Elogia el líder de Morena a Taja, pero recalca que era aspirante “externo”

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El presidente estatal de Morena, Jacinto González Varona, condenó en sus redes el asesinato del aspirante a la alcaldía de Acapulco por su partido, Ricardo Taja Ramírez, a quien reconoció como una persona que “nunca se rajó”, pero en declaraciones a Milenio Televisión dijo que se puede aseverar que el crimen tiene que ver con el proceso electoral y subrayó que la víctima era aspirante “externo” de Morena a una candidatura.
En una publicación de redes sociales, González Varona envió sus condolencias a los familiares del también empresario y dijo que confía en que las autoridades investiguen a fondo.
“Desde la representación que me toca asumir como dirigente de #morena condenamos enérgicamente el suceso que quitó la vida a Ricardo Taja; político y empresario, acapulqueño”, escribió.
“Confiamos en que las autoridades competentes investiguen a fondo y realicen el deslinde de responsabilidades correspondientes. Esclarecer los hechos es una obligación que no se debe eludir y que permitirá abonar a la construcción de la paz en Guerrero.
“Nuestras condolencias para sus familiares y amigos. Descanse en paz el amigo, el padre, el hermano, el acapulqueño que nunca se rajó”, finalizó.
En Milenio Televisión el mismo dirigente dijo reiteradamente que desconoce si el homicidio de Ricardo Taja tiene relación con el proceso electoral. “Hasta ahorita se desconoce el móvil del crimen (…) No podemos aseverar que el crimen fue por un tema electoral o por un tema de sus aspiraciones, creo que eso les tocaría a las autoridades correspondientes, como es la Fiscalía General del Estado”.
González Varona insistió en que Taja “era un aspirante ciudadano externo, recién salió de las filas del Partido Revolucio-nario Institucional (…) No era un militante de Morena”, y “no teníamos comunicación directa con él como con otros compañeros que son militantes activos”.

 

Pedirá a los jesuitas que investiguen al Centro Prodh por el caso Ayotzinapa, anuncia AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa de ayer Foto: Agencia Reforma

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que pedirá que los jesuitas investiguen la actuación del Centro Prodh en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
También solicitará un informe a Mario Patrón, quien dirigió el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez de 2014 a 2019 y es rector de la Universidad Iberoamericana de Puebla, respecto a la participación de la organización en el caso.
“Estoy esperando que me responda el señor Patrón, que era del Prodh entonces y ahora es director de la Ibero en Puebla, del grupo de jesuitas. Él no es jesuita, ese abogado. Pero necesito que me den una explicación a esto. Además, le pido a los jesuitas que ojalá y nos ayuden en la investigación”, añadió.
El Centro Pro fue fundado hace más de 35 años por la Compañía de Jesús, con el objetivo de promover y defender los derechos humanos.
Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes, López Obrador reiteró sus señalamientos al Centro Prodh, afirmando que defendieron a supuestos involucrados en la desaparición de los normalistas.
“Nos encontramos de que los mismos defensores de esta organización Agustín Prodh, promovieron una solicitud para dejar en libertad a quienes habían participado, no a todos, pero sí a algunos que habían participado en la desaparición de los jóvenes, alegando de que habían sido torturados y en efecto, algunos habían sido torturados, otros no”.
Recordó el caso en el que se exhortó la comprobación de la tortura por medio del Protocolo de Estambul, razón por la que se dejó libre a 60 personas, afirmando que fue una sentencia celebrada por el Centro Prodh.
“Y todavía el Prodh lo celebró, diciendo que era una sentencia histórica. Y luego se demuestra que a los que habían dejado en libertad, argumentando de que habían padecido de tortura, si habían participado en la desaparición de los jóvenes y hay pruebas.” comentó.
Acusó que la organización tiene un “doble discurso y doble moral”, además de que espera una respuesta y explicación al respecto, aclarando que no se trata de un asunto jurídico, sino de un asunto moral.
“Los del Prodh y estas organizaciones de la llamada sociedad civil o no gubernamentales, defendiendo también a los jóvenes, o sea, con un doble discurso, una doble moral” añadió.
Además, dijo que una vinculación de las organizaciones con el senador Emilio Álvarez Icaza y afirmó que tiene intereses con “grupos de poder hegemónico” que están contra su gobierno.

Peña Nieto debió pedir investigar a fondo

López Obrador afirmó que no fue el ex presidente Enrique Peña Nieto, quien dio la orden de desaparecer a los 43 normalistas.
“Si acaso el error del presidente en ese entonces es no haber pedido que se investigara a fondo, pero no es que Peña haya mandado a desaparecer a los jóvenes, si hay casos como el 68 donde el mismo Díaz Ordaz se hace responsable”, dijo.
De igual forma, el presidente señaló que más allá de las autoridades militares, la responsabilidad de la desaparición recae en la autoridad civil, enfocándose en el ex procurador Jesús Murillo Karam.
“En el caso de Ayotzinapa por ejemplo, los que decidieron, bueno quien se echa la culpa de la responsabilidad, del manejo de la investigación, fue el procurador Murillo Karam, el mismo se culpó, un civil”, comentó.
Reiteró que tiene el compromiso de encontrar a los normalistas “Vamos a conocer toda la verdad. Tengo el compromiso y lo voy a cumplir, de encontrar a los jóvenes. Pero llegaron a una situación de control, manipulación extrema, que no permiten que los padres de los jóvenes hablen con nosotros de manera directa, debe ser a través de los asesores o de los abogados”.

 

Condena la edil de la capital el ataque a reporteros y exige que se investigue

La alcaldesa de Chilpancingo Norma Otilia Hernández en conferencia en el Palacio Municipal Foto: Jessica Torres Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, declaró que como ciudadana y presidenta municipal “repudia” y “condena” el ataque que sufrieron la semana pasada cuatro reporteros de la capital.
La alcaldesa, quien ha sido acusada por reporteros locales de pretender censurar la libertad de expresión al presentar una denuncia por presunta violencia política en razón de género ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), en contra de cinco periodistas de la capital, exigió a las autoridades que investigar ese ataque y otros casos de violencia.
En su conferencia semanal de los lunes, cuando una reportera le preguntó si hay garantías de seguridad durante la celebración de la Feria de Navidad y Año Nuevo que inicia con el Paseo del Pendón, la alcaldesa aseguró que está garantizada y recordó que durante los dos años que le ha correspondido organizarla ha tenido “saldos blancos”.
Después se refirió al caso del ataque de los cuatro reporteros Víctor Mateo, Jesús de la Cruz, Oscar Guerrero y Héctor Camacho, los tres primeros que resultaron heridos y el cuarto ileso.
“Como autoridad, como ciudadana y como presidenta, tengo un sentimiento de solidaridad con los que han sido agredidos por los poderes facticos que quieren acallar a la presa”, dijo.
Derivado de la denuncia por violencia política en razón de género que presentó Hernández Martínez ante el IEPC, el secretario de la Delegación 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa Abel Miranda, y los columnistas Efraín Flores Iglesias y Antelmo García Castro, han denunciado que temen por su integridad física debido a que quien los denuncia ha sido exhibida en fragmentos de videos desayunando con un jefe de un grupo delictivo.
Flores Iglesias y García Castro incluso presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) la semana pasada.
Pero ayer, la alcaldesa, al referirse al ataque a los cuatro comunicadores la semana pasada, dijo que en este momento “es crucial la libertad de expresión y el libre ejercicio periodístico” y que es un acto que “repudia” el Ayuntamiento.
Aseguró que su gobierno es respetuoso de la libertad de expresión, “este gobierno condena cualquier acto de violencia. Exigimos que las autoridades investiguen, este y otros casos, la impunidad no tiene cabida en una democracia”, dijo.
Expresó su solidaridad con la labor de los comunicadores y admitió que “ser periodista es de las profesiones más peligrosas”.
En otro asunto, un reportero le preguntó por los objetivos de la creación del Frente por la Unidad y la Democracia en Guerrero, que integraron el sábado morenistas que apoyaban a Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, como aspirantes a la presidencia de la República. La alcaldesa aseguró que se constituyó por la unidad y no por la división.
“Fue una reunión en la que coincidimos muchos actores políticos de Morena; representantes populares, consejeros, militantes, aspirantes a distintos cargos de todo el estado y de las distintas regiones”.
Aseguró que no se trata de una corriente o tribu, “sino que queremos ser un puente que abone a la reconciliación y a la unidad partidaria, pacifica, plural y democrática”, y el objetivo es “apoyar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Rechazó que el Frente por la Unidad y la Democracia en Guerrero represente un contrapeso al interior del partido.
Añadió que entre las tareas que van a realizar será “buscar a todos los compañeros que no han tenido puentes de reconciliación, vamos a seguir construyendo la unidad”.
Hernández Martínez anunció que este miércoles no irá al acto político de la aspirante de Morena a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum por ser un día hábil, “mientras sigamos trabajando abonamos más”.

 

Anuncia Amílcar comisión para investigar vínculos del ex presidente Calderón con el crimen

El diputado federal Pablo Amílcar Sandoval anuncia la presentación de un punto de acuerdo ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para investigar al ex presidente Felipe Calderón Hinojosa Foto: El Sur

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

El diputado federal guerrerense Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros anunció la presentación de un punto de acuerdo ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, en el que se busca la creación de una Comisión Especial para investigar posibles vínculos del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa con grupos del narcotráfico.
Mediante una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, Sandoval junto a diputados de Morena, señaló que se busca que la Comisión en cuestión tenga como función el recibir información que resulte trascendental para presentar denuncias y el inicio de procesos judiciales contra Calderón.
“Que sirva para recibir información que resulte pertinente, para presentar las denuncias e iniciar los procesos judiciales contra el expresidente Felipe Calderón Hinojosa y los funcionarios encargados de la seguridad pública y procuración de justicia durante su gobierno, por su probable participación en hechos de corrupción y conductas constitutivas de delito”, expresó Pablo Amílcar Sandoval.
El diputado mornista añadió que dicho punto de acuerdo es firmado por 259 diputados y diputadas, lo que representaría una mayoría de los integrantes de la Cámara, además de que los firmantes, pertenecen a distintos Grupos Parlamentarios.
Aseguró que no es la primera ocasión en la que se señala a Felipe Calderón de tener vínculos con el narcotráfico. Indicó que en 2012, Édgar Valdez Villarreal, conocido como La Barbie, declaró que Calderón buscó tener un acuerdo con los grupos, mediante una negocación dirigida por el general Mario Arturo Acosta Chaparro.
“Esta no es la primera vez que el ex presidente Calderón es acusado de tener vínculos con el narcotráfico. En 2012, el narcotraficante Édgar Valdez Villarreal, señaló que Felipe Calderón deseaba tener un acuerdo con todos los grupos de la delincuencia organizada, para la cual se llevaron reuniones donde el general Mario Arturo Acosta Chaparro, buscó negociar con los carteles”, puntualizó el diputado.
Criticó que los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), defiendan al ex titular de Seguridad Pública, Genaro García Luna y calificó como irrelevante si pertenecía a dicho partido, sino que era parte de la toma de decisiones del país.
Reiteró que la Comisión que se propone, deberá servir para recabar información y dar seguimiento a las investigaciones que se lleguen a derivar, además de asegurar que no buscan intervenir en las facultades y atribuciones a lo realizado por la Fiscalía General de la República (FGR).
“Esta Comisión Especial que hoy proponemos, debe servir para recabar la información necesaria y dar seguimiento a las investigaciones que se deriven sobre probables hechos de corrupción y participación en actos constitutivos de delito por parte del expresidente Felipe Calderón” precisó Sandoval Ballesteros.
Declaró que se busca que se realicen investigaciones y no sean “dichos y gritos que hacen los panistas en tribuna”, además de exhortar a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), la instauración de la Comisión en cuestión.
“Hemos solicitado a la Junta de Coordinación Política, valore instaurar esta Comisión Especial que contribuya a la búsqueda de la verdad y la justicia tan necesaria a la luz de los resultados de la mal llamada Guerra contra el narcotráfico” señaló.

Entrega hijo de la doctora Adela Rivas documento a la comitiva de AMLO

El hijo de la doctora Adela Rivas Obé –asesinada en 2016–, Bolívar Darío Rojas Rivas, ayer afuera del Fórum Mundo Imperial, durante su espera de la llegada del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador Foto: El Sur

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

El hijo de la médica cirujana Adela Rivas Obé, Bolívar Darío Rojas Rivas, se manifestó ayer durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Acapulco, y entregó a personal que viajó con el mandatario en un convoy el documento en el que exige que el IMSS reconozca y denuncie el robo de medicamentos que su madre investigaba, y es el motivo por el que fue asesinada en 2016.
Ayer, vía telefónica, Rojas Rivas contó que fue al lugar donde acudiría el presidente, en el Forum Mundo Imperial, y desde las 8 de la mañana esperó su arribo. Parado en las inmediaciones, observó en su teléfono, donde siguió en redes sociales la conferencia matutina del mandatario, en la que confirmó su visita.
Dijo que esperó la llegada del presidente, en el bulevar de las Naciones, que conecta al Fórum con el aeropuerto, y extendió una lona en la que exige justicia por el feminicidio de su madre Adela Rivas.
Expuso que también llevó el mismo documento que entregó a mediados de febrero en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, con la intención de que el presidente López Obrador conozca el problema de su madre, y que aún el IMSS no haya reconocido, investigado y denunciado el robo de medicamentos que su madre investigaba, y motivo por el que fue asesinada.
Mencionó cerca de las 12 del día se acercó un convoy de camionetas, extendió su lona y el folder con el documento. Una de las camionetas se detuvo y un hombre le pidió que entregara el documento, y lo hizo, pero no pudo identificar quién lo recibió.
“La intención con el presidente es denunciar las anomalías de los diferentes poderes que nos han atropellado aquí en Guerrero, de la Fiscalía, del Tribunal de Justicia y obviamente los funcionarios del IMSS”, afirmó.
“Yo confío en que entregué el documento al convoy de Presidencia, en espera de que nos atiendan y que nos ayuden”, expuso.

Pide a la delegada del IMSS que la institución reconozca el robo de medicinas

Informó que también ayer, la delegada del IMSS en Guerrero, Josefina Estrada Martínez, se comunicó con él por teléfono, luego de que ha denunciado el caso en los medios, y le ofreció escucharlo en una reunión en la delegación del instituto en Acapulco.
Después de entregar el documento al convoy presidencial, Bolívar Darío Rojas Rivas se reunió con la delegada en su oficina, y le planteó la petición de que el IMSS reconozca el robo de medicinas que investigaba la doctora Adela Rivas, que se investigue ese delito y la institución lo denuncie para que no quede impune y se haga justicia.
Precisó que cuando se cometió el crimen, el IMSS negó públicamente que hubiera robo de medicamentos, a pesar de que está probado en la investigación que realizó la Fiscalía General del Estado y que llevó a la sentencia condenatoria de 38 años de prisión al acusado de homicidio de la doctora Adela Rivas.
Manifestó que confía en la palabra de la delegada, y pidió que “no nos decepcione, y que no nos vuelvan a dar la espalda en la delegación (del IMSS) de Guerrero”.

 

Investigar el origen de rumores en su contra, pide Beatriz Mojica a la Comisión Nacional de Seguridad

 

La secretaria general del PRD, Beatriz Mojica Morga, acudió a la Comisión Nacional de Seguridad, donde el director general de delitos cibernéticos le informó que no hay ninguna investigación en su contra, como se difundió en algunas páginas de información en el estado y la Ciudad de México y a través de redes sociales, informó ayer el área de prensa de ese partido.
La dirigente perredista llamó a los promotores de “la campaña sucia”, a quienes dieron las órdenes y a quienes difundieron los rumores, a “establecer una discusión de cara a la sociedad, que responda a la circunstancia crítica que enfrenta el estado de Guerrero”.
Después de que el funcionario federal le confirmó que no había ninguna investigación en su contra, la dirigente perredista le solicitó por escrito que investigue la “campaña sucia” que hay en su contra en el estado, a través de la cual pretendieron involucrarla como responsable de difundir información falsa para afectar al gobierno priista de Héctor Astudillo Flores.
La dirigente perredista dijo el martes que en “diversos portales de información y plumas afines al gobierno promueven guerra sucia en mi contra, a la que daré puntual respuesta”.
Como lo anunció el martes, ayer la secretaria general del PRD se reunió con funcionarios de la Comisión Nacional de Seguridad, en la que estuvo la titular de la División Científica de la Policía Federal, Patricia Rosa Linda Trujillo Mariel; el director del Laboratorio Forense Digital, el oficial Erick Tinoco González; el director general de Delitos Cibernéticos, José Luis Pliego, y el director general de Ciber inteligencia, Daniel Santa, informó el área de prensa del PRD estatal.
En la reunión, los funcionarios federales le confirmaron que no existe ninguna investigación por parte de la Policía Cibernética en la que se encuentre involucrada, y “para deslindar el origen de esa campaña negra, solicitó a los funcionarios investiguen las publicaciones que se realizaron para rastrear el origen de las cuentas, y proceder después a las demandas correspondientes para que sean sancionados como corresponda”.
De acuerdo con la información del PRD, en la reunión se acordó que el primer paso que dará la Policía Cibernética es rastrear y analizar en su área de Informática Forense, las cuentas que dieron origen a dichas publicaciones.
Mojica Morga informó también que integra un expediente que presentará hoy ante la Fepade, para denunciar que es “objeto de violencia política” por los ataques que recibió en redes sociales.
Lamentó la campaña de insultos y descalificaciones impulsada en su contra, así como la difusión de información falsa que fue publicada en diversos portales en Guerrero y de la Ciudad de México, a quienes exigió la “aclaración correspondiente, en uso de su derecho de réplica”, apunta el escrito difundido por la dirigencia estatal perredista.

Pide el Congreso investigar la fuga de niños de la Casa Hogar de Chilpancingo

El pleno del Congreso local aprobó ayer un exhorto a la Procuraduría Federal de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para que investigue los motivos que originó el escape de 22 menores de edad de la Casa Hogar de Chilpancingo el pasado domingo.
El acuerdo incluye que esa dependencia emita un informe al Congreso de los resolutivos derivados de esas indagatorias, a efecto de salvaguardar los derechos de los menores que habitan en esa Casa Hogar dependiente del DIF estatal.
Además, el exhorto contempla también a la Comisión de Defensa de Derechos Humanos para que emita los resolutivos derivados de las visitas e investigaciones que de acuerdo a su competencia realizaron a la Casa Hogar de Chilpancingo y dar a conocer la situación jurídica actual de los niños que viven en ese lugar.
De igual forma se pide a la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que brinde las medidas necesarias a la investigación e informe al Legislativo de la situación actual de los menores que habitan la Casa Hogar de Chilpancingo.
El pasado domingo los 48 niños que habitan la Casa Hogar del DIF estatal, ubicada en la colonia Jardines del Sur de esta capital, protestaron desde las ventanas del edificio por los malos tratos a que son sometidos, y 22 de ellos huyeron del establecimiento, hasta ayer solo faltaba localizar a uno de ellos.
En tribuna, la diputada Beatriz Alarcón Adame, quien presentó la propuesta, habló de este tema y consideró necesario realizar las investigaciones correspondientes para conocer las razones que motivaron a los menores escapar del lugar.
“Todas y todos queremos saber la verdad, del porqué unos niños tomaron una decisión de abandonar o de huir, si así lo quieren llamar, de un lugar donde deben de tener todas las condiciones y garantías para su bienestar, ¿Qué ocurrió? ¿Qué lo origino? Aún no lo sabemos”, expresó.
Indicó que esas investigaciones deben desarrollarse de manera responsable y apegadas al marco legal, a fin de que arrojen resultados y conforme a estos, también se apliquen las sanciones respectivas.
Su propuesta fue aprobada por unanimidad de votos.
Los tres magistrados del TSJ ratificados concluirán su periodo en septiembre de 2024

En la primera sesión, de las dos que se celebraron este jueves en el Congreso, se aprobó la ratificación en el cargo de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Félix Nava Solís, Manuel Ramírez Guerrero y Gabriela Ramos Bello.
La Comisión de Asuntos Políticos, que preside la perredista Rosa Coral Mendoza Falcón, presentó tres dictámenes en los que se exponen las razones por las que los tres magistrados repetirán en el cargo por otros ocho años a propuesta del gobernador Héctor Astudillo Flores.
Los tres concluirán su periodo el 12 de septiembre de 2024, al considerar el pleno que cumplen con los requisitos que establece la Constitución del Estado, y que les otorga el derecho de preferencia para el caso de la expedición del nuevo nombramiento.
La ratificación de los magistrados fue aprobada por la mayoría de las fracciones parlamentarias y representaciones partidistas, menos por la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez.
En la sesión, el diputado de Movimiento Ciudadano y ex alcalde de Zihuatanejo, Silvano Blanco de Aquino subió a tribuna para hablar de la situación de los comerciantes de ese municipio, que el 28 de octubre pasado cerraron sus negocios para protestar en contra de la inseguridad.
Finalmente, consideró que la población debe hacer un esfuerzo para que en el próximo proceso electoral elija a candidatos que no tengan vínculos con la delincuencia organizada.

A tres años del crimen, exige la familia de Rocío Mesino al fiscal Olea investigar su asesinato

 

A tres años del asesinato de la líder de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Rocío Mesino Mesino, las investigaciones se encuentran en cero y el caso permanece en la impunidad.
La hermana de la víctima, Norma Mesino, denunció este lunes que el gobierno se niega a investigar la línea política como el principal móvil y que a los familiares les han negado el derecho a copias del expediente.
El de Rocío Mesino es uno de los 13 asesinatos de líderes sociales que se cometieron durante el 2013, cuando gobernaba Ángel Aguirre Rivero, mismos que no se han investigado porque el responsable “fue el Estado”, declaró Norma Mesino.
Rocío Mesino fue asesinada cerca de la comunidad de Mexcaltepec, municipio de Atoyac, el 19 de octubre del 2013, cuando acompañada de familiares, entre ellos su hermana Norma y unos 60 trabajadores, supervisaba la rehabilitación de un puente colapsado por las lluvias ocasionadas por la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid de ese año.
“Nosotros como organización y como familia hemos aportado todo lo que nos correspondía en la denuncia ante el Ministerio Público, pero aun así hubo mucha presión de parte de los ministeriales”, denunció Norma Mesino.
Dijo que el de su hermana no es un caso aislado y que hay responsables materiales e intelectuales, “es un caso que estaba muy preparado y las personas que hicieron este trabajo lo hicieron con toda la impunidad y con el respaldo de la policía municipal, Ministerial y del Ejército”.
Recordó que el lugar en donde la asesinaron está a sólo cinco minutos de donde había un cuartel del Ejército, en lo que antes era el Instituto del Café.
También declaró que el día de los hechos, cuando pasó por ese lugar, unos cuatro minutos después, les pidió a los militares que instalaran un retén, “pero no lo hicieron y los asesinos pasaron libremente”.
Aseguró que desde el principio ha visto todo el respaldo del gobierno a quienes cometieron el crimen, como también se está viendo ahora con la Fiscalía, “por eso le exigimos a este gobierno que no solamente se interese por investigar los casos de los últimos 11 meses que le corresponden, como dijo el fiscal, los casos de ejecuciones extrajudiciales no prescriben”, expresó.
Con el de Rocío Mesino, en el gobierno de Aguirre Rivero, sólo en el 2013, se cometieron 13 asesinatos de dirigentes sociales. Los más emblemáticos son los del dirigente de Unidad Popular de Iguala (UP), Arturo Hernández Cardona, y dos de sus compañeros; el del dirigente de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), Raymundo Velásquez Flores y dos de sus compañeros; el del dirigente de la Organización de Productores de la Costa Grande (OPCG), Luís Olivares Enríquez, y su esposa.
Norma Mesino criticó que el fiscal Xavier Olea Peláez haya dicho que no está investigando el caso de su hermana porque no ocurrió durante este periodo o no es reciente, “él está al frente de una institución que debe procurar justicia y darle seguimiento a los casos y no fomentar la impunidad”, dijo en referencia a las declaraciones del fiscal la semana pasada en el sentido de que no hay “nada nuevo” en el caso y que carece de un “presupuesto razonable” para darle seguimiento.
“Nosotros le contestamos que él está obligado a darle seguimiento al caso, porque es un funcionario público y está cobrando un salario que le llega de los impuestos de los ciudadanos”, dijo.
Denunció que las declaraciones del fiscal reflejan que este gobierno “viene a cerrar los pactos de impunidad”.
Mesino Mesino insistió que tres años después el caso de su hermana está igual, en ceros, “y por lo pronto nosotros hacemos responsable a este fiscal porque desde la Fiscalía se nos está cerrando el derecho a la justicia”.

La línea política

Agregó que no hay duda que el responsable del asesinato de su hermana “fue el Estado”, por ser el responsable de la seguridad y la procuración de justicia y porque “la línea principal es el ámbito político, pues Rocío afectó intereses de políticos corruptos de la región pero con respaldo, amigos e impunidad que les dan en el gobierno del estado”, acusó.
Además, explicó que el gobierno también es responsable porque el asesinato sucedió en un contexto de linchamiento y cuando se quería acabar con la lucha social y quitar de en medio a todo activista social con el que no pudieran negociar”, manifestó.
Añadió que tres años después, la Fiscalía ni siquiera les ha concedido el derecho de tener una copia del expediente, y que tampoco saben qué juzgado lleva el caso, aunque recientemente les informaron que el expediente lo tienen en el Ministerio Público de Chilpancingo y no en los de la Costa Grande “para no ser manoseado”.
Para integrar el expediente que la entonces Procuraduría General de Justicia elaboró, citó a declarar a los ex presidentes municipales de Tecpan, Nadín Torralba Mejía, y de Heliodoro Castillo, Olaguer Hernández Flores, pero nunca se conoció el contenido ni los avances de las investigaciones.
Un año después del homicidio, agentes ministeriales detuvieron a Joel Hernández López, chofer de Norma Mesino, acusado por el homicidio. Sin embargo ella denunció que se trató de una represión en contra de la OCSS puesto que su colaborador fue torturado “de manera cruel”.
Joel fue liberado 8 días después por la presión de los organismos de derechos humanos.
Sin embargo, la Procuraduría no investigó al ex alcalde de Atoyac, el perredista Armando Bello Gómez, a quien la familia de Mesino señaló directamente por los desencuentros que siempre tuvo con Rocío. El ex edil, incluso, después fue electo consejero del PRD.

Rocío presagió su muerte

El 19 de octubre del 2013, Rocío se levantó temprano, serían entre las 6 o 6 y media de la mañana. Sus familiares recuerdan que la vieron alegre y entusiasmada, pero a las 8 y media cuando desayunaban, una preocupación se le vino de pronto: “fíjate, mientras unos están planeando como sacar adelante su proyecto de vida, otros, ahorita, están planeando como matarnos”, le expresó a Norma.
Cinco horas después, (a la una de la tarde) un pistolero le pegó un tiro por la espalda y cuando ya se retiraba todavía regresó y le disparó dos más para asegurarse que no quedara viva.
El día que la mataron, durante el desayuno, Rocío platicó con sus hermanas Norma y Eugenia sobre la situación de violencia que se estaba viviendo en el municipio. Un día antes habían asesinado a unos campesinos en la comunidad de El Paraíso.
“Me comentó que cómo era posible que con los problemas que había dejado la tormenta Manuel y que estábamos en una situación muy devastadora en el municipio, todavía había quienes estaban pensando en asesinar”, recuerda Norma que le dijo esa mañana.
“Me dijo: tú no sabes, imagínate tú estás haciendo un proyecto de tu vida y otros están planeando en asesinarte”.
Le mencionó el caso de los asesinados en El Paraíso: “imagínate esas personas ni se imaginaron que los iban a matar cuando otros estaban planeando cómo matarlos”.
Rocío estaba apresurada porque quería que se terminara la construcción del puente de Mexcaltepec, que comunica a 18 pueblos de la Sierra de Atoyac y que habían quedado incomunicados al caerse la estructura con las lluvias de la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid.
Después del desayuno Rocío se paró y les dijo que se adelantaba a Mexcaltepec. Allí Roció tenía instalado un comedor popular y le daba de comer a más de 150 campesinas y campesinos que estaban trabajando llenando bolsas de arena para hacer un puente provisional parecido al de Coyuca de Benítez para que pudieran pasar los vehículos con medicinas y alimentos a esos pueblos.
A las 9 de la mañana salió muy rápido a Mexcaltepec.
“Yo me quedé con mi hermana (Eugenia) porque teníamos que llevar la comida, ella se adelantó. Estaba entusiasmada porque ese día íbamos a hacer pozole para las personas que estaban trabajando”, recuerda.
Sin embargo, cuando Norma llegó a Mexcaltepec a las 12 del día, no encontró a Rocío, quien llegó como a las 12: 30.
“Estábamos leyendo un periódico local cuando nos percatamos que llegaron dos hombres arriba del puente, en ese rato no había ninguna de las personas que andaban con Rocío, pues los mandó a llenar bolsas con arena porque ella quería terminar el puente ese día, por eso se quedó sola con nosotras”, refirió.
Aproximadamente a la 1:20, uno de los hombres armados se acercó y le preguntó si había paso en el puente y ella le dijo que no, que dejara su moto, “yo te la cuido”, le ofreció.
El hombre de unos 30 años, claro y con bermuda, hizo el intento de ir a la cocina, y cuando Rocío se encaminaba hacia el puente, el desconocido alcanzó a Rocío, sacó el arma y le disparó; “yo lo único que oí fue un grito de una persona que dijo: cuidado Rocío, fue cuando regresé a ver, pero ya el arma estaba disparando”.
Norma recuerda que el hombre estaba temblando con el arma en la mano y empezó a amenazar a todos; a ella, a su hermana, a un tío enfermo que estaba con ellas y a unos 8 niños.
“Yo fui a donde estaba Rocío y la quise abrazar pero el hombre me puso el arma en el pecho y entonces lo que hice fue arrodillarme hacia dónde estaba Rocío”.
El hombre armado se encaminó hacia donde estaba su compañero, arriba del puente, pero al momento regresó y le dio otros dos disparos a Rocío donde estaba tirada en el suelo, “fue algo muy impactante para nosotros”.
Después el pistolero salió corriendo mientras su compañero, que estaba arriba, apuntaba con su arma al resto de los acompañantes de Rocío, quienes no pudieron hacer nada.

Actividades por su aniversario

A partir de este martes comienzan las actividades por el tercer aniversario. A las 9 de la mañana hay un acto en el río de Mexcaltepec, en el que estará la feminista Edna Obrador, quien hará un ritual ancestral por la vida para “despedir ante los 4 puntos cardinales” a Rocío, porque en las pasadas lluvias el puente que ella gestionó en el 2013 nuevamente se colapsó.
También este mismo día los familiares y seguidores de Rocío develarán un mural que fue hecho en la comunidad de Mexcaltepec por grafiteros solidarios que vinieron de la Ciudad de México y del estado de México.
Asimismo, a las 5 de la tarde comienza el acto cultural denominado “por la justicia, el rocío de la esperanza y el ángel de la justicia”, que también será para exigir justicia por el asesinato de Miguel Ángel, el hermano de Rocío, “que lleva 11 años de impunidad”, dijo Norma Mesino.

Investigar como feminicidio “cualquier muerte de mujeres que no sea accidental”, propone Astudillo

El gobernador Héctor Astudillo Flores propuso que la Fiscalía General del Estado cree un órgano especial de investigación para atender los casos cercanos o parecidos a un feminicidio, para que se abran las carpetas de investigación.
Precisó que en Guerrero ya se ha hecho el planteamiento de la alerta de género y que su gobierno “no será ni dique ni problema, seremos ayuda y seremos solución”.
El gobernador Astudillo Flores acompañó ayer a la presidenta del Instituto Nacional de Las Mujeres (Inmujer), Lorena Cruz Sánchez, a inaugurar el taller “Órdenes de protección. Medida urgente frente a actos de violencia que puedan culminar en feminicidios”.
Ahí, Lorena Cruz dijo que “la correcta aplicación de las órdenes de protección son una medida para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar o poner en peligro la vida de la mujer y de su familia; cuando un hombre amenaza a una mujer y le dice que la va a matar efectivamente lo hace, y en muchos casos también se va contra sus hijos y sus hijas”.
En el taller dirigido a servidores públicos, como ministerios públicos, jueces y magistrados, se realizó en el hotel Holiday Inn, en la zona Diamante.
La funcionaria federal dijo que es importante la capacitación en temas de procuración e impartición de justicia para las mujeres y niñas de Guerrero, pues está vinculada con la procuración e impartición de justicia.
Señaló que en el estado los avances han sido muy lentos y la garantía de justicia muy lejana para millones de mujeres y niñas en el país.

Capacitar en perspectiva de género

Indicó que para “garantizar el derecho de acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia es primordial que las personas encargadas de la procuración e impartición de justicia estén bien capacitadas, sean responsables en la aplicación de la perspectiva de género en el desarrollo de su labor y se comprometan con los derechos de mujeres y niñas con convencimiento, vocación de igualdad y de respeto a sus derechos humanos”.
Luego dio cifras y dijo que de acuerdo con el estudio “La violencia feminicida en México”, en 2014 se dieron en el país 2 mil 289 muertes de mujeres con presunción de feminicidio, es decir, que ocurrieron en promedio 6.3 asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres, y respecto a la situación de violencia contra las mujeres en Guerrero en donde 2014 la entidad se sitúo en primer lugar con 9.64 homicidios.
Añadió que de enero a diciembre de 2013 en el país se dieron 3 mil 655 hechos de violencia contra mujeres, de los cuales se emitieron 995 medidas de precaución, es decir, sólo el 27.2 por ciento de las mujeres que denunciaron recibieron algún tipo de protección.
Cruz Sánchez dijo que ante ello “la correcta aplicación de las órdenes de protección son una medida para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar , amenazar o poner en peligro la vida de la mujer y de su familia; cuando un hombre amenaza a una mujer y le dice que la va a matar, efectivamente lo hace, y es a la mujer, en muchos casos también se va contra sus hijos y sus hijas”
La funcionaria federal indicó que Guerrero cuenta con un marco legal donde se establece el deber de las autoridades de otorgar órdenes de protección inmediatamente a partir de que se conozcan los actos de violencia contra las mujeres, sin embargo “no es suficiente garantizar los derechos en el papel, en las leyes, es necesario hacerla realidad, efectivas en los hechos, como Estado tenemos la obligación de prevenir e investigar y sancionar la violencia contra las mujeres y las niñas”.
Dijo que ante la implementación del sistema de justicia penal acusatorio en todas las entidades federativas es imprescindible que la “perspectiva de género se consolide en los servicios que se brindan a las mujeres, pero muy especialmente en juzgados y ministerios públicos para que al dictar sentencia se sienten precedentes que puedan ser utilizados para que cada vez más mujeres accedan a la justicia y obtengan la reparación del daño”.
Subrayó que es primordial que las instancias encargadas de impartir y procurar justicia “emitan las órdenes de protección con sentido de urgencia a favor de las mujeres víctimas de la violencia”.
Señaló que actualmente hay un andamiaje jurídico más completo, pues se cuenta con protocolos de investigación ministerial, policial y pericial, y éstos con perspectiva de género para el delito de feminicidio y para la violencia sexual, “pero hay que aplicarlos y usarlos y mejorarlos”.
Según la funcionaria federal, en Guerrero se han visto avances en el tema, pero falta por hacer y en la medida en que no se permita la impunidad y en la medida en la que cada quien realice lo que le toca, las mujeres van a tener más confianza en las instituciones.
Indicó que se debe investigar como feminicidio “cualquier muerte de mujeres que no sea accidental; medidas de protección a mujeres víctimas de violencia surtan efecto sin necesidad de que se levante una denuncia; que se consideren los delitos contra las mujeres como delitos de acto impacto y no como asuntos privados, que todas las procuradurías y fiscalías atiendan las alertas de género de manera integral y prioritaria”.
Señaló que se debe garantizar que ninguna mujer tenga miedo de acercarse a las instituciones para denunciar, pero sobre todo que confíen en las instituciones y para ello es fundamental el trabajo de todas y todos, por lo que invitó a los presentes a apropiarse de los conceptos y “asumir una postura fuera de estereotipos y prejuicios de género para comprender la situación de las víctimas desde un enfoque de derechos humanos”.
Planteó “hacer frente a la violencia contra las mujeres, y también requiere de acciones contundentes y comprometidas de las instituciones, como son crear un un mecanismo de evaluación y análisis de riesgo con perspectiva de género, que permita adecuar las acciones de protección a las necesidades de cada mujer, adoptar con urgencia medidas para garantizar que las mujeres no sean objeto de dilaciones en las solicitudes de órdenes de protección y que se vigile que las mismas se cumplan de acuerdo al principio de la debida diligencia y llevar con precisión un registro administrativo de todas las órdenes de protección dictadas por las autoridades competentes en la entidad federativa; modificar la legislación para eficientar las órdenes de protección, elaborar protocolos para garantizar su adecuada instrumentación”.
Finalmente dijo que en Guerrero como en el país, la “justicia con visión de género exige que trabajemos en permanente colaboración todas las instituciones de los tres poderes y en los tres niveles de gobierno con las organizaciones de la sociedad civil”.

Cerrar filas y cuidar a las mujeres: Astudillo

Mientras que el gobernador Héctor Astudillo Flores manifestó que espera que con ese taller haya mayor conocimiento y planteó colaborar para que el tema de género sea mejor atendido.
Aseguró que su gobierno tiene toda la determinación de que el tema de género sea abordado de la mejor manera.
Dijo a los presentes que el problema mayor de Guerrero es la “narcoviolencia” que está causando verdaderos destrozos en el estado, en las familias, en mucha actividad económica, y “ese es el punto central del momento que vive Guerrero, dentro de estas circunstancias tenemos que ubicar perfectamente el tema que nos ocupa, separarlo con mucha precisión y mucha claridad; yo creo que es un buen momento para que en la reflexión que se pueda hacer aquí, me parece correcta y oportuna, cerremos filas para ser más puntuales y más cuidadosos en el tema de cuidar más a la mujer de la violencia, y ser más precisos en todo lo que corresponda cuando exista un lamentable deceso, homicidio de una mujer en las características que da en este caso el delito de homicidio tipificado”.
Convocó a los presentes a hacer un análisis de carácter legal y ver en el Congreso local qué más se puede hacer.
Señaló que es un asunto en el que tiene que ver la Fiscalía, el Tribunal Superior de Justicia y los jueces, y que el tema de las mujeres es urgente que se le dé un trato más especial, más específico, más puntual, con mayor voluntad y mayor sensibilidad.
Añadió que vale la pena hacer un razonamiento serio, responsable de cómo entrar frente a una demanda que se tiene que atender con mayor puntualidad, de todo lo que tiene que ver con la violencia contra las mujeres.
Aseguró que su gobierno está para escuchar y no “somos el dique ni el bloque para enfrentar de mejor manera la violencia contra las mujeres, por el contrario, somos nosotros el cauce e indiscutiblemente, con toda la determinación, no la disposición, que es muy diferente el término, yo espero contar con todos ustedes para que le demos más puntual tratamiento a este tema”.
Astudillo Flores añadió que en el uso de sus facultades y en la relación institucional con la Fiscalía “lo haremos llegar, buscaremos el cuadro legal para que esto tenga un sustento, a todos los asesinatos sobre las mujeres se les dé un tratamiento, en el caso de la violencia, como si fuera feminicidio, que siempre haya esto para que todos en un esfuerzo no nos vayamos a quedar en Guerrero, frente a todos los problemas que tenemos, como el estado que no hace lo que tenemos que hacer entre todos para atender correctamente estos casos”.
Astudillo Flores dijo que para que la Fiscalía no sea señalada de que no hubo puntualidad en el caso de una mujer fallecida, cercano o parecido a un feminicidio, propuso que ésta cree un órgano especial de investigación para este tipo de casos.
Pidió que entonces “ese órgano de investigación rápidamente actúe y pueda hacer la integración más específica, en este caso de la carpeta de investigación”.
Subrayó que su gobierno va a actuar siempre respetando los derechos humanos, pues el estado ha tenido consecuencias muy graves por alejarse de éstos, y “si el gobernador quiere que las cosas sean mejores para los guerrerenses tiene que tener todos los días muy presente que la prioridad es el respeto a los derechos humanos”.
Finalmente dijo que su gobierno tiene toda la disposición para dos cosas, una para que en la ruta de los planteamientos de la alerta de género “somos y seremos muy respetuosos de que el procedimiento se realice con puntualidad, no seremos dique, no seremos problema, seremos ayuda y seremos solución, y segundo, toda la determinación para que el gobernador pueda escuchar de manera oportuna a todos aquellas organizaciones que así lo deseen”.