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Cuestionan diputados a la titular de Obras por adjudicaciones y el caso de la biblioteca

El diputado perredista Bernardo Ortega pregunta a la secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Irene Jiménez: “¿Quién ordenó la demolición del edificio?”, en referencia a la biblioteca del Congreso local Foto: Jessica Torres Barrera

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

La comparecencia de la secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SDUOPOT), Irene Jiménez Montiel, se desarrolló en un ambiente ríspido, de reclamos porque la funcionaria no respondía de manera puntual las preguntas de los diputados, y porque se resistía a informar quién ordenó la demolición de la biblioteca del Congreso local. Finalmente dijo que se determinó a partir de un estudio hecho por la dependencia y la solicitud del entonces presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) Alfredo Sánchez Esquivel.
Incluso el perredista Bernardo Ortega Jiménez le dijo que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda “se ha equivocado con su nombramiento”.
En tribuna Ortega Jiménez inició su participación apuntando que “quisiera decirle que conozco su trabajo y que la Secretaría a su cargo marcha muy bien, pero no puedo cerrar los ojos y dejar de ver la realidad que estamos viviendo”. Le dijo que detectó en sus respuestas por escrito a las preguntas de los diputados “temas que desde mi perspectiva son objeto de revisión, en materia de auditoría y fiscalización de recursos”. Le preguntó el porqué de la ampliación presupuestal de algunas obras, y si no se incurrirá en subejercicio por las obras en marcha y las que aún no se han iniciado.
Ortega mencionó los datos del informe de la dependencia en el que se señala que en licitación pública se autorizaron obras a 9 empresas; por invitación a cuando menos 3 personas, 10 empresas, y para adjudicación directa 241 empresas: “¿no le parece que se abusa de la adjudicación directa de obras?”. La funcionaria reconoció “que hay muchas cosas que no funcionan en la Secretaría, sin embargo, desde el inicio de la administración instalamos un buzón de quejas y sugerencias”.
Afirmó que como dependencia “queremos hacer cosas que realmente beneficien y no hacer espejitos de obras de relumbrón que vienen siendo elefantes blancos”, y le pidió al perredista tener confianza de que no habrá subejercicio, y que las obras se entregan a quienes cumplen con lo que establece la legislación en la materia. Y sin mencionar a quien se refería, dijo que los gestores “nos mandan empresas que no cumplen con los requisitos” y que pidan obras que realmente representen un beneficio y no solo que les “represente un voto”. Y que detectaron municipios que no han tenido obras del gobierno estatal en los últimos 15 años.
Antonio Helguera Jiménez le preguntó a la secretaria respecto a cómo encontró la Secretaría y cuales obras no se realizarán en su distrito. En respuesta, Irene Jiménez informó, “en Desarrollo Urbano no encontré nada”. Pidió a los diputados esperar para dar resultados de los seguimientos de obras porque están revisando que empresas sí están cumpliendo con las obras, y que sean especialistas, y que las obras se van a concluir antes del 31 de diciembre.
A pregunta de la perredista Elzy Camacho Pineda, respecto a si la dependencia no está favoreciendo con obras a municipios gobernador por Morena como Acapulco y Chilpancingo, Irene Jiménez le dijo que “de acuerdo a INEGI y a otras fuentes, nos indican que Acapulco y Chilpancingo son de las ciudades más pobres, entonces estamos tratando de llegar a ese sector de los más pobres”.
Irene Jiménez respondió a la morenista Angélica Espinoza García respecto a la reasignación de obras. Comentó que los parámetros fueron obedeciendo a “las necesidades básicas de la población” y otras porque no cumplían con los criterios o presupuestos necesarios.

Biblioteca

Bernardo Ortega fue el primer diputado que habló y preguntó sobre la obra de la biblioteca, sobre por qué se apresuró la decisión de demoler el edificio, y quien ordenó esta acción y sobre la licitación, pero la funcionaria no respondió. En su tiempo para responder habló de otros temas, por lo el legislador le reprochó que le señale que puede recurrir al buzón de quejas: “yo creo que la gobernadora Evelyn se ha equivocado con su nombramiento, creo que no está cumpliendo con las expectativas que ella quiere”.
La presidenta de la Mesa Directiva, la también perredista Yanelly Hernández Martínez pidió a Bernardo Ortega dirigirse con respeto a la secretaria. Sorpresivamente, quien salió a la defensa de la secretaria fue el diputado morenista Alfredo Sánchez Esquivel, a quien se le atribuye la decisión unilateral de la demolición de la biblioteca. Desde su curul pidió respeto a la funcionaria y recordó que la comparecencia no se trataba de un juicio en contra de Irene Jiménez.
Ya en tribuna nuevamente, Jiménez Montiel mostró en abultado expediente que puso a la disposición de los diputados toda la información respecto a la obra. En seguida Yanelly Hernández insistió en pedir a diputados y la compareciente el no olvidar que deben de dirigirse con “cortesía y respeto”, pero en su contrarréplica Ortega dijo que la secretaria no fue puntual en dar respuesta a las preguntas planteadas e insistió en conocer los detalles de la obra de la biblioteca y quién ordenó la demolición o si “fue capricho de alguien en particular… de alguien es la culpa y seguro usted lo sabe”. Se disculpó “si usted cree que la ofendí”. Y dijo que le recordó a su mamá cuando lo regañaba, lo que generó risas entre los presentes.
Nuevamente la presidenta de la Mesa pidió respeto, y desde su curul la priista Alicia Zamora Villalva reclamó a Yanelly: “ningún diputado puede ser reconvenido por sus dichos”.
La petista Leticia Mosso Hernández sólo subió a tribuna a felicitar a la funcionaria por su trabajo. El morenista Antonio Helguera Jiménez le dijo que él como otros diputados están dando “voces de alerta” y que es su obligación exigir resultados.

Ofrece funcionaria detalles técnicos sobre el caso de la biblioteca

Tras la participación de la priista Alicia Zamora Villalva, quien no preguntó sobre la biblioteca, la secretaria explicó que de inicio, el proyecto contemplaba una rehabilitación del edificio de la biblioteca que era “de una sola planta con doble altura y se consideraba adicionar un nuevo nivel de construcción desplantando la loza de azotea”, y que hasta mediados de julio de 2021 el área técnica de la dependencia presentó la propuesta para la contratación de servicios profesionales de un experto en materia de seguridad estructural”, para definir si se realizaba la intervención integral.
En agosto del mismo año se realizó el dictamen de seguridad estructural por parte del “director responsable de obra, el ingeniero Ángel Cortez Niño”, quien planteó que dada la antigüedad del inmueble de alrededor de 25 años y que no se contaba con planos estructurales se realizaran diferentes estudios al inmueble y determinaron que “los desplazamientos laterales la construcción no cumplía con los requerimientos de los códigos vigentes, la resistencia del concreto de los elementos estructurales según los datos arrojados por la instrumentación antes mencionada oscilaba por lo por lo menos en 250 kilogramos por centímetro cuadrado, lo cual se consideraba aceptable. También se vio el comportamiento de las columnas ante el efecto sísmico bidireccional y ahí se determinó que no era aceptable según los estándares de resistencia de los códigos vigentes”. Para soportar la estructura que se planteaba, dijo que se propuso recimentar el edificio.
Alicia Zamora le recordó que no le había preguntado sobre la biblioteca, pero entonces sí planteó la pregunta en tono elevado y de manera pausada: “¿Quién autorizó la demolición del edificio de la biblioteca pública del Congreso del estado?”, y le señaló que en enero de este año encontraron el edificio demolido a pesar de que en el Poder Legislativo las decisiones deben ser tomadas de manera colegiada.
Le dijo que si quieren combatir la corrupción, ese era el momento para señalar si en el Congreso la hubo: “queremos cifras, queremos verdades, no queremos mentiras a medias”. La secretaria en su respuesta no hablo de la biblioteca, entonces Alicia Zamora le reprochó: “vamonos a fondo, porque no me contestó nada”.
Finalmente en ese tema, la perredista Elzy Camacho Pineda insistió en la pregunta de sus compañeros de legislatura de conocer los detalles de la obra de la biblioteca y le pidió ser clara en torno a quién ordenó la demolición. La funcionaria respondió que el cambio de rehabilitación a demolición se realizó “con base al dictamen del director responsable de obra”, porque al hacer la inspección física, y los estudios técnicos para saber si iba a ser resistente para la lo que se requería, se determinó que era más caro rehabilitar que demoler y construir”.
Señaló que también a solicitud de la Jucopo de realizar la demolición, pero desde su lugar, el secretario de la Junta, el priista Héctor Apreza Patrón dijo que él no lo solicitó ni estaba enterado, por lo que la secretaria rectificó: “bueno, por parte del presidente de la Junta, entonces en atención a la solicitud nosotros le dimos seguimiento a este procedimiento, nosotros no podíamos negar este procedimiento porque había un dictamen técnico en donde se dice que la rehabilitación no era lo más viable porque salía más caro”.

Reprochan falta de atención a diputados

Helguera Jiménez fue el primero en reclamar por la falta de atención y le dijo que si no les responde a ellos lo hace también con 15 mil-16 mil ciudadanos que votaron por cada representante popular.
También Elzy Camacho reclamó a la secretaria porque “no atiende a los diputados” y que incluso a ella cuando la atendió en su oficina “me ignoró en los temas que le plantee y en esta comparecencia usted ha sido omisa en sus respuestas”.
La morenista Angélica Espinoza García reclamó que la dependencia fue omisa a la ejecución de la obra de baños en un jardín de niños en una comunidad de Ayutla de los Libres. También mostró un oficio entregado el pasado 9 de septiembre entregó a la secretaría por medio del cual solicitó que le informara sobre el avance de la obra, “pero jamás tuve respuesta”.
Finalmente, la morenista le dijo a Irene Jiménez “así como el día de su toma de protesta mencionó que, de no cumplir, el pueblo de Guerrero se lo demande, pues desde este recinto que es la casa del pueblo, hoy se lo demandan”.
Después de más de 4 horas de comparecencia, la sesión se clausuró y los integrantes de la Jucopo acompañaron a la secretaria al exterior del pleno.

 

Decidió el Ejecutivo demoler y construir nueva biblioteca, se deslinda Sánchez Esquivel

 

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La Auditoría Superior de la Federación realizó hace dos semanas una supervisión técnica minuciosa a la obra de la biblioteca del Congreso local, a cargo del Ejecutivo estatal, que en 2021 realizó la demolición y la cimentación de la primera etapa de la obra, informó el diputado de Morena, Alfredo Sánchez Esquivel.
Estimó que el resultado de la fiscalización será positivo, porque se mostró todo lo que se requirió. No obstante, si hubiera irregularidades y responsabilidades, como dijo la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna, irían a prisión titulares de las secretarías de Finanzas y de Obras Públicas, aseguró.
En consulta telefónica, afirmó los funcionarios estatales son los responsables técnicos del proyecto, que se autorizó en el presupuesto del Ejecutivo del estado en el gobierno anterior, y que supervisó el gobierno actual. Aunque la propuesta se discutió con él cuando fue como presidente de la Jucopo, enfatizó que el Congreso no tocó un peso, y las opiniones técnicas son de otra instancia.
De la declaración a medios de Domínguez Serna, sobre el desvió a los recursos etiquetados para rehabilitación de la biblioteca, porque fueron usados para demolición y construcción, Sánchez Esquivel aseguró que “la ignorancia es osada. La diputada demuestra falta de conocimiento. Si va a proceder, va a tener que meter a la cárcel al secretario de Finanzas y a la de Desarrollo Urbano”.
Precisó que el Ejecutivo estatal liberó los recursos y supervisó la obra, “nosotros (el Legislativo) somos usuarios, como un comisario”, y así dijo que se lo explicó a la diputada.
Por ello, consideró que su declaración sobre la biblioteca es política, “ante la desesperación de tantos temas que traen varios actores del estado”.
De su periodo como presidente del Jucopo, hasta hace dos meses, precisó que la decisión de demoler del edificio no va a recaer sobre él, que es ingeniero agrónomo, sino en un constructor de la instancia rectora.
Explicó que el proyecto se licitó para que la remodelación contemplara la hemeroteca, un comedor, un auditorio pequeño, y varios cubículos
El director responsable de la obra emitió una opinión técnica en el sentido de que la remodelación no tenía razón de ser, porque la loza estaba fracturada, el edificio tenía varillas de media y tres octavos, en lugar de una pulgada, la instalación había sido quemada en tres o cuatro ocasiones, y había partes donde debía haber concreto y encontraron cartón.
“Creí que una vez que me quitaran del puesto se iban a arreglar el tema, porque los recursos (20 millones de pesos) en todo momento han estado en manos de Finanzas del estado. Veo una actitud pobre y ramplona de la diputada, esto raya en una actitud en verdad deplorable de la representación de todos los grupos políticos a través de la Jucopo”.
Recordó que, en 2020, la Sefina tomó el dinero etiquetado, mientras Obras Públicas revisó y supervisó la demolición y la cimentación de la biblioteca. Por ello, denunció que Domínguez Serna busca un dictamen de Protección Civil que avale la demolición que no existe, para generar suspicacias de un asunto técnico
“Con decir que hace una o dos semanas hubo una auditoría de la ASF, dándole seguimiento a la biblioteca y todo salió bien; vio si estaba los aires acondicionados, si estaban los cristales, los encontraron, sí estaban las cámaras de seguridad rotas, aquí las encontraron. Fue escrupuloso en ese tema”.
Defendió el proyecto que impulsó como presidente de la Jucopo, por la necesidad de tener espacios dignos para la población, “hoy que se comienza a trabajar se requieren instalaciones, (pero) muchos acomplejados no quieren hacer lo que les toca”.
Señaló que antes el Congreso era una oficialía de partes, “nomás había manifestaciones que no se atendían, hoy recibe a manifestantes, se acabó el Congreso de martes y jueves”.
Sobre el retraso del estado en retomar los trabajos, opinó que falta voluntad política de avanzar, porque no representa una erogación que golpea las finanzas, está dentro del programa, en el presupuesto del ejecutivo, no es una sorpresa”.