La asociación Grupo ACA, exigió a la gobernadora del estado Evelyn Salgado Pineda acciones concretas en materia de seguridad, porque “queda claro que las autoridades han sido rebasadas por el crimen, es preocupante que solo estén a reacción de los delincuentes”.
En un pronunciamiento realizado por la asociación civil que integra a empresarios, y profesionistas de Acapulco, expresó su “profunda preocupación ante la alarmante situación de inseguridad que prevalece en nuestro Estado de Guerrero principalmente en Acapulco”.
En un documento enfatiza: “es imperativo que nuestras voces se alcen para exigir a la gobernadora (Evelyn Salgado Pineda), quien preside la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Guerrero, en conjunto con los tres niveles de gobiernos y demás autoridades, acciones concretas en materia de seguridad”.
Lo anterior, por la parálisis del transporte público desde el jueves pasado, por las amenazas que sufrieron los choferes del transporte en la ciudad por parte de grupos criminales, así como el incendio de una combi del servicio público en el poblado de La Poza, y el ataque a un chofer a balazos quien quedó herido en el Fraccionamiento Hornos, y el ataque a un sitio de taxis en la colonia Icacos.
“Con estas acciones de inseguridad queda claro que las autoridades han sido rebasadas por el crimen, es preocupante que solo estén a reacción de los delincuentes y no específicamente para atender el problema que es la inseguridad, falta de estrategias, inteligencia y acciones en políticas públicas de seguridad enfocadas en garantizar la economía y paz social”.
La organización señaló que los niveles de violencia e inseguridad que afectan a Guerrero “son inaceptables, las autoridades en materia de seguridad, han sido superadas, por los hechos delictivos que acontecen diariamente”.
“Exigimos a las autoridades, que pongan en marcha acciones inmediatas y efectivas para combatir la inseguridad. Es fundamental que se intensifiquen las labores de estrategias de seguridad pública, los nulos resultados por la fiscalía como la persecución, investigación y procuración de justicia, y al no hacerlo, se llama corrupción, en consecuencia dejamos en estado de indefensión a las víctimas y no tenemos justicia para los gobernados”.
Agrega que “no se puede seguir experimentando en los temas de seguridad” y se solicitó a expertos en la materia para analizar las estrategias de seguridad pública implementadas por el gobierno federal y adoptadas por el gobierno estatal, de lo contrario seguirá incrementado la violencia y delitos de alto impacto”.
Se indica que es necesario analizar de fondo estas estrategias, e incluso cambiar a los servidores públicos que están a cargo de las instituciones de seguridad y poner a perfiles con conocimiento en seguridad y procuración de justicia, “las autoridades están obligadas a dar resultado tangibles”.
Grupo ACA afirmó que “es evidente la omisión de las autoridades en esta grave situación. No podemos permitir que la impunidad y la falta de acción continúen lacerando a los ciudadanos. La seguridad debe ser la prioridad absoluta de quienes ocupan cargos públicos y de quienes están encargados de hacer cumplir la ley para vivir en un Estado de Derecho”.
“No es suficiente con discursos vacíos y promesas incumplidas; los ciudadanos requerimos observar un compromiso real por parte de las autoridades para restaurar la paz y la seguridad en Guerrero. Con determinación, alzamos la voz contra la inseguridad en Guerrero para ver resultados concretos y tangibles que devuelvan la paz y la tranquilidad a nuestra ciudadanía, exigiendo a las autoridades actúen de manera decidida y efectiva para restablecer la paz en Guerrero, queremos vivir en paz”, remarcaron.
Integrantes del Frente Popular de la Montaña, en el plantón en la entrada del estacionamiento del Congreso del Estado Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Lourdes Chávez
Chilpancingo.
Integrantes del Frente Popular de la Montaña (FPM), instalaron un plantón afuera del Congreso local para exigir que los diputados llamen a comparecer el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Raymundo Casarrubias Vázquez, por la liberación del principal sospechoso de la desaparición y asesinato del luchador social Arnulfo Cerón Soriano.
En la protesta, uno de los miembros de la dirección del FPM, Telésforo Aguilar Villanueva, recordó que el Poder Judicial hace tres meses declaró inocente al morenista Marco Antonio García Morales, Tony, principal sospechoso del homicidio del defensor de derechos humanos, desaparecido el 11 de octubre y cuyo cuerpo fue localizado el 20 de noviembre 2019.
No obstante que desde el inicio del proceso legal, la organización denunció diversas irregularidades que estaba cometiendo la Fiscalía General del Estado, y que no tomó en cuenta el juez que determinó su liberación, pese a que anticipadamente señalaron las faltas ante el mismo presidente del poder Judicial.
“Entendemos que hubo un acuerdo económico con el magistrado en primera instancia, que lo liberó (por insuficiencia probatoria)”.
Aclaró que aún faltan dos instancias a las cuales pueden recurrir, pero insistieron en que el Congreso local atienda esta demanda, porque antes, hicieron en un plantón en las instalaciones del tribunal y conversaron con el presidente que sólo les respondía que la ley estaba a favor del acusado.
“Nos decía que supuestamente él no interviene, pero antes de la sentencia, afirmó que las pruebas estaban a favor del (autor) intelectual, cuando sabemos que no es cierto. Nuestro compañero señaló directamente a quién lo estaba a amenazando”.
Añadió que el inculpado fue aprehendido en el gobierno de Héctor Astudillo Flores, y liberado en la administración de Mo-rena, de Evelyn Salgado Pineda.
“No es un tema de justicia, sabemos que el actor intelectual ha estado apoyando directamente a la gobernadora desde que estuvo en campaña, por eso estamos aquí nuevamente”.
García Morales también fue precandidato a la alcaldía de Tlapa y los hechos ocurrieron cuando era el jefe de gabinete del Ayuntamiento.
Ratificó que el magistrado debe informar al poder Legislativo sobre la resolución que se emitió en un caso emblemático de violencia en la región.
La denuncia de hechos, es que Cerón Soriano fue citado por una persona conocida en las afueras de la ciudad de Tlapa. Después de que fue torturado y asesinado, su cuerpo fue traslado en un vehículo que cruzó la ciudad para colocarlo en una fosa de tres metros, con el fin de desaparecerlo. Tras mucha presión social se dio la investigación. Sus restos fueron rescatado al mes siguiente.
La protesta del FPM se instaló afuera del portón principal del Congreso del estado, a las 1:40 de la tarde. De acuerdo con Aguilar Villanueva, un secretario de la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna, fue a preguntar qué pedían al Congreso, y no regresó durante toda la tarde.
Adentró se desarrollaba una sesión que concluyó por la noche, donde vieron salir al personal. Aclaró que la protesta continuará en el acceso del poder Legislativo, hasta tener una respuesta formal.
Añadió que antes de la sentencia, también recurrieron al Congreso para que fueron observador del juicio, y entonces se comprometieron a enviar un exhorto al poder Judicial, por la justicia.
A las 9 de la noche, el director general de Gobernación del gobierno del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, acudió al plantón del FDP en el Congreso local a dialogar con los manifestantes.
Vía telefónica, Aguilar Villanueva indicó que el funcionario les dijo que llegó a atender una queja de la diputada Yoloczin Domínguez, de que estaban impidiendo la salida de los diputados con el plantón en la puerta del estacionamiento, donde se habían instalado siete horas antes.
A través del funcionario estatal, indicó que se acordó una audiencia con la presidenta de la Jucopo, para este martes a la 1 de la tarde.
La fuente precisó que la manifestación no cerró ningún de los accesos principales o alternos del edificio, incluso aclaró que al concluir la sesión del Congreso, vieron salir a varios diputados por la puerta del estacionamiento, a pie, pero la diputada de Morena pedía salir en su vehículo.
La alcaldesa de Chilpancingo Norma Otilia Hernández en conferencia en el Palacio Municipal Foto: Jessica Torres Barrera
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
La presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, declaró que como ciudadana y presidenta municipal “repudia” y “condena” el ataque que sufrieron la semana pasada cuatro reporteros de la capital.
La alcaldesa, quien ha sido acusada por reporteros locales de pretender censurar la libertad de expresión al presentar una denuncia por presunta violencia política en razón de género ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), en contra de cinco periodistas de la capital, exigió a las autoridades que investigar ese ataque y otros casos de violencia.
En su conferencia semanal de los lunes, cuando una reportera le preguntó si hay garantías de seguridad durante la celebración de la Feria de Navidad y Año Nuevo que inicia con el Paseo del Pendón, la alcaldesa aseguró que está garantizada y recordó que durante los dos años que le ha correspondido organizarla ha tenido “saldos blancos”.
Después se refirió al caso del ataque de los cuatro reporteros Víctor Mateo, Jesús de la Cruz, Oscar Guerrero y Héctor Camacho, los tres primeros que resultaron heridos y el cuarto ileso.
“Como autoridad, como ciudadana y como presidenta, tengo un sentimiento de solidaridad con los que han sido agredidos por los poderes facticos que quieren acallar a la presa”, dijo.
Derivado de la denuncia por violencia política en razón de género que presentó Hernández Martínez ante el IEPC, el secretario de la Delegación 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa Abel Miranda, y los columnistas Efraín Flores Iglesias y Antelmo García Castro, han denunciado que temen por su integridad física debido a que quien los denuncia ha sido exhibida en fragmentos de videos desayunando con un jefe de un grupo delictivo.
Flores Iglesias y García Castro incluso presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) la semana pasada.
Pero ayer, la alcaldesa, al referirse al ataque a los cuatro comunicadores la semana pasada, dijo que en este momento “es crucial la libertad de expresión y el libre ejercicio periodístico” y que es un acto que “repudia” el Ayuntamiento.
Aseguró que su gobierno es respetuoso de la libertad de expresión, “este gobierno condena cualquier acto de violencia. Exigimos que las autoridades investiguen, este y otros casos, la impunidad no tiene cabida en una democracia”, dijo.
Expresó su solidaridad con la labor de los comunicadores y admitió que “ser periodista es de las profesiones más peligrosas”.
En otro asunto, un reportero le preguntó por los objetivos de la creación del Frente por la Unidad y la Democracia en Guerrero, que integraron el sábado morenistas que apoyaban a Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, como aspirantes a la presidencia de la República. La alcaldesa aseguró que se constituyó por la unidad y no por la división.
“Fue una reunión en la que coincidimos muchos actores políticos de Morena; representantes populares, consejeros, militantes, aspirantes a distintos cargos de todo el estado y de las distintas regiones”.
Aseguró que no se trata de una corriente o tribu, “sino que queremos ser un puente que abone a la reconciliación y a la unidad partidaria, pacifica, plural y democrática”, y el objetivo es “apoyar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Rechazó que el Frente por la Unidad y la Democracia en Guerrero represente un contrapeso al interior del partido.
Añadió que entre las tareas que van a realizar será “buscar a todos los compañeros que no han tenido puentes de reconciliación, vamos a seguir construyendo la unidad”.
Hernández Martínez anunció que este miércoles no irá al acto político de la aspirante de Morena a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum por ser un día hábil, “mientras sigamos trabajando abonamos más”.
Policías municipales de Chilpancingo durante la marcha de trabajadores, quienes tiraron algunas de las vallas metálicas con las que se acordonó el Zócalo de la capital tFoto: El Sur
Miembros del Sindicato Independiente de Integración Nacional de Trabajadores de la Sader (Siints), cerraron de las 7 a las 11 de la mañana las instalaciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sagarpa), antes Sader, de forma simultánea con otros estados, para exigir una mesa de trabajo con las autoridades federales.
El secretario de la Sección 14 de Guerrero, Francisco Alberto Morales Calderón, explicó que la organización se rige por las Condiciones Generales de Trabajo, y la dependencia ha cometido arbitrariedades al atender sólo los pedidos del sindicato mayoritario.
Aclaró que esta nueva organización ya tiene afiliados en Guerrero, Puebla, Oaxaca, Michoacán, Durango y otros estados; exigen que se atienden sus demandas, Subrayó que nada está fuera de la ley.
Indicó que cerraron las diferentes instalaciones de la secretaría en la ciudad de México, y en los estados donde tiene presencia. Aclaró que al final se logró una mesa de trabajo para la tarde de ayer, y en función del cumplimiento de los acuerdos, continuarán laborando con normalidad (Lourdes Chávez).
El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, lamentó el asesinato del catedrático de la Facultad de Comunicación y Mercadotecnia (Facom), Rigoberto Acosta González, y pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE) investigar y esclarecer pronto los hechos.
En breves declaraciones telefónicas a El Sur, Saldaña Almazán calificó la situación para los universitarios como compleja, porque “nunca había pasado eso desde hace mucho”.
Indicó que el docente Rigoberto Acosta era un universitario trabajador, “para nosotros es un desconcierto y pedimos a las autoridades de la Fiscalía que hagan la investigación correspondiente” y que profundicen en ella.
Dijo que desde que conoció a Rigoberto Acosta estaba gestionando el impulso de la creación de la Octava Región, durante 25 años, “era un líder social con el cual todos los sierreños conocíamos”
Comentó que ha hablado con las autoridades que están investigando el asunto, aunque por la secrecía de la misma no reveló lo tratado, pero que entregaron la información que tiene que ver con la universidad para coadyuvar en la investigación.
Indicó que como universidad dieron a conocer un comunicado en donde exigen a la autoridad que investigue el crimen.
En otra entrevista con otros reporteros de Chilpancingo, al rector le preguntaron sobre si es un mensaje para la universidad, y respondió: “No, no hay que verlo así. Que se profundicen las investigaciones y que se den rápidamente los resultados a la familia”.
Saldaña Almazán envió las condolencias a la familia de Rigoberto Acosta, y a la directora de la Universidad Virtual, Felicidad Bonilla, su esposa, su solidaridad.
Destaca la UAG su trayectoria como luchador social
Mientras que en un comunicado UAG señala que la lamenta la “privación de la vida Rigoberto Acosta González, importante catedrático universitario, destacado luchador social y promotor de la Sierra como Octava Región”.
Agrega el breve comunicado que solicitan a la Fiscalía General del Estado realizar las investigaciones pertinentes para esclarecer el homicidio y hacer justicia a la familia.
Añade que se solidarizan con la familia y amigos. Mientras que en una esquela, la Coordinación General de Educación Virtual, donde es directora Felicidad Bonilla Gómez, esposa del finado, se lee: “Exigimos justicia por este hecho que enluta a la Universidad Autónoma de Guerrero”.
Por su parte, en la esquela de la Facultad donde Rigoberto Acosta González era docente de tiempo completo y va firmada por la directora Aurora Reyes Galván, señala que “lamenta con profunda tristeza el sensible fallecimiento de nuestro profesor y compañero universitario”.
Añade que hacen votos para que su familia encuentre la fortaleza y paz en su corazón que les ayude a superar estos momentos tan difíciles.
“Que se investigue”: López Sollano
El delegado estatal de la región Sierra, Saúl López Sollano, lamentó el asesinato del promotor de la octava región, Rigoberto Acosta González, y pidió que se investigue ese crimen.
Consultado vía telefónica, el funcionario del gobierno del estado dijo que “es lamentable como el de todos los ciudadanos que han perdido la vida este día”, lunes
Además del crimen de Acosta González, ayer fueron ultimados 13 policías municipales de Coyuca de Benítez, entre ellos el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Alfredo Alonso López, y el director de la Policía Preventiva, Honorio Salinas Garay.
Se le preguntó al delegado de la Sierra sobre las circunstancias en las que mataron a Acosta González a las 2 de la tarde en Chilpancingo, pero contestó a las 7:30 de la noche que no tenía más información de lo que se había publicado en la prensa.
Dijo que tampoco tiene información si el homicidio de Acosta González, dirigente del Consejo Regional de la Sierra de Guerrero (Cresig), está relacionado con su activismo por la creación de la Sierra.
“Yo como persona te puedo decir que se investigue, que se investigue como se debe de investigar todos los asesinatos, los crímenes que han sucedido”.
Guerrero vive una escalada de violencia que se ha recrudecido en las últimas semanas con ataques armados contra personajes de alto perfil de la vida pública del estado. El martes pasado 17 de octubre asesinaron también en la capital al dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio.
El Comité Gestor para la Continuidad del Sistema Normativo Propio en el municipio de Ñuu Savi, demandó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) que dé una respuesta a la solicitud para que esta nueva demarcación elija a sus representantes por usos y costumbres.
Este lunes, en un documento firmado por el Comité Gestor “con el aval de las autoridades, comisarios, delegados y ciudadanos en general del municipio Ñuu Savi”, exigieron al IEPC el respeto a su derecho como pueblo originario, “para que nos garantice el derecho a la libre determinación”.
Explicaron que el órgano electoral no ha dado respuesta a la petición de Ñuu Savi como nuevo municipio para para regirse por sistema normativo propio a pesar de que reiteradamente solicitaron una respuesta.
En el escrito señalan: “Consideramos que por lógica debemos seguir bajo este modelo de gobierno ya que nos segregamos de Ayutla de los Libres que se rige por sistema normativo propio, solicitamos que no nos corten el derecho de autogobernarnos como pueblos indígenas” y demandaron al IEPC que no continúen postergando la respuesta a este nuevo municipio.
Mientras que a los partidos políticos “y actores que se oponen a nuestra legítima petición les exigimos que dejen de estar obstruyendo a los sueños y anhelos de los pueblos originario ya que las comunidades están solicitando conforme a sus derechos, exigimos respeto a nuestras asambleas, a nuestras autoridades y a nuestros ciudadanos, para que podamos alcanzar el pleno de nuestros derechos, ya que por muchos tiempo nos gobernaron los partidos y nos mantuvieron en la marginación y sólo propiciaron las divisiones en las comunidades”.
Explicaron que el 25 de diciembre de 2022, en una Asamblea Municipal de Autoridades Comunitarias celebrada en la comunidad de La Angostura, las autoridades comunitarias y Ciudadanos en general acordaron solicitar a IEPC que Ñuu Savi se rija por el sistema normativo propio. Esta solicitud fue ratificada por autoridades comunitarias.
Y posteriormente el 9 de mayo unas 30 autoridades comunitarias enviaron la primera Solicitud para la continuidad del sistema normativo propio en el municipio y derivado de este el 7 de julio el IEPC notificó a la Asamblea Municipal, que debían presentar las actas de asambleas y copias del INE de quienes suscribían la petición.
En julio la asamblea Municipal de Autoridades Comunitaria Nombraron al Comité Gestor para la continuidad del Sistema Normativo Propio, y determinaron realizar una consulta a cada una de las comunidades, acordaron la metodología y procedimientos para garantizar la participación de cada uno de los ciudadanos desde sus comunidades se lee en el documento.
Posteriormente entregaron las actas y copias de las credenciales de elector de más de 2 mil ciudadanos que están de acuerdo con regirse bajo sistema normativo propio, sin embargo, no hay aún una respuesta.
Francisco Magaña / Brenda Escobar / Karina Contreras / Redacción
Atoyac / Zihuatanejo / Acapulco / Iguala
El mitin de directivos, maestros y alumnos de la Preparatoria Popular de El Quemado en el Zócalo de Atoyac Foto:?Francisco Magaña
Directivos, maestros y alumnos de la Preparatoria Popular de El Quemado realizaron un homenaje en el Zócalo de Atoyac para recordar el noveno aniversario de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala y el asesinato de tres de ellos.
En el evento, donde también estuvieron el Frente Progresista Guerrerense y la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), se hicieron honores a la Bandera y se entonaron canciones alusivas al ataque contra los estudiantes, que calificaron como un trágico evento que estremeció al país.
Los manifestantes exigieron justicia en el caso y se sancionar a los responsables.
Lamentaron que esté por concluir la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador sin que hasta la fecha se haya encontrado a los estudiantes.
Por el contrario, señalaron que el gobierno ha hostigado y reprimido a los padres de los 43 y defendido al Ejército para que no se sepa la verdad.
Al término del evento los manifestantes se trasladaron al antimonumento en la localidad de la Y Griega sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo
En ese mismo lugar por la tarde las organizaciones Frente de Defensa Popular Francisco Villa, Afadem y Raiz Zubia hicieron un encendido de 43 velas en honor a los normalistas desaparecidos.
Exigieron su presentación con vida y castigo a los responsables, que lamentaron, están siendo exonerados.
Organizan maestros activos y jubilados un mitin por los 43 desaparecidos en Zihuatanejo
En Zihuatanejo, maestros activos y jubilados de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), así como profesores egresados de la normal rural de Ayotzinapa, participaron en un mitin frente al antimonumento de los 43, ubicado en las inmediaciones de la Fuente del Sol, para recordar a los normalistas desaparecidos hace nueve años.
Este martes, poco después de la 1 de la tarde, bajo los intensos rayos del sol, los maestros iniciaron con el mitin que tuvo cinco oradores, quienes coincidieron en que la sociedad guerrerense no debe olvidar esta fecha histórica, en la que un grupo de estudiantes normalistas fueron víctimas “de la maldad, la opacidad, la injusticia y la sinrazón”.
Los maestros fueron convocados por el dirigente municipal de la CETEG en Zihuatanejo, Martín Maldonado Arcos, y unas 70 personas respondieron a esa convocatoria.
El maestro Miguel Ángel Adame Bello, ex director de la primaria Vicente Guerrero, sostuvo que “decir nos faltan 43, es solamente un número que se suma a tantos otros que han desaparecido y no tenemos noticias de ellos. Cuando decimos ‘ni perdón ni olvido’, corremos el riesgo de que estas acciones se normalicen y que esta desaparición de jóvenes se hagan parte de la cotidianidad, nada más falso que esa mentira”.
Luego, vino al micrófono la maestra Mildred Martell Jiménez, quien señaló que “hoy no es una fecha cualquiera, los días 26 y 27 de septiembre tienen que ser conmemorados como una verdad que tenemos que tener presentes los guerrerenses, para levantar la voz, porque si a estos 43 normalistas les arrebataron la vida por una injusticia, con aquella verdad diciendo que fue narcotráfico, no lo podemos seguir permitiendo”.
Indicó que los maestros deben continuar concientizando al pueblo de Guerrero, “sensibilizarnos por los problemas sociales que tiene nuestro estado y los normalistas no son la excepción. Hace ocho años que no hemos tenido una sola verdad de lo que sucedió y podemos decirlo con todas las palabras: ‘Fue el estado’”.
Maestros activos y jubilados pertenecientes a la CETEG en Zihuatanejo, llevaron a cabo un mitin en el antimonumento a los 43 Foto: Brenda Escobar
“El estado no quiere y no permitió que la gente de Guerrero levante la voz, ante tantas injusticias que nos han cometido, que hoy somos merced de la impunidad y que hoy no estamos luchando por los derechos que estos normalistas querían: una educación digna, una educación que me permita tener libertad, que trascienda los muros de la escuela, que trascienda en una sociedad libre y justa y aquella persona que levanta la voz es tildada, y en Guerrero, es aniquilada”.
El profesor Raúl Román Román declamó una poesía en memoria de los normalistas desaparecidos y, luego, los ahí presentes entonaron el canto Venceremos, con el que se dio por concluido el mitin.
Exige el FPG al presidente López Obrador
dar solución a los padres de los 43 normalistas
Integrantes del Frente Progresista Guerrerense (FPG), realizaron un acto para conmemorar el noveno aniversario de la desaparición forzada de los 43 años de la desaparición de los normalistas, donde pidieron al gobierno federal dar respuesta a los padres de los estudiantes.
Al acto en el antimonumento de los 43 en la Vía Rápida se reunieron unas 50 personas, entre ellos el luchador social Eloy Guillén Cisneros, para exigir justicia y la presentación con vida de los estudiantes normalistas.
A nombre de los integrantes del Frente, el maestro de la escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Uriel Leal Ramírez dijo que no podían dejar pasar desapercibido la conmemoración de dichos acontecimientos.
“Como equipo repudiamos la violencia venga de donde venga y se ejecute contra quien se ejecute. Hace nueve años comenzaba a escribirse una tarde negra, un acontecimiento vergonzoso porque se comenzaba a escribir una historia aberrante donde 43 jóvenes, con muchas ilusiones, estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa estaban siendo ilegalmente detenidos, ilegalmente secuestrados y eso, obviamente, vino a marcar una antes y un después en la historia de nuestra entidad que desafortunadamente ha estado marcada por la sangre de muchos guerrerenses que han dado su vida por tener mejor condiciones de vida”.
Indicó que los hechos de los 43 fue un hecho aberrante, vergonzoso: “Exigimos al Estado mexicano dé una respuesta positiva a los padres”, y señaló que han circunstancias que han hecho que no haya una “credibilidad por partes de las familias de los estudiantes y haya duda. En un gobierno que se dice de Cuarta Transformación debe haber mucha transparencia, no importa caiga quien caiga, pero aquí no se puede seguir cubriendo o cuando menos, porque cuando menos esa es la percepción de la ciudadanía, de que por parte del gobierno hay una especie de encubrimiento a los militares”.
Leal Ramírez dijo que desde ese antimonumento a los 43 exigen al gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador que “dé una respuesta transparente porque la sociedad lo exige y además se castigue a los autores intelectuales y materiales que están atrás de este acto”.
Indicó que seguirán acudiendo todos los años que sean necesarios hasta que se esclarezcan los hechos y haya justicia para los normalistas y sus familias, que haya esclarecimiento, castigo y no exista impunidad, “porque ese es un gran problema que tenemos en México”.
Agregó que cuando hay impunidad sencillamente no hay justicia y “eso no lo podemos seguir permitiendo”.
Suspenden actividades hoy el Ayuntamiento de Iguala y negocios locales para evitar conflictos
Ante la convocatorias para manifestarse por el noveno aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, el Ayuntamiento de Iguala suspendió labores para hoy miércoles, mientras que algunos negocios locales y centros comerciales bajaron sus cortinas, para no ser víctimas de actos vandálicos.
A la suspensión de actividades y de labores se sumaron desde el martes pasado, varias escuelas de nivel básico y medio superior de la ciudad, avalada por un comunicado de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).
De manera verbal, se les informó a los más de mil 600 trabajadores de presidencia, síndicos, regidores, secretarios, directores y jefes de área, sobre la suspensión de labores para evitar cualquier confrontación, ante las protestas que están programadas para hoy, reanudando el próximo jueves 28 de septiembre.
Algunos negocios locales del primer cuadro del centro de la ciudad, mercado y centros comerciales de esta ciudad bajaron sus cortinas este martes y abrirán hasta el jueves, para evitar saqueos y robos. También se reportó que la actividad comercial se redujo hasta en un 50 por ciento.
El Comité Directivo Estatal del PRI, exigió al gobierno estatal entregar al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) el presupuesto etiquetado a este órgano electoral en el que están incluidas las prerrogativas de los partidos políticos, los cuales se encuentran en una “situación insostenible”.
En el posicionamiento, la dirigencia priista señaló que no solicitan una “concesión graciosa” sino un derecho constitucional. El PRI confió en que se trata de “una administración ineficaz de los recursos y no un intento por minar la participación de los partidos de oposición”.
De acuerdo a lo dicho por la presidenta del IEPC, la consejera Luz Fabiola Matildes Gama, existía el compromiso del gobierno estatal de que a más tardar el 8 de septiembre, día en el que inició el proceso electoral ordinario para renovar ayuntamientos y diputaciones locales, este órgano electoral recibiría el presupuesto de los últimos 4 meses que se debían, pero no ocurrió.
El CDE señaló que “el proceso democratizador” en el país ha generado mecanismos que permitan la pluralidad “uno de los mecanismos que el pacto federal ha establecido es el financiamiento a los partidos políticos”.
Recordaron que el financiamiento público está establecido en la Constitución “y no la voluntad política del gobierno en turno la que define las prerrogativas de las que gozarán los partidos políticos para la recreación democrática de la pluralidad política”.
En este posicionamiento el PRI señaló que desde hace 4 meses en el partido “hemos sido afectados por la dispersión irregular del financiamiento público, al que tenemos derecho de acuerdo a la Constitución Política Mexicana, a la Constitución Política del Estado de Guerrero, y a las leyes electorales nacional y local; este recurso es utilizado para la operatividad de nuestra estructura, sueldos y salarios”.
Ante la falta de financiamiento por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) señalaron que se “rompe con la armonía institucional con la que se venía trabajando con anterioridad”.
En ese sentido se señala que “en algún momento”, el órgano electoral “hizo un esfuerzo por ayudar a los partidos, pero la situación se ha vuelto insostenible”.
La dirigencia priista señaló que el partido no solicita alguna “concesión graciosa”, sino que están “exigiendo que se cumpla la ley, que se respeten el derecho de la ciudadanía que hace política a través de los partidos políticos”.
En el documento solicitaron al gobierno del estado que “libere los recursos que le corresponden al IEPC, que están etiquetados y contemplados en la ley de egresos, que se cumpla con lo programado y se instruya al secretario de Finanzas a resolver esta situación que no sólo afecta a los partidos, sino a la democracia y a los cientos de familias que tienen en el salario del partido su único ingreso”.
En ese sentido, el PRI apuntó que suponen que se trata de “un problema derivado de una administración ineficaz de los recursos y no un intento por minar la participación de los partidos de oposición; por eso esperamos tener respuestas favorables por el bien de Guerrero”.
Diputados locales del PRD protestaron este jueves en la tribuna del Congreso del Estado en demanda de la presentación con vida de los siete jóvenes que desaparecieron el 1 de septiembre en Acapulco; uno de ellos, Moisés Tomás Juárez Abarca, es coordinador estatal de la Diversidad de ese partido.
En las intervenciones en el último punto de la sesión, el diputado morenista Andrés Guevara Cárdenas participó con el tema: “Las afectaciones a la salud y socioeconómicas causadas por el dengue, chikungunya y zika en el estado de Guerrero”. La perredista Jennifer García Lucena pidió la palabra para hablar del tema, pero ya en tribuna habló sobre la desaparición de los jóvenes, mientras que sus compañeros del grupo parlamentario se pararon a su lado con cartulinas en las que exigían su presentación con vida.
La perredista inició hablando del problema: “sin embargo, compañeras y compañeros, la enfermedad del dengue y el zika no es la única que esté afectando a la población guerrerense, la desaparición forzada de siete personas en Acapulco el pasado viernes primero de septiembre, entre ellos el activista y dirigente de la Diversidad Sexual e integrante de la Dirección Ejecutiva Estatal del PRD en Guerrero, Daniel Moy Abarca García, además de vulnerar elementales derechos humanos, civiles, lastima a un sector históricamente agraviado”.
Hasta la tribuna llegaron los diputados Raymundo García Gutié-rrez, Yanelly Hernández Martínez, Bernardo Ortega Jiménez, Ociel Hugar García Trujillo y Carlos Reyes Torres con pancartas en las que se leía: “¡Exigimos su participación con vida!”.
“Los crímenes de odio, la violencia contra personas de orientación diferente, son un problema vigente en nuestra entidad”, y señaló que este se suma a otros casos y agresiones que “se han quedado sin resolver”.
La perredista se refirió a la presunta participación “de elementos ministeriales de la Fiscalía General del Estado, y aunque no exista certeza de que haya sido así, el silencio que al respecto ha guardado esa institución genera incertidumbre. Los vacíos se llenan de manera natural, así sea de especulaciones, que en nada ayudan a construir confianza hacia la Fiscalía”.
Dijo que la intención no era politizar el tema, “pero no vamos a renunciar a la exigencia de que se realicen las investigaciones que lleven a dar con su localización y presentación con vida”.
A nombre del grupo parlamentario del PRD, García Lucena dijo que este partido no guardará silencio “ante la problemática de inseguridad que nos golpea todos los días, está más que demostrado que en Guerrero, la impunidad campea, las autoridades no investigan innumerables crímenes contra los diferentes sectores”,
Fue entonces, cuando desde sus curules, los diputados morenistas Yoloczin Domínguez Serna y Joaquín Badillo Escamilla demandaron a la oradora que se abocara al tema, por lo que la presidenta de la Mesa Directiva Leticia Mosso Hernández trató de detener la intervención, pero la perredista continuó hasta concluir.
“Se le pide a la diputada oradora sujetarse al tema”, repitió Leticia Mosso unas tres veces, mientras la perredista continuaba su lectura y señalaba que este sector de la población enfrenta una extrema violencia.
Los morenistas insistían en que se centrara en el tema, es decir, que dejara de hablar de la desaparición de las siete personas y se refiriera únicamente al dengue, chikungunya y zika, mientras que el aún integrante del grupo parlamentario de Morena Alfredo Sánchez y del mismo partido Carlos Cruz López le pedían a Badillo Escamilla que dejara a la perredista concluir.
“Muy bien compañeros”, “¡excelente!”, dijo a los perredistas la diputada del PRI Alicia Zamora Villalva, mientras que Leticia Mosso le dijo al grupo parlamentario que protestó: “esta mesa se solidariza con el tema, pero les pedimos que se respete el orden del día”.
Un integrante de la comunidad LGBTI+ durante la marcha de la diversidad sexual este viernes en Chilpancingo Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Lourdes Chávez
Chilpancingo
En la 22 edición de la marcha de la comunidad LGBT+ en la capital del estado, activistas demandaron afuera del Congreso local una legislación para el reconocimiento de la diversidad de género en Guerrero, tras recordar que el año pasado plantearon el derecho al matrimonio igualitario que se logró.
También exigieron la tipificación penal de las prácticas para corregir, reprimir o suprimir la orientación sexual, la identidad o expresión de género LGBT+, como las terapias de conversión, violaciones físicas correctivas o electrochoshocks, que deben considerarse como delitos de lesa humanidad.
La presidenta del Colectivo LGTB Guerrero, Carola, destacó la asistencia de la primera pareja de mujeres que contrajo matrimonio legal en Acapulco, en las bodas colectivas de mayo, además de líderes de diferentes municipios y los estados de México y Morelos.
La manifestación de este año tuvo toques regionales, con danzantes chinelos acompañados de la banda de música de viento y tlacoloeros tocando sus flautas y tambobres, y en el el centro una bandera arcoriris de 60 metros de largo.
Después de la bienvenida en un acto político de inicio frente al Congreso local, un activista leyó un posicionamiento para recordar que el año pasado marcharon por la aprobación de la reforma del matrimonio igualitario. Destacó que en esa jornada, no sólo lograron la ley, sino que agilizaron “el protocolo del solemne para el acto jurídico del matriminio entre personas de la poblacion LGTB”.
Destacó la celebración en libertad las primeras bodas igualitarias legales en Guerrero, el 26 de mayo, posible por la unidad de los colectivos en el estado. Reconoció el apoyo de los diputados Jacinto Gonzalez Varona y Yoloczin Domínguez Serna, de Morena, pese a la consecuencia políticas que podría acarrearles su postura.
Sin embargo, señala que todavía hay mucho por hacer por las personas trans, como tener una ley de identidad de género en Guerrero, “queremos ser reconocidas con identidad de lo que somos, sin discriminación, con goce pleno de nuestros derechos con garantías constitucionales”.
Señalaron que Guerrero tiene una deuda histórica con las personas de la diversidad sexual, por los crímenes de odio cometidos contra la comunidad, para los que también exigieron esclarecimiento y las penas respectivas.
Asimismo que se sancionen las acciones prientadas suprimir y reprimir la identidad de género, como terapias de conversiones, violaciones físicas coelctivas, electrochocs entre otos tratos crueles inhumanos y degradantes. “Esas prácticas deben ser consideradas como crímenes de lesa humamidad”.
Subrayó que son “aberrantes, violentas, estas prácticas deben ser consideradas como crímenes de lesa humanidad, pues atentan contra la vida y a integridad. Muchas de ellas tienen un origen moral y religioso. Distintas religiones promueven el odio, el rechazo, la discriminación, la violencia, la xenofobia”.
Señaló que quienes cuestionan sus patrones de conducta (de la comunidad), no distinguen la separación del Estado y la Iglesia, minimizan la pederastía e ignoran la homosexualidad o el lesbianismo de sacerdotes y monjas.
Afirmó que no se van van a silenciarlos en la exigencia de una vida con dignidad, “esta lucha es permanente hasta alcanza todos los beneficios de la población LGTB”.
Como parte de sus tradiciones, coronaron a Yuya, transexual, como la reyna de la marcha 2023, que también fue reyna en la primera manifestación de 2002, a quien reconocieron con su existencia, como una defensora de sus derechos humanos.
“Ha marchado 22 años en estas calles, y desde los años 90 ha sufrido laceraciones de la sociedad, por su identidad. Ella hizo escuela, abrió caminos”, destacaron.
En el acto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Cecilia Narciso Gaytán, confirmó su compromiso con la diversidad sexual “por el reconocimiento de los derechos todas, todos y todes”.
El jefe del Departamento de Diversidad UAG, Ulises Nava Luna, destacó que el rector actual, Alfredo Romero Olea, y el electo, Javier Saldaña Almazán, son aliados del colectivo LGTB.
Confirmó que, mientras existan personas que no ejercezan sus derechos de manera plena, no se puede hablar de equidad educativa.
La colorida celebración marchó al zócalo de Chilpancingo, y en la explanada de la plaza Primer Congreso de Anáhuac, los activistas recordaron los pioneros de esta lucha, David Moyao, Orlando Pastor Santos, Francisco Viruel, Rubén Estrada, Quetzalcóatl Leija Herrera, Pamela Sandoval, Jhonny Nava Romero “y otras personas que con su existencia y aún en el anonimato día a día lucharon por nuestros derechos”.
