Etiqueta: primer año Evelyn Salgado

Cuestionan diputados a la titular de Obras por adjudicaciones y el caso de la biblioteca

El diputado perredista Bernardo Ortega pregunta a la secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Irene Jiménez: “¿Quién ordenó la demolición del edificio?”, en referencia a la biblioteca del Congreso local Foto: Jessica Torres Barrera

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

La comparecencia de la secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SDUOPOT), Irene Jiménez Montiel, se desarrolló en un ambiente ríspido, de reclamos porque la funcionaria no respondía de manera puntual las preguntas de los diputados, y porque se resistía a informar quién ordenó la demolición de la biblioteca del Congreso local. Finalmente dijo que se determinó a partir de un estudio hecho por la dependencia y la solicitud del entonces presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) Alfredo Sánchez Esquivel.
Incluso el perredista Bernardo Ortega Jiménez le dijo que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda “se ha equivocado con su nombramiento”.
En tribuna Ortega Jiménez inició su participación apuntando que “quisiera decirle que conozco su trabajo y que la Secretaría a su cargo marcha muy bien, pero no puedo cerrar los ojos y dejar de ver la realidad que estamos viviendo”. Le dijo que detectó en sus respuestas por escrito a las preguntas de los diputados “temas que desde mi perspectiva son objeto de revisión, en materia de auditoría y fiscalización de recursos”. Le preguntó el porqué de la ampliación presupuestal de algunas obras, y si no se incurrirá en subejercicio por las obras en marcha y las que aún no se han iniciado.
Ortega mencionó los datos del informe de la dependencia en el que se señala que en licitación pública se autorizaron obras a 9 empresas; por invitación a cuando menos 3 personas, 10 empresas, y para adjudicación directa 241 empresas: “¿no le parece que se abusa de la adjudicación directa de obras?”. La funcionaria reconoció “que hay muchas cosas que no funcionan en la Secretaría, sin embargo, desde el inicio de la administración instalamos un buzón de quejas y sugerencias”.
Afirmó que como dependencia “queremos hacer cosas que realmente beneficien y no hacer espejitos de obras de relumbrón que vienen siendo elefantes blancos”, y le pidió al perredista tener confianza de que no habrá subejercicio, y que las obras se entregan a quienes cumplen con lo que establece la legislación en la materia. Y sin mencionar a quien se refería, dijo que los gestores “nos mandan empresas que no cumplen con los requisitos” y que pidan obras que realmente representen un beneficio y no solo que les “represente un voto”. Y que detectaron municipios que no han tenido obras del gobierno estatal en los últimos 15 años.
Antonio Helguera Jiménez le preguntó a la secretaria respecto a cómo encontró la Secretaría y cuales obras no se realizarán en su distrito. En respuesta, Irene Jiménez informó, “en Desarrollo Urbano no encontré nada”. Pidió a los diputados esperar para dar resultados de los seguimientos de obras porque están revisando que empresas sí están cumpliendo con las obras, y que sean especialistas, y que las obras se van a concluir antes del 31 de diciembre.
A pregunta de la perredista Elzy Camacho Pineda, respecto a si la dependencia no está favoreciendo con obras a municipios gobernador por Morena como Acapulco y Chilpancingo, Irene Jiménez le dijo que “de acuerdo a INEGI y a otras fuentes, nos indican que Acapulco y Chilpancingo son de las ciudades más pobres, entonces estamos tratando de llegar a ese sector de los más pobres”.
Irene Jiménez respondió a la morenista Angélica Espinoza García respecto a la reasignación de obras. Comentó que los parámetros fueron obedeciendo a “las necesidades básicas de la población” y otras porque no cumplían con los criterios o presupuestos necesarios.

Biblioteca

Bernardo Ortega fue el primer diputado que habló y preguntó sobre la obra de la biblioteca, sobre por qué se apresuró la decisión de demoler el edificio, y quien ordenó esta acción y sobre la licitación, pero la funcionaria no respondió. En su tiempo para responder habló de otros temas, por lo el legislador le reprochó que le señale que puede recurrir al buzón de quejas: “yo creo que la gobernadora Evelyn se ha equivocado con su nombramiento, creo que no está cumpliendo con las expectativas que ella quiere”.
La presidenta de la Mesa Directiva, la también perredista Yanelly Hernández Martínez pidió a Bernardo Ortega dirigirse con respeto a la secretaria. Sorpresivamente, quien salió a la defensa de la secretaria fue el diputado morenista Alfredo Sánchez Esquivel, a quien se le atribuye la decisión unilateral de la demolición de la biblioteca. Desde su curul pidió respeto a la funcionaria y recordó que la comparecencia no se trataba de un juicio en contra de Irene Jiménez.
Ya en tribuna nuevamente, Jiménez Montiel mostró en abultado expediente que puso a la disposición de los diputados toda la información respecto a la obra. En seguida Yanelly Hernández insistió en pedir a diputados y la compareciente el no olvidar que deben de dirigirse con “cortesía y respeto”, pero en su contrarréplica Ortega dijo que la secretaria no fue puntual en dar respuesta a las preguntas planteadas e insistió en conocer los detalles de la obra de la biblioteca y quién ordenó la demolición o si “fue capricho de alguien en particular… de alguien es la culpa y seguro usted lo sabe”. Se disculpó “si usted cree que la ofendí”. Y dijo que le recordó a su mamá cuando lo regañaba, lo que generó risas entre los presentes.
Nuevamente la presidenta de la Mesa pidió respeto, y desde su curul la priista Alicia Zamora Villalva reclamó a Yanelly: “ningún diputado puede ser reconvenido por sus dichos”.
La petista Leticia Mosso Hernández sólo subió a tribuna a felicitar a la funcionaria por su trabajo. El morenista Antonio Helguera Jiménez le dijo que él como otros diputados están dando “voces de alerta” y que es su obligación exigir resultados.

Ofrece funcionaria detalles técnicos sobre el caso de la biblioteca

Tras la participación de la priista Alicia Zamora Villalva, quien no preguntó sobre la biblioteca, la secretaria explicó que de inicio, el proyecto contemplaba una rehabilitación del edificio de la biblioteca que era “de una sola planta con doble altura y se consideraba adicionar un nuevo nivel de construcción desplantando la loza de azotea”, y que hasta mediados de julio de 2021 el área técnica de la dependencia presentó la propuesta para la contratación de servicios profesionales de un experto en materia de seguridad estructural”, para definir si se realizaba la intervención integral.
En agosto del mismo año se realizó el dictamen de seguridad estructural por parte del “director responsable de obra, el ingeniero Ángel Cortez Niño”, quien planteó que dada la antigüedad del inmueble de alrededor de 25 años y que no se contaba con planos estructurales se realizaran diferentes estudios al inmueble y determinaron que “los desplazamientos laterales la construcción no cumplía con los requerimientos de los códigos vigentes, la resistencia del concreto de los elementos estructurales según los datos arrojados por la instrumentación antes mencionada oscilaba por lo por lo menos en 250 kilogramos por centímetro cuadrado, lo cual se consideraba aceptable. También se vio el comportamiento de las columnas ante el efecto sísmico bidireccional y ahí se determinó que no era aceptable según los estándares de resistencia de los códigos vigentes”. Para soportar la estructura que se planteaba, dijo que se propuso recimentar el edificio.
Alicia Zamora le recordó que no le había preguntado sobre la biblioteca, pero entonces sí planteó la pregunta en tono elevado y de manera pausada: “¿Quién autorizó la demolición del edificio de la biblioteca pública del Congreso del estado?”, y le señaló que en enero de este año encontraron el edificio demolido a pesar de que en el Poder Legislativo las decisiones deben ser tomadas de manera colegiada.
Le dijo que si quieren combatir la corrupción, ese era el momento para señalar si en el Congreso la hubo: “queremos cifras, queremos verdades, no queremos mentiras a medias”. La secretaria en su respuesta no hablo de la biblioteca, entonces Alicia Zamora le reprochó: “vamonos a fondo, porque no me contestó nada”.
Finalmente en ese tema, la perredista Elzy Camacho Pineda insistió en la pregunta de sus compañeros de legislatura de conocer los detalles de la obra de la biblioteca y le pidió ser clara en torno a quién ordenó la demolición. La funcionaria respondió que el cambio de rehabilitación a demolición se realizó “con base al dictamen del director responsable de obra”, porque al hacer la inspección física, y los estudios técnicos para saber si iba a ser resistente para la lo que se requería, se determinó que era más caro rehabilitar que demoler y construir”.
Señaló que también a solicitud de la Jucopo de realizar la demolición, pero desde su lugar, el secretario de la Junta, el priista Héctor Apreza Patrón dijo que él no lo solicitó ni estaba enterado, por lo que la secretaria rectificó: “bueno, por parte del presidente de la Junta, entonces en atención a la solicitud nosotros le dimos seguimiento a este procedimiento, nosotros no podíamos negar este procedimiento porque había un dictamen técnico en donde se dice que la rehabilitación no era lo más viable porque salía más caro”.

Reprochan falta de atención a diputados

Helguera Jiménez fue el primero en reclamar por la falta de atención y le dijo que si no les responde a ellos lo hace también con 15 mil-16 mil ciudadanos que votaron por cada representante popular.
También Elzy Camacho reclamó a la secretaria porque “no atiende a los diputados” y que incluso a ella cuando la atendió en su oficina “me ignoró en los temas que le plantee y en esta comparecencia usted ha sido omisa en sus respuestas”.
La morenista Angélica Espinoza García reclamó que la dependencia fue omisa a la ejecución de la obra de baños en un jardín de niños en una comunidad de Ayutla de los Libres. También mostró un oficio entregado el pasado 9 de septiembre entregó a la secretaría por medio del cual solicitó que le informara sobre el avance de la obra, “pero jamás tuve respuesta”.
Finalmente, la morenista le dijo a Irene Jiménez “así como el día de su toma de protesta mencionó que, de no cumplir, el pueblo de Guerrero se lo demande, pues desde este recinto que es la casa del pueblo, hoy se lo demandan”.
Después de más de 4 horas de comparecencia, la sesión se clausuró y los integrantes de la Jucopo acompañaron a la secretaria al exterior del pleno.

 

El gobierno estatal sin recursos etiquetados para atender desplazamiento forzado: Ludwig

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, informó que atienden a 755 familias, que suman 2 mil 573 personas víctimas de desplazamiento interno forzado a causa de la violencia provocada por la delincuencia organizada y la falta de presencia de las fuerzas armadas, y reconoció que no hay dinero etiquetado para atender a este sector vulnerable, a partir de la desaparición por parte del gobierno federal del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).
En su informe leído ante el pleno del Congreso local como parte de la glosa por el primer año de gobierno de Evelyn Salgado Pineda, el encargado de la política interna de Guerrero dijo que destinaron un presupuesto de 5 millones 300 mil pesos para entregar apoyos y fortalecer las condiciones de vida de las víctimas de desplazamiento forzado.
Reynoso Núñez reconoció que para atender a las víctimas de desplazamiento “no hay un presupuesto asignado, anteriormente, hasta antes de la desaparición del Fonden, la atención se daba a través de este fondo, se daban los apoyos emergentes que se dan en un primer momento”, y posteriormente se atiende a través de la secretaría de Gobierno con apoyo alimentario y ahora se pide la atención de todas las dependencias.
Por Morena la diputada Yoloczin Domínguez Serna preguntó al secretario, que tan efectivas han resultados las acciones para atender a las personas desplazadas y cuáles son los resultados. En respuesta, Reynoso Núñez dijo que hasta hace un par de años por parte del Estado mexicano no se tenía reconocimiento de este fenómeno que afecta a parte importante de los ciudadanos.
Y destacó que durante el primer año del actual gobierno no se han generado nuevos casos de desplazamientos en el estado y se trabaja con los que se generaron desde 2011 hasta 2020, “el camino para tratar adecuadamente el desplazamiento forzado en el país es todavía muy largo”. En el caso de Guerrero se tiene una ley de 2014, la cual nunca se reglamentó y debe ser actualizada.
Afirmó que lo que ha evitado nuevos casos de desplazamiento forzado interno es “el trabajo que hacen las instituciones de seguridad… de las instituciones del estado en materia de bienestar social”.
Y que en Guerrero este fenómeno se genera a partir de la violencia generada por la delincuencia organizada. Se refirió a los municipios de Tierra Caliente como San Miguel Totolapan, Zirándaro, Coyuca de Catalán, así como de la región Norte y Cent. Mencionó a Buenavista de Cuéllar, y Chichihualco, en todos estos casos hubo una “violencia generalizada que se exacerbó”.
En el caso de la secretaría que representa, Ludwig Reynoso afirmó que les toca la primera atención que es la ayuda humanitaria, y destacó que “hay 914 personas retornadas a sus hogares que conforman en 241 familias de las comunidades de Quetzalcoatlán del municipio de Zitlala, San Rafael del municipio de Zirándaro y Zihuaquio del municipio de Coyuca de Catalán”. En este último caso recordó las afectaciones a la infraestructura que realizaron estos grupos criminales, por lo que tienen diferentes tipos de apoyos.
Mientras que los otros casos como Tondonicua del municipio de Petatlán, Tepango y la Unión de Ayutla de los Libres que decidieron no retornar a sus comunidades.
Ludwig Marcial Reynoso planteó a los diputados que existe la “necesidad de contextualizar la norma jurídica a la realidad que estamos viviendo, cómo involucramos también a los municipios del que sale la gente y del que recibe también”, porque los municipios expulsores “se desatienden de problema” y planteó que en la legislación se establezca precisamente la responsabilidad de estos para que participen en la atención.
Del PRD, Carlos Reyes Torres preguntó a Reynoso Núñez sobre las acciones para evitar el desplazamiento interno. El funcionario dijo que en seguridad se ha avanzado para evitar esta movilidad forzada con la presencia de “las fuerzas del orden federal para retomar territorios que prácticamente no tenían la presencia del estado”.
Las personas reasentadas son 173 que integran 42 familias de la Tondonicua del municipio de Petatlán, Tepango y la Unión de Ayutla de los Libres, las cuales reciben apoyo del gobierno estatal; mientras que mil 486 personas que integran 472 familias de las comunidades de Ahuihuiyuco y Tepozcuautla de Chilapa de Álvarez, el Ocote del municipio de Apaxtla, Tlaltempanampa del municipio de Zitlala, las Conchitas de Leonardo Bravo y Linda Vista del municipio de San Miguel Totolapan permanecen en espera de poder retornar a sus lugares de origen o el reasentamiento.
Sin embargo tienen pendientes con algunas comunidades de desplazados, las que tienen conocimiento de que existen, pero que no han tenido contacto con ellas, y trabajan actualmente con 16 grupos.
La priista Alicia Zamora Villalva cuestionó si las despensas, visitas institucionales, paquetes de láminas y cemento son un trato suficiente para las víctimas.
Marcial Reynoso señaló que hay distintas etapas de atención a los grupos de desplazados, y que después de la atención emergente hacen un seguimiento a las víctimas, y ejemplificó que quienes retornan a los lugares de donde fueron desplazados se les otorgan apoyos en vivienda, proyectos productivos y rentas de terreno, entre otros.