Ofreció la gobernadora pagar adeudos al IEPC, dice Luz Fabiola Matildes

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

La consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Luz Fabiola Matildes Gama, informó que el lunes habló con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quien le informó que se avanzaría con los pagos pendientes del presupuesto para este órgano electoral que no se habían realizado desde junio.
El viernes pasado los representantes del PRD, PVEM, PRI, PAN y Morena, ante el Consejo General del IEPC, demandaron a los consejeros electorales que se buscarán mecanismos legales para exigir al gobierno del estado que entregue el presupuesto etiquetado, porque no han recibido lo correspondiente a junio, julio y agosto.
El lunes, finalmente hubo comunicación entre la gobernadora y la consejera presidenta para hablar de fechas concretas en las que el IEPC recibiría los recursos etiquetados para este órgano electoral.
En declaraciones en el Tribunal Electoral del Estado (TEE), después de la Firma de convenio Multilateral de Apoyo y Colaboración para establecer bases de coordinación y colaboración a víctimas y la elaboración de análisis de riesgo en caso de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, así como la promoción del respeto a la Cultura de los Derechos Humanos de las Mujeres, Paridad de Género e Igualdad Sustantiva, Luz Fabiola Matildes fue consultada al respecto.
La consejera presidenta comentó: “yo hablé con la gobernadora el lunes, y bueno ya hemos ido avanzando, ya hubo un depósito el día de hoy”, aunque precisó que se trató solamente de una quincena que correspondería a la primera de junio.
En breves declaraciones, la consejera dijo que de acuerdo a la información que recibió del gobierno estatal, sin precisar si eso se lo dijo la gobernadora, esperan que “de aquí al viernes ya tendremos los demás depósitos”.
Se le preguntó si entonces a más tardar el viernes se cubriría el total de los depósitos de las quincenas pendientes, a lo que respondió: “espero que sí, todo está en manos del gobierno del estado”.

 

Pagar directamente a los abogados defensores de migrantes en EU, plantean en foro de la UAG

Las federaciones y clubes de migrantes guerrerenses en Estados Unidos se organizan para defenderse contra la política antimigratoria desde el  gobierno de Barak Obama, cuando las deportaciones de mexicanos rompieron récord, dijeron los representantes en un conversatorio organizado por la Coordinación de Asuntos Globales de la UAG.
Llamaron a los políticos de Mé-xico que se redujeron salarios para apoyar a la comunidades de migrantes en Estados Unidos ante el racismo del presidente Donald Trump, a que no entreguen el dinero a los consulados, que no tienen capacidad de defenderlos por no tener documentos, que lo paguen directo a las barras de abogados que los representan cuando son detenidos.
Los especialistas señalaron la necesidad de abogados que hablen inglés y conozcan el derecho de Estados Unidos, que es muy diferente del sistema penal de México.
Antes, en la mañana, estuvieron con el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social, Armando Soto Díaz, en la instalación del Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM) del programa de inversión de obra 3×1.
El delegado Armando Soto Díaz aclaró vía telefónica que hoy continuarán los trabajos con los líderes, en un acto político denominado “Diálogo con migrantes”, y la toma de protesta del COVAM, a la que convocó el gobernador Héctor Astudillo Flores, que se prevé será un acto cerrado en la Casa Guerrero.
El conversatorio se inauguró a las 5 de la tarde, por el rector de la UAG, José Alfredo Olea, y participaron líderes comunitarios, migrantes en retorno, representantes de organizaciones civiles y especialistas de la universidad.
En la reunión, el coordinador de la Federación de Clubes Unidos de Guerrero y California, Gaudencio Vélez Catalán, reconoció que el fenómeno Trump es preocupante, pero “no todo es temor” y las organizaciones con el Senado están tomando medidas precautorias para defender los subsidios de las ciudades santuario, como las de California, donde las reglas son más benévolas para los migrantes.
Aclaró que este problema se vive distinto en cada estado, porque en otros el racismo es tan alto que los migrantes son como “personas inexistentes”.
En comparación con Estados Unidos, dijo que en México los políticos no cumplen sus promesas de campaña, y allá sí, “y Trump quiere deportar a millones de gentes, busca la manera que la supremacía blanca esté al tope, afortunadamente muchos guerrerense que tienen documentos y muchos ya abrimos los ojos para defendernos”.
El coordinador general de los Clubes Unidos de Guerrerenses del Medio Oeste, radicado en Chicago, Erasmo Salgado Jiménez, subrayó que el racismo de Donald Trump no sólo es contra México, sino contra todos los países,
Opinó que en Guerrero “miran que el problema de Donald Trump es demasiado grande para nosotros (los inmigrantes), pero Estados Unidos es un país de leyes, (el presidente) ha firmado ya no sé cuántas iniciativas de ley, y falta que las pase por las cámaras alta y baja”.
Llamó a los políticos que anunciaron millones de pesos de los recortes, que abran una mesa de trabajo para que los líderes les expongan el caso y no envíen el dinero a los consulados, “porque al canalizarse el dinero regresa al mismo gobierno y nos dan atole con el dedo”.
Pidió que se contrate a barras de abogados especialistas en el tema migratorio, para que los migrantes conozcan sus derechos y las medidas que deben adoptar en caso de detención.
“Los consulados no tienen capacidad de atender a los presos que van a ser deportados”, aseguró.

Guerrero no da garantías a los paisanos

Mientras los analistas se interesaban por medidas de atención a los migrantes repatriados en Guerrero, el universitario Alejandro Díaz Garay aclaró que los hijos de los migrantes no tienen interés en vivir en Guerrero, “lo ven como pueblito bonito, que van a conocer pero se regresan allá, seamos realistas”
La entidad tampoco les da garantías. “Guerrero está en crisis, el presupuesto de egresos es del orden de 50 mil millones de pesos, el dinero viene etiquetado; el gasto programado son 39 mil millones, 32.5 mil millones son para gasto corriente. La inversión para infraestructura y servicios es insuficiente desde siempre, y programas como el 3×1 le vienen a hacer la chamba que el gobierno tiene que hacer por ley”.
En el 3×1 que administra Sedesol, los migrantes aportan 25 por ciento del costo de las obras para sus comunidades de origen.
Además, señaló la impunidad en miles de crímenes, que ni los alcaldes ni el gobernador están interesados en resolver, “pobres de los inmigrantes que regresen porque los van a desplumar”,
Planteó que se empiece a tender puentes en Guerrero, pues la tarea es grande, “necesitamos abogados bilingües, que no sólo hablen inglés fluido y sepan de las leyes norteamericanas, muy distintas a las México. Hagamos propuestas, y alcemos la voz”.
Por separado, el delegado de Sedesol, Armando Soto Díaz, dijo que más de 600 mil paisanos están radicados en Estados Unidos, fundamentalmente en Chicago, Los Ángeles, San Diego, Nueva York y la Vegas, la mayoría indocumentados.
El gobernador Héctor Astudillo convocó a los clubes y federaciones de guerrerenses radicados en EU, así como a los municipios con mayor migración, a lo que llamó “Diálogo con migrantes y toma de protesta del Comité de Validación del Programa 3×1”, hoy a las 9 de la mañana en la Casa Guerrero.

El ayuntamiento de Zihuatanejo tendrá que pagar en el 2017 unos 50 millones por laudos

 

El director de Asuntos Jurídicos del actual gobierno municipal perredista de Zihuatanejo, José Luis Amador Abarca, informó que en el transcurso del año próximo, el Ayuntamiento deberá pagar poco más de 50 millones de pesos a ex trabajadores municipales de administraciones anteriores que ganaron juicios por despido en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
Señaló que entre los demandantes se encuentran dos ex trabajadores que actualmente son regidores y ganaron sus respectivos juicios por más de un millón de pesos.
Amador Abarca informó que esta administración municipal heredó 300 juicios en los tribunales, de igual número de ex trabajadores que desde el 2006 han demandado al Ayuntamiento argumentando despidos injustificados.
Dijo que de los 300 juicios, 30 de ellos ya existe una sentencia a favor de los demandantes en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por un monto total de 19 millones 621 mil 777 pesos, y otros 40 en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, cuyo monto específico no reveló, pero aseguró que ambas suman arrojan poco más de 50 millones de pesos que deberán pagarse en el transcurso del 2017.
Entre los 30 ex trabajadores que ganaron su demanda a través del TCA figuran el ex director de Seguridad Pública durante la administración del ex alcalde perredista Amador Campos Aburto, Oasis Torres Organiz; Erasmo Landeros Aguilar, ex delegado municipal de Tránsito durante la administración de Amador Campos; y los ex directores de Protección Civil, Tomás Serna Solís, y de Seguridad Pública, Samuel Núñez González, durante la administración del ex alcalde priista Alejandro Bravo Abarca.
Asimismo, comentó que entre los demandantes hay dos ex trabajadores municipales “que por azares del destino ahora son regidores en esta administración; sus laudos son de más del millón de pesos”.
José Luis Amador reveló que hay un juicio de un ex policía municipal, en el que la sentencia ordena la destitución de la oficial mayor por no acatar la instrucción de pagar el laudo al ex trabajador; comentó que por ese motivo se solicitó al Cabildo la autorización de más de 5 millones de pesos en el presupuesto de egresos para cubrir siete laudos, “pero faltan todavía más, porque de esos 30, siete laudos se tienen que pagar en breve”.

Solicitó el gobierno del estado a la federación 15 mil millones adicionales para pagar adeudos

 

El secretario de Finanzas, Héctor Apreza Patrón, informó que se solicitó al gobierno federal un rescate financiero por 15 mil millones de pesos para pago de impuestos y prestaciones que se deben de años anteriores.
En declaraciones después de la sesión del Comité Rector de Transparencia, Apreza reveló que para atender diversos adeudos del gobierno del estado se requieren 15 mil millones de pesos adicionales.
Añadió que abrieron a la Se-cretaría de Hacienda todos los expedientes con las irregularidades que han detectado, construyendo alternativas de solución, “no es un asunto sencillo, el gobierno federal también enfrenta una restauración financiera importante”.
El secretario expuso que “mes con mes siguen apareciendo desagradables sorpresas” en las cuentas por pagar de las pasadas administraciones: se deben más de mil millones de pesos a empresas que dieron créditos a los trabajadores, a los que se les descontó pero nunca se liquidó la deuda.
Tampoco se pagó el Impuesto Sobre la Renta (ISR) al SAT, lo que está “repercutiendo de manera brutal en el gasto público”, que con multas, recargos y actualizaciones, sólo por el ejercicio 2013, le están requiriendo al gobierno del estado un pago “de manera inmediata” de 4 mil millones de pesos. Y saben que también falta el pago de los impuestos del 2014 y 2015.
Además se deben las aportaciones al ISSSTE, Fovissste y Fonacot, lo cual suma 4 mil 500 millones de pesos; más laudos laborales y juicios mercantiles que dijo han detectado que para el próximo año entran en ejecución por mil 800 millones de pesos.
De si algún Ayuntamiento ha solicito un préstamo para el pago de aguinaldos, Apreza Patrón dijo que “no se han acercado”, aunque se tendrá que “analizar nuestra disponibilidad financiera”.
El funcionario indicó que el presupuesto de la Ley de Ingresos presentada al Congreso es por 50 mil millones de pesos. Recordó que el gasto público que se ejerce en Guerrero depende el 96 por ciento de la federación, por lo que estiman que haya una reducción del gasto de inversión de fondos federales de unos 3 mil millones de pesos. Esta reducción afectaría principalmente las obras de infraestructura pero no los programas sociales, porque en un estado “con niveles de marginación que vive Guerrero” sería dañar a las familias.
Indicó que hay “cabildeos” con Hacienda y la Cámara de Diputados para que Guerrero tenga un “tratamiento distinto” .
El funcionario aseguró que aún con los recortes no habrá despidos y se están privilegiando los derechos adquiridos por los trabajadores. Reiteró que se hará el cruce de nóminas para ver quién tiene doble o triple plaza.

A todos los regidores de Cruz Grande se les debe pagar 24 mil pesos mensuales

El Tribunal Electoral del Estado (TEE) resolvió que también los dos regidores del PRD de Florencio Villarreal (Cruz Grande) deberán cobrar 24 mil pesos mensuales igual que los cuatro regidores del PRI, PVEM y Panal, además de recibir 3 mil pesos proporcionales del aguinaldo correspondiente al 2015.
Lo anterior luego de que los regidores perredistas Anallely Arredondo Gallardo y Marino Rosario Leocadio solicitaron al órgano el respeto por parte del Ayuntamiento al acuerdo del cabildo del 1 de marzo, donde se estableció el sueldo de los seis regidores.
En respuesta el TEE resolvió parcialmente fundada la solicitud que presentaron los dos regidores de Cruz Grande para que se respete el acuerdo de cabildo del 1 de marzo, donde se estableció que el sueldo de los seis regidores sería de 8 mil pesos quincenales, en vez de 12 mil, mismo que quedó sin efectos de acuerdo a la resolución.
El dictamen emitido el 12 de mayo pasado señala que ambos regidores perredistas deberán cobrar la cantidad de 12 mil pesos como los otros cuatro regidores del PRI, PVEM y Panal que denunciaron en el TEE la reducción de los sueldos; el Ayuntamiento deberá cumplir al sentencia dentro de 15 días habilites.
El 11 de diciembre del 2015 el Tribunal notificó al Ayuntamiento de la resolución sobre la denuncia de cuatro regidores y que deberá pagar 16 mil quincenales de noviembre y 12 mil correspondientes a marzo y abril.
El lunes se informó en estás páginas que el TEE ordenó al Ayuntamiento encabezado por la perredista Emisel Liosol Molina González pagar a los regidores priistas Irving Noel Marcial Román y María del Carmen Bahena; del PVEM, Isidro Gatica Ríos, y de Panal, Crispín Molina.
La sentencia del expediente TEE/SSI/JEC/035/2016 de los regidores perredista señala “una supuesta omisión por parte del Ayuntamiento de Florencio Villarreal relativo a lo aprobado en el acta de cabildo del primero de marzo del año en curso”.
El TEE sostuvo que “no es justificado ni motivado” que el Ayuntamiento “haga distinciones” de salarios y que a pesar de que en la sentencia del expediente TEE/SSI/JEC/114/2015 se ordenó remuneraciones para ciertos regidores, “dicho fallo tiene efectos generales sobre toda la comuna”.
La sentencia puntualiza que el Ayuntamiento deberá pagar las diferencias salariales de los dos regidores desde la primera quincena de octubre de 2015, además del aguinaldo proporcional de diciembre de 2015, que son 3 mil pesos.
En declaraciones por teléfono la regidora perredista Arredondo Gallardo dijo que ella y su compañero regidor no han hablado con la presidenta municipal, pero manifestó que se tendrá que obedecer lo que dictaminó el TEE, “estaríamos en respetar lo que el Tribunal está estableciendo”.