirma que tiene identificados a los personajes de Guerrero que les gusta “hacer este tipo de perversidades” y que ubica como cercanos al presidente del CEN. Se le pregunta si se refiere a Manuel Añorve y dice que “en su momento” lo dirá

El presunto escrito de Martiní

Cancela la Segob una reunión con los padres de los 43; el titular se fue con el presidente del INE

Padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos exigieron al secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, la audiencia acordada con el anterior titular de la dependencia Miguel Ángel Osorio Chong para este miércoles, y tras 4 horas sin respuestas se retiraron de las instalaciones de Bucareli en la Ciudad de México.
En un comunicado condenaron la “indolencia” del secretario de Gobernación con las víctimas de desaparición forzada y su nulo compromiso con los derechos humanos y la justicia, de quien supieron extraoficialmente que se encontraba en una reunión con el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello.
Lamentaron que para el nuevo secretario y su antecesor que renunció al cargo para buscar un puesto en el Senado, sean más importantes los temas electorales que las desapariciones forzadas y las víctimas.
Como parte de la primera jornada de lucha de 2018 los padres anunciaron con anticipación acciones en la Ciudad de México a partir del martes 23 de enero.
Ayer marcharon del antimonumento dedicado a los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, que está en Paseo de Reforma, rumbo a la Secretaría de Gobernación.
Indiciaron que la intención era que el nuevo funcionario confirmara los acuerdos y compromisos del gobierno federal con los familiares y víctimas de los hechos de los ataques y la desaparición forzada, en Iguala.
Uno de los temas pendientes es el programa de trabajo y de visitas del mecanismo especial de seguimiento del caso Ayotzinapa, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2018.
Ayer los padres revelaron que ya tenían una reunión acordada, que consideraron un asunto institucional, pero cuando llegaron alrededor de las 11 de la mañana, el área ya estaba cerrada con vallas que les impidieron el paso a las oficinas.
Indicaron que detrás de las vallas solicitaron formalmente la audiencia de este miércoles, y los funcionarios que los escucharon se comprometieron a procesar la solicitud, pero ya no regresaron.
Tras 4 horas de manifestación se retiraron del lugar y recriminaron el recibimiento que Navarrete Prida dio a los familiares de los desaparecidos, “azotando la puerta en nuestro rostro e impidiendo que abordemos los problemas reales que padece nuestro país”.
No obstante, insistieron en que la mesa de diálogo pendiente con la Secretaría de Gobernación se realice cuanto antes, “las vidas de nuestros hijos no pueden esperar, las acciones de búsqueda no pueden cesar”, concluye el mensaje.

Apoyará el municipio al gobierno federal en el caso de las autodefensas, dice Evodio

Luego de que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que el Estado recuperará la rectoría en seguridad en los lugares donde operan las autodefensas, el presidente municipal Evodio Velázquez Aguirre afirmó que el gobierno federal contará con todo el respaldo y apoyo para las decisiones que se tomen en el Grupo Coordinación Guerrero.
Dijo que, por supuesto, su gobierno está para apoyar al secretario de Gobernación, que es quien dirige la política de seguridad del país, “y estamos en espera que nos puedan compartir cómo poder sumarnos a estos esfuerzos”.
En su visita a Chilpancingo, Osorio Chong indicó que el Estado va a recuperar la rectoría de la seguridad en los lugares donde operan grupos de autodefensas que se hacen llamar policías comunitarios, y dijo que tienen información de que algunos grupos de la delincuencia organizada están azuzando a las comunidades para que no permitan la presencia de las autoridades federales, estatales y municipales.
Al alcalde se le preguntó si la presencia de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en Barra Vieja afectará el turismo, y respondió que se ha platicado con ellos y se ha trabajado para concretar acciones que hagan que se respete la ley en todo momento.
Sobre los asesinatos que continúan en Acapulco, Evodio Velázquez dijo que se hace un frente común para atender el tema con el Grupo de Coordinación, que como presidente municipal siempre está dispuesto y atendiendo los problemas y trabajando todos los días, “haciendo cosas buenas, tener turismo es tener inversión, es tener empleos y tener bienestar y construir la paz”.
Aclaró que no hay varitas mágicas ni tampoco acciones que vayan a descubrir el hilo negro, sino que todos los días se debe seguir trabajando arduamente para enfrentar los desafíos y los retos de Acapulco.
Añadió que se debe resaltar “que Acapulco está hoy avanzando todos los días, incluso en materia de seguridad, lamentablemente otras ciudades como Chilpancingo, como el mismo Zihuatanejo, tienen complejidades fuertes y que hoy Acapulco se mira a la baja poco a poco”.
Agregó que esas acciones son las que también hacen la cohesión social, que se construya mayor seguridad y “construyamos la paz todos juntos”.
Al alcalde se le preguntó si se puede festejar algo, tomando en cuenta que más del 80 por ciento de la población teme ser víctima de un delito, de acuerdo con la encuesta del Inegi, y respondió que no se puede festejar, “no es un festejo, yo no sería irresponsable, al contrario, creo que es un llamado para seguir por el camino que vamos, el de trabajar en la competitividad del destino y fortalecer el desarrollo de las familias de Acapulco, es algo a corto, mediano y largo plazo”.

No sabe Leyva Mena cuántas cámaras de vigilancia hay en el municipio porque no le informan, dice

El alcalde priista de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena dijo que el Ayuntamiento desconoce cuántas cámaras de seguridad hay en el municipio, porque el Centro de Control, Comando y Cómputo (C4) no le informa nada “al presidente municipal ni le mandan imágenes ni sabe cuántas cámaras tiene”.
En conferencia de prensa, adelantó también que, si no llegan a acuerdos con los comerciantes ambulantes que obstruyen entradas al mercado central capitalino, los van a desalojar con “la fuerza pública”.
Un reportero preguntó sobre el manejo del C4, recordó que hubo un convenio entre el Ejército y las autoridades civiles para que los agentes que operaban el mando fueran capacitados, y que el proceso ya se concluyó.
El alcalde aprovechó para sugerir que se les proporcione a los gobiernos municipales o a los ciudadanos, “un informe mensual, quincenal”, para que se sientan más seguros con los avances tecnológicos para la seguridad en la ciudad, dijo.
A preguntas de reporteros, Leyva Mena dijo desconocer cuántas cámaras hay en Chilpancingo, “es un tema que tienen los que tienen a su cargo el C4 y el sistema estatal de seguridad pública, pero al presidente municipal ni le mandan imágenes ni sabe cuántas cámaras tiene”.
Consideró que es parte del monopolio que deben tener el gobierno del estado y el federal, de lo que dijo es respetuoso de la ley.
El alcalde priista, se solidarizó con el presidente municipal de Zihuatanejo “por el diagnóstico que se tiene de su policía municipal”, que fue infiltrada por un grupo delincuencial y que incluso un líder criminal asumió las funciones de director y llevó a su gente a trabajar como policía.
Leyva Mena dijo que lo ocurrido en el municipio de la Costa Grande, “denota lo complejo y difícil que es manejar estos temas”, y reiteró la necesidad de certificar a los policías.
Consideró también que la declaración del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de que no es necesario un comisionado de seguridad para Guerrero, debe ser respaldado “con el trabajo y resultado” de los alcaldes.
De los pactos que han propuesto dirigentes de partidos, alcaldes y el propio gobernador, en torno a la inseguridad en el estado, el alcalde de Chilpancingo, dijo que los presidentes municipales que no cumplen con la certificación de sus policías están “faltando a ese pacto”.
Pese a las cifras que muestran que el primer cuatrimestre de 2017 fue el más violento de los últimos 10 años en el estado, el alcalde capitalino dijo que en Chilpancingo en ese periodo ocurrieron 81 asesinatos, 26 en enero, en febrero 25, en marzo 17 y en abril 13, y festejó que en la capital haya una reducción de este tipo de crímenes.
El alcalde exhortó al delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) Rigoberto Villegas Montoya, para que valore una solicitud que ya hizo por escrito, “que un área federal nos la destine para generar una base operativa municipal de seguridad”.
Explicó que piden una área para la base operativa para “el resguardo de la ciudad”, dijo que sabe de comentarios de que el delegado “se está negando no lo quiere hacer, yo le pediría con mucho respeto, porque este ayuntamiento está tratando de que todas las salidas y entradas de Chilpancingo estén vigiladas y ese terreno es el adecuado”.
Comentó que hizo la solicitud desde hace tres meses, pero aún no hay una respuesta positiva, el predio que solicita el ayuntamiento está en el triángulo que está antes de entrar a Chilpancingo viniendo de Zumpango.

Sí hay un acuerdo con el dueño de predio usado como tiradero, responde

De los 60 mil pesos mensuales que el dueño del predio donde se deposita la basura recolectada en la capital denunció que no le están pagando, el alcalde comentó que no es esa cantidad, “es mucho menos”, pero no precisó cuánto acordaron pagarle.
Leyva Mena comentó que tenían considerado conseguir ese dinero de la cuota que darían los recolectores de la basura que depositan los residuos en el lugar, pero ellos no quieren pagar; sin embargo, dijo que, “si no tuviéramos un acuerdo básico con el dueño del predio, créeme que cerrarían el lugar”.
Del espacio acéfalo que hay en la Secretaría General del Ayuntamiento, después de la renuncia de Gustavo Adolfo Morlet Berdejo, comentó que aún no hay un remplazo, aunque consideró que están trabajando normalmente.
En la conferencia, el alcalde informó que se están limpiando coladeras y alcantarillas que están saturadas de basura, pero también están cambiando algunas que estaban dañadas.
Reiteró que los bares que fueron clausurados en la avenida Lázaro Cárdenas no cumplieron con los acuerdos de modificaciones que se harían a los establecimientos.
Asimismo, informó que desde el inicio de su gobierno han recuperado 160 áreas verdes que no estaban escrituradas, pero advirtió que los casos de predios que eran áreas verdes; “fueron vendidas por malos funcionarios que lo hicieron en administraciones pasadas”.

Desalojará a más de mil ambulantes del mercado central si no llegan a acuerdos, adelanta

De la denuncia de locatarios del mercado central Baltazar R. Leyva Mancilla que se quejan de los comerciantes ambulantes que obstruyen las salidas y que piden que sean regularizados, Leyva Mena informó que podría desalojar a los más de mil ambulantes.
Explicó que hay diálogo con los comerciantes, pero adelantó que de no llegar a acuerdos, se “empleará la fuerza pública… creo que es necesario que todos tengamos orden, sobre todo en el mercado, y yo creo que todo mundo tiene derecho a ganarse la vida, pero también tiene derecho a respetar las vialidades de tránsito”.
Comentó que están dialogando con los comerciantes ambulantes para que paguen impuestos. Comentó que el municipio recauda del cobro a los comerciantes ambulantes entre mil y tres mil pesos diarios, que consideró que es muy poco, comparado con los gastos que se generan.
Explicó que están gestionando la construcción de un nuevo mercado, al sur de la ciudad, rumbo a la comunidad de Petaquillas.

Levantan plantón en PGR padres de los 43 tras acuerdo de seguimiento de las líneas del GIEI

Los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos levantaron ayer el plantón frente a la Procuraduría General de la República (PGR), en el que estuvieron 26 días para exigir que el gobierno federal siga las líneas de investigación que estableció el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para buscar a sus hijos.
De acuerdo con el vocero de los padres, Felipe de la Cruz, este martes unos 700 integrantes de organizaciones sociales, nacionales e internacionales, que formaron la Asamblea Nacional Popular (ANP), marcharon con los padres de los normalistas desde el anti monumento a los 43, ubicado en el Paseo de la Reforma, hasta el plantón frente a la PGR.
Más tarde, en una conferencia de prensa, los padres dieron a conocer un balance de las acciones que llevaron a cabo durante los 26 días que mantuvieron el plantón, y a la una de la tarde comenzaron a desarmar el campamento, para regresar a la Normal Rural de Ayotzinapa, en Tixtla.
Vía telefónica, Felipe de la Cruz dijo que las autoridades federales se comprometieron a dar seguimiento a las líneas de investigación que estableció el GIEI, es decir, el trasiego de drogas, los teléfonos de los jóvenes, la intervención de la Policía Municipal de Huitzuco y del Ejército en los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014, y la responsabilidad del entonces gobernador, Ángel Aguirre Rivero, y del entonces fiscal Iñaky Blanco Cabrera.
Además, en una reunión el viernes pasado, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifirán se comprometió a que en los siguientes días los padres de los normalistas desaparecidos y sus representantes tendrán una mesa de trabajo con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Señaló que aún no se les indica la fecha, lugar y hora, para llevar a cabo la mesa de trabajo con Osorio Chong, aunque los padres de los normalistas desaparecidos consideraron que luego de las marchas, bloqueos y protestas en la Ciudad de México, es una avance que el gobierno federal decida reanudar las mesas de diálogo y seguir las cuatro líneas de investigación.
De acuerdo con el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales, el levantamiento del plantón se da después de acordar con el gobierno federal una reunión con representantes de la PGR y las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, así como el Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 31 de mayo y otra en la primera quincena de junio con Osorio Chong.
Previo a esas reuniones, los padres y madres sostendrán un encuentro preparatorio con el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa Cifrián, en la que se reafirmarán las cuatro peticiones que sostuvieron en esta movilización.
Rosales Sierra explicó que las mesas de trabajo fueron acordadas con Campa Cifrián en reuniones interinstitucionales el pasado 10 de mayo.
Vidulfo Rosales reconoció que, “hay un desgaste en la salud y en la situación física de los padres de familia, y no podemos jugarnos todo en un plantón, la lucha continúa, ésta es una más”.

El recuento de actividades

Acompañados de estudiantes de normales rurales del país y de organizaciones sociales, los familiares de los desaparecidos marcharon del anti monumento a los 43 al plantón en la PGR, donde presentaron un balance de las actividades que llevaron a cabo en la capital y anunciaron el levantamiento del plantón.
A Hilda Legideño Vargas, madre de Jorge Antonio Tizapa Legideño, le correspondió leer el pronunciamiento en el que informaron que desde que se instalaron en plantón, el pasado 20 de abril, los familiares de los normalistas de Ayotzinapa y sus simpatizantes marcharon 14 veces en distintas partes de la Ciudad de México, hicieron cinco mítines de denuncia, ocho actos político culturales y tuvieron cuatro reuniones con autoridades.

Marchan mil 500 docentes en la capital por el Día del Maestro y contra la reforma educativa

Unos mil 500 maestros de educación básica, agremiados en la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y la sección 18 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), acompañados de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero, marcharon en la capital para conmemorar el Día del Maestro.
Durante la movilización, los manifestantes bloquearon durante media hora los dos sentidos de la Autopista del Sol, frente a la 35 Zona Militar, e hicieron un mitin en el Palacio de Gobierno, para exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el esclarecimiento de los ataques en Iguala y en contra de la reforma educativa.
A las 11:40 de la mañana, los manifestantes partieron desde el monumento a Nicolás Bravo, conocido como El Caballito, hacia el Palacio de Gobierno.
En el recorrido corearon consignas como “el maestro luchando también está enseñando”, “alumno que saca diez, seguro maestro es”, “aquí y ahora con la coordinadora” y “vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
Aunque los dirigentes de las organizaciones magisteriales no acudieron a la manifestación, porque participaron en la marcha nacional de la Ciudad de México, los maestros reprocharon a las autoridades que el asesinato del profesor jubilado, Claudio Castillo Peña, quien falleció durante el desalojo violento el 24 de febrero de 2015 en Acapulco, continúa impune.
Al llegar a la 35 Zona Militar, los maestros decidieron bloquear de manera total los dos sentidos de la Autopista del Sol, para exigir el esclarecimiento de los ataques en Iguala los días 26 y 27 de septiembre de 2014.
Los manifestantes colocaron retratos de los rostros del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y del secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, frente a la 35 Zona Militar, colocaron pintura roja para simular sangre y escribieron “+43”.
Dos maestras se colocaron delante de la entrada a la 35 Zona Militar portando dos pancartas en las que se leyó: “¿Cuál de los 43 iba a ser maestro de nuestros hijos?” y “en defensa de la educación pública y los derechos laborales”.
La marcha transcurrió sin incidentes, aunque fue vigilada de cerca por patrullas de la Policía Federal del sector caminos y agentes de Tránsito municipal.
En el Palacio de Gobierno, unos 40 policías estatales resguardaban las instalaciones en las escalinatas, que a su vez estaban protegidas con vallas para impedir el acceso de los manifestantes, quienes denunciaron que los agentes deberían garantizar la seguridad en el estado y no “estar pendientes de las manifestaciones”.
Los maestros realizaron un mitin en el que expresaron que todos los profesionistas, antes de especializarse tienen que tener una educación básica, pero las autoridades no reconocen la labor de los docentes y en cambio, atentan en contra de sus derechos laborales con la reforma educativa.
Exigieron la reinstalación de las mesas de diálogo entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el gobierno federal, para resolver las demandas del magisterio disidente, como la reinstalación de todos los maestros cesados en el país por manifestarse en contra de la reforma educativa y la incorporación al Fondo Nacional de Aportaciones para la Nómina Educativa (Fone) de todos los trabajadores.
Además, los maestros reclamaron que la inseguridad pone en riesgo a los docentes y a todos los guerrerenses en el estado. Repudiaron el asalto a siete reporteros de medios locales e internacionales, que ocurrió el 13 de mayo en Acapetlahuaya, por lo que exigieron a las autoridades que garanticen la integridad de todos los guerrerenses.
Al concluir la manifestación, los manifestantes entonaron el himno Venceremos y concluyeron con las acciones por el Día del Maestro, a la vez que advirtieron que no dejarán de movilizarse para rechazar la reforma educativa y defender los derechos laborales de los trabajadores.

Cierran los padres de los 43 la PGR; exigen una reunión con el procurador y con Osorio Chong

Padres y familiares de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, cerraron la Procuraduría General de la República (PGR) en la Ciudad de México, para exigir una mesa de diálogo con el procurador Raúl Cervantes Andrade y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
El abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra dijo que desde las 7:15 de la mañana los padres y manifestantes que desde hace 19 días mantienen un plantón frente a la PGR, cerraron los accesos y clausuraron de manera simbólica las instalaciones, para exigir que las autoridades le den seguimiento a las líneas de investigación que recomendó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En los pasados días de protesta fue cerrada la entrada principal, pero los funcionarios de la PGR podían ingresar a trabajar por accesos aledaños, este lunes sólo se veían guardias al interior del inmueble.
En declaraciones telefónicas, Rosales Sierra dijo que la PGR continuará cerrada hasta que las autoridades respondan a las demandas de los manifestantes.
A las 7:30 de la noche el gobierno federal propuso que la reunión fuera con el fiscal especial del caso Iguala, Alfredo Higuera Bernal y el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián, pero no se llegó a un acuerdo.
En conferencia de prensa a las 10 de la mañana, la madre del normalista desaparecido César González Hernández, Hilda Hernández Rivera exigió que el gobierno federal investigue el trasiego de drogas de Iguala a Chicago, la participación del Ejército, de la Policía Federal y de la Policía Municipal de Huitzuco en los ataques, además de la actividad de los teléfonos celulares de los estudiantes y de los detenidos por el caso.
Rosales Sierra dijo que tras la conferencia de prensa los padres marcharon acompañados de unos 300 manifestantes desde el plantón frente a la PGR al antimonumento a los 43 ubicado en la avenida Reforma, donde se llevó a cabo un mitin para exigir que las autoridades resuelvan el caso, pues no puede quedar impune.
En su plantón, los padres tienen costales y cajas de papas, cebollas, nopales, hierbas de olor y demás verduras.
También tienen leña para hacer fogatas y usan la reja de la PGR como tendedero de ropa.
Duermen en casas de campaña o en colchonetas sobre un templete de madera en la carpa principal, y cuentan con más de 10 sanitarios móviles.
El bloqueo lo mantienen en las tres entradas del edificio: la principal, sobre Reforma; la del estacionamiento en Río Guadiana, y la de un acceso lateral en Río Neva.
Cientos de empleados no han podido entrar a las instalaciones, por lo que esperan en las inmediaciones a espera de órdenes de sus superiores.

Denuncian agresión a un padre

En la página oficial en Facebook Padres y madres de Ayotzinapa, se denunció que durante el bloqueo de los accesos a la PGR, cerca de las 3 de la tarde un presunto trabajador del gobierno federal intentó entrar por la fuerza a las instalaciones y agredió a Bernardo Campos Santos, padre del normalista desaparecido José Ángel Campos Cantor, quien es diabético y resultó lesionado en la rodilla izquierda.
“En repetidas ocasiones hemos afirmado que nos han quitado tanto que hasta el miedo nos lo han arrebatado. Uno de nosotros fue objeto de una agresión el día de hoy. Una persona (probable representante de la Ley) intentó entrar por la fuerza al edificio de la PGR y en su violenta intentona jalonea a Don Bernardo Campos, padre de José Ángel Campos Cantor, ¡este padre es diabético! Nos faltan 43”, fue el mensaje con el que difundieron fotografías de la lesión de José Ángel Campos.

Tiene un cronograma; en noviembre tendrá resultados de la investigación, dice la PGR

La PGR informó que existe un cronograma elaborado para tener resultados de la investigación en seis meses, es decir, hasta noviembre.
Ordenó realizar vuelos de rastreo con tecnología de última generación en una superficie de 60 kilómetros cuadrados en la zona de Iguala, en busca de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
La subprocuradora de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, y el fiscal especial del Caso Iguala, Alfredo Higuera Bernal, dieron a conocer que estos vuelos continuarán con el uso de tecnología LiDar, un radar que obtiene imágenes tridimensionales y térmicas.
“En esta ocasión los propios padres pidieron que el área de aplicación del LiDar sea ahora mucho más extensa en una zona de aproximadamente 60 kilómetros cuadrados. Esto, con independencia de los costos que pudiera tener, el señor procurador lo aprobó de inmediato”, dijo Higuera.
Comentó en conferencia de prensa que desde que la PGR comenzó a utilizar esta tecnología se ha sobrevolado un área de un kilómetro cuadrado, en la que cual encontraron 100 lugares que debían ser sujetos a una revisión de campo.
Después de una inspección del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y los representantes de los padres de los normalistas, dijo, no se localizó ningún dato relevante para las investigaciones ministeriales.
Herrerías informó que a más tardar en noviembre próximo la PGR dará cumplimiento a nueve puntos y recomendaciones de líneas de investigación solicitados por organismos internacionales y los padres de los estudiantes.
Se trata de los puntos recomendados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
En un mensaje leído a la prensa, Sara Irene Herrerías informó que el 20 de abril se realizó una reunión con representantes de los padres, el Centro Prodh, Tlachinollan, Serapaz y el procurador Raúl Cervantes, en la que les ofrecieron seguir con “todas las líneas de investigación” y presentar un cronograma sobre los puntos que el mecanismo de la CIDH planteó como prioritarios.
La funcionaria agregó que al día siguiente, la dependencia presentó a la CIDH un cronograma con nueve puntos para ir cumpliendo de ahora hasta noviembre.
No obstante recordó que a esa reunión no asistieron los padres de los 43 “por lo que había pasado en la audiencia entre la CIDH, en donde ellos lo consideraron como un rompimiento y nosotros reiteramos en que como PGR teníamos abiertas todas las líneas de investigación”.
Por otra parte, informó que aún faltan por detener a siete personas más relacionadas directamente con la desaparición de los estudiantes normalistas el 26 y 27 de septiembre de 2014.
“Sabemos, comprendemos y tenemos empatía y lo sabemos el dolor de los padres y queremos darle una respuesta a ellos. En este sentido sabemos que lo más importante es la investigación y nos hemos concentrado en eso en este tiempo”, argumentó.
Luego aseguró que el titular de la PGR, Raúl Cervantes, “está en la mejor disposición de reunirse con ellos dentro de este marco de la Comisión Interamericana, que sería a finales del mes de mayo, cuando toca la siguiente reunión”.

Descarta que la tortura tenga como consecuencia la libertad de los acusados

Para verificar si hubo tortura el fiscal Alfredo Higuera dijo que la PGR ha practicado el Protocolo de Estambul a todos los detenidos por la desaparición de los 43 normalistas, con o sin denuncia de por medio, y hasta ahora sólo ha habido conclusiones en ocho casos.
De ellos, en seis los resultados fueron negativos y en dos hubo datos de tortura contra los detenidos, y en esos casos, los procesados decidieron no continuar la denuncia ante la PGR.
Descartó que la tortura tenga como consecuencia la libertad de los acusados o el desechamiento del expediente en los tribunales, ya que en caso de comprobarse sólo se anulan las declaraciones de quienes sufrieron los malos tratos.
“Todo eso tendrá las implicaciones y derivaciones que en cada caso concreto corresponda, la consecuencia natural de una declaración obtenida bajo tortura es la nulidad de esa declaración, no necesariamente que deje sin efecto el conjunto de actuaciones o elementos de prueba que haya en un caso”, aseveró.

Marchan en CDMX padres de Ayotzinapa; exigen que se retome la investigación parada hace un año

Este mes se cumple un año sin avances en la investigación de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, denunció el abogado de los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra, y afirmó que al Estado mexicano ya no le hacen mella los cuestionamientos de los organismos internacionales sobre las irregularidades reveladas por expertos independientes.
Ayer en la Ciudad de México los padres de los estudiantes desaparecidos marcharon del Ángel de la Independencia al hemiciclo a Juárez en la Alameda Central. Los manifestantes están en plantón indefinido frente a la Procuraduría General de la República (PGR) el jueves 20, hasta que la PGR dé un indicio de que retomó las líneas de investigación que dejó en abril de 2016 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) del caso Ayotzinapa.
En consulta telefónica, Rosales Sierra confirmó que hace meses los padres y representantes legales denunciaron la tendencia del Estado de administrar este conflicto durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, sin dar resultados, pero abierto el proceso sigue generando saldos negativos en el gobierno, opinó.
Es decir, las instituciones vulnerables a la corrupción que erosiona la imagen de México en el ámbito comercial internacional ya no sólo administran el conflicto, sino que van propiciando el cierre para blindar las campañas presidenciales de 2018, en particular las aspiraciones del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, insistió.
Aseguró que desde abril de 2016 es factible jurídicamente solicitar la consignación de los policías federales y municipales de Huitzuco involucrados en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
A la fecha dijo que no hay certeza si el condado de Chicago, en Estados Unidos, no ha enviado la información sobre una investigación de trasiego de droga desde Iguala, o si el gobierno de México no la ha solicitado, esto para fortalecer la línea de investigación que planteó el GIEI sobre el trasiego de droga y dinero al extranjero como el móvil de la agresión y la coordinación de agentes del Estado implicados en los ataques y la desaparición forzada de 43 estudiantes.
Siguen esperando el análisis de la información de los números telefónicos de estudiantes, agentes implicados, el contenido de las conversaciones.
Consideró que la única la explicación a tanta omisión ni es incapacidad, la complejidad, ni falta de recursos, sino que viene la contienda electoral en 2018 y Ayotzinapa estará en la agenda de los candidatos, “si estamos hablando es un caso de alto impacto que conmocionó, generó indignación generalizada, abrió grietas en el poder público, abrió heridas que siguen abiertas, eso preocupa a las autoridades”.
Ante los señalamientos de los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que forman el nuevo mecanismo de seguimiento y de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (The Washington Office on Latin America, por sus siglas en inglés y también conocida como WOLA) , que cuestionaron la insistencia en una versión descartada con pruebas científicas.
Opinó que el Estado ha ido creando una coraza resistente, “no hacen mella ya en este gobierno, tiene más preocupación por relaciones diplomáticas de otra naturaleza. Han creado reticencias, se hacen inmunes al escrutinio, es grave porque eso sólo sucede en regímenes totalitarios”.
Señaló que el gobierno mexicano le apostó a las políticas del mercado, facilitó las reformas estructurales de comercialización y privatización y para contener la resistencia de organizaciones sociales que se oponen, tiene un aparato que sirve para cometer desaparición forzada, detener y encarcelar activistas.
Al mismo tiempo, “tenemos el fenómeno del negocio de las drogas que generan los grupos de la delincuencia en el país, que en la disputa del control del territorio genera violencia desbordada creando una especie de autogobierno, se han apoderado de las instituciones y las han puesto en servicio de estos grupos”, señaló.
La particularidad de Guerrero es que concentra mucha más pobreza, el sufrimiento crece y los gobiernos caciquiles tienen un esquema “feudal”. Dijo que gobiernan ganaderos y comerciantes, que frente a la violencia quieren ocultar la realidad.
“Me parece grave que en el gobierno, Héctor Astudillo quiera dar la impresión de que no ocurre la violencia desbordada y se argumenta, incluso se hace llamados a medios de comunicación y a quienes alzamos la voz, a que no lo hagamos porque ahuyenta el turismo”.
Insistió en que se tiene que poner en movimiento todo el aparato del poder Ejecutivo y Judicial en seguridad y justicia, para desmantelar las redes de complicidad. “Ya es inocultable dado los altos índices de violencia, no puede seguir errando, cuando están matando políticos”.
Planteó al gobierno estatal que no descalifique las críticas, que se reconozca el diagnóstico real de la violencia y llame a cerrar filas con inventiva.

Pide Siempre Vivos a la Segob y al gobernador que “paren las masacres en Chilapa y Zitlala”

El presidente del colectivo de familiares Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz Navarro se reunió este lunes con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, a quien le solicitó su intervención ante el titular de la Secretaría, Miguel Ángel Osorio Chong, y ante el gobernador Héctor Astudillo Flores, para “que ya paren las masacres en Chilapa y Zitlala”.
Consultado vía telefónica, Díaz Navarro informó que el encuentro fue breve, a las 2 de la tarde en la oficina del funcionario federal.
“Le dijimos que ya no pueden seguir esas masacres y que ya deben de intervenir, y le pedimos que de inmediato debería de intervenir ante el secretario de Gobernación, ante el gobernador Astudillo y ante quien corresponda para que haya una inmediata atención al problema de Chilapa, porque ya no pueden seguir esas masacres”, relató.
Dijo que le pidió que intervenga ante el gobierno del estado porque no está trabajando ni diseñando una estrategia efectiva, “la que están aplicando tiene años y no funciona”, reprochó Díaz Navarro.
El presidente del colectivo Siempre Vivos dijo que, según el funcionario federal, inmediatamente iba a plantearle la situación al secretario Osorio Chong y que se comunicaría con el gobernador de Guerrero.
En Chilapa, en menos de 24 horas dos mujeres, una de ellas embarazada, y tres hombres fueron asesinados a balazos en distintos hechos ocurridos entre la noche del sábado y el domingo. Además, una joven resultó herida en uno de los ataques. Mientras tanto, la noche del domingo al menos tres cuerpos calcinados fueron dejados en un vehículo cerca del retén militar y policiaco que se encuentra en el arco de entrada a esa ciudad.
Al respecto, Díaz Navarro informó que ésta es parte de la guerra entre los grupos criminales Los Rojo y Los Ardillos, “el problema es que en esa guerra se están llevando a mucha gente inocente, y los gobiernos federal y estatal no están haciendo nada para frenarlos”.
Explicó que, según los comentarios que ha escuchado de la gente, se suponía que en los últimos meses Los Ardillos ya habían prácticamente desplazado a Los Rojos de Chilapa, “pero nuevamente se han reforzado Los Rojos, y ahorita están dando la batalla para recuperar la plaza, y hay una fuerte confrontación, por eso se está dando esta situación”.
Dijo que el problema es que “están ocupando” a gente desarmada, como a niños y mujeres, para mandarse sus mensajes y demostrar su brutalidad, “creo que matar inocentes es una forma de imponer el terror, el miedo y el control”.
En cuanto a las declaraciones del comandante de la Novena Región Militar, Germán Javier Jiménez Mendoza, en el sentido de que hay 500 militares desplegados en Chilapa, José Díaz declaró que, “si los hay, estarán en el cuartel yo creo, o están en sus filtros, pero no hacen nada, ya ves el carro de ayer (en la noche), fue incendiado a 100 metros del retén con tres cuerpos”.
Añadió que mientras no atrapen a los jefes de los delincuentes, la guerra no se va a acabar, que la Fiscalía General del Estado ya tiene órdenes de aprehensión, “yo no sé por qué no las ejecuta”.