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Con el cierre, el caso Aguas Blancas queda sin verdad, sin justicia ni reparación: Mario Patrón

El defensor de derechos Humanos, Mario Patrón Sánchez, durante su participación en el foro “Ayotzinapa: 11 años Luces y Sombras” realizado en el comedor de la Normal Rural de Ayotzinapa. Lo acompañan el responsable de la oficina en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Alan García Campos, el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, así como madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Con el cierre del caso de la masacre de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, quedaría en la impunidad, sin verdad, sin justicia, ni reparación, como otros casos de graves violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en Guerrero, declaró el abogado y activista Mario Patrón Sánchez.
Por su parte, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, opinó que si el caso se archiva y se cierra “sería la corona de la impunidad, máxime que las víctimas nunca encontraron justicia”.
Patrón Sánchez ha sido abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, además, hasta agosto pasado fue rector de la Universidad Iberoamericana (Ibero) Puebla.
Consultado ayer en la Normal de Ayotzinapa donde participó en el foro Ayotzinapa 11 años:luces y sombras, declaró que la masacre de Aguas Blancas es otra tragedia que marcó al país y que permanece en un halo de impunidad.
“Fue una de las tragedias destacadas por una investigación constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuando en aquel entonces tenían esa facultad y el informe determinó que hubo graves violaciones y un vínculo de autoridades y de participación de agentes del Estado”, recordó.
Sin embargo, dijo que eso no fue llevado a un proceso de verdad y justicia, a pesar de que fue una determinación de la SCJN.
“Es muy triste porque lo que queda para estos casos es la verdad y la memoria y es ahí en donde tenemos que trabajar como sociedad civil”, dijo en referencia al cierre del caso.
Explicó que es relevante hablar de la masacre de Aguas Blancas alrededor del 11 aniversario de Ayotzinapa, “porque cabe preguntarnos qué ha cambiado hoy, y el factor común entre Aguas Blancas y Ayotzinapa es que no hubo un antes y un después fundamentalmente porque sigue la impunidad y hay permisividad”.El abogado declaró que por ahora no sabría si hay algún otro recurso tras el cierre del caso, “porque el simple paso del tiempo y la falta de disposición de las instituciones me parece que hablan por sí solos”.
Aunque admitió que “eventualmente” la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) podría pedir la reapertura, “pero también habría que preguntarnos la efectividad de esas medidas porque quienes tienen que investigar son las mismas instancias nacionales e internas”.
Consideró que lo lamentable es que este como en otros casos de graves violaciones a los derechos humanos en Guerrero quedan en la impunidad, sin verdad, justicia ni reparación.
Dijo que para que estos casos no se repitan se debe llegar “hasta donde tope y contra quien tope, aclarando frente a la sociedad qué es lo que pasó, pero sobre todo llevando a la justicia a los perpetradores”.
Insistió: “Vean lo que es hoy el caso Iguala, es una tristeza porque Ayotzinapa fue la oportunidad para que investigaran y de alguna manera dinamitaran toda la red ilícita de poder que se montó sobre la red lícita de poder y hoy no sólo está igual, está peor Iguala”.
Abel Barrera Hernández, declaró que el cierre del caso Aguas Blancas es algo muy grave porque no ha habido una investigación de las autoridades que establezca la responsabilidad de las autoridades, “en este caso del mismo gobernador en turno (Rubén Figueroa Alcocer) sobre las graves violaciones a los derechos humanos, estamos hablando de ejecuciones extrajudiciales”.
Agregó que el de Aguas Blancas es un delito grave que tiene que castigarse con todo el peso de la ley “y si esto se cierra, se está dando paso a que todos los que han violado los derechos humanos en Guerrero, estamos hablando del Ejército, Marina, autoridades estatales, gobernadores, procuradores, queden impunes”.
Lo grave, dijo, es que el problema de las víctimas en Guerrero es catastrófico porque ninguna ha alcanzado justicia, “ninguna víctima ha sido reparada en términos materiales y de reivindicación de su lucha”.
El activista declaró que esto viene ocurriendo desde los agravios que se cometieron en la década de los 60, durante los años de la guerra sucia y hasta los nuevos casos de la represión.
Para el defensor, es un mal y pésimo síntoma que este anuncio (el cierre del caso Aguas Blancas) llegue en un momento “en el que estamos peleando para que las autoridades castiguen a los responsables y, sobre todo, la demanda histórica de que se abran los archivos del Ejército tanto para revisar todos los crímenes que se cometieron durante los años de la guerra sucia como en el actual de Ayotzinapa”.
Dijo: “Estamos hablando de un periodo de 50 años de impunidad y si se archiva y se cierra el caso Aguas Blancas sería la corona de la impunidad, máxime que las víctimas nunca encontraron justicia”.
Barrera Hernández, declaró que, sin embargo, el caso sigue abierto para que a nivel internacional continúe ventilándose, “porque las graves violaciones a los derechos humanos no pueden prescribir y tienen que trasladarse a otro ámbito”.
Declaró que es similar el caso de la masacre de El Charco, municipio de Ayutla, que, al no haber investigaciones en México, ahora está en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Hay instancias internacionales, claro que son instancias que tienen otros tiempos y ritmos para las investigaciones, pero sí, con ello se abre la puerta al litigio internacional”.

Guerrero es un territorio de dolor por las desapariciones, dice representante de la ONU en foro en el Congreso

Durante el foro Las víctimas de un Estado fallido, el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH), Alan García calificó a Guerrero como “un territorio de dolor” debido a las ejecuciones, desapariciones y la “violación masiva a los derechos humanos” y dijo que lo que se vivió en Chilapa del 9 al 14 de mayo del 2015 durante la irrupción de civiles armados, así como los ataques a los normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014, son apenas la punta del iceberg que dan una idea de dónde y con quién estuvo el Estado en esos hechos.
El director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Mario Patrón Sánchez dijo que en la entidad la macro criminalidad se conjuga por la intervención de la delincuencia organizada y el Estado quienes han colocado a Guerrero como la primera entidad en desaparecidos y fosas clandestinas del país.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández dijo que en Guerrero se vive una “escena dantesca” y que el Ejército tiene permiso para matar desde la década de la guerra sucia (1970), lo que se agravaría si se aprueba la Ley de Seguridad Interior, en tanto que el presidente del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Raymundo Díaz Taboada denunció que quienes practican la violencia y violan los derechos humanos son los grupos de poder fácticos tolerados por las autoridades.
El foro Las Víctimas de un Estado Fallido; desaparecidos, ejecutados y desplazados, fue organizado por el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón de Chilapa (Centro Morelos), con motivo de los dos años de la irrupción de civiles armados a la cabecera municipal de Chilapa, del 9 al 14 de mayo, días en los que 30 ciudadanos fueron desaparecidos y de los cuales existen 16 denuncias formales.
Fue en la biblioteca del Congreso local pero fue desdeñado por los diputados locales que no asistieron a escuchar a los familiares de las víctimas, ni de los representantes de los organismos de derechos humanos.
Al representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Alan García habló de la desaparición de personas pero comenzó con una condena ante el asesinato de Miriam Rodríguez del colectivo de desaparecidos de San Fernando, Tamaulipas, ejecutada la noche del miércoles, dijo que este crimen “sacude la conciencia de quienes abrazamos la causa de los derechos humanos”.
Calificó a Guerrero como “un territorio de dolor” pero también de muchísima resistencia ante las ejecuciones, desapariciones y la “violación masiva a los derechos humanos”.
Dijo que lo que se vivió en Chilapa del 9 al 14 de mayo de 2015 durante la irrupción de civiles armados, junto a los ataques a los normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre en Iguala, son apenas la punta del iceberg de un problema mucho más complejo en materia de desaparición de personas.
También los puso como ejemplo de violación masiva a los derechos humanos, “y uno se pregunta en dónde estuvo y con quién estuvo el Estado ese día”.
Para Alan García hablar de desaparición de personas, de desplazamientos y ejecuciones “es sin duda, hablar de tres de las violaciones más críticas a los derechos humanos”.
Destacó que la desaparición de personas ha tenido dos momentos, el de la guerra sucia que tuvo en Guerrero su epicentro, y el contexto actual de inseguridad y violencia.
Explicó que en la guerra sucia era un método de represión política instrumentado en contra de la disidencia de izquierda, y que es una asignatura que sigue vigente y aguarda una respuesta.

De 2007 a 2016 se registraron 29 mil 903 de desapariciones, informa la CNDH

Antes Ismael Eslava Pérez, primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), disertó sobre el contenido del informe que presentó ese organismo en abril sobre las desapariciones y las fosas clandestinas, que calificó como una problemática “compleja, dolorosa, lacerante e indignante para todos porque no hace distinciones de razas, credos, religiones y lo más grave, no ha sido erradicada”.
Destacó que las desapariciones constituyen una forma compleja de violaciones a derechos humanos que debe de ser encarada y comprendida de manera integral, “pues estamos ante una múltiple y continuada violación de distintos derechos reconocidos en los principales instrumentos internacionales”.
Las cifras de este informe establecen que de 2007 a octubre de 2016 se registraron 29 mil 903 de desapariciones. Del total 28 mil 937 corresponden al fuero común y 966 al fuero federal. El 82.7 por ciento del total se concentra en 11 entidades del país, entre ellas Guerrero, que reportó mil 155 casos de desaparición durante ese tiempo.
En cuanto a las fosas clandestinas, Ismael Eslava dijo que es preocupante también el hallazgo de “un número importante” de fosas clandestinas con cadáveres o restos humanos.
Agregó que la CNDH documentó que muchas ocasiones la búsqueda y localización de las fosas clandestinas es realizada por los familiares de las víctimas de desapariciones, “ante la falta de respuesta adecuada y oportuna de las autoridades de seguridad pública y de procuración de justica”.
Frente a casi un centenar de familiares de víctimas de desaparecidos, asesinados y desplazados el visitador de la CNDH reconoció que los familiares que se han convertido en verdaderos investigadores, “que sin ningún tipo de recursos han acudido por sus propios medios a los distintos lugares para buscar a sus seres queridos, y como consecuencia exponen su integridad, a pesar de que esta actividad le corresponde a la autoridad”.
En cuanto a las cifras informó que del 1 de enero del 2007 a septiembre del 2016 se localizaron 855 fosas clandestinas de las que se exhumaron mil 548 cadáveres, de los cuales 155 son mujeres y mil 53 hombres. En 343 casos no se proporcionó el género.
Asimismo 621 eran mayores de edad, 28 menores de 18 años y en 899 casos no se señala el indicador. De los mil 548 cadáveres exhumados al corte de la información para la elaboración del informe, se habían identificado 796 cadáveres.
Del total 195 fosas se localizaron en Guerrero de las que se exhumaron 326 cadáveres, con lo que se ubicó en la entidad con el mayor número de fosas clandestinas encontradas, reconoció el visitador de la CNDH.

Cisis humanitaria: Centro Prodh

El presidente del Centro Prodh, Mario Patrón disertó sobre macro criminalidad. Dijo que en 10 años en la denominada guerra contra el crimen organizado, en México la violencia ha provocado desaparecidos y muertos más que en cualquier conflicto bélico, lo que coloca al país en una crisis humanitaria con sus 60 mil personas desaparecidas y 160 mil asesinadas.
Añadió que las víctimas se siguen acumulando ya sea por la impunidad, la falta de capacidad de las autoridades o por la corrupción, la falta de instituciones sanas, además de los problemas estructurales. Añadió que todo eso provoca graves violaciones a los derechos humanos.
Explicó que la macro criminalidad se entiende como la que se comete por el crimen organizado con la suma de las instituciones públicas.
Citó como ejemplos de macro criminalidad los ataques a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014 donde murieron 6 personas, tres de ellos estudiantes, y desaparecieron 43 normalistas. También la irrupción de civiles armados en Chilapa del 9 al 14 de mayo de 2015, que dejó más de 30 desaparecidos.
Explicó que en ambos casos el crimen organizado contó con el contubernio de las autoridades federales, “esa es la macro criminalidad, la suma de las instituciones del poder público con el crimen organizado”.
Insistió que ambas acciones sólo pudieron suceder mediante la connivencia de las instituciones públicas con el crimen organizado, porque ¿dónde estaban las corporaciones federales, estatales y municipales cuando ocurrieron estos hechos?