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Exigen en Iguala castigo para los asesinos de Arturo Hernández Cardona a cuatro años del crimen

Con una exigencia de justicia y castigo a todos los responsables por omisión o complicidad, ayer, a cuatro años de la desaparición forzada y ejecución del dirigente de la organización Unidad Popular (UP), Arturo Hernández Cardona, los familiares, amigos y miembros de organizaciones colocaron una ofrenda floral y participaron en un mitin político.
En la actividad también se exigió que se considere como una prueba absoluta la declaración notarial del sobreviviente Nicolás Mendoza Villa.
A las 11 de la mañana, los participantes colocaron una ofrenda floral en el monumento a la Independencia, las hijas del asesinado Hernández Cardona, Soledad, Carolina y Reyna Hernández Mena; el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Mendoza Villa; miembros de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, integrantes de la Unión Campesina Emiliano Zapata, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y miembros del Bloque de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala.
En declaraciones a reporteros después del acto y durante el mitin político en el auditorio del Palacio municipal, la activista Soledad Hernández Mena denunció que las dependencias de gobierno han dado nulos resultados en sus investigaciones, la Fiscalía General del Estado, el Congreso local, el Grupo de Coordinación Guerrero y la Procuraduría General de la República (PGR), “permitieron ver el grado de impunidad y de encubrimiento por miembros del Estado”.
Evidenció el encubrimiento al ex alcalde de Iguala, el perredista José Luis Abarca Velázquez; de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, y de su jefe policiaco, Felipe Flores Velázquez, que a cuatro años de los hechos no han sido juzgados por el crimen, a pesar del señalamiento de uno de los sobrevivientes, Nicolás Mendoza Villa.
A la demanda de justicia y castigo a los culpables, se sumó la petición de que la declaración del sobreviviente Nicolás Mendoza sea considerada como prueba testimonial absoluta para incriminar al ex edil Abarca Velázquez.
Demandó también una ley federal que castigue a funcionarios públicos por desaparición forzada y ejecución extrajudicial, que se reclasifique el delito por el que los detenidos por este caso sean juzgados por desaparición forzada y ejecución extrajudicial en lugar de secuestro.
Hizo responsable al Estado mexicano por una pérdida más de vidas, víctimas directas o indirectas. Que se castigue por omisión y encubrimiento a todas las corporaciones y las instituciones involucradas y que haya un cese de la represión en contra de luchadores y líderes sociales.
“Hoy estamos recordando esta fecha a cuatro años de los hechos, donde el Estado mexicano nos negó la justicia pronta y expedita en todos los ámbitos, desde la comisión instructora, la Fiscalía General del Estado y las distintas corporaciones e instituciones que no actuaron, por omisión o complicidad”.
Recordó que por la falta de cumplimiento a las medidas cautelares que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ella tuvo que abandonar con su familia su domicilio en la colonia Fovissste de Iguala, ya que era su vecino el ex jefe policiaco, Felipe Flores Velázquez, implicado en este crimen.
Señaló que, a pesar de que ya hay algunos detenidos por la PGR, aún siguen esperando justicia y castigo a los involucrados, ya que estos no han sido juzgados.
Por separado, en declaraciones a reporteros el dirigente de la APPG, Nicolás Chávez Adame, denunció que el estado de Guerrero y el pueblo de México están sufriendo una de sus peores crisis de inseguridad.
Señaló que los tres niveles de gobierno han fallado en la estrategia de combatir al crimen organizado, “ya que se ha comprobado que las más altas esferas de gobierno han estado coludidas con las mismas, lo que ha hecho que, en lugar de detener o disminuir la violencia, ésta se vaya incrementando”.
“A cuatro años de la desaparición forzada y la ejecución del activista Arturo Hernández, y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los tres niveles de gobierno y los cuerpos de seguridad han quedado evidenciados… no hay garantías para los luchadores sociales, defensores de derechos humanos, periodistas y la sociedad en general”.
Dijo que ante el próximo proceso electoral, “los partidos políticos hacen estrategias de exterminio en contra de quienes les estorban para poder avanzar en sus cotos de poder”.
Agregó que “los criminales de cuello blanco que pertenecen a la delincuencia organizada han gozado de una impunidad total y se han escudado en el fuero constitucional, y de ocupar algunos cargos públicos que pone en riesgo la legitimidad de un gobierno que prometió orden y paz.
En el mitin, fueron presentados videos de testimonios entre el 28 de mayo y el 3 de junio de 2013, desde la confrontación que tuvo Cardona con Ángeles Pineda Villa durante una sesión de Cabildo y después la demanda presentada en la agencia del Ministerio Público en la que los miembros de la UP responsabilizaron de muerte a la pareja y su jefe policiaco.
También se denunció que, a cuatro años de los hechos no se ha dado cumplimiento a las demandas de obra social y fertilizante que en la protesta del 30 de mayo de 2013 reclamaban los líderes sociales.

Exige la UCEZ al gobernador un trato igualitario y 400 toneladas de fertilizante

En la conmemoración del 98 aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata, la activista y dirigente de la Unión Campesina Emiliano Zapata (UCEZ) Arturo Hernández Cardona, Soledad Hernández Mena exigió al gobernador, Héctor Astudillo Flores, un trato igualitario que al resto de las organizaciones y que les den 400 toneladas de fertilizante, cantidad que les daban en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero.
Ayer minutos después de las 8 de la mañana, la hija del líder social asesinado y dirigente de la Unidad Popular (UP), Arturo Hernández Cardona, colocó una ofrenda floral en el monumento de la Independencia en el centro de la ciudad de Iguala, con representantes de la UCEZ de los municipios de Iguala, Cocula, Taxco, Teloloapan y otros municipios de la región Norte, para conmemorar 98 años del asesinato del general Emiliano Zapata.
Hernández Mena denunció que con los años distintos gobiernos estatales y municipales les han reducido la cantidad de fertilizante a pesar de que las necesidades de la organización permanecen.
Afirmó que en el gobierno de Ángel Aguirre recibieron 400 toneladas de sulfato de amonio, durante la administración de Rogelio Ortega Martínez la aportación disminuyó a 180 toneladas, y que actualmente, con Héctor Astudillo Flores sólo recibieron en dos entregas 80 toneladas que no satisfacen las necesidades de más de 500 agremiados de esta organización. El Ayuntamiento de Iguala les entregó 32.5 toneladas, y que en Taxco y otros municipios de la región no les han hecho caso a su petición.
Demandó que el gobernador le dé a la UCEZ un trato igualitario que al resto de las organizaciones, que restablezca las 400 toneladas de fertilizante y que les entregue los paquetes completos, que incluya el fosfato de amonio o granulado y biofertilizante.
Denunció que a las organizaciones sociales que no están afiliadas al PRI son relegadas por el gobierno estatal, y provoca un agravio hacia los campesinos y sus familias.
“Pedimos al gobernador Astudillo que ponga interés en este asunto porque es obvio que no abastece a las organizaciones sociales pues pretende desaparecerlas”, aseguró.
En la explanada de las Tres Garantías, donde está la carpa de la dignidad en apoyo al movimiento de Ayotzinapa, integrantes de la UCEZ y del Bloque Democrático de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala, colocaron otra ofrenda al general Emiliano Zapata al pie de una lona con las fotografías de los 43 normalistas desaparecidos en esta ciudad. (Alejandro Guerrero / Iguala).

Con su amenaza tras el bloqueo en Iguala, el gobernador evidencia su intolerancia, dice la UCEZ

La activista Soledad Hernández Mena, hija del asesinado líder de la organización campesina Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona declaró ayer en esta ciudad que preocupa a los grupos organizados que el gobernador Héctor Astudillo Flores diga que no se va a dejar chantajear por quienes le piden beneficios sociales, y afirmó que evidencia la intolerancia de su gobierno al que señaló del uso excesivo de la fuerza pública.
En declaraciones la tarde de ayer en las oficinas de la Unión Campesina Emiliano Zapata-Arturo Hernández Cardona (UCEZ-AHC), Soledad Hernández dijo que la amenaza del mandatario habla de que viene con un “instinto salvaje” que caracteriza a los gobiernos priistas.
Consideró que el uso excesivo de la fuerza en el desalojo contra campesinos y amas de casa de la organización El Ángel de la Paz, ocurrido el miércoles en la carretera federal, donde había mujeres, niños y adultos mayores, evidencia que las autoridades, “están dispuestas a matar frente a todos”.
Dijo que las organizaciones no protestan para chantajear, sino en exigencia de que se cubran las necesidades de la gente y las carencias que hay en el campo y colonias y comunidades populares, y es debido al rezago que han generado los tres órdenes de gobierno.
“Yo creo que la ideología del gobernador está equivocada y es errónea, lo que se defiende es en contra de las agresiones a las personas, porque conocemos la capacidad de agresión de los gobiernos priistas, parece que vienen con una mentalidad demasiado cerrada, absurda, negativa y violenta”, agregó.
Soledad Hernández llamó al gobernador Astudillo a la cordura y a que reflexione respecto de la forma de actuar de su gobierno en contra de los movimientos sociales.
Asimismo denunció la insensibilidad e incumplimiento de algunos Ayuntamientos de la zona Norte que no han atendido las demandas y necesidades de las organizaciones sociales, y como ejemplo puso al gobierno priista de Taxco.

Pide la APPG a la Codehum que mande observadores a vigilar la caravana de Raúl Vera en Chilpancingo

Integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) se reunieron con el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, para solicitar observadores en la caravana que encabezará el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, este domingo en Chilpancingo.
Por otro lado la hija del asesinado dirigente de la Unión Campesina Emiliano Zapata (UCEZ), Arturo Hernández Cardona, Soledad Hernández Mena criticó ayer la falta de justicia pronta y expedita a casi tres años del caso de la Unidad Popular (UP) y señaló que la próxima visita del obispo Vera López a Guerrero será emblemática porque se reunirá con las familias de las víctimas.
Este jueves, la APPG y Navarrete Magdaleno se reunieron en las instalaciones de la Codehum para hablar de la visita a la capital del obispo Raúl Vera.
El representante de la APPG, Nicolás Chávez Adame explicó al presidente de la Codehum que este 7 de febrero llegará el obispo, y pidió que se instalara una comisión de observadores desde su llegada.
Detalló que, a las 9 de la mañana una comisión de representantes de organizaciones sociales esperará a Vera López en la caseta de Paso Morelos para recibirlo.
Desde las 9:30, en el teatro hundido de la alameda de la capital lo esperarán miembros de otras organizaciones y los ciudadanos que deseen sumarse para salir en una marcha hasta el Zócalo.
En el Zócalo, a las 11 de la mañana, entre el kiosco y las escalinatas ofrecerá una misa, luego desayunará y saldrá rumbo a Acapulco, donde pernoctará.
El 8 de febrero saldrá al municipio de Tecoanapa, donde en una cancha encabezará un encuentro masivo con organizaciones sociales y pueblos originarios, además de que oficiará una misa, y posteriormente regresará a Acapulco para tomar un avión a Monterrey.
Chávez Adame pidió que en todo el trayecto del obispo los observadores de la Comisión estén presentes.
Ramón Navarrete indicó que su objetivo será avalar como institución defensora de derechos humanos la presencia del obispo, “luchador incansable en el tema de los derechos humanos de hombres y mujeres, y desde luego que a nosotros nos satisface mucho que en este estado de cosas que están sucediendo en Guerrero recibamos una figura como la del obispo, que siempre nos da confianza, irradia paz… entonces cuentas con la comisión”.
Además, apuntó que pondrá a disposición los vehículos de la Codehum en los que se trasladarán y podrán trasladar a participantes de la caravana.
El presidente de la Codehum manifestó que tratará de estar presente en todas las sedes que visite el obispo, y dijo que la APPG cuenta con su apoyo porque han conjuntado esfuerzos, y que además fueron una parte importante en el impulso del ombudsman en el estado.
Dijo a Nicolás Chávez que reconocía su lucha y que por eso siempre encontraría apoyo y solidaridad en la Codehum.
Por su parte, Chávez Adame informó que acudirá la organización Década Contra la Impunidad como parte de la Caravana por la Paz contra la Violencia, que exige el esclarecimiento de desapariciones, como la de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Pidió que la Codehum coadyuvara en la difusión del evento para que vecinos se unan este domingo a las actividades.

Reconoce la hija del líder de UP Arturo Hernández la iniciativa del obispo al visitar Guerrero

Por separado en declaraciones vía telefónica la tarde de ayer, Soledad Hernández reconoció la iniciativa del obispo y presidente de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, Raúl Vera para atender a las víctimas de Guerrero, especialmente el de su padre Arturo Hernández Cardona, el caso de la masacre de El Charco y del asesinato del ex diputado Armando Chavarría, entre otros casos de violación a los derechos humanos en el estado.
Informó que el obispo Vera no visitará la zona Norte del estado ante el alto riesgo que esto implica, “sobre todo cuando no hay un compromiso del Estado mexicano de resguardar y prever algún acontecimiento como los que ya han ocurrido de violación a los derechos humanos, y no queremos llevarnos una sorpresa”.
Dijo que es “emblemático” que el obispo visite Guerrero tras de que se ha difundido a nivel internacional el caso de la UP y otros casos que lleva la Red Solidaria, cuando el Estado mexicano ha demostrado apatía y desinterés en dar justicia a estos casos.
Consideró que con la visita del obispo se espera que se dé agilidad a una falta de respuesta de justicia pronta y expedida del caso, “ya que con el Estado mexicano no se ve para cuándo vaya a dar justicia, no sólo en el ámbito municipal, se han tardado demasiado en actuar en el caso Arturo Hernández Cardona”.
Lamentó que a tres meses de que se cumplan tres años de la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de su padre, el Ejecutivo federal no haya dado una respuesta pronta, expedita e imparcial en este caso.
Hernández Mena convocó a otras víctimas de Guerrero a que se acerquen al obispo Vera en su visita el 7 de febrero en Chilpancingo, y el 8 de febrero en Tecoanapa.