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Se reactiva el conflicto en la Técnica 311 de Iguala por la salida de la directora encargada

Alejandro Guerrero

Iguala

Padres de familia de la secundaria técnica 311 Leyes de Reforma, con el apoyo de vecinos y el delegado de la colonia Fermín Rabadán, el ex regidor Jorge Julián Gómez, volvieron a tomar la escuela para apoyar la reinstalación de la directora Karina Camarillo Piedra.
Los familiares también exigieron la expulsión de los profesores que tengan antecedentes de denuncias por violación, acoso, discriminación y agresiones.
Este conflicto en la Técnica 311 inició el 17 de septiembre, cuando padres de familia, con el apoyo de un grupo mayoritario de nueve profesores, tomaron la escuela para pedir la destitución de la directora encargada Karina Camarillo, acusada de presuntos actos de corrupción, maltrato a los alumnos y hostigamiento laboral, lo que afecta las clases para 113 alumnos.
De forma reciente, el conflicto había cesado y las clases se habían reanudado parcialmente, con una fracción de docentes que no está en paro, luego del ofrecimiento de las autoridades educativas que, para las 10 de la mañana de este miércoles, se realizaría una reunión en la escuela.
Pero las autoridades no se presentaron, lo que generó molestia entre los padres de familia.
Ahora, con el apoyo del delegado de la colonia Fermín Rabadán, el ex regidor del PRD, Jorge Julián Gómez, las madres de familia exigen la reinstalación de la directora Camarillo Piedra y advierten que no permitirán el ingreso del grupo de nueve profesores que pararon labores hace un mes.

La directora presenta pruebas

En ese lugar se presentó la directora, quien informó que fue llamada a una reunión en los Servicios Educativos, con la delegada regional de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Rosalinda Neri Ruiz, y la jefa del departamento de Secundarias Técnicas, Ana Otilia Gallardo Molina, quienes se negaron a ir al encuentro con los padres y la reunión con ellas concluyó sin acuerdos.
La directora mostró una serie de evidencias, entre ellas notas periodísticas, con las que denunció que el problema en esta escuela, que tiene una plantilla de 23 trabajadores, es que 15 de ellos habían sido corridos desde 2017 de otros planteles, por diversos conflictos, y “este fue su refugio”, por ser una escuela de nueva creación.
Mencionó como ejemplo el caso del profesor Marco Antonio Obispo García, acusado de violar a una alumna en la secundaria técnica Benito Juárez, en el municipio de Copalillo, en 2010, pero quien fue liberado sin cumplir su condena.
Mostró a reporteros una nota periodística publicada en El Sur, en diciembre de 2012, en la que se informa que el profesor y ex militar Marco Antonio Obispo, quien en 2010 había sido condenado a nueve años de cárcel por la violación de una alumna, fue liberado tras la revocación que hicieron los entonces magistrados de la Tercera Sala Penal de Iguala, Félix Nava Solís, Antonia Casarrubias García y el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raymundo Casarrubias Vázquez.
También mencionó los casos de Pedro Crisantos Robledo, con denuncias de acoso y discriminación de alumnas; y del coordinador académico Miguel Ángel Garrido Ortiz, quien fue corrido de la Técnica de Buenavista de Cuéllar, por ser un “acosador cibernético”.
Asimismo, dijo que el trabajador social Henry Nava Figueroa tiene actas levantadas porque un día llegó alcoholizado a la escuela y quiso golpear al supervisor. En tanto que otros, como Jesús Salgado Trujillo, en un mes llevaba más de siete días sin asistir a trabajar, además de otras actas levantadas en su contra, por faltas de respeto. Aseguró que debido a esta información la están queriendo sacar de la escuela.
Camarillo Piedra pidió la intervención de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, porque dijo que ha estado luchando contra el machismo en la escuela y afirmó que no existe ningún proceso jurídico en su contra, como lo denunció el grupo opositor.

“¿Quieren chingadazos?”, pregunta el delegado de la colonia

Molesto de forma visible, el delegado de la colonia, Jorge Julián Gómez, dijo ante reporteros que se habían mantenido al margen del conflicto, pero ante el “desinterés y la omisión” de las autoridades, determinó intervenir.
Denunció que las autoridades dejaron “plantados” a los padres de familia y advirtió, “hoy les voy a demostrar cómo se pelea. Voy a involucrar también a la colonia y que caiga quien caiga. Hoy no sólo va a ser pleito con los padres de familia, sino con toda la Fermín Rabadán, porque no se vale lo que están haciendo”, dijo y anunció que convocará a una asamblea.
El delegado señaló que se había acordado con las autoridades de la SEG que se haría la revisión, para que quien tuviera culpa o responsabilidades que se fuera de la escuela, “pero hoy se ha faltado al respeto a la colonia, porque había la confianza de que hoy (ayer) se pudieran aclarar las cosas. Hoy, hay que demostrarle a la secretaría de Educación que solamente con los chingadazos entiende. ¿Quieren chingadazos? Pues eso van a tener, porque no se vale lo que están haciendo”.

Bloquean padres la autopista en El Ocotito; exigen que se reinstale a maestra del Cobach

Lourdes Chávez

Chilpancingo

A alrededor de las 7 de la noche, padres de familia del plantel 17 del Colegio de Bachilleres (Cobach) en El Ocotito, bloquearon la Autopista del Sol, cerca del parque industrial, en ambos sentidos, para exigir la reinstalación de la maestra Azúcena Jiménez Navarrete.
Los familiares, además, exigen el regreso de los estudiantes a clases presenciales, luego de que éstas fueran suspendidas por la toma del plantel, desde el lunes pasado.
Vía telefónica, una madre de familia informó que en la tarde se había realizado una asamblea en la escuela, donde los padres discutieron éste y otros problemas en el plantel. Ahí resolvieron cerrar la carretera de cuota, alterna a la escuela, a fin de tener una mesa de trabajo resolutiva con el director general del Cobach, Jesús Villanueva Vega.
Desde el lunes, padres apoyaron el cierre de las instalaciones, para apoyar a tres trabajadoras agremiadas en la sección 63 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), que exigían promociones, y reinstalación de la maestra de Biología, Azúcena Jiménez, sacada de nómina hace casi dos meses.
También señalaron que hubo quejas recientes, de hostigamientos sexual contra dos alumnas, que no habían sido atendidas por las autoridades de la escuela.
Al momento de conocer el cierre de la autopista, se supo que el director general del Cobach se dirigió a la vía, para atender a los inconformes y levantar el bloqueo.
De acuerdo con un aviso del gobierno estatal, a las 7:45 de la tarde terminó el cierre de la Autopista del Sol, pero a las 9:30 de la noche continuaba la mesa de negociación.
El secretario particular de Villanueva Vega, Fernández Hernández, informó que en la mesa de negociación con el director general, estuvo el titular del Órgano Interno de Control, José Antonio de la Cruz Francisca, entre otros funcionarios.
Recordó que la auditoría está facultada a hacer investigación internas, de quejas como acoso y hostigamiento, que se hicieron públicas en el plantel 17, pero solicitaron que las madres de familia proporcionen las pruebas de manera anónima, para poder iniciar los procedimientos conducentes.
También señaló que tras las lluvias del huracán John, en el plantel 17 hay clases virtuales, porque hay filtraciones, por lo tanto, aseguró que no se han suspendido labores académicas.
De las demandas laborales, aclaró que se siguen analizando los casos particulares de promoción y reinstalación, para que en oficinas centrales puedan darles seguimiento. Destacó la intención de mantener el diálogo con este movimiento, pues el martes se instaló la mesa de trabajo con directivos de oficinas centrales.

Publicó la CFE un libro que reseña cómo restableció el servicio después de Otis

Ramón Gracida Gómez

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) expone en un libro que tras el paso del huracán Otis, estudió la posibilidad de diseñar nuevas líneas de transmisión subterráneas en Acapulco, pero los altos costos y la necesidad de recuperar rápidamente la energía eléctrica orientaron a la empresa paraestatal a recuperar la transmisión torre por torre.
El libro Otis: crónica del huracán que oscureció Acapulco y de los días para volver a iluminarlo, fue dado a conocer el 18 de septiembre pasado por el entonces director de la empresa paraestatal, Manuel Bartlett, en la Ciudad de México, y puede ser consultado en su página de Internet con la ilustración de numerosas fotos del desastre que ocasionó el huracán categoría 5.
Alrededor de mil trabajadores de la CFE situados estratégicamente antes de la llegada del huracán iniciaron el reconocimiento de daños en la red eléctrica de la región. El puerto estaba incomunicado y sin suministro de energía eléctrica en nueve áreas: Playa Diamante, Papagayo, El Quemado, Pie de la Cuesta, Tierra Colorada, San Jerónimo, Chilpancingo, Altamirano y Arcelia.
Al paso de Otis, quedaron fuera de operación 50 líneas de transmisión, 29 subestaciones y una central de generación. 21 líneas se colapsaron con 170 estructuras en los voltajes de 400, 230 y 115 kilovolts. La destrucción de la infraestructura eléctrica costó 4 mil 201 millones de pesos.
“Pero no todo era oscuridad para este territorio del sur de la República: de forma inmediata, y gracias a su servicio automatizado, la CFE recuperó la energía eléctrica del 40% del sistema de Acapulco. Para ese entonces, solamente una línea de transmisión tenía energía eléctrica”.
En total, la CFE desplegó más de 2 mil 900 trabajadores, 283 grúas, 875 vehículos, 147 plantas de emergencia, 38 torres de iluminación, 7 helicópteros y más de 3 mil 639 toneladas de materiales que se sumaron a las 3 mil 500 que ya se tenían ubicadas en el sitio para restablecer la energía eléctrica en 10 días, “un récord que otros países no han conseguido luego del paso de un huracán categoría 5”.
La empresa paraestatal afirma que para el 26 de octubre restableció el 50 por ciento de la energía eléctrica de Acapulco y entre el 29 y 31 de octubre, restableció el servicio en el Hospital General, el Hospital Militar, el Hospital de Cancerología y el IMSS, y recuperó las subestaciones eléctricas de Agua Zarca, San Luis Acatlán, Malinaltepec, Ayutla, Cruz Grande, Papagayo y El Quemado.
La CFE indica que las dificultades que afrontaron sus trabajadores fue el acceso a zonas complicadas para hacer las maniobras que se requerían, principalmente en la periferia de Acapulco y en la sierra, “donde la humedad, las inundaciones y la irregularidad del suelo entorpecían las labores”.
Entre los retos se encontraron que “pobladores construyeron sus casas en la trayectoria de las líneas de transmisión. Por ello algunas de las fotografías más sorprendentes de Otis muestran restos de torres de transmisión dentro de los inmuebles de la ciudadanía”.
La CFE estudió la posibilidad de recuperar los materiales y diseñar nuevas líneas de transmisión subterráneas para no perjudicar el entramado urbano, pero hubo tres problemas que lo impidieron, una de ellas fue que la infraestructura estaba asegurada “y las aseguradoras cubren los daños tras un huracán únicamente si las líneas de transmisión y las torres se levantan en el mismo territorio donde fueron derribadas”.
Además, “construir una línea subterránea implicaba un presupuesto mayor porque los materiales son totalmente distintos y sus precios son definitivamente más altos”; y, por último, “una instalación subterránea exigiría más tiempo, algo que no se podía hacer en Acapulco. Por ello se decidió que las líneas de transmisión se recuperaran torre por torre”.
Fue en marzo de 2024 que la CFE “concluyó la reconstrucción total y definitiva de la red de transmisión en alta tensión de la zona Acapulco, que incluía 166 estructuras afectadas y cuatro estructuras adicionales requeridas para reforzar algunas de las líneas de transmisión dañadas”.
Fueron 331 mil usuarios que no pagaron luz durante los primeros meses después del paso de Otis, lo que equivale a mil 475 millones de pesos.

Protestan padres y maestros en la CFE de Chilpancingo; piden servicio en una primaria

Maestros y padres de familia de la primaria 30 de Abril, ubicada en la colonia Ampliación Independencia, protestaron en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para exigir la reinstalación del servicio de luz.
Contaron que desde hace siete meses, la CFE les corta continuamente el servicio, ya que la escuela está conectada por medio de “diablitos”.
Los maestros precisaron que la escuela salió beneficiada para la habilitación de un aula de medios, por lo que la CFE tenía que hacer un reajuste en el cableado, por las computadoras que utilizarían, y la propia comisión le dijo que provisionalmente podían colocar “diablitos”, pero ahora les corta la luz y tampoco arregla el cableado.
Unos 30 manifestantes protestaron en las oficinas ubicadas en la avenida La Juventud, en la colonia Burócratas, en donde pidieron la intervención de las autoridades educativas, porque 270 alumnos se quedaron sin clases este martes, debido a que no hay electricidad.
El director de la escuela, Octavio Romero Gerónimo, informó que el lunes acudieron a la CFE y solicitaron la reconexión después de haber realizado el proceso, pero estuvieron hasta las 7 de la noche sin que fueran atendidos.
Destacó: “Cada vez que llegan los de la CFE a la escuela, van y nos quitan los ‘diablitos’, nos arrancan los cables y nos dicen que somos unos rateros por no pagar la luz”.
Los inconformes explicaron que este martes fueron atendidos por un directivo de la empresa en Chilpancingo, quien les informó que el servicio se reestablecería en alrededor de una hora.
Los padres y maestros aceptaron y se retiraron, pero advirtieron que si el personal de la CFE no cumple con su promesa, volverán a manifestarse este miércoles. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).

Más tráfico en la calzada México-Acapulco al reiniciar el cobro de peaje en el Maxitúnel

El tráfico incrementó en la calzada México-Acapulco desde el lunes, cuando el Maxitúnel volvió a cobrar el peaje a los automovilistas, pero incluso hasta este martes hay quienes no se habían enterado del cobro, y regresaban hacia la avenida Cuauhtémoc una vez llegando a las cajas de cobro.
En un recorrido por la vía durante a las 9 de la mañana se produjo un intenso tráfico en el sentido de la calzada de Las Cruces hacia La Cima, que se agudizó por los retenes de revisión que mantiene la Guardia Nacional en la lateral del bulevar Vicente Guerrero y en La Cima.
Para las 3 de la tarde el tráfico se intensificó del Centro hacia Las Cruces, y la fila de automóviles que iban a vuelta de rueda iba desde la Garita hasta llegar al trébol de la salida del Maxitúnel.
Desde este lunes el Maxitúnel que permaneció sin cobrar su uso, comenzó a cobrar el peaje a los usuarios. Para los automóviles el costo es de 172 pesos, y para las motocicletas es de 85 pesos, pero con la tarjeta de residentes en ambos el costo es de 57 pesos.
Pese a la colocación de una lona, y la difusión del inicio del cobro del Maxitúnel, hubo automovilistas que no se enteraron, lo que provocó que el lunes y aún este martes, hubiese conductores que una vez que llegaron a la caseta de cobro, regresaran hacia la avenida Cuauhtémoc para no pagar el peaje. En el caso del Macrotúnel su uso continúan siendo gratuito. (Jacob Morales Antonio).

Bloquean padres una avenida en Acapulco; piden el servicio de luz y el regreso de una docente

Padres de familia del jardín de niños Independencia de México, ubicado en el barrio de La Fábrica, bloquearon la avenida Constituyentes, junto al paso elevado, para exigir la reinstalación de una maestra Foto: Carlos Carbajal

Karina Contreras

Padres de familia del jardín de niños Independencia de México bloqueron la avenida Constituyentes, frente al Mercado central, en Acapulco, para exigir la reinstalación de una docente y denunciar diversos problemas en la escuela.
Entre sus demandas, los padres piden solucionar el problema de la luz en el plantel, porque se deben alrededor de 126 mil pesos, y que la ex directora regrese las cooperaciones que dieron y el proyector que compraron.
Durante el bloqueo, que duró cuatro horas, en la avenida a un costado del Mercado Central, explicaron que piden también la reinstalación de la maestra Yaremi Paola Alarcón Juárez, quien tenía un contrato y sin avisar la retiraron de su grupo, dejando a los niños sin clases.
Señalaron que su demanda es que la maestra termine el contrato y después se puede ir, lo que no quieren es que sus hijos estén sin clases.
La madre de familia Melisa Yumara González Barbosa explicó que son tres sus demandas fundamentales, una tiene que ver con que el plantel ya tienen 12 días sin luz. Indicó que el problema es que hay personas colgadas del medidor de la escuela, un parque y lavaderos, y las autoridades “nos dicen que vayamos y cortemos los cables. Cómo vamos a cortar nosotros los cables, tiene que venir alguen que sepa”. En la supervisión reportaron la situación, pero se hizo caso omiso y ahora no tienen luz, porque la CFE les cortó el servicio.
Otro tema es que la SEG les quitó a la maestra de tercer año, por lo que quieren que regrese con su contrato, porque están conformes con cómo atiende a sus hijos, porque tiene la capacidad de estar ahí y por eso están pidiendo porque regrese.
Otra situación es que quieren que la ex directora, de nombre Rosa Isela Robles, les regrese el proyector que como padres compraron, el dinero y el material de los salones que se llevó.
Indicó que tampoco tienen directora efectiva, sino nada más una maestra encargada de la dirección, por lo que también quieren que les envíen una, porque desde hace seis meses que la quitaron las autoridades no han mandado el reemplazo, es decir, falta una maestra y la directora.

Inician trabajadores del Cobach un paro de brazos caídos; piden la reinstalación de un compañero

Trabajadores administrativos del Sitcobach del Estado de Guerrero, en el plantel 16 ubicado de la colonia Zapata, cierran la dirección para pedir que se acabe el trato preferencial al SUSPEG Foto: Jesús Trigo

Karina Contreras

Trabajadores administrativos del Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero (Sitcobach) en el plantel 16, ubicado en la colonia Emiliano Zapata, cerraron la dirección de manera indefinida, para exigir la reinstalación del trabajador Diógenes Martínez Morales.
Los 15 trabajadores administrativo se pusieron afuera de la oficina, en protesta de brazos caídos, y todos los trámites de los alumnos están detenidos de manera indefinida. Los manifestantes colocaron pancartas en las que se leía: “Ya basta de represión de la otra expresión sindical”, “respeto a los derechos sindicales de los trabajadores con mayor antigüedad”, “basta de dar trato preferencial a trabajadores de la otra organización sindical. Mientras se respeten los derechos de los trabajadores no habrá conflictos. Pedimos la intervención de la gobernadora” y “respeto a todos los afiliados del Sitcobach. El plantel 16 rechaza el oportunismos del director general, Jesús Villanueva. Trato igualitario a todos los trabajadores”.
A nombre de los paristas, el responsable de Prensa y Propaganda del sindicato, Luis Antonio Salas Pavón, dijo que exigen la reinstalación de su compañero, porque Martínez Morales fue cesado a pesar de que tiene más de cinco años trabajando en el plantel, para dar preferencia a los que ingresa la sección 31 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG).
Indicó que este es el tercer paro de labores de brazos caídos que realizan, porque el director general, Jesús Villanueva, “no nos deja otra salida, porque sigue suscitándose la preferencia a la sección 31 del SUSPEG, otorgándoles plazas administrativas y no soluciona el problema del compañero Diógenes Martínez, quien fue suspendido desde junio del año pasado, cuando ha cumplido con siete contratos”.
Señaló que el trabajador fue observado injustamente por la contraloría estatal al entrar el nuevo gobierno y fue destituido de su plaza, entonces el SUSPEG, que obstenta el contrato colectivo de trabajo, se “aprovecha de eso para lastimar los derechos de los trabajadores. En el caso del compañero Diógenes, no lo dejan entrar al plantel. Ya tiene más de siete contratos y él reúne los requisitos para tener uno ilimitado. Esa es nuestra demanda, de que lo reinstalen, porque están metiendo a personal a trabajar, asignando áreas que no les corresponden, y a nuestro compañero no le resuelven su situación. Lleva más de cinco años y de manera arbitraria le suspendieron sus prestaciones”.
Dijo que las autoridades han querido reinstalar al trabajador, pero el SUSPEG no lo deja, al tener la titularidad del contrato colectivo y de eso se aprovecha, “son los que han venido a violentar todos nuestros derechos y por culpa de esa organización sindical, estamos aquí en paro”.
Salas Pavón dijo que aun cuando el SUSPEG tenga la titularidad del contrato, eso no le da derecho a “vejar los derechos de los demás trabajadores”. Señaló que este sindicato ha estado ingresando a nuevo personal, donde al parecer hay contubernio con la dirección general, que permite esos atropellos sin importar los paros que han hecho, en septiembre, diciembre y ahora este.
Advirtió que si no les resuelven, tendrán que tomar las instalaciones del plantel porque ahora nada más están de brazos caídos a fuera de la dirección, que todos los trámites de los alumnos, como constancias, están detenidos de manera indefinida, porque “ya estamos cansados, la gobernadora Evelyn Salgado no nos regresa a ver. Contraloría no hace nada y pareciera que estamos en los mismos gobiernos pasados. Nada más nos dicen que nos van a resolver lo del compañero Diógenes Martínez, pero interviene la sección 31 y no permiten el ingreso del compañero, cuando reúne los requisitos para ser ilimitado, que son siete contratos, ya los cumple y aún asi fue observado por la contraloría y fue destituido de su puesto”.

Protestan trabajadores del ITA en Acapulco para exigir la destitución del director

Maestros del ITA afiliados al SNTE en caravana en la avenida Costera, en la que denunciaron acoso y hostigamiento laboral, con el descuento a sus percepciones, por parte del director Salvador Herrera Foto: Carlos Carbajal

Karina Contreras

Trabajadores de la delegación D-V-13, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), del Instituto Tecnológico de Acapulco (ITA), realizaron una caravana para exigir la destitución del director Salvador Herrera Soriano.
La caravana, con alrededor de 30 vehículos, inició del Centro de Convenciones de Acapulco y concluyó en el Asta Bandera. Los manifestantes portaban una lona donde se leían sus demandas, como la reinstalación de ocho trabajadores “cesados injustificadamente”.
También un alto al acoso y hostigamiento laboral, alto a los descuentos de nómina injustificados y alto al tráfico de plazas internas. Así como la salida del director, a quien acusan de “déspota, autoritario y prepotente”.
El secretario de Escalafón de la delegación sindical, Mario Jiménez Vázquez, dijo que piden la salida del director por acoso laboral a los trabajadores y que ha hecho una mala asignación de las plazas interinas.
Según el maestros, se contrata a trabajadores sin haber pasado por un proceso de selección y por esos piden a las autoridades federales que “tomen cartas en el asunto, porque no es posible que a cuatro años no les hagan caso”.
Dijo que hay ocho trabajadores suspendidos y que la Junta de Conciliación y Arbitraje dio el fallo a favor de los trabajadores pero no han sido reinstalado, porque no se les comprobó el asunto de corrupción.
Por su parte, Herrera Soriano, quien lleva cuatro años al frente del ITA, ha negado los señalamientos que le hace una parte de los docentes.
Explicó que en el caso de los ocho trabajadores fueron los cesados en 2020 y “son trabajadores que cometieron irregularidades al encabezar una toma de las instalaciones, al violentar toda la normativa del tecnológico”.
Dijo que se levantaron actas administrativa y las autoridades centrales del tecnológico determinaron cesarlos, y agregó que dado todo el soporte documental que hay en contra de ellos, es “imposible reinstalarlos”.
Indicó que ha hablado con el SNTE, pero “el soporte documental es fuerte, siguen en pláticas las autoridades y el sindicato, para ver si los compañeros regresan”.
Herrera Soriano habló sobre lo dicho, de que la Junta de Conciliación ya dio un fallo, y aseguró que no ha sido así.
Explicó que lo que hubo fue un acuerdo, donde se “acudió a firmar un acuerdo para restablecerse, pero lamentablemente el acuerdo se gestionó y se hizo mal por parte del área jurídica del tecnológico. Nosotros somos trabajadores de la SEP y el acuerdo, el área jurídica del tecnológico lo hizo sin notificarle al área jurídica de la dependencia, y por tanto, no tiene validez, porque la validez la tiene el área jurídica de la secretaría”.
De las plazas internas dijo que son 78 plazas que cada semestre están dando a los maestros, “muchos de ellos llevan años en el tecnológico, desde 2014 el sindicato no dejaba que se concursaran las plazas y las traían ellos. Cada semestre estaban cobrando ellos a la gente que quería trabajar”.
Subrayó que en lo laboral él no tiene amigos y las plazas se dan a los que cumplen las normas. Indicó que el delegado sindical, Francisco Zárate, está siendo investigado por el el órgano interno de control de la SEP, porque durante más de 12 años cobró sin dar una sola clase.
El director dijo que los manifestantes quieren regresar a los vicios de antes, sin entender que hay una transformación, que no dan clases y se enojan que se les descuente.
Señaló que los quejosos han metido quejas en la SEP contra él, las cuales han sido desestimadas.

Incumple el Congreso los acuerdos logrados con Félix Salgado, denuncia dirigente sindical

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El secretario general del sindicato Sentimientos de la Nación, Fernando Martínez Román, informó que la administración del Congreso local, que encabeza la diputada Yoloczin Domínguez Serna, no ha cumplido con ninguno de los acuerdos que lograron con el senador Félix Salgado Macedonio, quien se comprometió a la reinstalación de los trabajadores despedidos y a reiniciar la mesa de negociación.
Por el contrario, denunció que se agudizó el hostigamiento en contra de los integrantes del sindicato y que los funcionarios de Yoloczin Domínguez los presionan para que firmen el desconocimiento del comité, además de que se ratificó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por la toma de la sede del Congreso local.
En declaraciones telefónicas, Fernando Martínez comentó que no habían querido dar declaraciones o hacer la denuncia. porque estaban esperando a que se generarán los espacios para dialogar con la administración del Congreso del Estado y a que se concretaran los acuerdos “que de buena fe” el senador realizó con los trabajadores para ayudarlos, interviniendo ante Yoloczin Domínguez.
Sin embargo, dijo que ya es “insostenible” lo que ocurre en el poder Legislativo, porque desde las diferentes áreas en el Congreso local, como Servicios Parlamentarios, Servicios Financieros y Administrativos; Recursos Humanos, Recursos Materiales, Contraloría, Jurídico, Almacén y Comunicación Social, los funcionarios presionan directamente o a través de sus subordinados a los integrantes del sindicato.
A los agremiados al sindicato Sentimientos de la Nación “los presionan” para que firmen el desconocimiento del comité de esta organización, a quienes incluso les han dicho que ya lograron concretar con la diputada Yoloczin Domínguez “algunas bases”.
Para obtener estas bases, dijo, los condicionan a la firma de este documento, por el que se busca el desconocimiento de este comité del sindicato, en ese sentido, Fernando Martínez no descartó que la intención sea finalmente desaparecer esta organización.
Desde el pasado viernes 3 de marzo, el sindicato se reunió con el senador Félix Salgado, quien se comprometió a intervenir para solucionar el conflicto laboral y uno de los principales compromisos fue el reinstalar a los tres trabajadores despedidos.
Los trabajadores despedidos fueron Alondra Reza Arzola, que estaba en Relaciones Públicas, como edecán, quien de acuerdo con lo hablado con el senador, sería adscrita en la oficina del diputado Jacinto González Varona; Ramón Núñez Campos, quien chofer del vehículo que ofrece el servicio de transporte a los trabajadores, y el secretario general del sindicato Fernando Martínez, con el diputado Joaquín Badillo Escamilla.
Sin embargo, a pesar de que desde el lunes 6 de marzo se presentaron a laborar en sus nuevas áreas, la administración del Congreso se ha negado a reinstalarlos. En el caso de los trabajadores adscritos con Joaquín Badillo, el diputado morenista informó por oficio a la subdirectora de Recursos Humanos, Juanita Aviléz Rodríguez, sobre que ambos trabajadores estarían en su oficina como nueva área de adscripción, la funcionaria se negó a realizar el cambio.
“Me permito informarle que los compañeros fueron rescindidos de su relación laboral con este Congreso del Estado, con fecha 24 de febrero en el caso de Ramón Núñez Campos y con fecha 28 de febrero en el caso de Fernando Martínez Román. Derivado de la situación, al no ser trabajadores del Congreso, no es posible atender su solicitud”, le respondió Juanita Avilés.
A pesar de que los tres trabajadores se están presentado a trabajar en las oficinas de Jacinto González y Joaquin Badillo, no se les han pagado dos quincenas.
Fernando Martínez informó también que se ratificó la denuncia ante la FGE, por la toma de la sede del Congreso, en su contra y de otros dos trabajadores Fredy Solache Álvarez y Salustio García Dorantes.
El dirigente del sindicato cuestionó si la presidenta de la Mesa Directiva, la perredista Yanelly Hernández Martínez, como representante legal del poder Legislativo, autorizó al secretario de Servicios Financieros y Administrativos, Andrés Rosendo Orozco Pintos, para presentar y ratificar la denuncia contra los trabajadores.
En ese sentido, reprochó que a pesar de que los trabajadores tuvieron que tomar medidas, como la toma del Congreso por la falta de diálogo y el despido de tres trabajadores, ahora enfrentan también una denuncia penal, por lo que pidió que las fracciones parlamentarias se pronuncien al respecto.

Se confrontan verbalmente y a golpes padres de una primaria en Chilpancingo

Padres de familia de la primaria urbana Ignacio Manuel Altamirano se confrontaron verbalmente y a golpes, luego de que un grupo cerró la escuela como protesta contra la reinstalación de una directora y dos trabajadoras más.
La escuela está ubicada en la parte alta de la colonia PRD, donde una fracción de padres de familia y maestros cerró el plantel porque la directora, Iris Aparición Villa, fue suspendida en septiembre del año pasado, para ser investigada por abuso de poder y acoso laboral, pero este año fue reinstalada.
Además, indicaron que la conserje Yesenia Calderón Ramos y una trabajadora administrativa, Ana Cecilia Gasparillo, también regresaron a la escuela y estaban inhabilitadas.
La coordinadora de actividades en la institución, Yared Bello Nájera, informó que no quieren la reinstalación de Aparición Villa, “se le cerraron las puertas” por el abuso de poder, acoso laboral e intimidación contra el personal que labora en la escuela.
“Las autoridades de la SEG la quieren volver a reinstalar, pese a que ya la habían quitado y ahora por influencias se movió, para que la regresaran a la escuela. Aquí nadie la quiere, son muy pocos los padres de familia que la apoyan”, manifestó.
Otro grupo reducido de padres de familia, que apoya a la directora, llegó a la escuela con una lona para exigir que abrieran, porque debido al problema 398 alumnos se quedaron sin clases.
Los dos grupos se insultaron verbalmente y después se comenzaron a golpear, pese a que había alumnos presentes. Una madre de familia jaló a otra de los cabellos, lo que ocasionó que cayera al suelo.
En el lugar también se observaron dos grupos de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), el que encabeza Antonia Morales y el otro de Héctor Torres Solano, cada uno apoyando a su grupo de maestros.
Al lugar acudieron autoridades de educativas, para dialogar con los maestros y tratar de llegar a un acuerdo. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).