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Pide la ONU-DH “redirigir de manera profunda” la investigación de Ayotzinapa

Llama la ONU-DH a Peña a “redirigir de manera profunda la investigación” del caso Ayotzinapa

Concuerda con el cuadro manifiesto de graves irregularidades al que hace referencia la sentencia del tribunal de Tamaulipas, dice el representante del organismo, Jan Jarab

Agencia Proceso

Ciudad de México

El representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab llamó al gobierno de Enrique Peña Nieto a cumplir la sentencia del Tribunal Colegiado sobre el caso Ayotzinapa, y atender el informe del Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para “redirigir de manera profunda la investigación”.
A una semana de conocerse la sentencia del Tribunal Colegiado del Décimonoveno Circuito con sede en Reynosa, Tamaulipas, y el Informe Balance del Mecanismo de Seguimiento, el representante de la ONU-DH reconoció que son documentos “de la mayor relevancia, por lo que el Estado debe observar puntualmente sus contenidos”.
Para Jarab la “inédita y garantista sentencia del tribunal colegiado” hace eco de las preocupaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Mecanismo de Seguimiento, así como de algunos organismos internacionales de derechos humanos, incluida la ONU-DH y organizaciones independientes como el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
“La ONU-DH concuerda con el ‘cuadro manifiesto de graves irregularidades’ al que hace referencia de forma detallada la sentencia, mismo que se acreditó aplicando los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos”.
El representante valoró que tanto el Mecanismo de Seguimiento de la CIDH como el tribunal colegiado hayan incluido en sus escritos el Informe Doble Injusticia, elaborado por su oficina, particularmente para documentar “lo relativo a la tortura, las violaciones al debido proceso y las irregularidades en la diligencia del río San Juan”, por lo que reiteró el llamado al Estado mexicano a atender el informe.
Jarab destacó que alerta sobre el hecho de que la investigación “siga fragmentada y que los detenidos en el más emblemático caso de desaparición forzada en México no estén siendo procesados por desaparición forzada, sino por secuestro o crimen organizado”.
La ONU-DH coincide con el organismo regional en que “persisten serios desafíos y obstáculos que tienen que superarse con el fin de alcanzar verdad, justicia y reparación”.
Agregó que ambos documentos “deben alentar decididamente al Estado mexicano a enderezar la investigación sobre el caso Ayotzinapa, así como a materializar las reformas estructurales que el país debe adoptar de manera impostergable para revertir los grandes rezagos que enfrenta en el ámbito de acceso a la justicia y combate a la impunidad”, sobre todo en materia de “autonomía y la profesionalización de la procuración de justicia y los servicios forenses y periciales”.
Jarab insistió en que el seguimiento de ambos documentos debe hacerse “potenciando el papel de las víctimas, reconociendo el destacado papel de quienes las asesoran, garantizando el marco constitucional e internacional vigente y asumiendo plenamente la responsabilidad indelegable e intransferible del Estado en el esclarecimiento de los hechos”.
Tras recordar que un día como hoy pero de 2011 entró en vigor la reforma constitucional en materia de derechos humanos, la ONU-DH hizo un reconocimiento a la “tenacidad de las familias de las víctimas de los hechos de Iguala, así como a las organizaciones de la sociedad civil que las acompañan en la búsqueda de la justicia, la verdad, la reparación integral, las garantías de no repetición y el esclarecimiento de la suerte y paradero de los estudiantes desaparecidos”.

La PGR buscará “aclarar” la sentencia del caso Ayotzinapa, dice Navarrete Prida

El gobierno federal buscará la manera de aclarar la sentencia emitida por un tribunal federal sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, indicó el secretario de gobernación, Alfonso Navarrete Prida.
El funcionario fue cuestionado sobre la posibilidad de impugnar el fallo que emitió el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas.
“Existen mecanismos jurídicos para, sobre todo, clarificarla (la sentencia)”, respondió.
“A qué se refieren los magistrados con una resolución que, cuyo contenido, no existe esas figuras en el orden constitucional mexicano y generan muchas dificultades”, agregó en referencia a la Comisión de la Verdad que los jueces ordenaron instalar.
Según la sentencia esta Comisión de la Verdad estaría integrada por representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República, pero sólo los primeros podrían indicar las líneas de investigación a seguir y tendrían autorización para ingresar a zonas militares para buscar a los desaparecidos.
“No existe en nuestro sistema jurídico una figura de Comisión de la Verdad, para eso existen poderes judiciales y poderes judiciales sólidos y fuertes”, dijo Navarrete Prida.
“En este marco se tendrá que dar respuesta y satisfacción con un solo y único interés, es encontrar la verdad y hacer justicia”.
El funcionario evitó responder si el tribunal se extralimitó y sólo dijo que respetaba la sentencia.
“Corresponde en el marco de la ley a las instituciones encargadas de hacerla valer (la PGR), responder ante cualquier circunstancia que se da donde son parte procesal”, agregó. (Agencia Reforma / Ciudad de México).

 

Llama la ONU-DH a Peña a “redirigir de manera profunda la investigación” del caso Ayotzinapa

El representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab llamó al gobierno de Enrique Peña Nieto a cumplir la sentencia del Tribunal Colegiado sobre el caso Ayotzinapa, y atender el informe del Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para “redirigir de manera profunda la investigación”.
A una semana de conocerse la sentencia del Tribunal Colegiado del Décimonoveno Circuito con sede en Reynosa, Tamaulipas, y el Informe Balance del Mecanismo de Seguimiento, el representante de la ONU-DH reconoció que son documentos “de la mayor relevancia, por lo que el Estado debe observar puntualmente sus contenidos”.
Para Jarab la “inédita y garantista sentencia del tribunal colegiado” hace eco de las preocupaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Mecanismo de Seguimiento, así como de algunos organismos internacionales de derechos humanos, incluida la ONU-DH y organizaciones independientes como el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
“La ONU-DH concuerda con el ‘cuadro manifiesto de graves irregularidades’ al que hace referencia de forma detallada la sentencia, mismo que se acreditó aplicando los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos”.
El representante valoró que tanto el Mecanismo de Seguimiento de la CIDH como el tribunal colegiado hayan incluido en sus escritos el Informe Doble Injusticia, elaborado por su oficina, particularmente para documentar “lo relativo a la tortura, las violaciones al debido proceso y las irregularidades en la diligencia del río San Juan”, por lo que reiteró el llamado al Estado mexicano a atender el informe.
Jarab destacó que alerta sobre el hecho de que la investigación “siga fragmentada y que los detenidos en el más emblemático caso de desaparición forzada en México no estén siendo procesados por desaparición forzada, sino por secuestro o crimen organizado”.
La ONU-DH coincide con el organismo regional en que “persisten serios desafíos y obstáculos que tienen que superarse con el fin de alcanzar verdad, justicia y reparación”.
Agregó que ambos documentos “deben alentar decididamente al Estado mexicano a enderezar la investigación sobre el caso Ayotzinapa, así como a materializar las reformas estructurales que el país debe adoptar de manera impostergable para revertir los grandes rezagos que enfrenta en el ámbito de acceso a la justicia y combate a la impunidad”, sobre todo en materia de “autonomía y la profesionalización de la procuración de justicia y los servicios forenses y periciales”.
Jarab insistió en que el seguimiento de ambos documentos debe hacerse “potenciando el papel de las víctimas, reconociendo el destacado papel de quienes las asesoran, garantizando el marco constitucional e internacional vigente y asumiendo plenamente la responsabilidad indelegable e intransferible del Estado en el esclarecimiento de los hechos”.
Tras recordar que un día como hoy pero de 2011 entró en vigor la reforma constitucional en materia de derechos humanos, la ONU-DH hizo un reconocimiento a la “tenacidad de las familias de las víctimas de los hechos de Iguala, así como a las organizaciones de la sociedad civil que las acompañan en la búsqueda de la justicia, la verdad, la reparación integral, las garantías de no repetición y el esclarecimiento de la suerte y paradero de los estudiantes desaparecidos”.

 

Dos desaparecidos en Apango están entre los 34 cuerpos hallados en fosas clandestinas de Zitlala

 

Tayde Antonio Hernández Astudillo, hijo del luchador social fallecido Lino Hernández López y el agente de tránsito estatal Guillermo Linares, desaparecidos el 16 de septiembre junto a Cristian Fernando Salinas en Apango, fueron identificados entre los 34 cuerpos hallados en fosas clandestinas en el cerro de Tenanchitla, municipio de Zitlala el 22 de noviembre, confirmaron este lunes sus familiares.
Con ellos suman seis los cadáveres que han sido identificados y reclamados ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
Los otros cuatro son el policía estatal Darío Sixtos Abarca desaparecido el 20 de octubre del año pasado en Chilapa, Karina Gutiérrez Rodríguez una joven estilista de 20 años que desapareció el 19 de octubre, Raúl Moreno Alcocer trabajador de la tortillería Juquilita de Chilapa, también desaparecido en octubre pasado, y Lázaro Nava Navarrete quien llevaba 2 años desaparecido pero su cuerpo fue hallado con señas de muerte reciente entre los 34 cadáveres.
El representante del colectivo de familiares de desaparecidos Siempre Vivos, José Díaz Navarro informó este lunes vía telefónica, que el proceso de identificación es lento.
También aprovechó para anunciar que a raíz de la visita en diciembre pasado del representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos (ONU-DH) Jan Jarab, ahora visitará Guerrero el 19 de enero el relator especial de las Naciones Unidas para defensores de derechos humanos Michel Forst.
De la identificación de los cadáveres que fueron hallados el 22 de noviembre en el cerro de Tenanchitla, municipio de Zitlala, ayer familiares de Tayde Antonio Hernández y Guillermo Linares, quienes estaban desaparecidos junto con Cristian Fernando Salinas Astudillo desde el 16 de septiembre en Apango, confirmaron que fueron identificados en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) entre los 34 cuerpos. Ambos fueron sepultados el jueves de la semana pasada.
Mientras tanto, familiares de Cristian Fernando están en espera de los resultados de la confronta del ADN para reclamarlo.
Los tres fueron vistos por última vez después del mediodía del 16 de septiembre en Apango, desde cuando sus familiares venían exigiendo a las autoridades estatales que se investigara su paradero.
Tayde Antonio era hijo del fallecido dirigente social Lino Hernández López y junto con su primo Cristian Fernando tocaban en un grupo musical.
Mientras que Guillermo, el otro joven que ya fue identificado y sepultado en Apango, era agente de Tránsito Estatal.
Un día después de que desaparecieron, sus familiares y vecinos de Apango integraron brigadas y los buscaron en comunidades cercanas como Almolonga, Hueyitlalpan, Zotoltitlán y La Esperanza. Desde los primeros días vecinos de esas comunidades les informaron que vieron pasar un Neón Blanco (propiedad de Tayde Antonio) en el que al parecer se los llevaron rumbo a Zitlala.
Por separado el presidente del colectivo de familiares de desaparecidos Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz, informó que otros cuatro de los 34 cuerpos encontrados en esas fosas clandestinas han sido identificados y reclamados por sus familiares.
Una de ellas es la joven estilista Karina Gutiérrez quien desapareció el 9 de octubre en Chilapa.
La joven trabajaba en una estética en Chilpancingo y al llegar a la base de las combis de la ruta Chilapa-Chilpancingo desapareció.
Otro de los cuerpos identificados es el de Raúl Moreno Alcocer, trabajador de la tortillería Juquilita de Chilapa y de quien sus familiares no han proporcionado mayores datos, aunque Díaz Navarro confirmó que su cadáver fue identificado y reclamado ante las autoridades.
Otro identificado es Lázaro Nava Navarrete, también de Chilapa y quien estaba desaparecido desde hace 2 años, sin embargo su cuerpo fue encontrado entre los 34 cadáveres con señales de muerte reciente.
“Eso quiere decir que (sus victimarios) los trajeron dos años trabajando o en condiciones que no se sabe, pues apareció muerto 2 años después”, dijo el presidente del colectivo Siempre Vivos, quien explicó que su cabeza apareció en las fosas halladas en Zitlala pero su cuerpo cerca de Tixtla.
Informó que Lázaro Nava estaba desaparecido desde el 21 de noviembre del 2014.
“Esto nos da dos mensajes, uno, que muchos de nuestros compañeros que buscamos pueden estar vivos y los pueden tener trabajando en algún sembradío de droga o los traen como sicarios, pero pueden estar vivos”, dijo Díaz Navarro.
También fue identificado el cuerpo del policía estatal, Darío Sixto Abarca quien estaba desaparecido desde el 20 de octubre, después de que llegó de su día de descanso a Chilapa.
El 20 de octubre Sixto Abarca fue levantado cuando regresaba de Chilpancingo, sin embargo su desaparición fue dada a conocer hasta una semana después.
Sus familiares informaron que el policía fue visto por última vez a las 7:30 de la noche de ese 20 de octubre en la capilla de Cristo Rey en el Zoyatal, antes de que hombres armados se lo llevaran.
El lugar en donde fueron halladas las fosas clandestinas es una zona que se disputan los grupos criminales Los Ardillos y Los Rojos.

Entregarán información al relator de la ONU

Díaz Navarro informó que a raíz de la visita del representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Jan Jarab, ahora visitará Guerrero el relator especial de la ONU sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, Michel Forst.
El representante de la ONU estará en visita oficial en México del 16 al 24 de enero, aunque llegará con antelación para participar el 13 en una actividad organizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en donde se revisarán las condiciones en que trabajan los defensores y representantes de organismos civiles de derechos humanos.
Díaz Navarro adelantó que en su visita a Guerrero le entregarán información sobre la grave situación en que trabajan las personas defensoras de derechos humanos en la entidad.
Michel Forst también estará en los estados de México, Chihuahua y Oaxaca. Igual que en Guerrero también se reunirá con autoridades gubernamentales y agrupaciones de la sociedad civil, según la agenda que fue dada a conocer ayer por el presidente del colectivo Siempre Vivos.

 

Pide el Centro Morelos a la ONU y a la CNDH que ayuden a sobrevivir a familias de desaparecidos

El Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón de Chilapa manifestó que los familiares de desaparecidos esperan que el representante en México de las Naciones Unidas, Jan Jarab, y el primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Ismael Eslava Pérez cumplan su promesa de intervenir para que los familiares de las víctimas de desapariciones reciban apoyos para su sobrevivencia.
En un boletín el organismo informó que los familiares de las víctimas que se reunieron con el representante de las Naciones Unidas y el visitador de la CNDH el martes y miércoles en Chilpancingo y Chilapa, pidieron proyectos productivos, becas para estudiantes, atención médica y psicológica, “sin restar importancia a las sugerencias y recomendaciones precisas que el gobierno del estado tiene que seguir para llegar a la verdad y justicia para las víctimas, y poder tener un estado con mayor equidad y libre”.
Reprochó que siendo Guerrero un lugar donde los altos índices de desaparición forzada, los homicidios y el hallazgo de cuerpos en fosas clandestinas son temas cotidianos, haya una Fiscalía General del Estado (FGE) y una Dirección General de Servicios Periciales sin la capacidad para enfrentar el problema.
En cuanto al primer asunto el Centro Morelos consideró que la visita conjunta del representante del Alto Comisionado y del visitador de la CNDH, “no se habría dado si la situación de violencia que vivimos los guerrerenses fuera atendida adecuadamente por nuestras autoridades”.
Reclamó que por el contrario las cifras de asesinatos, de personas desaparecidas, desplazados, secuestros, y extorsiones van a la alza.
“Además la saturación de cuerpos y restos en el Servicio Médico Forense, en contraste con el número de familias organizadas que buscan a sus seres queridos, habla de la incapacidad de nuestras autoridades de hacer las identificaciones correspondientes”, cuestionó el organismo.
El Centro Morelos informó que los colectivos que se reunieron con el representante del Alto Comisionado de la ONU y el primer Visitador de la CNDH, no son las únicas víctimas en el estado, pues no existe un número exacto de personas desaparecidas o desplazadas.
“Tan sólo en esta semana fueron desplazados por la delincuencia organizada aproximadamente 150 personas de la comunidad de Tlaltempanapa, el 4 de diciembre fue hallado el líder de la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes de Guerrero (CETIG) Juan Mendoza Tapia y su esposa, Francisca Santos Delgado, desaparecidos el 24 de noviembre. Un día después se dio la privación de libertad del coordinador del Comité de Enlace de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), el Profesor Irineo Salmerón Dircio en manos de un comando de hombres armados”, denunció.
En este contexto exhortó a la ONU-DH y a la CNDH a que cumplan los compromisos que hicieron con las víctimas, “entre estos el compromiso de Ismael Eslava de hacer gestiones para que familiares de desaparecidos reciban proyectos productivos, becas para estudiantes, atención médica y psicológica, sin restar importancia, a las sugerencias y recomendaciones precisas que el Gobierno del Estado tiene que seguir para llegar a la verdad y justicia, para las víctimas y poder tener un estado con mayor equidad y libre”, reclama el organismo mediante su comunicado.
Por otra parte el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón denunció que los hechos de desaparición involuntaria de personas han puesto en evidencia, que tanto la FGE como su Dirección de Servicios Periciales carecen de equipo material y humano para ofrecer un trabajo confiable a la población.
En este contexto el organismo denunció que los familiares además de salir a buscar a sus desaparecidos se ven en la necesidad de solicitar peritajes independientes, por la falta de confianza hacia las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia.

Observan ONG limitaciones institucionales y colusión de autoridades con el crimen en casos de desaparecidos

El señalamiento del representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab en el sentido de que es “dramática” la situación de los desaparecidos en Guerrero y “preocupante” la “debilidad institucional” para atender los casos, debe servir para que el gobierno incluya en su agenda el grave problema, coincidieron representantes de organismos civiles de derechos humanos.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández declaró que la opinión del enviado de la ONU “coloca el tema en el centro de la agenda pública”, y que ahora lo principal es que el gobierno determine cómo garantizar una atención digna a los familiares de quienes están siendo víctimas de desapariciones.
Mientras tanto el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández expresó que la percepción que se lleva Jan Jarab sobre el problema de los desaparecidos en Guerrero, es a raíz de los testimonios de los familiares de las víctimas que recibió el martes en Chilpancingo y el miércoles en Chilapa.
Barrera Hernández agregó que la declaración del representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas viene a reafirmar lo que han venido denunciado los familiares de los desaparecidos mediante diferentes formas para que se atiendan sus reclamos, y se garantice la búsqueda, pero que no les han hecho caso las autoridades estatales.
Dijo que los reclamos que oyeron de familiares y colectivos durante la visita del Alto Comisionado y del visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Ismael Eslava Pérez, es una expresión del drama al que se enfrentan a diario, pero que lamentablemente las autoridades no han tenido sensibilidad para atenderlos.
“Hace falta oficio político desde la perspectiva de los derechos humanos, y la visita fue con el fin de alertar al gobierno de que aquí hay una grave violación de derechos humanos, y no se ve una estrategia clara para revertir esta situación de descomposición”, declaró.
Añadió: “qué bueno que levantó la voz en nombre de las víctimas, y fue significativo que haya venido una representación de la CNDH porque tiene el objetivo de darle seguimiento a las investigaciones por esa vía, y darle cauce a este clamor y llame la atención a las autoridades”.
El director de Tlachinollan añadió que con las expresiones del representante del Alto Comisionado el gobierno tiene que cambiar su agenda y mirar desde dentro el problema de los desaparecidos.
En cuanto al reconocimiento del fiscal Xavier Olea Peláez en el sentido de que no cuenta con presupuesto para investigar los casos de desaparecidos, Barrera Hernández dijo que no sólo hay carencia de recursos económicos, sino también limitaciones profesionales e institucionales.
“También hay un déficit de confianza y de credibilidad a las actuaciones de la Fiscalía. No ha sido capaz de brindar confianza, de trabajar en coordinación con los familiares de las víctimas, no ha sido transparente en sus actuaciones y no ha aprovechado la precaria capacidad instalada para dar los mejores frutos y para que sus agentes investigadores tengan más sensibilidad y formación en derechos humanos”, expresó.
Agregó que ese es en realidad el boquete que hay en la Fiscalía, al margen de las limitaciones económicas.
Dijo que sin embargo las limitaciones económicas no pueden ser pretexto para que haya una cercanía y trato digno y veraz hacia los familiares de las víctimas.

El enviado de la ONU tuvo contacto directo con los familiares de las víctimas, como no lo han hecho las autoridades

El secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares, explicó que el representante del Alto Comisionado palpó el grave problema de los desaparecidos en la entidad porque tuvo contacto directo con los familiares de las víctimas, como no lo han hecho las autoridades federales y estatales y por eso desconocen a fondo el problema.
Añadió que ojalá la opinión que dio antes de irse el comisionado sea tomada en cuenta por el gobierno estatal y comience a ver el problema en su justa dimensión.
Olivares consideró que la escasez económica de la Fiscalía que argumenta el fiscal no es justificación y tampoco problema de los familiares de las víctimas, quienes tienen derecho a ser atendidas y a que se resuelvan los casos que han denunciado.
“El gobierno tiene que buscar los mecanismos para atender el grave problema de desaparición de personas. Tiene que poner atención y buscar los recursos necesarios para poder dar esa atención”, insistió.
Explicó que gran parte de la inoperancia y de lo obsoleto que ha resultado la Fiscalía en el caso de los desaparecidos, tiene que ver con la colusión que hay de las autoridades y los órganos jurisdiccionales con los grupos de la delincuencia organizada.
“Tiene que ver con la corrupción que hay y da como resultado la impunidad en este tipo de casos”, denunció Olivares Hernández.

 

Es dramática la situación de las desapariciones y preocupante la debilidad institucional: ONU

Los 2 mil 428 homicidios dolosos en un año y las 409 desapariciones en sólo tres municipios cometidos en condiciones de inseguridad, violencia e impunidad son un problema muy dramático y preocupante en Guerrero, concluyeron la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en México y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Al término de su gira de trabajo en la ciudad de Chilapa, donde se reunieron con unos 50 familiares de desaparecidos, el representante de la ONU-DH, Jab Jarab y el primer visitador de la CNDH, Ismael Eslava Pérez, informaron que la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) no cuenta con los recursos humanos y materiales para enfrentar la preocupante situación en materia de violación a los derechos humanos en la entidad.
Los organismos documentaron que las familias de las víctimas no tienen acceso a la justicia, que hay desplazamientos forzados en zonas controladas por el crimen organizado y que prevalecen reiteradas amenazas contra defensoras y defensores de derechos humanos.
Ofrecieron al gobierno del estado ayuda técnica en materia de derechos humanos y en el área forense para la identificación de cuerpos, además de acompañamiento a las familias de las víctimas y a las organizaciones de defensa de derechos humanos que las asisten.
Ayer casi al mediodía los representantes de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU-DH y de la CNDH escucharon durante 2 horas los testimonios, quejas de la falta de resultados en las investigaciones y en la identificación de cuerpos encontrados en fosas clandestinas, así como la crisis económica de los familiares de personas desaparecidas en Chilapa del Colectivo Siempre Vivos.
Estuvieron el representante de la agrupación José Díaz Navarro y el personal del Centro Morelos encabezados por Manuel Olivares Hernández.

El diagnóstico

En conferencia de prensa al concluir la reunión en lo que llamaron “misión conjunta” de la CNDH y la ONU-DH México al estado de Guerrero, los representantes de estas instituciones dieron su diagnóstico.
Jab Jarab calificó sus dos días de labores en la entidad como de comunicaciones intensas con el gobierno del estado, organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos y colectivos de familiares de víctimas de desaparición en Iguala, Acapulco, Chilpancingo y Chilapa.
Dijo que las desapariciones y los obstáculos en las instancias de justicia que encuentran las familias no deberían de existir.
“Nuestra oficina siempre hace hincapié en la búsqueda con vida (de las víctimas de desaparición) y estamos convencidos de que las autoridades estatales y federales deben de hacer mucho más esfuerzo para dar con el paradero de los desaparecidos en Chilapa y el estado”, agregó.
Reveló que en la reunión del martes con el secretario general del Gobierno, Florencio Salazar Adame y con el fiscal general Xavier Olea Peláez, le entregaron un informe que indica que de enero de 2013 a la fecha se han registrado 409 casos de desaparición en los municipios de Acapulco, Iguala y en Chilapa.
Detalló que tan sólo en Chilapa hay 150 desapariciones, “hay 150 desaparecidos en tres años en un solo municipio, sí es un problema dramático”.
Indicó que aunque el gobierno del estado reconoce la gravedad del problema necesita dar una respuesta adecuada.
Cuestionó que la FGE cuente con sólo cinco agencias de Ministerio Público en todo el estado para atender unos 2 mil 500 homicidios en un año, y más de 400 desapariciones en tres, sin añadir los casos de años anteriores que han quedado en la impunidad.
En otra parte de la conferencia complementó que la información del gobierno del estado es muy preocupante: entre octubre de 2015 y noviembre de 2016 ha registrado 2 mil 428 homicidios dolosos.
“Esto me deja sin comentarios, si esa es una situación bajo control (como dice el gobierno del estado) es una situación preocupante, más de 400 casos sólo de desapariciones y en muchos casos no hay denuncias por miedo a que el crimen organizado les haga perder a otros familiares si van a denunciar”, advirtió.
“Hay un problema muy dramático, vamos a hacer todo para que se multipliquen los esfuerzos auténticos para resolver y dar certidumbre a las familias, es una de las cosas más tristes escuchar que las personas quieren saber si su familiar está muerto y dónde se encuentra su cuerpo”.
Añadió que la obligación de los gobiernos del estado y federal es garantizar que se resuelva esta situación, que se reparen los daños y que se garantice la no repetición de los hechos.
A pregunta expresa respondió que la ONU-DH no tiene el tiene mandato para declarar zonas de emergencia humanitaria, que son los gobiernos los que las declaran.
Advirtió que no quieren regresar al estado en seis meses o en un año y encontrar una respuesta de las autoridades de que es muy difícil, o que no hay recursos suficientes para investigar.
“(Queremos) que haya logros, que haya casos resueltos y que los perpetradores estén debidamente procesados. Es un derecho saber lo que ocurrió con sus familiares, es posible que estén vivos porque el crimen organizado se los llevó, hay que investigar, buscarlos”, llamó.
De la misma reunión Jan Jarab agregó que le expresaron al secretario general y al fiscal su preocupación con la situación de impunidad e inseguridad, “nos preocupa la debilidad institucional”.
Mencionó que en la reunión con familiares de víctimas de Chilapa encontraron la falta de asistencia flexible a la situación de falta de recursos económicos, porque los familiares se quedan con los hijos de sus esposos desaparecidos.
“Son consecuencias socioeconómicas muy duras para las familias y se necesita ayuda”.
Otro fenómeno, dijo, son las víctimas de desplazamiento forzado interno que le revelaron los colectivos, ya que en algunos casos las personas no quieren ser esclavos del crimen y abandonan sus hogares. “Esas personas también necesitan el apoyo del Estado”, dijo Jan Jarab.

Desplazamiento forzado interno

El primer visitador de la CNDH, Ismael Eslava informó que junto a la ONU-DH atenderán a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, especialmente a las familias de desaparecidos y en casos de homicidios que no han sido esclarecidos.
Dijo que documentaron legítimas demandas e inconformidades en los casos de desaparición que se encuentran en las instancias de procuración  de justicia.
“Hay dilación en la investigación y como consecuencia la falta de esclarecimiento de los casos, sin soslayar varios casos de homicidios no esclarecidos”.
Dijo que a las autoridades estatales les hicieron patente la preocupación por las condiciones de inseguridad, violencia e impunidad derivado de las falta de esclarecimiento de los casos en varias regiones del estado.
Dijo que el gobierno del estado reconoció que existe un problema de desplazamiento forzado interno.
Otro punto de la visita, dijo el primer visitador, fue expresar de una manera sincera solidaridad y respaldo a los familiares de las víctimas.
Durante la estancia en Chilapa de los representantes de la ONU-DH México y la CNDH, se reportó la presencia en dos módulos de seguridad, ubicados en el crucero a la comunidad de Ayahualulco y el que conduce a la comunidad de Atzacoaloya sobre la carretera Chilpancingo-Tlapa, de integrantes del grupo Paz y Justicia sin que se conociera el motivo de su apostamiento donde hasta hace una semana había retenes de soldados del Ejército.

Es más humano colocar los cuerpos sin identificar en gavetas que en la fosa común, responde el gobernador

 

El gobernador Héctor Astudillo Flores informó que los cuerpos que serán inhumados en el Cementerio Forense Estatal de Chilpancingo no han sido identificados por sus familiares pero se cumple con un protocolo.
En conferencia de prensa después de la inauguración del 18 Congreso Internacional en Adicciones, se le preguntó al respecto y dijo que es “más correcto y más humano colocarlos (en las gavetas) que mandarlos a la fosa común”.
Héctor Astudillo reconoció que se trata de un asunto delicado e importante pero asume la responsabilidad de esa decisión.
Del reclamo de la falta de identificación de los cuerpos, el gobernador lamentó que no hay familiares que reclamen los cuerpos, “ese fue el motivo para enviarlos a un cementerio donde se tomaron una serie de medidas de carácter de salud y de trato humano a quienes fallecieron”.
“Entiendo que habrá personas que van a estar diciendo bueno por qué se los llevan si no han sido identificados, pues por eso exactamente porque no han sido identificados”, agregó.
Después el gobernador explicó que donde fueron depositados los cuerpos se trata del “primer panteón ministerial del país” y que en la inhumación de los cuerpos se cumplieron los protocolos internacionales para la conservación e identificación de cuerpos.
Explicó que a los cadáveres se les realizaron diversas pruebas periciales, antropológicas, genéticas, dactiloscópicas, odontológicas, para generar un banco de información y expedientes que permita cruzar información con otras fiscalías y la Procuraduría General de la República (PGR), y de esta forma localizar e identificar familiares vinculados a los cuerpos.
También informó que “las gavetas y bolsas que se utilizan en el panteón ministerial, fueron donadas por la Cruz Roja Internacional, y permiten conservar los cuerpos hasta 50 años”.

Es injustificable la inconformidad de los familiares, dice el fiscal

El fiscal del Estado, Xavier Olea Peláez declaró ayer que es injustificable la inconformidad de los familiares de los desaparecidos por el traslado de cuerpos del Servicio Médico Forense (Semefo) al Cementerio Forense Estatal, y aseguró que se están cumpliendo las reglas y protocolos establecidos en la materia, además, que la Fiscalía cuenta con la base de datos para una posible identificación posterior.
Consultado por teléfono el fiscal informó que los protocolos que se están aplicando son los que les proporcionó la Cruz Roja Internacional, y que continuará el traslado hasta completar 60 en una primera etapa, mientras continúa la aplicación de las pruebas al resto de los 460 que hay en los semefos del estado.
En cuanto a las denuncias que presentaron familiares de desaparecidos ante el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab y ante el primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) Ismael Eslava Pérez de la falta de resultados en las investigaciones para encontrar a los desaparecidos, argumentó falta de presupuesto, pero que aún así hay avances y que hasta les dieron a conocer lugares donde pudiera haber fosas posiblemente con cadáveres.
Dijo que la tarde del martes se reunió con el visitador de la CNDH Ismael Eslava a quien le explicó que los cadáveres que comenzaron a ser trasladados al cementerio ministerial son los que no han sido identificados.
“A mí me salta un problema porque dicen que no están identificados los cuerpos. Los cuerpos no pueden ser identificados si ningún deudo los identifica, lo que tenemos identificado es el ADN, las periciales de antropología forense, dactiloscopia, criminología, tenemos todo, pero son desconocidos”, aseguró.
–Pero la inconformidad de los familiares de desaparecidos es que no se ha hecho una confronta–, se le aclaró al fiscal.
–Están confrontados, cómo que no hay una confronta. Pero si no se sabe quiénes son no puede haber familiares.
Explicó: “si yo me muero tengo quien me reconozca, mi esposa o mis hijos. Aquí no es ese el caso, aquí son cadáveres que no han sido reconocidos por ningún familiar. Entonces la colectividad cómo puede estar en contra si no están reconocidos”.
Olea Peláez aseguró también que se cumplieron los protocolos, “los protocolos nos los dio la Cruz Roja Internacional. Somos el primer estado de la República en crear esto, porque en todos los estados y en la Ciudad de México se ha determinado el tiempo que están los cadáveres no reconocidos en Semefo, y son enviados a la fosa común, sin sacarles el perfil de ADN, sin nada”.
En cambio, explicó que con la medida que se aplicó aquí, “si un hermano mío está desaparecido y ya lo metieron a la gaveta, me sacan sangre y saliva e inmediatamente me van a decir: es el número 5 que está en tal lado”.
–En estas condiciones, ¿va a continuar el traslado?
–Evidentemente que va a continuar porque estamos rebasados en el número de cadáveres que podemos tener en los semefos.
Confirmó que en una primera etapa se van a trasladar 60 de un total de 460 cuerpos que hay en los semefos del estado. El martes fueron trasladados 20, ayer miércoles serían enviados otros 20 y este jueves 20 más, “y hasta allí paramos”.
Agregó que después van a continuar aplicando las pruebas al resto de los cadáveres para que “en un tiempo razonable” se trasladen otros 20, “y así vamos a ir descongestionando los semefos”.
Además aseguró que la Fiscalía cuenta con una relación “perfectamente cotejadas”, y dijo que los datos se encuentran en un libro de gobierno.

Falta presupuesto para investigar los casos de desaparecidos

En cuanto a la denuncia que presentaron familiares de desaparecidos ante el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Jan Jarab y al visitador de la CNDH Ismael Eslava en el sentido de que no hay avances en las investigaciones para localizar a personas desaparecidas y esclarecer los asesinatos, el fiscal argumentó que la Fiscalía carece de presupuesto para hacer su trabajo.
Informó que la tarde del martes se reunió con el representante del Alto Comisionado, “y le dije claramente las penurias que pasa la Fiscalía en ese aspecto”.
Agregó que le explicó al enviado de las Naciones Unidas la escasez del presupuesto, “le expliqué que Guerrero no es Coahuila, no es Chihuahua y que es muy difícil encontrar cadáveres. Le expliqué claramente qué es lo que estamos haciendo y cómo vamos avanzando”.
Dijo que el Alto Comisionado y el visitador de la CNDH le recomendaron que de alguna manera se tiene que fortalecer la Unidad o Fiscalía de personas desaparecidas.
“El problema es que hoy no tenemos el presupuesto, y vamos a ver si para el año que entra se puede hacer crecer la Fiscalía de desaparecidos”.
Olea Peláez aseguró que el representante del Alto Comisionado y el visitador de la CNDH “estuvieron 100 por ciento de acuerdo” con su respuesta.
La reunión fue en la Fiscalía entre las 5 y 7:15 de la noche y posteriormente se trasladaron a la Secretaría de Gobierno, en donde se reunieron también con el secretario Florencio Salazar Adame.
En esta segunda reunión los funcionarios entregaron un documento que contiene información de los lugares donde existen fosas posiblemente con cadáveres, y les explicaron que en el caso de las que fueron encontradas en Zitlala con 34 cadáveres y 9 cabezas humanas, fueron encontradas en función del trabajo de la Fiscalía, cuando llegaron a un campamento del crimen organizado en donde habían sepultado a 34 de sus víctimas.
Asimismo, informaron al Alto Comisionado y al visitador de la CNDH que en algunas barrancas profundas puede haber más fosas, “y les dijimos en qué parte del estado pueden estar”.
Agregó que con eso demostraron que “sí estamos trabajando y que tenemos en proceso de avance aún cuando no tenemos el presupuesto adecuado”.

Es un proyecto único

En un boletín de prensa conjunto la Fiscalía y la secretaría de Salud informaron que el Cementerio Forense Estatal (como se lee en las placas que pusieron a las gavetas donde depositaron cuerpos este martes), es un proyecto único en su género y que es coordinado por la Secretaría de Salud y la Fiscalía General del Estado.
Se informó que los cadáveres que fueron llevados el martes al panteón ministerial son los que tienen completo el proceso de identificación, “es decir, se realizó la cadena de custodia y las diligencias de traslado, para que todo quede plenamente identificado”
Las dependencias explicaron que cada gaveta fue sellada para inhumación, “misma que cuenta con una placa metálica con número de averiguación previa y fecha de resguardo, previamente se realizó doble verificación de cada cuerpo, es decir peritaje, cuestionario ante mortem y post mortem”.
Se informó que el traslado de los cuerpos será paulatino, mientras continúa el proceso de las pruebas de ADN de todos los cadáveres por el estado en que se encuentran, esto implica que el proceso puede prolongarse, para inhumar los que se encuentran en servicios médicos forenses de Iguala, Chilpancingo y Acapulco.
Las dependencias informaron que en esta etapa de inhumación están concluidos cuatro módulos de 80 gavetas, 40 por cada lado y faltan tres módulos más por construir, “existe un libro de gobierno para ingresar el día y la hora de los cuerpos, un mapa del panteón y cada espacio tiene una ubicación específica”.
“El manejo y tratamiento de los cuerpos se hace bajo los protocolos homologados de necropsia, y el fin último es que en el Panteón Forense se preserven los cuerpos en un lugar específico, para que en la base de datos de genética creada se ingresen los perfiles de los familiares y se haga la correlación de manera sistematizada, previa práctica de los estudios correspondientes de los cuerpos identificables”, agrega.
Se informó que el proceso de inhumación lo hizo la Secretaría de Salud, y que en la primera etapa se tuvo asesoría de la Cruz Roja Internacional, que dotó de un software para facilitar la elaboración de los perfiles genéticos, “señalando que no habrá cadáver en gaveta si no está identificado con todos los estudios que se tendrán al 100%, los cuales se ingresarán a la base de datos de la Coordinación General de Servicios Periciales de la FGE”.

 

Niega Flores Maldonado que retenga órdenes de aprehensión; hay más de 50 contra la CRAC, dice

 

El asesor del gobernador, César Flores Maldonado indicó qué hay más de 50 órdenes de aprehensión contra integrantes de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de los Pueblos Originarios y contra los integrantes del Frente de Defensa Popular (FDP) por el conflicto de febrero de 2015 donde murieron cinco personas.
En declaraciones en el 18 Congreso Internacional en Adicciones en el hotel Princess, el asesor negó que esté deteniendo órdenes de aprehensión contra quienes participaron en el asesinato de cinco personas en la comisaría de la comunidad de San Jerónimo Palantla, Chilapa, el 8 de febrero de 2015.
Ayer el dirigente del FDP, Rodolfo Colorado acusó al asesor del gobernador con el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Jan Jarab, de detener las detenciones contra los integrantes de la CRAC que participaron en los asesinatos, por tener acuerdos con el dirigente Cirino Placido.
Flores Maldonado dijo que él es solo asesor del gobernador y que no tiene autoridad para detener órdenes de aprehensión que están en la Fiscalía del Estado, y abundó qué hay más de 50 de ambos grupos.
“Algunas ya se complementaron, hay una persona detenida, y hay otras averiguaciones en proceso de los dos grupos”, y reiteró que la Fiscalía es la que está trabajando “yo no soy ninguna autoridad” para detener las órdenes, reiteró.
El asesor dijo que el conflicto de la comunidad tiene mucha “complejidad” sin embargo luego de la intermediación del gobierno del estado se estableció el diálogo, y desde entonces no hay ningún conflicto.
“Lo primero que tienen que hacer los del Frente de Defensa Popular es reconocer que la intervención del gobierno paró los problemas violentos que había ahí y a nosotros nos interesa que haya paz en ese pueblo, en algún momento la Fiscalía va a actuar y va haber muchos detenidos de ambas partes”, dijo Flores Maldonado.

Denuncian víctimas ante la ONU en una reunión en la capital que no se investigan las desapariciones

El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab y el primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Ismael Eslava Pérez se reunieron ayer con colectivos de familiares de desaparecidos de Chilpancingo, Iguala y Acapulco, quienes denunciaron la falta de atención e investigación a los casos de desaparecidos y asesinados en la entidad.
El encuentro fue privado y duró más 3 horas (de las 11 de la mañana a las 2 y media de la tarde) en la casa Diocesana (conocida también como Villa Lucerna).
Asistieron también el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, el abogado del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón de Chilapa, Alejandro Ramos Gallegos y el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández, quienes presentaron un diagnóstico de la situación de violencia en la entidad.
Asimismo hubo denuncias de la falta de apoyo a los grupos de desplazados por la violencia.
Consultada al final de la reunión, la madre de José Molina Rodríguez desaparecido en julio del 2014, y vocera del Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el Estado y en el País, con sede en Chilpancingo, Guadalupe Rodríguez Narciso informó que presentaron una queja en contra de las autoridades federales y estatales y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas federal (CEAV) porque no han resuelto las demandas, peticiones de apoyo y necesidades que plantearon.
Añadió que las instituciones no les están dado la atención que establece la Ley General de Víctimas, “no hemos recibido ese apoyo de primer nivel que dicen ellos, no hemos recibido nada”.
El colectivo que representa tiene registrados 100 casos de personas desaparecidas y asesinadas de las distintas regiones del estado.
Explicó que también denunciaron que la Fiscalía General del Estado (FGE) no les ha dado información de los resultados de las investigaciones para localizar a sus desaparecidos.
Aseguró que en las dos reuniones que han tenido con funcionarios de la dependencia no les han informado nada de los casos que presentaron, algunos de ellos son desaparecidos desde hace ocho años y otros apenas de meses.
“Queremos verdad, queremos justicia y queremos a nuestros familiares, con vida o como estén pero ya queremos resultados, ya no podemos permanecer estáticos esperando a que el gobierno haga algo porque no lo va a hacer, si no nos organizamos no tendremos nunca resultados”, dijo al salir del encuentro con los enviados de la ONU y de la CNDH.
Denunció que aparte de perder a sus seres queridos los han revictimizado y que les han hecho tocar muchas puertas, “no hemos tenido ningún resultado, no hay avances en las averiguaciones previas de nuestros familiares”.
Agregó que por eso pidieron la intervención del representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y de la CNDH para que envíen recomendaciones a los gobiernos federal y estatal, y se atiendan los casos en los que ya existen averiguaciones previas pero que no se están investigando.

Los padres de los 43 pidieron el acompañamiento de la ONU al mecanismo de seguimiento para el caso Ayotzinapa

También llegaron a dialogar con el representante de la ONU y del visitador de la CNDH los representantes de los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos, Felipe de la Cruz, Melitón Ortega y Mario César González.
Felipe de la Cruz informó que pidieron el acompañamiento tanto de la ONU como de la CNDH al mecanismo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que da seguimiento al caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos.
“Exigimos a la CNDH a que insista en su recomendación sobre la detención o arraigo de los policías federales que estuvieron presentes en la detención de los jóvenes en el puente El Chipote, porque eso es lo que pide en su recomendación la CNDH”, dijo Felipe de la Cruz.
El vocero reconoció que vio “disposición” tanto del representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas Jan Jarab como del visitador de la CNDH, Ismael Eslava, de darle seguimiento al caso Ayotzinapa y de seguir exigiendo que el mecanismo de la CIDH tenga cancha libre para llevar a cabo su trabajo.
También acudió una comisión de integrantes del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), que denunció la desaparición de dos de sus integrantes, Inocencio Ramírez de 65 años, según ellos levantado por policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) el 24 de octubre pasado durante el enfrentamiento con policías comunitarios del FUSDEG cerca de Tlayolapa.
Aseguraron que Inocencio no es policía comunitario y que fue levantado cuando trabajaba su tierra de labor cerca de su comunidad, y que padece de hipertensión.
El otro desaparecido es Jesús Elacio quien fue herido el 25 de noviembre pasado durante el enfrentamiento entre policías ciudadanos de la UPOEG y comunitarios del FUSDEG cerca de Tierra Colorada.
La promotora del FUSDEG en Tierra Colorada, Ruth Delgado aseguró que vieron cuando Jesús cayó herido y que se lo llevaron los policías ciudadanos de la UPOEG.
Denunció que ambas desapariciones no están siendo investigadas por las autoridades, a pesar de que hubo un compromiso en las mesas de diálogo que mantienen con las autoridades estatales.
A su vez el buscador de fosas del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, Mario Vergara informó que pidieron al representante de la ONU y al visitador de la CNDH los estudios del ADN y la confronta de resultados de los cadáveres de todos Semefos del país, además quieren tener acceso a ellos para buscar a sus desaparecidos.
“Queremos que se obligue al Gobierno federal para que se haga responsable de los desaparecidos porque en el caso de Guerrero no hay condiciones. El gobierno federal ya no quiere recibir casos nuevos de desaparecidos, pero en Guerrero tampoco hay condiciones para investigarlos”, denunció.
Añadió que el gobierno federal se está deslindando y lavando las manos y está regresando los casos de desaparecidos a los estados, pero que en el caso de Guerrero no hay condiciones y no tiene la capacidad para atenderlos.
Mientras tanto una comisión de ciudadanos San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa, denunció los cinco asesinatos ocurridos el 8 de febrero del 2015 en la comisaría de ese pueblo, por policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de los pueblos fundadores que encabeza Cirino Plácido Valerio.
“Pedimos justicia y castigo para los asesinos”, dijo el dirigente del Frente de Defensa Popular (FDP) Rodolfo Colorado, quien encabezó a la comisión de ciudadanos.
Informó que expusieron que desde octubre pasado se liberó la orden de aprehensión en contra de los responsables pero que el asesor del gobernador, César Flores Maldonado frenó la detención por acuerdos que asumió con Cirino Plácido.

La violencia no sólo ha dejado asesinatos, sino levantados, desaparecidos y familias desplazadas por las bandas del crimen organizado

Antes de que cada uno de los grupos presentara los casos por separado y en privado, el representante del Alto Comisionado delas Naciones Unidas y el visitador de la CNDH se reunieron con los representantes de los organismos de derechos humanos.
Abel Barrera de Tlachinollan informó que presentaron de manera conjunta el diagnóstico de lo que está sucediendo en Guerrero.
En la reunión expusieron los puntos críticos de la violencia en donde no sólo ha dejado asesinatos, sino levantados, desaparecidos y familias desplazadas por las bandas del crimen organizado.
Manuel Olivares, secretario técnico de la Red Guerrerenses de Organismos Civiles de Derechos Humanos, presentó los casos de los desplazados de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán y de Quetzalcoatlán, municipio de Chilapa, denunció que estos grupos no están recibiendo apoyo del gobierno estatal.
Al final de la reunión el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas Jan Jarab se negó a hacer declaraciones a los reporteros.
El primer visitador de la CNDH, Ismael Eslava declaró brevemente que la reunión fue para dar seguimiento a cada uno de los casos de víctimas de la violencia en el estado y de acoso por las autoridades, a fin de dar seguimiento a las investigaciones.
Informó que estas reuniones van a continuar en los próximos días con los distintos grupos y colectivos.

Se reunió el secretario Florencio Salazar con el representante de la ONU-DH

El secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame recibió al representante de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ayer en Chilpancingo.
Según un boletín del gobierno del estado, el funcionario estuvo en representación del gobernador Héctor Astudillo Flores, y “en el encuentro se abordaron temas relacionados con la protección a los Derechos Humanos en Guerrero”.
La misiva dice que estuvieron Pilar San Marín Oficial de Derechos Humanos de la ONU, el primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) Ismael Eslava Pérez, el fiscal general del Estado Javier Olea Peláez, el Vicefiscal de Investigación José Antonio Bonilla Uribe “y otros servidores públicos”. (Redacción).

Denuncian víctimas ante la ONU en una reunión en la capital que no se investigan las desapariciones

 

El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab y el primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Ismael Eslava Pérez se reunieron ayer con colectivos de familiares de desaparecidos de Chilpancingo, Iguala y Acapulco, quienes denunciaron la falta de atención e investigación a los casos de desaparecidos y asesinados en la entidad.
El encuentro fue privado y duró más 3 horas (de las 11 de la mañana a las 2 y media de la tarde) en la casa Diocesana (conocida también como Villa Lucerna).
Asistieron también el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, el abogado del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón de Chilapa, Alejandro Ramos Gallegos y el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández, quienes presentaron un diagnóstico de la situación de violencia en la entidad.
Asimismo hubo denuncias de la falta de apoyo a los grupos de desplazados por la violencia.
Consultada al final de la reunión, la madre de José Molina Rodríguez desaparecido en julio del 2014, y vocera del Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el Estado y en el País, con sede en Chilpancingo, Guadalupe Rodríguez Narciso informó que presentaron una queja en contra de las autoridades federales y estatales y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas federal (CEAV) porque no han resuelto las demandas, peticiones de apoyo y necesidades que plantearon.
Añadió que las instituciones no les están dado la atención que establece la Ley General de Víctimas, “no hemos recibido ese apoyo de primer nivel que dicen ellos, no hemos recibido nada”.
El colectivo que representa tiene registrados 100 casos de personas desaparecidas y asesinadas de las distintas regiones del estado.
Explicó que también denunciaron que la Fiscalía General del Estado (FGE) no les ha dado información de los resultados de las investigaciones para localizar a sus desaparecidos.
Aseguró que en las dos reuniones que han tenido con funcionarios de la dependencia no les han informado nada de los casos que presentaron, algunos de ellos son desaparecidos desde hace ocho años y otros apenas de meses.
“Queremos verdad, queremos justicia y queremos a nuestros familiares, con vida o como estén pero ya queremos resultados, ya no podemos permanecer estáticos esperando a que el gobierno haga algo porque no lo va a hacer, si no nos organizamos no tendremos nunca resultados”, dijo al salir del encuentro con los enviados de la ONU y de la CNDH.
Denunció que aparte de perder a sus seres queridos los han revictimizado y que les han hecho tocar muchas puertas, “no hemos tenido ningún resultado, no hay avances en las averiguaciones previas de nuestros familiares”.
Agregó que por eso pidieron la intervención del representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y de la CNDH para que envíen recomendaciones a los gobiernos federal y estatal, y se atiendan los casos en los que ya existen averiguaciones previas pero que no se están investigando.

Los padres de los 43 pidieron el acompañamiento de la ONU al mecanismo de seguimiento para el caso Ayotzinapa

También llegaron a dialogar con el representante de la ONU y del visitador de la CNDH los representantes de los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos, Felipe de la Cruz, Melitón Ortega y Mario César González.
Felipe de la Cruz informó que pidieron el acompañamiento tanto de la ONU como de la CNDH al mecanismo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que da seguimiento al caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos.
“Exigimos a la CNDH a que insista en su recomendación sobre la detención o arraigo de los policías federales que estuvieron presentes en la detención de los jóvenes en el puente El Chipote, porque eso es lo que pide en su recomendación la CNDH”, dijo Felipe de la Cruz.
El vocero reconoció que vio “disposición” tanto del representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas Jan Jarab como del visitador de la CNDH, Ismael Eslava, de darle seguimiento al caso Ayotzinapa y de seguir exigiendo que el mecanismo de la CIDH tenga cancha libre para llevar a cabo su trabajo.
También acudió una comisión de integrantes del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), que denunció la desaparición de dos de sus integrantes, Inocencio Ramírez de 65 años, según ellos levantado por policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) el 24 de octubre pasado durante el enfrentamiento con policías comunitarios del FUSDEG cerca de Tlayolapa.
Aseguraron que Inocencio no es policía comunitario y que fue levantado cuando trabajaba su tierra de labor cerca de su comunidad, y que padece de hipertensión.
El otro desaparecido es Jesús Elacio quien fue herido el 25 de noviembre pasado durante el enfrentamiento entre policías ciudadanos de la UPOEG y comunitarios del FUSDEG cerca de Tierra Colorada.
La promotora del FUSDEG en Tierra Colorada, Ruth Delgado aseguró que vieron cuando Jesús cayó herido y que se lo llevaron los policías ciudadanos de la UPOEG.
Denunció que ambas desapariciones no están siendo investigadas por las autoridades, a pesar de que hubo un compromiso en las mesas de diálogo que mantienen con las autoridades estatales.
A su vez el buscador de fosas del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, Mario Vergara informó que pidieron al representante de la ONU y al visitador de la CNDH los estudios del ADN y la confronta de resultados de los cadáveres de todos Semefos del país, además quieren tener acceso a ellos para buscar a sus desaparecidos.
“Queremos que se obligue al Gobierno federal para que se haga responsable de los desaparecidos porque en el caso de Guerrero no hay condiciones. El gobierno federal ya no quiere recibir casos nuevos de desaparecidos, pero en Guerrero tampoco hay condiciones para investigarlos”, denunció.
Añadió que el gobierno federal se está deslindando y lavando las manos y está regresando los casos de desaparecidos a los estados, pero que en el caso de Guerrero no hay condiciones y no tiene la capacidad para atenderlos.
Mientras tanto una comisión de ciudadanos San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa, denunció los cinco asesinatos ocurridos el 8 de febrero del 2015 en la comisaría de ese pueblo, por policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de los pueblos fundadores que encabeza Cirino Plácido Valerio.
“Pedimos justicia y castigo para los asesinos”, dijo el dirigente del Frente de Defensa Popular (FDP) Rodolfo Colorado, quien encabezó a la comisión de ciudadanos.
Informó que expusieron que desde octubre pasado se liberó la orden de aprehensión en contra de los responsables pero que el asesor del gobernador, César Flores Maldonado frenó la detención por acuerdos que asumió con Cirino Plácido.

La violencia no sólo ha dejado asesinatos, sino levantados, desaparecidos y familias desplazadas por las bandas del crimen organizado

Antes de que cada uno de los grupos presentara los casos por separado y en privado, el representante del Alto Comisionado delas Naciones Unidas y el visitador de la CNDH se reunieron con los representantes de los organismos de derechos humanos.
Abel Barrera de Tlachinollan informó que presentaron de manera conjunta el diagnóstico de lo que está sucediendo en Guerrero.
En la reunión expusieron los puntos críticos de la violencia en donde no sólo ha dejado asesinatos, sino levantados, desaparecidos y familias desplazadas por las bandas del crimen organizado.
Manuel Olivares, secretario técnico de la Red Guerrerenses de Organismos Civiles de Derechos Humanos, presentó los casos de los desplazados de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán y de Quetzalcoatlán, municipio de Chilapa, denunció que estos grupos no están recibiendo apoyo del gobierno estatal.
Al final de la reunión el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas Jan Jarab se negó a hacer declaraciones a los reporteros.
El primer visitador de la CNDH, Ismael Eslava declaró brevemente que la reunión fue para dar seguimiento a cada uno de los casos de víctimas de la violencia en el estado y de acoso por las autoridades, a fin de dar seguimiento a las investigaciones.
Informó que estas reuniones van a continuar en los próximos días con los distintos grupos y colectivos.

Se reunió el secretario Florencio Salazar con el representante de la ONU-DH

El secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame recibió al representante de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ayer en Chilpancingo.
Según un boletín del gobierno del estado, el funcionario estuvo en representación del gobernador Héctor Astudillo Flores, y “en el encuentro se abordaron temas relacionados con la protección a los Derechos Humanos en Guerrero”.
La misiva dice que estuvieron Pilar San Marín Oficial de Derechos Humanos de la ONU, el primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) Ismael Eslava Pérez, el fiscal general del Estado Javier Olea Peláez, el Vicefiscal de Investigación José Antonio Bonilla Uribe “y otros servidores públicos”. (Redacción).