Presionan damnificados para que las casas de materiales les entreguen lo adquirido

Jacob Morales Antonio

En las ferreterías y casas de materiales de construcción, los damnificados por el huracán Otis, acuden a presionar para que les entreguen lo que compraron con anticipación en diciembre, ante la urgencia de comprobar ante la Secretaría de Bienestar en qué se habían gastado el primer apoyo y poder cobrar el segundo pago económico.
En un recorrido en las ferreterías y casas de materiales ubicadas en la avenida Lázaro Cárdenas, en la colonia Emiliano Zapata y La Cima, no había las largas filas de diciembre pasado, y casi la totalidad de las personas que acuden van a preguntar cuándo llega el material que ya pagaron.
En la ferretería La Cima, una de las encargadas dijo que las tres grandes empresas de materiales de construcción que surten a Acapulco están tratando de abastecer lo antes posible todo el inventario solicitado, y que en algunos casos se ha retrasado algunas semanas más la entrega del pedido como el block ligero.
Otros materiales de primera mano que se requieren son la grava y la arena, que también se ha dificultado su entrega ante la escasez que hay. La mujer dijo que el precio no ha variado mucho y se mantiene. Un carro de arena ronda los 2 mil 500 pesos, y uno de grava en 4 mil 500 pesos.
La vendedora dijo que algunas de las personas que han acudido tratan de exigir que se les devuelva el dinero de lo que ya compraron porque el material no llega, sin embargo desde que compraron y apartaron el producto se les indicó que no hay devoluciones de efectivo, además de que el material ha sido encargado.
En otra casa de materiales ubicada en la colonia Emiliano Zapata había un letrero que decía que no había entrega de materiales a casa, por la gran cantidad de órdenes por entregar, y uno de los trabajadores dijo que podría haber espacio hasta finales de mes.

 

Por abuso de infantes, la denuncia contra quienes armaron niños en Ayahualtempa

Aurora Harrison

El director de Gobernación del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, informó que uno de los delitos por los cuales se presentará la denuncia en contra quienes armaron y presentaron a los 15 niños y cinco niñas de Ayahualtempa será por abuso de infantes.
En declaraciones en las oficinas de la Delegación de Comunicación Social, ubicadas en plaza Marbella, en Acapulco, dijo que era una acción de presión política que un grupo de adultos utiliza a los niños ante situaciones no justificadas.
Como se informó, autoridades comunitarias y pobladores de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera, presentaron a 15 niños y cinco niñas y adolescentes que formarán parte de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), para la defensa de su territorio.
Sobre cuándo presentará la denuncia, el funcionario respondió que la próxima semana porque la Procuraduría de la Defensa del Menor hace “una revisión para hacer el encuadramiento jurídico y presentar la denuncia en la Fiscalía General del Estado a efecto de que se investigue y se deslinden responsabilidades y haya una persecución, en el caso de que existan personas responsables, por la comisión de esta actividad.
“Constituye un abuso para los niños por armarlos, porque ellos, debemos de recordar, que no tienen la edad para tomar una decisión en ese sentido, y eso constituye un abuso de menores”, dijo el funcionario, quien desestimó que se hayan armado para dar seguridad: “ellos están obligados, a diferencia de los adultos que ya tenemos conocimiento pleno de las cosas, podemos tomar una decisión, a ellos los obligaron adultos con una finalidad”.
Dijo que la presentación de los niños armados como parte de la CRAC-PF “es una acción de presión que un grupo de adultos utilizan para presionar al estado, ante situaciones que no se justifican. En primera porque hay una presencia permanente del estado en su más amplio contexto. Está la presencia de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional, la propia policía del estado, e incluso la Fiscalía está haciendo una serie de actuaciones en la localidad y en materia de atención social”.
Recordó que el año pasado el Gobierno del estado destinó presupuesto para la construcción de calles, la construcción de dos aulas de telebachillerato en la comunidad de Ayahualtempa, y la Secretaría de Bienestar tiene presupuesto para huertos escolares, cuartos adicionales en las casas y pintura; también hay “una misión cultural del gobierno federal también trabajando en la localidad” en prevención y atención.
“Nosotros reconocemos que hay una serie de incidentes que son muy lamentables, también somos muy categóricos en afirmar que la acción del estado ha sido contundente desde que llegó esta administración. Hay una presión política por parte de los líderes que se autodenominan policías comunitarias, y nosotros estamos trabajando de forma institucional en ese corredor de Chilapa-Hueycantenango, hemos dialogado con todos”.
Detalló que hay inconformidad de maestros de la comunidad de que haya niños armados.
De la desaparición de familiares del comandante de la CRAC-PF Antonio Toribio Gaspar, dijo que desde el primer momento se atendió “y el día que ellos deciden hacer este acto de presión” el dirigente participaba en una de las acciones acordadas, se “subió al helicóptero de la Policía del Estado a efecto de hacer un reconocimiento en la zona”.
Agregó que un día antes de la presentación de los menores armados, estuvo en una reunión con los dirigentes, “hemos estado todas las autoridades”. Detalló que en la entrada a la comunidad hay un módulo de la policía estatal que está 24 horas.
Rodríguez Cisneros dijo que se desconoce el motivo por el cual los familiares de Antonio Toribio fueron privados de su libertad. Aseguró que la Fiscalía General del Estado está llevando a cabo la investigación sobre esos hechos, porque se sigue con la búsqueda con el apoyo de la federación y de los propios familiares que decidieron participar.
En tanto, la Fiscalía estatal inició una carpeta de investigación por el delito de corrupción de personas menores de edad, ante el conocimiento de que en la comunidad de Ayahualtempa, un grupo identificado como “Policías Comunitarios” armaron a dos decenas de niños y niñas.
Por la anterior, “con el firme compromiso de velar por el interés superior de la niñez esta Fiscalía inició las investigaciones correspondientes en contra de quien o quienes resulten responsables, a fin de garantizar la integridad física, psicológica y emocional de los menores, como también lo establece la Declaración de los Derechos del Niño”.
Se añade, en un comunicado, que “en irrestricto apego a sus funciones de procuración de justicia además de investigar, la FGE coadyuvará con autoridades estatales y federales para la prevención del delito, así como en la concientización de los pobladores sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes”.

 

Advierte el obispo Rangel de que grupos “no buenos” impongan candidatos en 2024

El ex gobernador Héctor Astudillo y ex obispo emérito Salvador Rangel se saludan en el acto de toma de protesta de Javier Saldaña como rector de la UAG. En la imagen aparece también el ex candidato a gobernador Mario Moreno Foto: Carlos Carbajal

Daniel Velázquez

El obispo emérito Salvador Rangel Mendoza, alertó que existe el riesgo de que en los comicios de 2024 “sectores, y no precisamente los buenos” impongan candidatos e influyan en los resultados de la elección, mediante el finaciamiento o la presión.
Rangel Mendoza fue uno de los invitados a la ceremonia de toma de protesta de Javier Saldaña Alamzan como rector –por tercera ocasión– de la Universidad Autónoma de Guerrero. Consultado por reporteros sobre el Diálogo Nacional por la Paz que se llevó a cabo en Puebla, confió en que las acciones impulsadas por la iglesia, sociedad y autoridades den resultados poco a poco.
“Sabemos que vienen tiempo difíciles… yo ya lo he declarado, corremos el peligro que las elecciones nos las ganen ciertos sectores y no precisamente los buenos, y es donde tenemos que reaccionar, porque si seguimos así, apáticos a lo que sucede, haciéndole como que aquí no sucede nada, moviendo la cara para otro lado, creo que así no vamos a progresar”.
A pregunta sobre dónde ve los riesgos, y quiénes son esos no buenos, el obispo respondió que en todo el estado: “Guerrero es Guerrero, esos señores van a meter la mano por donde quieran, si en la elección del (20)18 la metieron, mucho mas en el (20)24 y es donde debemos estar pendientes, porque no sólo es la elección del personaje sino cómo lo exprimen y lo explotan después”.
Sostuvo que el riesgo está en todas las elecciones, en las de senadores y diputados federales y en de diputados locales y alcaldes, “en todas, hay que ver”. Sobre de qué manera van a influir en las contiendas electorales, si mediante lo económico o la fuerza de esos grupos, respondió que de todas las formas, “son como las víboras de mil cabezas, por donde quiera se meten”.
De la petición de comunidades de armarse para enfrentar la inseguridad en sus comunidades, Rangel Mendoza opinó que “ese no es el camino, la violencia engendra mas violencia”, por lo que corresponde al gobierno del estado que “poco a poco vaya agarrando su papel” como garante de la seguridad en las comunidades.
Llamó, a propósito de estar en la ceremonia de toma de protesta del rector, que las universidades también deben aportar su granito de arena para la pacificación del estado.
Sobre al anuncio del dirigente estatal de Morena, Jacinto González Varona, de recurrir a la Secretaría de Gobernación para limitar sus expresiones sobre el problema de inseguridad en la entidad, Rangel Mendoza dijo que debería leer la Constitución, “a veces los burros hablan de orejas. Yo sé perfectamente lo que dice la Constitución, que no podemos tener preferencias políticas, que no podemos apoyar a candidatos, que no podemos prestar instalaciones para cuestiones políticas pero nunca nos prohibe la opinión. Somos ciudadanos, somos mexicanos, tenemos el derecho a la expresión, que no se hagan tontos, díganles de mi parte”.
Consideró que las declaraciones del morenista son porque busca protagonismo.

 

Inicia CETEG un brigadeo en la Montaña para pedir a maestros que no hagan su declaración

En las instalaciones de la CETEG en la región de la Montaña, el secretario general Héctor Torres Solano, acompañado de su comitiva, asegura que la solicitud del gobierno federal sobre la declaración patrimonial, constituye un golpe a los derechos laborales de los trabajadores de la educación Fotos: Carmen González Benicio

Carmen González Benicio

Tlapa

Los integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) iniciaron un brigadeo en las escuelas de la región Montaña, para decirles a sus agremiados que no rindan su declaración patrimonial, porque es un golpe a sus derechos laborales.
El dirigente de la CETEG, Héctor Torres Solano, advirtió en conferencia de prensa en Tlapa, realizada en las instalaciones regionales de la agrupación, que los maestros que forman parte de esa organización magisterial no van a rendir su declaración patrimonial, porque es un “golpe” del gobierno federal a sus derechos laborales.
Agregó que no se dejarán presionar por los supervisores y directores, que sabe los están “hostigando” para que declaren su patrimonio, porque la ley es clara sobre quién debe hacerlo, “todo servidor público que haya sido electo por elección popular tiene esa obligación de llevar a cabo una declaración patrimonial”, remarcó.
Afirmó: “Como maestros, fuimos contratados por la necesidad que se tiene en las diferentes localidades, en donde se requiere el servicio educativo, y no fuimos electos en votación”.
Señaló que además, en la ley, uno de los transitorios establece que deben declarar su patrimonio quienes fueron contratados de 2019 a la fecha, y ninguno de ellos está en esa situación.
Dijo que las autoridades educativas tienen claro cuánto perciben los trabajadores, tanto el gobierno federal, que es el que les paga, como la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), “tienen esos datos. Yo no sé porqué el afán de querer obligar y hostigar para que lleven a cabo su declaración patrimonial”, y que eso lo van a frenar alzando la voz.
Torres Solano dijo que la CETEG inició una jornada informativa en las regiones de la entidad, para dar a conocer cómo caminan las mesas de trabajo y lo que viene afectando la Ley de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm).
También hablan del proyecto alternativo que impulsan como CETEG, porque el gobierno trabaja un “proyecto híbrido, en donde quieren que desaparezca el docente y reemplazarlo por la tecnología”.
También habló de las afectaciones que dejó la ley del ISSSTE y de cómo el aumento salarial, que anunció el gobierno federal el 15 de mayo, del 8 por ciento, no se distribuye como debe ser, porque no les favorece en la jubilación.
Insistió Torres Solano en que no harán su declaración patrimonial, “por seguridad”, porque “sabemos cómo se ha estado queriendo extorsionar a los compañeros y hoy, con datos personales, los ponen en riesgo”.

 

Incumple el Congreso los acuerdos logrados con Félix Salgado, denuncia dirigente sindical

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El secretario general del sindicato Sentimientos de la Nación, Fernando Martínez Román, informó que la administración del Congreso local, que encabeza la diputada Yoloczin Domínguez Serna, no ha cumplido con ninguno de los acuerdos que lograron con el senador Félix Salgado Macedonio, quien se comprometió a la reinstalación de los trabajadores despedidos y a reiniciar la mesa de negociación.
Por el contrario, denunció que se agudizó el hostigamiento en contra de los integrantes del sindicato y que los funcionarios de Yoloczin Domínguez los presionan para que firmen el desconocimiento del comité, además de que se ratificó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por la toma de la sede del Congreso local.
En declaraciones telefónicas, Fernando Martínez comentó que no habían querido dar declaraciones o hacer la denuncia. porque estaban esperando a que se generarán los espacios para dialogar con la administración del Congreso del Estado y a que se concretaran los acuerdos “que de buena fe” el senador realizó con los trabajadores para ayudarlos, interviniendo ante Yoloczin Domínguez.
Sin embargo, dijo que ya es “insostenible” lo que ocurre en el poder Legislativo, porque desde las diferentes áreas en el Congreso local, como Servicios Parlamentarios, Servicios Financieros y Administrativos; Recursos Humanos, Recursos Materiales, Contraloría, Jurídico, Almacén y Comunicación Social, los funcionarios presionan directamente o a través de sus subordinados a los integrantes del sindicato.
A los agremiados al sindicato Sentimientos de la Nación “los presionan” para que firmen el desconocimiento del comité de esta organización, a quienes incluso les han dicho que ya lograron concretar con la diputada Yoloczin Domínguez “algunas bases”.
Para obtener estas bases, dijo, los condicionan a la firma de este documento, por el que se busca el desconocimiento de este comité del sindicato, en ese sentido, Fernando Martínez no descartó que la intención sea finalmente desaparecer esta organización.
Desde el pasado viernes 3 de marzo, el sindicato se reunió con el senador Félix Salgado, quien se comprometió a intervenir para solucionar el conflicto laboral y uno de los principales compromisos fue el reinstalar a los tres trabajadores despedidos.
Los trabajadores despedidos fueron Alondra Reza Arzola, que estaba en Relaciones Públicas, como edecán, quien de acuerdo con lo hablado con el senador, sería adscrita en la oficina del diputado Jacinto González Varona; Ramón Núñez Campos, quien chofer del vehículo que ofrece el servicio de transporte a los trabajadores, y el secretario general del sindicato Fernando Martínez, con el diputado Joaquín Badillo Escamilla.
Sin embargo, a pesar de que desde el lunes 6 de marzo se presentaron a laborar en sus nuevas áreas, la administración del Congreso se ha negado a reinstalarlos. En el caso de los trabajadores adscritos con Joaquín Badillo, el diputado morenista informó por oficio a la subdirectora de Recursos Humanos, Juanita Aviléz Rodríguez, sobre que ambos trabajadores estarían en su oficina como nueva área de adscripción, la funcionaria se negó a realizar el cambio.
“Me permito informarle que los compañeros fueron rescindidos de su relación laboral con este Congreso del Estado, con fecha 24 de febrero en el caso de Ramón Núñez Campos y con fecha 28 de febrero en el caso de Fernando Martínez Román. Derivado de la situación, al no ser trabajadores del Congreso, no es posible atender su solicitud”, le respondió Juanita Avilés.
A pesar de que los tres trabajadores se están presentado a trabajar en las oficinas de Jacinto González y Joaquin Badillo, no se les han pagado dos quincenas.
Fernando Martínez informó también que se ratificó la denuncia ante la FGE, por la toma de la sede del Congreso, en su contra y de otros dos trabajadores Fredy Solache Álvarez y Salustio García Dorantes.
El dirigente del sindicato cuestionó si la presidenta de la Mesa Directiva, la perredista Yanelly Hernández Martínez, como representante legal del poder Legislativo, autorizó al secretario de Servicios Financieros y Administrativos, Andrés Rosendo Orozco Pintos, para presentar y ratificar la denuncia contra los trabajadores.
En ese sentido, reprochó que a pesar de que los trabajadores tuvieron que tomar medidas, como la toma del Congreso por la falta de diálogo y el despido de tres trabajadores, ahora enfrentan también una denuncia penal, por lo que pidió que las fracciones parlamentarias se pronuncien al respecto.

 

Se niegan padres de la Técnica 186 en Zihuatanejo a abrir la escuela; piden maestros

Padres de familia de la secundaria técnica 186 Adolfo López Mateos, ubicada en la unidad habitacional Infonavit El Hujal, de nueva cuenta se negaron a abrir el plantel para que los alumnos reciban clases, porque funcionarios de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) les enviaron de manera informal el nombramiento para una maestra de inglés.
Los familiares exigieron ver el documento de manera física y que se les asegure que a los maestros se les va a pagar su salario, “de lo contrario, no vamos a abrir la escuela”.
Este martes, las madres de familia que hacían guardia en el portón principal de la escuela informaron, hasta este día, que ya les han resuelto su petición de los maestros de Informática, Artes e Inglés. Comentaron que funcionarios de la SEG les hicieron llegar, vía Whatsapp, una fotografía con el nombramiento de la maestra de Inglés, “lo de la maestra que según ya está, pero lo que nosotros queremos es ver el documento aquí, físicamente, que se lo traigan a la maestra, porque así por Whatsapp para nosotros no vale”.
Una de las madres agregó que aunque sólo queda pendiente que les resuelvan sobre el maestro de Ciencias, están exigiendo que la SEG mande los nombramientos, pero que también vengan con techo financiero para pagarles, “tenemos el caso de un maestro de esta escuela al que le han dado varios nombramientos, pero no le pagan porque no hay techo financiero. Así no es la cosa, queremos que vengan los maestros con sus nombramientos, pero que también haya lana (dinero) para pagarles”.
A pregunta, otra madre de familia dijo que si la SEG no les resuelve, “no vamos a abrir la escuela. Estamos conscientes de que ya se acabó el año escolar, por lo que nos estamos previniendo para el año escolar que viene, porque se van a jubilar varios maestros y vamos a estar igual. Si tenemos que presionar a las autoridades lo vamos a tener que hacer”. (Brenda Escobar / Zihuatanejo).

 

Adeuda la SEG horas de salarios a 20 docentes de secundarias técnicas desde hace dos años, denuncian

Maestros y trabajadores de la zona escolar 5 de secundarias técnicas, que pertenece a la región Centro, denunciaron que las autoridades adeudan horas a unos 20 docentes desde hace más de dos años.
En declaraciones hechas en las oficinas alternas de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), ubicadas en la colonia Tribuna Nacional, donde operan la Dirección General de Administración de Personal y la Subdirección de Pagos, la supervisora de la zona, Margarita Castrejón Huico, y la maestra María Espejo informaron que las autoridades citaron a una comisión de docentes a una mesa de diálogo, pero ésta no se concretó.
María Espejo dijo que las autoridades “sólo al que exige con malas acciones le hacen caso” y dejan “hasta el último” a los trabajadores del sector que priorizan el diálogo y cumplen con los trámites correspondientes.
Expuso que unos 20 trabajadores de El Ocotito, Petaquillas y Palo Blanco, municipio de Chilpancingo, así como de Quechultenango, son afectados por la falta de pago de horas adicionales que en un principio se otorgaron mediante el artículo 43; es decir, recibieron un nombramiento provisional que tienen que renovar cada determinado tiempo.
Precisó que los trabajadores están dentro del Servicio Profesional Docente y tienen una plaza, pero con pocas horas, por ello luchan para incrementar su carga laboral, así como su salario. Añadió que algunos maestros se jubilan, piden sus cambios de adscripción y en lugar de reemplazarlos, le dan estas horas a otros trabajadores de manera temporal, mediante el artículo 43, pero no es una medida que solucione definitivamente la situación.
Castrejón Huico se quejó de que las autoridades “no nos hacen caso, al parecer todo lo gestionan por la vía de presionar mediante las corrientes sindicales o sociales. A los que hicimos el trámite desde el principio ya ni nos atienden, nos están ignorando”.
Puntualizó que el director general de Administración de Personal, Eduardo León Encarnación, y el titular de la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la SEG, Jorge Alonso Peña Soberanis, son los que deben resolver la situación que desde agosto pasado prometieron solucionar, pero a la fecha no hay respuesta.
Ante las circunstancias, los inconformes informaron que dialogarán con todos los trabajadores y están preparados para manifestarse de manera radical, debido a la omisión de las autoridades.
El 8 de febrero del año pasado, los maestros y trabajadores de la zona escolar 5 de telesecundarias protestaron en la capital, para exigir que se atendiera y regularizara su situación.(Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo)

 

Bloquean pobladores de tres municipios vialidades en la capital; piden 15 maestros

 

Pobladores de comunidades de los municipios Quechultenango, Chilapa y José Joaquín Herrera, bloquearon vialidades en la capital y retuvieron al delegado de Servicios Educativos de la región Centro, Alfredo Bello Salmerón, para exigir 15 maestros.
Desde las 9 de la mañana, unos cien padres de familia, comisarios y maestros agremiados en la Dirección Colectiva de la Montaña baja, de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) llegaron al estacionamiento de la tienda comercial Aurrerá, donde una comisión dialogó con Bello Salmerón.
El integrante de la Comisión de Gestoría Laboral de la Dirección Colectiva de la CETEG, quien prefirió reservar su nombre, informó que desde hace dos años los maestros del municipio comenzaron a jubilarse, pero las autoridades no enviaron a los reemplazos correspondientes.
Precisó que los 15 maestros hacen falta en distintos planteles de educación preescolar, primaria y telesecundaria, ubicados en Quechultenango, y a pesar de que los padres de familia exigieron en reiteradas ocasiones que se resuelva la situación, la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) ignoró sus demandas.
La comisión dialogó con Bello Salmerón más de dos horas, sin embargo, el funcionario dijo que no podía concretar ningún acuerdo sin autorización de sus superiores y ofreció una mesa de trabajo en las oficinas alternas de la Subsecretaría de Educación Básica, ubicadas en la colonia Infonavit, por lo que representantes se trasladaron al lugar donde no se encontraba ninguna autoridad y entonces, los manifestantes decidieron marchar al Palacio de Gobierno.
En el recorrido, los inconformes portaron mantas y pancartas en las que se leyó: “Exigimos personal docente”, “solución inmediata a nuestra petición” y “rechazo a la reforma educativa, CETEG por la defensa de los derechos laborales, justicia para los compañeros caídos y libertad inmediata a los presos políticos, ¡alto al terrorismo de Estado!”.
Al llegar al Palacio de Gobierno, los manifestantes se dividieron en dos grupos para bloquear de manera total el paso vehicular frente a las instalaciones, en los dos sentidos del bulevar del río Huacapa, como una medida de presión para que las autoridades atendieran sus demandas. Sin embargo, no recibieron una respuesta favorable a sus demandas y a las 5 de la tarde, marcharon al cruce de la avenida Ruffo Figueroa con el bulevar Vicente Guerrero, donde Bello Salmerón acudió a ofrecer una mesa de trabajo con representantes del gobierno estatal, pero los manifestantes la rechazaron y decidieron retener al funcionario.
Más tarde llegó el subsecretario de Asuntos Indígenas, Martín Maldonado del Moran, quien dialogó con una comisión, pero tampoco concretó acuerdos. Ante las circunstancias, los manifestantes liberaron la circulación a las 9:30 de la noche y se retiraron. Expresaron que fueron engañados por las autoridades y que volverán a la capital con un contingente mayor para presionar a las autoridades.

 

No se presionó a universitarios para que se deslinden de Zeferino, dice Chavarría

* Recibe la adhesión de priístas de Acapulco

* Que diga de dónde está sacando el dinero, responde a la propuesta de  Torreblanca de que se investigue el origen de los recursos de las precampañas

Adalberto Valle * El aspirante a la candidatura del PRD para gobernador, Armando Chavarría Barrera, rechazó que haya habido presión alguna para que trabajadores de la UAG aclararan que no forman parte de la Coordinadora Universitaria que apoya a Zeferino Torreblanca.

“Rogelio Ortega y la gente que apoya a Zeferino (Torreblanca) que para mí son universitarios respetables, llevaron (el miércoles) a La Cartuja a muchachos uniformados de prepa y hay evidencias de que fueron presionados para ir. Pero independientemente de eso, lo que es evidente es que usaron nombres de profesores en un desplegado que ese mismo día fue desmentido”, declaró el senador antes de un acto en el que recibió el apoyo de unas 25 personas que integran la Alianza de Priístas Democráticos.

El jueves pasado se publicó en El Sur una carta firmada por los profesores de la Preparatoria 2, Herlinda Gervasio Jiménez, Gloria Venancio Pimentel, Arlet Méndez Pérez, Luis Candia Celestino y Rafael Arizmendi Neri en la que señalaron que no habían firmado un desplegado a favor de Zeferino Torreblanca como parte de la Coordinadora Universitaria, que se publicó en este periódico el lunes pasado. También apareció otra carta del trabajador administrativo, Armando Salgado Basurto en ese mismo sentido.

El viernes, el responsable de ese desplegado, Rogelio Ortega Martínez –de la misma forma– pidió a los signantes que dirigieran su reclamo a la persona que recabó su firma y que dieran a conocer el nombre de quien lo hizo. Además, anexó al documento publicado en El Sur la prueba de las firmas de los inconformes en el texto original. (Ver recuadro).

–¿Y no hubo presión para desmentir esa carta? –se le preguntó al senador.

–De ninguna manera, ahí están, pregúntele a los que la suscribieron. Aquí no presionamos absolutamente a nadie. Siempre hemos dicho que en la universidad hay libertad para que apoyen al que quieran, es sólo que los profesores fueron sorprendidos y dijeron que jamás autorizaron su apoyo a Zeferino, y de pilón señalaron que apoyan la candidatura de Armando Chavarría.

–Zeferino Torreblanca ha pedido que se investigue sobre el origen de los recursos de las precampañas.

–Está bien, que predique con el ejemplo, que nos diga de donde está sacando el dinero.

–¿Podría haber dinero sucio en las precampañas, como lo dijo Zeferino?

–No sé, yo espero que no, a menos que se esté amarrando el dedo.

Sobre la adhesión de diversos grupos a sus aspiraciones, el senador comentó que desde hace seis meses ha hecho un llamado a construir el movimiento de la nueva mayoría. “Aquí caben todos los partidos políticos de oposición y los sectores de la sociedad que no tienen partido. Esto incluye al PRI, porque también con ellos podemos tener coincidencias, sobre todo en el plan de gobierno”.

Dijo que este apoyo de priístas “es un botón de muestra” de lo que ocurrirá en próximos días, cuando espera que se venga “una cascada” de adhesiones a su precandidatura.

Añadió que los integrantes de la Asociación de Priístas Democráticos no están renunciando a su militancia, sino que coinciden en su proyecto amplio y plural.

– ¿Con qué partidos ha tenido pláticas para formar la coalición?

– Hemos estado hablado con Sentimientos de la Nación, con el Partido del Trabajo, con el PRS, con líderes del PAN y con dirigentes de Convergencia. A ellos les hemos planteado la posibilidad de una amplia alianza encabezados por el PRD.

En el acto efectuado en el restaurante Mi Vereda Tropical, sobre el bulevar Papagayo, Chavarría se reunió con unas 25 personas, entre las que destacaban el ex suplente del ex regidor priísta Francisco Villa, José Leonor Palma; así como integrantes de la Asociación de Profesionistas de Educación Física, como Rosendo Rodríguez y Armando Inmán; además de abogados como Gregorio González, así como “profesionistas y vecinos de colonias rurales”.

En ese sitio también se vio al responsable del área de Prensa del PRI municipal, César Felipe Leyva, quien posiblemente acudió a ver quienes eran los que le otorgarían el apoyo al senador perredista.

Chavarría dio la bienvenida “a este equipo” y les prometió un gobierno honesto y eficiente. “No les pido que renuncien a su partidismo, pero sí que se sumen a esta oportunidad para lograr la alternancia en el gobierno”, apuntó.