El gobernador Héctor Astudillo Flores se comprometió con la familia del asesinado presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Armando Chavarría Barrera, a que el fiscal estatal Javier Olea Peláez no dé a conocer las conclusiones del caso, como se comprometió ante el Congreso local durante su comparecencia el 26 de junio pasado, porque su hipótesis de que la guerrilla fue la responsable del asesinato carece de sustento, informó este martes la viuda, Martha Obezo Cázares.
Acompañada de familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos, la viuda de Chavarría Barrera anunció en conferencia de prensa la Jornada contra la impunidad, por la verdad y la justicia, en el marco del octavo aniversario del asesinato del diputado local perredista, e insistió que con la línea de investigación que pretendía dar a conocer Olea Peláez al Congreso local, nuevamente se quería exonerar al entonces gobernador Zeferino Torreblanca Galindo como autor intelectual del crimen.
A su vez, el dirigente de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), Arturo Miranda Ramírez, quien fue el primero que llegó la mañana del 20 de agosto del 2009 a la casa de Chavarría, a cuya entrada fue asesinado, dijo que observó que desde un principio no se cuidó la escena del crimen ni se resguardaron las evidencias, y que “se vio la intención de evitar que la línea de investigación llegara hasta el Palacio de Gobierno”.
Obezo Cázares fue acompañada por la viuda del dirigente de Unidad Popular (UP) de Iguala Arturo Hernández Cardona, asesinado en el 2013, Sofía Lorena Mendoza; la hermana de la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Rocío Mesino, asesinada también en el 2013, Norma Mesino Mesino; el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame; la presidenta del colectivo de familiares de desaparecidos y asesinados en Chilpancingo, Guadalupe Rodríguez Narciso; la representante del Taller de Desarrollo Comunitario Isabel Rosales, y el dirigente de la ACNR, Arturo Miranda Ramírez.
Martha Obezo declaró que la línea de investigación con la que el fiscal pretendía cerrar el caso y que anunció a los diputados en su comparecencia el 26 de junio, “es la misma línea con la que quería cerrar el caso Zeferino Torreblanca, culpando a la guerrilla, concretamente al ERPI (Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente), cuando no hay ni fundamento ni sustento”, dijo.
Recordó que esa línea fue desechada desde el 2010 por el Juzgado Séptimo de Distrito y el Tribunal Unitario de Circuito por falta de pruebas y porque no había un expediente que soportara una consignación.
Pero celebró que el fiscal Olea Peláez ya no haya podido comparecer ante el Congreso local a cumplir su palabra empeñada “que no respeta y que no vale nada”, dijo, en referencia al anuncio que hizo el fiscal durante su comparecencia ante el Congreso local el 26 de junio, cuando ofreció que en 2 ó 3 semanas daría a conocer resultados del caso Chavarría y que habría detenciones.
La viuda de Chavarría dijo que tenía certeza de que el fiscal Olea cerraría el caso con la línea de la guerrilla porque se lo dijo en la única reunión que ha tenido con él, el 19 de julio del 2016. Reveló que en esa entrevista, “que fue bastante desdeñosa y grosera”, Olea le dijo que el expediente contenía pura basura y que sólo la procuradora Martha Elba Garzón Bernal y él habían avanzado en las investigaciones.

“No quieren tocar a Zeferino”

Obeso Cázares dijo que “coincidentemente” Garzón Bernal fue la que retomó la misma línea de investigación con la que quiso cerrar el caso Zeferino Torreblanca, que es el de la guerrilla, misma que establece que habrían sido miembros del ERPI los que mataron al diputado perredista.
Agregó que en la reunión con el fiscal, éste también exoneró al ex gobernador Torreblanca, “sigue habiendo proteccionismo hacia él, no lo quieren tocar ni con el pétalo de una rosa”. Dijo que, mientras tanto, la familia del victimado perredista sigue insistiendo que lo investiguen.
“Nosotros decimos que existe un señalamiento en su contra por su presunta autoría intelectual y hay hasta muertos, como aquél comandante (Trinidad Zamora Rojo) que declaró que Zeferino lo mandó matar, pero ahora dicen que no fue declaración ministerial y limpiaron el expediente, le quitaron todo lo que declaró el comandante”, acusó.
Declaró que ese señalamiento fue el que desestimó el fiscal en su reunión del 19 de julio del 2016. En cambio, dijo que apuntaló la investigación que realizó Martha Elba Garzón y la de él, “con eso confirmé lo que siempre he sabido, que están empeñados en sellar la impunidad”.
Además, contó que el fiscal le ofreció que le iba a entregar copia del expediente pero que nunca lo cumplió. Manifestó que el fiscal no acudió al Congreso a informar de los resultados de las investigaciones como lo prometió, “porque la suya no es una investigación altamente profesional y que responda a los estándares del derecho internacional, y así, qué podría decirnos que nos convenciera”.
Informó que por eso en una reunión con el gobernador Héctor Astudillo Flores, el 17 de julio pasado, la postura de los familiares fue que no aceptarían que se sesgue la investigación y que se insista en una línea que fue desechada por un juzgado federal y por un tribunal unitario por falta de pruebas.
Aseguró que el gobernador se comprometió a respetar la postura de los familiares y su reclamo de justicia, “nosotros le insistimos que el fiscal no insistiera porque no íbamos a permitir ni a validar tampoco semejante postura”.
Sin embargo, Obezo dijo que no tiene certeza de que el fiscal Olea no vaya a insistir en su línea de investigación, “es tan burdo, además yo creo que está para eso, para sellar la impunidad y a lo mejor se atreve a dar su versión, pero una cosa es que él salga y otra cosa es que nosotros aceptemos esa postura”, advirtió.
Declaró que tanto al fiscal en el 2016, como al gobernador en julio pasado, les dijeron claramente que “no vamos a permitir que se siga sesgando el caso, que se siga escondiendo el expediente o que se fabriquen culpables, o peor aún, que se lastime a gente inocente”.
La viuda explicó que como la PGR en el caso de los 43 desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, en el caso de su esposo también pretenden imponer una “verdad histórica”. Advirtió que, de hacerlo, no sería un dislate del fiscal, sino un agravio de categoría histórica para la sociedad guerrerense que quisieran culpar a la guerrilla y al ERPI por ese asesinato.
A su vez, el dirigente de la ACNR, Miranda Ramírez, quien dijo que fue el primero que llegó a la casa de Chavarría Barrera la mañana del 20 de agosto del 2009, cuando lo mataron, contó que ese día encontró un “escenario abandonado” y “expuesto a que el contexto del crimen fuera violentado y borradas las pistas”.
“Desde allí se vio la intención de evitar que la línea llegara al Palacio de Gobierno. Agregó que desde los primeros días había las suficientes evidencias de que el responsable del asesinato es Zeferino Torreblanca”.
También contó que lo que vio esa mañana fue que los responsables materiales no eran unos aprendices, “fue gente experta en manejo de armas y homicidios”,
Miranda Ramírez agregó que ocho años después “los circos” del fiscal de que iba a dar información del caso, fue otra tomada de pelo, porque es evidente que se sigue protegiendo al verdadero responsable”.

Jornada contra la impunidad

Como parte de las actividades por el octavo aniversario del asesinato del diputado perredista, Obeso Cazares anunció la Jornada Contra la Impunidad, por la Verdad y la Justicia.
El 15 de agosto se realizará la conferencia magistral Justicia y Derechos Humanos, asignaturas pendientes en Guerrero, que disertará Emilio Álvarez Icaza a las 12 horas en el auditorio José Inocente Lugo. El 16 de agosto se inaugurará la exposición fotográfica Por la Verdad y la Justicia, en la que se incluirán fotografías de Armando Chavarría, Rocío Mesino, Arturo Hernández, y del diputado Moisés Villanueva de la Luz. Será en el lobby del Palacio Municipal.
En tanto que el 17 de agosto está programado el seminario La Ley General de Victimas como herramienta de acceso a la justicia para las víctimas en el país, que disertará el abogado y ex rector de la UAG, José Enrique González Ruíz. El 18 de agosto se presentará el informe: Atrocidades innegables, crímenes lesa humanidad, por parte de la Open Society Justice Initiative. Será a las 11 horas en las instalaciones de la Universidad Loyola del Pacífico de Acapulco.
Mientras que el domingo 20 de agosto las actividades comenzarán a las 8 de la mañana con una visita al sepulcro de Chavarría Barrera en el panteón central de Chilpancingo. A las 11 horas habrá una ceremonia al pie del busto del malogrado diputado perredista ubicado en el interior del edificio del Congreso del estado. A las 12 y media los familiares depositarán una ofrenda floral en el parque Armando Chavarría Barrera ubicado en la colonia Periodistas, y a las 19 horas se celebrará una misa en la catedral la Asunción de María, por el obispo Salvador Rangel Mendoza.