Piden en marcha de la comunidad LGBT+ legislar para reconocer la diversidad de género

Un integrante de la comunidad LGBTI+ durante la marcha de la diversidad sexual este viernes en Chilpancingo Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Lourdes Chávez

Chilpancingo

En la 22 edición de la marcha  de la comunidad LGBT+ en la capital del estado, activistas demandaron afuera del Congreso local una legislación para el reconocimiento de la diversidad de género en Guerrero, tras recordar que el año pasado plantearon el derecho al matrimonio igualitario que se logró.
También exigieron  la tipificación penal de las prácticas para corregir, reprimir o suprimir la orientación sexual, la identidad o expresión de género LGBT+, como las terapias de conversión, violaciones físicas correctivas o electrochoshocks, que deben considerarse como delitos de lesa humanidad.
La presidenta del Colectivo LGTB Guerrero, Carola, destacó la asistencia de la primera pareja de mujeres que contrajo matrimonio legal en Acapulco, en las bodas colectivas de mayo, además de líderes de diferentes municipios y los estados de México y Morelos.
La manifestación de este año tuvo toques regionales, con danzantes chinelos acompañados de la banda de música de viento y tlacoloeros tocando sus flautas y tambobres, y en el el centro una bandera arcoriris de 60 metros de largo.
Después de la bienvenida en un acto político de inicio frente al Congreso local, un activista leyó un posicionamiento para recordar que el año pasado marcharon por la aprobación de la reforma del matrimonio igualitario. Destacó que en esa jornada,  no sólo lograron la ley, sino que agilizaron  “el protocolo del solemne para el acto jurídico del matriminio entre personas de la poblacion LGTB”.
Destacó la celebración en libertad las primeras bodas igualitarias legales en Guerrero, el 26 de mayo, posible por la unidad de los colectivos en el estado. Reconoció el apoyo de los diputados Jacinto Gonzalez Varona y Yoloczin Domínguez Serna, de Morena, pese a la consecuencia políticas que podría acarrearles su postura.
Sin embargo, señala que todavía hay mucho por hacer por las personas trans, como tener una ley de identidad de género en Guerrero, “queremos ser reconocidas con identidad de lo que somos, sin discriminación, con goce pleno de nuestros derechos con garantías constitucionales”.
Señalaron que Guerrero tiene una deuda histórica con las personas de la diversidad sexual, por los crímenes de odio cometidos contra la comunidad, para los que también exigieron esclarecimiento y las penas respectivas.
Asimismo que se sancionen las acciones prientadas suprimir y reprimir la identidad de género, como terapias de conversiones, violaciones físicas coelctivas, electrochocs entre otos tratos crueles inhumanos y degradantes. “Esas prácticas deben ser consideradas como crímenes de lesa humamidad”.
Subrayó que son “aberrantes, violentas, estas prácticas deben ser consideradas como crímenes de lesa humanidad, pues atentan contra la vida y a integridad. Muchas de ellas tienen un origen moral y religioso. Distintas religiones promueven el odio, el rechazo, la discriminación, la violencia, la xenofobia”.
Señaló que quienes cuestionan sus patrones de conducta (de la comunidad), no distinguen la separación del Estado y la Iglesia, minimizan la pederastía e ignoran la homosexualidad o el lesbianismo de sacerdotes y monjas.
Afirmó que no se van van a silenciarlos en la exigencia de una vida con dignidad, “esta lucha es permanente hasta alcanza todos los beneficios de la población LGTB”.
Como parte de sus tradiciones, coronaron a Yuya, transexual,  como la reyna de la marcha 2023, que también fue reyna en la primera manifestación de 2002, a quien reconocieron con su existencia, como una defensora de sus derechos humanos.
“Ha marchado 22 años en estas calles, y desde los años 90 ha sufrido laceraciones de la sociedad, por su identidad. Ella hizo escuela, abrió caminos”, destacaron.
En el acto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Cecilia Narciso Gaytán, confirmó su compromiso con la diversidad sexual “por el reconocimiento de los derechos todas, todos y todes”.
El jefe del Departamento de Diversidad UAG, Ulises Nava Luna, destacó que el rector actual, Alfredo Romero Olea, y el electo, Javier Saldaña Almazán, son aliados del colectivo LGTB.
Confirmó que, mientras existan personas que no ejercezan sus derechos de manera plena, no se puede hablar de equidad educativa.
La colorida celebración  marchó al zócalo de Chilpancingo, y en la explanada de la plaza Primer Congreso de Anáhuac, los activistas recordaron los pioneros de esta lucha, David Moyao, Orlando Pastor Santos, Francisco Viruel, Rubén Estrada, Quetzalcóatl Leija Herrera, Pamela Sandoval, Jhonny Nava Romero “y otras personas que con su existencia y aún en el anonimato día a día lucharon por nuestros derechos”.

 

Exigen que la diversidad de género se reconozca en la ley

En Chilpancingo, afuera del Congreso local, activistas de la comunidad LGBT+ demandaron una legislación para el reconocimiento de la diversidad de género en la entidad, así como la tipificación penal de las prácticas para corregir, reprimir o suprimir la orientación sexual, como son las terapias de conversión. La marcha gay de este año tuvo toques regionales con danzantes chinelos. En la imagen, a su paso por la avenida Juan Álvarez rumbo al Zócalo de la capital Foto: Jesús Eduardo Guerrero

 

Piden en marcha de la comunidad LGBT+
legislar para reconocer la diversidad de género

Lourdes Chávez

Chilpancingo

En la 22 edición de la marcha  de la comunidad LGBT+ en la capital del estado, activistas demandaron afuera del Congreso local una legislación para el reconocimiento de la diversidad de género en Guerrero, tras recordar que el año pasado plantearon el derecho al matrimonio igualitario que se logró.
También exigieron  la tipificación penal de las prácticas para corregir, reprimir o suprimir la orientación sexual, la identidad o expresión de género LGBT+, como las terapias de conversión, violaciones físicas correctivas o electrochoshocks, que deben considerarse como delitos de lesa humanidad.
La presidenta del Colectivo LGTB Guerrero, Carola, destacó la asistencia de la primera pareja de mujeres que contrajo matrimonio legal en Acapulco, en las bodas colectivas de mayo, además de líderes de diferentes municipios y los estados de México y Morelos.
La manifestación de este año tuvo toques regionales, con danzantes chinelos acompañados de la banda de música de viento y tlacoloeros tocando sus flautas y tambobres, y en el el centro una bandera arcoriris de 60 metros de largo.
Después de la bienvenida en un acto político de inicio frente al Congreso local, un activista leyó un posicionamiento para recordar que el año pasado marcharon por la aprobación de la reforma del matrimonio igualitario. Destacó que en esa jornada,  no sólo lograron la ley, sino que agilizaron  “el protocolo del solemne para el acto jurídico del matriminio entre personas de la poblacion LGTB”.
Destacó la celebración en libertad las primeras bodas igualitarias legales en Guerrero, el 26 de mayo, posible por la unidad de los colectivos en el estado. Reconoció el apoyo de los diputados Jacinto Gonzalez Varona y Yoloczin Domínguez Serna, de Morena, pese a la consecuencia políticas que podría acarrearles su postura.
Sin embargo, señala que todavía hay mucho por hacer por las personas trans, como tener una ley de identidad de género en Guerrero, “queremos ser reconocidas con identidad de lo que somos, sin discriminación, con goce pleno de nuestros derechos con garantías constitucionales”.
Señalaron que Guerrero tiene una deuda histórica con las personas de la diversidad sexual, por los crímenes de odio cometidos contra la comunidad, para los que también exigieron esclarecimiento y las penas respectivas.
Asimismo que se sancionen las acciones prientadas suprimir y reprimir la identidad de género, como terapias de conversiones, violaciones físicas coelctivas, electrochocs entre otos tratos crueles inhumanos y degradantes. “Esas prácticas deben ser consideradas como crímenes de lesa humamidad”.
Subrayó que son “aberrantes, violentas, estas prácticas deben ser consideradas como crímenes de lesa humanidad, pues atentan contra la vida y a integridad. Muchas de ellas tienen un origen moral y religioso. Distintas religiones promueven el odio, el rechazo, la discriminación, la violencia, la xenofobia”.
Señaló que quienes cuestionan sus patrones de conducta (de la comunidad), no distinguen la separación del Estado y la Iglesia, minimizan la pederastía e ignoran la homosexualidad o el lesbianismo de sacerdotes y monjas.
Afirmó que no se van van a silenciarlos en la exigencia de una vida con dignidad, “esta lucha es permanente hasta alcanza todos los beneficios de la población LGTB”.
Como parte de sus tradiciones, coronaron a Yuya, transexual,  como la reyna de la marcha 2023, que también fue reyna en la primera manifestación de 2002, a quien reconocieron con su existencia, como una defensora de sus derechos humanos.
“Ha marchado 22 años en estas calles, y desde los años 90 ha sufrido laceraciones de la sociedad, por su identidad. Ella hizo escuela, abrió caminos”, destacaron.
En el acto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Cecilia Narciso Gaytán, confirmó su compromiso con la diversidad sexual “por el reconocimiento de los derechos todas, todos y todes”.
El jefe del Departamento de Diversidad UAG, Ulises Nava Luna, destacó que el rector actual, Alfredo Romero Olea, y el electo, Javier Saldaña Almazán, son aliados del colectivo LGTB.
Confirmó que, mientras existan personas que no ejercezan sus derechos de manera plena, no se puede hablar de equidad educativa.
La colorida celebración  marchó al zócalo de Chilpancingo, y en la explanada de la plaza Primer Congreso de Anáhuac, los activistas recordaron los pioneros de esta lucha, David Moyao, Orlando Pastor Santos, Francisco Viruel, Rubén Estrada, Quetzalcóatl Leija Herrera, Pamela Sandoval, Jhonny Nava Romero “y otras personas que con su existencia y aún en el anonimato día a día lucharon por nuestros derechos”.

 

Hará Unicef estudio sobre adolescentes y niños en grupos del crimen y autodefensas

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

La Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), realizará un estudio en Guerrero y en otros estados del país, sobre el reclutamiento de niños y adolescentes por grupos armados en diferentes modalidades, desde el crimen organizado hasta grupos de autodefensa, informó la diputada Beatriz Mojica Morga, presidenta de la Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, del Congreso del Estado.
Sostuvo que Guerrero está dentro de los estados que tiene mayor abuso sexual contra los niños y adolescentes, “es muy grave porque pasa mucho en los entornos familiares o sea donde se debería cuidar a los niños es donde se les abusa”.
Este jueves en el Congreso local se reunieron las integrantes de dicha comisión con el oficial nacional de Protección la Infancia de la Unicef, José Antonio Ruiz Hernández.
En entrevista en Chilpancingo, Beatriz Mojica declaró que los representantes de la Unicef  les plantearon que están trabajando en torno a que se pueda legislar para prevenir el reclutamiento de niños y adolescentes por grupos armados en sus diferentes modalidades.
“Es una iniciativa importante de lo que se ha avanzado en el mundo y en el país respecto a garantizar los derechos de las niñas y niños y adolescentes en todos los ámbitos y el principal es la erradicación de la violencia de la que son objeto”.
Mencionó que la Unicef realizó una serie de estudios en el país y está trabajando para tratar de erradicar las formas de violencia a los niños, quienes al ser reclutados “prácticamente les arrancan la vida”.
Dijo que si no hay una prevención o un rescate de esos niños su único destino es la muerte o la cárcel, “es muy grave para México, porque nos mostraban las estadísticas de las defunciones de los adolescentes en nuestro país, la mayor es por homicidios, es decir nuestros adolescentes están muriendo por homicidio, estamos realmente en una sociedad que le está truncando su desarrollo y que cada vez son reclutados a edades más tempranas y se vuelven muy agresivos”.
Sin embargo, sostuvo que en los próximos meses la Unicef realizará un estudio en conjunto con instancias federales para algunos estados del país, entre ellos Guerrero, acerca del reclutamiento de los menores por grupos armados, lo que resaltó no está relacionado con la pobreza sino con la pérdida de valores y los entornos violentos.
“Cada día son más los niños que son reclutados por grupos armados de todo tipo tanto del crimen organizado como de autodefensas policías comunitarias, se vuelve un asunto normal en un estado donde hemos visto públicamente niños armados por algunos grupos”.
El 22 de enero de 2020, integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) presentaron a 19 niños y adolescentes de 6 a 15 años de edad que fueron capacitados para el uso de las armas de fuego y defensar a sus familias y pueblos de las agresiones del grupo delictivo Los Ardillos, “ante la incapacidad y falta de voluntad de los tres niveles de gobierno para brindarles protección”.
Mojica Morga manifestó que México ha suscrito los acuerdos internacionales para la protección de los menores, “y no se puede permitir que se armen a los niños en ninguna circunstancia, pero esa tarea no solo es del gobierno o del Congreso sino de toda la sociedad”.
Expresó que cuando se pone al frente a los niños y adolescentes de una autodefensa se provoca un desequilibrio social, “porque esos niños van a crecer en la violencia y van a ser violentadores en el futuro, sufren un desarraigo, pierden a su familia, a sus padres, a su comunidad”, por lo que aseguró que no debe haber excepciones, “no debe de haber niños armados, llámense grupos comunitarios o del crimen organizado o Ejército, no deben existir estas práctica”.
Sostuvo que en Guerrero en los gobiernos anteriores no se ha puesto atención a los niños y es ahí donde se debe hacer incidencia para prevenir la violencia, “estamos hablando de un estado que tiene 50 años hundido en la violencia y no vemos avances porque no ha habido ninguna línea de atención a nuestros niños ni a nuestros adolescentes y llegan a la adultez en situaciones de violencia extrema y reproduce los mismos patrones”.
Explicó que los represenantes de la Unicef un día antes se reunieron con funcionarios del gobierno del estado, de lo que no se informó en ningún comunicado, y agregó que “Guerrero está dentro de los estados que tiene mayor abuso sexual contra nuestros niños y adolescentes y eso es muy grave, porque pasa mucho en los entornos familiares, o sea, donde se debería cuidar a los niños es donde se les abusa”.
Manifestó que la comisión estará en reuniones permanentes y que esperan que a mediados de marzo a más tardar presenten el primer paquete de iniciativas en torno a la erradicación de la violencia contra niñas, niños y adolescentes.

 

Demandan ONG legislar la iniciativa contra las desapariciones en el periodo que comienza

Guerrero, la entidad con más casos Human Rights Watch

 Visita representante de esa organización de derechos humanos el estado, a fin de promover que este hecho se tipifique como delito. En Atoyac recuerdan la guerra sucia, dice activista

 Integrantes de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos consideraron como “impostergable” que se concluya el tema de la desaparición forzada de personas en la agenda legislativa del periodo ordinario de sesiones, que empieza el 1 de abril.

En conferencia de prensa, en la que estuvo el representante para América Latina de Human Rights Watch, Daniel Wilkinson, los representantes de organismos civiles de derechos humanos que integran la Red, a través de un documento que leyó el coordinador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan), Abel Barrera Hernández, demandaron también que el Congreso del Estado reciba en pleno al representante de las Naciones Unidas, Anders Kompas, especialista en materia de desaparición forzada de personas.

Piden, asimismo, que se dé trámite legislativo a la iniciativa ciudadana que propone la creación de la Ley para Prevenir y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas para Guerrero, que presentaron la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum).

El la rueda de prensa estuvieron también Casiana Nava Rodríguez, del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón; Arturo Román Bahena, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Mario Ernesto Patrón, de Tlachinollan, y el visitador general de la Coddehum, Hipólito Lugo Cortés.

La petición de los organismos civiles al Congreso local es que se legisle y se tipifique como delito la desaparición forzada de personas, y se da a tres meses de que de manera conjunta comenzaron la campaña estatal para impulsar la aprobación de una ley de esa naturaleza, para lo cual el 14 de enero pasado presentaron una iniciativa.

A esta campaña se han sumado también organizaciones internacionales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola), El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y Lawyers Committee for Human Rights.

Según se informó ayer, estos organismos internacionales han revisado la propuesta de Ley para Prevenir y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas para Guerrero, y verificaron que dicha iniciativa contara con las disposiciones que dan mayor protección a los ciudadanos.

Los organismos de derechos humanos que impulsan dicha iniciativa demandan también una reunión de trabajo con el gobernador Rene Juárez, “con la intención de dialogar en torno a la importancia que tiene crear una Ley Especial, debido a que la desaparición forzada es una grave violación a los derechos humanos                       y que no ha podido ser erradicada en el estado”, señala en el documento leído por Barrera Hernández.

Sin embargo, a pesar de que la petición al Ejecutivo estatal la plantean los representantes de los organismos civiles, desde hace mes y medio no han obtenido respuesta favorable.

El documento también señala que “vemos con preocupación que a unos días de empezar el siguiente periodo de sesiones, el tema de la desaparición forzada de personas no se encuentra dentro de la agenda legislativa”, incluso agrega que se desconoce si la propuesta de iniciativa de ley que presentaron ya se encuentra en trámite legislativo.

Mientras, tanto el visitador general de la Coddehum, Hipólito Lugo Cortés, dijo que ante esta petición de los organismos civiles de derechos humanos, la Coddehum no puede permanecer “apacible”. Sobre todo porque                       siguen las desapariciones.

El funcionario de la Coddehum recordó que ese organismo emitió una recomendación, la 019, por la desaparición de nueve personas, motivo por el que actualmente se encuentran procesadas ocho personas por los delitos de privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro, debido a que aún no está tipificado el delito de desaparición forzada de personas.