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La única orden de aprehensión que tiene en contra es por motín y no es un delito grave, afirma Chávez Adame

El dirigente de la Asamblea   Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame informó que el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, le comunicó que ya revisó su situación jurídica y que la única orden de aprehensión que tiene es por motín y que no es un delito grave como lo dijo el fiscal general del estado, Javier Olea Peláez.
Además junto con la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicatos del estado de Guerrero, organización a la que pertenece, se reunieron con el presidente de la  Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, para darle seguimiento a la problemática de los trabajadores despedidos injustificadamente de Prospera, además del caso de Patricio Margarito Rivera quien es acusado por el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, de invadir un predio y de la retención del salario de Chávez Adame y de su compañero Simón Tavira.
Consultado antes de la reunión, Chávez Adame señaló que después de que el fiscal dijo que le giraron orden de aprehensión por “un delito grave” y no por haber irrumpido en un almacén del DIF estatal donde estaban escondidas despensas para damnificados de la tormenta Manuel en 2013, con el objetivo de que posteriormente se usaran con fines proselitistas.
Dijo que se alarmó ante la declaración del fiscal (el 21 de febrero) y que pidió al abogado Rosales Sierra, quien lo está apoyando en esta situación, investigara el motivo de la orden y que finalmente le informó que no había ese delito grave del que habló Olea Peláez.
En el documento emitido por el juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo, Leoncio Molina Mercado señaló, “Es cierto el acto reclamado por el quejoso de referencia, toda vez que en la causa penal 182/2017-I, que se instruye al incriminado Nicolás Chávez Adame, en este juzgado, el día 9 de febrero del año en curso, se le libró orden de aprehensión  al considerado probable responsable, de la ejecución del antijurídico de motín, previsto y sancionado por el artículo 228, del Código Penal del Estado”.
Más tarde junto con una representación de la Dirección Colectiva acudió a la Codehum para reunirse con Navarrete Magdaleno.
En la reunión se trataron tres temas. En el primero la hija de Margarito Rivera, Josefina Margarito Rosendo, dijo que le preocupaba porque el abogado que sigue el caso de su padre les anunció que se retiraba y que no podía seguir a causa de intimidaciones de los abogados del secretario general de Gobierno.
Al respecto Navarrete Magdaleno les propuso dialogar con Tlachinollan para que un abogado del organismo se haga cargo del caso de su padre.
Después se dialogó sobre los trabajadores despedidos de Prospera, quienes han sido intimidados y hostigados por personas desconocidas.
Felicitas Martínez Guzmán denunció que en reiteradas ocasiones se ha percatado de vehículos rondando su casa, incluso en una ocasión un vehículo rojo con vidrios polarizados esperó a que saliera con su esposo y cuando iban en su vehículo los siguieron, sin embargo los pudieron perder. Dijo que también su compañera, Roselia Francisco Tranquilino fue extorsionada por celular.
El acuerdo que tomaron con el presidente de la Codehum fue que por escrito relatarán los hechos y solicitarán medidas cautelares, y que el documento será remitido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por ser despedidos por una dependencia federal.
Finalmente trataron la retención de los salarios de Chávez Además y Simón Tavira desde diciembre, además del pago de sus aguinaldos, y que consideran fue por orden del gobernador, Héctor Astudillo Flores, luego de que rompieron diálogo con él al cuestionarle que en su gobierno está filtrada la delincuencia organizada.
Finalmente la Dirección Colectiva pidió a Ramón Navarrete interceda para solicitar una reunión con el gobernador, el secretario de Gobierno y el delegado de la Secretaría de Gobernación (Segob), Ramiro Ávila Morales, para que en conjunto dialoguen las problemáticas que están viviendo y buscar la manera de darle solución. El presidente aceptó y posteriormente informará de la respuesta.
Además acordaron que el lunes harán una visita domiciliaria  a casa de Margarito Rivera para constatar las condiciones en las que viven.

Desconoce cuál es el “delito grave” del que lo acusan, responde Chávez Adame al fiscal

 

El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame declaró que desconoce cuál es “el delio grave” por el que lo acusan, como señaló el fiscal general del estado Javier Olea Peláez, y quizá se trate de otra averiguación previa en su contra.
Agregó que el único indicio de delito y motivo de que le giraron una orden de aprehensión fue por descubrir e ingresar en un almacén del DIF estatal que escondía despensas para damnificados, y que posteriormente serían utilizados con fines proselitistas.
Después de que le giraron orden de aprehensión, con apoyo de abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, solicitó un amparo al Juzgado de Primero Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo, el cuál le concedieron.
El martes, el fiscal declaró que no se giró una orden de aprehensión contra el dirigen por irrumpir en el almacén del DIF estatal en 2014, sino por un “delito grave” del que no especificó.
Consultado vía telefónica, Chávez Adame dijo que sus compañeros de las organizaciones que están aglutinadas en la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero, investigaron y extraoficialmente les informaron que la orden fue por lo sucedido en 2014.
“Nosotros no tenemos conocimiento de otro tipo, vi la nota (que se publicó de la declaración del fiscal), lo que deja entrever es que él tampoco sabe o se hace, o a lo mejor ellos ya maniobraron, porque tienen el poder de fabricarme otro delito por otra, una averiguación previa que hayan abierto. Yo ando ahorita con mi amparo, yo le hablé al compañero Vidulfo (Rosales Sierra, abogado de Tachinollan) el día de ayer y me dijo que como abogados iban a investigar, le iban a informar de qué se le acusaba”, expuso.
Declaró que es extraña la respuesta del fiscal Olea Peláez cuando dice que lo acusan de un delito grave, y que le parece que se trata de otra orden de aprehensión.
Aseguró que esta declaración obedece a una indicación del gobernador Héctor Astudillo Flores.

Denuncia Nicolás Chávez orden de aprehensión en su contra y acusa al gobernador de estar detrás de ella

 

El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame denunció que le giraron orden de aprehensión tras los hechos ocurridos en febrero de 2014, en la administración del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, cuando irrumpió junto con sus compañeros en un almacén del DIF estatal donde se guardaban toneladas de despensas para damnificados de las tormentas Ingrid y Manuel que no fueron entregadas, y que serían utilizadas con fines proselitistas.
En las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), integrantes de organizaciones que conforman la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero, en ausencia de Chávez Adame informaron de la orden de aprehensión en su contra. Reiteraron su solidaridad al dirigente, porque lo único que ha hecho es apoyar a los más desprotegidos y ser solidario, dijeron.
Durante la actividad, el dirigente de la APPG se comunicó, vía telefónica, y a través de un altavoz expuso que, por seguridad y recomendación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que va a llevar su caso, decidió resguardarse.
Informó que ya solicitó un amparo al Juzgado Primero de Primera Instancia del ramo penal, para protegerse de la orden de aprensión que, dijo, se libró por presiones del gobernador, Héctor Astudillo Flores, ante hechos ocurridos hace casi tres años.
Agregó que parecería que el gobernador está invirtiendo los papeles, porque persigue a luchadores sociales en lugar de perseguir a los delincuentes que sí están trabajando en la impunidad.
Chávez Adame contó que desde el viernes a las 2:40 de la tarde, cuando salió de su casa para ir a la escuela de su hija y acompañarla a su regreso, ya había una operación de la Policía Ministerial, pero la pudo evadir.
Dijo que el delito del que lo acusan, “en realidad lo cometieron ellos (las autoridades), la no entrega de las despensas que estaban dirigidas a los compañeros que habían sufrido la desgracia de Ingrid y Manuel, fue cuando se abrió el portón y se descubrió infraganti a la gente que estaba ocultando las despensas para (usarlas en) las campañas de los políticos… eso para ellos fue un delito, nosotros lo asumimos; pero creemos que la intención de ellos era agarrarme el viernes para tenerme incomunicado”.
Recordó que, antes ya había denunciado amenazas, incluso de muerte, el 13 de diciembre ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum). Después denunció la retención de su salario. Todo esto luego de que rompió el diálogo con Astudillo Flores en Casa Guerrero, cuando negociaban sus demandas; ese día, al gobernador le cuestionaron que en su gabinete estaba infiltrada la delincuencia organizada, lo que provocó el enojo del funcionario que rompió la mesa de diálogo.
Agregó que el presidente de la Codehum, Ramón Navarrete Magdaleno le informó que la Secretaría General de Gobierno, que encabeza Florencio Salazar Adame, le negó las medidas cautelares.
“El único delito fue decir la verdad que conoce el pueblo de Guerrero y de México, que hay un gobierno intolerante, que hay un gobierno coludido con la delincuencia organizada, y me parece que hoy esa línea de represión y hostigamiento la siguen dejando”, abundó el dirigente.
Al final de la actividad, sus compañeros gritaron consignas, “¡No estás solo, no estás solo, no estás solo”!, y “¡Ni un paso atrás, todos con Nicolás!”.

 

La víctima del atentado tiene orden de aprehensión por homicidio

Ezequiel Flores Contreras Chilpancingo

El hermano del diputado local perredista, Bernardo Ortega Jiménez, Antonio Ortega, quien este lunes sufrió un atentado en donde murió su hijo de tres años, Manuel Ortega Blanco, tiene una orden de aprehensión desde 1999 por el delito de homicidio calificado en contra de dos campesinos en la población de Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango.

Lo anterior según la causa penal 83/98 que integró un juez de primera instancia de esta capital por el homicidio de los campesinos Vidal Díaz Serrano y Darío Cruz Marcelino, sin embargo el hermano del diputado local nunca fue detenido, a pesar de que la orden de aprehensión fue liberada el 19 de agosto de 1999.

Fuentes de la Procuraduría General de Justicia en el estado (PGJ), indicaron que la impunidad de Antonio Ortega está basada en las actividades que hacía, las cuales presuntamente se relacionan con el narcotráfico.

Sobre la investigación del atentado que sufrió Ortega Jiménez el lunes a unos metros del Congreso local, las autoridades ministeriales han mostrado hermetismo, sólo ha circulado la versión de que sigue prófugo y que grupos de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) se encuentran en Tlanicuilulco y en el fraccionamiento Villa Lucerna.

Antonio Ortega fue atacado a balazos por un hombre armado con una pistola calibre 38 súper cuando transitaba por la avenida Francisco Ruiz Massieu en una camioneta pick up roja de modelo reciente acompañado de su chofer, Delfino Romero Bravo y sus dos hijos, Marco Antonio y Manuel Ortega Blanco, de 7 y 3 años de edad.

El hermano del legislador fue interceptado por sus agresores que iban en una camioneta Jeep Cherokee color blanco, desde donde un hombre disparó en 15 ocasiones, 12 de los cuales impactaron en la camioneta de Ortega Jiménez.

Mientras Ortega repelía la agresión su chofer huyó del lugar con el menor Manuel Ortega en los brazos, quien murió dos horas después en el hospital de la 35 Zona Militar, donde lo detuvieron

porque portaba una pistola calibre 9 milímetros y hasta el día de ayer fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales