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Sigue el paro en el TSJ; hay acercamiento con Casarrubias, pero no acuerdos: SUSPEG

Ayer en su segundo día de paro de labores y toma de Ciudad Judicial en Chilpancingo, más de 500 trabajadores del Tribunal Superior de Justicia agremiados a las 12 secciones del SUSPEG, exigieron el pago de bonos y se manifestaron en contra el cobro del ISR a sus prestaciones Foto: Jessica Torres Barrera

Zacarías Cervantes / Brenda Escobar

Chilpancingo/Zihuatanejo

Más de 500 trabajadores del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), agremiados a las 12 secciones del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), pararon labores por segundo día consecutivo este martes, en sus centros de trabajo de todo el estado para exigir el pago de bonos y manifestarse contra el cobro del ISR a sus prestaciones.
En Zihuatanejo los trabajadores se han organizado para mantener el paro laboral por medio de guardias durante todo el día y la noche, y advirteron que no se retirarán hasta que tengan noticias favorables a sus peticiones.
La secretaria general del Comité Ejecutivo Central (CEC) del SUSPEG, Adela Hernández Angelito informó que ya “hay acercamiento” con el presidente del TSJ, Raymundo Casarrubias Vázquez, para llegar a una solución, pero los trabajadores consideraron que no había garantías de que se resolvieran sus demandas ayer.
Hernández Angelito precisó que las demandas son “diferencias de prestaciones extraordinarias” como el bono del Día del Padre, del Día de la Madre y el bono decembrino que en los demás sectores del gobierno estatal fueron pagados a los trabajadores, pero no a los del Poder Judicial.
El lunes, los trabajadores que se manifestaron en Ciudad Judicial de Chilpancingo informaron que también están inconformes porque les descontaron de sus prestaciones el impuesto del ISR.
La dirigente del SUSPEG informó que en el gobierno del estado les han dicho que los recursos que corresponden al Poder Judicial ya fueron transferidos, pero que el presidente del TSJ les dijo que no alcanzan para cubrir las prestaciones que demandan los empleados.
“Estamos a favor del diálogo y la comunicación, pero no se prestó de parte de la administración (del TSJ) y por eso se conjugó la opinión de todos los trabajadores para hacer este justo reclamo”, dijo la dirigente sindical entrevistada por teléfono.
Insistió que las prestaciones que reclaman los trabajadores del Poder Judicial, se pagaron a los sindicalizados del SUSPEG en el gobierno del estado, organismos públicos autónomos y organismos públicos descentralizados, “en todos ellos se terminó bien el 2023, pero no en el Tribunal Superior de Justicia”.
Aseguró que se sentaron a dialogar con el magistrado presidente Raymundo Casarrubias Vázquez para pedirle que así como se otorgaron las prestaciones en los otros organismos también se les diera a los trabajadores del Poder Judicial, “pero no se llegó a un acuerdo”.
Incluso recordó que desde octubre del año pasado los trabajadores realizaron un plantón afuera de Ciudad Judicial precisamente por la inconformidad de que no fueron beneficiados con el incremento salarial del 14 por ciento que sí recibieron los empleados de los otros organismos. Tras esa protesta les autorizaron sólo el 10 por ciento.
Indicó que por ello con este movimiento están pidiendo el apoyo de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para subsanar estos beneficios para los trabajadores del TSJ.
Explicó que tienen entendido que el Poder Ejecutivo ha transferido todo el presupuesto al Poder Judicial, “pero el magistrado presidente dice que no le alcanza el recurso para cumplir con estos compromisos con los trabajadores, pero sabemos que hay una partida que está etiquetada para las negociaciones que se hacen con el SUSPEG”.

Zihuatanejo

Este martes, los trabajadores del Poder Judicial de los distritos de Azueta y Montes de Oca, con sede en Zihuatanejo y La Unión, continuaron con el paro de labores y señalaron que no se retirarán hasta que tengan noticias favorables a sus peticiones.
Ayer, vía telefónica, el delegado de la sección 48 del SUSPEG, José Alfredo García, manifestó que la información más reciente que tenían es que este martes, les comunicaron que la secretaria general de este sindicato, Adela Hernández Angelito, gestionó una reunión con la gobernadora Evelyn Salgado, “sólo están por confirmarle el día y la hora, para tratar la situación de los trabajadores del Poder Judicial”.
Dijo que mientras tanto, aquí en Zihuatanejo, los trabajadores se han organizado para mantener el paro laboral por medio de guardias durante todo el día y la noche.

 

Explica el titular de la Sefina a diputados modificaciones del presupuesto tras Otis

Diputados locales que integran las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, en la reunión con el secretario de Finanzas y Administración del gobierno del estado, Raymundo Segura Estrada, y el secretario de Planeación y Desarrollo Regional, René Vargas Pineda, en la sala José Francisco Ruiz Massieu del Congreso del estado Foto: El Sur

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El secretario de Finanzas y Administración (Sefina), Raymundo Segura Estrada, se reunió con diputados de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local, para esclarecer las dudas sobre las implicaciones de la reducción de 800 millones de pesos en el presupuesto de 2024 por la caída de la recaudación a consecuencia de los daños dejados a empresas de Acapulco y Coyuca de Benítez por el huracán Otis.
Al salir de la  sala José Francisco Ruiz Massieu, el funcionario declaró a los reporteros que la información se centró en la caída de los ingresos en el estado, porque los negocios y el turismo ya no van a funcionar igual.
En una reunión la semana pasada con integrantes de la Comisión Hacienda, explicó que se estima una reducción en las participaciones federales por alrededor de 800 millones de pesos producto de la caída de la recaudación.
“Todos los contribuyentes no van a poder cumplir en la forma que funcionaban en años anteriores, se va a caer el ingreso del hospedaje, el turismo no va a llegar en la cantidad que hasta el año pasado era, eso se tiene que considerar”, abundó Segura ayer de acuerdo con un audio compartido con esta reportera.
Recordó que empresas grandes tuvieron que despedir personal, y otras menores cerraron operaciones por la falta de condiciones para operar tras la destrucción que dejó el huracán de categoría 5 que impactó los primeros minutos del 25 de octubre pasado.
El funcionario consideró positiva la mesa de trabajo, porque los diputados estuvieron satisfechos con las explicaciones que dio con los directores involucrados, y con el secretario de Planeación y Desarrollo Regional, René Vargas Pineda en el tema que le corresponde.
No obstante, no precisó ante los reporteros las implicaciones que tendría esa reducción de 800 millones de pesos en la operación y los programas del gobierno ni qué partidas se verían afectadas con eventuales recortes.
Al contrario, en un boletín de prensa, el gobierno del estado informó que el responsable de las finanzas estatales informó en esta reunión que el proyecto de presupuesto para el próximo ejercicio fiscal prevé ingresos por  81 mil 752 millones de pesos, lo cual representa un incremento del 7 por ciento mayor al del 2023.
Señaló que se proyecta fortalecer los presupuestos de las Secretarías de Educación, Salud, Seguridad Pública, y dar mayor impulso a la equidad de género.
Asimismo, Segura Estrada detalló que el monto asignado al sector Educativo será de 33 mil 152 millones de pesos; en Seguridad Pública de 3 mil 634 millones de pesos, con un incremento del 8 por ciento, y en el sector Salud, 8 mil 531 millones de pesos.
En lo que respecta al gasto de inversión, las aportaciones que integran el Fortalecimiento de las Entidades Federativas tendrán un incremento de 8 por ciento .
Confirmó que se estima una reducción de 800 millones de pesos, pero destacó el compromiso de la  gobernadora Evelyn Salgado Pineda, “de aligerar la carga financiera luego de los daños generados tras el paso del huracán Otis en el puerto de Acapulco y Costa Grande, por lo que se otorgaron estímulos fiscales a las y los ciudadanos afectados”.
Enfatizó que se prioriza el fomento al ahorro, la disciplina fiscal en los diferentes poderes del Estado, la optimización de recursos y una distribución equitativa de éstos.

BREVES

Se inconforman con la Rectoría porque destituyó al subdirector de la Prepa 32 de Iguala

Directivos de la Preparatoria 32 de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) en Iguala, y personal docente manifestaron su inconformidad contra la destitución “arbitraria, injustificada y sin ningún sustento legal” del subdirector de Planeación, Roberto Bautista Martínez, por presuntamente sólo opinar sobre la duplicidad de oficios del periodo vacacional emitidos por Rectoría.
Señalaron que Bautista Martínez tiene el respaldo del Consejo Académico, la dirección de la escuela, las delegaciones sindicales, el Consejo Universitario, personal docente, administrativo y de intendencia y exhortan al rector, Javier Saldaña Almazán, que rectifique y lo reinstale en su cargo.
“No puede haber ley mordaza y el hacer una crítica personal por la duplicidad de oficios del periodo vacacional no es causa ni motivo de destitución” de una persona honrada y dedicada a su trabajo, expresaron.
Señalaron que un grupo opositor en la unidad académica está detrás de la decision del jefe de la oficina de Rectoría, Alejandro Bueno Acuña que ordenó al director de la Preparatoria 32, la destitución del subdirector de Planeación y que hiciera la propuesta de su sustituto.
Además mencionaron que otro intento de descrédito en su contra fue cuando el bloque opositor organizó a los alumnos para que lo acusaran de acoso sexual, siendo que los docentes señalados ya fueron exonerados al no existir pruebas.

Nombran a un director encargado y termina el paro en la UPN

Con el nombramiento de Ismael Palacios Tirzo como director encargado de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) 123 de Iguala, concluye la protesta de maestros y trabajadores administrativos.
Este lunes, después de 33 días de plantones, paro laboral, cierre de calles y toma de las oficinas de la Secretaría de Finanzas (Sefina), el jefe del Departamento de Educación Universitaria Pedagógica, Jovani Ramírez Páez, y el delegado general de gobierno Zona Norte, Rodolfo Martínez Méndez, dieron posesión a quien suple a Juan Nava Beltrán.
Representantes de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) y del gobierno del estado junto con personal docente y administrativo acordaron en una breve reunión trabajar en conjunto con el director encargado.
Los paristas entregaron el edificio e hicieron un recorrido por las instalaciones y pidieron mejorarlas.
El director encargado designará al nuevo subdirector académico en sustitución de Minerva Camacho Zambrano, y tras las vacaciones nombrará a la nueva Comisión de Titulación.
Y manifestaron que en el proceso de entrega-recepción se harán las observaciones y fincarán las responsabilidades de las irregularidades que puedan encontrar del director cesado. (Redacción / Iguala)

 

Repliegan antimotines a jubilados que cerraron el Recinto para exigir el pago de pensiones

Policías estatales con equipo antimotines repliegan con violencia a los jubilados y pensionados del gobierno estatal y de la FGE de uno de los accesos laterales del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo, donde exigieron el pago de dos meses de jubilaciones que les deben a 900 de ellos Foto: Jessica Torres Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Jubilados y pensionados del gobierno del estado, Fiscalía General del Estado (FGE) y del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) fueron replegados ayer violentamente de uno de los accesos del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo donde demandaban del pago de sus pensiones por policías antimotines.
Patricia Cabañas, viuda de un pensionado de la FGE denunció que la Caja de Previsión Social, que recibe los recursos de la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado, no ha pagado a unos 900 jubilados y pensionados desde el octubre.
Cerca de las 11 de la mañana más de 100 manifestantes bloquearon todos los accesos del inmueble para presionar a las autoridades y les paguen los recursos.
A las 12 del día entró una comisión a dialogar con funcionarios de la Sefina, pero a la 1 de la tarde, antes de que salieran con los acuerdos, policías antimotines llegaron con intención de replegarlos.
Media hora después, los policías provistos con escudos y toletes replegaron con violencia a los jubilados y pensionados, la mayoría mujeres y de avanzada edad, de uno de los accesos laterales del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo.
Los policías jalonearon a algunos de los manifestantes para quitarlos del acceso, según dijeron, para que pudieran salir los empleados y la gente del público que se encontraba adentro realizando trámites.
A la 1:30 de la tarde, finalmente abrieron la reja para que saliera el personal y los usuarios; sin embargo, el resto de los accesos siguieron bajo control de los jubilados y pensionados.
Patricia Cabañas informó que quienes exigen el pago de sus pensiones son policías ministeriales, agentes del Ministerio Público, jueces y actuarios del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), así como policías de la Secretaría de Seguridad Pública estatal que dependen de la Caja de Previsión Social.
“Tenemos años peleándoles, desde el gobierno anterior nos estuvieron retrasando el pago, pero ahorita definitivamente se nos suspendieron, ellos alegan que no hay dinero, pero pues cómo va a haber si se lo están dando a todos sus funcionarios, jefes de área, a quienes les están dando viáticos exorbitantes”, agregó.
En tanto, denunció que entre los jubilados y pensionados “hay viudas, parapléjicos, otros que les falta algún miembro, un brazo, una pierna o están ciegos”.
Agregó que hay personas con secuelas de heridas que sufrieron en cumplimiento de su deber, “y ni aun así nos pagan, este es un gobierno indolente, que definitivamente no le importa su pueblo”.
Ayer, antes de que los replegaran un funcionario salió a advertirles que no los recibirían si no retiraban el bloqueo.
Pero Patricia Cabañas, dijo que desde el mes pasado se comprometieron en el gobierno del estado a pagarles, “pero les importó un carajo, nomás les pagaron como a 30 o 40 compañeros, ¿y los demás qué?”, cuestionó.
La vocera informó que hay muchos que son de Acapulco y necesitan que les paguen porque son damnificados por el huracán Otis.
Dijo que otros vienen de la región de la Montaña, gastando para el pasaje y sólo para encontrarse aquí con la negligencia de los funcionarios.
El contingente se retiró a las ocho de la noche del exterior del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo, después de que les depositaron las pensiones de octubre y noviembre a los que tienen su cuenta en el banco Afirme.
A esa misma hora se trasladaron a las oficinas de la Caja de Previsión Social, ubicadas en la lateral de norte a sur de la Autopista del Sol, esquina con la calle Recursos Hidráulicos, al sur de Chilpancingo, donde pidieron que les informaran cuándo les depositarán sus pensiones a los que tienen cuentas en los otros bancos.

Cierran de nuevo paristas de la UPN la Sefina en Iguala; exigen cese por escrito de directivos

Redacción

Iguala

Personal docente y administrativo de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) 123 de Iguala tomaron por segunda ocasión seis horas las oficinas de recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración (Sefina) estatal en demanda del cese por escrito del director Juan Nava Beltrán y de la subdirectora académica Minerva Camacho Zambrano por fraude y corrupción académica como administrativa.
Este miércoles, a las 8 de la mañana, los paristas se colocaron afuera del edificio impidiendo la entrada de los empleados estatales y a su vez colocaron lonas y pancartas en la puerta principal de la dependencia.
En entrevista el coordinador de la Maestría en Educación Básica de la UPN, Otilio Teutla Rebolledo, informó que el próximo viernes sostendrán una reunión con el subsecretario Marco Antonio Marbán Galván, para que les informen si serán cesados o no los directivos.
“Ante la desconfianza hacia las autoridades educativas, nosotros continuaremos con nuestro plan de acción hasta el cese por escrito de los directivos”, explicó.
Agregó que del cese de las funciones de los directivos de la UPN dependerá que concluyan el paro laboral y la toma del edificio escolar que mantienen desde el 15 de noviembre.
Refirió que las autoridades educativas y sindicales saben que el único acuerdo resolutivo es la destitución de los directivos por fraude y corrupción, y la rendición de cuentas como lo han denunciado.
Dijo que desde hace dos años hicieron la denuncia del fraude pedagógico pues los alumnos terminan su formación en la UPN y se titulan en una escuela privada.
Teutla Rebolledo declaró que el lunes sostuvieron una reunión con representantes de la Secretaria de Educación a quienes les advirtieron que no le apuesten al desgaste, al cansancio porque ellos están preparándose para cualquier eventualidad y que llegarán hasta el final.
Advirtió que tienen más acciones programadas y que irán subiendo el nivel de exigencia, además buscarán otros canales, pero reiteró que la problemática de corrupción, autoritarismo y la rendición de cuenta son problemas que debe resolver la autoridad que abandera el gobierno de la Cuarta Transformación pues son considerados delitos mayores.
Alrededor de las 2 de la tarde, los paristas concluyeron la toma de las oficinas de recaudación de la Secretaría de Finanzas del estado.

Repliegan con violencia a jubilados de la FGE y del gobierno

Policías antimotines retiraron a un centenar de trabajadores jubilados y pensionados de la FGE, el TSJ y de secretarías del gobierno del estado, que cerraron uno de los accesos al recinto del Poder Ejecutivo. Los manifestantes, la mayoría mujeres de edad avanzada, exigían el pago de pensiones y a las 8 de la noche dejaron la protesta después de que a algunos les pagaron Foto: Jessica Torres Barrera

 

Repliegan antimotines a jubilados que cerraron el Recinto para exigir el pago de pensiones

El contingente se retiró a las 8 de la noche del lugar, después de que les depositaron a los que tienen cuenta en el banco Afirme, pero de ahí se fueron a las oficinas de la Caja de Previsión Social –ubicada a una cuadra– para pedir que les digan cuándo pagan a los demás

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Jubilados y pensionados del gobierno del estado, Fiscalía General del Estado (FGE) y del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) fueron replegados ayer violentamente de uno de los accesos del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo donde demandaban del pago de sus pensiones por policías antimotines.
Patricia Cabañas, viuda de un pensionado de la FGE denunció que la Caja de Previsión Social, que recibe los recursos de la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado, no ha pagado a unos 900 jubilados y pensionados desde el octubre.
Cerca de las 11 de la mañana más de 100 manifestantes bloquearon todos los accesos del inmueble para presionar a las autoridades y les paguen los recursos.
A las 12 del día entró una comisión a dialogar con funcionarios de la Sefina, pero a la 1 de la tarde, antes de que salieran con los acuerdos, policías antimotines llegaron con intención de replegarlos.
Media hora después, los policías provistos con escudos y toletes replegaron con violencia a los jubilados y pensionados, la mayoría mujeres y de avanzada edad, de uno de los accesos laterales del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo.
Los policías jalonearon a algunos de los manifestantes para quitarlos del acceso, según dijeron, para que pudieran salir los empleados y la gente del público que se encontraba adentro realizando trámites.
A la 1:30 de la tarde, finalmente abrieron la reja para que saliera el personal y los usuarios; sin embargo, el resto de los accesos siguieron bajo control de los jubilados y pensionados.
Patricia Cabañas informó que quienes exigen el pago de sus pensiones son policías ministeriales, agentes del Ministerio Público, jueces y actuarios del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), así como policías de la Secretaría de Seguridad Pública estatal que dependen de la Caja de Previsión Social.
“Tenemos años peleándoles, desde el gobierno anterior nos estuvieron retrasando el pago, pero ahorita definitivamente se nos suspendieron, ellos alegan que no hay dinero, pero pues cómo va a haber si se lo están dando a todos sus funcionarios, jefes de área, a quienes les están dando viáticos exorbitantes”, agregó.
En tanto, denunció que entre los jubilados y pensionados “hay viudas, parapléjicos, otros que les falta algún miembro, un brazo, una pierna o están ciegos”.
Agregó que hay personas con secuelas de heridas que sufrieron en cumplimiento de su deber, “y ni aun así nos pagan, este es un gobierno indolente, que definitivamente no le importa su pueblo”.
Ayer, antes de que los replegaran un funcionario salió a advertirles que no los recibirían si no retiraban el bloqueo.
Pero Patricia Cabañas, dijo que desde el mes pasado se comprometieron en el gobierno del estado a pagarles, “pero les importó un carajo, nomás les pagaron como a 30 o 40 compañeros, ¿y los demás qué?”, cuestionó.
La vocera informó que hay muchos que son de Acapulco y necesitan que les paguen porque son damnificados por el huracán Otis.
Dijo que otros vienen de la región de la Montaña, gastando para el pasaje y sólo para encontrarse aquí con la negligencia de los funcionarios.
El contingente se retiró a las ocho de la noche del exterior del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo, después de que les depositaron las pensiones de octubre y noviembre a los que tienen su cuenta en el banco Afirme.
A esa misma hora se trasladaron a las oficinas de la Caja de Previsión Social, ubicadas en la lateral de norte a sur de la Autopista del Sol, esquina con la calle Recursos Hidráulicos, al sur de Chilpancingo, donde pidieron que les informaran cuándo les depositarán sus pensiones a los que tienen cuentas en los otros bancos.

 

Cierran jubilados de la Fiscalía y la SSP entrada del Recinto; logran pago de pensiones

Jubilados y pensionados de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado bloquearon el acceso principal del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo y la lateral del encauzamiento del río Huacapa de norte a sur, para exigir el pago de sus pensiones Foto: Jessica Torres Barrera

Jubilados y pensionados de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado bloquearon este jueves durante dos horas el acceso principal del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo y la lateral del encauzamiento del río Huacapa de norte a sur, en demanda del pago de pensiones.
Denunciaron que de unos 2 mil 500 jubilados y pensionados, entre ellos peritos, agentes del Ministerio Público, custodios y policías de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a unos 700 no les han pagado el mes de octubre.
Una de las jubiladas, dijo que a través de la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado envían el dinero a la Caja de Previsión Social y es la que les paga.
Añadió que les han dicho que del gobierno del estado no les han transferido los recursos y que no hay para pagarles sus pensiones.
Ayer, a las 11 de la mañana llegaron unos 50 jubilados y pensionados que no han recibido el pago y bloquearon la entrada principal del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo, media hora después entró una comisión a dialogar con funcionarios de la Sefina; sin embargo, como no fueron recibidos de inmediato los que se quedaron afuera bloquearon a las 11:50 de la mañana la lateral del río Huacapa.
La protesta terminó a la una de la tarde cuando funcionarios de la Sefina informaron a los integrantes de la comisión encabezada por Anastasio Hernández Nava, que entre ayer por la tarde y este viernes por la mañana recibirían sus pensiones.(Zacarías Cervantes / Chilpancingo)

 

Siguen en plantón sindicalizados de Ciudad Judicial en la capital; no los atienden, se quejan

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Por segundo día consecutivo, trabajadores de la sección 62 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) que laboran en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), pararon labores ayer y se mantuvieron en plantón afuera de Ciudad Judicial de Chilpancingo en demanda del 14 por ciento de incremento salarial, pago de bonos y el estímulo por años de servicio.
La secretaria general de la sección 62, Margarita Sánchez Azabay, dijo en entrevista en el plantón que el dinero no ha sido liberados por la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado, supuestamente porque no hay recursos.
Sin embargo dijo que estos conceptos ya fueron pagados a trabajadores de base de otras dependencias cuyos trabajadores también pertenecen al SUSPEG.
Advirtió que si este martes no reciben respuesta hoy miércoles comenzarían a parar y a bloquear otras áreas del TSJ.
La dirigente pidió la intervención de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda “para que se agilice el trámite y la Secretaría de Finanzas libere el recurso para que se nos pague el incremento salarial y su respectivo retroactivo, así como el pago de una diferencia de los bonos”, explicó que en el caso del que reciben en diciembre no se los han pagado desde el año pasado.
También piden el pago del incremento que se aplicó a los estímulos por años de servicio mismo que también es del 14 por ciento.
Insistió en su reproche de que el incremento salarial ya se pagó a los trabajadores de base de otras dependencias del gobierno del estado “y aquí (en el TSJ) no hemos sido beneficiados con eso”.
El movimiento laboral comenzó el lunes y ayer aún no habían recibido respuesta a su pliego petitorio.
Sánchez Azabay informó que el movimiento será gradual; “si el día de hoy no vemos ningún resultado favorable, mañana (hoy martes) comenzarán el paro los trabajadores de los juzgados en diferentes ciudades como Acapulco e Iguala”.
Hasta ayer los trabajadores en paro eran sólo los 197 que pertenecen a la sección 62 del SUSPEG que laboran en Ciudad Judicial, pero a nivel estatal son 500 y de acuerdo a la dirigente sindical se irían sumando en los próximos días si no reciben respuesta.
Aseguró que a pesar de las gestiones del presidente del TSJ, Raymundo Casarrubias Díaz y de la propia dirigencia sindical, la Secretaría de Finanzas no ha autorizado los recursos, y supone que es por el burocratismo, pues dijo que no cree que sea por falta de dinero, “si ya se les dio a las otras dependencias, también a nosotros se nos debió haber contemplado”.

 

Cancelan el trámite de licencias en los nueve municipios calentanos; sólo Sefina autorizará

A principios de junio todas las oficinas que expiden licencias de manejo de vehículos en Tierra Caliente cerraron, tras un anuncio del gobierno del estado en el que informó que ahora sería éste quien se encargaría de su expedición mediante un formato que podrán adquirir en los ayuntamientos, sin embargo, el proceso de actualización no ha concluido y ninguna autoridad expide este tipo de permisos.
En las oficinas de la Secretaría de Finanzas y Admnistración (Sefina), tanto de Ciudad de Altamirano como de Coyuca de Catalán así como de Cutzamala, no tienen informes de la forma en la que se van a expedir las licencias de manejo por el gobierno estatal.
Nadie conoce si se va a colocar algún módulo especial.
Mientras tanto los ayuntamientos tuvieron que cerrar la expedición de licencias al señalar que no cuentan con los hologramas o los códigos QR que serán aportados por el gobierno del estado.
De tal forma que en todo el mes de junio no se han expedido licencias de manejo de ningún tipo .
La licencia de manejo además de servir para los fines de circulación, es una identificación muy recurrida por las personas que viajan hacia los Estados Unidos de tal forma que constantemente se están solicitando en la mayoría de los ayuntamientos de Tierra Caliente por ser una zona de alta migración .
Ante la falta de licencias en Guerrero, la gente está recurriendo al Estado de Michoacán por su cercanía; Ciudad Altamirano colinda con el estado de Michoacán y solamente hay que caminar unos 100 metros para llegar al estado vecino. De tal forma que la alternativa que están tomando los habitantes es acudir a los municipios de San Lucas y de Huetamo por una licencia.
No hay fecha específica para el inicio de la expedición de licencias en Guerrero, de tal forma que los municipios cerraron de forma indefinida sus oficinas de expedición de licencias en espera de que el gobierno estatal les informe de los nuevos trámites. (Israel Flores / Ciudad Altamirano).

Demuestran recibos del gobernador pagos superiores a lo aprobado en el Congreso

En junio de 2002 obtuvo percepciones por 412 mil pesos

 Los diputados Max Tejeda y Noriega Cantú obtuvieron cheques directos el Ejecutivo en julio de 2003. Al sanchista Alvaro Leyva le pagaron 100 mil pesos el 23 de marzo de 2004

 Zacarías Cervantes Chilpancingo

El gobernador Rene Juárez y colaboradores cercanos a él podrían estar obteniendo ingresos superiores a lo que aprobó el Congreso local en el presupuesto de egresos, según copias de recibos de la Secretaría de Finanzas y Administración (Sefina) del gobierno estatal que se encuentran en poder de El Sur.

Copias de recibos y de cheques, así como de otros documentos, evidencian también el pago de cantidades hasta por 100 mil pesos para diputados locales del Partido de la Revolución del Sur (PRS) y del PAN, así como para el disidente priísta, cercano al ex aspirante a la candidatura a gobernador del PRI, Carlos Sánchez Barrios, Alvaro Leyva Reyes.

Según el presupuesto de egresos aprobado por el Congreso local para 2003, el gobernador René Juárez debería ganar un salario de 83 mil pesos mensuales, sin embargo según copias de recibos, sólo en el mes de junio del 2002 el gobernador obtuvo percepciones por 412 mil pesos.

Y es que de acuerdo a las copias de los recibos de ese mes de junio del 2002, Rene Juárez cobró 250 mil pesos por concepto de “bono trimestral a la productividad” a través del cheque de la Sefina 6248189, asimismo, con el cheque 6248187, cobró 132 mil pesos por concepto de sueldo correspondiente a ese mismo mes de junio y 30 mil pesos más con el cheque 6248188 por concepto de “gastos de representación”.

Sin embargo ya en el mes de agosto del 2003 René Juárez aparece cobrando un salario con recibos de la Secretaría de Finanzas y Administración de 95 mil 392 pesos, pero además ese mismo mes cobró 60 mil pesos por concepto de gastos de representación, lo que ampara una cantidad de 155 mil 392 pesos.

Otros recibos corresponden a las percepciones de la secretaria particular del gobernador Rene Juárez, Dina Villanueva Ríos, quien en febrero de este año obtuvo ingresos por 90 mil pesos, toda vez que de acuerdo al recibo 0748926, tiene un salario mensual de 75 mil pesos, pero sumado a ello, ese mismo mes firmó un recibo por 15 mil pesos por concepto de “erogaciones contingentes”.

También existen documentos que evidencian que diputados de partidos de oposición del Congreso local reciben recursos directos del gobierno estatal, por medio de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Secretaría de Finanzas, ello se comprueba con la copia del cheque del banco Santander Mexicano número 0009664 expedido por la Sefina el 01 de julio de 2003 por 50 mil pesos a nombre del diputado del PAN, Max Tejeda Martínez.

Asimismo existe una copia del cheque del banco BITAL expedido por la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno del estado con fecha primero de julio del 2003 que ampara la cantidad de 100 mil pesos y que habría recibido el diputado del PRS, Heriberto Noriega Cantú.

Pero no solamente los diputados de oposición habrían recibido recursos directos del gobierno estatal, también disidentes priistas, uno de ellos es el simpatizante del diputado Carlos Sánchez Barrios, ex aspirante a la candidatura a gobernador del PRI, Alvaro Leyva Reyes, quien con fecha 23 de marzo de 2004 habría recibido 100 mil pesos por concepto de “ayudas apremiantes”.

Otro funcionario, Fernando Espinosa Avila, quien labora en la oficina de la representación del gobierno del estado en el Distrito Federal, aparece con un recibo firmado de fecha 13 de febrero de este año por 50 mil pesos por conceptos de “erogaciones contingentes”.

Otra funcionaria, la delegada administrativa comisionada en Casa Guerrero, Mary Kenia Alcaraz Mejía, habría recibido el 15 de diciembre del 2003, 30 mil pesos “por concepto de “fin de año”, cuando trabajadores del gobierno estatal se quejaron porque sus aguinaldos fueron raquíticos y en muchos de los casos, no rebasaron los mil pesos.