Guerrero es un territorio de dolor por las desapariciones, dice representante de la ONU en foro en el Congreso

Durante el foro Las víctimas de un Estado fallido, el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH), Alan García calificó a Guerrero como “un territorio de dolor” debido a las ejecuciones, desapariciones y la “violación masiva a los derechos humanos” y dijo que lo que se vivió en Chilapa del 9 al 14 de mayo del 2015 durante la irrupción de civiles armados, así como los ataques a los normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014, son apenas la punta del iceberg que dan una idea de dónde y con quién estuvo el Estado en esos hechos.
El director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Mario Patrón Sánchez dijo que en la entidad la macro criminalidad se conjuga por la intervención de la delincuencia organizada y el Estado quienes han colocado a Guerrero como la primera entidad en desaparecidos y fosas clandestinas del país.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández dijo que en Guerrero se vive una “escena dantesca” y que el Ejército tiene permiso para matar desde la década de la guerra sucia (1970), lo que se agravaría si se aprueba la Ley de Seguridad Interior, en tanto que el presidente del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Raymundo Díaz Taboada denunció que quienes practican la violencia y violan los derechos humanos son los grupos de poder fácticos tolerados por las autoridades.
El foro Las Víctimas de un Estado Fallido; desaparecidos, ejecutados y desplazados, fue organizado por el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón de Chilapa (Centro Morelos), con motivo de los dos años de la irrupción de civiles armados a la cabecera municipal de Chilapa, del 9 al 14 de mayo, días en los que 30 ciudadanos fueron desaparecidos y de los cuales existen 16 denuncias formales.
Fue en la biblioteca del Congreso local pero fue desdeñado por los diputados locales que no asistieron a escuchar a los familiares de las víctimas, ni de los representantes de los organismos de derechos humanos.
Al representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Alan García habló de la desaparición de personas pero comenzó con una condena ante el asesinato de Miriam Rodríguez del colectivo de desaparecidos de San Fernando, Tamaulipas, ejecutada la noche del miércoles, dijo que este crimen “sacude la conciencia de quienes abrazamos la causa de los derechos humanos”.
Calificó a Guerrero como “un territorio de dolor” pero también de muchísima resistencia ante las ejecuciones, desapariciones y la “violación masiva a los derechos humanos”.
Dijo que lo que se vivió en Chilapa del 9 al 14 de mayo de 2015 durante la irrupción de civiles armados, junto a los ataques a los normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre en Iguala, son apenas la punta del iceberg de un problema mucho más complejo en materia de desaparición de personas.
También los puso como ejemplo de violación masiva a los derechos humanos, “y uno se pregunta en dónde estuvo y con quién estuvo el Estado ese día”.
Para Alan García hablar de desaparición de personas, de desplazamientos y ejecuciones “es sin duda, hablar de tres de las violaciones más críticas a los derechos humanos”.
Destacó que la desaparición de personas ha tenido dos momentos, el de la guerra sucia que tuvo en Guerrero su epicentro, y el contexto actual de inseguridad y violencia.
Explicó que en la guerra sucia era un método de represión política instrumentado en contra de la disidencia de izquierda, y que es una asignatura que sigue vigente y aguarda una respuesta.

De 2007 a 2016 se registraron 29 mil 903 de desapariciones, informa la CNDH

Antes Ismael Eslava Pérez, primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), disertó sobre el contenido del informe que presentó ese organismo en abril sobre las desapariciones y las fosas clandestinas, que calificó como una problemática “compleja, dolorosa, lacerante e indignante para todos porque no hace distinciones de razas, credos, religiones y lo más grave, no ha sido erradicada”.
Destacó que las desapariciones constituyen una forma compleja de violaciones a derechos humanos que debe de ser encarada y comprendida de manera integral, “pues estamos ante una múltiple y continuada violación de distintos derechos reconocidos en los principales instrumentos internacionales”.
Las cifras de este informe establecen que de 2007 a octubre de 2016 se registraron 29 mil 903 de desapariciones. Del total 28 mil 937 corresponden al fuero común y 966 al fuero federal. El 82.7 por ciento del total se concentra en 11 entidades del país, entre ellas Guerrero, que reportó mil 155 casos de desaparición durante ese tiempo.
En cuanto a las fosas clandestinas, Ismael Eslava dijo que es preocupante también el hallazgo de “un número importante” de fosas clandestinas con cadáveres o restos humanos.
Agregó que la CNDH documentó que muchas ocasiones la búsqueda y localización de las fosas clandestinas es realizada por los familiares de las víctimas de desapariciones, “ante la falta de respuesta adecuada y oportuna de las autoridades de seguridad pública y de procuración de justica”.
Frente a casi un centenar de familiares de víctimas de desaparecidos, asesinados y desplazados el visitador de la CNDH reconoció que los familiares que se han convertido en verdaderos investigadores, “que sin ningún tipo de recursos han acudido por sus propios medios a los distintos lugares para buscar a sus seres queridos, y como consecuencia exponen su integridad, a pesar de que esta actividad le corresponde a la autoridad”.
En cuanto a las cifras informó que del 1 de enero del 2007 a septiembre del 2016 se localizaron 855 fosas clandestinas de las que se exhumaron mil 548 cadáveres, de los cuales 155 son mujeres y mil 53 hombres. En 343 casos no se proporcionó el género.
Asimismo 621 eran mayores de edad, 28 menores de 18 años y en 899 casos no se señala el indicador. De los mil 548 cadáveres exhumados al corte de la información para la elaboración del informe, se habían identificado 796 cadáveres.
Del total 195 fosas se localizaron en Guerrero de las que se exhumaron 326 cadáveres, con lo que se ubicó en la entidad con el mayor número de fosas clandestinas encontradas, reconoció el visitador de la CNDH.

Cisis humanitaria: Centro Prodh

El presidente del Centro Prodh, Mario Patrón disertó sobre macro criminalidad. Dijo que en 10 años en la denominada guerra contra el crimen organizado, en México la violencia ha provocado desaparecidos y muertos más que en cualquier conflicto bélico, lo que coloca al país en una crisis humanitaria con sus 60 mil personas desaparecidas y 160 mil asesinadas.
Añadió que las víctimas se siguen acumulando ya sea por la impunidad, la falta de capacidad de las autoridades o por la corrupción, la falta de instituciones sanas, además de los problemas estructurales. Añadió que todo eso provoca graves violaciones a los derechos humanos.
Explicó que la macro criminalidad se entiende como la que se comete por el crimen organizado con la suma de las instituciones públicas.
Citó como ejemplos de macro criminalidad los ataques a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014 donde murieron 6 personas, tres de ellos estudiantes, y desaparecieron 43 normalistas. También la irrupción de civiles armados en Chilapa del 9 al 14 de mayo de 2015, que dejó más de 30 desaparecidos.
Explicó que en ambos casos el crimen organizado contó con el contubernio de las autoridades federales, “esa es la macro criminalidad, la suma de las instituciones del poder público con el crimen organizado”.
Insistió que ambas acciones sólo pudieron suceder mediante la connivencia de las instituciones públicas con el crimen organizado, porque ¿dónde estaban las corporaciones federales, estatales y municipales cuando ocurrieron estos hechos?

 

Padres de los 43 acuerdan con la canciller crear un mecanismo para seguir recomendaciones del GIEI

 

Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos se reunieron la mañana de ayer con la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, con quien acordaron la creación de un mecanismo que dé seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En la reunión los padres propusieron que el presidente y relator para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), James Cavallaro encabece dicho mecanismo de seguimiento.
Se informó que uno de los acuerdos es que el mecanismo podrá hacer visitas periódicas a México para verificar las recomendaciones establecidas en el primer y segundo informe del GIEI.
El próximo sábado 21 de mayo una comisión de los padres y de funcionarios mexicanos viajará a Washington -sede de la CIDH- para afinar los detalles de dicho mecanismo.
Luego de la reunión de aproximadamente 2 horas con la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la comisión de padres de los normalistas se dijo satisfecha con el acuerdo.
Al salir de la reunión el abogado de los familiares, Vidulfo Rosales expresó que “emplazamos a que el compromiso que hoy se hizo aquí con la canciller se pueda refrendar y llegar ya con esos acuerdos a la Comisión Interamericana en su sesión, que será el día sábado”,
Vidulfo Rosales insistió en el reclamo de quitar a Tomás Zerón de la dirección de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR).
De los restos encontrados ayer en Iguala, el abogado planteó que aún hace falta “establecer la autenticidad de la llamada anónima para determinar la relación con los hechos”.
Los restos fueron hallados el pasado martes 17 y miércoles 18 de mayo en Coacoyula, Iguala, debido a una llamada anónima al número de emergencias 066 que reportó la presencia de cinco cuerpos a los que se refería como los de “los estudiantes desaparecidos de Iguala por miembros de la delincuencia”, en alusión a los normalistas de Ayotzinapa que fueron atacados y desaparecidos la noche y la madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala a manos de policías municipales de ese municipio y de Cocula, además de sicarios de Guerreros Unidos.
Luego del encuentro en la Cancillería, los padres salieron rumbo a la sede de la PGR para exigir la renuncia de Tomás Zerón de Lucio.
Por su parte, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Mario Patrón explicó que algunos puntos que quedaron pendientes de definir fueron la periodicidad de las visitas del mecanismo a México y si en ellas van a participar integrantes del GIEI.
Del encuentro dijo que “fue una reunión buena, constructiva, y fue una reunión de la que salimos con puntos de vista de coincidencias en los aspectos centrales del mecanismo, eso se tiene que materializar por escrito en la Comisión Interamericana”.
Por separado, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Miguel Ruiz Cabañas coincidió en crear el mecanismo de seguimiento aunque dijo que la posibilidad de que integrantes del GIEI formen parte es un tema que aún debe discutirse.
Consideró que las coincidencias entre los padres de los 43 y la SRE son enormes, “esas coincidencias reflejan que sí tenemos muchos elementos en común y que podemos llegar a un acuerdo, esperemos que (el acuerdo) pueda ser el sábado en Washington”.
Ruiz Cabañas dijo que algunas de las coincidencias entre los padres y la SRE es que haya un mecanismo con el acompañamiento de la CIDH que dé seguimiento a la asistencia técnica del GIEI, así como en continuar labores de investigación, búsqueda y atención a víctimas.
Acompañado de Roberto Campa Cifrián, Ruiz Cabañas calificó de positivo y necesario el encuentro, que muestra que hay voluntad de ambas partes para construir acuerdos, pero también el compromiso del Presidente Enrique Peña Nieto de alcanzar la verdad y, eventualmente, la sanción de los responsables.
“Nos pareció muy positivo, un diálogo muy fructífero”, resumió.
Para finalizar, Claudia Ruiz Massieu dijo que podría volver a recibir a los padres si así lo solicitan.

Otorgarán medidas cautelares a 39 familiares de desaparecidos en Iguala; son amenazados

El gobierno federal otorgará medidas de vigilancia individualizadas, en los casos de mayor riesgo, a familiares de víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala que han recibido amenazas, luego de la petición de medidas cautelares para 39 familiares de desaparecidos, que se hizo a través de la Organización de las Naciones Unidas y cinco organizaciones nacionales, al Estado mexicano.
Uno de los integrantes del comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala informó que entre los acuerdos con las autoridades federales está que, a partir del domingo 31 de enero, se proporcionará seguridad al grupo de buscadores de fosas, así como un carro, chofer y combustible para que se puedan desplazar en su búsqueda, acompañados de un agente del Ministerio Público y policías federales.
Asimismo, recibirán herramientas para las búsquedas, capacitación para los buscadores de fosas, protección a los familiares con mayor riesgo y rondines de vigilancia en las casas de los 39 familiares para los que se piden las medidas cautelares.
El jueves, una comisión de familiares de desaparecidos se reunió con funcionarios de la Secretará de Gobernación, con el apoyo de cinco organizaciones nacionales de desaparecidos y organizaciones no gubernamentales (ONG), como el centro Prodh, Idheas, la Comisión Mexicana de Enlaces Nacionales y el Instituto Mexicano para la Defensa de los Derechos Humanos, donde se acordó el otorgamiento de medidas de protección individualizadas para los casos con mayor riesgo, es decir para los familiares de desaparecidos que han recibido amenazas.
La fuente informó que entre los compromisos hechos con el gobierno federal, con base en la petición de medidas cautelares para 39 integrantes del comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala, algunos de ellos como parte del grupo de búsqueda de fosas clandestinas y otros que han recibido amenazas, las medidas de vigilancia serán individualizadas en los casos de mayor riesgo con rondines policiacos en su casas.
Se acordó también que, bimestralmente se reunirán con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, mayor seguridad en las asambleas de los martes a los familiares de desaparecidos en la parroquia de San Gerardo, y seguridad en las búsquedas de fosas clandestinas.
En el encuentro del jueves, las autoridades federales reconocieron el logro de Los Otros Desaparecidos de Iguala, que en un año han logrado el hallazgo y la recuperación de 123 cuerpos inhumados en fosas clandestinas, “un logro que ha superado por mucho al Estado”.
Informó que las ONG reconocieron también ante las autoridades federales que las acciones de búsqueda de los familiares de desaparecidos de Iguala han superado “por mucho” a las de la PGR.
Con este encuentro, dijo, se da reconocimiento al grupo de Los Otros Desaparecidos de Iguala, a nivel nacional e internacional, por los logros alcanzados a más de un año de su creación tras el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.