La secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Irene Jiménez Montiel, señaló que Acapulco es ejemplo de lo que no debe pasar en ningún lado, menos en Guerrero, por la construcción de zona habitaciones en zonas de manglares, donde estaba prohibido, con relación a la zona Diamante.
Durante una sesión informativa en línea, con acceso controlado a algunos medios de comunicación, la funcionaria estatal indicó que los ayuntamientos no toman en cuenta lineamientos, leyes ni materiales que se van actualizando.
Dijo que este gobierno, desde el huracán Otis, ha pedido que se incremente la participación en los consejos municipales, para que la sociedad exija el cumplimiento de los lineamientos de construcción.
Enfatizó que las autoridades deben hacer valer sus reglamentos y leyes, porque hay mucha gente afectada en zonas federales, en zonas de riesgo que no son habitables.
“En Acapulco, por ejemplo, hay muchísimos desarrollos habitacionales en manglares, en donde obviamente hubo muchísima inundación, a pesar de que el Plan de Desarrollo Urbano decía que ahí no iba a crecer. Ahí es cuando los mismos funcionarios violan esa reglamentación, y como ciudadanos también tenemos la obligación de vigilar que se cumplan lo que hay para nuestros espacios”.
Insistió en que todos somos corresponsables de ordenar el territorio, y que cada vez la calidad de vida sea mejor.
También señaló que hay gestores y líderes políticos que incentivan a estar en un lugar no apto para vivienda, o que no están listos los espacios para ser habitados.
Indicó que el plan de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial tiene un plano de riesgo sobre lo que pasó con Otis. Reconoció que la secretaría apenas estaba en la atención de las afectaciones del huracán John, y llegó Erick. (Lourdes Chávez / Chilpancingo):
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No avanza la FGE en investigar la agresión en su contra, denuncia fotorreportero
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
El fotorreportero y diseñador de El Sur, José Luis de la Cruz, quien fuera severamente golpeado por dos individuos –uno de ellos ex policía municipal– cuando llegaba a su casa ubicada en el conocido Bordo de San Mateo, la madrugada del 23 de febrero pasado, denuncio irregularidades de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la investigación de su caso.
El periodista señaló que a más de un mes de la agresión, no ha visto avances en la investigación y que por el contrario, el personal de la FGE lo ha mandado a diferentes dependencias de la misma Fiscalía para diversos trámites.
José Luis de la Cruz sufrió la madrugada del 23 de marzo una agresión que lo dejó con una fractura de tabique nasal y golpes en el rostro y en diferentes partes del cuerpo.
Derivado de ello, presentó una denuncia ante la FGE y a través de la Agencia del Ministerio Público pidió el deslinde de responsabilidades.
El fotoperiodista informó que el día de los hechos salió a cenar con unos amigos y regresó en un taxi a su casa en la colonia conocida como Bordo de San Mateo en la madrugada.
Después de que pagó el servicio de transporte y se dirigía a su hogar, dos hombres que estaban en la esquina de la calle donde vive se le fueron a golpes y a patadas.
Los agresores lo dejaron tirado severamente golpeado y como pudo alcanzó a pararse y dirigirse a su domicilio en donde sus familiares le dieron los primeros auxilios.
Ayer, el agraviado acudió al área de Justicia Alternativa de la FGE y a la Agencia del Ministerio Público acompañado por personal del Mecanismo de Protección a Periodistas de la Secretaría General de Gobierno estatal y por algunos de sus compañeros del gremio.
“Me traen de aquí para allá, me piden que vaya a Justicia Alternativa, que al Ministerio Público o que a la Fiscalía, pareciera que no hay coordinación entre las oficinas de la misma Fiscalía”, denunció José Luis.
Dijo que una de las irregularidades es atribuible al médico legisla, quien debió revisarlo por segunda vez, pero ya no lo hizo, y sin embargo emitió en su dictamen que las lesiones que sufrió “no son de riesgo”.
El fotoperiodista dijo que el médico legista omitió establecer en el expediente que sufrió la pérdida de dientes, así como la fractura de nariz.
Además, denunció que la abogada que le corresponde atenderlo en la Agencia del Ministerio Público nunca se ha presentado.
Explicó que ha tenido que desembolsar en gastos médicos y sus lesiones aún requieren intervención quirúrgica.
La investigación para deslindar responsabilidades y la reparación del daño continúa lenta.
La titular de la Unidad de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (UAP) de la Secretaría General de Gobierno del estado, María Lourdes Martínez Cisneros, aseguró que continuarán acompañando el caso a fin de que se esclarezcan los hechos y las investigaciones se lleven de manera responsable (Con información de Luis Daniel Nava).