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Organizan taller sobre cambio climático en la entidad en la Universidad Loyola

Participantes en las mesas de trabajo en el taller de diagnóstico para la Estrategia de Cambio Climático en Guerrero, en la Universidad Loyola del Pacífico, ayer en Acapulco Foto: Carlos Carbajal

Ramón Gracida Gómez

Ayer se llevó a cabo el taller del proyecto de Diagnóstico para la Estrategia de Cambio Climático de Guerrero organizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semaren) y la agencia Cooperación Técnica Alemana (GIZ).
En la biblioteca de la Universidad Loyola del Pacífico, los más de 50 asistentes participaron en cinco mesas temáticas: Social y sistemas productivos; Seguridad alimentaria; Biodiversidad y Servicios ecosistémicos; Hídrico; e Infraestructura estratégica y Patrimonio cultural.
El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ángel Almazán Juárez, declaró que el taller de este viernes fue muy importante porque se recabó “información de diferentes subtemas dentro de lo que es adaptación y mitigación al cambio climático”.
Afirmó que la información “va a enriquecer la construcción de lo que está trabajando la empresa IDOM, que está a su vez subsidiada por la Cooperación Alemana, a la cual le solicitamos apoyo, subsidio, para hacer este trabajo”.
Construir la estrategia de cambio climático de Guerrero “nos va a permitir a su vez construir un programa sobre cambio climático en nuestra entidad y esto se va a ver reflejado en que la población, los gobiernos, tengan las herramientas necesarias para trabajar”.
“En sus propios municipios, en las áreas del gobierno, en las áreas del gobierno federal, acerca de cómo minimizar los impactos que podamos tener por los fenómenos meteorológicos como el que nos pasó con Otis, John y después Eric, y algunos otros que hemos tenido en los últimos años”, expuso Almazán Juárez.
Resaltó la participación de la sociedad civil en el taller “porque ellos son de los que debemos de tomar el sentir, qué es lo que piensan al respecto en relación a lo que está pasando actualmente, sobre todo en la región costera, porque esto fue un trabajo regional, no solamente de Acapulco, sino también se invitó a personas claves de la Costa Chica y la Costa Grande”.
Informó que este taller se llevó a cabo anteriormente en Chilpancingo y en Taxco, y próximamente se darán a conocer en Acapulco los resultados y las propuestas finales de las estrategias que tienen que pasar a consulta pública “para ser consensuadas en la población”.
Durante las conclusiones, la ambientalista Kay Mendieta afirmó que la mayor pérdida de biodiversidad es en razón de la falta de protección de las Áreas Naturales Protegidas, y puso de ejemplo las hectáreas perdidas por la presencia de la Guardia Nacional.
Otro asistente la secundó criticando la conexión de mangueras en las partes altas de Acapulco y también comentó la falta de funcionamiento del tratamiento de aguas residuales.
Otros exponentes alertaron de las temperaturas extremas registradas en el estado y algunas de sus consecuencias más preocupantes, por ejemplo, el desplazamiento forzado y la degradación de suelos.
Más asistentes recordaron los impactos de los huracanes, sobre todo el Otis, y criticaron la falta de monitoreo de las Manifestaciones de Impacto Ambiental de las nuevas construcciones.
Asistieron, entre otros, la coordinadora del proyecto la Alianza Mexicana-Alemana de Cambio Climático, Lorena Gudiño Valdez; el coordinador de Recuperación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Gontrán Villalobos Sánchez; el titular de la Oficina de Representación de la Comisión Nacional Forestal en Guerrero, Carlos Toledo Manzur, y el rector de la Universidad Loyola, Enrique Pasta Muñúzuri.
Asimismo, el coordinador del Instituto de Investigación Científica Área de Ciencias Naturales de la UAG, Octavio Klimek Alcaraz, académicos de Ciencias Químicas, la presidenta de Guerreros Verdes, Elena Khan, el oceanólogo Efrén Villalvazo, el coordinador operativo de Guerrero es Primero, Fernando Terrazas Sánchez, y la presidenta de la Asociación de Familias de Aca-pulco en Busca de sus Desapa-recidos, Emma Mora Liberato.

Se reúnen organizaciones beneficiadas del programa Resurge Guerrero de la ONU

Ramón Gracida Gómez

Ayer se llevó a cabo un encuentro en la Universidad Loyola del Pacífico de organizaciones beneficiarias de la convocatoria Resurge Guerrero, lanzada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Fomento Social Banamex y el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), entre otras asociaciones, con el fin de financiar proyectos de “recuperación integral y sostenible” tras los huracanes Otis y John.
El colaborador de Fomento Social Banamex, Sergio Moreno, comentó a El Sur que después del huracán Otis, esta asociación lanzó el programa 1×1 para apoyar a las comunidades afectadas, en el que también participaron, entre otras empresas, Fundación Coppel, Fundación Coca Cola, Fundación Compartamos, Fundación Estafeta, Cemex, así como la organización Cooperación Comunitaria.
Estos recursos fueron destinados a distintos proyectos de Acapulco y Coyuca de Benítez, pero después del huracán John en septiembre pasado, fueron incluidos municipios de la región Costa Chica y del estado de Oaxaca.
“Derivado de estos fenómenos y ante la dificultad de las organizaciones, de los grupos de trabajo, de las comunidades de acceder a recursos para su recuperación, para recuperar loperdido por las afectaciones”, Fomento Social Banamex, Cemefi, PNUD, Fundación Merced, entre otras organizaciones, juntaron una bolsa adicional de recursos.
De esta forma, explicó Sergio Moreno, se lanzó en agosto pasado la convocatoria Resurge Guerrero para “la recuperación integral y sostenible de las afectaciones” en la que fueron invitadas más de 200 instituciones.
Las instituciones invitadas participaron en diversos foros “para ver la atención a las comunidades convocados por distintas autoridades”, lo que se concretó en 31 propuestas, de las cuales fueron seleccionadas de manera colegiada 18 proyectos de hasta 500 mil pesos cada uno, lo que resulta en un apoyo total de 9 a 10 millones de pesos.
Las organizaciones de estas 18 iniciativas se reunieron ayer en un auditorio de la Universidad Loyola del Pacífico “para ver las gestiones de los recursos para la operación de los proyectos” en Acapulco, Coyuca de Benítez y San Marcos, entre los participantes estuvieron Guerrero es Primero y la Universidad Campesina del Sur (Unicam-Sur).
Fomento Social Banamex apoya directamente 11 proyectos, de los cuales ocho son para la “recuperación económico productiva, y tres proyectos de agua y saneamiento”, dijo Sergio Moreno.
En la reconstrucción de los municipios afectados por los huracanes, indicó, “la participación de las organizaciones de la sociedad civil es muy importante porque por muy buenas intenciones que tenga el Estado, luego no cuentan con los recursos suficientes para atender las necesidades de la población”.
Las asociaciones civiles “son instituciones que participan como aliados del Estado en apoyar a población vulnerable que queda fuera de las posibilidades de atención del Estado, es decir, creo que estamos atendiendo un sector que en principio queda al margen de diferentes apoyos, de diferentes programas por su misma situación”.
Estos sectores, agregó, es importante “visibilizarlos y poder apoyar al Estado, pero también a que se generen políticas adecuadas para este tipo de casos, para este tipo de sector que, por ejemplo, en Cacahuatepec tiene más de 20 años de afectación”, en referencia al conflicto del proyecto hidroeléctrico La Parota.
El colaborador de Fomento Social Banamex especificó que la convocatoria Resurge Guerrero fue lanzada a la par de otros proyectos que ya tenían avance como la entrega de maíz para consumo en comunidades de Coyuca de Benítez y Acapulco, específicamente en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, apoyo registrado en estas páginas en distintas ocasiones.

Hay “problemas económicos” pero la Loyola regresa a clases virtuales, asegura el rector

Ramón Gracida Gómez

El rector de la Universidad Loyola del Pacífico, Enrique Pasta Muñúzuri, declaró que la escuela tiene “problemas económicos”, una posible disminución de 15 por ciento en la matrícula y una reconstrucción aún en proceso, pero volverán a clases virtuales el 29 de enero y eventualmente serán presenciales.
En entrevista con El Sur, Pasta Muñúzuri reivindicó la vigencia del proyecto educativo jesuita en el municipio después del huracán Otis, porque aún resulta atractivo para las familias porteñas, además, que busca incidir en la sociedad y decenas de estudiantes de la Universidad Americana de Acapulco (UAA) ya buscan revalidar sus estudios en esta escuela, por lo que se espera mantener una matrícula similar a la del inicio del año escolar.
La Universidad Loyola del Pacífico fue inaugurada en agosto de 1992, con el fin de que “las familias no tuvieran que mandar a sus hijos a estudiar fuera, con el grave de riesgo de que se fueran y se quedaran afuera, y no regresara la gente preparada y educada a su terruño”, indicó Pasta Muñúzuri.
Transcurría el último año de gobierno de Francisco Ruiz Massieu, quien promovió la educación superior privada, cuando sólo existía la opción de estudiar este nivel en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG). En ese contexto, nacen dos de las universidades privadas más grandes del municipio, la Loyola y la UAA, esta última inició actividades en 1991, y hace unas semanas anunció su cierre por las afectaciones de Otis.
El proyecto inicial de la Loyola era una escuela de educación superior, pero los cambios tecnológicos y el aumento de la oferta educativa obligaron a extender la oferta a nivel preparatoria en 2007 y secundaria en 2018.
Las instalaciones se ubican en la colonia Cumbres Llano Largo, a donde se llega después de recorrer una parte de la avenida Escénica y luego de subir la avenida Heroico Colegio Militar. En el camino todavía hay muchos árboles caídos, que recuerdan a lo que fue una imagen generalizada en los primeros días después del huracán Otis.
“La Loyola se ha distinguido siempre y es uno de nuestros grandes atractivos, pues que estamos en una cañada llena de árboles, de vegetación. Entonces, se cayeron muchos árboles y las ramas y demás generaron un montón de basura”, contó el rector este viernes, 80 días después del impacto de Otis.
Su oficina luce ordenada, su escritorio, su librero, su mesa donde platicó con El Sur, junto con la coordinadora de Comunicación Institucional, Liliana Hernández. En general, todo el edificio no parece dañado, pero apenas fue rehabilitado la semana pasada.
En contraste, el edificio de enfrente, que alberga los salones de nivel licenciatura, concentra una gran parte de los daños. Se rompieron las ventanas y los salones aún están desordenados. Otros edificios más pequeños también resultaron severamente afectados y hasta donde había salones sólo queda el piso.
Pasta Muñúzuri, ingeniero civil de profesión, contó que los últimos pisos son los más afectados por el material que tenían, multipanel, “es un sandwich de lámina y lámina y poliestireno en medio. Muy económico, muy fácil de montar y como no teníamos mucho dinero hace 31 años, nosotros decidimos usarlo, en el comité que construyó la Loyola, yo con mi empresa constructora físicamente hice la chamba”.
La escuela tiene 550 estudiantes en los distintos niveles educativos y casi 100 trabajadores, una comunidad que respondió “positivamente” al huracán Otis, dijo Pasta Muñúzuri, porque muchos apoyaron en la limpieza durante los meses de noviembre y diciembre.
Varios trabajadores aún siguen despejando las áreas comunes, los salones, todo. El plan de reconstrucción va a comenzar con los edificios de secundaria y preparatoria, porque es más urgente que estén en un salón de clases, que un estudiante de universidad, que puede aguantar clases de forma remota, explicó el rector de la Loyola, que llegó al cargo en agosto de 2011, y vivió como todas las instituciones educativas, la adaptación de clases en línea por la pandemia.
Por ahora, los estudiantes tienen cursos virtuales para recuperar las clases que no hubo por Otis y el 29 de enero inicia el siguiente periodo. El plan es que en el transcurso del semestre se pueda transitar a una modalidad híbrida de clases, virtuales y presenciales, pero depende de los fondos que consiga la universidad.
Una iniciativa de egresados promueve la campaña 1000 x 1000, con lo que se pretende que cada persona aporte mil pesos para la reconstrucción; por su parte, las autoridades de la universidad van a buscar a empresas, por ejemplo, las propietarias dueñas de los hoteles, para convencerlos de “que la Loyola es una institución que debiera mantenerse viva en operación en Acapulco” y, por lo tanto, puedan aportar “algo”.
Se le mencionó el caso de la UAA, cuyos trabajadores protestan y los estudiantes buscan revalidar sus estudios. Pasta Muñúzuri se mostró empático con estas demandas y expuso que han recibido decenas de alumnos que buscan revalidar sus estudios en la Loyola, pero es la Secretaría de Educación Pública (SEP) la que finalmente va a decidir cuántas materias serán tomadas en cuenta como cursadas o no.
Dijo que la revalidación “sí es un problema, cuando cierras una universidad. Si la quieres cerrar correctamente, la tienes que cerrar en cuatro, cinco años, lo que duren tus planes de estudios. O sea, sí voy a cerrar, pero bueno voy a llevar a todo mi alumnado, voy a seguir ofreciendo, pero ya no voy a recibir alumnos de nuevo ingreso”.

Proponen familiares de desaparecidos en Iguala crear un grupo de reacción antisecuestro

Familiares de víctimas de desaparición forzada en el estado pidieron ayer en esta ciudad durante el foro convocado por la asociación civil Guerrero es Primero, la creación del Grupo Guerrero de Reacción Inmediata de Desaparecidos, en coordinación con autoridades de los tres niveles, universidades y asociaciones, para emitir alertas al momento de la desaparición o secuestro de personas.
Asimismo, en el encuentro en el auditorio de la Universidad Tecnológica de la Región Norte (UTRN) al que asistieron más de 100 familiares de víctimas de desaparición forzada de diferentes municipios del estado, en su mayoría del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala, la creación de una base de datos nacional “confiable” en el que se lleve un registro de muestras de ADN de los familiares y de los cuerpos que son recuperados en fosas clandestinas, a los que piden también que “se les ponga nombre y apellido”.
Asimismo, se planteó la creación de un instituto forense a través del cual se dé certeza a las familias, de que los cuerpos que les son entregados realmente son los de sus familiares desaparecidos, además de que a través de éste se dé agilidad a la identificación de los cuerpos recuperados en fosas clandestinas.
De acuerdo con información de dos de los coordinadores del encuentro, del comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala, Adriana Bahena y Jaime Betancurt, éste es el primero de cuatro foros que son convocados por la asociación civil Guerreros Primero, integrada por el Centro Lindavista, la Universidad Loyola del Pacífico, la Arquidiócesis de Acapulco, la Iglesias por la Paz y otras 50 organizaciones sociales, productivas y populares en las diferentes regiones de Guerrero.
Jaime Betancur, que se unió al comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala y a la búsqueda de fosas clandestinas para localizar a sus dos hijastros, indicó que los foros van encaminados a que sus propuestas sean incluidas en al Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, y se prevé que el próximo foro de seguimiento sea también en esta ciudad, entre el 11 y el 15 de febrero, y que el tercero sea en Ayutla.
El foro, en el que se esperaba la presencia del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl González Pérez, y del arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias, contó con la presencia del obispo de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel; de visitadores de la CNDH; de los regidores perredistas del Ayuntamiento de Iguala Martha Todd Mena, Ednali López y Mauricio González Razo.
También asistieron, la activista y ex regidora del PRD en Iguala, Sofía Mendoza, pareja del asesinado líder de la Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona; integrantes de la Organización de Pueblos Indígenas Me’paah (OPIM); y de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, representada por su secretaria, María Magdalena López.
Asimismo, asistieron más de 100 familiares de víctimas de desaparición forzada de los municipios de Iguala, Teloloapan, Chilapa, Acapulco, Cocula, Altamirano, Chilpancingo, Ayutla y Cuernavaca.

Más de 450 desaparecidos

Una de las representantes del comité de Los Otros Desaparecidos, Adriana Bahena, que tiene desaparecido a su esposo desde hace cinco años, dijo que son más de 450 familias que tienen desaparecidos y que están registrados ante el comité de Iguala, y señaló que estos foros son también, “para sensibilizar a la población de lo que está pasando en Guerrero, y de los cientos de personas que están desaparecidas en Guerrero”.
Describió que tener a un familiar desaparecido, “es morir lentamente, a nosotros se nos mata a pausas, es una desesperación total”.
Pidió a la población “aprender a vivir y acercarse a Los Otros Desaparecidos, que puedan entender que no somos una bomba latente y que pueden prevenir lo que a mí me pasó, y que te puede pasar a ti mismo”, a quien dijo, la gente les huye por el temor de que algo les vaya a pasar.
Señaló que la mayoría del comité de Los Otros Desaparecidos son madres o esposas en edad avanzada, o que se quedaron con niños a los que ahora crían y sostienen solas.
Recordó que a más de un año de su surgimiento, el comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala ha logrado el hallazgo de 123 cuerpo que han sido exhumados de fosas clandestinas, y que ahora la petición a la Procuraduría General de la República (PGR) es que a esos cuerpos se les ponga nombre y apellido, para que los regresen a sus familiares.
Propuso la creación de un instituto forense con sede en Iguala que ayude a la identificación de cuerpos recuperados de entierros clandestinos y que dé a las familias la certeza de que los restos que les son entregados, afectivamente son de sus familiares, “porque nos ha tocado vivir en carne propia de cuerpos que se han entregado a sus familias y al año regresa con vida la muchacha de la que supuestamente habían entregado los restos”.
Criticó que los peritajes no se practican como deberían ser, y que las autoridades pretenden entregar los restos a las familias sólo para dar por concluidos sus casos.

Grupo de Reacción Inmediata

Durante el foro, se realizaron siete mesas de trabajo: Protocolos de reacción inmediata; área de búsqueda en la Fiscalía y apoyo a búsqueda ciudadana; medidas de prevención; las autoridades que los ciudadanos requieren en temas de seguridad pública; instituto forense; apoyo a necesidades de las familias y condiciones de vida digna.
Se plateó la creación del Grupo Guerrero de Reacción Inmediata de Desaparición, mediante el cual pretenden tener coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno, instituciones educativas, asociaciones civiles y organizaciones para difundir a través de redes sociales y emitir alertas cuando se registre alguna desaparición en cualquier parte del estado.
En la reunión, los familiares de desaparecidos denunciaron la falta de apoyos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Asimismo, pidieron a la CNDH, CEAV y Guerreros Primero, que intervengan a nivel nacional para hacer el estudio diagnóstico integral de las familias para que se les dé atención a sus necesidades económicas, sociales, culturales y de salud.

Familias de Acapulco en Búsqueda de sus Desaparecidos

El representante de la asociación Familias de Acapulco en Búsqueda de sus Desaparecidos, J. Guadalupe Téllez Castrejón, quien busca a su hijo José Alberto Téllez Mora, que tenía 14 años cuando fue secuestrado el 20 de septiembre de 2011 en Acapulco, planteó la creación de una base de datos a nivel nacional confiable, en la que se integren las muestras de ADN de todas las familias y que esta información pueda ser cruzada con los cuerpos que están siendo recuperados de fosas clandestinas en diferentes partes del país.
Narró que, tres meses después del secuestro de su hijo pagaron el rescate que les pidieron, los delincuentes les dijeron que en tres días lo dejaban en libertad, lo cual no cumplieron.
Dijo que presentaron las denuncias del secuestro de su hijo ante la Fiscalía Antisecuestros del estado y la PGR, pero hasta ayer no tenía ninguna información de la investigación, “las autoridades no hacen nada por buscar a nuestros desaparecidos, por lo que es necesario contar con una base de datos a nivel nacional”, detalló.
Informó que su hijo fue plagiado por la mañana cuando se dirigía a la escuela, y recordó que por este hecho hay seis personas, detenidas en mayo de 2012, que no quieren informar del paradero de su hijo.
Respondió, a pregunta hecha, que en esta asociación, la cual tiene poco tiempo de haber sido integrada por 20 familias de desaparecidos, se reúne los sábados en la arquidiócesis de Acapulco, “en Acapulco no son 20 los desaparecidos, podría decir que son cientos, y esperamos que en corto tiempo seamos más en la asociación civil”.

Analizan activistas del estado la necesidad de capacitar en derechos humanos a funcionarios

Activistas del Colectivo Guerrero es Primero discutieron y analizaron la creación de un instituto para la paz, un centro ciudadano de atención a víctimas, la necesidad de capacitar a los funcionarios en derechos humanos y el impulso de leyes anticorrupción.
A su segundo encuentro, en la Universidad Loyola del Pacífico, asistieron 40 integrantes de organizaciones sociales como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa, organizaciones de defensa de derechos humanos, representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de organizaciones campesinas, de la Iglesia católica y de las universidades privadas Loyola del Pacífico y Americana de Acapulco.
En la primera mesa de trabajo, se propuso crear un instituto o consejo de paz para construir habilidades e incidir de forma positiva sobre la violencia. La propuesta enviada por el padre Jesús Mendoza brindaría asesoría técnica a los distintos poderes y órdenes de gobierno, al mismo tiempo acompañando y fomentando procesos ciudadanos de participación.

Insisten en la necesidad de transparencia

En la mesa de Pobreza y desigualdad, se discutió la necesidad de que las instituciones sean más transparentes, que en las comunidades existan proyectos de desarrollo sustentable y que sean respetados los derechos humanos de manera integral para el acceso a la tierra, agua, vivienda y a los recursos públicos. Se propone asimismo, la renovación de las políticas públicas con otras perspectivas y rompiendo el actual sistema.
Ahí la ex subprocuradora Eliana García Lagunes propuso la creación de centro ciudadano de atención a víctimas en el estado, y la transversalidad de los derechos humanos, es decir de la deliberación y opiniones de educadores, padres de familia, miembros de la comunidad, de las iglesias, empresarios, estudiantes y otros sectores, además de una campaña amplia de difusión y capacitación de los derechos humanos a funcionarios que no conciben en su totalidad en qué consiste los derechos humanos.

Proponen un sistema estatal de búsqueda de desaparecidos y
que el gobierno reconozca
a las policías comunitarias

De igual manera, propuso un sistema estatal de búsqueda de personas desaparecidas que no existe en la Fiscalía General del Estado, así como la creación de un registro estatal de fosas comunes y clandestinas, la armonización de la investigación sobre tortura, tratos o penas crueles e inhumanos, o degradantes.
También la creación de un sistema autónomo de ciencia forense que, de forma independiente investigue las causas de las muertes; además de un modelo mixto de policía de proximidad estatal, municipal y unificada, y la conformación de un consejo ciudadano de seguridad pública, reformar la ley orgánica de la administración pública para la reestructuración de los sistemas de policías y los centros penitenciarios. Durante su intervención la ex funcionaria dijo que los políticos en la actualidad no asumen sus responsabilidad y han dejado la seguridad a los policías y a los militares.
Una de las participantes del municipio de Tecoanapa, quien no quiso dar su nombre, expresó también la necesidad de que el gobierno reconozca el modelo de la Policía Comunitaria, porque en su municipio, hace más de dos años que los civiles tomaron las armas para hacer frente a los delincuentes, y hay paz y una cierta tranquilidad, a diferencia de lo que pasa en las ciudades.
Otra propuesta que surgió en la mesa de análisis fue la creación de un centro de resguardo de restos encontrados en las fosas clandestinas, donde los familiares puedan ir a buscar a los suyos, y el empate de una base de datos.
En su intervención, la integrante del comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala, Adriana Bahena enfatizó la necesidad de un centro de resguardo donde se pueda encontrar los cuerpos de personas desaparecidas; recordó que el grupo ha encontrado en Iguala 120 cuerpos, de los cuales 18 han sido familiares de personas de la organización y los restantes están en proceso de identificación.
Dijo que el centro ayudaría a la recuperación de los restos, “lo que sería un triunfo para las familias”. También urgió la necesidad de fortalecer a las familias de los desaparecidos porque en la mayoría quedaron al frente mujeres hasta con siete hijos.

El Mando Único no garantiza que la policía no esté infiltrada, dice ex procuradora de la PGR

En declaraciones, la ex subprocuradora de Derechos Humanos, García Lagunes dijo que el problema con propuestas como el Mando Único es que atienden a una urgencia legislativa.
Indicó que el problema del Mando Único es cómo construir una supervisión ciudadana a la calidad de la gestión policial, “porque tú te puedes crear cualquier esquema, pero el problema es que nadie está haciendo una fiscalización de la calidad de la gestión, ni construyendo esquemas anticorrupción”, y que no está a debate la centralización del mando.
“Desapareces a la Policía Municipal, centralizas el mando a la Policía Estatal, pero quién te dice que la Policía Estatal no está tan infiltrada como la Policía Municipal. El problema no es quién tenga el mando, sino cómo generas contralorías sociales de anticorrupción en la policía, en los Ministerios Públicos y en las distintas instancias en donde se generan estas perversiones de corrupción e impunidad”, expresó.
“Es muy sencillo, si son policías certificadas por qué en el estado de Guerrero sigue habiendo una expansión de la violencia. Entonces no puedes decir que tienes policías certificadas, no puedes seguir siendo retórica, tiene que ser indicadores claros de evolución”, indicó.
Expuso que puede haber otras dependencias que pueden estar infiltradas sin tener relación directa con el sistema de seguridad, “estar pensando que los único que pueden estar como parte de la criminalidad son los servidores públicos vinculados con la justicia y la seguridad es un error”.
Ejemplificó que en los casos de Michoacán, donde la federación actuó con la ayuda de un comisionado, Morelos con el Mando Único y Guerrero con un esquema tradicional, han tenido una disminución en la incidencia delictiva, “en Guerrero… el homicidio doloso subió, de acuerdo a las cifras oficiales”, a mil 884 víctimas de enero a septiembre.
“Ahorita no hay ninguna comprobación, a nivel de indicadores, de evaluación de si la disminución de la violencia y la incidencia delictiva en estos estados fue por la intervención de un comisionado o fue por gracia del Espíritu Santo, sin Mando Único, en Guerrero que si bajo el índice delictivo, sobre todo en extorsión y secuestros, o porque en modelo bajo”.
Abundó que tampoco se puede seguir evaluando el índice delictivo que el gobierno reporta porque hay “una gran cifra negra que no queda contabilizada”.