Ratifica la Segob su negativa a dar protección al testigo del asesinato de Hernández Cardona

Ayer la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación (Segob), ratificó la negativa de devolver las medidas de protección al testigo del homicidio del dirigente de Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona, denunció la Red Solidaria Década contra la Impunidad.
En un comunicado confirmó que en esta circunstancia el sobreviviente y testigo del asesinato de Hernández Cardona y de los activistas Ángel Román Ramírez y Rafael Banderas Román, Nicolás Mendoza Villa no ratificará su declaración ante el juzgado Primero Penal Federal de Matamoros contra el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, a quien afirma que vio disparar contra el dirigente social.
Aunque los hechos ocurrieron en mayo de 2013, el exalcalde fue detenido después del ataque a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, cuando ocurrió la desaparición forzada de 43 normalistas el 26 de septiembre de 2014.
La Red denunció que en febrero de este año cuando el Mecanismo retiró las medidas cautelares al activista de Iguala, que propuso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobernador Héctor Astudillo Flores y el presidente estatal del PRD, Celestino Cesáreo Guzmán públicamente ofrecieron intervenir para que Mendoza Villa mantuviera la protección estatal, pero no hicieron nada.
Informa que este lunes 30 de octubre se llevó se llevó a cabo la presentación de su caso ante la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, pero la Red Solidaria Década Contra la Impunidad y el mismo Nicolás Mendoza Villa no recibieron la formal convocatoria para su audiencia.
Fue llamada la defensora de derechos humanos Éricka Zamora Pardo para conocer la fecha de presentación ante la Junta de Gobierno de otro caso, de Beatriz Hernández, a quién se le hace una “reevaluación de riesgo”.
En esta sesión Zamora Pardo denunció que Mendoza Villa sigue vulnerable ante una posible agresión, y hace siete meses no cuenta con la protección del estado a pesar de que es beneficiario de medidas cautelares dictadas por la CIDH.
Aseguró que el viernes 6 de octubre, alrededor de las 3 de la tarde personas en una camioneta color azul rey, marca Ford, placas K92AMU de Guerrero vigilaron su casa, el lunes 9 de octubre su vivienda fue observada por extraños desde una camioneta placas HCK9457 de Guerrero y el viernes 27 de octubre desde una camioneta negra con placas HCK9457 de Guerrero.
Lamenta que pese a lo manifestado, el equipo de evaluación ratificó la negativa a devolver las medidas de protección al testigo de cargo en contra de José Luis Abarca, por lo tanto, confirmaron que Mendoza Villa no ratificará su declaración ante el juzgado Primero Penal Federal de Matamoros, “y la impunidad avanza, responsabilizamos al Estado mexicano de la integridad física y psicológica de Nicolás Mendoza Villa y de la familia del activista Arturo Hernández Cardona”.
Explica que la Junta de Gobierno del Mecanismo consideró que el nivel de riesgo de Mendoza Villa se redujo porque está fuera de Guerrero, pero considera su situación como desplazado de manera forzada.
Mendoza Villa fue uno de los ocho activistas que sufrieron desaparición forzada por autoridades de Iguala, y tres de ellos fueron encontrado muertos.

Con su amenaza tras el bloqueo en Iguala, el gobernador evidencia su intolerancia, dice la UCEZ

La activista Soledad Hernández Mena, hija del asesinado líder de la organización campesina Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona declaró ayer en esta ciudad que preocupa a los grupos organizados que el gobernador Héctor Astudillo Flores diga que no se va a dejar chantajear por quienes le piden beneficios sociales, y afirmó que evidencia la intolerancia de su gobierno al que señaló del uso excesivo de la fuerza pública.
En declaraciones la tarde de ayer en las oficinas de la Unión Campesina Emiliano Zapata-Arturo Hernández Cardona (UCEZ-AHC), Soledad Hernández dijo que la amenaza del mandatario habla de que viene con un “instinto salvaje” que caracteriza a los gobiernos priistas.
Consideró que el uso excesivo de la fuerza en el desalojo contra campesinos y amas de casa de la organización El Ángel de la Paz, ocurrido el miércoles en la carretera federal, donde había mujeres, niños y adultos mayores, evidencia que las autoridades, “están dispuestas a matar frente a todos”.
Dijo que las organizaciones no protestan para chantajear, sino en exigencia de que se cubran las necesidades de la gente y las carencias que hay en el campo y colonias y comunidades populares, y es debido al rezago que han generado los tres órdenes de gobierno.
“Yo creo que la ideología del gobernador está equivocada y es errónea, lo que se defiende es en contra de las agresiones a las personas, porque conocemos la capacidad de agresión de los gobiernos priistas, parece que vienen con una mentalidad demasiado cerrada, absurda, negativa y violenta”, agregó.
Soledad Hernández llamó al gobernador Astudillo a la cordura y a que reflexione respecto de la forma de actuar de su gobierno en contra de los movimientos sociales.
Asimismo denunció la insensibilidad e incumplimiento de algunos Ayuntamientos de la zona Norte que no han atendido las demandas y necesidades de las organizaciones sociales, y como ejemplo puso al gobierno priista de Taxco.

Proponen familiares de desaparecidos en Iguala crear un grupo de reacción antisecuestro

Familiares de víctimas de desaparición forzada en el estado pidieron ayer en esta ciudad durante el foro convocado por la asociación civil Guerrero es Primero, la creación del Grupo Guerrero de Reacción Inmediata de Desaparecidos, en coordinación con autoridades de los tres niveles, universidades y asociaciones, para emitir alertas al momento de la desaparición o secuestro de personas.
Asimismo, en el encuentro en el auditorio de la Universidad Tecnológica de la Región Norte (UTRN) al que asistieron más de 100 familiares de víctimas de desaparición forzada de diferentes municipios del estado, en su mayoría del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala, la creación de una base de datos nacional “confiable” en el que se lleve un registro de muestras de ADN de los familiares y de los cuerpos que son recuperados en fosas clandestinas, a los que piden también que “se les ponga nombre y apellido”.
Asimismo, se planteó la creación de un instituto forense a través del cual se dé certeza a las familias, de que los cuerpos que les son entregados realmente son los de sus familiares desaparecidos, además de que a través de éste se dé agilidad a la identificación de los cuerpos recuperados en fosas clandestinas.
De acuerdo con información de dos de los coordinadores del encuentro, del comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala, Adriana Bahena y Jaime Betancurt, éste es el primero de cuatro foros que son convocados por la asociación civil Guerreros Primero, integrada por el Centro Lindavista, la Universidad Loyola del Pacífico, la Arquidiócesis de Acapulco, la Iglesias por la Paz y otras 50 organizaciones sociales, productivas y populares en las diferentes regiones de Guerrero.
Jaime Betancur, que se unió al comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala y a la búsqueda de fosas clandestinas para localizar a sus dos hijastros, indicó que los foros van encaminados a que sus propuestas sean incluidas en al Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, y se prevé que el próximo foro de seguimiento sea también en esta ciudad, entre el 11 y el 15 de febrero, y que el tercero sea en Ayutla.
El foro, en el que se esperaba la presencia del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl González Pérez, y del arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias, contó con la presencia del obispo de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel; de visitadores de la CNDH; de los regidores perredistas del Ayuntamiento de Iguala Martha Todd Mena, Ednali López y Mauricio González Razo.
También asistieron, la activista y ex regidora del PRD en Iguala, Sofía Mendoza, pareja del asesinado líder de la Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona; integrantes de la Organización de Pueblos Indígenas Me’paah (OPIM); y de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, representada por su secretaria, María Magdalena López.
Asimismo, asistieron más de 100 familiares de víctimas de desaparición forzada de los municipios de Iguala, Teloloapan, Chilapa, Acapulco, Cocula, Altamirano, Chilpancingo, Ayutla y Cuernavaca.

Más de 450 desaparecidos

Una de las representantes del comité de Los Otros Desaparecidos, Adriana Bahena, que tiene desaparecido a su esposo desde hace cinco años, dijo que son más de 450 familias que tienen desaparecidos y que están registrados ante el comité de Iguala, y señaló que estos foros son también, “para sensibilizar a la población de lo que está pasando en Guerrero, y de los cientos de personas que están desaparecidas en Guerrero”.
Describió que tener a un familiar desaparecido, “es morir lentamente, a nosotros se nos mata a pausas, es una desesperación total”.
Pidió a la población “aprender a vivir y acercarse a Los Otros Desaparecidos, que puedan entender que no somos una bomba latente y que pueden prevenir lo que a mí me pasó, y que te puede pasar a ti mismo”, a quien dijo, la gente les huye por el temor de que algo les vaya a pasar.
Señaló que la mayoría del comité de Los Otros Desaparecidos son madres o esposas en edad avanzada, o que se quedaron con niños a los que ahora crían y sostienen solas.
Recordó que a más de un año de su surgimiento, el comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala ha logrado el hallazgo de 123 cuerpo que han sido exhumados de fosas clandestinas, y que ahora la petición a la Procuraduría General de la República (PGR) es que a esos cuerpos se les ponga nombre y apellido, para que los regresen a sus familiares.
Propuso la creación de un instituto forense con sede en Iguala que ayude a la identificación de cuerpos recuperados de entierros clandestinos y que dé a las familias la certeza de que los restos que les son entregados, afectivamente son de sus familiares, “porque nos ha tocado vivir en carne propia de cuerpos que se han entregado a sus familias y al año regresa con vida la muchacha de la que supuestamente habían entregado los restos”.
Criticó que los peritajes no se practican como deberían ser, y que las autoridades pretenden entregar los restos a las familias sólo para dar por concluidos sus casos.

Grupo de Reacción Inmediata

Durante el foro, se realizaron siete mesas de trabajo: Protocolos de reacción inmediata; área de búsqueda en la Fiscalía y apoyo a búsqueda ciudadana; medidas de prevención; las autoridades que los ciudadanos requieren en temas de seguridad pública; instituto forense; apoyo a necesidades de las familias y condiciones de vida digna.
Se plateó la creación del Grupo Guerrero de Reacción Inmediata de Desaparición, mediante el cual pretenden tener coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno, instituciones educativas, asociaciones civiles y organizaciones para difundir a través de redes sociales y emitir alertas cuando se registre alguna desaparición en cualquier parte del estado.
En la reunión, los familiares de desaparecidos denunciaron la falta de apoyos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Asimismo, pidieron a la CNDH, CEAV y Guerreros Primero, que intervengan a nivel nacional para hacer el estudio diagnóstico integral de las familias para que se les dé atención a sus necesidades económicas, sociales, culturales y de salud.

Familias de Acapulco en Búsqueda de sus Desaparecidos

El representante de la asociación Familias de Acapulco en Búsqueda de sus Desaparecidos, J. Guadalupe Téllez Castrejón, quien busca a su hijo José Alberto Téllez Mora, que tenía 14 años cuando fue secuestrado el 20 de septiembre de 2011 en Acapulco, planteó la creación de una base de datos a nivel nacional confiable, en la que se integren las muestras de ADN de todas las familias y que esta información pueda ser cruzada con los cuerpos que están siendo recuperados de fosas clandestinas en diferentes partes del país.
Narró que, tres meses después del secuestro de su hijo pagaron el rescate que les pidieron, los delincuentes les dijeron que en tres días lo dejaban en libertad, lo cual no cumplieron.
Dijo que presentaron las denuncias del secuestro de su hijo ante la Fiscalía Antisecuestros del estado y la PGR, pero hasta ayer no tenía ninguna información de la investigación, “las autoridades no hacen nada por buscar a nuestros desaparecidos, por lo que es necesario contar con una base de datos a nivel nacional”, detalló.
Informó que su hijo fue plagiado por la mañana cuando se dirigía a la escuela, y recordó que por este hecho hay seis personas, detenidas en mayo de 2012, que no quieren informar del paradero de su hijo.
Respondió, a pregunta hecha, que en esta asociación, la cual tiene poco tiempo de haber sido integrada por 20 familias de desaparecidos, se reúne los sábados en la arquidiócesis de Acapulco, “en Acapulco no son 20 los desaparecidos, podría decir que son cientos, y esperamos que en corto tiempo seamos más en la asociación civil”.

Nombraron precaristas de Iguala a su colonia María de los Ángeles en agradecimiento a la esposa de Abarca

Al norte de Iguala, asentada en un predio irregular se encuentra la colonia María de los Ángeles, nombre que los vecinos le dieron en agradecimiento a la ex presidenta del DIF y esposa del ex alcalde del PRD, José Luis Abarca Velázquez, María de los Ángeles Pineda Villa, por el apoyo que la pareja dio a los precaristas en la primera etapa de electrificación y el rastrilleo de calles, entre otros beneficios.
La colonia irregular La Pradera o Loma de la Pradera, ubicada al norte de la ciudad a un costado del centro religioso Monte Tabor y a espaldas de la central de abasto, fue fundada por Rafael Ochoa Ochoa y unas 50 familias que invadieron el predio de unas dos hectáreas el 19 de junio de 2010, luego de haber sido expulsados de la colonia 10 de Mayo, también irregular, que encabezó el asesinado dirigente social perredista de la organización Mártires del Vado de Aguas Blancas, Francisco López Liborio.
El asentamiento cuenta con su propio acceso por la carretera Iguala-Taxco, a unos 300 metros de la central de abasto, al norte de la ciudad, y hasta finales de 2013 vivían ahí unas 50 familias en casas de madera, cartón y lámina.
Este asentamiento cambió su nombre de La Pradera a María de los Ángeles Pineda Villa, después del 3 de septiembre de 2013, en reconocimiento a la ex presidenta del DIF, María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del ex alcalde del PRD, José Luis Abarca Velázquez, ambos presos en penales federales, quienes con el interés de promover a Pineda Villa como candidata a la alcaldía de Iguala para quedarse en el cargo de su esposo, entregaron la primera etapa de electrificación a la colonia, realizaron el rastrilleo de calles e iniciaban los trámites para el proyecto de regularización.
Después de ser detenido y encarcelado el 31 de agosto por el presunto delito de portación de arma de fuego, el dirigente de ese asentamiento y sobreviviente de la Unidad Popular, Rafael Ochoa, fue expulsado el 3 de septiembre de la colonia que fundó.
El desalojo violento de él y otras 30 personas, integrantes de siete familias que lo seguían, fue perpetrado por más de 50 policías municipales armados, que esa noche golpearon a hombres y mujeres.
En esa ocasión, Ochoa Ochoa denunció ante la prensa que los policías, enviados por el entonces alcalde José Luis Abarca, “le entregaron” la colonia a un grupo opositor a él, que, según el dirigente, era respaldado y protegido por el gobierno local.
Citó que entre los preventivos iban unas 10 personas opositoras a su grupo, encabezadas por Basilio Sandoval, quienes les iban diciendo a los uniformados a quiénes detener y desalojar.
En esa ocasión, dijo que entre los integrantes del grupo opositor también iban las señoras Cirina y Catalina Basilio, que promovieron la detención de Ochoa Ochoa cuatro días antes por el supuesto delito de portación de arma de fuego, delito del que fue liberado 19 horas después tras el pago de una fianza de 8 mil pesos.
Antes de la detención de la pareja presidencial, la colonia se llamaba María de los Ángeles Pineda Villa, pero después del caso Ayotzinapa, sólo le dejaron el nombre de María de los Ángeles.