El secretario de Finanzas del estado, Raymundo Segura Estrada, afirmó que “es imposible” pagar la deuda del gobierno estatal con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y que sólo se realizan abonos de 30 millones de pesos que son insuficientes para pagar los intereses que ésta genera.
En declaraciones por teléfono, informó que también se tiene otra deuda con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por la que también se abonan 30 millones de pesos.
De acuerdo con un reporte del Centro de Estudios de Finanzas Públicas Ifigenia Martínez, de la Cámara de Diputados, el gobierno del estado y municipios adeudan 19 mil 389.9 millones de pesos al ISSSTE, 15 mil 975.5 millones de pesos de cuotas y aportaciones a los seguros de retiro y 3 mil 414.3 millones de pesos de cuotas, aportaciones y préstamos por los seguros de salud, entre otros conceptos.
Consultado sobre este adeudo, Segura Estrada indicó que han tenido varios acercamientos con el ISSSTE para buscar un acuerdo y solventar la deuda, pero las propuestas de pago que presenta el ISSSTE “rebasan en mucho las posibilidades económicas de poderlo cubrir en base al presupuesto que tenemos autorizado por el Congreso”.
Recordó que se tuvo el ofrecimiento por parte del ISSSTE para la condonación de algunos recargos, “pero el pago mínimo que exigían estaba fuera de nuestras posibilidades”.
Abundó que para aportar al adeudo histórico que se tiene con el ISSSTE, mensualmente se retiene de las participaciones federales que recibe el estado unos 30 millones de pesos, pero ese dinero no cubre ni siquiera los intereses que se generan mes a mes “por eso ha estado creciendo la deuda”.
“Es verdad que debemos esos 19 mil millones, lo reconocemos pero fueron originados por administraciones anteriores”. Sostuvo que las aportaciones que le corresponden al estado enterar al ISSSTE la actual administración las hacen en tiempo y forma.
Informó que mensualmente, las participaciones federales que recibe el estado son afectadas por los adeudos de administraciones anteriores mediante retenciones que hace la Secretaría de Hacienda, que son por 60 o 70 millones de pesos, por el adeudo al ISSSTE y por un adeudo al SAT de 7 mil millones de pesos por retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) e Impuesto sobre el Producto de Trabajo (ISPT) por el pago de salarios, “y ese impuesto en lugar de enterarlo al SAT no lo enteraban y así se fue formando este adeudo histórico de mas o menos 7 mil millones de pesos”.
A pregunta expresa sobre qué procesos administrativos se han llevado a cabo para saber dónde quedó el dinero que no se entregó al ISSSTE y al SAT, el secretario dijo que ese trabajo le corresponde a las áreas fiscalizadoras como la Auditoría Superior de la Federación o la Auditoría Superior del Estado.
La directora de la secundaria José Martí, Noemí Ibarra Ramírez, denunció que a poco más de un mes de que funcionarios del gobierno estatal oficializaron la donación del terreno, que desde hace 24 años ocupa el plantel, “hasta el momento no tenemos información de para cuándo nos entregan las escrituras”.
Este lunes, vía telefónica, la directora de la escuela manifestó que los padres de familia se le han acercado a preguntarle qué ha pasado con el trámite de la donación del terreno, pues no han tenido más información al respecto, luego de que el 18 de septiembre pasado, el gobierno estatal dio a conocer que se había llevado a cabo la firma de un convenio entre dependencias para atender la demanda.
Ibarra Ramírez indicó que “hasta se hizo un boletín, donde se dijo que la firma de este convenio se hizo durante una reunión en la que participaron el secretario de Finanzas y Administración, Raymundo Segura Estrada; la secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Irene Jiménez Montiel; el director general y administrador del Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo, Jesús Villegas Quevedo, y el consejero jurídico del Poder Ejecutivo, César Salgado Alpízar”.
Agregó que, a raíz de esa noticia, “estábamos nosotros muy contentos porque pensábamos que sólo era cuestión de cuando mucho una semana y nos iban a llamar para que la gobernadora Evelyn Salgado nos entregara personalmente las escrituras, como fue el compromiso que ella hizo ante el ahora ex presidente Andrés López Obrador, pues ella ha sido la primera interesada en apoyar a nuestra escuela, sin embargo, son sus colaboradores quienes de una manera u otra la siguen haciendo quedar mal”.
“Se me han acercado los padres de familia a preguntar, porque como le repito, se anunció por todo lo alto que la gobernadora entregó el predio, pero la realidad es que sólo fue el trámite principal de la donación, pues de ahí a la fecha, no hemos vuelto a tener noticias sobre cómo va el proceso de escrituración y hemos sido claros con los padres al decirles que no se nos ha informado cómo va el trámite, si hace falta algo o por qué ya ha pasado más de un mes y no han concluido”.
A pregunta, la directora aseguró: “La gobernadora tiene muchos asuntos igual de importantes qué atender, estamos seguros que ella desconoce que está estancado el trámite y la verdad es que queremos ser respetuosos porque desde un principio cuando nos acercamos a ella siempre mostró su disposición de que se diera el terreno para la escuela, sería ingrato de nuestra parte decir que no nos ha apoyado, sí lo ha hecho, pero la verdad es que tiene un equipo que lejos de ayudarle a resolver los problemas, hacen lo contrario”.
Adelantó que esta semana buscaría a los funcionarios involucrados, “ha pasado un mes y no hemos tenido noticias, lo que ellos me digan se lo haré saber a los padres de familia y que ellos decidan qué es lo que tendremos que hacer”, apuntó. (Brenda Escobar / Zihuatanejo).
Diputados locales que integran las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, en la reunión con el secretario de Finanzas y Administración del gobierno del estado, Raymundo Segura Estrada, y el secretario de Planeación y Desarrollo Regional, René Vargas Pineda, en la sala José Francisco Ruiz Massieu del Congreso del estado Foto: El Sur
Lourdes Chávez
Chilpancingo
El secretario de Finanzas y Administración (Sefina), Raymundo Segura Estrada, se reunió con diputados de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local, para esclarecer las dudas sobre las implicaciones de la reducción de 800 millones de pesos en el presupuesto de 2024 por la caída de la recaudación a consecuencia de los daños dejados a empresas de Acapulco y Coyuca de Benítez por el huracán Otis.
Al salir de la sala José Francisco Ruiz Massieu, el funcionario declaró a los reporteros que la información se centró en la caída de los ingresos en el estado, porque los negocios y el turismo ya no van a funcionar igual.
En una reunión la semana pasada con integrantes de la Comisión Hacienda, explicó que se estima una reducción en las participaciones federales por alrededor de 800 millones de pesos producto de la caída de la recaudación.
“Todos los contribuyentes no van a poder cumplir en la forma que funcionaban en años anteriores, se va a caer el ingreso del hospedaje, el turismo no va a llegar en la cantidad que hasta el año pasado era, eso se tiene que considerar”, abundó Segura ayer de acuerdo con un audio compartido con esta reportera.
Recordó que empresas grandes tuvieron que despedir personal, y otras menores cerraron operaciones por la falta de condiciones para operar tras la destrucción que dejó el huracán de categoría 5 que impactó los primeros minutos del 25 de octubre pasado.
El funcionario consideró positiva la mesa de trabajo, porque los diputados estuvieron satisfechos con las explicaciones que dio con los directores involucrados, y con el secretario de Planeación y Desarrollo Regional, René Vargas Pineda en el tema que le corresponde.
No obstante, no precisó ante los reporteros las implicaciones que tendría esa reducción de 800 millones de pesos en la operación y los programas del gobierno ni qué partidas se verían afectadas con eventuales recortes.
Al contrario, en un boletín de prensa, el gobierno del estado informó que el responsable de las finanzas estatales informó en esta reunión que el proyecto de presupuesto para el próximo ejercicio fiscal prevé ingresos por 81 mil 752 millones de pesos, lo cual representa un incremento del 7 por ciento mayor al del 2023.
Señaló que se proyecta fortalecer los presupuestos de las Secretarías de Educación, Salud, Seguridad Pública, y dar mayor impulso a la equidad de género.
Asimismo, Segura Estrada detalló que el monto asignado al sector Educativo será de 33 mil 152 millones de pesos; en Seguridad Pública de 3 mil 634 millones de pesos, con un incremento del 8 por ciento, y en el sector Salud, 8 mil 531 millones de pesos.
En lo que respecta al gasto de inversión, las aportaciones que integran el Fortalecimiento de las Entidades Federativas tendrán un incremento de 8 por ciento .
Confirmó que se estima una reducción de 800 millones de pesos, pero destacó el compromiso de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, “de aligerar la carga financiera luego de los daños generados tras el paso del huracán Otis en el puerto de Acapulco y Costa Grande, por lo que se otorgaron estímulos fiscales a las y los ciudadanos afectados”.
Enfatizó que se prioriza el fomento al ahorro, la disciplina fiscal en los diferentes poderes del Estado, la optimización de recursos y una distribución equitativa de éstos.
El secretario de Finanzas y Administración, Raymundo Segura Estrada durante su comparecencia ante unos cuantos diputados ayer en la sala de plenos del Congreso local Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Lourdes Chávez
Chilpancingo
En la glosa del segundo informe de labores de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda ante el Congreso local, el secretario de Administración y Finanzas estatal, Raymundo Segura Estrada, aseguró que el estado ha entregado la totalidad de los recursos al Instituto Electoral y de Participacion Ciudadana (IEPC).
Fue hasta este lunes que en sesión pública el IEPC señaló que hay un nuevo retraso en entrega de las ministraciones mensuales, que le impide pagar parte de la nómina, del financiamiento a partidos políticos y el aguinaldo.
Sin embargo, el funcionario señaló que el propio organismo solicitó a la Secretaría de Planeación reducir el presupuesto para enfocarlo a otros programas, “y por ello, finalmente decían que no le habíamos entregamos los recursos de los últimos tres meses”.
En respuesta a la diputada Flor Añorve Ocampo, Segura Estrada indicó que ya están casi al corriente con los pagos, a partir de la reasignación de 14 millones de pesos, con recursos de sanciones políticas que se reintegraron a la Sefina, y que las entregaran como aportación extraordinarias.
Añadió que ha tenido diversas reuniones con la presidenta del IEPC, Luz Fabiola Matildes Gama con quien llegaron a diversos acuerdos, uno de ellos es que el instituyo reintegró a la Secretaría de Finanzas 14 millones de pesos producto de sanciones a partidos políticos y la dependencia se los regresó como aportación extraordinaria, además de 12 millones de pesos que acordaron hacer en otra entrega, los cuales esperan cumplir pronto.
Añadió que siguen atendiendo las necesidades de todas secretarías para mantener el equilibrio.
Los diputados Flor Añorve Ocampo del PRI y Bernardo Ortega del PRD pusieron en duda la afirmación de que el IEPC solicitó reducir su presupuesto, por lo que pidieron que se les hiciera llegar una copia del documento.
El cierra fiscal de 2022, difícil
En la exposición del informe, recordó que el cierre fiscal de 2022 fue muy difícil por múltiples requerimientos de la administración pública, derivado de prestaciones laborales como el aguinaldo y apoyos extraordinarios a los sectores de salud y educación.
Además de que las prestaciones económicas aumentaron ante los recortes del Ramo 28, sin embargo, aclaró que se garantizó la gubernabilidad al atender las demandas sociales.
Del adeudo por juicios laborales, no tienen monto específico hasta que haya una sentencia firme. Estimó que es por el orden de 2 mil millones 419 mil pesos.
En respuesta a las preguntas del perredista Ociel Hugar Garcia Trujillo confirmó que los ayuntamientos tambien enfrentan problemas para pagar el aguinaldo, y el gobierno del estado ofrece un crédito para tener recursos adicionales, porque no hay condiciones de ayudar a los municipios.
Aclaró que el mismo gobierno estatal recurrió a créditos de corto plazo para hacer frente a las prestaciones que están en puerta.
Se usarán recursos de un fideicomiso para daños
Entre otros temas, informó que se aplicarán 109 millones de pesos a la recuperación de Acapulco y Coyuca de Benítez tras el paso del huracán Otis, derivado de fondos disponibles y creados para afrontar la emergencia.
Indicó que el gobierno estatal tiene un fideicomiso de 50 millones de pesos del que dispone el Comité de Evaluación de Daños para atender las necesidades en los muncipios afectados por el huracán.
Crearon una una bolsa de 54 millones de pesos de fondos federales, y 5 millones de pesos del fondo solidario a municipios, recursos que serán ejercidos en todas las acciones que corresponden al estado para atender la contingencia.
Indicó que es “muy importante la ayuda federal” pero la participación del estado se debe considerar para el apoyo a Acapulco y Coyuca de Benítez.
Señaló que el estado tendrá una afectación importante en los ingresos propios porque dejará de recibir ingresos de los muncipios afectados, pero determinaron publicar un acuerdo en el que se estableció que de octubre a diciembre de 2023 dejarán de cobrar impuestos estatales, pero lo requerirán de forma diferida a partir de marzo del 2024.
Indicó que por la propia contingencia habrá programas que ya no podrán ejecutar en lo que resta del año, cuyos recursos podrán “compensar un poco” la reducción de ingresos que tendrá el estado.
El diputado de Morena, Efrén López Cortés, preguntó de qué forma se estaban entregando recursos a los nuevos municipios. Segura Estrada dijo que sólo están constituidos los ayuntamientos de Ñuu Savi y San Cruz del Rincón.
Los recursos que les están entregando son del Fondo de Aportaciones de Fortalecimiento a Municipios (Fortamun) y el Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social (Fais)
Se regularizó pago a trabajadores
El funcionario estatal refirió que el cierre del ejercicio fiscal 2022 fue difícil por los múltiples requerimientos derivado de prestaciones laborales como el aguinaldo y apoyos extraordinarios a los sectores de salud y educación, “las presiones económicas aumentaron ante los recortes del ramo 28; sin embargo, se garantizó la operatividad gubernamental para atender las demandas sociales”.
Se otorgó un aumento salarial del 14 % al personal de base, lo que representa un impacto de 172 millones 683 mil pesos; en tanto que, para los trabajadores supernumerarios en áreas de burocracia, justicia y seguridad, el incremento fue del 11 %, con un impacto financiero de 35 millones 929 mil pesos.
“Asimismo, siguiendo el decreto del Ejecutivo Federal, se otorgó un aumento salarial del 8.2 % para maestros, maestras y personal del magisterio estatal, lo que se traduce en una inversión total de 187 millones 127 mil pesos”.
Reiteró que el gasto público se ejerce con cautela ante potenciales reajustes presupuestales de la federación, principalmente, en el Ramo 28 y en general, las previsiones económicas de corto plazo, con el objetivo de destinar mayores recursos a la atención de programas de inversión, por instrucciones de la gobernadora, se implementaron medidas de austeridad y disciplinas presupuestales”.
Finalmente dijo que en lo que respecta al ISSSPEG, se cumplió con las prestaciones estipuladas en la Ley 912 de Seguridad Social del Estado de Guerrero, se pagaron puntualmente las pensiones a más de 6 mil 300 beneficiarios, asegurando así su bienestar económico, representando un gasto promedio mensual de 88 millones 577 mil pesos, logrando reducir en un 38.5 % los pasivos heredados, equivalente a una disminución de 111 millones 940 mil pesos”.
El secretario de Finanzas y Administración del gobierno del estado, Raymundo Segura, en entrevista en el informe del diputado Joaquín Badillo en Acapulco, donde asistió como invitado Foto: Carlos Carbajal
Daniel Velázquez
El secretario de Finanzas y Administración del gobierno del estado, Raymundo Segura Estrada, afirmó que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) debe ajustarse al presupuesto aprobado por el Congreso porque no se han autorizado ampliaciones.
La presidenta del IEPC Luz Fabiola Matildes Gama, dijo que por el proceso electoral que empezó el pasado 8 de septiembre el organismo requiere de una ampliación presupuestal por más de 70 millones, pues con las partidas que recibe actualmente no puede instalar los 28 Consejos Distritales.
Los partidos PRD, PRI y PAN denunciaron que la falta de recursos pone en riesgo la elección local mediante la cual se renovarán el Congreso local y los ayuntamientos.
En breves declaraciones a reporteros, en el auditorio del parque Papagayo, después del segundo informe del diputado local Joaquín Badillo Escamilla, Segura Estrada fue consultado sobre la crisis financiera del IEPC y dijo que el Instituto debe hacer “economías” y ajustarse al presupuesto asignado.
“Al IEPC se le entregó lo que le corresponde al mes de agosto, y lo que corresponde a los meses posteriores ellos mismos hicieron la reclasificación de ese presupuesto para mandarlo a otros programas, nosotros como Secretaría de Finanzas estamos obligados a entregarles el monto que autorizó el Congreso, cualquier partida extraordinaria tiene que evaluarse a ver si es posible atender, hasta el momento no ha sido posible y estamos al pendiente de poder evaluarlo”.
Del riesgo de los comicios que alegan los partidos y de la falta de presupuesto para la operatividad del órgano electoral, Segura Estrada dijo “ellos tienen que revisar como organizar un poco, a través de sus economías, tienen que hacer las administraciones correspondientes para que si les alcancen, como nosotros lo hacemos, nosotros atendemos todas las dependencias con el recurso que tenemos autorizado y ellos tendrán que hacer lo propio”.
Ofreció entregar puntualmente las partidas presupuestales al IEPC en los meses que restan del año.
El secretario de Administración y Finanzas del gobierno del estado, Raymundo Segura Estrada, informó que en la Ley de ingresos del estado se estableció la meta de incrementar la recaudación en un 14 por ciento, a partir de programas de estímulos fiscales.
Uno de ellos es la regularización de la tenencia de automóviles con descuento total en sanciones por multas, recargos y actualizaciones (100 por ciento), y el pago anual con el valor histórico del impuesto, sin incrementos en los montos, vigente al 31 de marzo.
En consulta telefónica sobre la campaña de cobro de tenencia, informó que hay estímulos con vigencia todo el año para las personas contribuyentes propietarias de unidades de servicio público que deben hacer pagos de refrendo anual de matrícula, la renovación anual de concesión, la revista electromecánica y la revista de confort, pero los descuentos son variables, dependiendo del concepto de pago.
Asimismo hay descuentos de hasta 80 por ciento sobre el impuesto de remuneración al trabajo personal, para quienes generen nuevos empleos ya sea permanente o temporal, “es variable dependiendo del número de empleos que se vayan a crear”.
Así como el estímulo por pago de derechos de bienes e inmuebles en el Registro Público de la Propiedad, siempre y cuando este valor del terreno no sea mayor de 100 mil pesos.
De la proyección de la recaudación, en este caso de ingresos propios, señaló que desde la Ley de Ingresos se estableció un incremento, más o menos de 14 por ciento.
Informó que en 2022 se superó la meta de recaudación en un 27 por ciento en cuanto a la cifra que se fijó en la Ley de Ingresos para ese ejercicio fiscal; de mil 766 millones estimados, obtuvieron 2 mil 129 millones.
Aclaró que la recaudación de los años críticos de la pandemia fue baja por un efecto natural ante la falta de empleo por cierre de negocios.
En este tenor explicó que la diferencia en la recaudación de 2022 con 2021, ronda el 40 por ciento, “(y) es parte de esa recuperación económica en el estado. Los negocios que cerraron temporalmente, al estar nuevamente tomando operaciones, pagan impuestos, principalmente sobre la remuneración del trabajo personal y también del impuesto al hospedaje, y de igual manera la profesión médica”.
Por lo tanto, no se puede comparar años que no tienen las mismas circunstancias. Señaló que la referencia del gobierno estatal es el presupuesto aprobado, para alcanzar y superar la meta fijada.
Del pago de tenencia, explicó que hay contribuyentes que dejaron de pagar varios años antes de la pandemia, y la idea es darles las facilidades para que paguen este año, sin cambios en el monto del monto de impuesto, “van a pagar el valor histórico de la tenencia, sin sanciones correspondientes”.
Aclaró que esta campaña será vigente a marzo, y a partir de abril habrá recargos a propietarios de vehículos.
Indicó que todos los vehículos son sujetos de impuesto estatal, y se aplica de acuerdo con una tabla que pueden consultar en las oficinas de recaudació, en la página de Facebook de la Secretaría, en la página @sefinaguerrero.
Recordó que ya no se cobra en efectivo en las oficinas fiscales, sólo a través de referencias de bancos o en línea, y a las oficinas pueden acudir por la impresión del importe a pagar.
A través de una cuenta falsa del secretario de Administración y Finanzas del gobierno del estado, Raymundo Segura Estrada, en Facebook, extorsionadores pidieron dinero a alcaldes, con el argumento de que recibirían fondos extraordinarios para los compromisos de fin de año. La dependencia emitió un aviso en redes sociales para desmentir esas comunicaciones y que las autoridades municipales no se dejen sorprender.
Consultado vía telefónica, el funcionario informó que le llamaron alcaldes que recibieron el mensaje, con un número de cuenta para el depósito.
Aclaró que el gobierno del estado ya cerró el año fiscal 2022, “lo que se pudo ayudar se hizo por indicación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Ahora estamos encargándonos del 2023”.
Indicó que, en diciembre pasado, el gobierno del estado solicitó 2 mil 500 millones de pesos en créditos bancarios “por la lluvia de peticiones” de organismos autónomos, organismos públicos descentralizados, y secretarías faltantes, que no tenían para pagar aguinaldos.
Precisó que sólo pudieron apoyar a unos 15 municipios, incluidos los de mayor población, como Chilpancingo, por la cuestión del Paseo del Pendón y la Feria de Navidad y Año Nuevo, con excepción de Acapulco, que no pidió ayuda en esta ocasión.
Explicó que primero, el gobierno estatal había pedido mil 500 millones que resultaron insuficientes, y tuvieron que contratar mil millones más, los cuales deben terminar de pagar en diciembre de 2023, con sus respectivos intereses. “nos va a complicar todo el año”, reconoció.
“Todo se deriva del déficit de la administración pasada, que no dejó dinero. La única manera de poder pagar aguinaldo a toda la estructura de gobierno, OPD y Organismos autónomos que pedían recursos, era pedir préstamos”.
Recordó que en diciembre 2021, para pagar los compromisos laborales de ese año fiscal, la administración estatal contrató 2 mil 100 millones de pesos, que hoy se rebasó, y que terminaron de pagar en diciembre de 2022.
Enfatizó que se mantendrá la política de austeridad para que los organismos cumplan con sus objetivos.
El texto publicado en la página de Facebook de Segura Estrada después de las 3 de la tarde de ayer, dice: “El titular de la Secretaría de Finanzas y Administración CPC Raymundo Segura Estrada, así como las y los colaboradores de esta dependencia nunca te ofrecerán o solicitarán recursos económicos para el acceso a los programas o proyectos sociales a través de medios electrónicos, recuerda, que ésta (y muestra con una flecha una cuenta personal en redes con una fotografía) es la única cuenta oficial del titular de Sefina. No te dejes engañar.
Para la UAG, 100 millones en 2022; pendiente apoyo de enero
En cuanto a la solicitud de apoyo para la Universidad Autónoma de Guerrero, confirmó que sólo le entregaron 100 millones de pesos, de 200 y luego 180 millones que solicitó el rector Alfredo Romero Olea, en el ajuste que le solicitó el Ejecutivo estatal.
Aclaró que ese monto les permitió cubrir 50 por ciento del aguinaldo de los trabajadores, “es lo que se pudo dar”.
Estimó que, como hicieron en enero de 2022, las autoridades universitarias volverán a solicitar ayuda de la gobernadora, para pagar este enero la segunda parte aguinaldo de 2022.
Como en diciembre, el gobierno estatal volverá a revisar las circunstancias, “porque todavía hay demasiadas peticiones y el recurso es insuficiente”.
Estimó que la universidad va a solicitar alrededor de 120 millones de pesos, “pero eso lo vamos a revisar si podemos”.
Además de la UAG, señaló que el Secretaría de Educación Guerrero, y todo lo que tiene que ver con el magisterio, también pagan la segunda parte de su aguinaldo en enero, y este año volvieron a pedir fondos para cumplir con la prestación.
Informó que los jubilados del Instituto de Seguridad de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSPEG) que protestaron en diciembre pasado por el pago de sus aguinaldos, también fueron atendidos en 2022.
“Son compromisos de administraciones pasadas, tuvimos que pagarles, tuvimos que hacer, utilizar algunos recursos que teníamos reservados y si se logró pagar, antes de fin de año”.
Del robo a cinco cuentas del ayuntamiento de San Miguel Totolapan, a través de un hackeo, por 8.7 millones de pesos que estaban destinados al pago de nómina, servicios proveedores y contratistas, que se dio a conocer en la pagina oficial del gobierno municipal, aclaró que no tenía conocimiento. Explicó que no habían pedido ayuda por esa situación.
El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), José Alfredo Romero Olea, confirmó que obtuvo los recursos extraordinarios del gobierno del estado para el pago de salarios y aguinaldos a los trabajadores de diciembre y dijo que está negociando con la Secretaría de Finanzas y Administración (Sefina) la cifra final del apoyo, aunque no precisó de cuánto es el monto.
Reconoció que “falta cubrir una parte, pero esa está legalmente comprometida a la primera quincena de enero” de este 2023.
Romero Olea fue entrevistado al final de la conmemoración del 62 aniversario de la masacre de 1960 en la alameda Granados Maldonado el pasado viernes 30 de diciembre.
En anteriores entrevistas, el rector dijo que solicitó 200 millones de pesos de apoyo extraordinario para el pago de los compromisos de fin de año de los univeritarios. Mientras que el titular de la Sefina, Raymundo Segura Estrada, aclaró que el gobierno estatal no podía entregar esa cifra e informó que pidió un ajuste a la máxima casa de estudios para poder liberar el dinero.
El viernes, el rector explicó que se cumplió con el pago de lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) de los universitarios hasta diciembre.
Aunque falta cubrir una parte, reconoció que lo cubierto fue posible “gracias al apoyo que nos dio, como siempre, nuestra gobernadora Evelyn Salgado Pineda”.
Por otro lado, Romero Olea indicó que la UAG recibirá alrededor de 3 mil 180 millones de pesos para el Ejercicio Fiscal 2023, de 3 mil 500 millones que inicialmente solicitaron.
Adelantó que, el área financiera está realizando las acciones pertinentes para distribuir los recursos “para no estar sufriendo y padeciendo al final del año” por la falta de techo presupuestal.
El secretario de Finanzas y Administración del estado, Raymundo Segura Estrada, informó ayer que el gobierno del estado ya consiguió un préstamo bancario de mil 500 millones de pesos para hacer frente al pago de aguinaldos y más prestaciones en diciembre. Dijo que diez ayuntamientos ya le han pedido ayuda económica, entre ellos Chilpancingo, pero que no están en condiciones de hacerlo.
Consultado al concluir la presentación de la Política Estatal Anticorrupción, en la explanada del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo, Segura Estrada informó que por lo menos diez ayuntamientos ya pidieron préstamos, pero que el gobierno estatal “no está en condiciones” de otorgarlos.
Manifestó que entre ellos está el de Chilpancingo, pero el gobierno estatal primero cubrirá sus propias necesidades, en las que se incluyen el pago de aguinaldo y prestaciones a la burocracia en diciembre, y después ayudará a los municipios.
Contó que además ya se hizo “el proceso de licitación, obtuvimos un crédito bancario entre instituciones de mil 500 millones de pesos, vamos a hacer una segunda evaluación considerando qué otros compromisos vienen para poder hacer frente”.
Respecto a las 42 camionetas blindadas que en noviembre de 2021 el gobierno estatak puso en subasta, afirmó que aún el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado las considera y está haciendo el esfuerzo de venderlas.
Aseguró que sólo siete de las 42 camionetas se han vendido, pero están esperando el tiempo suficiente, de lo contrario tendrán que recuperarlas para intentar venderlas nuevamente.
Expuso que físicamente las camionetas que no se han vendido están en Chilpancingo, resguardadas, aunque no tenía el dato de dónde exactamente.
Agregó que las camionetas están resguardadas sin ningún problema y que utilizarlas sería peor para el gobierno del estado, porque ocasiona gastos en el mantenimiento y la gasolina, “están paradas totalmente, esperando que de pronto sean vendidas”.
Se le preguntó cuántas camionetas quedaban, pero dijo que no recordaba, pero “eran más de 30”.
De si el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado le pidió al gobierno estatal que trasladara las camionetas a la Ciudad de México, y pagara un estacionamiento para que las pudiera ofrecer, respondió que no había las condiciones para hacerlo y por eso ante cualquier interés que haya es el gobierno estatal el que las muestra físicamente.
De la venta de Casa Acapulco y Casa México, esta última ubicada en la colonia Polanco en la capital el país, dijo que la primera no se puede vender por una situación legal, que no detalló, y de la segunda sostuvo que no hay todavía un proceso para ofrecerla.
Contó que en la Ciudad de México se buscará un pequeño espacio para seguir atendiendo con menos gastos y a los trabajadores se les ofrecerá una reubicación y será su decisión aceptarla.
El secretario de Finanzas y Administración del gobierno del estado, Raymundo Segura Estrada, declaró que, en efecto, el Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG), atraviesa por graves problemas financieros para pagar las pensiones a los trabajadores que por derecho ya les corresponden.
De acuerdo a un análisis de la calificadora Moody’s Guerrero está entre los estados que enfrentan presión para el pago de pensiones por la falta de recursos para cubrirlas y por el tamaño de su déficit actuarial.
Consultado ayer al respecto, el secretario de Finanzas, Segura Estrada, detalló que de acuerdo a este estudio actuarial que se elaboró este año, si los cuatro mil 383 trabajadores que ya tienen derecho a pensionarse lo hicieran, implicaría el pago 72.1 millones de pesos mensuales, adicionales a la nómina.
“Lógicamente esto implicaría problemas para poder pagar a todos ellos, ya que el monto de los ingresos no está ni cercano a esa cantidad”, reconoció el funcionario.
Explicó que es por ello que a este número de trabajadores del gobierno del estado que ya están en edad de pensionarse se les otorga una compensación del cinco por ciento de su sueldo, “con el propósito de que esperen”.
Reconoció que pagar los 72.1 millones de pesos mensuales “quebraría al ISSSPEG”, debido a que no existe esa posibilidad de recursos, y entonces, “tenemos que hacer una especie de negociación y darles (a los trabajadores en edad de pensionarse), de alguna menara un incentivo para que sigan esperando, porque no se cuenta con los recursos suficientes”.
Dijo que esta administración ya recibió al ISSSPEG con este déficit financiero y que al inicio tuvo que dar (a ese Instituto) un presupuesto adicional, primero de 18 millones de pesos para que pudieran pagarse los pasivos, y después, en diciembre, la Sefina le dio otros 104 millones 700 mil pesos para el pago de aguinaldos y otros adeudos.
Informó que el presupuesto anual del ISSSPEG este 2022 fue de mil 444 millones de pesos.
El funcionario agregó que a pesar del recate que la Sefina le ha hecho, para el ISSSPEG sigue siendo complicado para el pago de los adeudos, “y esto implica que tiene que buscar las formas de obtener recursos adicionales, pero no hay más que el apoyo de la Sefina”.
Reconoció que el organismo no cuenta con mecanismos para recuperar sus finanzas, debido a que “el grave problema” que tiene, es que quienes deberían aportar la cuota y las retenciones que les hacen a los empleados, no lo hacen.
El secretario de Finanzas reveló que actualmente el saldo que tiene el ISSSPEG por cobrar a los ayuntamientos y organismos públicos es de 940 millones 742 mil pesos.
Informó que uno de los ayuntamientos y organismos que más deben al ISSSPEG es el de Acapulco y su Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco (Capama), pero el funcionario no dio a conocer la cifra porque dijo que “ya se hizo un convenio con ellos y esperamos que lo respeten y vayan pagando poco a poco”.
Otro de los ayuntamientos con adeudos “importantes” es el de Chilpancingo, mismo que debe al ISSSPEG
277 millones 811 mil pesos, informó el funcionario.
“Esto (los adeudos) es lo que esta complicando la situación financiera en el ISSSPEG, si todos pagaran los 940 millones, definitivamente habría otra manera y se lograría que se jubilen más personas que ya tienen derechos pero para efectos de poderlos contener tenemos que darles una compensación”.
El secretario de finanzas declaró que hace falta legislar en la materia, como ya se hizo en el ámbito federal, para poder aplicar la Ley de Responsabilidades de los Serviciares Públicos a las autoridades que incumplan con la obligación de reportar las cutas de los trabajadores.
Explicó que por ejemplo con la reforma federal ya se establece que todos aquellos que no enteren impuestos y cuotas, en este caso al ISSSTE, ya es una falta grave y motivo para solicitar su renuncia, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
“No es así para el caso del ISSSPEG”, dijo, y explicó que por eso en su comparecencia ante los diputados locales pidió que el Congreso les de herramientas para exigir el pago de todas estas cuotas a las que el ISSSPEG tiene derecho.
“Es necesario que se haga una reforma en ese sentido para que sea motivo de remoción de los funcionarios que no cumplan”, opinó Segura Estrada.
El funcionario declaró que financieramente el ISSSPEG no tiene los recursos suficientes para cumplir con sus compromisos de fin de año.
“Ojala se pudiera recuperar algo de la cartera vencida que se tiene, pero no veo esa posibilidad, sin embargo Finanzas, a través del financiamiento bancario que tuvo va a tener que darle un apoyo de aproximadamente 120 millones para que pueda pagar la gratificación anual y algunas prestaciones”, anunció el secretario de Sefina.
