Protestan reporteros en Iguala ante una ley que sancionaría “difamación” a funcionarios

Reporteros de Iguala en la protesta al mediodía de ayer afuera de la sala de Cabildo del Palacio Municipal Foto: El Sur

Alejandro Guerrero

Iguala

Un grupo de reporteros protestó este lunes fuera de la sala de Cabildo del Palacio Municipal contra la propuesta de modificar el artículo 234 del Bando de Policía y Go-bierno que prevé sanciones admi-nistrativas por difamación y afec-tación a la “honorabilidad y dig-nidad” del alcalde, ediles o cualquier servidor público, punto del orden del día que finalmente no fue votado y se pospuso para su revisión.
El mediodía de ayer se celebró a puerta cerrada la vigésima sesión ordinaria de Cabildo. En esta, se había advertido el análisis y posible aprobación de modificaciones en el Bando de Policía y Gobierno, en particular en aspectos relacionados a la libertad de expresión en los artículos 230 y 234.
En un anteproyecto que se filtró a reporteros, el artículo 234 advertía de sanciones administrativas o infracciones que van desde el arresto, trabajo comunitario o multa contra quien “difame o amenace por cualquier medio o plataforma digital”.
Asimismo, “a quien agreda física o verbalmente, o cause afectación por cualquier medio o plataforma digital, la honorabilidad y dignidad del Presidente Municipal, ediles o cualquier servidor público”.
Al mediodía un grupo de 11 reporteros protestó afuera de la sala de Cabildo mientras se realizaba la sesión. Los comunicadores, que algunos son parte de un grupo autodefinido como opositor al alcalde Catalán Rendón, colocaron cartulinas con consignas como: “No a la ley mordaza; no represión”, “Ediles, no al reglamento que afecte a los periodistas”, “Prensa libre; no al autoritarismo”, y “No más acciones que atenten contra la libertad de expresión”.
El representante del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), y ex director de Comunicación Social del alcalde David Gama Pérez (PRI), Alejandro Aparicio, consideró que el Bando de Policía y Gobierno “no puede estar por encima de la Constitución”. Llamó a alzar la voz y pidió a los ediles reflexionar “y no voten por este reglamento que trastoca la libertad de expresión y de prensa”.
Antes de la sesión, el secretario de Gobierno municipal, Armando Victoria Esquivel afirmó ante reporteros que “son especulaciones” y que las modificaciones “en absoluto vulneran el derecho a la libertad de expresión, de opiniones o pensamiento”.
Reconoció que lo que se filtró a la prensa es un “anteproyecto” que se estuvo trabajando en las mesas de trabajo con síndicos y regidores, y consideró que en la propuesta final que realiza el alcalde Erik Catalán “los derechos constitucionales consagrados en los artículos 6 y 7 de la Constitución, se fortalecen y se privilegia”.
Detalló, que en el artículo 234, antes 230, establece que “no se considerará falta administrativa la manifestación de ideas, opiniones, críticas, denuncias, señalamientos por cualquier medio, incluidos los digitales, cuando se encuentren amparados por los derechos reconocidos en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política del país”.

 

Pide el presidente de Coparmex en la capital que las clausuras se apeguen a la ley

Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Chilpancingo, Marco Antonio Rodríguez Canacasco, llamó a las autoridades municipales a respetar el marco legal para evitar la clausura de negocios.
Consultado luego de la colocación de la primera piedra del edificio de la Coparmex que se hizo en la colonia Capellanía Grande, en el norte de la ciudad, al respecto de la clausura de negocios en el Centro, Marco Antonio Rodríguez informó que se tuvo un diálogo con el gobierno municipal.
“Les hicimos ver (a las autoridades) que realmente estaban actuando un poco muy fuerte y lo que queremos es que actúen conforme a la ley”, dijo.
Señaló que los trabajadores de la Dirección de Gobernación Municipal “no tienen que llegar de esa manera a clausurar negocios, mientras no tengas un recurso legal con el cual puedas, cuando menos, defenderte”.
Consideró que no se promociona “como debería ser, que una empresa o un negocio cuente con dictamen de Protección Civil o de Bomberos, hay negocios que lo requieren, no todos en general, lo que deben tener siempre a la mano, al frente del negocio, es la licencia de funcionamiento”.
Puntualizó que “el empresario no se niega a cubrir esos requisitos, nada más que sea de acuerdo a la ley”; abundó que, de al menos siete negocios clausurados, uno es propiedad de un agremiado de la Coparmex Chilpancingo y pagó una multa para poder reabrir sus instalaciones, aunque no precisó el monto correspondiente.
Sobre la construcción del edificio, explicó que el terreno fue donado en el 2012 por las autoridades municipales y aunque está alejado del centro de la capital, consideró que beneficiará a la comunidad porque contará con espacios para capacitaciones y se prestará a las personas que lo necesiten.
Aclaró que es un proyecto a largo plazo y todos los agremiados aportarán recursos para la obra.

Avala el Congreso local la reforma federal que prohíbe cigarros electrónicos y fentanilo

La diputada local por Movimiento Ciudadano, Deyanira Uribe Cuevas en su intervención en tribuna en la que argumentó su voto en contra de la reforma constitucional que prohíbe los cigarros electrónicos y vapeadores así como la producción y distribución del fentanilo Foto: Jesús Eduardo Guerrero

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El Congreso local aprobó este miércoles la minuta de reforma constitucional federal que prohibe el uso de cigarros electrónicos, conocidos como vapeadores, y la producción, distribución, y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos, uso ilícito del fentanilo además drogas sintéticas no autorizadas.
En la misma sesión, que fue la segunda del día celebrada, los diputados también aprobaron un dictamen de adiciones a la Constitución Política del estado para establecer el derecho a la búsqueda inmediata de niñas, niños, adolescentes y mujeres en casos de desaparición.
La reforma federal, que forma parte del llamado Plan C, se trata de adiciones de un párrafo quinto al artículo 4 y un párrafo segundo al artículo 5, que fue propuesto por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador. Se establece prohibir el uso de cigarros electrónicos y sistemas electrónicos para fumar, así como su producción y venta, el uso ilícito de fentanilo y otras drogas sintética y cualquier actividad relacionada con dichas sustancias.
Fundamentó el dictamen la diputada del PRI, María del Pilar Vadillo Ruiz como integrante de la Comisión de Estudios Constitu-cionales y Jurídicos, quien en tribuna mencionó que el derecho a la protección de la salud es uno de los pilares fundamentales del Estado mexicano consagrado en el artículo Cuarto de la Constitución General de la República y respaldado por diversos tratados internacionales de los que México forma parte.
“Los dispositivos de vapeo y drogas sintéticas han mostrado un impacto alarmante en la población joven, pues de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2022, su consumo ha alcanzado niveles preocupantes en adolescentes, representando un grupo particularmente vulnerable, máxime porque las drogas sintéticas, como el fentanilo, no sólo generan adicción y mortalidad, sino que afectan el tejido social, al incrementar los índices de violencia y criminalidad asociados a su producción y distribución”, mencionó la priista.
Vadillo argumentó que la re-forma busca fortalecer el derecho humano a la salud, “prohibiendo actividades relacionadas con ciga-rrillos electrónicos, vapeadores, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas como el fentanilo, todas ellas identificadas como amenazas significativas para la salud pública y la seguridad nacional”.
Para razonar el sentido de sus votos, solo subieron a tribuna las representantes del PAN, MC y PRD, de los cuales solo MC votó en contra. El resto de los Grupos Parlamentarios votó a favor.
Pese a que la diputada del PAN, Irene Montiel Servín, realizó observaciones a la reforma y se dijo en contra de prohibir los cigarros electrónicos, su voto fue a favor por el caso del fentanilo.
“En esta reforma que vamos a votar hoy se mezclan dos problemáticas muy diferentes que nos pone en una situación compleja, porque es importante manifestar mi total acuerdo para aprobar medidas implacables contra el fentanilo, pero la prohibición de los vapeadores puede ocasionar más problemas de los que pueda resolver”.
La diputada Deyanira Uribe Cuevas mencionó que “desde la perspectiva de Movimiento Ciu-dadano la votaremos en contra, porque en primer lugar consi-deramos que el combate a las adicciones debe comenzar con un sentido de regulación, no de prohibición, implementando campañas de prevención y concientizaciónl sobre el uso problemático de precursores químicos y drogas sintéticas”.
El diputado Robell Urióstegui Patiño (PRD), subió a tribuna solo a decir que votaría a favor porque el consumo de sustancias como la nicotina y el fentanilo “genera enfermedades devastadoras, muchas de las cuales impactan gravemente a la juventud y la adolescencia”, y para el caso de los cigarros electrónicos que no existen evidencias científicas concluyentes que respalden su eficacia como herramienta para dejar de fumar.
Al final, la reforma fue aprobada por 41 votos, dos en contra y cero abstenciones.

La otra reforma aprobada

En la misma sesión, se aprobó por unanimidad un dictamen de adi-ciones a la Constitución Política de Guerrero, para establecer el derecho a la búsqueda de niñas, niños, adolescentes y mujeres en casos de desaparición, para que las autoridades implementen ope-rativos de búsqueda inmediata sin que, para ello se ponga una denun-cia ante el Ministerio Público.
Al fundamentar el dictamen en su calidad de presidenta de la Co-misión de Estudios Constitucio-nales y Jurídicos, la diputada Citlali Calixto Jiménez mencionó que la iniciativa fue enviada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda con el fin de contrarrestar la problemática de la desaparición de personas, y como una manera de fortalecer el mecanismo denominado Alerta Violeta.
“Establecer en Guerrero como un derecho humano el derecho a la búsqueda de niñas, niños, adolescentes y mujeres desapare-cidos sin necesidad de denuncia ministerial, implica eliminar ba-rreras burocráticas significativas y facilitan el acceso a la justicia y protección de las personas afectadas y sus familias”, dijo.
Expuso también que se pretenden consolidar mecanismos de búsqueda como la Alerta Violeta, para garantizar que el estado actúe de manera inmediata y coordinada ante cualquier denuncia de desaparición, y asegurar que todos los recursos necesarios se movilicen rápidamente y que las acciones de búsqueda se realicen de manera eficiente y efectiva.
También se aprobó por unanimidad un acuerdo para celebrar el Parlamento de Mujeres Guerrerenses 2025, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
Al ser la última sesión del primer periodo ordinario del primer año de ejercicio legis-lativo, el diputado Jesús Parra García, presidente de la Mesa Directiva, rindió el informe de los trabajos de dicho periodo, comprendido de septiembre del 2024 a enero de este 2025.
En una tercera sesión se instaló el Primer Periodo de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 64 Legislatura y se citó a sesión para el próximo 22 de enero.

Sólo se revisan “detalles técnicos” de la Ley sobre desapariciones forzadas: Astudillo

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El vocal de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, Ricardo Astudillo Calvo, afirmó que solo se revisan detalles técnicos de la iniciativa de Ley en materia de desaparición forzada de personas, y esperan presentar el dictamen “lo antes posible”.
Consultado al concluir la última sesión de la Comisión Permanente, a Ricardo Astudillo se le preguntó el motivo por el cual la comisión no ha dictaminado la iniciativa presentada ante el pleno desde el 10 de noviembre pasado, hace casi diez meses. El priista comentó que “ya se está avanzando en la parte técnica para ya tener el dictamen lo antes posible”.
Mientras al interior del Congreso local se realizaba la sesión de la Comisión Permanente, afuera, familiares de desaparecidos y organizaciones sociales que marcharon –en el día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada– hicieron una parada para protestar frente al Poder Legislativo que no ha dictaminado dicha iniciativa de ley.
Astudillo Calvo comentó que el tema de la urgencia de dictaminar esta iniciativa se habló en esta comisión en el contexto de que la presidenta del colegiado Leticia Mosso Hernández, desde mañana primero de septiembre, será la presidenta de la Mesa Directiva.
Es decir que deberá dejar la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos porque así lo establece la ley orgánica del Poder Legislativo.
“Ella tocó el tema y dijo que se comprometía a sacar el dictamen, en el entendido de que ella ya deja de ser presidenta (de la comisión) por ley”, comentó Ricardo Astudillo.
A pregunta del porqué no se ha aprobado el dictamen, respondió que “se han escuchado varias voces, también la opinión del gobierno del estado, porque es una ley que va a incidir de manera presupuestaria de la Fiscalía y del gobierno del estado”.
Porque apuntó que no se puede legislar sin realizar previsiones presupuestarias que garanticen que la ley “opere con todo su marco normativo”.

 

Apoyan diputados y el CEE de Morena la estrategia de seguridad de López Obrador y Evelyn Salgado

 

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

En declaraciones por escrito, el Comité Ejecutivo Estatal (CEE) y el grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado manifestaron su respaldo a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y la estrategia de seguridad que sigue junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Aseguraron que ahora ya no existe complicidad del gobierno estatal con los grupos criminales, ni pactos de silencio ni acuerdos al margen de la ley.
En un escrito firmado al final como Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Guerrero y presidenta del Consejo Estatal, la dirigencia recordó que “durante décadas” en el estado hubo un “aumento” y “avance del crimen organizado, debido a la complicidad que existía entre las instituciones y corporaciones de seguridad de los gobiernos neoliberales, para ceder el territorio al crimen organizado y así tener el control económico y político de los pueblos”.
Señalaron que la violencia que se vive es a partir de que “un gobierno democrático trabaja en recuperar esos territorios, para reconstruir el tejido social. Se han suscitado reacciones violentas, toda vez que el crimen organizado se asume como dueño del territorio, creyendo estar por encima del Estado de Derecho”.
En su posicionamiento, Morena afirmó que “antes” no sucedían acontecimientos como los recientes, porque “hoy ya no existen los pactos de silencio ni acuerdos al margen de la ley. Hoy, el objetivo es claro, y sin titubeos, a estas reacciones violentas se les combate desde todos los frentes”.

Llaman a “no bajar la guardia en el combate al crimen organizado”

Llamaron a las autoridades estatales y federales “a no bajar la guardia en el combate al crimen organizado”, también a que se “intensifiquen los esfuerzos y estrategias en el combate a la delincuencia. No más impunidad e injusticia. Nuestro pueblo merece vivir un ambiente de paz y de certidumbre, donde se garantice la seguridad y podamos transitar libremente por nuestra entidad”.
A través del posicionamiento manifestaron su respaldo a Evelyn Salgado y al presidente Andrés Manuel López Obrador, quienes con decisiones firmes, con voluntad y con vocación de servicio están generando las rutas de pacificación, de seguridad y de bienestar para los guerrerenses. “Como humanistas, en Morena siempre estaremos del lado de las causas del pueblo. Lo decimos claro: queremos un estado con paz y justicia”.
El CEE pidió “unificarnos, dejar de lado los intereses personales y anteponer el bienestar de nuestro estado, como objetivo común y prioritario de lograr el Guerrero que tanto anhelamos y merecemos”.
También hicieron referencia al atentado contra la aspirante a la alcaldía de Iguala, prima de la gobernadora y sobrina del senador Félix Salgado Macedonio, Zulma Carvajal Salgado, en el que murió su esposo Enoc del Valle Zúñiga, “condenamos de manera enérgica este hecho y, al igual que en los demás casos ocurridos, exigimos a la Fiscalía General del Estado una investigación clara y expedita, en la que se aplique todo el peso de la ley a quien o quienes resulten responsables”.

Apoyan diputados la política de diálogo y no represión

Por su parte, el grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado respaldó a la gobernadora Salgado Pineda ante “ataques políticos y mediáticos” y rechazaron “cualquier expresión sexista” que tenga la intención de demeritar su capacidad.
En un escrito de cinco párrafos el cual no tiene la firma de ninguno de los diputados de Morena, la fracción consideró que los ataques a Evelyn Salgado son sexistas, basados “en estereotipos dañinos para nuestra sociedad”.
Dijeron que “la Cuarta Trans-formación” implica la “implementación de una nueva forma de hacer política a través del diálogo, de la no represión y de la empatía ante las múltiples realidades que se viven en nuestro Estado y en nuestro país. En ese sentido, expresamos nuestro respaldo a la estrategia de seguridad y de construcción de paz que encabeza la maestra Evelyn Salgado”.
Y reiteró su “apoyo a la política de diálogo y no represión que el gobierno del estado atinadamente ha implementado, para la resolución de las profundas problemáticas sociales que se viven en Guerrero”, y pidieron a los guerrereses “seguir confiando en el gobierno del pueblo y a mantener el diálogo horizontal, que nuestra gobernadora ha privilegiado”.

Se sufren herencias que dejaron PRI y PRD, dice Jonathan

En un video difundido en sus redes sociales, el secretario de Organización del CEE, Jonathan Márquez Aguilar, dijo que rechaza “rotundamente la violencia de género que se hace contra nuestra gobernadora (…) reconocemos el esfuerzo que hace día con día nuestra gobernadora”, porque dijo que con “señalamientos mediáticos cómo se van a resolver los problemas de Guerrero”.
Aseguró que muchos de los problemas que se sufren en Guerrero “son herencias que nos dejó el PRI y PRD” y que la violencia que se vive “se está utilizando para desestabilizar”.
Pidió “a toda la clase política que se serene y a que vayamos trabajando de manera conjunta”.
Al ex alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez, que se ha referido a la falta de coordinación institucional, le recordó que en su administración “el gobierno federal tuvo que tomar el control de la Policía Municipal, porque había mucha corrupción. Entonces, para realizar señalamientos debemos tener calidad moral”.
Jonathan Márquez llamó “a todos, principalmente a los actores religiosos, a construir la paz desde su trinchera, que estemos trabajando de manera unida y comprometida por el estado de Guerrero”.

 

Piden en marcha de la comunidad LGBT+ legislar para reconocer la diversidad de género

Un integrante de la comunidad LGBTI+ durante la marcha de la diversidad sexual este viernes en Chilpancingo Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Lourdes Chávez

Chilpancingo

En la 22 edición de la marcha  de la comunidad LGBT+ en la capital del estado, activistas demandaron afuera del Congreso local una legislación para el reconocimiento de la diversidad de género en Guerrero, tras recordar que el año pasado plantearon el derecho al matrimonio igualitario que se logró.
También exigieron  la tipificación penal de las prácticas para corregir, reprimir o suprimir la orientación sexual, la identidad o expresión de género LGBT+, como las terapias de conversión, violaciones físicas correctivas o electrochoshocks, que deben considerarse como delitos de lesa humanidad.
La presidenta del Colectivo LGTB Guerrero, Carola, destacó la asistencia de la primera pareja de mujeres que contrajo matrimonio legal en Acapulco, en las bodas colectivas de mayo, además de líderes de diferentes municipios y los estados de México y Morelos.
La manifestación de este año tuvo toques regionales, con danzantes chinelos acompañados de la banda de música de viento y tlacoloeros tocando sus flautas y tambobres, y en el el centro una bandera arcoriris de 60 metros de largo.
Después de la bienvenida en un acto político de inicio frente al Congreso local, un activista leyó un posicionamiento para recordar que el año pasado marcharon por la aprobación de la reforma del matrimonio igualitario. Destacó que en esa jornada,  no sólo lograron la ley, sino que agilizaron  “el protocolo del solemne para el acto jurídico del matriminio entre personas de la poblacion LGTB”.
Destacó la celebración en libertad las primeras bodas igualitarias legales en Guerrero, el 26 de mayo, posible por la unidad de los colectivos en el estado. Reconoció el apoyo de los diputados Jacinto Gonzalez Varona y Yoloczin Domínguez Serna, de Morena, pese a la consecuencia políticas que podría acarrearles su postura.
Sin embargo, señala que todavía hay mucho por hacer por las personas trans, como tener una ley de identidad de género en Guerrero, “queremos ser reconocidas con identidad de lo que somos, sin discriminación, con goce pleno de nuestros derechos con garantías constitucionales”.
Señalaron que Guerrero tiene una deuda histórica con las personas de la diversidad sexual, por los crímenes de odio cometidos contra la comunidad, para los que también exigieron esclarecimiento y las penas respectivas.
Asimismo que se sancionen las acciones prientadas suprimir y reprimir la identidad de género, como terapias de conversiones, violaciones físicas coelctivas, electrochocs entre otos tratos crueles inhumanos y degradantes. “Esas prácticas deben ser consideradas como crímenes de lesa humamidad”.
Subrayó que son “aberrantes, violentas, estas prácticas deben ser consideradas como crímenes de lesa humanidad, pues atentan contra la vida y a integridad. Muchas de ellas tienen un origen moral y religioso. Distintas religiones promueven el odio, el rechazo, la discriminación, la violencia, la xenofobia”.
Señaló que quienes cuestionan sus patrones de conducta (de la comunidad), no distinguen la separación del Estado y la Iglesia, minimizan la pederastía e ignoran la homosexualidad o el lesbianismo de sacerdotes y monjas.
Afirmó que no se van van a silenciarlos en la exigencia de una vida con dignidad, “esta lucha es permanente hasta alcanza todos los beneficios de la población LGTB”.
Como parte de sus tradiciones, coronaron a Yuya, transexual,  como la reyna de la marcha 2023, que también fue reyna en la primera manifestación de 2002, a quien reconocieron con su existencia, como una defensora de sus derechos humanos.
“Ha marchado 22 años en estas calles, y desde los años 90 ha sufrido laceraciones de la sociedad, por su identidad. Ella hizo escuela, abrió caminos”, destacaron.
En el acto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Cecilia Narciso Gaytán, confirmó su compromiso con la diversidad sexual “por el reconocimiento de los derechos todas, todos y todes”.
El jefe del Departamento de Diversidad UAG, Ulises Nava Luna, destacó que el rector actual, Alfredo Romero Olea, y el electo, Javier Saldaña Almazán, son aliados del colectivo LGTB.
Confirmó que, mientras existan personas que no ejercezan sus derechos de manera plena, no se puede hablar de equidad educativa.
La colorida celebración  marchó al zócalo de Chilpancingo, y en la explanada de la plaza Primer Congreso de Anáhuac, los activistas recordaron los pioneros de esta lucha, David Moyao, Orlando Pastor Santos, Francisco Viruel, Rubén Estrada, Quetzalcóatl Leija Herrera, Pamela Sandoval, Jhonny Nava Romero “y otras personas que con su existencia y aún en el anonimato día a día lucharon por nuestros derechos”.

 

Exigen que la diversidad de género se reconozca en la ley

En Chilpancingo, afuera del Congreso local, activistas de la comunidad LGBT+ demandaron una legislación para el reconocimiento de la diversidad de género en la entidad, así como la tipificación penal de las prácticas para corregir, reprimir o suprimir la orientación sexual, como son las terapias de conversión. La marcha gay de este año tuvo toques regionales con danzantes chinelos. En la imagen, a su paso por la avenida Juan Álvarez rumbo al Zócalo de la capital Foto: Jesús Eduardo Guerrero

 

Piden en marcha de la comunidad LGBT+
legislar para reconocer la diversidad de género

Lourdes Chávez

Chilpancingo

En la 22 edición de la marcha  de la comunidad LGBT+ en la capital del estado, activistas demandaron afuera del Congreso local una legislación para el reconocimiento de la diversidad de género en Guerrero, tras recordar que el año pasado plantearon el derecho al matrimonio igualitario que se logró.
También exigieron  la tipificación penal de las prácticas para corregir, reprimir o suprimir la orientación sexual, la identidad o expresión de género LGBT+, como las terapias de conversión, violaciones físicas correctivas o electrochoshocks, que deben considerarse como delitos de lesa humanidad.
La presidenta del Colectivo LGTB Guerrero, Carola, destacó la asistencia de la primera pareja de mujeres que contrajo matrimonio legal en Acapulco, en las bodas colectivas de mayo, además de líderes de diferentes municipios y los estados de México y Morelos.
La manifestación de este año tuvo toques regionales, con danzantes chinelos acompañados de la banda de música de viento y tlacoloeros tocando sus flautas y tambobres, y en el el centro una bandera arcoriris de 60 metros de largo.
Después de la bienvenida en un acto político de inicio frente al Congreso local, un activista leyó un posicionamiento para recordar que el año pasado marcharon por la aprobación de la reforma del matrimonio igualitario. Destacó que en esa jornada,  no sólo lograron la ley, sino que agilizaron  “el protocolo del solemne para el acto jurídico del matriminio entre personas de la poblacion LGTB”.
Destacó la celebración en libertad las primeras bodas igualitarias legales en Guerrero, el 26 de mayo, posible por la unidad de los colectivos en el estado. Reconoció el apoyo de los diputados Jacinto Gonzalez Varona y Yoloczin Domínguez Serna, de Morena, pese a la consecuencia políticas que podría acarrearles su postura.
Sin embargo, señala que todavía hay mucho por hacer por las personas trans, como tener una ley de identidad de género en Guerrero, “queremos ser reconocidas con identidad de lo que somos, sin discriminación, con goce pleno de nuestros derechos con garantías constitucionales”.
Señalaron que Guerrero tiene una deuda histórica con las personas de la diversidad sexual, por los crímenes de odio cometidos contra la comunidad, para los que también exigieron esclarecimiento y las penas respectivas.
Asimismo que se sancionen las acciones prientadas suprimir y reprimir la identidad de género, como terapias de conversiones, violaciones físicas coelctivas, electrochocs entre otos tratos crueles inhumanos y degradantes. “Esas prácticas deben ser consideradas como crímenes de lesa humamidad”.
Subrayó que son “aberrantes, violentas, estas prácticas deben ser consideradas como crímenes de lesa humanidad, pues atentan contra la vida y a integridad. Muchas de ellas tienen un origen moral y religioso. Distintas religiones promueven el odio, el rechazo, la discriminación, la violencia, la xenofobia”.
Señaló que quienes cuestionan sus patrones de conducta (de la comunidad), no distinguen la separación del Estado y la Iglesia, minimizan la pederastía e ignoran la homosexualidad o el lesbianismo de sacerdotes y monjas.
Afirmó que no se van van a silenciarlos en la exigencia de una vida con dignidad, “esta lucha es permanente hasta alcanza todos los beneficios de la población LGTB”.
Como parte de sus tradiciones, coronaron a Yuya, transexual,  como la reyna de la marcha 2023, que también fue reyna en la primera manifestación de 2002, a quien reconocieron con su existencia, como una defensora de sus derechos humanos.
“Ha marchado 22 años en estas calles, y desde los años 90 ha sufrido laceraciones de la sociedad, por su identidad. Ella hizo escuela, abrió caminos”, destacaron.
En el acto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Cecilia Narciso Gaytán, confirmó su compromiso con la diversidad sexual “por el reconocimiento de los derechos todas, todos y todes”.
El jefe del Departamento de Diversidad UAG, Ulises Nava Luna, destacó que el rector actual, Alfredo Romero Olea, y el electo, Javier Saldaña Almazán, son aliados del colectivo LGTB.
Confirmó que, mientras existan personas que no ejercezan sus derechos de manera plena, no se puede hablar de equidad educativa.
La colorida celebración  marchó al zócalo de Chilpancingo, y en la explanada de la plaza Primer Congreso de Anáhuac, los activistas recordaron los pioneros de esta lucha, David Moyao, Orlando Pastor Santos, Francisco Viruel, Rubén Estrada, Quetzalcóatl Leija Herrera, Pamela Sandoval, Jhonny Nava Romero “y otras personas que con su existencia y aún en el anonimato día a día lucharon por nuestros derechos”.

 

Inicia CETEG un brigadeo en la Montaña para pedir a maestros que no hagan su declaración

En las instalaciones de la CETEG en la región de la Montaña, el secretario general Héctor Torres Solano, acompañado de su comitiva, asegura que la solicitud del gobierno federal sobre la declaración patrimonial, constituye un golpe a los derechos laborales de los trabajadores de la educación Fotos: Carmen González Benicio

Carmen González Benicio

Tlapa

Los integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) iniciaron un brigadeo en las escuelas de la región Montaña, para decirles a sus agremiados que no rindan su declaración patrimonial, porque es un golpe a sus derechos laborales.
El dirigente de la CETEG, Héctor Torres Solano, advirtió en conferencia de prensa en Tlapa, realizada en las instalaciones regionales de la agrupación, que los maestros que forman parte de esa organización magisterial no van a rendir su declaración patrimonial, porque es un “golpe” del gobierno federal a sus derechos laborales.
Agregó que no se dejarán presionar por los supervisores y directores, que sabe los están “hostigando” para que declaren su patrimonio, porque la ley es clara sobre quién debe hacerlo, “todo servidor público que haya sido electo por elección popular tiene esa obligación de llevar a cabo una declaración patrimonial”, remarcó.
Afirmó: “Como maestros, fuimos contratados por la necesidad que se tiene en las diferentes localidades, en donde se requiere el servicio educativo, y no fuimos electos en votación”.
Señaló que además, en la ley, uno de los transitorios establece que deben declarar su patrimonio quienes fueron contratados de 2019 a la fecha, y ninguno de ellos está en esa situación.
Dijo que las autoridades educativas tienen claro cuánto perciben los trabajadores, tanto el gobierno federal, que es el que les paga, como la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), “tienen esos datos. Yo no sé porqué el afán de querer obligar y hostigar para que lleven a cabo su declaración patrimonial”, y que eso lo van a frenar alzando la voz.
Torres Solano dijo que la CETEG inició una jornada informativa en las regiones de la entidad, para dar a conocer cómo caminan las mesas de trabajo y lo que viene afectando la Ley de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm).
También hablan del proyecto alternativo que impulsan como CETEG, porque el gobierno trabaja un “proyecto híbrido, en donde quieren que desaparezca el docente y reemplazarlo por la tecnología”.
También habló de las afectaciones que dejó la ley del ISSSTE y de cómo el aumento salarial, que anunció el gobierno federal el 15 de mayo, del 8 por ciento, no se distribuye como debe ser, porque no les favorece en la jubilación.
Insistió Torres Solano en que no harán su declaración patrimonial, “por seguridad”, porque “sabemos cómo se ha estado queriendo extorsionar a los compañeros y hoy, con datos personales, los ponen en riesgo”.

 

Ven empresarios dificultades para aplicar el impuesto a la oferta extrahotelera

Jacob Morales Antonio

Los representantes de las cámaras empresariales del ramo turístico de Acapulco, revelaron que no se ha informado cómo se va a cobrar el impuesto del 4 por ciento a la oferta extrahotelera, si ya existe un padrón y en qué se va a invertir lo recaudado.
Este jueves los diputados del Congreso local aprobaron  reformas y adiciones en las leyes de Hacienda del Estado de Guerrero y a la de Fomento y Desarrollo Turístico del Estado y los Municipios, ambas para regular y cobrar un impuesto del 4 por ciento a quienes ofrecen el servicio de alojamiento turístico eventual de manera directa o a través de intermediarios, promotores, facilitadores o de plataformas digitales.
En declaraciones, el presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco, Alejandro Domínguez Aveleyra, dijo que es un primer paso que se da para la oferta extra hotelera.
Ahora dijo que estos inmuebles deben de cumplir también con las normas que indica Protección Civil y pagar todos los impuestos que realiza un establecimiento. El dirigente dijo que no se ha informado cómo se va a cobrar, y que si el dinero se va a usar para Fidetur, lo que sería una mejora para el puerto.
El presidente de la Asociación de Hoteleros y Restauranteros del Acapulco Tradicional, Francisco Aguilar Ordoñez, dijo que por fin se consideró una petición que tiene años solicitando el sector, para que el sector extrahotelero pague impuestos y “haya piso parejo”.
Señaló que mientras el sector formal paga una cuota comercial en lo servicios de luz, agua, el tres por ciento del turismo,  y otros impuestos, el otro no aporta nada a las arcas del estado, pero que falta complementar la nueva reforma para que paguen los servicios e impuestos que correspondan al municipio como las licencias de funcionamiento, agua comercial, y luz comercial entre otros, “de esa manera vamos a estar en piso parejo”.
El presidente de la el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Acapulco, Alejandro Martínez Sidney, dijo que es bueno que estos negocios informales pasen a formalizarse y paguen impuestos.
“Esto habla de un único, pero todavía tenemos algunas dudas de cómo se van a implementar estos procedimientos y las medidas para la recaudación, pero sobre todo hacia dónde a quién le van a contribuir, y las verificaciones, así como quien aplicaría las sanciones”.
Indicó que esta reforma permitirá que haya una mayor regulación y control de estos inmuebles, y habrá más beneficios para la ciudadanía, como mejorar la iluminación, mejor seguridad, recolección de basura y todo el dinero sea para obras y servicios, aunque no sabía cuál sería su aplicación real.
Calificó la aprobación de este nuevo impuesto como un “gran avance” que han estado demandando los empresarios y que haya una competencia leal y no desleal.
El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac) Enrique Castro Soto también opinó que es una propuesta bien intencionada que solo podría aplicar a las plataformas digitales, porque muchos no están dados de alta Hacienda y no hay un padrón: “no podría haber un esquema de cobro, y sería un poco difícil poder aplicar esta iniciativa”.
Dijo que se podría aplicar a las plataformas digitales como Airbnb, pero insistió que no hay como poder cobrar a quienes hacen una reservación o rentan una casa a través de las redes sociales como Facebook u otras páginas porque tampoco hay un padrón.

 

Piden colectivos al Congreso aprobar Ley en materia de desaparición forzada

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Colectivos y organismos de derechos humanos buscarán la aprobación de la iniciativa de Ley en materia de desaparición forzada que presentaron y exigirán que se apruebe en el próximo periodo de sesiones del Congreso del estado, declaró la presidenta del colectivo de Familiares en Búsqueda, María Herrera, Gema Antúnez.
Después de la marcha y el bloqueo a la Autopista del Sol el mes pasado, informó que se llevó a cabo una reunión con los diputados del Congreso local, encabezados por la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna, quien se comprometió a que la iniciativa será aprobada en el próximo periodo de sesiones.
Sin embargo, añadió que como ya les quedaron mal el año pasado, ahora “hay cierta desconfianza” de los representantes de los colectivos y organismos de derechos humanos que respaldan dicha iniciativa.
Además, añadió que antes de la marcha les argumentaron que no salía adelante la iniciativa porque la habían extraviado y después que no se ponían de acuerdo con respecto a su contenido las distintas fracciones parlamentarias.
“Entonces entendemos que la iniciativa no sale adelante por los pleitos políticos que tienen los diputados, y les dijimos que a nosotros no nos interesaban sus pleitos, que ellos estaban ahí, en el Congreso, porque así lo decidieron y que tenían una obligación con el pueblo y que respondieran al pueblo”.
Gema Antúnez informó que el 21 de abril tienen cita con los diputados para ver que realmente la ley sea la que trabajaron los colectivos y los organismos de derechos humanos.
Los colectivos que apoyan la iniciativa son: la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM); el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón; el colectivo Siempre Vivos de Chilapa;
Familiares de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos; Familiares en Búsqueda María Herrera de Chilpancingo; Colectivo de Desaparecidos Lupita Rodríguez, y los Otros Desaparecidos de Iguala.
Gema Antúnes informó que la iniciativa de ley que apoyan es la que inicialmente elaboró la presidenta del colectivo, Lupita Rodríguez, pero que se fue actualizando hasta que fue aceptada por la mayoría de los colectivos, “por eso queremos que sea esa la que se apruebe y que no nos vayan a dar gato por liebre”.
Añadió que la desconfianza de los colectivos es que les dijeron antes de la marcha que realizaron en febrero que no la encontraban pero después de la marcha supuestamente la encontraron.
Gema Antúnez, dijo que van a estar pendientes hasta el día que la suban en tribuna, “no les vamos a soltar la cuerda, ya nos dijeron que sí y vamos a confiar, pero a estar pendientes”, advirtió.