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El relator de la ONU confirmó que las violaciones a los derechos no son aisladas, afirma el Centro Morelos

Las recomendaciones del relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst, confirman que esas violaciones en Guerrero no son casos aislados, y que el Ejército en las calles no es sinónimo de seguridad, denunció el Centro regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos).
En un comunicado recriminó que el gobernador Héctor Astudillo Flores se empeñe en decir que los delitos van a la baja, y que las operaciones militares serán la solución del problema.
Estimó que la visita del relator será de suma importancia porque refleja la violencia en cuanto a desapariciones forzadas y por particulares, homicidios dolosos, tortura e impunidad, porque llamó a la protección urgente de los defensores de derechos humanos.
Incluso, llamó “defensores emergentes” a quienes defienden los derechos humanos, incluidos periodistas, porque tienen una actividad de alto riesgo.
Ayer el Centro Morelos demandó que las recomendaciones del relator se tomen en cuenta, particularmente, a la hora de elaborar leyes, porque las que están sólo han servido para la criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos.
Afirma que desde 2014 en Guerrero existe una crisis de seguridad reflejada en las “cifras alarmantes de desaparición forzada y por particulares, un sinfín de homicidios dolosos, torturas, impunidad y hallazgo de cientos de fosas clandestinas”.
Coincidió con el relator en que el mecanismo de seguridad para defensores debe ser accesible para las personas que corren mayor peligro, pero “no es aceptable que además de la criminalización y estigmatización, los defensores y defensoras tengan que ser hostigados, vigilados, recibir amenazas telefónicas, ser privados de la libertad, torturados e incluso asesinados”.
El organismo respalda las recomendaciones del relator especial de la ONU, dirigidas a “disminuir el riesgo al que todos los defensores del mundo se han enfrentado y que en muchos de los casos han terminado en una muerte impune”.
Concluye que este informe preliminar, confirma que las violaciones de derechos humanos en Guerrero no son un asunto aislado, “y no es un contexto de violencia de baja magnitud como lo ha manifestado en múltiples ocasiones el gobernador Héctor Astudillo, que la presencia del Ejército en las calles no es sinónimo de seguridad y que la Ley de Seguridad Interior no es la solución para acabar con la violencia”.

El uso de las fuerzas armadas en materia de seguridad “levanta ciertas preocupaciones en materia de gobernanza democrática”, dijo el relator

En el informe de su visita del 16 al 24 de enero en México el relator Forst, se refirió a las discusiones en las cámaras de diputados y senadores sobre el cambio al artículo 29 de la Constitución y el proyecto de Ley de Seguridad Interna, por el que miembros del Congreso y organizaciones expresaron preocupación, incluyendo esa ley que normalizaría el uso de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública.
En el informe difundido en Internet, reconoció los retos que implica la geografía del país, las ejecuciones, la tortura y las desapariciones forzadas, la compleja dinámica de los cárteles de la droga y la delincuencia organizada, pero añadió que el uso de las fuerzas armadas en materia de seguridad “levanta ciertas preocupaciones en materia de gobernanza democrática”.
Asimismo recomendó que las leyes y políticas cuya ambigüedad se ha utilizado para criminalizar a defensores de derechos humanos, sean revisadas en su objetivo y su implementación.
Consultado por el diario Reforma, Michel Forst opinó que el gobierno mexicano debe cambiar su narrativa sobre los defensores de derechos humanos, para contrarrestar el vilipendio y las campañas de difamación. Aclaró que los defensores no deben verse como enemigos del Estado, sino como agentes de cambio.
En la visita recorrió cinco estados de la República, entre ellos Guerrero, donde escuchó testimonios sobre la situación que viven los defensores, a familiares de personas desaparecidas en la entidad organizadas en colectivos, y a los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos.

Denuncian defensores de derechos humanos ante el relator de la ONU riesgos en su labor e impunidad

El relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michel Forst se reunió ayer por separado en Chilpancingo con autoridades estatales y representantes de organismos civiles de derechos humanos, los últimos denunciaron impunidad, denegación de justicia y una situación difícil y riesgosa para desempeñar su trabajo debido a la violencia e inseguridad.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montana, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández dijo que expuso ante el relator de la ONU que en Guerrero existe un patrón sistemático de agresiones a los defensores por las autoridades, pero ahora también por el crimen organizado, lo cual hace mucho más peligrosa su participación en la defensa de los derechos humanos.
Todas las reuniones de Forst fueron en privado y no dio declaraciones.
El personal que lo acompaña informó que el 24 de enero cuando termine su visita oficial en el país, ofrecerá una conferencia de prensa en la ciudad de México, en la que dará a conocer su diagnóstico de las quejas y denuncias que recibió.
En la mañana se reunió con el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, con el fiscal Xavier Olea y con el secretario de Seguridad Pública Pedro Almazán Cervantes, quienes le entregaron un informe de la protección a personas defensoras de derechos humanos en el estado, se informó en un boletín.
Después de la 1 de la tarde se reunió casi media hora con el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno.
Al terminar el ombudsman informó que le planteó que el trabajo del organismo es “difícil” debido a la inseguridad que se vive en la entidad, y por la escasez de recursos.
Agregó que precisó que en este organismo “no hemos sido agredidos de manera directa, pero que sí las condiciones en que trabajamos son adversas”.
Dijo que otra de las causas por las que trabajan en condiciones adversas es la falta de recursos económicos, “no tenemos los recursos suficientes para atender la totalidad de los problemas que surgen en el estado. Lo hacemos con muchas dificultades, no obstante hemos tenido resultados importantes”.
Se reunió por separado y en privado unos minutos con el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, así como con representantes de organismos civiles de derechos humanos, colectivos de familiares de víctimas de desaparecidos, asesinados y de violación a sus derechos humanos.
Asistieron el director de Tlachinollan Abel Barrera Hernández, el representante del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón de Chilapa Alejandro Ramos Gallegos, el secretario técnico de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Manuel Olivares Hernández, y el presidente del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Raymundo Díaz Taboada.
También representantes de colectivos de familiares de desaparecidos de Iguala, Chilpancingo y Acapulco, la vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (Afadem), Tita Radilla Martínez, hija del líder campesino desaparecido en 1974 en Atoyac, Rosendo Radilla Pacheco.
Se reunieron con el relator de la ONU los directivos del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) que encabeza Javier Monroy, las familias desplazadas de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, encabezados por Catalina Pérez, una comisión de habitantes de Nuevo Balsas, municipio de Cocula, encabezados por Quintín Salgado y el dirigente del sindicato de mineros de Taxco que están en huelga, Roberto Hernández Mojica.
Además se reunieron con Michel Forst la esposa del dirigente de Unidad Popular (UP) de Iguala asesinado en 2013, Arturo Hernández Cardona, Sofía Lorena Martínez, la hermana de la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) Rocío Mesino, Norma Mesino y el abogado de Gonzalo Molina González, Hegel Mariano.
A la llegada del relator a la casa Diocesana, conmovió a los asistentes que la nahua de la comunidad de Alcozacán, municipio de Chilapa, María Guadalupe Tepetitlán abrazó al enviado de la ONU y en su idioma (no habla español) le pidió ayuda entre sollozos para encontrar a su esposo Guillermo Limpa Torres y a su hijo José Lauro Limpa Tolentino, ambos desaparecidos el 25 de febrero de 2015 en Chilapa. Ese día con ellos desapareció el indígena de Acahuehuetlán, municipio de Chilapa, Juan Campos Regino, denunció la esposa de éste, Paula Ahuejote Gutiérrez.
Las dos mujeres llegaron con el colectivo de familiares de desaparecidos de Chilapa, Siempre Vivos, que preside José Díaz Navarro, quien minutos después entregó al relator un álbum con los 100 casos de desaparecidos que tiene documentados ese grupo solamente de los municipios de Chilapa, Zitlala y Ahuacuotzingo.
Díaz Navarro denunció que la violencia sigue en Chilapa y que sólo en la última semana se cometieron siete homicidios.
Reprochó al gobierno del estado “que su estrategia que está implementando es un fracaso” y le exigió que la cambie porque se están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, “porque no hay peor cosa que nos quiten la vida”.

Las agresiones del gobierno y del crimen

Otro de los problemas que se denunció al relator es el caso de la denegación de la justicia en los casos de asesinatos de dirigentes, como el líder de la UP de Iguala, Arturo Hernández Cardona y de Rocío Mesino, ambos asesinados en 2013.
Norma Mesino denunció que en el caso de su hermana desde el 18 de septiembre del 2014 solicitó a la Procuraduría de Justicia del estado (hoy Fiscalía General del Estado) copia del expediente, mismo que le fue negado con el argumento de la secrecía en la investigación.
Sin embargo denunció que en diciembre pasado la Fiscalía emitió un boletín del caso en donde se dan a conocer las supuestas actuaciones que hace, cuando en realidad no se está investigando y no hay avances.
Norma Mesino y Sofía Lorena expusieron el caso de los asesinatos de Rocío Mesino y Arturo Hernández. Denunciaron que la FGE no los ha esclarecido y que como consecuencia el gobierno estatal les ha negado la justicia.
El abogado Hegel Mariano también expuso el caso del promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla, Gonzalo Molina González, quien está preso debido a la falta de voluntad del gobierno para liberarlo.
A su vez las familias desplazadas de La Laguna denunciaron el abandono y la inseguridad jurídica en que viven en los lugares donde se encuentran refugiadas después de que abandonaron su comunidad asolada la delincuencia organizada.
El director de Tlachinollan declaró entrevistado al final de las reuniones con los distintos grupos, que el diagnóstico que fue presentado al relator es que existe un patrón sistemático de agresión a defensores y defensoras de derechos humanos en Guerrero, como consecuencia de que no hay un reconocimiento público a su trabajo en cuanto a su labor en favor de las víctimas, y para subsanar las fallas estructurales que hay en el sistema de justicia y de seguridad.
“Más bien hay una estigmatización al trabajo de los defensores”, reprochó Barrera Hernández quien agregó que en muchos de los casos “se usa el derecho para castigar a los defensores”.
Se quejó de que en este ambiente, actualmente los defensores sufren agresiones de las autoridades pero también por agentes no estatales, como el crimen organizado, “y ahora el peligro es mayor para los defensores porque se ha perdido la línea divisoria entre los agentes del Estado y los no estatales”.
Antes de que llegara Michel Forst el obispo Rangel Mendoza platicó con los representantes de los distintos grupos. Les dijo que “se pone la camisa de los padres de los desaparecidos” y les manifestó que él ha propuesto un diálogo “con la gente que provoca el mal” pero que no ha sido atendida esa petición.

El relator de la ONU quería informarse si existen casos de hostigamiento o tortura, informa el gobierno estatal

La reunión de Michel Forst con las autoridades fue en la mañana en la Secretaría de Gobierno, y se dio a conocer en un boletín de prensa.
Se informó que estuvieron el fiscal general del Estado Javier Olea Peláez, el secretario de Seguridad Pública Pedro Almazán Cervantes y el subsecretario de Gobierno para Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, David Augusto Sotelo Rosas.
“El interés de Michel Forst por reunirse con las autoridades del Estado es por la preocupación que tiene sobre la protección de personas defensoras de los derechos humanos, para informarse sobre si existen casos de hostigamiento o tortura”, se informó en la misiva.
Agrega que el relator pidió a las autoridades reconocer la labor públicamente de los defensores y defensoras y a su vez tener voluntad para resolver los casos que pudieran presentarse.
Afirma que el secretario general de Gobierno le explicó al enviado de la ONU que el gobernador le instruyó que “expresara con claridad y transparencia la situación que guarda el cumplimiento de medidas cautelares y de protección a las personas defensoras de los derechos humanos en el Estado, ya que ésta es una política prioritaria para esta administración”.
Se informó que en la presentación se señaló que desde el 2011 a la fecha existen 21 medidas solicitadas y que la administración de Astudillo Flores sólo ha recibido una solicitud de medidas cautelares, solicitada por la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
“Se destacó que se envió al Congreso del Estado una iniciativa para la creación de un mecanismo de protección eficaz, garantizando los derechos fundamentales y de libertad de expresión. Dentro del mismo informe se detallaron por nombre, organismos solicitantes las medidas cautelares y el nombre de quien tiene la calidad de personas Defensoras de Derechos Humanos en el estado”, agrega.
En el boletín se informa que las autoridades presentaron un informe de la protección a personas Defensoras de Derechos Humanos .

Piden padres de los 43 al relator de la ONU que respalde al mecanismo de seguimiento de la CIDH

El relator especial sobre la situación de los defensores y las defensoras de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michel Forst se reunió con los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa detenidos-desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, quienes le pidieron que respalde al mecanismo de seguimiento de la investigación.
En la escuela fue recibido con collares de flor cempazúchilt y abrazos de varias madres, con quienes cruzó un breve saludo de bienvenida, él apoyado con un traductor porque no habla español, agradeció la recepción.
El abogado Vidulfo Rosales Sierra informó que fue una petición del relator visitar la institución educativa, en la negociación de su primera visita oficial a México con el Estado mexicano.
El relator caminó con los padres y entre las consignas que entonaron los estudiantes, por Ayotzinapa y por la presentación con vida de sus compañeros desaparecidos, hasta la sala audiovisual en el casco de la escuela donde fue el encuentro cerrado.
Luego de media hora se permitió el acceso a reporteros para tomar fotografías con la mayoría de los 43 padres de familia. Se informó que dos grupos siguen en comisiones fuera del estado.
Después hubo un recorrido por la Normal Rural a los memoriales que dan cuenta de las represiones del Estado a los estudiantes.
En general, el funcionario de la ONU estuvo en las instalaciones casi una hora, de las 5:15 de la tarde a las 6:10 que se retiró con su equipo en una Urvan blanca, sin membrete.
Fue notoria la operación de seguridad en la carretera de cuota y el viejo libramiento, con retenes reforzados de policías y militares.
Del encuentro, Rosales Sierra indicó que el relator tiene suficiente información del caso que han enviado los familiares, y quiso hacer una visita oficial a la escuela.
Los padres en breves testimonios denunciaron que no hay indicios del paradero de sus hijos, y que en dos años de búsqueda de la verdad se han convertido en defensores de derechos humanos.
El abogado explicó que la desaparición forzada de estudiantes en Iguala hizo visible el problema de la desaparición de personas en México en todo el mundo, y los padres reivindican ahora la demanda por la presentación de los 27 mil desaparecidos en el país, y apuntalan muchas otras luchas como la defensa del agua, del territorio y de la educación pública.
Añadió que se hizo énfasis ante el relator sobre las agresiones a los padres, a sus representantes legales y a los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) durante su mandato en el país.
Indicó que a los padres se les ha intentado cooptar con dinero, se trató de desprestigiar a los estudiantes desaparecidos desde la investigación cuando se les vinculó con un grupo de la delincuencia organizada, cuando el secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Zepeda declaró que los padres eran manipulados, y con intervenciones telefónicas ilegales que fueron difundidas para confrontarlos.
Lo llamaron a respaldar al mecanismo de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dado el antecedente de que se intentó desperstigiar al GIEI desde el Estado, tuvo dificultades y obstáculos que les impidió avanzar más “y no queremos que eso pase con el mecanismo especial de la CIDH”.
En el recorrido, observaron los murales a Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, egresados de la Normal que en la década de 1970 encabezaron dos movimientos guerrilleros, y se detuvieron en los espacios dedicados a las víctimas.
Fueron al asta bandera, ícono de la escuela que construyeron los estudiantes cuando fueron acusados de izar una bandera de huelga en lugar del lábaro patrio, lo cual fue considerado traición a la patria y ameritó una incursión de soldados a la institución, se le explicó al relator.
Vieron un mural sobre el asesinato del normalista de Campeche en la escuela Manuel Huikán Huikan por policías estatales, en una jornada de lucha por el retiro del bachillerato pedagógico de la Normal Rural.
Asimismo el memorial del desalojo a balazos de estudiantes el 12 de diciembre de 2011, donde fueron asesinados Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, y las 43 butacas con fotografías de los desaparecidos en la cancha techada de básquetbol, junto a un altar que cada día se nutre con el tiempo de nuevas imágenes religiosas.

Entregó al relator de la ONU una lista de los defensores que tienen “tutelas”, dice Florencio Salazar

El secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame entregó una lista de defensores que cuentan con “tutelas” en Guerrero al relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michel Forst.
En una reunión a puerta cerrada a las 10:30 de la mañana en la sala Emperador Cuauhtémoc de la Secretaría General de Gobierno, se entregó la documentación solicitada por el relator para el análisis de la situación de los defensores de derechos humanos en el estado.
A la salida del encuentro en breves declaraciones, Salazar Adame dijo que el encuentro fue solicitado mediante la Cancillería hace tres semanas, para entablar una mesa de trabajo de dos horas.
Dijo que en el encuentro se le informó por escrito al visitador de la ONU cuál es la situación que enfrentan los defensores de derechos humanos en Guerrero.
“Se les entregó quiénes son los que tienen tutelas y los motivos por los cuales se les dieron, si te quiero mencionar que es delicado dar a conocer los nombres porque estaríamos violando la ley”, puntualizó.
Agregó que quienes cuentan con las medidas cautelares las tienen porque han sido o son amenazados, por lo que en el documento entregado se detalla quienes son y donde están.
En el informe entregado se detallaron nombres, organismos solicitantes, las medidas cautelares y el nombre de quien tiene la calidad de persona defensora de derechos humanos, agregó.

Dos desaparecidos en Apango están entre los 34 cuerpos hallados en fosas clandestinas de Zitlala

 

Tayde Antonio Hernández Astudillo, hijo del luchador social fallecido Lino Hernández López y el agente de tránsito estatal Guillermo Linares, desaparecidos el 16 de septiembre junto a Cristian Fernando Salinas en Apango, fueron identificados entre los 34 cuerpos hallados en fosas clandestinas en el cerro de Tenanchitla, municipio de Zitlala el 22 de noviembre, confirmaron este lunes sus familiares.
Con ellos suman seis los cadáveres que han sido identificados y reclamados ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
Los otros cuatro son el policía estatal Darío Sixtos Abarca desaparecido el 20 de octubre del año pasado en Chilapa, Karina Gutiérrez Rodríguez una joven estilista de 20 años que desapareció el 19 de octubre, Raúl Moreno Alcocer trabajador de la tortillería Juquilita de Chilapa, también desaparecido en octubre pasado, y Lázaro Nava Navarrete quien llevaba 2 años desaparecido pero su cuerpo fue hallado con señas de muerte reciente entre los 34 cadáveres.
El representante del colectivo de familiares de desaparecidos Siempre Vivos, José Díaz Navarro informó este lunes vía telefónica, que el proceso de identificación es lento.
También aprovechó para anunciar que a raíz de la visita en diciembre pasado del representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos (ONU-DH) Jan Jarab, ahora visitará Guerrero el 19 de enero el relator especial de las Naciones Unidas para defensores de derechos humanos Michel Forst.
De la identificación de los cadáveres que fueron hallados el 22 de noviembre en el cerro de Tenanchitla, municipio de Zitlala, ayer familiares de Tayde Antonio Hernández y Guillermo Linares, quienes estaban desaparecidos junto con Cristian Fernando Salinas Astudillo desde el 16 de septiembre en Apango, confirmaron que fueron identificados en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) entre los 34 cuerpos. Ambos fueron sepultados el jueves de la semana pasada.
Mientras tanto, familiares de Cristian Fernando están en espera de los resultados de la confronta del ADN para reclamarlo.
Los tres fueron vistos por última vez después del mediodía del 16 de septiembre en Apango, desde cuando sus familiares venían exigiendo a las autoridades estatales que se investigara su paradero.
Tayde Antonio era hijo del fallecido dirigente social Lino Hernández López y junto con su primo Cristian Fernando tocaban en un grupo musical.
Mientras que Guillermo, el otro joven que ya fue identificado y sepultado en Apango, era agente de Tránsito Estatal.
Un día después de que desaparecieron, sus familiares y vecinos de Apango integraron brigadas y los buscaron en comunidades cercanas como Almolonga, Hueyitlalpan, Zotoltitlán y La Esperanza. Desde los primeros días vecinos de esas comunidades les informaron que vieron pasar un Neón Blanco (propiedad de Tayde Antonio) en el que al parecer se los llevaron rumbo a Zitlala.
Por separado el presidente del colectivo de familiares de desaparecidos Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz, informó que otros cuatro de los 34 cuerpos encontrados en esas fosas clandestinas han sido identificados y reclamados por sus familiares.
Una de ellas es la joven estilista Karina Gutiérrez quien desapareció el 9 de octubre en Chilapa.
La joven trabajaba en una estética en Chilpancingo y al llegar a la base de las combis de la ruta Chilapa-Chilpancingo desapareció.
Otro de los cuerpos identificados es el de Raúl Moreno Alcocer, trabajador de la tortillería Juquilita de Chilapa y de quien sus familiares no han proporcionado mayores datos, aunque Díaz Navarro confirmó que su cadáver fue identificado y reclamado ante las autoridades.
Otro identificado es Lázaro Nava Navarrete, también de Chilapa y quien estaba desaparecido desde hace 2 años, sin embargo su cuerpo fue encontrado entre los 34 cadáveres con señales de muerte reciente.
“Eso quiere decir que (sus victimarios) los trajeron dos años trabajando o en condiciones que no se sabe, pues apareció muerto 2 años después”, dijo el presidente del colectivo Siempre Vivos, quien explicó que su cabeza apareció en las fosas halladas en Zitlala pero su cuerpo cerca de Tixtla.
Informó que Lázaro Nava estaba desaparecido desde el 21 de noviembre del 2014.
“Esto nos da dos mensajes, uno, que muchos de nuestros compañeros que buscamos pueden estar vivos y los pueden tener trabajando en algún sembradío de droga o los traen como sicarios, pero pueden estar vivos”, dijo Díaz Navarro.
También fue identificado el cuerpo del policía estatal, Darío Sixto Abarca quien estaba desaparecido desde el 20 de octubre, después de que llegó de su día de descanso a Chilapa.
El 20 de octubre Sixto Abarca fue levantado cuando regresaba de Chilpancingo, sin embargo su desaparición fue dada a conocer hasta una semana después.
Sus familiares informaron que el policía fue visto por última vez a las 7:30 de la noche de ese 20 de octubre en la capilla de Cristo Rey en el Zoyatal, antes de que hombres armados se lo llevaran.
El lugar en donde fueron halladas las fosas clandestinas es una zona que se disputan los grupos criminales Los Ardillos y Los Rojos.

Entregarán información al relator de la ONU

Díaz Navarro informó que a raíz de la visita del representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Jan Jarab, ahora visitará Guerrero el relator especial de la ONU sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, Michel Forst.
El representante de la ONU estará en visita oficial en México del 16 al 24 de enero, aunque llegará con antelación para participar el 13 en una actividad organizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en donde se revisarán las condiciones en que trabajan los defensores y representantes de organismos civiles de derechos humanos.
Díaz Navarro adelantó que en su visita a Guerrero le entregarán información sobre la grave situación en que trabajan las personas defensoras de derechos humanos en la entidad.
Michel Forst también estará en los estados de México, Chihuahua y Oaxaca. Igual que en Guerrero también se reunirá con autoridades gubernamentales y agrupaciones de la sociedad civil, según la agenda que fue dada a conocer ayer por el presidente del colectivo Siempre Vivos.