Pide la ONU-DH “redirigir de manera profunda” la investigación de Ayotzinapa

Llama la ONU-DH a Peña a “redirigir de manera profunda la investigación” del caso Ayotzinapa

Concuerda con el cuadro manifiesto de graves irregularidades al que hace referencia la sentencia del tribunal de Tamaulipas, dice el representante del organismo, Jan Jarab

Agencia Proceso

Ciudad de México

El representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab llamó al gobierno de Enrique Peña Nieto a cumplir la sentencia del Tribunal Colegiado sobre el caso Ayotzinapa, y atender el informe del Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para “redirigir de manera profunda la investigación”.
A una semana de conocerse la sentencia del Tribunal Colegiado del Décimonoveno Circuito con sede en Reynosa, Tamaulipas, y el Informe Balance del Mecanismo de Seguimiento, el representante de la ONU-DH reconoció que son documentos “de la mayor relevancia, por lo que el Estado debe observar puntualmente sus contenidos”.
Para Jarab la “inédita y garantista sentencia del tribunal colegiado” hace eco de las preocupaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Mecanismo de Seguimiento, así como de algunos organismos internacionales de derechos humanos, incluida la ONU-DH y organizaciones independientes como el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
“La ONU-DH concuerda con el ‘cuadro manifiesto de graves irregularidades’ al que hace referencia de forma detallada la sentencia, mismo que se acreditó aplicando los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos”.
El representante valoró que tanto el Mecanismo de Seguimiento de la CIDH como el tribunal colegiado hayan incluido en sus escritos el Informe Doble Injusticia, elaborado por su oficina, particularmente para documentar “lo relativo a la tortura, las violaciones al debido proceso y las irregularidades en la diligencia del río San Juan”, por lo que reiteró el llamado al Estado mexicano a atender el informe.
Jarab destacó que alerta sobre el hecho de que la investigación “siga fragmentada y que los detenidos en el más emblemático caso de desaparición forzada en México no estén siendo procesados por desaparición forzada, sino por secuestro o crimen organizado”.
La ONU-DH coincide con el organismo regional en que “persisten serios desafíos y obstáculos que tienen que superarse con el fin de alcanzar verdad, justicia y reparación”.
Agregó que ambos documentos “deben alentar decididamente al Estado mexicano a enderezar la investigación sobre el caso Ayotzinapa, así como a materializar las reformas estructurales que el país debe adoptar de manera impostergable para revertir los grandes rezagos que enfrenta en el ámbito de acceso a la justicia y combate a la impunidad”, sobre todo en materia de “autonomía y la profesionalización de la procuración de justicia y los servicios forenses y periciales”.
Jarab insistió en que el seguimiento de ambos documentos debe hacerse “potenciando el papel de las víctimas, reconociendo el destacado papel de quienes las asesoran, garantizando el marco constitucional e internacional vigente y asumiendo plenamente la responsabilidad indelegable e intransferible del Estado en el esclarecimiento de los hechos”.
Tras recordar que un día como hoy pero de 2011 entró en vigor la reforma constitucional en materia de derechos humanos, la ONU-DH hizo un reconocimiento a la “tenacidad de las familias de las víctimas de los hechos de Iguala, así como a las organizaciones de la sociedad civil que las acompañan en la búsqueda de la justicia, la verdad, la reparación integral, las garantías de no repetición y el esclarecimiento de la suerte y paradero de los estudiantes desaparecidos”.

La PGR buscará “aclarar” la sentencia del caso Ayotzinapa, dice Navarrete Prida

El gobierno federal buscará la manera de aclarar la sentencia emitida por un tribunal federal sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, indicó el secretario de gobernación, Alfonso Navarrete Prida.
El funcionario fue cuestionado sobre la posibilidad de impugnar el fallo que emitió el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas.
“Existen mecanismos jurídicos para, sobre todo, clarificarla (la sentencia)”, respondió.
“A qué se refieren los magistrados con una resolución que, cuyo contenido, no existe esas figuras en el orden constitucional mexicano y generan muchas dificultades”, agregó en referencia a la Comisión de la Verdad que los jueces ordenaron instalar.
Según la sentencia esta Comisión de la Verdad estaría integrada por representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República, pero sólo los primeros podrían indicar las líneas de investigación a seguir y tendrían autorización para ingresar a zonas militares para buscar a los desaparecidos.
“No existe en nuestro sistema jurídico una figura de Comisión de la Verdad, para eso existen poderes judiciales y poderes judiciales sólidos y fuertes”, dijo Navarrete Prida.
“En este marco se tendrá que dar respuesta y satisfacción con un solo y único interés, es encontrar la verdad y hacer justicia”.
El funcionario evitó responder si el tribunal se extralimitó y sólo dijo que respetaba la sentencia.
“Corresponde en el marco de la ley a las instituciones encargadas de hacerla valer (la PGR), responder ante cualquier circunstancia que se da donde son parte procesal”, agregó. (Agencia Reforma / Ciudad de México).

 

La PGR buscará “aclarar” la sentencia del caso Ayotzinapa, dice Navarrete Prida

El gobierno federal buscará la manera de aclarar la sentencia emitida por un tribunal federal sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, indicó el secretario de gobernación, Alfonso Navarrete Prida.
El funcionario fue cuestionado sobre la posibilidad de impugnar el fallo que emitió el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas.
“Existen mecanismos jurídicos para, sobre todo, clarificarla (la sentencia)”, respondió.
“A qué se refieren los magistrados con una resolución que, cuyo contenido, no existe esas figuras en el orden constitucional mexicano y generan muchas dificultades”, agregó en referencia a la Comisión de la Verdad que los jueces ordenaron instalar.
Según la sentencia esta Comisión de la Verdad estaría integrada por representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República, pero sólo los primeros podrían indicar las líneas de investigación a seguir y tendrían autorización para ingresar a zonas militares para buscar a los desaparecidos.
“No existe en nuestro sistema jurídico una figura de Comisión de la Verdad, para eso existen poderes judiciales y poderes judiciales sólidos y fuertes”, dijo Navarrete Prida.
“En este marco se tendrá que dar respuesta y satisfacción con un solo y único interés, es encontrar la verdad y hacer justicia”.
El funcionario evitó responder si el tribunal se extralimitó y sólo dijo que respetaba la sentencia.
“Corresponde en el marco de la ley a las instituciones encargadas de hacerla valer (la PGR), responder ante cualquier circunstancia que se da donde son parte procesal”, agregó. (Agencia Reforma / Ciudad de México).

 

Detienen a ex policía de Iguala, presunto involucrado en la desaparición de los 43, difunde la Segob

Policías federales y ministeriales detuvieron en Chautengo, municipio de Florencio Villarreal, región de la Costa Chica, a un ex policía municipal de Iguala que es señalado como uno de los presuntos responsables de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos el 26 de septiembre de 2014.
De acuerdo con reportes, la noche de la desaparición de los estudiantes, el ex agente, identificado como Alejandro, fungía como supervisor de turno.
El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, dijo ayer domingo en una rueda de prensa que el arresto se llevó a cabo en el estado de Guerrero por parte de personal de la Policía Federal y elementos de la Fiscalía de ese estado.
El sujeto, identificado únicamente como Alejandro “N”, cuenta “con una orden de aprehensión vigente por los delitos de delincuencia organizada y secuestro”.
El ex policía es “probable responsable de los hechos ocurridos en septiembre de 2014”, agregó el secretario.
Durante la detención, que se dio dentro del operativo de seguridad Escudo Titán, “no fue necesario realizar un solo disparo”, aseguró Navarrete.
De acuerdo con la versión oficial, la noche del 26 de septiembre de 2014, los 43 estudiantes fueron detenidos por policías corruptos y entregados a miembros de un grupo criminal, los Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en el basurero de Cocula.
No obstante, esta versión ha rechazada por los familiares como por expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes después de hacer una investigación manifestaron las incoherencias del relato del gobierno y resaltaron la necesidad de desarrollar otras líneas de investigación.
Hasta el momento, 129 personas han sido imputadas dentro de la indagatoria del caso Iguala, y el Ejecutivo ha expresado su intención de llegar a conclusiones este mismo año (Agencias EFE y Reforma / Ciudad de México).

 

Marchan padres de los 43 en Cdmx y acuerdan una reunión con el secretario de Gobernación

En el quinto día de la Jornada de Lucha en el Corazón 43×43 y en vísperas de que se cumplan 43 meses de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, una comisión de 14 padres y madres de los desaparecidos, estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, el abogado Vidulfo Rosales y el vocero Felipe de la Cruz, fue recibida este miércoles por el director de Atención Ciudadana y Concertación Política de la Secretaría de Gobernación (Segob), Lorenzo Gómez Hernández y acordaron una reunión con el secretario Alfonso Navarrete Prida.
El encuentro fue después de que un contingente de alrededor de 100 personas llegara a las inmediaciones de la sede principal de la Segob, a las 11 de la mañana.
Desde una hora antes se desplegaron 600 granaderos de la Policía Federal en las calles de Bucareli y Abraham González. Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública vigilaban las vallas sobre Bucareli al momento en que el contingente de familiares y estudiantes de Ayotzinapa avanzaba contando en coro del 1 al 43.
Cuarenta minutos después de su llegada la policía dio paso únicamente a la comisión que durante una hora estuvo adentro.
Poco antes de la 1 de la tarde el representante de los padres y papá del joven desaparecido Mauricio Ortega, Melitón Ortega solicitó a los presentes que marcharan al Antimonumento a los 43, sobre Bucareli y Reforma, para dar a conocer ahí los avances de la reunión.
Los manifestantes llegaron acompañados de representantes del Frente Popular Francisco Villa Independiente, del Comité del 68 Pro Libertades Democráticas y de la organización Nueva Constitución Ciudadana y Popular.
Felipe de la Cruz tomó el micrófono para informar que únicamente se llegó a un acuerdo: un encuentro entre padres y madres con el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, para hoy jueves 26 o mañana.
Vidulfo Rosales se refirió al caso de los tres estudiantes de cine desaparecidos en Jalisco y expresó que ni este caso, ni el de los normalistas pueden quedar sin solución antes de que acabe este sexenio, “la lección es clara: no debemos dejar impunes los delitos en contra de los derechos humanos”.
Melitón Ortega expresó que las autoridades parecen estar más preocupadas por resguardar sus instalaciones que por dar resolución a las demandas de justicia. El martes hubo un intercambio violento entre la policía de la Ciudad de México y manifestantes. Posteriormente una comitiva se reunió con el secretario de Gobierno de la Cdmx, Guillermo Orozco para aclarar los hechos.
“Nosotros dejamos en claro que no buscamos confrontación con la policía de la ciudad. Nuestras movilizaciones se dirigen a las autoridades federales”, comentó Ortega.
“En esta jornada hemos visto una presencia masiva de la policía capitalina, lo cual consideramos un acto de intimidación. Por eso solicitamos a Guillermo Orozco que ofrezca garantía y seguridad al movimiento”, demandó.
Al finalizar la jornada la madre de César Manuel González, Hilda Hernández informó que a partir de hoy y hasta el 2 de octubre se realizarán las jornadas De Tlatelolco a Ayotzinapa, que culminarán el día del aniversario 50 de la masacre de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas. Se contará con la participación del Comité del 68, Nueva Constitución Ciudadana Popular y el movimiento de padres, madres y estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

 

 

Revisa Gobernación federal la actuación del obispo Rangel; evalúa sanciones en su contra

 

El secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida indicó que revisará el “tema” del obispo de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel, a fin de determinar si es necesario tomar alguna medida.
Monseñor Rangel reveló el viernes y el domingo pasados que se reunió con líderes de una organización delictiva, para negociar que no haya violencia política en Guerrero en lo que resta de proceso electoral.
“No conozco el contexto, no conozco cómo se desarrolló, mas que una información de carácter periodístico, tengo yo que consultarlo y desde luego sabremos exactamente qué ocurrió.
“Y qué medidas, si es necesario tomar, se tendrían que tomar en el marco de nuestra legislación y las instituciones que tienen como finalidad la actividad religiosa”, apuntó Navarrete.
En conferencia de prensa en el Senado, luego de reunirse con integrantes de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, el funcionario anunció que en los próximos días dialogará sobre el tema con la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y el Arzobispo Primado de México.
El secretario reiteró lo que declaró el lunes pasado sobre la reunión del obispo: que desde el punto de vista del gobierno no existe posibilidad alguna de negociar la ley.
“Porque hay víctimas, porque hay familias que han sufrido, porque hay comisión de delitos.
“Y podemos respetar y entender la buena voluntad de cualquier actor social al que mucho respetamos, pero como gobierno no existe posibilidad alguna de negociar la ley, ésta se acata y se cumple y quien generó delitos debe de enfrentar procesos penales ante un juez y resarcirse a las víctimas en todos sus derechos que fueron vulnerados”, abundó.
Del aval del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, dijo que le merece respeto y la ciudadanía tendrá que valorarlos.
“Creemos que esto se debe desarrollar en el ámbito de presentación de proyectos de país, y que esas expresiones pues van en esa dirección, qué proyecto de país quiere cada uno de los candidatos”, comentó.

El crimen ha intentado imponer candidatos en Guerrero

En tanto, en declaraciones la mañana que dio de ayer en el noticiero de Televisa Despierta con Loret, del periodista Carlos Loret de Mola, sobre la seguridad de los candidatos a la presidencia de la República. informó que Guerrero hay “indicios” de que grupos de la delincuencia organizada vinculados al narcotráfico han “intentado intimidar o imponer” candidatos afines. En la entidad se han ejecutado a diez personas aspirantes a candidaturas.
Con el periodista Loret de Mola, una de las preguntas fue si el narcotráfico está interviniendo en el proceso electoral. En respuesta el secretario de Gobernación dijo: “nosotros tenemos indicios de que en algunas zonas y en algunos lugares grupos de delincuencia organizada algunos vinculados al narcotráfico han intentado intimidar o imponer a candidatos afines a sus expresiones y desde luego estamos tomando medidas en esta circunstancia”.
–En ¿que zonas, en qué lugares? –le preguntó el periodista.
–Particularmente en Guerrero, en la zona de Chilapa cercana a Chilpancingo ya se han ejecutado a cerca de diez personas que tenían aspiraciones para contender y ser candidatos de distintas expresiones políticas y eso es un hecho inadmisible que genera delitos y por lo tanto debe haber responsables y consecuencias.
Navarrete Prida informó que ante la negativa de los candidatos presidenciales de aceptar medidas de seguridad por parte del gobierno federal para sus actividades de campaña, el gobierno mantendrá el exhorto a los partidos y buscará “generar las mejores condiciones se seguridad” para que los comicios del 1 de julio sean copiosos y transparentes.
De acuerdo con un recuento hecho por El Sur, desde febrero, de 2017 a febrero de este año en Guerrero han sido víctimas de la violencia 16 aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular, ocho perredistas, dos de Movimiento Ciudadano, uno del PRI y otro de Morena.
En febrero de este año fueron las precandidatas del PRD y del PRI a la diputación local del Distrito 25, perteneciente a Chilapa, Antonia Jaimes Moctezuma, el día 21 y Dulce Anayely Rebaja Pedro el día 25.
El 30 de diciembre, el ex director de Servicios Públicos Municipales de Zihuatanejo, Marino Catalán Ocampo, quien aspiraba a la candidatura por el PRD para alcalde del este municipio fue asesinado; el 28 de diciembre, fue ejecutado el aspirante a la alcaldía de Atoyac por el PRI, Adolfo Serna Nogueda.
El 27 de diciembre en Petatlán, fue muerto el alcalde, el perredista Arturo Gómez Serna, quien buscaría la reelección.
El 24 de noviembre fue asesinado el dirigente de Movimiento Ciudadano en Quechultenango, Armando Arturo López Solano, quien había sido en tres ocasiones candidato a la alcaldía de ese municipio; el 14 de octubre, el ex dirigente estatal del PRD, Ranferi Hernández Acevedo, fue asesinado junto a su esposa, su suegra y su chofer quien era aspirante a candidato para la diputación federal del distrito 06 en Chilapa por Morena.
El 9 de octubre el ex alcalde de Zitlala, Francisco Tecuchillo Neri, quien era aspirante a candidato por el PRD para presidente municipal fue asesinado; el 26 de septiembre pasado el aspirante a la alcaldía de Ajuchitlán de Movimiento Ciudadano fue asesinado en Chilpancingo Ángel Vergara Chamú;
El 8 de junio, el ex alcalde de Tecpan de Galeana, Crisóforo Otero Heredia, fue ejecutado, pretendía la reelección por el PRD; el 23 de mayo del año pasado fue ultimado el ex alcalde de Coyuca de Catalán y ex diputado local por el PRD, Eli Camacho Coicochea quien buscaba la alcaldía.
El 9 de abril de 2017 el perredista Roger Arrellano Sotelo, fue ejecutado mientras realizaba gestiones en las comunidades para afianzar una candidatura para repetir en la alcaldía; el 10 de abril fue asesinado el suplente del diputado local, Saúl Beltrán Orozco, Modesto Carranza Catalán; el 12 de mismo mes fue privado de su libertad el ex diputado federal por el PRD, Catalino Duarte Ortuño quien sigue desaparecido.
El 19 de abril el secretario general del PRD en el estado, Demetrio Saldívar Gómez fue asesinado. El 10 de febrero de este año, fue ejecutado a balazos en su domicilio en Ometepec, la líder seccional del Movimiento Ciudadano, Evelia Acosta Genchi. (Daniel Veláz-quez).

 

Cancela la Segob una reunión con los padres de los 43; el titular se fue con el presidente del INE

Padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos exigieron al secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, la audiencia acordada con el anterior titular de la dependencia Miguel Ángel Osorio Chong para este miércoles, y tras 4 horas sin respuestas se retiraron de las instalaciones de Bucareli en la Ciudad de México.
En un comunicado condenaron la “indolencia” del secretario de Gobernación con las víctimas de desaparición forzada y su nulo compromiso con los derechos humanos y la justicia, de quien supieron extraoficialmente que se encontraba en una reunión con el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello.
Lamentaron que para el nuevo secretario y su antecesor que renunció al cargo para buscar un puesto en el Senado, sean más importantes los temas electorales que las desapariciones forzadas y las víctimas.
Como parte de la primera jornada de lucha de 2018 los padres anunciaron con anticipación acciones en la Ciudad de México a partir del martes 23 de enero.
Ayer marcharon del antimonumento dedicado a los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, que está en Paseo de Reforma, rumbo a la Secretaría de Gobernación.
Indiciaron que la intención era que el nuevo funcionario confirmara los acuerdos y compromisos del gobierno federal con los familiares y víctimas de los hechos de los ataques y la desaparición forzada, en Iguala.
Uno de los temas pendientes es el programa de trabajo y de visitas del mecanismo especial de seguimiento del caso Ayotzinapa, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2018.
Ayer los padres revelaron que ya tenían una reunión acordada, que consideraron un asunto institucional, pero cuando llegaron alrededor de las 11 de la mañana, el área ya estaba cerrada con vallas que les impidieron el paso a las oficinas.
Indicaron que detrás de las vallas solicitaron formalmente la audiencia de este miércoles, y los funcionarios que los escucharon se comprometieron a procesar la solicitud, pero ya no regresaron.
Tras 4 horas de manifestación se retiraron del lugar y recriminaron el recibimiento que Navarrete Prida dio a los familiares de los desaparecidos, “azotando la puerta en nuestro rostro e impidiendo que abordemos los problemas reales que padece nuestro país”.
No obstante, insistieron en que la mesa de diálogo pendiente con la Secretaría de Gobernación se realice cuanto antes, “las vidas de nuestros hijos no pueden esperar, las acciones de búsqueda no pueden cesar”, concluye el mensaje.