La Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) y la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero, repudiaron la agresión a periodistas en Chilpancingo y todo acto de funcionarios públicos que transgreda la libertad de expresión.
El pronunciamiento fue presentado en el Ayuntamiento de Chilpancingo en solidaridad con el periodista Luis Daniel Nava, reportero de El Sur y de la Revista Proceso, a quien hombres vestidos con uniformes de policías le robaron su celular y computadora, sus herramientas de trabajo.
También con la periodista Jazmín García, del portal Primer Plano, quien recibió una llamada de un colaborador de una diputada local para retirar información publicada de su paseo en un automóvil de 2 millones de pesos en la capital del estado.
El dirigente Nicolás Chávez Adame dio a conocer su posicionamiento, el movimiento aclaró que todos los servidores públicos y funcionarios reciben sus salarios de los impuestos aportados por la ciudadanía.
“Por esta poderosa razón deben de servir, no servirse ellos de nosotros, sintiéndose dueños de las instituciones y que traten con desprecio a los ciudadanos que precisamente son votantes”.
Aclaró que todo el pueblo condena y repudia la soberbia de personas que en funciones públicas amenace, maltrate, humille e intimide a reporteros y medios de comunicación que dignamente representan a la prensa en diferentes modalidades.
“El abuso de poder político y económico que representan en sus cargos falsamente populares ha sido una vergüenza para nuestro pueblo de Guerrero y de México”, señalaron.
En el caso de los diputados de Guerrero, indicó que evidenciaron ignorancia de los valores humanos y de la heroica historia del estado.
Activistas entregaron en el Ayuntamiento una solicitud de audiencia con el alcalde, Gustavo Alarcón Herrera. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).
Etiqueta: Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG)
La Policía Ministerial trató de intimidarlo en su casa, denuncia Nicolás Chávez
Luis Daniel Nava
Chilpancingo
El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, denunció intimidación por parte de la Policía Ministerial, de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Los agentes le iban a notificar dos carpetas de investigación, por los presuntos daños a una bandera de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) y a la infraestructura de la alameda Francisco Granados Maldonado, por parte del Ayuntamiento de Chilpancingo.
Este jueves por la tarde, el ex asesor de la Secretaría General de Gobierno en la actual administración, se presentó a las instalaciones de la FGE en Chilpancingo para conocer su situación jurídica.
En la entrada informó, en conferencia de prensa, que dos agentes de la Policía Ministerial a bordo de la patrulla 334 se presentaron a su domicilio el miércoles, pero sin dar a conocer el motivo.
El dirigente llegó acompañado de Raúl Najera Najera, coordinador estatal, y José Daniel Nava Cabrera, integrante de la dirección colectiva de la APPG.
“Vengo a presentarme porque ayer se apersonó una patrulla ministerial, con dos agentes, y tocaron mi domicilio fuertemente, mientras otro agente de la ministerial tomaba fotos”.
Dijo que los policías preguntaron a su suegra si Nicolas Chávez se encontraba.
“Nosotros decimos que no debemos nada, estamos haciendo pleno uso de nuestros derechos constitucionales”.
Responsabilizó a los tres órdenes de gobierno de su integridad y la de luchadores sociales, en este momento que la entidad vive una crisis de seguridad complicada.
“Hacemos un llamado a la gobernadora Evelyn Salgado y al senador Félix Salgado, de que la integridad de todos los luchadores sociales se está poniendo en riesgo”.
Mencionó el caso de Soledad Hernández Mena, hija del extinto luchador social Arturo Hernández Cardona, a quien el gobierno federal le retiró las medidas cautelares.
“En Guerrero, el tema de seguridad es muy delicado, nosotros somos fácil de localizar, hacemos una vida social y política en Chilpancingo, Guerrero, y fuera del estado”.
“Regresamos y decimos que aquí estamos. Vamos a preguntar el requerimiento de qué se trata. Los agentes llevaban un documento y vamos a asumir la responsabilidad”.
Hizo también un llamado a las organizaciones sociales, para poner atención a la situación actual de los activistas.
“Responsabilizamos públicamente a los tres órdenes de gobierno. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo al inicio de su gobierno que no iba a perseguir a ningún luchador social. (Pero) hoy vemos que todavía hay esas secuelas”.
Nicolás Chávez salió de la Fiscalía alrededor de las 10 de la noche. Informó que que presenta dos situaciones, la primera relacionada a una protesta en 2021, contra la presidenta de la Codehum, Cecilia Narciso Gaytán, donde los manifestantes, entre ellos Nicolás Chávez, se llevaron una bandera de la comisión como un acto de protesta.
Otra denuncia que tiene Nicolás Chávez es por la violación a los monumentos históricos, por parte del gobierno de Norma Otilia Hernández.
Está relacionada con las manifestaciones que ha hecho la APPG en defensa del monumento de los luchadores sociales caídos de 1960, en la alameda central de Chilpancingo, y los supuestos daños a las fuentes danzarinas.
El activista tiene que presentarse a una audiencia de la que no le han dado fecha.
Dijo que estas denuncias son cosas raras, de intimidación, que se dan a 29 días de la entrega de la presea Sentimientos del Pueblo que entrega la APPG.
Promoverán juicio político contra Norma Otilia por demoler el memorial de los caídos del 60
Lourdes Chávez
Chilpancingo
En el cuarto aniversario luctuoso del luchador social, Pablo Sandoval Cruz, la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) , la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Estudiantiles y Sindicatos, y activistas acordaron llevar el próximo 2 de febrero al Congreso del Estado una solicitud de juicio político para la alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez, por la demolición de las columnas del monumento de los caídos del 60 y mover la alegoría del lugar emblemático donde había sido ubicada.
En el espacio que ocupan las fuentes danzarinas de la Alameda Granados Maldonado, donde estaban las columnas, se realizó una asamblea popular cerca de las 11 de la mañana.
Luego, los participantes marcharon por la avenida Juárez hacia al panteón central para colocar una ofrenda floral en la tumba del luchador social. Ahí también destacaron su legado social.
Soledad Hernández Mena, hija del luchador social asesinado en Iguala, Arturo Hernández Cardona señaló que desde los tiempos de la guerrilla y el Partido de los Pobres que fundó Lucio Cabañas Barrientos, Sandoval Cruz estaba comprometido con las causas sociales.
En entrevista, el fundador de la APPG, Nicolás Chavez Adamez explicó que en la defensa de los territorios históricos, los activistas acordaron ir al Congreso local a entregar una solicitud de juicio político contra la alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez, por no atender el acuerdo de preservar el monumento histórico en honor de las personas asesinadas por el Ejército el 30 de diciembre de 1960 , en el sitio donde estaba.
Además que, en el clima de inseguridad que vive Chilpancingo y la deficiencia en los servicios, haya planteado irse de licencia a buscar una senaduría, o en su defecto, buscar la reelección.
“Ni el presidente Andrés Manuel López Obrador, buscar repetir en los cargos, es una desobediencia ahora que los del PRI y PRD se registran en Morena, ya no sabemos cuáles son los principios del partido en el gobierno. Es el mismo Prian con posibilidades de ganar dentro de Morena”, denunció. Aclaró que la lucha social no comparte esas posturas.
Además, informó que con esta asamblea, comenzará una serie de acciones para exigir atención a problemas educativos, demandas sociales y de servicios, y convocó al senador Felix Salgado Macedonio, y a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, a poner atención para resolverlos.
En la asamblea participaron representantes de desplazados de la sierra de Tecpan por la violencia, de egresados de normales públicas que hace dos años demandan plazas, damnificados del huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel de 2013, vecinos de Atliaca y Quechultenango.
Exigen familiares justicia a 12 años del asesinato de la esposa de Lucio Cabañas
Autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron una inspección en la casa donde vivió María Isabel Ayala, esposa del dirigente guerrillero Lucio Cabañas Barrientos, en el poblado de Xaltianguis, porque personas ajenas han entrado al inmueble.
El sábado la hija de María Isabel, Micaela Cabañas Ayala, acompañada de integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) acudió al panteón del poblado para dejar flores en la tumba de su madre, y durante su estancia en ese lugar exigieron que se haga justicia a 12 años de su asesinato.
Debido a que en su visita a Xaltianguis fueron escoltados por agentes de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal, los pobladores bloquearon la carretera para impedir el ingreso de las corporaciones, porque pensaron que se trataba de algún operativo.
Los integrantes de las agrupaciones se bajaron de sus vehículos y después de explicar a los pobladores el motivo de su visita y de la presencia de las corporaciones, les permitieron el ingreso para que se pudiera llevar a cabo la inspección en la casa.
Micaela Cabañas dijo: “después que han pasado 12 años y nosotros seguimos exigiendo justicia hoy por fin van a hacer una inspección ocular en nuestro domicilio para ver todo lo que ha pasado, pero principalmente hoy (sábado) venimos a recordar, a visitar a mi mamá”.
“Sigo en ese tenor de exigir justicia y no parar hasta que se entregue, se presente a algún culpable, no es justo lo que le pasó a mi madre”, dijo Cabañas Ayala.
María Isabel Ayala fue asesinada el 3 de julio del 2011 en el poblado de Xaltianguis.
El integrante de la APPG, Nicolás Chávez Adame dijo que los acompañó la Guardia Nacional y una comisión de la Fiscalía porque se hizo la inspección en la casa donde vivió Isabel Ayala debido a que desde que está abandonada han ingresado personas ajenas al inmueble.
Detalló en entrevista que se dejó una ofrenda en la tumba y después se hizo entrega de un documento a Micaela en el que la APPG le propuso que en este año sea quien reciba la presea popular de Sentimientos del Pueblo. Aurora Harrison
Exigen en Iguala castigo para los asesinos de Arturo Hernández Cardona a cuatro años del crimen
Con una exigencia de justicia y castigo a todos los responsables por omisión o complicidad, ayer, a cuatro años de la desaparición forzada y ejecución del dirigente de la organización Unidad Popular (UP), Arturo Hernández Cardona, los familiares, amigos y miembros de organizaciones colocaron una ofrenda floral y participaron en un mitin político.
En la actividad también se exigió que se considere como una prueba absoluta la declaración notarial del sobreviviente Nicolás Mendoza Villa.
A las 11 de la mañana, los participantes colocaron una ofrenda floral en el monumento a la Independencia, las hijas del asesinado Hernández Cardona, Soledad, Carolina y Reyna Hernández Mena; el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Mendoza Villa; miembros de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, integrantes de la Unión Campesina Emiliano Zapata, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y miembros del Bloque de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala.
En declaraciones a reporteros después del acto y durante el mitin político en el auditorio del Palacio municipal, la activista Soledad Hernández Mena denunció que las dependencias de gobierno han dado nulos resultados en sus investigaciones, la Fiscalía General del Estado, el Congreso local, el Grupo de Coordinación Guerrero y la Procuraduría General de la República (PGR), “permitieron ver el grado de impunidad y de encubrimiento por miembros del Estado”.
Evidenció el encubrimiento al ex alcalde de Iguala, el perredista José Luis Abarca Velázquez; de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, y de su jefe policiaco, Felipe Flores Velázquez, que a cuatro años de los hechos no han sido juzgados por el crimen, a pesar del señalamiento de uno de los sobrevivientes, Nicolás Mendoza Villa.
A la demanda de justicia y castigo a los culpables, se sumó la petición de que la declaración del sobreviviente Nicolás Mendoza sea considerada como prueba testimonial absoluta para incriminar al ex edil Abarca Velázquez.
Demandó también una ley federal que castigue a funcionarios públicos por desaparición forzada y ejecución extrajudicial, que se reclasifique el delito por el que los detenidos por este caso sean juzgados por desaparición forzada y ejecución extrajudicial en lugar de secuestro.
Hizo responsable al Estado mexicano por una pérdida más de vidas, víctimas directas o indirectas. Que se castigue por omisión y encubrimiento a todas las corporaciones y las instituciones involucradas y que haya un cese de la represión en contra de luchadores y líderes sociales.
“Hoy estamos recordando esta fecha a cuatro años de los hechos, donde el Estado mexicano nos negó la justicia pronta y expedita en todos los ámbitos, desde la comisión instructora, la Fiscalía General del Estado y las distintas corporaciones e instituciones que no actuaron, por omisión o complicidad”.
Recordó que por la falta de cumplimiento a las medidas cautelares que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ella tuvo que abandonar con su familia su domicilio en la colonia Fovissste de Iguala, ya que era su vecino el ex jefe policiaco, Felipe Flores Velázquez, implicado en este crimen.
Señaló que, a pesar de que ya hay algunos detenidos por la PGR, aún siguen esperando justicia y castigo a los involucrados, ya que estos no han sido juzgados.
Por separado, en declaraciones a reporteros el dirigente de la APPG, Nicolás Chávez Adame, denunció que el estado de Guerrero y el pueblo de México están sufriendo una de sus peores crisis de inseguridad.
Señaló que los tres niveles de gobierno han fallado en la estrategia de combatir al crimen organizado, “ya que se ha comprobado que las más altas esferas de gobierno han estado coludidas con las mismas, lo que ha hecho que, en lugar de detener o disminuir la violencia, ésta se vaya incrementando”.
“A cuatro años de la desaparición forzada y la ejecución del activista Arturo Hernández, y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los tres niveles de gobierno y los cuerpos de seguridad han quedado evidenciados… no hay garantías para los luchadores sociales, defensores de derechos humanos, periodistas y la sociedad en general”.
Dijo que ante el próximo proceso electoral, “los partidos políticos hacen estrategias de exterminio en contra de quienes les estorban para poder avanzar en sus cotos de poder”.
Agregó que “los criminales de cuello blanco que pertenecen a la delincuencia organizada han gozado de una impunidad total y se han escudado en el fuero constitucional, y de ocupar algunos cargos públicos que pone en riesgo la legitimidad de un gobierno que prometió orden y paz.
En el mitin, fueron presentados videos de testimonios entre el 28 de mayo y el 3 de junio de 2013, desde la confrontación que tuvo Cardona con Ángeles Pineda Villa durante una sesión de Cabildo y después la demanda presentada en la agencia del Ministerio Público en la que los miembros de la UP responsabilizaron de muerte a la pareja y su jefe policiaco.
También se denunció que, a cuatro años de los hechos no se ha dado cumplimiento a las demandas de obra social y fertilizante que en la protesta del 30 de mayo de 2013 reclamaban los líderes sociales.
Denuncia Nicolás Chávez en la Codehum que el gobierno lo sigue hostigando
Integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero, se reunieron con el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, quien les informó que pudo dialogar con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, sobre el encarcelamiento de Patricio Margarito Rivera, preso tras la acusación de que invadió su terreno.
Además, el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame informó al ombudsman que le hicieron un requerimiento del Juzgado Séptimo de distrito para pedirle que informe sobre el trabajo comunitario que hizo en 2009.
A la reunión acudieron también damnificados de las tormentas tropicales Ingrid y Manuel reubicados en El Mirador, y con trabajadoras de Prospera que fueron despedidas injustificadamente.
En la reunión pública, Navarrete Magdaleno dijo que habló con el secretario general de Gobierno, que hay disposición de diálogo y que se van a buscar mecanismos para darle una solución fuera del ámbito judicial, además de que el diálogo quedó abierto. Sin embargo, dijo que no daría información, porque no era todavía prudente, pero aseguró que hay avances importantes.
El presidente de la Comisión señaló que también tratarán el asunto de la retención de salarios, desde diciembre, de Chávez Adame y de Simón Tavira, con el objetivo de que sigan siendo considerados como trabajadores de la Educación; advirtió que no es fácil, pero seguirán con el diálogo.
Sobre los nueve trabajadores despedidos de Prospera, acordaron que se buscará el diálogo con el coordinador en Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Hipólito Lugo Cortés, para conocer de los avances de la queja que interpusieron.
Del caso de damnificados de El Mirador, Navarrete Magdaleno dijo que buscará dialogar con autoridades de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), aunque no le compete porque es del ámbito federal, pero que lo hará para ver la forma en cómo darle cauce a los problemas que persisten en el fraccionamiento, luego de que los vecinos han denunciado cuarteaduras y filtraciones de agua en sus casas.
Chávez Adame comentó de un nuevo requerimiento que le han hecho, luego de que el 14 de febrero comunicó que le giraron orden de aprehensión acusándolo de motín.
“Está el hostigamiento hacia mi persona, ya que el día 22 de febrero se me hace un requerimiento del Juzgado Séptimo de distrito, que en ese entonces, según el (gobierno del) estado por un acto que yo cometí, que es perteneciente a la lucha social, mi sentencia fue proponerme hacer trabajos a la comunidad, precisamente en el año 2009, cuando el presidente municipal era Héctor Astudillo Flores, yo hice mi trabajo a la comunidad con un acuerdo, y ahora se me requiere que si yo no compruebo en tiempo y forma esto, seré juzgado nuevamente por el gobierno federal”, explicó.
Denuncia Nicolás Chávez orden de aprehensión en su contra y acusa al gobernador de estar detrás de ella
El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame denunció que le giraron orden de aprehensión tras los hechos ocurridos en febrero de 2014, en la administración del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, cuando irrumpió junto con sus compañeros en un almacén del DIF estatal donde se guardaban toneladas de despensas para damnificados de las tormentas Ingrid y Manuel que no fueron entregadas, y que serían utilizadas con fines proselitistas.
En las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), integrantes de organizaciones que conforman la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero, en ausencia de Chávez Adame informaron de la orden de aprehensión en su contra. Reiteraron su solidaridad al dirigente, porque lo único que ha hecho es apoyar a los más desprotegidos y ser solidario, dijeron.
Durante la actividad, el dirigente de la APPG se comunicó, vía telefónica, y a través de un altavoz expuso que, por seguridad y recomendación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que va a llevar su caso, decidió resguardarse.
Informó que ya solicitó un amparo al Juzgado Primero de Primera Instancia del ramo penal, para protegerse de la orden de aprensión que, dijo, se libró por presiones del gobernador, Héctor Astudillo Flores, ante hechos ocurridos hace casi tres años.
Agregó que parecería que el gobernador está invirtiendo los papeles, porque persigue a luchadores sociales en lugar de perseguir a los delincuentes que sí están trabajando en la impunidad.
Chávez Adame contó que desde el viernes a las 2:40 de la tarde, cuando salió de su casa para ir a la escuela de su hija y acompañarla a su regreso, ya había una operación de la Policía Ministerial, pero la pudo evadir.
Dijo que el delito del que lo acusan, “en realidad lo cometieron ellos (las autoridades), la no entrega de las despensas que estaban dirigidas a los compañeros que habían sufrido la desgracia de Ingrid y Manuel, fue cuando se abrió el portón y se descubrió infraganti a la gente que estaba ocultando las despensas para (usarlas en) las campañas de los políticos… eso para ellos fue un delito, nosotros lo asumimos; pero creemos que la intención de ellos era agarrarme el viernes para tenerme incomunicado”.
Recordó que, antes ya había denunciado amenazas, incluso de muerte, el 13 de diciembre ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum). Después denunció la retención de su salario. Todo esto luego de que rompió el diálogo con Astudillo Flores en Casa Guerrero, cuando negociaban sus demandas; ese día, al gobernador le cuestionaron que en su gabinete estaba infiltrada la delincuencia organizada, lo que provocó el enojo del funcionario que rompió la mesa de diálogo.
Agregó que el presidente de la Codehum, Ramón Navarrete Magdaleno le informó que la Secretaría General de Gobierno, que encabeza Florencio Salazar Adame, le negó las medidas cautelares.
“El único delito fue decir la verdad que conoce el pueblo de Guerrero y de México, que hay un gobierno intolerante, que hay un gobierno coludido con la delincuencia organizada, y me parece que hoy esa línea de represión y hostigamiento la siguen dejando”, abundó el dirigente.
Al final de la actividad, sus compañeros gritaron consignas, “¡No estás solo, no estás solo, no estás solo”!, y “¡Ni un paso atrás, todos con Nicolás!”.
Acuerdan organizaciones articular su lucha contra las reformas en un foro en Chilpancingo
En el primer Foro por la unidad ciudadana y la articulación de la lucha social en Guerrero, se plantearon ejes de lucha contra el alza al precio de las gasolinas, las reformas estructurales y los problemas ambientales, y para apoyar a los trabajadores de Prospera que están en paro desde hace 12 días.
Este sábado, 20 representantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), de colonias, de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) y activistas de diversas organizaciones, se reunieron en el Teatro Hundido de la Alameda capitalina para exponer sus demandas.
El representante de la APPG, Nicolás Chávez Adame informó que los ejes principales que se acordaron en el foro son la articulación de la lucha social, contra las reformas estructurales, afectación del medio ambiente, como el problema de la basura en Chilpancingo, una postura para el rescate de la autonomía de la Universidad Autónoma de Guerrero, y de las normales del estado, la revisión de las demandas de las organizaciones y la elaboración de un pronunciamiento político-social.
Las organizaciones manifestaron que darán su total apoyo a los nueve trabajadores despedidos que llevan 12 días en plantón en las oficinas de Prospera, porque consideraron que es difícil estar en protesta y no recibir apoyo económico.
Los participantes en el foro, que inició a las 11 de la mañana y terminó a las 2 de la tarde, acordaron un mitin político-social, para hoy en el hemiciclo a Benito Juárez, conocido como monumento a Las Banderas, donde cada organización fijará sus demandas.
Siguen retenidos sus salarios por orden del gobernador, se queja Nicolás Chávez Adame
El integrante de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero, Nicolás Chávez Adame informó que siguen retenidos sus pagos de cinco quincenas y su aguinaldo, así como los de su compañero Alfonso Simón Tavira, sin que el gobierno del estado les dé una explicación.
El 23 de diciembre, Simón Tavira y Chávez Adame, junto con compañeros de otras organizaciones agrupadas en la Dirección Colectiva, denunciaron la retención de sus pagos.
En consulta telefónica, el también dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez manifestó que el gobierno no ha liberado sus pagos por orden del gobernador Héctor Astudillo Flores. Dijo que esperarán esta semana antes de actuar jurídicamente, porque además no es la primera vez que les pasa.
El líder social atribuye la retención de los pagos al rompimiento de diálogo que tuvieron con el gobernador el 7 de diciembre, cuando le cuestionaron que en su gabinete estaba filtrada la delincuencia organizada, y le exigieron la destitución del secretario de Educación en Guerrero, José Luis González de la Vega Otero.
En 2007, en el periodo del ex gobernador, Zeferino Torreblanca Galindo, al dirigente de la APPG le borraron de la base de datos de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG) las dos plazas en Educación Especial que tenía y a Simón Tavira le borraron 36 horas de clases de música. Después de un acuerdo, desde 2011 les pagan por honorarios, mientras se resuelve el problema con sus plazas, lo que no ha ocurrido.
Denuncia amenazas Chávez Adame ante la Codehum; comenzaron tras su ruptura con el gobernador, declara
El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, denunció ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum) que su familia y él han recibido amenazas telefónicas, después de que se rompió el diálogo con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, sobre la filtración de la delincuencia organizada en su gabinete, y de que le exigiera la destitución del secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero.
El 6 de diciembre, la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero, se reunió con el gobernador en Casa Guerrero, después de que marcharon para solicitar una audiencia para plantear sus demandas.
Ese día, a Astudillo Flores le plantearon 10 puntos, entre ellos que atienda la seguridad en el municipio, la filtración de la delincuencia en el gabinete y la destitución del secretario de Educación, lo que molestó al gobernador, que abandonó la reunión.
Tras el rompimiento de diálogo, la Dirección Colectiva se reunió con el presidente de la Codehum, Ramón Navarrete Magdaleno, para exponerle la situación, minutos después de la 1 de la tarde en la oficina del ombudsman.
Durante la reunión, Chávez Adame expuso a Navarrete Magdaleno la inquietud de la Dirección sobre la reunión sostenida con el gobernador.
El dirigente resaltó que, en aquella reunión, Astudillo Flores se molestó cuando le pidieron la destitución del secretario de Educación y le plantearon la filtración de la delincuencia en su gabinete.
Después de esa reunión, Chávez Adame dijo que el gobernador, “ya lo agarró personal”, y de lo que les había pasado con de la Vega Otero le dijo que, “ese es un problema personal entre tú y de la Vega que lo tienen que arreglar, ahí yo no me voy a meter, no soy monigote de nadie, y si tú tienes pruebas de que nuestro gabinete está inmiscuido en la delincuencia organizada preséntalas”.
Después de esa reunión, Chávez Adame ha recibido amenazas telefónicas, así como su esposa y su hija, lo que le dijo le preocupa y le hace temer por su vida.
Después de la reunión, Chávez Adame fue consultado por reporteros, y detalló las amenazas que ha recibido. Aseguró que las llamadas no son algo nuevo, pero que ahora ya se dirigen a su familia, “después del 6 (de diciembre)… he visto esas personas (sospechosas que portan radios), por eso yo mandé la alerta a los compañeros, de lo que pudiera ocurrir; pero sí, nosotros creemos que son derivados de ese incidente”, expuso.
Narró que, en una ocasión, supuestos policías federales citaron a su esposa y a su hija cerca de la tienda Comercial Mexicana, diciéndoles que él estaba detenido, lo que resultó falso.
Añadió que las llamadas que recibe son cortas y le dicen frases como, “hijo de tu puta madre, vamos a ir contra ti, contra tu familia; si no le bajas, pues aquí vas a quedar”, además, su esposa recibe llamadas preguntándole por su hija.
Dijo que interpondrán una denuncia penal “contra José Luis González de la Vega Otero; en esa denuncia vamos a señalar, de lo que nos pueda pasar a nosotros, a… Astudillo, al secretario de Gobierno (Florencio Salazar Adame) y a De la Vega Otero, porque ya lo conocemos”.
Nicolás Chávez contó que la situación que prevalece en el estado tiene que ver con que no se ha podido parar la violencia, y que el gobernador también sabe qué grupos delincuenciales están operando en Chilpancingo.
Dijo que en el asesinato del dirigente de la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes de Guerrero (CETIG), Juan Mendoza Tapia, la delincuencia y estado son lo mismo, que se ponen de acuerdo para determinar quién les estorba.
“Yo creo que aquí hay algo interesante que se tiene que resolver, y que las instituciones, con las secretarías de Estado, están coludidas con la delincuencia organizada, eso lo hemos dicho porque algunos funcionarios del propio gabinete, siendo ellos los responsables para resolver los asuntos, te mandan a negociar con la delincuencia organizada”, ahondó el dirigente de la APPG.
Ejemplificó que esto sucede en Transportes, en Seguridad y en la Secretaría General de Gobierno; que uno de los involucrados es el asesor del gobernador, César Flores Maldonado, que tiene mucho que ver con lo que sucede en estado, lo que también dijo en la reunión con el gobernador.
Sostuvo que, “si a nosotros nos pidieran un careo con el gobernador y los propios funcionarios, nosotros les diríamos que ellos mismos están avalando ese procedimiento inusual que se ha dado en estas administraciones”. Indicó que los gobiernos pasados y los actuales son aliados para mantener el poder, y que son capaces de matar con tal de seguir conservado el poder.