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El gobernador Astudillo nunca se refirió a los 43 normalistas de Ayotzinapa, dice el Club Rotario

Integrantes del Club Rotario de Acapulco expusieron que el discurso del gobernador Héctor Astudillo Flores en la toma de protesta de la junta directiva de esa organización fue sacado de contexto, que en ningún momento se refirió a los 43 normalistas de Ayotzinapa, como se publicó en la versión digital del semanario Proceso.
El coordinador en Guerrero del Club Rotary en el estado y rector de la Universidad Americana de Acapulco (UAA), Mario Mendoza Castañeda expuso que habló de reforzar los valores de los jóvenes para que no caigan en las manos de la delincuencia organizada “como desafortunadamente en ocasiones ha pasado”, con “consecuencias muy tristes”.
Externó que fortalecer los valores en la juventud desde las familias es uno de los primeros pasos para lograr desterrar el mal que asecha el país, como también se debe desterrar a “aquellas personas que no nos quieren ayudar, no nos damos cuenta como con una nota o con un comentario negativo podemos deshacer la vida de una persona”.
Convocó a los medios de comunicación a ser aliados del bien social y construir una opinión positiva de lo ocurrió el 3 de agosto.
El 6 de agosto colectivos de víctimas de la violencia, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales exigieron al gobernador Héctor Astudillo Flores una disculpa pública, y lo acusaron de criminalizar a las víctimas con sus declaraciones. Una nota de la agencia Proceso dice que el gobernador aseguró que muchos de los jóvenes desaparecidos en la entidad participaban en acciones delincuenciales por la pérdida de valores en las familias.
En conferencia de prensa en la Universidad Americana de Acapulco, acompañado por la presidenta del Club Rotario de Las Brisas y Edgar Neri, el coordinador de los 13 Club Rotary de Guerrero, Mario Mendoza expuso que buscan aclarar la información que se derivó de un discurso del gobernador en una actividad de ellos.
“Nos sentimos en la obligación al ver notas que nos involucraban y a uno de nuestros aliados estratégicos”, como llamó al gobernador debido a su colaboración con ellos.
El rector leyó un comunicado e hizo comentarios entre párrafos, indicó que el gobernador “en ningún momento se refirió a los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, menos aún a los 43 que lamentablemente se encuentran desaparecidos y que a todo Guerrero nos sigue doliendo”.
Fue una “reflexión muy seria y profunda” para que desde las familias y organizaciones se unan esfuerzos para “reforzar los valores de los jóvenes y que estos no caigan en las manos de la delincuencia organizada con las desafortunadas consecuencias que esto puede traer”. Por lo que consideran que el mensaje ha sido sacado de contexto.
Manifestó que tienen entre sus objetivos el promover la cultura por la paz y los valores, por eso no harán algo que divida “y menos nunca permitir que se hable mal de nuestros hermanos, menos de las víctimas y los más desprotegidos de la sociedad como son nuestros queridos alumnos de Ayotzinapa”.
Mendoza Castañeda recalcó que si se quedaban callados era admitir que se había hecho referencia a los normalistas de Ayotzinapa, a los cuales dijo los integrantes del Club han realizado “varios eventos con ellos” y los han acompañado “todo el tiempo, somos sensibles y consideramos que ellos podrían ser parte de nuestras familias, y así hemos respondido ante la sociedad”.

Se suma el secretario de Educación a la defensa del gobernador

El secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero publicó un mensaje en apoyo al gobernador Héctor Astudillo Flores y aseguró que su administración ha impulsado a los jóvenes.
En su perfil de Facebook el funcionario expresó: “Hector Astudillo es un hombre recto, de probados valores familiares. Las interpretaciones a modo son muy cómodas pero no concuerdan con las cifras de un gobierno que ha impulsado incansablemente a los jóvenes”.
El mensjese dio luego de la marcha de integrantes de colectivos de familiares que conforman el Frente Guerrero por Nuestros Desaparecidos, en la capital, en contra de los señalamientos de Astudillo Flores de que muchos jóvenes que están desaparecidos participaban en acciones delincuenciales.

 

Está a favor de la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, dice el exgobernador Aguirre

El ex gobernador Ángel Aguirre Rivero dijo que ve muy bien que el próximo gobierno de la República que encabezará Andrés Manuel López Obrador haga la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, y reiteró que está dispuesto a colaborar en lo que se le solicite.
En declaraciones en el hotel Camino Real de Acapulco en la avenida Escénica, a Aguirre Rivero se le preguntó su opinión del anuncio de Olga Sánchez, quien sería la titular para la Secretaría de Gobernación en el gobierno de López Obrador, en cuanto a que la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa será de las primeras que serán creadas, y respondió que esa decisión es un “gran acierto”.
Se pronunció a favor de que estén incluidas las víctimas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y “espero que de la mano, los familiares de las víctimas y la autoridad más importante en materia de derechos humanos puedan dar a conocer qué fue lo que verdaderamente sucedió”.
A pregunta de si con ello espera que se limpie su nombre en el caso de Ayotzinapa de manera definitiva, caso por el que tuvo que dejar el cargo de gobernador, Aguirre Rivero respondió: “Yo así lo espero, yo creo que es por el bien de todos”.
Celebró que López Obrador esté honrando su palabra empeñada en Iguala en uno de sus mítines, donde ofreció la creación de la Comisión de la Verdad.
Añadió que “estaré siempre en la mejor disposición de colaborar en aquello que se me solicite”.
En la edición de El Sur de este sábado se informó que en el gobierno de López Obrador se integrarán comisiones de la verdad para indagar crímenes graves aún no resueltos.
La ex ministra de la Corte y propuesta para titular de la Segob, Olga Sánchez Cordero adelantó que una de las primeras comisiones en ser creadas será para indagar el caso de los 43 normalistas desaparecidos.

 

Niega la SCJN un amparo a la esposa de Abarca Velázquez, presa por la desaparición de los 43

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó un amparo a la esposa del ex alcalde de Iguala, María de los Ángeles Pineda Villa, presa por la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en 2014.
La Primera Sala de la Corte declaró constitucional el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, impugnado por esposa del ex alcalde José Luis Abarca, que permite a la PGR consignar asuntos relevantes ante juzgados que no están en el lugar donde se cometió el delito.
“El párrafo tercero, del artículo 10 del Código no faculta a la autoridad ministerial federal para fijar la competencia del juez, sino que lo faculta a que, por razones de seguridad en las prisiones, ejerza la acción penal ante un juez de Distrito distinto al del lugar de la comisión del delito”, afirmó la Sala por unanimidad.
La Corte ya tenía varios precedentes en los que, desde hace más de 15 años, ha avalado esta facultad de la Procuraduría General de la República (PGR).
Pineda Villa presentó este alegato en un proceso que se le sigue por el delito de cohecho, por el soborno que ofreció a los policías que la detuvieron en 2015.
Si bien los normalistas fueron desaparecidos en Guerrero, y Pineda Villa fue detenida en la Ciudad de México, se le recluyó en un penal de Nayarit, y los procesos en su contra fueron radicados por la Procuraduría General de la República (PGR) ante un juzgado federal de Matamoros, Tamaulipas.
En la actualidad, Pineda está internada en el penal 16, de Coatlán del Río, Morelos.
En junio pasado, el proceso en su contra por delincuencia organizada fue enviado de Matamoros a Cuernavaca, luego de que el Tercer Tribunal Unitario en Reynosa, Tamaulipas, concedió un amparo en el que sostuvo que Pineda tiene derecho a ser juzgada por tribunales del lugar donde está recluida.
Eso quiere decir que la apelación de Pineda contra su auto de formal prisión por delincuencia organizada tendrá que ser revisada por uno de los dos tribunales unitarios en Cuernavaca, y de ser confirmado dicho auto, el resto del proceso y la sentencia la dictará un juez de la misma ciudad.
Una vez que la Corte negó el amparo en el tema del artículo 10, es previsible que el juicio contra Pineda por cohecho también será enviado a Cuernavaca, donde no hay juzgados ni tribunales especializados en materia penal, sino que ven todas las materias.
Esto implica que Pineda no será beneficiaria directa de las sentencias que ha dictado el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Reynosa, en favor de varios integrantes del Cártel Guerreros Unidos, a los que ha puesto al borde de la libertad al ordenar que se anulen los autos de prisión que se les dictaron por la desaparición de los normalistas.
Lo anterior, ya que la revisión final de los procesos contra Pineda Villa tocarán a un tribunal colegiado de Cuernavaca, que no está obligado a resolver igual que su similar de Reynosa.

Marchan padres de los 43 en Ayutla; desalojan el INE y un juzgado y protestan en la cárcel

A 22 días de cumplirse tres años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, sus padres marcharon durante tres horas en las principales calles de la cabecera municipal de Ayutla para recordarle a la población que el caso sigue sin avances, como en el primer día, desalojaron dos oficinas e hicieron un mitin afuera de la cárcel.
La protesta inició a las 11 de la mañana en la Unidad Deportiva de Ayutla, se sumaron las exigencias de la libertad de los presos políticos en el estado, y un alto al cobro de trámites de los trabajadores de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
En el contingente de poco más de 200 personas iban estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, que no dejaron de exclamar los números del 1 al 43 por sus compañeros desaparecidos.
También se vio a integrantes del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, los desplazados de La Laguna de la sierra de Coyuca de Catalán, 18 comisarios de comunidades de Ayutla y policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) de la comunidad de El Tamarindo.
En las mantas que portaron los manifestantes se leía, “Los desplazados de la comunidad de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, exigimos el regreso de los 43 normalistas. Presos políticos libertad”.
En la vanguardia los padres de los 43 normalistas iban encabezados por Melitón Ortega, quien una y otra vez recordó que el gobierno poco hace por esclarecer la desaparición de los estudiantes, y se niega a abrir las líneas de investigación hacia el Ejército, a la Policía Federal, el trasiego de droga Iguala-Chicago, hacia el defenestrado gobernador Ángel Aguirre Rivero y a dar a conocer las llamadas hechas desde los teléfonos de los estudiantes la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Mientras la marcha avanzaba por las calles, desde las ventanas de las casas y las puertas algunas mujeres miraban la protesta, algunas preguntaban quiénes eran y por qué marchaban.
Los rostros de los padres de los tres normalistas desaparecidos originarios de Ayutla: Carlos Iván Villanueva, Mauricio Ortega Valerio y Felipe Arnulfo Rosa eran esperanzadores. También acudió la familia de Aldo Gutiérrez Solano quien está en coma desde los ataques de hace casi tres años.
Para las 12:30 del día la movilización llegó a las oficinas del Centro de Apoyo al Desarrollo Rural de la Sagarpa, ahí los comisarios encararon a la encargada a quien le recriminaron el cobro hasta de 500 pesos a los campesinos de 18 comunidades para hacer trámites de los programas gratuitos para el campo.
A la 1:30 de la tarde la movilización llegó a las instalaciones de la Junta local número 8 del Instituto Nacional Electoral (INE), donde los padres de los 43 normalistas reprocharon el dinero entregado a los partidos políticos y responsabilizaron al instituto de ser cómplice de la corrupción.
Señalaron que por eso en Ayutla las comunidades retomaron el modelo de elección de sus autoridades por Usos y Costumbres y que eliminarán las malas prácticas de los partidos políticos. Indicaron que otros municipios del estado tienen el mismo derecho.
De las oficinas salió el presidente vocal ejecutivo Agustín Moreno Pérez, a quien los padres solicitaron desalojar a los trabajadores de las oficinas y a todas las personas que estaban en el lugar. Visiblemente molesto aceptó. En la fachada del inmueble fueron escritos frases como “nos faltan 43”.
El paso firme de los manifestantes siguió hasta las oficinas del Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Allende, del Tribunal Superior de Justicia, donde el integrante del FODEG, Hoguer Morales Miranda encaró al juez Esteban Saldaña para que sean cancelados los procesos que se les sigue a nueve presos políticos en el estado.
Entre los que están integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) presos en Ayutla y Chilpancingo. Ahí los integrantes del FODEG se dijeron en “activa movilización”, y el inmueble también fue desalojado por los manifestantes.
A las 2 de la tarde el contingente se apostó afuera de la cárcel de Ayutla, donde se solicitó desde las bocinas al director del penal que dejara pasar a una comisión a visitar al preso político Arturo Campos Herrera, sin embargo las puertas del penal fueron cerradas y no hubo respuesta.
El dirigente y luchador social de Atenco, Ignacio del Valle exigía la libertad de los presos políticos, una fuerte lluvia se dejó caer pero su voz no cedió y señaló que los presos lo estaban porque respondían a los intereses del pueblo y no del gobierno, en temas como la seguridad.
La entrada del penal fue cubierta con las mantas que los integrantes de las organizaciones llevaron en la protestas.
Al término de la movilización los padres de los 43 normalistas hablaron con los 200 asistentes y los invitaron a sumarse a las movilizaciones a tres años de la desaparición de sus hijos, y también al grito popular de independencia.

 

Exigen en Iguala castigo para los asesinos de Arturo Hernández Cardona a cuatro años del crimen

Con una exigencia de justicia y castigo a todos los responsables por omisión o complicidad, ayer, a cuatro años de la desaparición forzada y ejecución del dirigente de la organización Unidad Popular (UP), Arturo Hernández Cardona, los familiares, amigos y miembros de organizaciones colocaron una ofrenda floral y participaron en un mitin político.
En la actividad también se exigió que se considere como una prueba absoluta la declaración notarial del sobreviviente Nicolás Mendoza Villa.
A las 11 de la mañana, los participantes colocaron una ofrenda floral en el monumento a la Independencia, las hijas del asesinado Hernández Cardona, Soledad, Carolina y Reyna Hernández Mena; el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Mendoza Villa; miembros de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, integrantes de la Unión Campesina Emiliano Zapata, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y miembros del Bloque de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala.
En declaraciones a reporteros después del acto y durante el mitin político en el auditorio del Palacio municipal, la activista Soledad Hernández Mena denunció que las dependencias de gobierno han dado nulos resultados en sus investigaciones, la Fiscalía General del Estado, el Congreso local, el Grupo de Coordinación Guerrero y la Procuraduría General de la República (PGR), “permitieron ver el grado de impunidad y de encubrimiento por miembros del Estado”.
Evidenció el encubrimiento al ex alcalde de Iguala, el perredista José Luis Abarca Velázquez; de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, y de su jefe policiaco, Felipe Flores Velázquez, que a cuatro años de los hechos no han sido juzgados por el crimen, a pesar del señalamiento de uno de los sobrevivientes, Nicolás Mendoza Villa.
A la demanda de justicia y castigo a los culpables, se sumó la petición de que la declaración del sobreviviente Nicolás Mendoza sea considerada como prueba testimonial absoluta para incriminar al ex edil Abarca Velázquez.
Demandó también una ley federal que castigue a funcionarios públicos por desaparición forzada y ejecución extrajudicial, que se reclasifique el delito por el que los detenidos por este caso sean juzgados por desaparición forzada y ejecución extrajudicial en lugar de secuestro.
Hizo responsable al Estado mexicano por una pérdida más de vidas, víctimas directas o indirectas. Que se castigue por omisión y encubrimiento a todas las corporaciones y las instituciones involucradas y que haya un cese de la represión en contra de luchadores y líderes sociales.
“Hoy estamos recordando esta fecha a cuatro años de los hechos, donde el Estado mexicano nos negó la justicia pronta y expedita en todos los ámbitos, desde la comisión instructora, la Fiscalía General del Estado y las distintas corporaciones e instituciones que no actuaron, por omisión o complicidad”.
Recordó que por la falta de cumplimiento a las medidas cautelares que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ella tuvo que abandonar con su familia su domicilio en la colonia Fovissste de Iguala, ya que era su vecino el ex jefe policiaco, Felipe Flores Velázquez, implicado en este crimen.
Señaló que, a pesar de que ya hay algunos detenidos por la PGR, aún siguen esperando justicia y castigo a los involucrados, ya que estos no han sido juzgados.
Por separado, en declaraciones a reporteros el dirigente de la APPG, Nicolás Chávez Adame, denunció que el estado de Guerrero y el pueblo de México están sufriendo una de sus peores crisis de inseguridad.
Señaló que los tres niveles de gobierno han fallado en la estrategia de combatir al crimen organizado, “ya que se ha comprobado que las más altas esferas de gobierno han estado coludidas con las mismas, lo que ha hecho que, en lugar de detener o disminuir la violencia, ésta se vaya incrementando”.
“A cuatro años de la desaparición forzada y la ejecución del activista Arturo Hernández, y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los tres niveles de gobierno y los cuerpos de seguridad han quedado evidenciados… no hay garantías para los luchadores sociales, defensores de derechos humanos, periodistas y la sociedad en general”.
Dijo que ante el próximo proceso electoral, “los partidos políticos hacen estrategias de exterminio en contra de quienes les estorban para poder avanzar en sus cotos de poder”.
Agregó que “los criminales de cuello blanco que pertenecen a la delincuencia organizada han gozado de una impunidad total y se han escudado en el fuero constitucional, y de ocupar algunos cargos públicos que pone en riesgo la legitimidad de un gobierno que prometió orden y paz.
En el mitin, fueron presentados videos de testimonios entre el 28 de mayo y el 3 de junio de 2013, desde la confrontación que tuvo Cardona con Ángeles Pineda Villa durante una sesión de Cabildo y después la demanda presentada en la agencia del Ministerio Público en la que los miembros de la UP responsabilizaron de muerte a la pareja y su jefe policiaco.
También se denunció que, a cuatro años de los hechos no se ha dado cumplimiento a las demandas de obra social y fertilizante que en la protesta del 30 de mayo de 2013 reclamaban los líderes sociales.

Llaman los padres de los 43 normalistas a “unir todas las luchas contra la impunidad”

A 29 meses sin saber de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, padres y madres de los estudiantes buscan “unir todas las luchas contra la impunidad” en el país en un solo movimiento social, sostuvo Mario González Contreras, padre de uno de los jóvenes desaparecidos.
Tras convocar a la quinta Convención Nacional para el viernes 25 y sábado 26, informó que en los recorridos por diversas ciudades del país los padres de los estudiantes encontraron “a otros padres y madres con hijos desaparecidos o familiares de personas que fueron asesinadas por autoridades federales y que no han tenido justicia”.
Vocero de las familias de los 43 desaparecidos, González Contreras mencionó que en las caravanas recogieron preocupaciones e inconformidades “contra el Estado represor”.
El objetivo del movimiento de los padres de los 43, agregó, “no sólo es mantener viva la exigencia para encontrar con vida a los muchachos, sino para cambiar el rumbo del país, junto con otros que como nosotros sufren y que juntos tenemos que encontrar la salida”.
La Convención Nacional es independiente de la reunión que sostendrán los padres y madres con el procurador General de la República, Raúl Cervantes, el próximo 9 de marzo, fecha en que los padres emplazaron al funcionario para informar de las acciones de búsqueda de sus hijos.
En la convocatoria lanzada por los familiares de los 43 a organizaciones de todo el país, se sostiene que en México han aumentado los casos de violaciones a derechos humanos, sobre todo “la proliferación de desapariciones forzadas, además del uso de la tortura y la persecución de líderes sociales y opositores régimen”.
Tal situación, agrega, “ratifica la vigencia de la lucha por la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y por la libertad de todos los presos por razones de conciencia”.
Entre los temas que se consideran de preocupación que unifican a organizaciones de todo el país, resaltan la “pérdida creciente de la soberanía alimentaria y energética”, la profundización de “la crisis de derechos humanos a causa de la militarización de regiones cada vez más amplias”, las secuelas que traerá para los mexicanos “el advenimiento de un gobierno racista, beligerante y ultraconservador en los Estados Unidos”, así como los incrementos de los precios de los hidrocarburos, que detonaron “una ola de protesta que dan cuenta de la notoria irritación social que tiene como antecedente los conflictos no resueltos” en todo el país.
De acuerdo con el programa de actividades, que se realizarán en las instalaciones de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), los próximos viernes y sábado, las organizaciones sociales participantes presentarán un panorama de la situación actual e se instalarán mesas de trabajo para el diseño de un “programa de lucha y construcción de un referente nacional”, así como un “plan de acción”.

Presentan una nueva organización en la UAG que también apoyará la reelección de Saldaña

Una nueva corriente surgió dentro de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), se llama Fuerza de Innovación Académica AC (FIA) y será presidida por Julio César Cortés Jaimes. En su conformación, anunciaron que será solidaria con los movimientos sociales y exigieron la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa detenidos desaparecidos en septiembre de 2014.
La presentación formal de la organización se llevó a cabo en el auditorio de la Unidad Académica de Contaduría y Administración de la UAG, y el dirigente estatal, Julio César Cortés Jaimes comentó que se tienen que generar proyectos para vincularlos con los más necesitados para aminorar los efectos de la crisis económica.
Indicó que el tener un título ya no garantiza un trabajo, pues la crisis se va asentado y con ello se reducen los espacios para generar empleos.
Dijo que con esa organización los egresados de la UAG podrán hacer sus propios proyectos productivos, programas de emprendimiento sociales, y es lo que se está proponiendo, y “nuestros egresados se pueden incorporar al campo laboral”.
Indicó que al menos el 42 por ciento de los egresados de la UAG no están laborando en lo que estudiaron, sólo el 20 por ciento lo hace, y el 38 por ciento es auxiliar de su carrera.
Cortes Jaimes informó que la organización forma parte de Grupo Universidad por Guerrero, y “estamos apoyando firmemente el proyecto de Javier Saldaña, es nuestro candidato en el próximo proceso… y estamos respetando los tiempos”.
Según el dirigente, tienen presencia en todo el estado, y desplegarán toda su fuerza para apoyar a Saldaña y consolidar a la UAG como una de las universidades más importantes del país e impulsar el proyecto de internacionalización.

Marchan en la capital organizaciones sociales, cierran el Cecyteg y se plantan en Casa Guerrero

Unos 300 integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero marcharon en esta ciudad e instalaron un plantón afuera de Casa Guerrero para pedir una audiencia con el gobernador Héctor Astudillo Flores.
Entre sus demandas está la indemnización para los vecinos de Nuevo Balsas afectados por la minera Media Luna, justicia para la fundadora de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) asesinada, Rocío Mesino Mesino, respuesta a los mineros de Taxco que llevan 9 años en huelga, atención para los damnificados de la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, y la presentación con vida del líder de la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes de Guerrero (CETIG), Juan Mendoza Tapia.
También la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y justicia al asesinato del coordinador de enlace de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Irineo Salmerón Dircio de Tixtla.
Rechazaron la reforma educativa y exigieron la destitución del secretario de Educación estatal, José Luis González de la Vega Otero.
Subrayaron que el motivo de salir a la calle a manifestarse es para exigir en conjunto sus demandas. En Casa Guerrero integrantes del Frente de Defensa Popular (FDP) los esperaba en la puerta uno.
El contingente iba encabezado por un carro con sonido por el cual reiteraron sus demandas. Además portaron lonas de sus organizaciones.
Mediante el micrófono los manifestantes externaron su rechazo a las reformas estructurales como la reforma educativa y la reforma al sector salud, señalaron que el gobierno en lugar de dar más apoyo a la educación o al campo habla de reducción de presupuesto.
“No podemos continuar así, nosotros debemos pedir estar de una manera estable con seguridad social, con educación. Imaginen cada uno de estos hechos, nosotros somos ciudadanos, también a parte de que somos trabajadores, vivimos en este lugar y pagamos impuestos. Tenemos derecho del libre tránsito, derecho o a exigir todo lo que nosotros estamos remunerando al estado”, pronunció una profesora.
Exigieron que el gobierno del estado encabezado por el priista Héctor Astudillo Flores se sentara con ellos en mesas de trabajo, para analizar sus demandas y darles solución.
Cuando el contingente llegó a las oficinas del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero (Cecyteg) en la avenida Lázaro Cárdenas, exigieron que los trabajadores desalojaran las instalaciones.
Pidieron la destitución del director de la institución Jaime Carmona Huerta porque les hace retenciones salariales en nómina para pagar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) préstamos que solicitan, sin embargo el Cecyteg no está haciendo los pagos, por lo que tienen adeudos y padecen de acoso laboral.
Cuando comenzaron a salir los trabajadores se escucharon las consignas: “¡Fuera, fuera por corruptos! ¡Estamos hartos!”.
“Precisamente en esta dirección general hay mucho recurso desviado, aquí hay mucha gente que aparece en nómina y que no tiene un techo financiero, sin embargo ese techo financiero lo toman de los trabajadores de base a los cuales no se les dan las prestaciones”, acusó un profesor.
Los manifestantes cerraron el portón de las instalaciones, colocaron una cartulina y el contingente siguió su trayecto a Casa Guerrero.
Del edificio salió el subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría General de Gobierno, José Martín Maldonado, quien dijo a los manifestantes que vería para cuando les programaban una reunión.
La Dirección Colectiva acordó que no se sentarían a dialogar con ningún funcionario porque no resuelven sus demandas, que sólo lo harían con Héctor Astudillo.
Presentaron las calcomanías que pegarán en los parquímetros como muestra simbólica de clausura, ante el rechazo de la población. La calcomanía dice “lo exige el pueblo, no al parquímetro, no a la basura”. Como ejemplo colocaron las primeras calcomanías en el que está afuera de la puerta uno del edificio.
Después, como a las 4:45 de la tarde llegó el secretario particular del gobernador, César Armenta, para programar una cita con el gobernador para este martes, le pidieron que les firmara un documento con el compromiso pero no quiso pero los comunicó telefónicamente con Astudillo Flores.
El gobernador les dijo que con “humildad política” se comprometía a reunirse con ellos el martes a las 10:30 de la mañana. Los manifestantes aceptaron y cerca de las 5:30 de la tarde terminó su protesta.
La Dirección está conformada por organizaciones como los mineros de Taxco, el Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación (CETEG), la Universidad Pedagógica Nacional, vecinos del Nuevo Balsas y el Frente de Defensa Popular Francisco Villa (FDP).

Detienen federales a El Tilo, implicado en el caso Ayotzinapa; era el último prófugo de Los Peques

Policías federales y soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detuvieron este jueves en un hospital de la colonia Vista Hermosa, de Cuernavaca, Morelos, a Víctor Hugo Benítez Palacios El Tilo, jefe de la célula delictiva Los Tilos o Los Peques, que operaba para la organización delictiva Guerreros Unidos, a los que se vincula con los ataques y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa la noche y la madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
Víctor Hugo Benítez de 37 años era el último de Los Tilos que aún seguía prófugo; la célula delictiva que confirmó al mando con sus hermanos Osiel, Reynaldo, Salvador, Mateo y Orbelín, que ya habían sido capturados en relación con el caso Ayotzinapa.
La detención de El Tilo se dio alrededor del mediodía de ayer por policías federales y soldados del ejército tras varios meses de seguimiento y de investigación en un hospital de la colonia Vista Hermosa, de Cuernavaca, Morelos, donde se atendía un malestar intestinal, según dieron a conocer fuentes federales, mediante un comunicado de prensa.
El gobierno federal señala a la banda de Los Tilos como brazo armado de la organización Guerreros Unidos, que operaba en Iguala y municipios colindantes de la zona Norte de Guerrero y el sur de Morelos, y los relaciona con los ataques y la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en septiembre de 2014.
Víctor Hugo Benítez tiene dos órdenes de aprehensión, “fue detenido gracias a un seguimiento de inteligencia por varios meses, en el cual se detectó que disminuiría su círculo de seguridad, para internarse en un hospital en la colonia Vista Hermosa, de la capital del estado de Morelos, donde se trataría un malestar intestinal”.
Se informó que en su detención y aseguramiento no hubo disparos, fue detenido al ser dado de alta, y luego trasladado a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR).
“Con esta captura se completa la desarticulación del circulo de mando de los seis hermanos de apellidos Benítez Palacios: Osiel, Reynaldo, Salvador, Mateo, Orbelín y ahora Víctor Hugo, los cuales todos ya fueron detenidos y de quienes se presume controlaban al grupo de Los Tilos, a quienes se vincula con el trasiego de droga, extorsiones, y secuestros en los municipios de Iguala y Cocula”, cierra el comunicado.

Se disputaba la plaza de Iguala con Nicolás Nájera Salgado El May, detenido el 25 de abril

De acuerdo con fuentes policiacas consultadas, Víctor Hugo Benítez El Tilo era el encargado de la administración financiera de la organización Guerreros Unidos, al mando de Gildardo López Astudillo El Cabo Gil, y uno de sus centros de operaciones era el autolavado El Peque, presuntamente propiedad de Víctor Hugo, negocio que fue clausurado por la PGR el 8 de abril tras varios ataques de gente armada.
En una semana, a finales de junio, afuera de ese negocio fueron arrojados los cuerpos de cuatro hombres decapitados y una mujer con el tiro de gracia, crímenes que se adjudicó el grupo La Gente Nueva.
Tras la detención de El Cabo Gil, el 17 de septiembre de 2015 en el municipio de Taxco, Víctor Hugo Benítez El Tilo asumió el mando de la organización Guerreros Unidos, pero en poco tiempo fue relevado por Nicolás Nájera Salgado, El May o El Tío.
El relevo de Víctor Hugo desató una diputa por el mando de la plaza entre Los Tilos y el grupo de El May, que dejó la ejecución de cerca de 100 personas, entre finales de 2015 y el primer semestre de 2016.
El 25 de abril, Nicolás Nájera Salgado, quien era jefe de la organización Guerreros Unidos, fue detenido por fuerzas federales, acusado de participar en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014.
Su detención se logró en las inmediaciones de la localidad de Coajomulco, en el municipio de Huitzilac, Morelos, donde soldados y policías federales cumplieron una orden de aprehensión girada en su contra por el delito de delincuencia organizada, y puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la federación adscrito a la SEIDO.
Nájera Salgado El May o El Tío, también está presuntamente relacionado con la producción y tráfico de drogas hacia Estados Unidos, bajo las órdenes de Ángel Casarrubias Salgado, también detenido.

Piden al gobierno alemán que incluya la desaparición forzada en la agenda de la visita del presidente Peña

 

En vísperas de la visita del presidente Enrique Peña Nieto a Berlín, el 11 y el 12 de abril, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México exigió que en su agenda incluya la desapareción forzada y, como ejemplo emblemático, el caso de los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa.
En una carta abierta fechada en Stuttgart, Alemania, los firmanes exigieron al presidente Joachim Gauck, y la canciller federal Angela Merkel, que en la visita del presidente de México incluyan en la agenda a los derechos humanos.
Indicaron que la crisis de derechos humanos “ha adquirido dimensiones catastróficas en este país, pues cifras oficiales mencionan que se desconoce el paradero de casi 27 mil personas”.
Sin embargo, denunciaron que las autoridades casi no han adoptado medidas para aclarar estos crímenes, por ejemplo, de la “inacción” gubernamental señalaron el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos desde septiembre del 2014.
Recordaron que la desaparicion forzada de 43 normalistas reveló la colaboración entre las autoridades estatales y el crimen organizado, y “desató un gran desconcierto en México y a nivel internacional”.
Pero precisó que el caso es, “sólo la punta del iceberg” de este grave problema, y sólo ante la presión internacional las autoridades mexicanas comenzaron una investigación con el acompañamiento del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), subsdidiado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Destacaron que el Grupo presentó una serie de resultados que refutaron la tesis principal de la Procuraduría General de la República (PGR), sobre el destino de los normalistas, que sigue sin ser aclarado.

El caso Ayotzinapa y las armas alemanas exportadas ilegalmente

Aunque no lo precisan, el caso Ayotzinapa también fue vinculado a la exportación ilegal de armas de Alemania, que policías usaron contra estudiantes de Ayotzinapa en un desalojo en Chilpancingo el 12 de diciembre de 2011, con un saldo de dos estudiantes muertos, y en los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, donde fueron asesinadas seis personas y desaparecidas 43.
Se trata de la entrada de 9 mil 652 fusiles de asalto G36 alemanes a Guerrero, entregados a policías entre 2006 y 2009, pese a las prohibiciones de venta de este tipo de armas a estados en conflicto, ante las constantes violaciones a los derechos humanos.
Investigaciones alemanes han dado cuenta del uso de estas armas para reprimir movimientos sociales y estudiantiles, y señalaron el asesinato del normalista Julio César Mondragón Fontes, encontrado con el rostro desollado pocas horas después de los ataques del 26 de septiembre.
La Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México señaló que, tras los hechos de Iguala, en México se perdió la confianza en las instituciones estatales, porque las desapariciones, afirmó, “no únicamente” están relacionadas con el crimen organizado.
Afirmaron que también las fuerzas estatales de seguridad “son responsables de graves violaciones de derechos humanos en México”.
Informaron que la corrupción, “alcanza niveles más altos en la política nacional. Por eso no parece ser probable recibir una sanción por crímenes de violaciones de derechos humanos”.
También denunció detenciones arbitrarias y tortura ejercidas por policías y soldados, “so pretexto de la lucha contra el crimen organizado”.
Señalaron que, a través de la tortura se consigan las confesiones de delitos, y así se agilizan las averiguaciones; y los polícias y militares que torturan no temen a ser acusados porque, en la mayoría de los casos, la víctima permanece en la cárcel, a pesar de la falta de evidencias del delito.
Señalaron que a partir de la presión internacional, el gobierno mexicano presentó un bosquejo de leyes contra la tortura y la desaparición forzada de personas, que no corresponden con los estándares internacionales, y rechaza las recomendaciones y resultados de investigación de organizaciones internacionales de derechos humanos y Comités de las Naciones Unidas, para la mejora de la situación de derechos humanos en México.
Así, se atacó y difamó a expertos como el Relator Especial sobre la Tortura de las Nacionales Unidas, Juan Méndez, y a los integrantes GIEI, que señalaron irregularidades de la administración estatal.
Al mismo tiempo, el gobierno del presidente Peña Nieto promociona la inversión de mercados internacionales y promueve nuevas leyes en áreas de energía, minería, extración de gas y petróleo, que tendrán repercusiones considerables en unas 32 mil comunidades agrícolas en México, y en las casi 28 millones de personas que viven en zonas rurales.

No hay en México mecanismos de protección a periodistas y defensores, acusan

Asimismo, informaron que defensores de derechos humanos y periodistas, que señalan las irregularidades y exigen cambios, son víctimas de campañas de desprestigio, represión e incluso asesinato, y no existen mecanismos de protección suficiente a periodistas amenazados como indican los recientes y numerosos asesinatos de periodistas críticos.
De acuerdo con la clasificción mundial de la libertad de prensa, de Reporteros sin Fronteras, México es el quinto país en asesinatos de periodistas, y la organización Artículo 19 tiene a la Ciudad de México, Veracruz y Guerrero como las entidades mas peligrosas para ejercer el oficio de informar.
Asimismo, exigeron que Alemania pida mejoras de la situación de derechos humanos a Peña Nieto, y en particular en la creación de leyes para que las iniciativas contra la tortura y desapariciones forzada correspondan con los estándares internacionales, y que se disponga de mecanismos efectivos de participación y monitoreo de la sociedad civil, y de las asociaciones de víctimas en la realización y aplicación de estas leyes.
De igual manera, solicitaron que en la práctica se garantice el derecho a las comunidades indígenas de su consentimiento, libre, previo e informado en la planeación y desarrollo de megaproyectos, como está establecido en el Convenio 169 de la OIT, y que se fortalezca el Mecanismo de Protección para los defensores de derechos humanos y periodistas, basándose en las recomendaciones de la sociedad civil.