El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador aseguró que opositores a su gobierno intervienen en derechos humanos y es una razón por la cual no se ha resuelto el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Durante la conferencia de prensa matutina de este viernes, el presidente afirmó que se viven “tiempos de zopilotes” y que existe “mucho oportunismo” respecto a la investigación.
“Son tiempos de zopilotes, de buitres y de mucho oportunismo y los conservadores no nos ven con buenos ojos, están muy metidos en todos los temas, infiltrados en todos los temas, hasta en derechos humanos. Por eso nos ha costado tanto desenmarañar, llegar a la verdad y sobre todo encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa, porque desde el inicio buscaron complicarlo”, señaló.
López Obrador mencionó que el caso fue utilizado para fines políticos, y de nuevo se lanzó contra el senador independiente Emilio Álvarez Icaza y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y a su entonces director, Mario Patrón.
“Lo usaron con fines políticos o politiqueros, este señor Álvarez Icaza, seudo defensor de derechos humanos, un farsante, los del Prodh. Estamos ahora encontrando documentos en donde ellos, no estoy hablando de todos, el presidente del Prodh en ese entonces (Mario Patrón) estableció comunicación con el gobierno, participó en acuerdos con el gobierno de Peña”, insistió el presidente sin tomar en cuenta que el Centro Pro ya aclaró su participación en esas pláticas, y que la Compañía de Jesús de nuevo salió en su defensa.
En el mismo tenor, el presidente volvió a decir que esa organización apoyó para la liberación de responsables de la desaparición de los normalistas y afirmó que tiene pruebas que los involucrados participaron en la desaparición, afirmando que celebraron la resolución judicial.
“Ellos avalaron que se liberara a responsables de la desaparición de los jóvenes que supuestamente habían sido torturados y se liberó a muchos. Y tenemos pruebas de que de esos liberados, esas personas participaron en la desaparición de los jóvenes. Cuando sale esa resolución del Poder Judicial para liberarlos, lo celebran los que supuestamente al mismo tiempo están defendiendo a los padres de los desaparecidos, de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa”, dijo de nuevo López Obrador.
Agregó que su gobierno se encuentra trabajando para la búsqueda de las personas desaparecidas, y realizan labores en todo el país y volvió a criticar a la ex titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana.
“El caso de los desaparecidos, ¿no? de esta compañera Karla, que le dimos la confianza y que sale a declarar en contra de nosotros y da cifras que no corresponden a la realidad” amplió.
El pasado miércoles, el presidente López Obrador afirmó que la investigación del caso Ayotzinapa había sido manipulada y reiteró que el objetivo principal del gobierno federal es encontrar a los 43 normalistas desaparecidos.
“Vamos a seguir actuando nosotros con rectitud y sin permitir impunidad y desde luego lograr el propósito principal de encontrar a los jóvenes. Desde que empezó la investigación la torcieron a propósito. Son de las cosas que ahora que estoy metido yo personalmente viendo cómo se dieron los hechos, me encuentro” indicó en dicha conferencia.
Normalistas de Ayotzinapa realizaron este lunes un mitin en el Antimonumento de los 43, ubicado en la avenida Costera de Acapulco Foto: Ramón Gracida
Ramón Gracida Gómez
Unos 50 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa se manifestaron este lunes en el antimonumento de los 43 de Acapulco para demandar el esclarecimiento de la desaparición de los normalistas hace 9 años y tres meses, y señalar que el presidente Andrés Manuel López Obrador busca dividir a las organizaciones y los padres de familia cuestionando al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
A mediodía de ayer, los estudiantes llegaron en dos autobuses Costa Line, bloquearon el carril de la avenida Costera que conduce a la Base Naval y pusieron una ofrenda floral a un costado del antimonumento de los 43. Los jóvenes normalistas llevaron tres mantas grandes para acompañar la manifestación, una de éstas tenía la leyenda: “La lucha continua, Ayotzinapa vive”.
Con micrófono en mano, un estudiante pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador “que nos dé resultados, ya que él en su campaña nos prometió que antes de terminar su sexenio él daría con el paradero de los 43 compañeros”.
Cuestionó: “¿Cómo es posible que sólo estén dando largas?, ¿cómo es posible que el cuartel militar número uno sólo se encargue de esconder archivos, que no nos dé acceso a esos archivos?, ¿cómo es posible que este gobierno siga cubriendo a sus altos mandos?”.
Exigió al mandatario federal que mande encarcelar a todos los que participaron en la desaparición de los estudiantes durante la noche del 26 de septiembre de 2014 y en la madrugada del 27, “necesitamos a todos en la cárcel, necesitamos que nos dé respuesta, que nos esclarezca todo”.
Señaló que el entonces subsecretario Alejandro Encinas dijo que había documentos del Ejército por entregar, “pero al pasarse con Claudia Sheinbaum, ya no se volvió a tocar este punto”.
Indicó que el primer informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj-Ayotzinapa) se intentó “sembrar otra segunda verdad histórica tomando capturas de pantalla de unas conversaciones que no fueron esclarecidas al gobierno”. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) aún estaba vigente y desmintió las pruebas, recordó el orador.
Destacó que el GIEI también desmintió la versión de que los 43 estudiantes fueron quemados después de su desaparición, por lo que “exigimos a Andrés Manuel López Obrador que dé la cara y a Alejandro Encinas que sea criminalizado y metido en la cárcel ya que éste fue un partícipe en ese caso”.
“¿Por qué no comparten el dolor de los padres de familia? ¿Por qué no comparten su desesperación al no poder verlos, al no saber dónde están?”, volvió a cuestionar el joven estudiante ayer en Acapulco.
Recordó que el día de su desaparición, los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa se dirigían a la marcha del 2 de octubre de la matanza de Tlatelolco, “otro crimen organizado como la desaparición de los 43”.
Otro estudiante tomó el micrófono en el acto conmemorativo, cuestionó que López Obrador pidió que se investigara al Centro Prodh y señaló que esto tiene el objetivo “de desviar el tema y crear una división entre organizaciones y el colectivo de los padres de familia de nuestros 43 camaradas”.
Sin embargo, destacó, los padres de los 43 “han mostrado apoyo total a este CentroPro que desde sus inicios ha apoyado y ha ayudado a los padres de familia, los ha orientado para que asimismo sigan exigiendo justicia y no se queden callados”.
Agregó que el Centro Prodh “ha sido una pieza fundamental principalmente en lo que fue para derribar la llamada verdad histórica que estuvo hecha a base de mentiras, a base de falsedades”.
Cuestionó que el gobierno federal “solamente se preocupa por crear instituciones policiacas y no por construir escuelas para llevar educación a esas comunidades marginadas, a esas partes rurales, donde en verdad se necesita educar”.
Después de los discursos, todos los estudiantes presentes realizaron el conteo del 1 al 43 y exigieron justicia y pusieron una ofrenda floral a un costado del antimonumento de los 43. Antes de la una de la tarde se retiraron, en todo el evento una patrulla municipal y dos policías vigilaron.
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aceptó que no ha revisado la respuesta de padres y madres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, donde respaldan al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, al presidente se le preguntó sobre el conteo de los desaparecidos en México y su crítica al Centro Prodh, donde se le indicó si había visto la respuesta de los padres donde apoyan al Centro, a lo que respondió con un “no”.
“No. Estoy esperando porque teníamos una reunión con padres de Ayotzinapa y de repente no participaron”.
El 14 de diciembre López Obrador aseguró que se mantenía comunicación con los padres y madres de los 43, además de que un día después sostendrían una reunión con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina.
Ante esto le aseguraron que los padres y madres de los desaparecidos no consiguieron un camión para transportarse. López Obrador adelantó que en la conferencia del próximo 27 de diciembre presentará el documento donde el Prodh celebró la sentencia donde se liberaron a supuestos involucrados en la desaparición por sufrir tortura.
“Voy a traer el documento del Prodh sobre la sentencia, de cómo, lo explico así, una persona solicita un amparo, pide la protección de la justicia porque sostiene que fue torturado. El juez, en este caso magistrados, le dan al Ministerio Público diez días de plazo para que presente el Protocolo de Estambul a sabiendas de que era imposible. El Ministerio Público pide ampliación del plazo, se le niega y en automático dejan en libertad a esta persona, al primero. Y como se sentó el precedente con esta sentencia, se deja en libertad a 63 más. Pero voy a traer el documento”, prometió.
De igual forma se le planteó si sostendría una reunión con el Centro Prodh y otra con los padres, a lo que señaló que aceptaría que los representantes del Centro puedan responder a los señalamientos sobre una supuesta defensa de las personas que estuvieron involucradas en la desaparición.
“Claro que sí, que vengan aquí y digan por qué. Por qué a partir de ahí se dejó en libertad a quienes, me consta, porque después participaron como testigos protegidos y aseguran que habían ellos actuado en la desaparición de los jóvenes”.
Añadió que el origen de las liberaciones de los presuntos responsables de participar en la desaparición de los 43 normalistas, se basa en la sentencia la cual afirma que fue celebrada por organizaciones sociales.
“El origen legal de esas liberaciones de responsables (de la desaparición de los normalistas), es esa sentencia, que celebraron. Es gravísimo porque por un lado argumentando que habían sido torturados, se libera a responsables y por el otro se deja sin justicia a quienes también ellos presuntamente o supuestamente o realmente defienden, que son los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa”.
Argumentó que tras las detenciones de militares y del ex procurador Jesús Murillo Karam, hubo oposición de organizaciones bajo el argumento de no seguir los procedimientos penales.
“Lo que más me sorprende es que se detiene a Murillo Karam, incluso a militares y en vez de decir ‘se está actuando en contra de los que crearon la Verdad Histórica’, porque Murillo Karam se responsabiliza él mismo, él dice ‘yo soy el responsable con Zerón’. Entonces, se le detiene y en vez de decir ‘qué bien que durante mucho tiempo se mantuvo la impunidad y se termina aquí’, se oponen”, afirmó.
El presidente aseguró que de no haber tomado las decisiones y acciones que se realizaron, “no hubiésemos detenido a nadie”, comentando que de lo contrario hubieran seguido de rehenes.
Reiteró su petición de que el gobierno de Israel extradite al ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio por su participación en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Al presidente se le preguntó sobre la ausencia de una postura de México en el conflicto armado de Israel y Palestina y si se debía por la búsqueda de la extradición de Zerón, a lo que aseguró que no hay ningún acuerdo “vergonzoso” con ningún gobierno y que la política exterior mexicana se basa en la Constitución.
“O porque tienen a Zerón y a otro mexicano y estamos buscando que los envíen. He dirigido dos cartas a dos primeros ministros de Israel, planteándoles que se extradite a Zerón por tortura y por otros delitos, a dos”.
Añadió que ha mandado dos cartas a dos primeros ministros de Israel reprochando que el gobierno del país tenga resguardado a una persona acusada de tortura, reiterando que no existen acuerdos no conocidos.
“En las cartas les digo que es una vergüenza que Israel proteja a un torturador. Entonces no hay ningún acuerdo en lo oscurito, también para que esto quede claro, es una decisión que hemos tomado, que consideramos es lo más adecuado” mencionó.
Revisa la SSPC la petición de libertad de la activista presa Kenia Hernández: AMLO
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el caso de la activista detenida Kenia Hernández, es revisado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y su titular Rosa Icela Rodríguez.
En la conferencia de prensa matutina de este jueves, se le indicó al presidente que en el caso de Hernández, buscaron hacer un acuerdo reparatorio con Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la dependencia se negó, además de cuestionar a quien pertenece la concesión de Viaducto Bicentenario en el Estado de México.
Ante esto el presidente López Obrador adelantó que solicitarán a la Secretaría de la Función Pública (SFP) la información sobre el Viaducto y remarcó que Rosa Icela Rodríguez revisa el caso de Kenia Hernández.
“Vamos a pedirle a la Función Pública que nos informe. Y el otro tema, de la señora que está detenida (Kenia Hernández), con Rosa Icela, que sí me consta que lo está viendo”, afirmó el mandatario.
Señalaron que hubo un recibimiento por parte de la secretaria y el equipo de trabajo y les habían asegurado que no pueden ir más allá debido a que Capufe se niega a aceptar un acuerdo reparatorio, a lo que López Obrador indicó que “lo vamos a ver, lo vamos a ver con Rosa Icela”.
Por su parte el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, reiteró la postura de que Rosa Icela Rodríguez es quien revisa el caso de la activista Kenia Hernández. Además señaló que la concesión es operada por el gobierno estatal.
“La concesión está operada por el gobierno del estado. Hubo un convenio que se firmó antes de que yo asumiera como subsecretario, el convenio ha sido validado tanto por la parte de la Función Pública y entregamos toda la información a la Fiscalía General de la República”, declaró.
Kenia Hernández es activista y se encuentra privada de la libertad en el penal federal de máxima seguridad en Morelos desde octubre de 2020. En julio de 2022 señaló que ha vivido 14 violaciones graves de derechos humanos en la cárcel, además de que la han mantenido incomunicada con familiares y representantes legales.
El presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa de ayer Foto: Agencia Reforma
Juan Luis Altamirano Uruñuela
Ciudad de México
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que pedirá que los jesuitas investiguen la actuación del Centro Prodh en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
También solicitará un informe a Mario Patrón, quien dirigió el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez de 2014 a 2019 y es rector de la Universidad Iberoamericana de Puebla, respecto a la participación de la organización en el caso.
“Estoy esperando que me responda el señor Patrón, que era del Prodh entonces y ahora es director de la Ibero en Puebla, del grupo de jesuitas. Él no es jesuita, ese abogado. Pero necesito que me den una explicación a esto. Además, le pido a los jesuitas que ojalá y nos ayuden en la investigación”, añadió.
El Centro Pro fue fundado hace más de 35 años por la Compañía de Jesús, con el objetivo de promover y defender los derechos humanos.
Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes, López Obrador reiteró sus señalamientos al Centro Prodh, afirmando que defendieron a supuestos involucrados en la desaparición de los normalistas.
“Nos encontramos de que los mismos defensores de esta organización Agustín Prodh, promovieron una solicitud para dejar en libertad a quienes habían participado, no a todos, pero sí a algunos que habían participado en la desaparición de los jóvenes, alegando de que habían sido torturados y en efecto, algunos habían sido torturados, otros no”.
Recordó el caso en el que se exhortó la comprobación de la tortura por medio del Protocolo de Estambul, razón por la que se dejó libre a 60 personas, afirmando que fue una sentencia celebrada por el Centro Prodh.
“Y todavía el Prodh lo celebró, diciendo que era una sentencia histórica. Y luego se demuestra que a los que habían dejado en libertad, argumentando de que habían padecido de tortura, si habían participado en la desaparición de los jóvenes y hay pruebas.” comentó.
Acusó que la organización tiene un “doble discurso y doble moral”, además de que espera una respuesta y explicación al respecto, aclarando que no se trata de un asunto jurídico, sino de un asunto moral.
“Los del Prodh y estas organizaciones de la llamada sociedad civil o no gubernamentales, defendiendo también a los jóvenes, o sea, con un doble discurso, una doble moral” añadió.
Además, dijo que una vinculación de las organizaciones con el senador Emilio Álvarez Icaza y afirmó que tiene intereses con “grupos de poder hegemónico” que están contra su gobierno.
Peña Nieto debió pedir investigar a fondo
López Obrador afirmó que no fue el ex presidente Enrique Peña Nieto, quien dio la orden de desaparecer a los 43 normalistas.
“Si acaso el error del presidente en ese entonces es no haber pedido que se investigara a fondo, pero no es que Peña haya mandado a desaparecer a los jóvenes, si hay casos como el 68 donde el mismo Díaz Ordaz se hace responsable”, dijo.
De igual forma, el presidente señaló que más allá de las autoridades militares, la responsabilidad de la desaparición recae en la autoridad civil, enfocándose en el ex procurador Jesús Murillo Karam.
“En el caso de Ayotzinapa por ejemplo, los que decidieron, bueno quien se echa la culpa de la responsabilidad, del manejo de la investigación, fue el procurador Murillo Karam, el mismo se culpó, un civil”, comentó.
Reiteró que tiene el compromiso de encontrar a los normalistas “Vamos a conocer toda la verdad. Tengo el compromiso y lo voy a cumplir, de encontrar a los jóvenes. Pero llegaron a una situación de control, manipulación extrema, que no permiten que los padres de los jóvenes hablen con nosotros de manera directa, debe ser a través de los asesores o de los abogados”.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), respondió mediante un comunicado al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre sus señalamientos a la organización en su actuar en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
Aseguraron que en la conferencia de prensa matutina de este lunes se generó “desinformación y se tergiversó la realidad” sobre el papel del Centro, razón por la que presentaron diez aclaraciones al respecto.
En un primer punto, indicaron que respecto a la sentencia aludida por López Obrador en la que se liberó a presuntos responsables al demostrar tortura, señalaron que el Consejo de la Judicatura Federal “ordenó reponer la investigación del caso Ayotzinapa dadas las irregularidades detectadas”.
Como segunda acotación indican que la investigación que derivó en la llamada Verdad Histórica, “no se aprecia que se hayan explorado siquiera las líneas de investigación que apuntaban a la participación del personal del Ejército mexicano y la Policía Federal”, además de que no hay investigación en los actos de tortura.
“En estos juicios de amparo en revisión, los padres y las madres de familias de los normalistas desaparecidos no fueron parte procesal y sus representantes, incluyendo al Centro Prodh, no se apersonaron ni promovieron en el mismo. Los juicios fueron directamente iniciados por los acusados”, aclararon.
Como cuarto apéndice señalaron que en 2018, el Centro Prodh señaló que la sentencia confirmó que la verdad en el caso Ayotzinapa “no está dicha” y que se incurrieron en “múltiples irregularidades durante la investigación”.
“Académicos, organismos de derechos humanos y otros actores políticos, incluso personas que después se integraron al actual gobierno federal, saludaron la resolución dado que confirmaba que la versión oficial sobre el destino de los normalistas fue construida con prueba ilegal” señalan en el quinto numeral.
En el sexto punto indicaron que tras la resolución de las instancias correspondientes, pruebas reunidas por la Subprocuraduría Especiali-zada en Delincuencia Organizada (SEIDO), fueron invalidadas al estar relacionadas con “detenciones arbitrarias y actos de tortura”.
La séptima aclaración indica que el Centro ha buscado para que ninguna persona torturada sea juzgada en el país basándose en pruebas ilícitas, acorde a lo establecido en los derechos humanos.
“Ni el Centro Prodh, ni ninguna de las organizaciones que representan a los padres y a las madres, promovimos ninguna solicitud para que fueran dejados libres, ni representamos legalmente a los acusados, ni estuvimos detrás de la sentencia, como se ha dicho en las conferencias presidenciales. Sugerir que incurrimos en prevaricato o conflicto de interés es falso”, destacaron.
Sobre la participación de Mario Patrón en el Centro Prodh, la octava aclaración afirma que se caracterizó por trabajar con la “más absoluta honestidad” y que las decisiones del Centro no son unipersonales.
“Afirmar que el Centro Prodh y otras organizaciones no permiten que las víctimas en este caso, o en otros, hablen con otros actores políticos y/o con medios de comunicación no sólo es falso, sino que también supone negar la propia agencia de las víctimas sobre sus procesos y luchas. Los padres de Ayotzinapa deciden sus propias estrategias y caminos; las organizaciones solamente les aconsejamos y acompañamos”, indicaron en la novena aclaración.
Como último punto indicaron que el Centro se mantendrá con su labor de defensa de los derechos humanos y señalaron que el Ejército no ha entregado información relevante para el caso.
Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionara de nueva cuenta en su mañanera el trabajo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y de su ex director Mario Patrón Sánchez, la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús respondió que no es necesario investigar su actuación en el caso Ayotzinapa “porque la conocemos y respaldamos”.
En un pronunciamiento, rechazó que hayan incurrido en conflicto de interés y malas prácticas en la defensa de las familias de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
“Refrendamos de nuevo nuestra plena confianza en el trabajo que ha realizado y que realiza el Centro Prodh, voz autorizada la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús para hablar de los derechos humanos en México”, indicó.
“En particular, expresamos nuestro pleno respaldo al maestro Patrón Sánchez, de cuyo profesionalismo e integridad tenemos plena certidumbre”.
En su conferencia, López Obrador insistió en que el Centro Prodh y Patrón incurrieron en un doble discurso al defender, por un lado, a los familiares de los normalistas y, por otro, abogar por la liberación de presuntos responsables de su desaparición que fueron presuntamente sometidos a tortura.
En respuesta, la Compañía de Jesús expresó su disposición al diálogo y su deseo de dejar zanjado el asunto “para no proseguir la comunicación por vía de conferencias y boletines de prensa”, pero negó la necesidad de una investigación.
“Los jesuitas de México no tenemos que investigar la actuación del Centro Prodh en el caso Ayotzinapa, porque la conocemos y respaldamos”.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), respondió que los cuestionamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre su participación en el caso Ayotzinapa son falsos, una reacción a que no ha callado sus señalamientos al Ejército y confirman que apoya la llamada “verdad histórica” que tanto critica.
Mediante un comunicado de prensa, el prestigioso colectivo resaltó que en su conferencia de prensa de este jueves, el presidente dedicó 20 minutos a hacer señalamientos con información falsa.
“Lamentamos las descalificaciones genéricas e injustas a nuestro trabajo de más de 35 años en la defensa de los derechos humanos en México. Sin duda obedecen a que no hemos callado nuestros señalamientos sobre la persistencia en el presente de la impunidad, la violencia y el encubrimiento al Ejército” en el caso Ayotzinapa, subrayó.
De igual forma agregó que “so-bre el caso Ayotzinapa, precisamos que lo dicho en la conferencia es falso. Nuestra labor, junto con otras organizaciones respetadas de la sociedad civil, ha sido defender los intereses y derechos de las familias, poniendo a las víctimas al centro”.
Destacó que esta postura de defensa “nos ha llevado a denunciar la existencia de la tortura en la investigación inicial que llevó a la Verdad Histórica, que paradójicamente, es la que hoy respalda el presidente de la República en sus dichos”.
Aclaró que no han puesto ningún recurso contra el nombramiento de Teresa Guadalupe Reyes como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, y que sí señalaron, y lo seguirán haciendo, que el procedimiento mediante el cual fue designada no fue el adecuado.
Reiteró que lamenta las “falsedades y descalificaciones” que son especialmente graves por venir directamente del presidente de la República, y subrayó que continuará su labor apartidista con el pleno respaldo de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús y se guía por los estándares internacionales de defensa de los derechos humanos.
Rechazan jesuitas señalamientos
La Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús expresó su rechazo a los comentarios del presidente contra el Centro Prodh.
En un comunicado, indicó que el Prodh es la voz autorizada de los jesuitas para hablar de los derechos humanos en el país y recordó que por 35 años “ha desempeñado su labor con un alto grado de profesionalismo, siempre del lado de las víctimas. Su esencia no ha cambiado”.
“Rechazamos enfáticamente las descalificaciones injustas hacia su valiosa labor”, subrayó y extendió su respaldo a Mario Patrón y a Santiago Aguirre, los últimos dos directores laicos del Centro.
Hizo un llamado a todas las autoridades del país a generar un clima propicio y de respeto hacia las personas defensoras de derechos humanos.
“La Compañía de Jesús apuesta al diálogo y no a la descalificación”, insistió. (Victor Osorio / Agencia Reforma / Ciudad de México).
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que al adentrarse en las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, encontró “cosas raras” y las atribuyó a la actuación en el caso del prestigioso Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)
“Con lo de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, me metí a ver todo, me estoy metiendo a ver todo. Declaraciones de detenidos, los torturados y todo. Y me estoy encontrando cosas raras, muy raras, o sea, porque está enmarañado todo el asunto”, dijo ayer el presidente en su conferencia de prensa matutina.
“Se habló del pacto de silencio, pero hay más que eso, con el propósito de que no se conocieran los hechos, eso es lo que yo supongo, que no se lograra nunca conocer la verdad con el propósito de dañar al Estado mexicano, de socavar a instituciones, es mi hipótesis”, añadió.
Aseguró que el Centro Prodh, se ha ido “echando a perder”, y agregó que no entendió los motivos por los que no intervino de forma activa para exigir que se abriera un proceso judicial contra quienes participaron en la creación de la llamada “verdad histórica, concretamente del ex procurador Jesús Murillo Karam.
“¿Cómo es que los del Prodh, que son defensores de los derechos humanos y además están asesorando a los padres (de los 43), no exigían o no pedían, sobre todo sus abogados, que se castigara a quienes inventaron la llamada verdad histórica?”, preguntó.
Afirmó que “lo que más me llamó la atención es que cuando tomamos la decisión, porque hay elementos de que son responsables y se toma la decisión, de que se soliciten las órdenes de aprehensión y se detiene a estos personajes del más alto nivel, incluso a militares, los defensores de derechos humanos, los abogados, en vez de reconocerlo, me reclaman que se habían hecho mal las cosas”.
Recordó el caso de detenidos que alegaron que fueron torturados para sacarles una declaración a modo sobre los hechos y posteriormente fueron protegidos por defensores de derechos humanos cuando había evidencia de su participación, y después fueran dejados en libertad.
“Por un lado defienden a las víctimas, pero por el otro lado, participan para dar la libertad a los que argumentan con elementos o no de que fueron torturados y eso lleva a que los dejen libres. ¿Por qué me entero de esto? Porque tengo las pruebas de que los que supuestamente habían denunciado que habían sido víctimas de tortura después declaran, como testigos protegidos libres, de que sí habían participado” en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala.
Acusa a Álvarez Icaza y a la CIDH de la liberación de involucrados
Aseguró que los abogados que hicieron las gestiones para la liberación de supuestos involucrados están relacionados con el senador Emilio Álvarez Icaza, a quien volvió a calificar de “farsante”, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Desde la zona de reporteros, se le preguntó directamente si el abogado Vidulfo Rosales se encontraba entre los asesores en cuestión.
“No, no, no me quiero meter a ese tipo de cosas, lo que quiero es que los padres sepan, porque los padres no saben esto que les estoy diciendo. O sea, los padres no saben que la sentencia que dejó libres a quienes participaron, porque eso sí lo puedo probar, en la desaparición de los jóvenes, al menos algunos de los que participaron tuvo que ver con un trabajo jurídico que hicieron defensores de los derechos humanos, que también supuestamente los están asesorando a ellos”, respondió.
De igual forma se le preguntó sobre los avances en las investigaciones contra el ex fiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo, y respondió que no quieren meterse en esas investigaciones “porque se van a convertir en víctimas y que ya los estamos persiguiendo. No, no, no, para nada, lo que queremos es conocer la verdad, o sea, a ver, porque lo que está de por medio es encontrar a los jóvenes y es un compromiso que hice con los padres. Y además, a todos nos conviene, es un asunto de interés nacional”.
El presidente aseguró que mantiene comunicación con los padres y adelantó que este viernes sostendrán una reunión con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina.
Hay “muchas presiones, de todo tipo y de muchas partes” por Ayotzinapa: AMLO
Advierte el presidente que los que ordenaron el crimen y encubrieron a los responsables van a tratar de descarrilar la investigación y pide confianza a los padres y madres de los 43. La renuncia del fiscal especial fue por diferencias en el aval a las órdenes de aprehensión de los implicados en la de-saparición de los estudiantes, dice
Agencia Reforma
Ciudad de México
El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que su gobierno está recibiendo “muchas presiones, de todo tipo”, en la investigación del caso Ayotzinapa y pidió a los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos confiar en que la indagatoria seguirá.
El mandatario habló de las presiones cuando en la conferencia de prensa matutina confirmó la renuncia del fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), Omar Gómez Trejo.
López Obrador afirmó que el fiscal para el Caso Ayotzinapa renunció por diferencias en los procedimientos para aprobar órdenes de aprehensión.
“Sí, él va a dejar el cargo, tengo esa información y la Fiscalía va a nombrar a otro fiscal. Hay diferencias y se respetan todos los puntos de vista”, indicó el mandatario federal en la mañanera.
“El fiscal se va porque no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las órdenes de aprehensión, o sea, hubo diferencias en eso y yo apoyo el que hayan sacado las órdenes de aprehensión de acuerdo con lo que establece el documento que es resultado de la investigación”.
López Obrador dijo que su Administración está recibiendo muchas presiones, de todo tipo, en la investigación del caso y pidió a los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos confiar en que la indagatoria seguirá.
“Que nos tengan confianza que nosotros vamos a continuar con la investigación, que ojalá me crean que estamos recibiendo muchas presiones, de todo tipo y de muchas partes, pero que tenemos la firme voluntad de hacer justicia, y que yo estoy acostumbrado a resistir, y como decía el general Torrijos: el que se aflige, se afloja”, indicó.
El jefe del Ejecutivo dijo que sus adversarios no deben estar pensando que van a poder descarrilar la investigación.
“Que no estén pensando nuestros adversarios conservadores, los corruptos, los que ordenaron este crimen, los que encubrieron a los responsables, los pseudodefensores de derechos humanos, que en realidad son partidarios del conservadurismo, que no estén pensando de que van a descarrilar la investigación, vamos a seguir adelante, sin limitaciones”, acusó.
“Son presiones, ya sabemos lo que viene después, vienen otras preguntas, van a querer enrarecer, y descalificar la investigación, no lo van a lograr y que sepan que así como nos van a apostar a difamar, a degradar, a debilitar las instituciones, lo mismo, vamos a ser nosotros respetando la libertad de expresión, informando al pueblo de todo, y estoy atento a todo lo que está sucediendo”.
Renuncia el fiscal de Ayotzinapa después de que la FGR retiró órdenes de aprehensión
La Fiscalía se precipitó en las acusaciones a implicados y después se de-sistió de 21 casos, entre las diferencias, dice el Centro Prodh
Abel Barajas / Agencia Reforma
Ciudad de México
Omar Gómez Trejo presentó ayer su renuncia como fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), después de tres años y tres meses en el cargo.
Su dimisión se hará efectiva a partir del próximo viernes 30 de septiembre, confirmaron funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR).
La renuncia del fiscal especial del caso Iguala se da luego de que la FGR se desistió de cumplimentar 21 órdenes de aprehensión de las 83 que en total había girado un juez el pasado 19 de agosto.
En octubre de 2020, el fiscal general Alejandro Gertz Manero había empoderado a la unidad que dirigía Gómez Trejo con la facultad para conceder beneficios a testigos colaboradores, intervenir comunicaciones privadas, solicitar informes bancarios y ejecutar operaciones encubiertas.
La unidad podía solicitar el desistimiento de la acción penal en un proceso, la cancelación de una orden de aprehensión, la reclasificación del delito o pedir la prisión preventiva o el resguardo domiciliario para garantizar la comparecencia del imputado o la protección de las víctimas o testigos.
Gertz también autorizó al organismo investigador dictar el no ejercicio de la acción penal, antes de una audiencia inicial, y conceder los criterios de oportunidad, que significan la inmunidad penal para quien colabore con las investigaciones del caso Iguala.
En junio de 2019, la FGR nombró a Omar Gómez Trejo, ex consultor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Iguala.
Gómez Trejo es abogado, maestro en derechos humanos y democracia y trabajó en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Honduras y Guatemala, así como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José Costa Rica.
Después de los hechos del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, en los que 43 normalistas de Ayotzinapa fueron desaparecidos, fungió como secretario ejecutivo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Centro Pro señala injerencia de mandos de la FGR en la renuncia
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez advirtió que la renuncia de Gómez Tre-jo “evidencia la injerencia indebida de los superiores jerárquicos de la FGR en la labor independiente que esta Unidad venía realizando, incluyendo la precipitación de acusaciones y la cancelación de órdenes de aprehensión”.
En un comunicado, la organización dijo que “ante la abundancia de información y posibilidad de que exista confusión, recalcamos la relevancia del balance que efectuará el GIEI próximamente, que como instancia internacional se encuentra en la posición más adecuada para fungir como fiel de la balanza”.
Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), también observó una intromisión en el trabajo de Gómez Trejo, quien renunció a la UEILCA después de tres años y tres meses en el cargo.
“Mi reconocimiento, respeto y respaldo a Omar Gómez Trejo, quien representó de los poquísimos espacios de investigación independiente a DH. Las injerencias a su trabajo violan el derecho de los 43 y sus familias, y a la sociedad, a la verdad y a la justicia”, tuiteó la comisionada.
El Centro Prodh sostuvo que la revelación de vínculos entre Guerreros Unidos y militares del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, es de primera relevancia y confirma la necesidad de que esa unidad militar rinda cuentas.
“También muestra los riesgos de la militarización sin controles y corrobora que los padres y la madres tenían absoluta razón al pedir que se investigara al Ejército”, expuso.
Un informe sin testar de la Comisión para la Verdad, cuya copia obtuvo Grupo Reforma, revela que, días después del asesinato de los 43 estudiantes el 26 de septiembre de 2014, criminales junto a funcionarios de los tres niveles de gobierno y del Ejército, operaron para desenterrar los cuerpos de los jóvenes en Iguala y llevarlos al 27 Batallón de Infantería. (Benito Jiménez/ Agencia Reforma/ Ciudad de México)
La investigación del caso Ayotzinapa seguirá; no habrá carpetazo: Encinas
Juan Luis Altamirano Uruñuela
Ciudad de México
La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), afirmó que la desaparición de los 43 estudiantes normalistas el 26 de septiembre de 2014 se trató de un crimen de Estado.
Mediante un video publicado en Twitter por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, éste sostiene que “autoridades y actores de todos los niveles que debían garantizar la seguridad de la población, colaboración con suma crueldad para desaparecer a 43 personas. Amparados por la mentira, la simulación y la impunidad. ¿Qué intereses estaban detrás? La investigación seguirá avanzando, no habrá carpetazo. Pero lo tenemos claro: Ayotzinapa fue un crimen de Estado”, se escucha en el video.
Se detalla que la situación de Ayotzinapa como crimen de Estado ha sido conocida así y en “las calles se sabe desde hace años”, pero que actualmente la reconocen desde el ámbito gubernamental.
Además indican que una evidencia contundente de calificar el caso así es la participación de las instituciones, misma que fue ocultada por la Procuraduría General de la República (PGR), fue la participación del quinto autobús.
“Los estudiantes buscaban trasladarse a la Ciudad de México para la marcha del 2 de octubre, por lo que tomaron varios autobuses sin saber que, uno de ellos, precisamente el que omitió mencionar la mal llamada ‘Verdad Histórica’, provocaría una reacción violenta de grupos criminales y autoridades pues contenía droga o dinero ocultos”, mencionan en el video.
Aseguraron que posterior a la desaparición de estudiantes, cuerpos de seguridad y grupos delictivos se organizaron para que el camión pudiera salir del estado. De igual forma señalaron que los familiares de las víctimas se enfrentaron a una obstrucción en el acceso a la justicia por parte de instituciones.
“Cada una de las instancias hicieron lo contrario a su deber; complicaron el proceso dilatando y dividiendo expedientes, liberaron a los acusados bajo la premisa de que fueron torturados, pero no persiguieron a los torturados, desecharon pruebas obtenidas con colaboración internacional descartaron el delito de desaparición con argumentos insostenibles, ordenaron destrucción de videos entorpecieron las investigaciones y ocultaron la verdad” indicaba el video.
El video mencionó que recientemente han fallecido 26 probables responsables de los acontecimientos en la desaparición y uno de ellos fue ejecutado durante un fallido operativo de la Fiscalía General de la República (FGR).
En un infografía, se acredita por parte de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa la participación de autoridades de todos los niveles en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas el 26 de septiembre de 2014.
Queman dos camiones en Palacio de Justicia de Iguala y lanzan piedras porque no hay justicia
Integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) lanzan petardos a la fachada del Palacio de Justicia en Iguala Foto: Lenin Ocampo Torres
Padres de los 43 normalistas, estudiantes de normales y organizaciones sociales marcharon en la ciudad en el final de la jornada de lucha a ocho años de la desaparición de los jóvenes. Reclaman al presidente López Obrador que no ha cumplido su ofrecimiento de verdad y justicia
Alejandro Guerrero
Iguala
Con una protesta en la sede del Palacio de Justicia en la que fueron quemados dos vehículos, una marcha y mítines en los que se reclamó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no cumplir su ofrecimiento de justicia y verdad del caso Ayotzinapa, la tarde de este martes concluyó en esta ciudad la jornada de lucha Por los Caminos de la Verdad para conmemorar el octavo aniversario de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014.
En su retirada de esta ciudad poco después de las 6 de la tarde, más de 50 jóvenes encapuchados protestaron en la sede del Palacio de Justicia, quemaron dos vehículos, hicieron pintas y lanzaron piedras, botellas de vidrio y petardos a las puertas y ventanas.
A las 3:30 de la tarde, las madres y padres de los jóvenes desaparecidos hace 8 años, encabezaron una marcha en el Periférico Norte afuera de las instalaciones del Instituto Tecnológico, que llegó a Ciudad Industrial en la estela colocada en memoria de Julio César Mondragón Fontes, donde se colocó una ofrenda floral, se hizo oración e inició un mitin.
La señora María Concepción, madre de uno de los 43 jóvenes desaparecidos, agradeció a las organizaciones, estudiantes y a los periodistas que los han acompañado durante estos ocho años, tiempo en el que dijo, no ha habido verdad ni justicia.
Reclamó que a ocho años no hay verdad ni justicia, pero advirtió al gobierno de la República, “no nos vamos a callar y vamos a seguir adelante hasta saber la verdad de lo que pasó con nuestros hijos, porque no es tan fácil llegar a ocho años sin saber nada de ellos”.
El primer mitin fue breve, y de allí el contingente en el que participaron viudas y sobrevivientes de la masacre de El Charco, miembros del Bloque Democrático de Iguala y profesores de la CETEG, regresó al Periférico y siguió hasta la esquina con la calle Juan Álvarez, lugar donde fueron asesinados Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo la noche del 26 de septiembre de 2014, donde fue el mitin principal con varias participaciones de los padres, madres, normalistas y organizaciones.
El abogado de las madres y padres de los 43 muchachos desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra a ocho años de los ataques contra los normalistas, advirtió que les preocupa la etapa en la que se encuentran, el momento procesal que se está viviendo con un gobierno que se comprometió aquí en la ciudad de Iguala frente a las madres y los padres a esclarecer los hechos, y que cuando era candidato (Andrés Manuel López Obrador) ofreció que iría hasta el fondo, que topara donde topara iría hasta las últimas consecuencias.
Señaló que los 24 que fueron absueltos en días pasados por un juez federal, en su mayoría son policías de Iguala, “esa es la respuesta y la justicia que hoy tenemos”.
Denunció que el gobierno federal culpa al Poder Judicial y éste a la Fiscalía General de la República (FGR), “esa es la tónica de este gobierno ahora, culparse entre ellos de sus fracasos, de las derrotas judiciales que están sufriendo y de las que nosotros no tenemos culpa, esa ineptitud del gobierno, la incapacidad de la Fiscalía y de los jueces para valorar una prueba de manera objetiva atendiendo el contexto de Ayotzinapa, pero al fin y al cabo el gobierno, al fin y al cabo el Estado mexicano contra nosotros, contra los padres y madres de familia”.
Dijo que “cuando se trata de una institución con poderes metaconstitucionales como es el Ejército, se arredra, va para atrás y retira las órdenes de aprehensión en detrimento de nosotros, cuando frente a las madres y padres de familia el fiscal general de la República (FGR) en Palacio Nacional informó frente al Presidente de la República la existencia de las órdenes de aprehensión, nos dio números, nos dio nombres, y ahora con qué cara o pretexto están retirando las órdenes de captura, eso es un claro retroceso”.
Recriminó que como en los gobiernos anteriores, este gobierno se empeña en atacar al “mensajero”, se empeña en atacar a quien lleva la voz y a quienes acompañamos a las madres y padres de familia.
Dijo que al igual que los gobiernos del PRI, de la derecha, también este gobierno acuña el mismo discurso, desprestigiando, descalificando y persiguiendo a quienes acompañamos de manera genuina y desinteresada a las madres y padres de familia, “primero el gobierno de Enrique Peña Nieto y ahora un gobierno que se dice progresista asume los mismos métodos de descalificación”.
El señor Clemente Rodríguez, padre de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los tres normalistas que ha sido identificado en estos ocho años, advirtió que nadie los maneja como padres y madres, “no somos borreguillos”.
Pidió a los medios de comunicación decir la verdad y denunció que han estado atacando a sus abogados, “ya lo dije, a mí nadie me maneja y si voy a denunciar que debe estar en la cárcel Ángel Aguirre Rivero debe de estar porque el maldito es culpable igual que Tomás Zerón de Lucio”.
Denunció que le duele mucho que en estas calles haya caminado su hijo “cómo es posible que estos malditos militares no les hayan ayudado, pero vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para que estos asesinos estén en la cárcel”.
Por su parte la señora Cristina Bautista, llamó a que se castigue a todos los responsables de los hechos ocurridos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, desde policías municipales, estatales y federales, de Protección Civil y el Ejército, “no nos cansamos de mencionar porque ellos participaron en la desaparición de nuestros hijos”.
Advirtió que cada día 27 estarán en Iguala mientras no haya justicia y castigo a los responsables, y pidió a los vecinos de esta ciudad su colaboración si es que tienen información de lo que ocurrió aquella noche o en los días posteriores, “necesitamos saber la verdad, dónde están nuestros hijos, no podemos retirarnos sin saber de ellos, tenemos más hijos pero nos hace falta el otro hijo”.
Palacio de Justicia
En su retirada de Iguala, poco después de las 6 de la tarde, unos 25 autobuses en los que viajaban las madres y padres de los 43 desaparecidos y alrededor de mil alumnos de normales del país, se detuvieron frente al Palacio de Justicia en la carretera federal México-Acapulco, en la salida a Chilpancingo.
Unos cien jóvenes con el rostro cubierto hicieron pintas en las paredes del perímetro del edificio con consignas contra el gobierno y el Ejército, así como en memoria de sus 43 compañeros, mientras que con el uso de un camión de la empresa Pepsi que tomaron al término del segundo mitin, derribaron uno de los portones del estacionamiento, primero lo chocaron de frente pero al no poder abrir, el muchacho que lo manejaba lo lanzó de reversa y logró derribarlo.
Al ingresar por el estacionamiento, lanzaron piedras contra los cristales de las ventanas, botellas de vidrio y petardos en una acción de no más de 5 minutos, y en seguida incendiaron el camión arrojándole combustible y petardos.
En seguida otro grupo de jóvenes también derribó con otra camioneta de la empresa Bimbo la puerta principal del Palacio de Justicia, al cual le arrojaron varios petardos, algunos de ellos que metieron en el motor para lograr incendiarla mientras que en su cofre pintaron el número 43.
Al frente del edificio no lograron romper los cristales de las ventanas porque tienen protección con malla de acero, pero los de los laterales, que no tienen la protección, sí los destruyeron con piedras y petardos.
La protesta tardó poco más de 30 minutos, tiempo en el que estuvo cerrado el paso de automovilistas, y luego de lograr incendiar el segundo vehículo los manifestantes se retiraron; enseguida llegaron bomberos de Protección Civil estatal y municipal para apagar los dos vehículos con el uso de tres pipas.
Los dos carriles de ese tramo de la carretera fueron cerrados y la zona fue acordonada para las diligencias de peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE).
El gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador tendrá elementos para cumplir la promesa de campaña de resolver el caso Ayotzinapa, consideró el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).
En un conversatorio en la Universidad Iberoamericana sobre la sentencia del tribunal colegiado de Reynosa, Tamaulipas, que ordenó la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia en el caso de la desaparición de los normalistas, Patrón mencionó que López Obrador manifestó su voluntad de crear una comisión internacional. “Ahora hay una sentencia que le dice que puede construir algo todavía mejor, tienen la mesa puesta para sólo aplicar voluntad política”, señaló.
El director del Prodh advirtió que no existen las condiciones para que esta comisión se concrete en lo que resta de la administración de Enrique Peña Nieto, por lo que calificó como una buena noticia que “ya se van de manera aplastadora”.
Del recurso de imposibilidad de cumplimiento que la Procuraduría General de la República (PGR) interpuso, Patrón consideró que mina y debilita el Estado democrático de derecho.
“Indudablemente estamos en la postrimería de un conflicto que va a trascender del tribunal unitario de Tamaulipas probablemente a la Suprema Corte de Justicia”, dijo.
“Aquí la pregunta es: qué tanto, hoy, la judicatura va a estar dispuesta a reivindicar su propia autonomía y su papel, no de aplicadores sino de constructores de derecho”, preguntó.
En tanto la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Mariclaire Acosta consideró que si se aplica correctamente la sentencia del tribunal de Tamaulipas, podría iniciarse un proceso de justicia extraordinaria.
“Sobre todo que la administración entrante con todas sus contradicciones, porque la ministra (Olga Sánchez) las tiene, habla ya de que hay que construir la paz, es decir, el problema ya no es combatir la delincuencia”, expuso.
María Saffón del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), destacó que con su sentencia el tribunal dijo lo obvio pero de manera oficial, y lo comparó con la situación en Colombia.
“Todos sabíamos que los paramilitares estaban haciendo cosas horribles, pero todo el mundo se hacía el que no sabía”, dijo. “La Corte Interamericana comenzó a decir, con una serie de sentencias, lo que era obvio para todo el mundo, pero lo convirtió en oficial: como que el Estado colombiano estaba en convivencia con los paramilitares, por omisión y por acción”, relató.
Juan Luis Altamirano Uruñuela
