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Exigen en Iguala castigo para los asesinos de Arturo Hernández Cardona a cuatro años del crimen

Con una exigencia de justicia y castigo a todos los responsables por omisión o complicidad, ayer, a cuatro años de la desaparición forzada y ejecución del dirigente de la organización Unidad Popular (UP), Arturo Hernández Cardona, los familiares, amigos y miembros de organizaciones colocaron una ofrenda floral y participaron en un mitin político.
En la actividad también se exigió que se considere como una prueba absoluta la declaración notarial del sobreviviente Nicolás Mendoza Villa.
A las 11 de la mañana, los participantes colocaron una ofrenda floral en el monumento a la Independencia, las hijas del asesinado Hernández Cardona, Soledad, Carolina y Reyna Hernández Mena; el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Mendoza Villa; miembros de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, integrantes de la Unión Campesina Emiliano Zapata, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y miembros del Bloque de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala.
En declaraciones a reporteros después del acto y durante el mitin político en el auditorio del Palacio municipal, la activista Soledad Hernández Mena denunció que las dependencias de gobierno han dado nulos resultados en sus investigaciones, la Fiscalía General del Estado, el Congreso local, el Grupo de Coordinación Guerrero y la Procuraduría General de la República (PGR), “permitieron ver el grado de impunidad y de encubrimiento por miembros del Estado”.
Evidenció el encubrimiento al ex alcalde de Iguala, el perredista José Luis Abarca Velázquez; de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, y de su jefe policiaco, Felipe Flores Velázquez, que a cuatro años de los hechos no han sido juzgados por el crimen, a pesar del señalamiento de uno de los sobrevivientes, Nicolás Mendoza Villa.
A la demanda de justicia y castigo a los culpables, se sumó la petición de que la declaración del sobreviviente Nicolás Mendoza sea considerada como prueba testimonial absoluta para incriminar al ex edil Abarca Velázquez.
Demandó también una ley federal que castigue a funcionarios públicos por desaparición forzada y ejecución extrajudicial, que se reclasifique el delito por el que los detenidos por este caso sean juzgados por desaparición forzada y ejecución extrajudicial en lugar de secuestro.
Hizo responsable al Estado mexicano por una pérdida más de vidas, víctimas directas o indirectas. Que se castigue por omisión y encubrimiento a todas las corporaciones y las instituciones involucradas y que haya un cese de la represión en contra de luchadores y líderes sociales.
“Hoy estamos recordando esta fecha a cuatro años de los hechos, donde el Estado mexicano nos negó la justicia pronta y expedita en todos los ámbitos, desde la comisión instructora, la Fiscalía General del Estado y las distintas corporaciones e instituciones que no actuaron, por omisión o complicidad”.
Recordó que por la falta de cumplimiento a las medidas cautelares que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ella tuvo que abandonar con su familia su domicilio en la colonia Fovissste de Iguala, ya que era su vecino el ex jefe policiaco, Felipe Flores Velázquez, implicado en este crimen.
Señaló que, a pesar de que ya hay algunos detenidos por la PGR, aún siguen esperando justicia y castigo a los involucrados, ya que estos no han sido juzgados.
Por separado, en declaraciones a reporteros el dirigente de la APPG, Nicolás Chávez Adame, denunció que el estado de Guerrero y el pueblo de México están sufriendo una de sus peores crisis de inseguridad.
Señaló que los tres niveles de gobierno han fallado en la estrategia de combatir al crimen organizado, “ya que se ha comprobado que las más altas esferas de gobierno han estado coludidas con las mismas, lo que ha hecho que, en lugar de detener o disminuir la violencia, ésta se vaya incrementando”.
“A cuatro años de la desaparición forzada y la ejecución del activista Arturo Hernández, y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los tres niveles de gobierno y los cuerpos de seguridad han quedado evidenciados… no hay garantías para los luchadores sociales, defensores de derechos humanos, periodistas y la sociedad en general”.
Dijo que ante el próximo proceso electoral, “los partidos políticos hacen estrategias de exterminio en contra de quienes les estorban para poder avanzar en sus cotos de poder”.
Agregó que “los criminales de cuello blanco que pertenecen a la delincuencia organizada han gozado de una impunidad total y se han escudado en el fuero constitucional, y de ocupar algunos cargos públicos que pone en riesgo la legitimidad de un gobierno que prometió orden y paz.
En el mitin, fueron presentados videos de testimonios entre el 28 de mayo y el 3 de junio de 2013, desde la confrontación que tuvo Cardona con Ángeles Pineda Villa durante una sesión de Cabildo y después la demanda presentada en la agencia del Ministerio Público en la que los miembros de la UP responsabilizaron de muerte a la pareja y su jefe policiaco.
También se denunció que, a cuatro años de los hechos no se ha dado cumplimiento a las demandas de obra social y fertilizante que en la protesta del 30 de mayo de 2013 reclamaban los líderes sociales.

Marchan normalistas, organizaciones y padres de Ayotzinapa en Iguala a 29 meses de los ataques

Al cumplirse 29 meses de los ataques, los asesinatos de tres normalistas de Ayotzinapa y la desaparición de 43 más, la tarde de ayer padres de los desaparecidos, estudiantes y organizaciones que los acompañan marcharon en las calles y carreteras de Iguala, colocaron ofrendas florales y reiteraron su exigencia de justicia, presentación con vida y castigo a los involucrados en este crimen.
Minutos después de las 5 de la tarde de ayer, más de 100 alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, una madre de familia y miembros del Bloque de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala que los acompañan, salieron en marcha de la carpa de la Dignidad instalada en la explanada de Las Tres Garantías, caminaron en la calle Juan Álvarez y 40 minutos después llegó a la esquina con el periférico Norte, donde se colocó una ofrenda de flores a los normalistas asesinados la madrugada del 27 de septiembre, Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo. También se hizo un mitin en este sitio.
Durante el recorrido se vio a policías federales, estatales y municipales en patrullas siguiendo las actividades, tomando fotografías de los participantes y vigilando a corta distancia.
En la marcha, uno de los oradores en un carro de sonido reiteró el llamado a los vecinos de Iguala para dar información de lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre, y los convocaron a apoyar a los padres de los 43 desaparecidos.
Un vocero de los normalistas reiteró durante el mitin la exigencia de que se investigue a los soldados que participaron esa noche y a los mandos militares que estuvieron detrás de las órdenes que se dieron a los involucrados.
Exigió al alcalde priista de Iguala, Herón Delgado Castañeda, al gobernador Héctor Astudillo Flores, y al presidente Enrique Peña Nieto que encarcelen a todos aquellos que estuvieron vinculados a los crímenes del caso Ayotzinapa.
“Llamamos a la población de Iguala a que se una y comparta esta voz de rabia, de injusticia de los normalistas… las 43 butacas siguen esperando a nuestros compañeros para que sigan estudiando y terminen sus estudios para ir a sus escuelas a dar clases, a llevar educación a los niños y a las niñas”, expuso, y demandó al gobierno “que responda a esta terrible masacre, a este crimen de Estado ocurrido hace 29 meses, dónde participaron los policías municipales, los policías federales, los estatales y los militares”.
El vocero dijo que se sumaban también al rechazo al gasolinazo, los incrementos en el precio de la electricidad, el gas y los productos de la canasta básica que tanto han afectado a las clases más desprotegidas.
Después de las 5 de la tarde la marcha siguió por el periférico norte, en la dirección poniente-oriente, hasta llegar a la estela erigida en honor de Julio César Mondragón Fontes, el normalista torturado y desollado del rostro, donde también colocaron una corona de flores y se hizo un mitin en el que se advirtió que las acciones de protesta no se detendrán hasta que haya justicia, la presentación con vida de los 43 desaparecidos y castigo para todos los implicados.
En el segundo mitin, un representante del Bloque Democrático de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala, reiteró la exigencia a las autoridades federales para que den a conocer información del proceso y la situación actual del ex alcalde del PRD, José Luis Abarca Velázquez y su jefe policiaco, Felipe Flores Velázquez, ambos detenidos en penales federales por este caso.
También exigió justicia y castigo al asesinato del maestro jubilado Claudio Castillo Peña, ocurrido hace un año durante el desalojo violento de policías federales en Acapulco, y demandó al gobierno federal que use toda la fuerza que mostró en el desfile militar del viernes, para que se garantice la paz y la tranquilidad de los igualtecos y los guerrerenses ante la imparable ola de violencia.
Minutos antes de las 7 de la noche, las actividades concluyeron sin incidentes, y los normalistas y una de las mamás que participó salieron de Iguala con dirección a la Normal Rural de Ayotzinapa en los dos autobuses Consta Line en los que llegaron.

Cierran normalistas la Autopista para que los padres estén en el interrogatorio a Felipe Flores

Unos 100 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa bloquearon 2 horas el cruce de la Autopista del Sol y la carretera federal México-Acapulco y ocuparon dos radiodifusoras en esta ciudad, para exigir que la Cámara de Diputados intervenga para que se acepte la petición de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de estar con sus abogados en el interrogatorio al ex secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez, respecto de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Al mediodía los normalistas llegaron al cruce de la Autopista del Sol y la carretera federal, al sur de la capital, en dos autobuses y pararon a los conductores de un tráiler, una camioneta de la Secretaría de Salud, y otros que atravesaron en los carriles de alta velocidad para impedir el paso vehicular de manera total en la zona.
Los estudiantes cubrieron su rostro con máscaras, playeras y pañuelos, pero se identificaron mediante su equipo de sonido que transportaba una camioneta que envió la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) al bloqueo para apoyar a los jóvenes.
En el cruce ya se encontraban más de 15 autobuses de la Policía Federal que transportaban a agentes con equipo antimotines. Una comisión se acercó a los normalistas y les pidió que no obstruyeran el paso para garantizar el derecho al libre tránsito, los jóvenes informaron que estaban ahí para pedir que la Cámara de Diputados que recibiera a los padres de familia de los 43 desaparecidos quienes se encontraban en la Ciudad de México, y se negaron a retirarse.
Durante una hora el bloqueo fue de manera total hasta que los policías pidieron que se abriera un carril en el sentido de norte a sur, ya que una ambulancia debía pasar, los jóvenes accedieron pero no llegó ninguna ambulancia.
Los normalistas hicieron un mitin en el que informaron que Flores Velázquez es uno de los actores principales de los ataques en Iguala, por lo que es necesario que las autoridades permitan que los padres de familia de los 43 desaparecidos estén en sus primeras declaraciones, para evitar que se manipule la información y se insista en la versión oficial del caso, que dice que los jóvenes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.
Además pidieron que se esclarezca el asesinato de los normalistas Jonathan Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro, que ocurrió el 4 de octubre pasado, ya que “no nos creemos el cuento de que fue un asalto” como informaron las autoridades.
También reprocharon que la administración del gobernador Héctor Astudillo Flores no garantiza la seguridad en el estado y en cambio, ha aumentado el número de crímenes.
Más tarde uno de los representantes estudiantiles accedió a abrir un carril en cada sentido para que los vehículos particulares y de transporte público pudieran avanzar, en cuanto los carriles fueron liberados, los policías se desplazaron por la zona bajo el argumento de que resguardarían el tránsito para evitar accidentes.
La presencia policiaca a pocos metros de la protesta provocó tensión y los normalistas exigieron a los agentes que se retiraran del lugar y que llegara personal de Tránsito para esa labor. El comandante ordenó la retirada de una parte de los uniformados, pero otros permanecieron cerca de los jóvenes.
A la 1:45 de la tarde de manera repentina los normalistas de Ayotzinapa corrieron hacia los autobuses que los transportaron de Tixtla a Chilpancingo, dejaron libre el paso vehicular en la zona ya que vía telefónica supieron que una comisión de los padres de familia de los 43 desaparecidos había sido atendida en la Cámara de Diputados.
Antes, a las 11:30 de la mañana una comisión de estudiantes de Ayotzinapa ocupó las radiodifusoras Capital Máxima y Radio UAG, en donde dijeron que los padres de los 43 desaparecidos deben de ser informados de manera puntual sobre los avances de la investigación.
Precisaron que no están en contra de que el premio Belisario Domínguez, que entrega el Senado de la República a principios de noviembre, se le dé post mortem al trabajador de la gasolinería Eva II, Gonzalo Rivas Cámara, quien falleció durante el desalojo a balazos contra estudiantes de Ayotzinapa el 12 de diciembre de 2011, si no que están en contra de que se criminalice a los normalistas.
Aseguraron que las organizaciones que promueven a Rivas Cámara como galardonado, emprendieron una campaña de desprestigio contra la Normal Rural de Ayotzinapa, culpando a los estudiantes de su muerte, pero “recordemos que ese día el gobierno tenía que justificar de alguna forma los ataques hacia nuestros compañeros, hay videos que prueban que ellos no tuvieron nada que ver en el incendio, fueron masacrados”.

Detiene la policía a un presunto abigeo en un pueblo de Cuetzala del Progreso




Policías del estado al mando de Felipe Flores Velázquez capturaron ayer en la mañana en un pueblo de Cuetzala del Progreso, a un presunto abigeo que transportaba dos vacas cuya propiedad no pudo acreditar, mientras que su acompañante logró escapar.
De acuerdo a un parte informativo de la corporación polciaca, la detención ocurrió a las 7 de la mañana, en un filtro instalado en la comunidad de Tianquizolco.
Al acercarse al punto de revisión una camioneta Ford de redilas color roja, con placas GX03012 de Guerrero, con razón social “Servicio Particular Estela Castillo B.” de Atlixtac, se bajó el acompañante del conductor y salió corriendo.
El conductor dijo llamarse Fernando Salgado Castillo, de 38 años, y según él no sapo el nombre de su acompañante ni los motivos que tuvo para salir corriendo.
Al revisar la camioneta descubrieron que transportaba dos vacas, una blanca y otra color café, de las cuales aseguró no saber su procedencia ni su destino, ya que eso sólo lo sabía la persona que lo acompañaba.
Por lo anterior, tanto el conductor como la camioneta y los animales fueron puestos a disposición del Ministerio Público del fuero común.