La secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Irene Jiménez Montiel, replicó que sí se justifica por “el estado de emergencia” que el gobierno estatal emita lineamientos de construcción, además de que el decreto firmado por la gobernadora Evelyn Salgado fue “consensado” con los ayuntamientos de los municipios costeros de Guerrero.
La secretaria respondió vía telefónica a los señalamientos primero del Grupo ACA, y después del presidente del Colegio de Ingenieros y Arquitectos del Estado de Guerrero, organismos que adviertieron que la facultad de emitir normas de construcción corresponde a los Ayuntmientos.
Jiménez informó que “se habló con los presidentes municipales y con sus directores o secretarios y se mandó incluso a los colegios, a las cámaras; si hay un colegio que no participó fue porque no quiso.
“Pero esto está consensado, incluso con la Universidad (Autó-noma de Guerrero)”, agregó en una respuesta muy breve sobre las declaraciones del presidente del Colegio de Ingenieros Arquitectos del Estado de Guerrero, Alfredo Felipe Avilés, que se publicaron en la edición de este miércoles y en las que señala que el gobierno estatal no tiene facultades en reglamentos de construcción.
En el mismo sentido que Felipe Avilés se expresó el Grupo ACA en un comunicado emitido el viernes pasado, en el que dice que la gobernadora “no tiene facultades legales para emitir lineamientos en materia de construcción”.
La secretaria Jiménez Montiel dijo escuetamente que la mandataria estatal sí está facultada por “el estado de emergencia”, e insistió en que es “un decreto consensado y además porque no se puede permitir que se esté rehabilitando ya Acapulco con los mismos vicios o con las mismas situaciones en las que generaron el fenómeno”.
Se le preguntó si la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial está vigilando la reconstrucción de las edificaciones dañadas por el huracán Otis y contestó: “En este caso es el municipio, nosotros no podemos ir a los municipios y nosotros vigilar; o sea, el municipio y como participó el municipio de Acapulco ellos estarán vigilantes de que no se vuelvan hacer las mismas prácticas”.
“Nosotros tenemos que hacer las actualizaciones de normas, reglamentos y demás, pero eso nos va a llevar un poquito de tiempo, entonces en lo que se hace eso pues se volvería a reconstruir Acapulco de la misma manera y no podemos seguir permitiéndonos eso, entonces esto es por seguridad de todo”.
El diputado del PRI Rafael Navarrete Quezada en el momento en el que pregunta a la compareciente secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial Irene Jiménez Montiel sobre el estatus de la vialidad en la zona Riviera-San Marcos después del huracán Otis Foto: Jessica Torres Barrera
Lourdes Chávez
Chilpancingo
La secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Irene Jiménez Montiel, denunció que la corrupción en el ramo de la construcción es una de las causas de la devastación que ocasionó el huracán Otis en Acapulco, por no atender los planes de desarrollo urbano,.
Durante su comparecencia en el Congreso local, por la glosa del segundo informe de gobierno y a las preguntas de los diputados sobre las afectaciones al huracán que impactó Guerrero, indicó que Acapulco tenía su plan de desarrollo urbano “y en muchas ocasiones, por cuestiones políticas, por ignorancia, ese documento legal se guarda, y no se aplica”.
Consideró que los diputados y todos los actores políticos, deben informar de la importancia de los planes de desarrollo urbano para tener un estado más seguro, con mejor calidad de vida, y para que no ocurran esos desastres, que no son naturales sino ocasionados por el ser humano.
Recordó que la zona Diamante, muy afectada por las fuertes lluvias, se edificó sobre una zona de manglares y nunca debió tener acceso a permisos de construcción.
Denunció que incluso los políticos fomentan la invasión de predios, muchos en zonas federales, que provoca un riesgo muy grande para quienes habitan, “la enseñanza que nos deja esto es que tenemos muchísimas irregularidades en la aplicación de la normatividad, que involucran a todos los profesionales de la construcción, por eso es muy necesario hacer una actualización del marco normativo de la urbanización y del desarrollo urbano”.
Insistió en la actualización de los planes de desarrollo urbano, planes municipales y el plan estatal, no sólo por los huracanes sino también por los sismos y el clima.
Adelantó que en diciembre se someterá a consulta el Plan de desarrollo urbano estatal, y que su oficina tiene en línea una Bitácora de Guerrero con información de los proyectos de reordenamiento territorial.
También informó que la urbanización de Acapulco será con la categoría nueva de municipio metropolitano, “una propuesta integral de regeneración urbana con visión a los próximos 20 años, replantear las formas de hacer turismo con una enfoque de ciudad, la movilidad y el espacio público”.
En Acapulco indicó que todas las OPD de la secretaría están trabajando en acciones de limpieza con el apoyo de todos los estados que han enviado maquinaria y apoyo a la ciudadanía.
“Hemos avanzado sustancialmente, falta mucho pero hay algunos turistas, a pesar de la rapiña que hubo, la cual condenamos terriblemente, hubiera sido más fácil restablecer servicios y las carencias de los ciudadanos, pero como absolutamente todos los negocio fueron saqueados hizo que todo fuera un poquito más complicado”.
Estimó que la reparación de los inmuebles del gobierno del estado en Acapulco será superior a los 200 millones de pesos, pero no hay un cálculo específico.
Detalló las obras que se están realizando en las regiones y la inversión de mil millones para caminos artesanales, que mencionó el diputado del PRI Rafael Navarrete Quezada para solicitar que se amplíe a municipios de Costa Chica y municipios de la Montaña baja.
El diputado también pidió un trato igualitario en la asignación de obras de infraestructura, servicios y caminos a los pueblos afros de los municipios de Costa Chica.
La funcionaria explicó que alguno de los proyectos no pueden avanzar porque no tienen los permisos de paso de vía, y añadió que reciben muchas peticiones que a veces no tienen permisos ni siquiera ubicaciones.
Destacó que varias preguntas estuvieron orientadas a los planes de ordenamiento territorial, por la urgencia en Guerrero de trabajar en esta materia, porque la alta sismicidad, ciclones y huracanes que afectan la entidad.
La secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Irene Jiménez Montiel es entrevistada por reporteros Foto: Jessica Torres Barrera
Lourdes Chávez
La secretaria de Desarrollo Urbano, Obras públicas y Ordenamiento Territorial, Irene Jiménez Montiel, aseguró que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no realizó observaciones ni señaló responsabilidades por la demolición de la biblioteca Siervo de la Nación del Congreso local.
Sobre el resultado de la auditoría que realizó el organismo federal, a petición del Congreso, añadió que la Secretaría a su cargo envió el expediente completo al poder legislativo para quien desee conocer el procedimiento.
Consultada en las oficinas de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Guerrero, a donde asistió como invitada, también rechazó que haya discriminación a mujeres empresarias que piden mesas de trabajo para ser consideradas en la construcción de la obra pública.
Sin embargo, precisó que no va a ceder obras por chantajes en mensajes de redes sociales o en la prensa, “queremos gente responsable, gente profesional, con ética, que no nos vaya a dejar mal las obras”.
Sobre la biblioteca del Congreso, señaló de manera breve que no hay observaciones, ni responsabilidades por la demolición del edificio, que inicialmente tenía programada su rehabilitación.
Durante meses, en el Congreso hubo acusaciones contra el anterior presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Alfredo Sánchez Esquivel, de haber cambiado de manera unilateral el curso de la obra. Éste precisó que la opinión en la infraestructura corresponde a la Secretaría de desarrollo Urbano, responsable de la construcción.
La funcionaria estatal también fue cuestionada sobre la demolición de la biblioteca en la glosa del primer informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el año pasado, y ayer se reservó a dar opiniones de aquél momento.
Adelantó que la primera etapa de la obra, con una inversión de 9 millones de pesos, terminará a finales de marzo o principios de abril. Este año hay otra inversión de 10 millones de pesos para la segunda etapa, y se necesitarán 20 o 30 millones más para concluir el edificio.
Declaró que tiene muy claro que objetivo es Guerrero, “aquí no hay camisetas políticas, siempre haremos lo mejor que podamos, todas las mujeres somos trabajadoras y emprendedoras. No me enfoco en las cosas negativas. Si nos ponemos a ver todas las piedritas que ha habido, a todos los que no están de acuerdo, imagínense, no terminaría, hay muchas cosas por hacer en el estado como para enfocarse en quienes no quieren ahí”.
De la exclusión que señaló la empresaria Africa Leonor moreno Santana, como parte de un frente de empresarias de distintas organizaciones para demandar una audiencia con Jiménez Montiel a fin de acceder a los fondos de la obra pública estatal, la funcionaria aseguró que no pertenecen a varias cámaras sino es una sola persona.
Aclaró que quienes buscan una oportunidad en este sector deben tener preparación, “lo que pedimos en la Secretaría es que tengan el perfil, experiencia y solvencia económica para responder por alguna obra, porque yo necesito que las auditorías no me vayan a observar por un empresario que no tenga capacidad económica y me deja las obras colgadas”.
Confirmó que hay un problema de abandono de obras por empresas que no tienen manera de cumplir lo acordado. Ahora, dijo que está realizando un cruce de datos con las dependencias que rigen en esta Secretaría, para evitar que las empresas constructoras sean de hombres o mujeres, que dejaron proyectos inconclusos accedan a los recursos de infraestructura.
Del acompañamiento sólo de hombres en sus giras de trabajo, que también se advirtió en la denuncia, precisó que va a los recorridos de campo con sus colaboradores y ya estaban laborando en la oficina, “y tengo que trabajar con lo que hay”.
“Matan y se corrompen por la obra”
Aseguró que a la Secretaría casi nadie se acerca a hacer propuestas de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio, “ todo el mundo va a la obra, se matan por la obra, se corrompen por la obra, se malinterpreta por la obra, quieren decidir por la obra, cuando la columna de esta Secretaría es el desarrollo Urbano y el ordenamiento del territorio”.
Aseguró que después de 43 años en esta administración comenzaron las acciones palpables para el ordenamiento del territorio. Señaló que antes no eran contempladas porque no sirven para el proselitismo.
“El ordenamiento del territorio es reciente y lo necesitamos, no podemos seguir haciendo obras de relumbrón, que no beneficien a nadie, hoy estamos tratando de que nuestras obras sean necesarias, con el mayor número de beneficiarios y que no se concentre en los cinco municipios más grandes”.
Destacó los caminos artesanales en la montaña, que conectan a las cabeceras municipales y acercan servicios de salud y educación.
De las gotas o diezmos, tumor a voces en este sector, afirmó que quien lo sugiera será bloqueado por ella. Nosotros vamos a transparentar los procesos, fui la primera secretaría donde se puso un buzón de sugerencias para quejas y opiniones. Tratamos de transparentar la obra de ser equitativos, de regionalizar, de no dejar nada más a unas constructoras, y buscamos constructoras en las regiones aue ejecuten los proyectos en sus territorios”.
De la obra en 2023, informó que tiene la indicación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, de equilibrar presupuestos y proyectos en todas las regiones y en todos los municipios. Destacó que dejaron de proyectar pavimentaciones y drenajes que corresponden a los ayuntamientos, y conversan con los alcaldes sobre obras estatales con el mayor número de beneficiarios.
Como integrante de un frente de mujeres constructoras, la empresaria Africa Leonor Moreno Santana informó que hubo un acercamiento con la secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SDUOPOT), Irene Jiménez Montiel, y no se nota interés de apoyar a las mujeres del sector.
En entrevista telefónica, aclaró que la funcionaria trabaja sólo con hombres, incluso en su equipo de la dependencia, “no le interesan las mujeres, no nos incluye”.
Ayer, con un boletín de prensa, la SDUOPOT informó que realizará talleres con perspectiva de género para un desarrollo sostenible, de transformación de espacios públicos en zonas seguras y libres de violencia en el marco del programa Territorio Violeta, en coordinación con la Colectiva con Equidad AC.
Jiménez Montiel consideró que las políticas de igualdad en esta Secretaría deberían abocarse a tener estrategias para la inclusión de las mujeres constructoras.
“Nosotras sobrevivimos porque nadie tiene en sus políticas públicas un porcentaje de recursos para nosotras, que somos parte importante de un sector que detona las economías de varios lugares, y damos empleos”.
Recrimina que la funcionaria no tiene mujeres ni en el equipo de su oficina, ni como asesoras, está rodeada de hombres, “no le interesamos y no nos incluye, sólo nos margina y nos engaña, porque ya estuve en diferentes mesas de trabajo con una asociación de hombres y en lo particular ni grupal, habla de llamar a las mujeres a trabajar”.
La demanda que se le ha planteado por este frente de constructoras, afiliadas a diferentes cámaras empresariales, es que haya un porcentaje de los presupuestos en obra pública, para las mujeres empresarias, “no lo ha tocado, y sabe que tenemos las habilidades para la construcción”.
El diputado perredista Bernardo Ortega pregunta a la secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Irene Jiménez: “¿Quién ordenó la demolición del edificio?”, en referencia a la biblioteca del Congreso local Foto: Jessica Torres Barrera
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
La comparecencia de la secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SDUOPOT), Irene Jiménez Montiel, se desarrolló en un ambiente ríspido, de reclamos porque la funcionaria no respondía de manera puntual las preguntas de los diputados, y porque se resistía a informar quién ordenó la demolición de la biblioteca del Congreso local. Finalmente dijo que se determinó a partir de un estudio hecho por la dependencia y la solicitud del entonces presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) Alfredo Sánchez Esquivel.
Incluso el perredista Bernardo Ortega Jiménez le dijo que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda “se ha equivocado con su nombramiento”.
En tribuna Ortega Jiménez inició su participación apuntando que “quisiera decirle que conozco su trabajo y que la Secretaría a su cargo marcha muy bien, pero no puedo cerrar los ojos y dejar de ver la realidad que estamos viviendo”. Le dijo que detectó en sus respuestas por escrito a las preguntas de los diputados “temas que desde mi perspectiva son objeto de revisión, en materia de auditoría y fiscalización de recursos”. Le preguntó el porqué de la ampliación presupuestal de algunas obras, y si no se incurrirá en subejercicio por las obras en marcha y las que aún no se han iniciado.
Ortega mencionó los datos del informe de la dependencia en el que se señala que en licitación pública se autorizaron obras a 9 empresas; por invitación a cuando menos 3 personas, 10 empresas, y para adjudicación directa 241 empresas: “¿no le parece que se abusa de la adjudicación directa de obras?”. La funcionaria reconoció “que hay muchas cosas que no funcionan en la Secretaría, sin embargo, desde el inicio de la administración instalamos un buzón de quejas y sugerencias”.
Afirmó que como dependencia “queremos hacer cosas que realmente beneficien y no hacer espejitos de obras de relumbrón que vienen siendo elefantes blancos”, y le pidió al perredista tener confianza de que no habrá subejercicio, y que las obras se entregan a quienes cumplen con lo que establece la legislación en la materia. Y sin mencionar a quien se refería, dijo que los gestores “nos mandan empresas que no cumplen con los requisitos” y que pidan obras que realmente representen un beneficio y no solo que les “represente un voto”. Y que detectaron municipios que no han tenido obras del gobierno estatal en los últimos 15 años.
Antonio Helguera Jiménez le preguntó a la secretaria respecto a cómo encontró la Secretaría y cuales obras no se realizarán en su distrito. En respuesta, Irene Jiménez informó, “en Desarrollo Urbano no encontré nada”. Pidió a los diputados esperar para dar resultados de los seguimientos de obras porque están revisando que empresas sí están cumpliendo con las obras, y que sean especialistas, y que las obras se van a concluir antes del 31 de diciembre.
A pregunta de la perredista Elzy Camacho Pineda, respecto a si la dependencia no está favoreciendo con obras a municipios gobernador por Morena como Acapulco y Chilpancingo, Irene Jiménez le dijo que “de acuerdo a INEGI y a otras fuentes, nos indican que Acapulco y Chilpancingo son de las ciudades más pobres, entonces estamos tratando de llegar a ese sector de los más pobres”.
Irene Jiménez respondió a la morenista Angélica Espinoza García respecto a la reasignación de obras. Comentó que los parámetros fueron obedeciendo a “las necesidades básicas de la población” y otras porque no cumplían con los criterios o presupuestos necesarios.
Biblioteca
Bernardo Ortega fue el primer diputado que habló y preguntó sobre la obra de la biblioteca, sobre por qué se apresuró la decisión de demoler el edificio, y quien ordenó esta acción y sobre la licitación, pero la funcionaria no respondió. En su tiempo para responder habló de otros temas, por lo el legislador le reprochó que le señale que puede recurrir al buzón de quejas: “yo creo que la gobernadora Evelyn se ha equivocado con su nombramiento, creo que no está cumpliendo con las expectativas que ella quiere”.
La presidenta de la Mesa Directiva, la también perredista Yanelly Hernández Martínez pidió a Bernardo Ortega dirigirse con respeto a la secretaria. Sorpresivamente, quien salió a la defensa de la secretaria fue el diputado morenista Alfredo Sánchez Esquivel, a quien se le atribuye la decisión unilateral de la demolición de la biblioteca. Desde su curul pidió respeto a la funcionaria y recordó que la comparecencia no se trataba de un juicio en contra de Irene Jiménez.
Ya en tribuna nuevamente, Jiménez Montiel mostró en abultado expediente que puso a la disposición de los diputados toda la información respecto a la obra. En seguida Yanelly Hernández insistió en pedir a diputados y la compareciente el no olvidar que deben de dirigirse con “cortesía y respeto”, pero en su contrarréplica Ortega dijo que la secretaria no fue puntual en dar respuesta a las preguntas planteadas e insistió en conocer los detalles de la obra de la biblioteca y quién ordenó la demolición o si “fue capricho de alguien en particular… de alguien es la culpa y seguro usted lo sabe”. Se disculpó “si usted cree que la ofendí”. Y dijo que le recordó a su mamá cuando lo regañaba, lo que generó risas entre los presentes.
Nuevamente la presidenta de la Mesa pidió respeto, y desde su curul la priista Alicia Zamora Villalva reclamó a Yanelly: “ningún diputado puede ser reconvenido por sus dichos”.
La petista Leticia Mosso Hernández sólo subió a tribuna a felicitar a la funcionaria por su trabajo. El morenista Antonio Helguera Jiménez le dijo que él como otros diputados están dando “voces de alerta” y que es su obligación exigir resultados.
Ofrece funcionaria detalles técnicos sobre el caso de la biblioteca
Tras la participación de la priista Alicia Zamora Villalva, quien no preguntó sobre la biblioteca, la secretaria explicó que de inicio, el proyecto contemplaba una rehabilitación del edificio de la biblioteca que era “de una sola planta con doble altura y se consideraba adicionar un nuevo nivel de construcción desplantando la loza de azotea”, y que hasta mediados de julio de 2021 el área técnica de la dependencia presentó la propuesta para la contratación de servicios profesionales de un experto en materia de seguridad estructural”, para definir si se realizaba la intervención integral.
En agosto del mismo año se realizó el dictamen de seguridad estructural por parte del “director responsable de obra, el ingeniero Ángel Cortez Niño”, quien planteó que dada la antigüedad del inmueble de alrededor de 25 años y que no se contaba con planos estructurales se realizaran diferentes estudios al inmueble y determinaron que “los desplazamientos laterales la construcción no cumplía con los requerimientos de los códigos vigentes, la resistencia del concreto de los elementos estructurales según los datos arrojados por la instrumentación antes mencionada oscilaba por lo por lo menos en 250 kilogramos por centímetro cuadrado, lo cual se consideraba aceptable. También se vio el comportamiento de las columnas ante el efecto sísmico bidireccional y ahí se determinó que no era aceptable según los estándares de resistencia de los códigos vigentes”. Para soportar la estructura que se planteaba, dijo que se propuso recimentar el edificio.
Alicia Zamora le recordó que no le había preguntado sobre la biblioteca, pero entonces sí planteó la pregunta en tono elevado y de manera pausada: “¿Quién autorizó la demolición del edificio de la biblioteca pública del Congreso del estado?”, y le señaló que en enero de este año encontraron el edificio demolido a pesar de que en el Poder Legislativo las decisiones deben ser tomadas de manera colegiada.
Le dijo que si quieren combatir la corrupción, ese era el momento para señalar si en el Congreso la hubo: “queremos cifras, queremos verdades, no queremos mentiras a medias”. La secretaria en su respuesta no hablo de la biblioteca, entonces Alicia Zamora le reprochó: “vamonos a fondo, porque no me contestó nada”.
Finalmente en ese tema, la perredista Elzy Camacho Pineda insistió en la pregunta de sus compañeros de legislatura de conocer los detalles de la obra de la biblioteca y le pidió ser clara en torno a quién ordenó la demolición. La funcionaria respondió que el cambio de rehabilitación a demolición se realizó “con base al dictamen del director responsable de obra”, porque al hacer la inspección física, y los estudios técnicos para saber si iba a ser resistente para la lo que se requería, se determinó que era más caro rehabilitar que demoler y construir”.
Señaló que también a solicitud de la Jucopo de realizar la demolición, pero desde su lugar, el secretario de la Junta, el priista Héctor Apreza Patrón dijo que él no lo solicitó ni estaba enterado, por lo que la secretaria rectificó: “bueno, por parte del presidente de la Junta, entonces en atención a la solicitud nosotros le dimos seguimiento a este procedimiento, nosotros no podíamos negar este procedimiento porque había un dictamen técnico en donde se dice que la rehabilitación no era lo más viable porque salía más caro”.
Reprochan falta de atención a diputados
Helguera Jiménez fue el primero en reclamar por la falta de atención y le dijo que si no les responde a ellos lo hace también con 15 mil-16 mil ciudadanos que votaron por cada representante popular.
También Elzy Camacho reclamó a la secretaria porque “no atiende a los diputados” y que incluso a ella cuando la atendió en su oficina “me ignoró en los temas que le plantee y en esta comparecencia usted ha sido omisa en sus respuestas”.
La morenista Angélica Espinoza García reclamó que la dependencia fue omisa a la ejecución de la obra de baños en un jardín de niños en una comunidad de Ayutla de los Libres. También mostró un oficio entregado el pasado 9 de septiembre entregó a la secretaría por medio del cual solicitó que le informara sobre el avance de la obra, “pero jamás tuve respuesta”.
Finalmente, la morenista le dijo a Irene Jiménez “así como el día de su toma de protesta mencionó que, de no cumplir, el pueblo de Guerrero se lo demande, pues desde este recinto que es la casa del pueblo, hoy se lo demandan”.
Después de más de 4 horas de comparecencia, la sesión se clausuró y los integrantes de la Jucopo acompañaron a la secretaria al exterior del pleno.
