La masacre de Aguas Blancas y el asesinato de Rocío son “heridas abiertas”, dicen activistas

La documentalista Jocelyn Leal, el luchador social Carlos Mesino, la catedrática Evangelina Sánchez, el moderador Rafael Venancio, la dirigente de la OCSS Norma Mesino, la catedrática de la UAG Claudia Rangel, en la mesa de debate sobre el documental El Rocío de la Esperanza en el auditorio del CIPES en Chilpancingo Foto: Jessica Torres Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

A 10 años del asesinato de la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) Rocío Mesino Mesino, y a 28 de la masacre de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, los casos son una herida abierta y siguen en la impunidad, coincidieron familiares de la defensora asesinada durante la presentación del documental El Rocío de la Esperanza.
El video documental fue presentado ayer en el auditorio del Centro de Investigación y Postgrado en Estudios Socioterritoriales (CIPES), de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), y en él se muestra la lucha no sólo de Rocío Mesino, asesinada el 19 de octubre del 2013, sino de la OCSS que fundó su padre Hilario Mesino Acosta, “por el hartazgo, el cacicazgo, la tala inmoderada de la madera y la desaparición de nuestros familiares”, dijo la ahora dirigente de la agrupación Norma Mesino.
Norma hizo una reseña desde la fundación de la organización, la masacre que sufrieron sus integrantes en el Vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez el 28 de junio de 1995, y la represión que se vino después en contra de los integrantes de la agrupación, que incluyó el asesinato de su hermana Rocío.
“Fuimos acusados de ser el brazo social del PROCUP-PDLP, (Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo-Partido de los Pobres), después del EPR (Ejército Popular Revolucionario) y de esa forma nos fueron criminalizando, satanizando, a pesar de que la organización traía demandas de índole económica, porque pedíamos que se nos apoyara para hacer producir al campo, que nos apoyaran con vivienda y que se parara la tala de la madera, que era un derecho que tenemos”, relató Norma.
Recordó que la OCSS sufrió la primera y peor represión cuando apenas tenía un año de vida, en 1995 cuando fueron masacrados 17 de sus integrantes en el vado de Aguas Blancas, cuando iban a pedir la presentación con vida de su compañero desaparecido Gilberto Romero Vásquez.
“La masacre dio vuelta al mundo pero sigue en la impunidad, esa masacre es una herida abierta para el estado de Guerrero, eran nuestros compañeros y sólo buscábamos justicia pero recibimos balas”, denunció Norma.
Agregó que la represión no paró ahí, puesto que posteriormente el gobierno de Rubén Figueroa Alcocer quiso manipular la información mediante Televisa.
También recordó que a pesar de que los campesinos no traían armas “y fueron asesinados de manera vil y cobarde, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una recomendación, a pesar de que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) emitió una recomendación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos también, Rubén Figueroa solamente fue separado del cargo y no fue castigado”.
Por ello insistió en que la masacre del Vado de Aguas Blancas es un hecho que todavía se mantiene en la impunidad.
Agregó que después de la masacre fue detenido Hilario Mesino Acosta, fundador de la OCSS y padre de Rocío Mesino, después Benigno Guzmán Martínez, otro de los fundadores de la organización “y todos los dirigentes tuvieron que salir desplazados de sus comunidades”.
Agregó que en medio de esta persecución surgió Rocío Mesino para hacerse cargo de la dirigencia de la OCSS, “fue la que se puso al frente cuando sólo tenía 19 años de edad, y su juventud la vivió defendiendo los derechos humanos, se esforzó en la lucha, fue perseguida, vigilada por el Ejército mexicano y aun así mantuvo la lucha de justicia”, contó.
Recordó que en ese tiempo asesinaron a más de 36 integrantes de la OCSS entre dirigentes e integrantes de la organización, y otros fueron perseguidos y desplazados de sus comunidades.
“La mayoría fueron perseguidos, criminalizados y asesinados, no hubo ningún dirigente que no se hubiese escapado de la persecución del figueroísmo”, denunció la ahora dirigente de la OCSS.
Contó que eso llevó a la familia Mesino a desplazarse a la Ciudad de México desde donde siguieron haciendo denuncias de la represión a través de Amnistía Internacional. Aun así, en el 2005 fue asesinado Miguel Ángel Mesino Mesino.
Contó que después, en el 2013, asesinaron a Rocío “y hasta la fecha el caso no ha sido atraído por la Fiscalía General de la República (FGR), como muchos casos que siguen en la impunidad, pero nosotros vamos a seguir demandando justicia por Rocío, por Miguel Ángel y por todos nuestros compañeros asesinados”, expresó.
Alicia Mesino, la madre de Rocío, de Norma y de Miguel Ángel, dijo brevemente que como madre, a pesar de toda esa represión que ha sufrido su familia, van a seguir en la lucha, “yo no tengo miedo, si el gobierno nos quiere matar a todos, ni modo”.
El hermano de Rocío, Carlos Mesino dijo que muchas veces la gente les pregunta que por qué les gusta “andar en las revolturas, tomando calles, manifestándose”, y él explicó que ser luchador social no es una decisión propia, sino que en el caso de la familia Mesino lo traen de sangre porque a su padre Hilario Mesino el Ejército le desapareció a su hermano Alberto Mesino, en la década de 1970.
“Entonces mi padre junto con mi abuela Juana Mesino, traen ese dolor a cuestas y anduvieron en todos los cuarteles militares y en las marchas luchando por la presentación de su hijo, y se quedó con esas esperanza de encontrar a su hijo”.
Agregó que su papá también tiene a primos desaparecidos, “y que por ello con su hermana Rocío desde cuando estaban en la secundaria casi todo el tiempo se la pasaban solos en su casa”.
Agregó que después esa lucha fue la que heredó Rocío quien no solamente buscaba justicia por sus familiares desaparecidos o asesinados, sino que también, “fue defensora del medio ambiente y era bien cabrona”.
Asistieron a la presentación del video documental además de los familiares de la asesinada dirigente de la OCSS, las productoras Claudia Rangel y Evangelina Sánchez.
También estuvieron entre los aproximadamente 50 asistentes la viuda del asesinado diputado local del PRD, Armando Chavarría Barrera, Martha Obeso Cázares, la feminista universitaria, Rosa Icela Ojeda Rivera y la activista de derechos humanos Silvia Castillo.
En este Cine Debate también se presentó el documental: Polinizadores, Resistencia en la Península de Yucatán sobre la devastación en la construcción de las vías para el Tren Maya.

Conmemoran nueve años del asesinato de Rocío Mesino; la OCSS envió el caso a la CIDH

Integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) exigen justicia por el asesinato de Rocío Mesino en el acto celebrado en el puente de Mexcaltepec Foto: Francisco Magaña

Francisco Magaña

Atoyac

Integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) conmemoraron el noveno aniversario del asesinato de su dirigente, Rocío Mesino Mesino.
El acto se realizó en el puente de Mexcaltepec, donde la activista fue acribillada cuando hacía una labor social para restablecer el paso en la vía dañada por las tormentas Ingrid y Manuel. También se hizo un ritual por la vida encabezado por una chamana de la Montaña.
A nueve años del asesinato miembros de organizaciones denunciaron que no ha habido una investigación seria de las autoridades federales, y por ello se está tramitando ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) para que sean instancias internacionales las que apliquen la justicia ante la omisión que hay en el país.
Criticaron que no hay respeto para los pueblos, que aun cuando hay cambio de gobierno sigue la opresión y hostigamiento a la lucha social.
Señalaron que seguirán en su lucha y harán un brigadeo para exigir que el gobierno de la Cuarta Transformación retire a los militares de las calles y no se les ocupe para labores que no les conciernen.
La dirigente de la OCSS Norma Mesino expuso que a 9 años del asesinato de Rocío Mesino, se instó a organismos internacionales a interceder ante el contexto de persecusión hacia las personas defensoras en México.
Reseño que desde el 19 de octubre del 2013, Rocio Mesino “fue asesinada a plena luz del día, previamente había sufrido ataques directos, sin que las autoridades le brindaran protección, el asesinato de Rocío se emmarca en la histórica represión hacia la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS)”.
Abundó que en meses recientes la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el homicidio de Rocío Mesino, y por la falta de condiciones necesarias para el adecuado desarrollo de las actividades en su caso como defensora de derechos humanos.
El caso de Rocío, dijo, sigue impune y la investigación se ha estancado en la Fiscalía General del Estado de Guerrero, donde ha pasado por diferentes agencias sin tener resultado alguno.
Dijo que “los actos de intimidación y amenazas, e incluso atentados en contra de Rocío, comenzaron mucho antes de su asesinato en el año 2007, cuando Rocío fungía como regidora, un grupo armado comenzó a disparar hacia la casa que habitaba, utilizando armas conocidas como cuernos de chivo, de este hecho salió ilesa gracias a que se escondió debajo de su cama”.
Asimismo el 13 de marzo 2013 la Policia Ministerial de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, “con excesiva violencia y sin mostrarle orden de aprehensión, detuvo a Rocío junto con otras personas y la acusó de un secuestro que no cometió y a los pocos días de la detención, un juez decretó su libertad debido a la ausencia de pruchas en su contra”.
Destacó que los atentados y el asesinato de Rocío se debieron a su labor como defensora de derechos humanos.
Organizaciones sociales manifestaron en el documento leído que “su historia y lucha, así como la de toda la familia Mesino está estrechamente ligada a la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), organización independiente de cumpesinos provenientes de diverses poblades de la Costa Grande y parte de la Montaña Baja de Guerrero, integrada principalmente por familiares de los desaparecidos de la guerra sucia” y que ha sido históricamente víctima de persecución estatal, represión y abuso sistematico”.
Señalan que en ese contexto de represión se dio el homicidio de Rocío Mesino pero no se trata del único atentado contra integrantes de la OCCS, ya que en 2005 su hermano Miguel Ángel Mesino, quien también era integrante de la dicha organización, fue ejecutado, este hecho también permanece impune.
De la misma manera, debido a esta persecución, la Comisión Interamencana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Norma Mesino, a fin de proteger su vida e integridad.
Ante esa situación, en meses recientes la CMDPDH presentó una petición ante la CIDH por el homicidio de Rocío Mesino, lo cual es alegado como la violación principal, pero también por la falta de condiciones necesarias para su adecuado desarrollo de las actividades de Norma Mesino Mesino, como defensora de derechos humanos y, en general, por el contexto de persecución y represión en contra de la OCSS.
Informan que dicha petición ya cuenta con un número de expediente ante le CIDH “y estamos en espera del trámite correspondiente ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Desde la CMDPDH y la OCSS seguiremos exigiendo justicia por Rocío y por las demás víctimas de la persecución estatal en Atoyac.
En el acto la hija del extinto luchador Social Ranferi Hernández, Diana exigió justicia y que se frene la represión al movimiento social.
Recriminó que los gobiernos han cambiado, pero no hay un compromiso con el pueblo y la lucha social.
Hizo un llamado a la unidad y a organizarse para seguir en defensa de los pueblos y el trabajo social.
Asimismo Gonzalo Martínez Villagrán de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) democratica dijo que “hoy es riesgoso ser luchadores del movimiento social.
Dijo que queda claro que “gobierne quien gobierne, los derechos se defienden no importan colores de oficinas, la memoria histórica es importante rescatarla de los que han masacrado y se refrenda compromiso ante gualquier gobierno”.
Asimismo, el integrante de la Dirección Colectiva de Organizaciones, Nicolás Chávez, dijo que la familia Mesino es fiel a los principios de la lucha social.
Citó que ante la muerte de Rocío “hay un reclamo de justicia y exigir a los tres órdenes de gobierno que se haga justicia.”
Lamentó que el Ejército sigue reprimiendo al pueblo, y el gobierno está empeñado en mantenerlo en las calles con atropellos así como a la Guardia Nacional (GN)..
Anunció un brigadeo popular para pedir la expulsión inmediata de incrustados en la 4T, “políticos de derecha ahora son de Morena solapados por los actuales gobernantes., ahora no son primero los pobres, es encontrar de los pobres”, dijo.

Sigue el hostigamiento contra la OCSS, denuncian en el aniversario luctuoso de Rocío Mesino

La vicepresidenta de la Afadem, Tita Radilla habla en el homenaje a Rocío Mesino enel acto por su aniversario luctuoso Foto: Francisco Magaña

Francisco Magaña

Atoyac

Familiares y activistas de organizaciones sociales conmemoraron el octavo aniversario del asesinato de Rocío Mesino en el puente de Mexcaltepec, donde fue asesinada por dos hombres frente a su familia.
La Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) denunció que sigue el hostigamiento en su contra, con revisión de carros, ayer a Norma Mesino la policía ministerial la revisó en la colonia 18 de Mayo.
Estuvieron en el homenaje a la luchadora social Micaela Cabañas Ayala, padres de los 43, la Afadem, el presidente del Colectivo de Organizaciones del Estado de Guerrero, Nicolás Chávez Adame, el Colectivo de Esposas y Desaparecidos de la guerrra sucia.
Diana Hernández, hija del extinto líder social Ranferi Hernández, dijo que estaban honrando la memoria de su compañera de lucha, que junto a su padre enfrentaron los poderes caciquiles.
Lamento que hoy siguen criminalizándolos porque estorban al Estado.
Destaco que su padre y Rocío vivieron persecución de cuerpos policiacos que siguen en contra de la OCSS en la actualidad.
Dijo que en materia de derechos humanos que no se ha puesto mano dura, siguen organizándose para que no haya más desaparecidos”.
Pidió que no los dejen solos, “no importa el color y que no haya marginación y asesinatos, la lucha sigue y no va a claudicar”.
Exigió que el asesinato de Rocío no quede en la impunidad, que si no se resuelve, “¿cómo se puede hablar de un Estado de derecho donde sigue creciendo la violencia?”.
Destacó que la OCSS sigue siendo perseguida y están ahí para levantar la voz, no quieren más guerra, demandaron castigo a los culpables y ven que hay interés por resolver el caso.
Dijo que los pueblos quieren paz y seguridad y no van vender su memoria.
Adelaido Martínez de la Comisión de Derechos Humanos destacó que a quien lucha se le debe de honrar y respeta, y refrendó su solidaridad para que se haga justicia y dijo que no están solos.
Micaela Cabañas mencionó los consejos de lucha que le dio Rocío, quien heredó el espíritu de lucha de su padre.
Pidió la justicia que ha sido negada desde que nacieron, dijo que están juntos y en fortaleza para exigir por los caídos, “son semilla germinada con sus hermanos de lucha donde unos se van”.
La defensora de derechos humanos, Tita Radilla de Afadem dijo es que difícil estar ahí con personas que se apoyaron en momentos difíciles, pero alentadores.
Reconoció la fortaleza y fuerza de la familia Mesino así como los que no han cesado se exigir justicia, los que han tenido un desaparecido o asesinado donde la población sufrió los estragos y siguen sin justicia en la guerra sucia.
Dijo que el país es una fosa clandestina con 95 mil familias que buscan a sus hijos, “es una situación grave que se vive”.
Lamentó la indiferencia de la sociedad ante este hecho, por lo que promueven en escuelas e iglesias la cultura de paz.
Exhortó, “abracen a su familia y que sus hijos no caigan en manos de la delincuencia, no les dejen mucho el celular”.
Juany Guzmán de Preparatoria Popular destacó que la lucha social es fundamental para seguir las causas justas y nobles para los jóvenes, como la educación para tener grandes cosas y ser ciudadanos responsables.
Llamó a seguir adelante por los derechos humanos porque quieren paz para el estado y el país.
Gonzalo Villagrán dijo que exigen justicia por los asesinatos de los luchadores sociales y libertad por los presos políticos de la OCSS, que se están documentando los casos y no se van rendir, seguirán de pie y no los van engañar con palabrería.
El dirigente Nicolás Chávez destacó la fe inquebrantable de luchar y morir de enfermedad, pero no decaer en su lucha.
Exhortó al brigadeo comunitario para seguir atendiendo al pueblo como lo hizo Rocío en su trabajo.
Dijo que no está de acuerdo en que Félix Salgado esté entregando puestos a los responsables de rapiña a la sombra de su hija Evelyn Salgado.

Denuncian defensores de derechos humanos ante el relator de la ONU riesgos en su labor e impunidad

El relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michel Forst se reunió ayer por separado en Chilpancingo con autoridades estatales y representantes de organismos civiles de derechos humanos, los últimos denunciaron impunidad, denegación de justicia y una situación difícil y riesgosa para desempeñar su trabajo debido a la violencia e inseguridad.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montana, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández dijo que expuso ante el relator de la ONU que en Guerrero existe un patrón sistemático de agresiones a los defensores por las autoridades, pero ahora también por el crimen organizado, lo cual hace mucho más peligrosa su participación en la defensa de los derechos humanos.
Todas las reuniones de Forst fueron en privado y no dio declaraciones.
El personal que lo acompaña informó que el 24 de enero cuando termine su visita oficial en el país, ofrecerá una conferencia de prensa en la ciudad de México, en la que dará a conocer su diagnóstico de las quejas y denuncias que recibió.
En la mañana se reunió con el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, con el fiscal Xavier Olea y con el secretario de Seguridad Pública Pedro Almazán Cervantes, quienes le entregaron un informe de la protección a personas defensoras de derechos humanos en el estado, se informó en un boletín.
Después de la 1 de la tarde se reunió casi media hora con el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno.
Al terminar el ombudsman informó que le planteó que el trabajo del organismo es “difícil” debido a la inseguridad que se vive en la entidad, y por la escasez de recursos.
Agregó que precisó que en este organismo “no hemos sido agredidos de manera directa, pero que sí las condiciones en que trabajamos son adversas”.
Dijo que otra de las causas por las que trabajan en condiciones adversas es la falta de recursos económicos, “no tenemos los recursos suficientes para atender la totalidad de los problemas que surgen en el estado. Lo hacemos con muchas dificultades, no obstante hemos tenido resultados importantes”.
Se reunió por separado y en privado unos minutos con el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, así como con representantes de organismos civiles de derechos humanos, colectivos de familiares de víctimas de desaparecidos, asesinados y de violación a sus derechos humanos.
Asistieron el director de Tlachinollan Abel Barrera Hernández, el representante del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón de Chilapa Alejandro Ramos Gallegos, el secretario técnico de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Manuel Olivares Hernández, y el presidente del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Raymundo Díaz Taboada.
También representantes de colectivos de familiares de desaparecidos de Iguala, Chilpancingo y Acapulco, la vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (Afadem), Tita Radilla Martínez, hija del líder campesino desaparecido en 1974 en Atoyac, Rosendo Radilla Pacheco.
Se reunieron con el relator de la ONU los directivos del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) que encabeza Javier Monroy, las familias desplazadas de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, encabezados por Catalina Pérez, una comisión de habitantes de Nuevo Balsas, municipio de Cocula, encabezados por Quintín Salgado y el dirigente del sindicato de mineros de Taxco que están en huelga, Roberto Hernández Mojica.
Además se reunieron con Michel Forst la esposa del dirigente de Unidad Popular (UP) de Iguala asesinado en 2013, Arturo Hernández Cardona, Sofía Lorena Martínez, la hermana de la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) Rocío Mesino, Norma Mesino y el abogado de Gonzalo Molina González, Hegel Mariano.
A la llegada del relator a la casa Diocesana, conmovió a los asistentes que la nahua de la comunidad de Alcozacán, municipio de Chilapa, María Guadalupe Tepetitlán abrazó al enviado de la ONU y en su idioma (no habla español) le pidió ayuda entre sollozos para encontrar a su esposo Guillermo Limpa Torres y a su hijo José Lauro Limpa Tolentino, ambos desaparecidos el 25 de febrero de 2015 en Chilapa. Ese día con ellos desapareció el indígena de Acahuehuetlán, municipio de Chilapa, Juan Campos Regino, denunció la esposa de éste, Paula Ahuejote Gutiérrez.
Las dos mujeres llegaron con el colectivo de familiares de desaparecidos de Chilapa, Siempre Vivos, que preside José Díaz Navarro, quien minutos después entregó al relator un álbum con los 100 casos de desaparecidos que tiene documentados ese grupo solamente de los municipios de Chilapa, Zitlala y Ahuacuotzingo.
Díaz Navarro denunció que la violencia sigue en Chilapa y que sólo en la última semana se cometieron siete homicidios.
Reprochó al gobierno del estado “que su estrategia que está implementando es un fracaso” y le exigió que la cambie porque se están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, “porque no hay peor cosa que nos quiten la vida”.

Las agresiones del gobierno y del crimen

Otro de los problemas que se denunció al relator es el caso de la denegación de la justicia en los casos de asesinatos de dirigentes, como el líder de la UP de Iguala, Arturo Hernández Cardona y de Rocío Mesino, ambos asesinados en 2013.
Norma Mesino denunció que en el caso de su hermana desde el 18 de septiembre del 2014 solicitó a la Procuraduría de Justicia del estado (hoy Fiscalía General del Estado) copia del expediente, mismo que le fue negado con el argumento de la secrecía en la investigación.
Sin embargo denunció que en diciembre pasado la Fiscalía emitió un boletín del caso en donde se dan a conocer las supuestas actuaciones que hace, cuando en realidad no se está investigando y no hay avances.
Norma Mesino y Sofía Lorena expusieron el caso de los asesinatos de Rocío Mesino y Arturo Hernández. Denunciaron que la FGE no los ha esclarecido y que como consecuencia el gobierno estatal les ha negado la justicia.
El abogado Hegel Mariano también expuso el caso del promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla, Gonzalo Molina González, quien está preso debido a la falta de voluntad del gobierno para liberarlo.
A su vez las familias desplazadas de La Laguna denunciaron el abandono y la inseguridad jurídica en que viven en los lugares donde se encuentran refugiadas después de que abandonaron su comunidad asolada la delincuencia organizada.
El director de Tlachinollan declaró entrevistado al final de las reuniones con los distintos grupos, que el diagnóstico que fue presentado al relator es que existe un patrón sistemático de agresión a defensores y defensoras de derechos humanos en Guerrero, como consecuencia de que no hay un reconocimiento público a su trabajo en cuanto a su labor en favor de las víctimas, y para subsanar las fallas estructurales que hay en el sistema de justicia y de seguridad.
“Más bien hay una estigmatización al trabajo de los defensores”, reprochó Barrera Hernández quien agregó que en muchos de los casos “se usa el derecho para castigar a los defensores”.
Se quejó de que en este ambiente, actualmente los defensores sufren agresiones de las autoridades pero también por agentes no estatales, como el crimen organizado, “y ahora el peligro es mayor para los defensores porque se ha perdido la línea divisoria entre los agentes del Estado y los no estatales”.
Antes de que llegara Michel Forst el obispo Rangel Mendoza platicó con los representantes de los distintos grupos. Les dijo que “se pone la camisa de los padres de los desaparecidos” y les manifestó que él ha propuesto un diálogo “con la gente que provoca el mal” pero que no ha sido atendida esa petición.

El relator de la ONU quería informarse si existen casos de hostigamiento o tortura, informa el gobierno estatal

La reunión de Michel Forst con las autoridades fue en la mañana en la Secretaría de Gobierno, y se dio a conocer en un boletín de prensa.
Se informó que estuvieron el fiscal general del Estado Javier Olea Peláez, el secretario de Seguridad Pública Pedro Almazán Cervantes y el subsecretario de Gobierno para Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, David Augusto Sotelo Rosas.
“El interés de Michel Forst por reunirse con las autoridades del Estado es por la preocupación que tiene sobre la protección de personas defensoras de los derechos humanos, para informarse sobre si existen casos de hostigamiento o tortura”, se informó en la misiva.
Agrega que el relator pidió a las autoridades reconocer la labor públicamente de los defensores y defensoras y a su vez tener voluntad para resolver los casos que pudieran presentarse.
Afirma que el secretario general de Gobierno le explicó al enviado de la ONU que el gobernador le instruyó que “expresara con claridad y transparencia la situación que guarda el cumplimiento de medidas cautelares y de protección a las personas defensoras de los derechos humanos en el Estado, ya que ésta es una política prioritaria para esta administración”.
Se informó que en la presentación se señaló que desde el 2011 a la fecha existen 21 medidas solicitadas y que la administración de Astudillo Flores sólo ha recibido una solicitud de medidas cautelares, solicitada por la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
“Se destacó que se envió al Congreso del Estado una iniciativa para la creación de un mecanismo de protección eficaz, garantizando los derechos fundamentales y de libertad de expresión. Dentro del mismo informe se detallaron por nombre, organismos solicitantes las medidas cautelares y el nombre de quien tiene la calidad de personas Defensoras de Derechos Humanos en el estado”, agrega.
En el boletín se informa que las autoridades presentaron un informe de la protección a personas Defensoras de Derechos Humanos .

A tres años del crimen, exige la familia de Rocío Mesino al fiscal Olea investigar su asesinato

 

A tres años del asesinato de la líder de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Rocío Mesino Mesino, las investigaciones se encuentran en cero y el caso permanece en la impunidad.
La hermana de la víctima, Norma Mesino, denunció este lunes que el gobierno se niega a investigar la línea política como el principal móvil y que a los familiares les han negado el derecho a copias del expediente.
El de Rocío Mesino es uno de los 13 asesinatos de líderes sociales que se cometieron durante el 2013, cuando gobernaba Ángel Aguirre Rivero, mismos que no se han investigado porque el responsable “fue el Estado”, declaró Norma Mesino.
Rocío Mesino fue asesinada cerca de la comunidad de Mexcaltepec, municipio de Atoyac, el 19 de octubre del 2013, cuando acompañada de familiares, entre ellos su hermana Norma y unos 60 trabajadores, supervisaba la rehabilitación de un puente colapsado por las lluvias ocasionadas por la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid de ese año.
“Nosotros como organización y como familia hemos aportado todo lo que nos correspondía en la denuncia ante el Ministerio Público, pero aun así hubo mucha presión de parte de los ministeriales”, denunció Norma Mesino.
Dijo que el de su hermana no es un caso aislado y que hay responsables materiales e intelectuales, “es un caso que estaba muy preparado y las personas que hicieron este trabajo lo hicieron con toda la impunidad y con el respaldo de la policía municipal, Ministerial y del Ejército”.
Recordó que el lugar en donde la asesinaron está a sólo cinco minutos de donde había un cuartel del Ejército, en lo que antes era el Instituto del Café.
También declaró que el día de los hechos, cuando pasó por ese lugar, unos cuatro minutos después, les pidió a los militares que instalaran un retén, “pero no lo hicieron y los asesinos pasaron libremente”.
Aseguró que desde el principio ha visto todo el respaldo del gobierno a quienes cometieron el crimen, como también se está viendo ahora con la Fiscalía, “por eso le exigimos a este gobierno que no solamente se interese por investigar los casos de los últimos 11 meses que le corresponden, como dijo el fiscal, los casos de ejecuciones extrajudiciales no prescriben”, expresó.
Con el de Rocío Mesino, en el gobierno de Aguirre Rivero, sólo en el 2013, se cometieron 13 asesinatos de dirigentes sociales. Los más emblemáticos son los del dirigente de Unidad Popular de Iguala (UP), Arturo Hernández Cardona, y dos de sus compañeros; el del dirigente de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), Raymundo Velásquez Flores y dos de sus compañeros; el del dirigente de la Organización de Productores de la Costa Grande (OPCG), Luís Olivares Enríquez, y su esposa.
Norma Mesino criticó que el fiscal Xavier Olea Peláez haya dicho que no está investigando el caso de su hermana porque no ocurrió durante este periodo o no es reciente, “él está al frente de una institución que debe procurar justicia y darle seguimiento a los casos y no fomentar la impunidad”, dijo en referencia a las declaraciones del fiscal la semana pasada en el sentido de que no hay “nada nuevo” en el caso y que carece de un “presupuesto razonable” para darle seguimiento.
“Nosotros le contestamos que él está obligado a darle seguimiento al caso, porque es un funcionario público y está cobrando un salario que le llega de los impuestos de los ciudadanos”, dijo.
Denunció que las declaraciones del fiscal reflejan que este gobierno “viene a cerrar los pactos de impunidad”.
Mesino Mesino insistió que tres años después el caso de su hermana está igual, en ceros, “y por lo pronto nosotros hacemos responsable a este fiscal porque desde la Fiscalía se nos está cerrando el derecho a la justicia”.

La línea política

Agregó que no hay duda que el responsable del asesinato de su hermana “fue el Estado”, por ser el responsable de la seguridad y la procuración de justicia y porque “la línea principal es el ámbito político, pues Rocío afectó intereses de políticos corruptos de la región pero con respaldo, amigos e impunidad que les dan en el gobierno del estado”, acusó.
Además, explicó que el gobierno también es responsable porque el asesinato sucedió en un contexto de linchamiento y cuando se quería acabar con la lucha social y quitar de en medio a todo activista social con el que no pudieran negociar”, manifestó.
Añadió que tres años después, la Fiscalía ni siquiera les ha concedido el derecho de tener una copia del expediente, y que tampoco saben qué juzgado lleva el caso, aunque recientemente les informaron que el expediente lo tienen en el Ministerio Público de Chilpancingo y no en los de la Costa Grande “para no ser manoseado”.
Para integrar el expediente que la entonces Procuraduría General de Justicia elaboró, citó a declarar a los ex presidentes municipales de Tecpan, Nadín Torralba Mejía, y de Heliodoro Castillo, Olaguer Hernández Flores, pero nunca se conoció el contenido ni los avances de las investigaciones.
Un año después del homicidio, agentes ministeriales detuvieron a Joel Hernández López, chofer de Norma Mesino, acusado por el homicidio. Sin embargo ella denunció que se trató de una represión en contra de la OCSS puesto que su colaborador fue torturado “de manera cruel”.
Joel fue liberado 8 días después por la presión de los organismos de derechos humanos.
Sin embargo, la Procuraduría no investigó al ex alcalde de Atoyac, el perredista Armando Bello Gómez, a quien la familia de Mesino señaló directamente por los desencuentros que siempre tuvo con Rocío. El ex edil, incluso, después fue electo consejero del PRD.

Rocío presagió su muerte

El 19 de octubre del 2013, Rocío se levantó temprano, serían entre las 6 o 6 y media de la mañana. Sus familiares recuerdan que la vieron alegre y entusiasmada, pero a las 8 y media cuando desayunaban, una preocupación se le vino de pronto: “fíjate, mientras unos están planeando como sacar adelante su proyecto de vida, otros, ahorita, están planeando como matarnos”, le expresó a Norma.
Cinco horas después, (a la una de la tarde) un pistolero le pegó un tiro por la espalda y cuando ya se retiraba todavía regresó y le disparó dos más para asegurarse que no quedara viva.
El día que la mataron, durante el desayuno, Rocío platicó con sus hermanas Norma y Eugenia sobre la situación de violencia que se estaba viviendo en el municipio. Un día antes habían asesinado a unos campesinos en la comunidad de El Paraíso.
“Me comentó que cómo era posible que con los problemas que había dejado la tormenta Manuel y que estábamos en una situación muy devastadora en el municipio, todavía había quienes estaban pensando en asesinar”, recuerda Norma que le dijo esa mañana.
“Me dijo: tú no sabes, imagínate tú estás haciendo un proyecto de tu vida y otros están planeando en asesinarte”.
Le mencionó el caso de los asesinados en El Paraíso: “imagínate esas personas ni se imaginaron que los iban a matar cuando otros estaban planeando cómo matarlos”.
Rocío estaba apresurada porque quería que se terminara la construcción del puente de Mexcaltepec, que comunica a 18 pueblos de la Sierra de Atoyac y que habían quedado incomunicados al caerse la estructura con las lluvias de la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid.
Después del desayuno Rocío se paró y les dijo que se adelantaba a Mexcaltepec. Allí Roció tenía instalado un comedor popular y le daba de comer a más de 150 campesinas y campesinos que estaban trabajando llenando bolsas de arena para hacer un puente provisional parecido al de Coyuca de Benítez para que pudieran pasar los vehículos con medicinas y alimentos a esos pueblos.
A las 9 de la mañana salió muy rápido a Mexcaltepec.
“Yo me quedé con mi hermana (Eugenia) porque teníamos que llevar la comida, ella se adelantó. Estaba entusiasmada porque ese día íbamos a hacer pozole para las personas que estaban trabajando”, recuerda.
Sin embargo, cuando Norma llegó a Mexcaltepec a las 12 del día, no encontró a Rocío, quien llegó como a las 12: 30.
“Estábamos leyendo un periódico local cuando nos percatamos que llegaron dos hombres arriba del puente, en ese rato no había ninguna de las personas que andaban con Rocío, pues los mandó a llenar bolsas con arena porque ella quería terminar el puente ese día, por eso se quedó sola con nosotras”, refirió.
Aproximadamente a la 1:20, uno de los hombres armados se acercó y le preguntó si había paso en el puente y ella le dijo que no, que dejara su moto, “yo te la cuido”, le ofreció.
El hombre de unos 30 años, claro y con bermuda, hizo el intento de ir a la cocina, y cuando Rocío se encaminaba hacia el puente, el desconocido alcanzó a Rocío, sacó el arma y le disparó; “yo lo único que oí fue un grito de una persona que dijo: cuidado Rocío, fue cuando regresé a ver, pero ya el arma estaba disparando”.
Norma recuerda que el hombre estaba temblando con el arma en la mano y empezó a amenazar a todos; a ella, a su hermana, a un tío enfermo que estaba con ellas y a unos 8 niños.
“Yo fui a donde estaba Rocío y la quise abrazar pero el hombre me puso el arma en el pecho y entonces lo que hice fue arrodillarme hacia dónde estaba Rocío”.
El hombre armado se encaminó hacia donde estaba su compañero, arriba del puente, pero al momento regresó y le dio otros dos disparos a Rocío donde estaba tirada en el suelo, “fue algo muy impactante para nosotros”.
Después el pistolero salió corriendo mientras su compañero, que estaba arriba, apuntaba con su arma al resto de los acompañantes de Rocío, quienes no pudieron hacer nada.

Actividades por su aniversario

A partir de este martes comienzan las actividades por el tercer aniversario. A las 9 de la mañana hay un acto en el río de Mexcaltepec, en el que estará la feminista Edna Obrador, quien hará un ritual ancestral por la vida para “despedir ante los 4 puntos cardinales” a Rocío, porque en las pasadas lluvias el puente que ella gestionó en el 2013 nuevamente se colapsó.
También este mismo día los familiares y seguidores de Rocío develarán un mural que fue hecho en la comunidad de Mexcaltepec por grafiteros solidarios que vinieron de la Ciudad de México y del estado de México.
Asimismo, a las 5 de la tarde comienza el acto cultural denominado “por la justicia, el rocío de la esperanza y el ángel de la justicia”, que también será para exigir justicia por el asesinato de Miguel Ángel, el hermano de Rocío, “que lleva 11 años de impunidad”, dijo Norma Mesino.

Marchan organizaciones en Atoyac; exigen que se concluya una clínica y la libertad de Nestora Salgado

Con una marcha en la avenida Juan Álvarez y la entrega de volantes, representantes de organizaciones sociales de Atoyac protestaron en el Día Internacional de la Mujer ante el retraso de la construcción de la Clínica de la Mujer, que se ocuparía de la prevención del cáncer, iniciada en el anterior gobierno municipal.
Dirigentes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Raíz Zubia, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), la Coalición de Ejidos, México Hoy y el Frente de Defensa Popular, respaldadas por medio centenar de mujeres, coreaban, “este día no es de fiestas es de lucha y de protesta” o “ya se pagó, no se entregó”, y exigieron que se respeten sus derechos y que se haga juicio político a los responsables de esa obra inconclusa de la clínica de la Mujer, presupuestada en 9 millones de pesos, con parte de los cuales se compró equipo médico y aparatos que están desde julio en el Hospital General Regional de Atoyac, sin poder utilizarlos.
Con mariposas en las que estaba impresa la imagen de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, las mujeres pedían su libertad, así como justicia para la luchadora social asesinada mientras hacía trabajo comunitario en Mexcaltepec, durante la contingencia de la tormenta Manuel, Rocío Mesino.
La integrante de Raíz Zubia, Susana Oviedo compartió una carta que, dijo, es en solidaridad con Nestora Salgado a quien el gobierno quiere hacer ver como una delincuente, que se empeña en mantener encarcelada.
Leyó, “ellos no saben que tu voz se entiende más allá de los barrotes que creas continentes de unidad, no saben que tus pensamientos traspasan los muros de Tepepan e incendian procesos organizativos, no saben que tus pensamientos son como la ceiba, que dan fruto, sombra y vida, no saben que tú comandante conoces la miseria que vive el pueblo y gritas ya basta, no saben que eres de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias que nació por los atropellos y abusos perpetrados por los que se arrastran y ocupan un cargo público, y se dicen jueces del orden y la justicia, no saben que tus manos se estrechan con las de otras mujeres para tejer tu libertad, la libertad de todos y todas. Tu andar ha creado caminos de esperanza para otros pasos, no lo saben, esa es nuestra ventajas no estás sola, todas organizadas reclamaremos tu libertad”.
El retraso de la clínica ha impedido la detección temprana de algunos casos de cáncer en Atoyac, denunció Norma Mesino, de la OCSS, quien dijo que otro cáncer por erradicar es la corrupción, “como la frase lo dice, el cáncer es una corrupción, y hay que prevenirlo, combatirlo, así como esta clínica que es para prevenir el cáncer, porque a tiempo se previene, debiéramos nosotras, como mujeres y sociedad, velar porque las obras se hagan y sean transparentes, porque son nuestros recursos, del pueblo, para eso pagamos nuestros impuestos”.
Abundó que tienen esperando más de un año que se termine la obra, y piden sancionar a la empresa responsable, porque se va a aportar más dinero cuando ya había una cantidad entregada.
Pidió que se frenen los feminicidios y asesinatos de los luchadores sociales, así como justicia para la activista hondureña, Berta Cáceres.
Ángeles Santiago, de México Hoy, exigió que el director y los regidores que acompañaron en la marcha, Carlos Mesino y Osmayra Nava Santos, sean portavoces de la demanda de que se concluya la obra, porque el cáncer es una enfermedad que ataca a ricos y pobres, y es necesario combatirlo.
Lamentó que se sigan pisoteando los derechos humanos de las mujeres, algunas asesinadas, otras presas, para las que piden justicia.
Familiares de enfermos de cáncer que participaron en la marcha urgieron que se entregue la clínica porque, dijeron, es doloroso ver a sus familiares y tener que salir del municipio sin recursos para atenderse en otros lugares.

Entregan el reconocimiento Hilda Flores, a tres años de haberlo suspendido

Asimismo, como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, las inconformes se trasladaron al Zócalo de Atoyac para acompañar a dos mujeres que recibieron el reconocimiento instituido en honor de la luchadora social Hilda Flores, que se retoma después de tres años de haber sido cancelado por el anterior gobierno municipal.
Por primera vez, el reconocimiento se entrega a dos mujeres al mismo tiempo: a Patricia Galeana Luna, empresaria local que se ha caracterizado por apoyar las campañas de salud, particularmente de la Cruz Roja, y a Gloria Olmedo Silva, de la comunidad serrana de San Vicente de Benítez, quien fue propuesta por las organizaciones sociales, ante su apoyo a ese poblado y atender partos de emergencia en momentos de contingencia, como los padecidos en la tormenta Manuel.
Las organizaciones sociales demandan que se mantenga este reconocimiento, cumpliendo su deber de reconocer el trabajo de las mujeres en la sociedad “y no por amiguismo”.
Asimismo, piden que se cumpla con la entrega de la medalla y el apoyo económico, que era de 10 mil pesos, el cual en esta ocasión no se entregó, sino sólo un reconocimiento que dio el cabildo en ausencia del alcalde Dámaso Pérez Organes.

Da consejos Zeferino al alcalde y al cabildo de Atoyac de cómo gobernar

 

El gobernador Zeferino Torreblanca recorrió el sábado las instalaciones de la Ciudad de los Servicios en esta ciudad, dio consejos de cómo gobernar al alcalde y al cabildo de esta ciudad y comió en el nuevo comedor municipal con representantes de grupos sociales y civiles del municipio.
En el acto del sábado, la regidora Rocío Mesino se levantó y le dijo a Torreblanca que abandonaba el sitio porque no podía comer en un lugar donde habían comido militares, después de torturar y desaparecer a más de 600 campesinos durante la guerra sucia de los años 70.
La también dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) afirmó que en donde se ubica el comedor incluso podría haber cadáveres enterrados, “es indigno comer por respeto a los familiares que exigen justicia”.
Dijo que la visita de Torreblanca era importante para Atoyac y le solicitó que atienda los incendios forestales en el municipio “pero que se deje el recurso para los más desprotegidos”.
La regidora dijo que su salida del comedor no fue un acto en contra del gobernador, sino que se disculpó con Torreblanca por no participar en esa comida efectuada en lo que antes fue el cuertel militar, donde se ubica la actual Ciudad de los Servicios.
Durante el banquete, el alcalde Pedro Brito explicó que las necesidades más importantes de Atoyac son el agua potable y la pavimentación del camino a San Juan de las Flores.
Agradeció que se haya incluido al municipio en el programa de biofertiliante y haber terminado la planta tratadora de aguas residuales, la cual tuvo una inversión de 24 millones de pesos, después 11 años de abandono.
Al término de la comida, Torreblanca exhortó al cabildo a que se ponga a trabajar y que analice las obras prioritarias para el municipio.
Dijo que las necesidades de los ayuntamientos son múltiples y que requieren de una planeación inteligente, para no confundir la administración con la demagogia.
Calificó de timoratos a quienes otorgan beneficios por demagogia y pidió no aplicar programas con intereses electorales o por amiguismo, asimismo felicitó al municipio “porque arriesgaron al esquema de biofertilizante”.
Lamentó que algunos diputados federales, aunque no dio nombres, aprueben recursos para obras “que serán elefantes blancos, como el hospital de Coyuca de Benítez, porque con el recurso destinado no alcanza más que para el inicio y no para su culminación”.
El gobernador puso en marcha la planta tratadora de aguas residuales, la cual procesa 52 litros por segundo y aconsejó que esa agua se use para riego y así la Comisión Nacional del Agua devuelva la misma agua concesionada.
Torreblanca fue informado de que es necesaria una inversión de 4.5 millones de pesos para el alcantarillado y otros 5 millones más para un colector del arroyo cuitero.
También recorrió las instalaciones de Orgánicos del Pacífico, donde se invirtieron 8.2 millones de pesos para su culminación.
Más de un centenar de permisionarios y choferes del bloque de transportistas encabezados por Alejandro Vargas Pérez recibieron al gobernador en la entrada de la ciudad. Los transportistas se inconformaron contra el pirataje y por el cambio del sitio de su base.