Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) Archivos - El Sur Acapulco suracapulco I Noticias Acapulco Guerrero

Exigen ayuda para alimentación familiares de desaparecidos que ocupan la CEAV

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

Familiares de víctimas de desaparición forzada advirtieron que no desalojarán las oficinas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) hasta que se cumpla una serie de peticiones, fundamentalmente las medidas de ayuda.
De acuerdo con Luis de la Cruz, integrante del Movimiento por la Verdad y la Justicia de Familiares de Personas Desaparecidas de la Guerra Sucia de los Años 60, 70 y 80 del Siglo Pasado en el Estado de Guerrero, se encuentran en la disposición de liberar el inmueble, siempre y cuando se cumplan sus demandas.
“Estamos en la mejor disposición de liberar aquí este lugar siempre y cuando se cumplan las demandas de atención inmediata, que son las medidas de alimentación”, dijo Luis de la Cruz.
Desde el pasado viernes 17 de marzo, los manifestantes se posicionaron y tomaron las oficinas de la Comisión Ejecutiva, buscando una reunión con la comisionada Yuriria Rodríguez, que hasta el momento no se ha concretado.
De igual forma, de la Cruz reiteró que la condicionante para desalojar el edificio es que se paguen las medidas de alimentación y que se brinde apoyos para casos especiales, como el de una de sus compañeras que tuvo coronavirus y necesita oxígeno externo para mantenerse con vida.
“No vamos a liberar hasta que no se haya depositado la ayuda de las medidas de alimentación y estos casos”, indicó De la Cruz.
Respecto a la presentación del Informe Final de la Comisión de la Verdad de Guerrero, Luis de la Cruz dijo que desde su punto de vista, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) está más cercana al gobierno que a los familiares de las víctimas.
“La Comisión emitió un posicionamiento, yo casi le veo más para allá que para acá. Más al lado de la autoridad y menos al lado de nosotros. Sin embargo, yo también reconozco que la CNDH nos ha brindado apoyo en su momento, pero el pronunciamiento está equivocado”, opinó.
Añadió que continuarán los bloqueos y reafirmó que se mantendrán reteniendo las oficinas de la CEAV, además de que a partir de este jueves arribarán más personas.
“Vamos a seguir con los bloqueos y posiblemente se van a unir otros colectivos. Esta fiesta ya comenzó y vamos a bailar hasta a la 4T”, mencionó de la Cruz.
Por su parte, la representante legal, Delia Quiroz señaló un silencio administrativo de las autoridades correspondientes.
Además indicó que derribarán una escuela en Atoyac de Álvarez, pues presumen que ahí existen cuerpos de las personas desaparecidas, pero que están esperando el dinero para contratar máquinas con las cuales hacer excavaciones.
Llos cerca de 40 manifestantes mantienen un campamento dentro de las instalaciones de la CEAV de la Ciudad de México, inmueble que tienen cerrado y los trabajadores de la dependencia han pedido a la ciudadanía que visiten la sede alterna.

Incumple CEAV acuerdos con víctimas de la guerra sucia en El Quemado, denuncian

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Familiares de víctimas y sobrevivientes de la llamada guerra sucia, agrupados en el colectivo El Quemado, municipio de Atoyac, se reunieron el domingo y exigieron al gobierno federal que cumpla con una minuta de acuerdos en la que piden investigación, justicia y reparación del daño para las víctimas directas e indirectas de los crimenes ocurridos durante ese periodo.
Francisco Vargas Vinalay, una de las víctimas directas, dijo que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) federal, no ha cumplido con un pliego petitorio que aprobó el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador el año pasado.
Informó que a pesar de que los acuerdos están firmados en una minuta, “hasta ahora quedaron en puras promesas”.
Recordó que en esa reunión, el presidente López Obrador se comprometió con ellos con cuatro puntos; la reparación del daño a todas las víctimas; revisión de los expedientes de los que no están conformes con las “migajas que nos dieron”; que se tome en cuenta la reparación del daño a las víctimas indirectas, es decir, a los hijos de las víctimas directas; y, finalmente, que la reparación del daño sea integral.
Vargas Vinalay agregó que están esperando la respuesta porque cuando fueron a reclamarles a los responsables de la CEAV que no han cumplido la minuta, éstos quedaron de darles una respuesta en febrero, “lo cual vamos a esperar a ver qué pasa”.
En la reunión del domingo entregaron oficios y expedientes de las víctimas directas e indirectas que están respaldando la solicitud, “para que sepa Obrador cómo nos atiende la CEAV y que se informe, porque él, creemos, ni cuenta se da de la situación y si hay avances o no de la minuta que firmamos”, dijo Vargas Vinalay.
Agregó que la petición es que los apoye como se comprometió en una reunión que tuvieron y que le exija a la CEAV que cumpla con lo que les prometió.
Informó que los documentos los enviaron a través de la periodista Ernestina Aguilera Lucas, quien les prometió que iría a una de las conferencias matutinas del presidente en donde expondrá el caso y entregará los documentos.
Precisó que las víctimas directas son 79 en total, y de ellas sólo han recibido algún apoyo 40 y 39 siguen sin obtener algún beneficio, en tanto que las víctimas indirectas son más de 100 y tampoco han recibido alguna indemnización.
Agregó que también le expresaron su inconformidad por las cantidades que están recibiendo las víctimas indirectas como reparación del daño.
Puso como ejemplo su caso, que, reprochó, no está dentro de los parámetros internacionales, aseguró que ni 300 mil pesos le dieron y que, además, a pesar de que, independientemente de la represión que sufrió de manera directa, perdió a un hijo de seis meses de nacido cuando su esposa anduvo en búsqueda de los desaparecidos y anduvo luchando a favor de la gente que sufrió la persecución, “y a causa de eso perdió a mi hijo”.
“Dicen que nosotros estamos recibiendo todos los beneficios y los programas federales, lo cual es mentira, sólo por darle un ejemplo, nos dijeron que entre septiembre y octubre iban a acabar el libramiento que inicia de la escuela CBTIS de Atoyac a la salida de Cacalutla, pero no hay avances, y están estancados los trabajos, ya no trabajan.
Explicó que el libramiento es de menos de dos kilómetros, “y ni si quiera eso han terminado”. Aseguró que la obra es parte de los acuerdos que tuvieron con la gente de El Quemado y que la solicitud se hizo a través de la CEAV.

Está fortalecida para enfrentar la vida y lograr su sueño de ser maestra, dice Aurelia después de salir de la cárcel

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Con 23 años de edad, de los cuales tres años y dos meses pasó en prisión por un delito que no cometió, Aurelia García Cruceño, hablante del náhuatl y español, se dice fortalecida para enfrentar la vida en libertad y lograr su anhelo de ser maestra.
En entrevista telefónica sobre su nueva vida, tras la absolución que obtuvo del delito de homicidio en razón de parentesco, del que fue acusada después de un aborto en un parto fortuito el 2 de octubre de 2019, señaló que quiere trabajar y estudiar la preparatoria abierta.
No le teme al trabajo, pues desde pequeña ayudó a sus abuelos en las faenas de la casa y en el campo en Xochicalco, municipio de Chilapa.
Indicó que estudió hasta secundaria en Zizicazapa, a una hora caminando y media hora corriendo de Xochicalco; aunque intentó continuar la preparatoria en El Jagüey, su familia no tuvo dinero para cubrir el ingreso.
“Me quedé en mi pueblo, ayudando a mis abuelos, y a mis papás que también estaban ahí”, dijo
Fue en Xochicalco donde fue abusada sexualmente por una persona que debía cuidarla. Ahora y durante los siguientes años quiere olvidar la violencia que padeció entonces.
Ya se ha documentado que, al descubrirse embarazada, Aurelia huyó a casa de una tía a Iguala, donde tuvo un parto sin atención, que concluyó en un aborto.
Su tristeza aumentó cuando, de un cuarto de hospital la llevaron a prisión, sin entender la razón.
“En una celda estábamos cinco, los primeros días no podía salir, luego me dijeron que ya podía estar en el patio y ya podía hablar con mi familia (por teléfono). No podía creer que estaba en la cárcel” expresó.
Se adaptó para sobrevivir en el penal en donde conoció a otra mujer que fue acusada también por homicidio en razón de parentesco.
Explicó que antes de la defensa del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), el poder Judicial cambió dos veces a sus abogados, “yo confiaba en ellos, pensé que estaban haciendo bien las cosas”, indicó.
El resultado fue una sentencia de 13 años de prisión en un juicio abreviado, anulados en un proceso de apelación.
En la audiencia de fallo de reposición del juicio, donde la jueza Mariela Alfaro Zapata presentó los argumentos de la sentencia, Aurelia García Crucena, reconoció que tuvo miedo de que la declararan culpable, pero en la medida que avanzaba la lectura que señalaba “como ocurrieron las cosas”, recuperó la esperanza.
Aunque habla con fluidez el español, no pudo explicar en terminos su libertad. “Me sentí emocionada, cuando dijo que ya no iba a estar en la cárcel” dijo.
Admitió que aún tiene miedo, pero recibió muchos ánimos de sus compañeras, de su familia y de las activistas que abanderaron su causa, “tengo que salir adelante, no quiero ver atrás”.

María Onofre, otro caso como el de Aurelia: organizaciones

En el seguimiento del caso de Aurelia, la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres, el Observatorio de Violencias hacia las Mujeres, y el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio denunciaron que el gobierno del estado y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) no ha atendido las medidas de la Alerta por Agravio Comparado, para resolver y atender casos como el de Aurelia.
Recordaron que el TSJ debe hacer la revisión de expedientes de delitos de aborto y homicidio en razón de parentesco, que hasta hoy sólo han sido visibles las organizaciones de mujeres.
Indicaron que en las mesas de trabajo con autoridades presentaron también el caso de María Onofre Gómez, recluida en el mismo penal que Aurelia, bajo la misma acusación: homicidio en razón de parentesco.
Recordaron que, aunque se consiguió la libertad de Aurelia, aún quedan muchos pendientes por resolver para ella y las mujeres recluidas por algún delito relacionado con el aborto.
Subrayaron que justamente una de las medidas incluidas en la actualización de la Alerta por Violencia de Género contra las mujeres de Guerrero por agravio comparado, es la reparación del daño a mujeres en prisión por causas relacionadas con abortos, y garantías de no repetición.
También mencionaron que dan puntual seguimiento y están a la expectativa de cuáles serán las acciones que las instituciones responsables, como la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEAV), emprenderá para Aurelia, siendo paradójicamente una de las instituciones que la acusó.
Esto, porque abogados de la CEAV representaron la defensa del producto del embarazo, en el caso del Estado contra Aurelia.
Indicaron que son 13 medidas pendientes, relacionadas con la capacitación y profesionalización de servidores públicos en perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad, para dar un trato digno a las víctimas y a las defensoras, algo que carecen, como constataron en el juicio de Aurelia.
Urgieron al poder judicial a juzgar con perspectiva de género, y que abandonen “pensamientos misóginos” que criminalizan a las mujeres.
Finalmente, exigieron que se publique y se cumpla un plan de reparación del daño para Aurelia, y todas las mujeres que hayan perdido años de su vida, detenidas en prisiones por delitos que no cometieron.
Además, que no se criminalice a las defensoras, que, como en el caso de Aurelia, fueron obligadas a no hablar del caso en los medios, después de que fueron advertidas por la juez, que serían acusadas de obstrucción a la justicia.

Piden vecinos de La Laguna, Coyuca de Catalán, que el gobierno reconozca a los desplazados

Una comisión de desplazados de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, y el director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández, se reunieron este jueves con el subsecretario de Asuntos Políticos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, David Sotelo Rosas, a quien plantearon sus demandas.
El director del Centro Morelos, informó que también solicitaron al subsecretario que el gobierno del estado, “se pronuncie y reconozca públicamente a las familias desplazadas como víctimas de desplazamiento”.
Explicó que es importante que el gobierno del estado dé ese reconocimiento, porque “hoy parece que existe una postura de mantener invisibilizado el problema de desplazamientos por la violencia que se vive en la entidad”.
Recordó que la Ley 487 reconoce que hay en Guerrero el problema de desplazados, pero que se requiere un pronunciamiento explícito del gobierno, porque la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) está tratando de incorporar el problema del desplazamiento para que las familias puedan acceder como víctimas a los apoyos que desde esa comisión se dan.
Asimismo, a nombre de los habitantes de Quetzalcoatlán, municipio de Zitlala, Olivares Hernández planteó un pliego petitorio de las 11 familias de esa localidad que tienen que ver con apoyos para su sobrevivencia y garantías de seguridad.
A la reunión de ayer acudirían dos representantes de esa localidad nahua, pero a última hora decidieron no viajar debido a que el gobierno del estado no les proporcionó las medidas cautelares que solicitaron ante el riesgo de ser atacados en el camino por sus vecinos de Tlaltempanapa, que los tienen amenazados y que ya irrumpieron el 6 de enero del año pasado, cuando mataron a seis vecinos.
Entrevistado al final de la reunión en la oficina del funcionario, el director del Centro Morelos, Olivares Hernández informó que plantearon las necesidades que tienen los distintos grupos de desplazados en el estado, “en primer lugar expusimos las necesidades de las familias de Quetzalcoatlán, la alta vulnerabilidad en que se encuentran y el inminente riesgo de que pudieran sufrir algún ataque del grupo que ya los agredió una vez”, dijo.
Explicó que le manifestaron al funcionario, principalmente, la falta de agua y víveres para su sobrevivencia.
En la reunión estuvieron los representantes de las familias desplazadas de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, una de ellas, Catalina Pérez Duque, quien encabeza a los refugiados en las comunidades de Tepango y La Unión, municipio de Ayutla.
Olivares Hernández informó que las familias reclamaron su derecho a la educación, vivienda, tierras para sembrar, empleos y proyectos, “planteamos de manera muy precisa las necesidades urgentes que tiene cada familia”, dijo.
Sin embargo, se quejó de que no hubo respuestas puntuales y precisas del funcionario, y que sólo se comprometió a gestionar ante las diferentes secretarías del gobierno estatal para que sean las dependencias correspondientes las que respondan en otra reunión interinstitucional que se programará después.
“Cada una de las demandas se van a tratar en las diferentes secretarías y finalmente terminaremos recibiendo respuesta en una reunión interinstitucional, donde estarán presentes cada una de las dependencias”, dijo Olivares.
Aclaró que no se definió una fecha para esta reunión porque todo dependerá de la agilidad con que contacte a los funcionarios la subsecretaría de Asuntos Políticos, “ojalá no pase de unos 15 días, para que podamos reunirnos nuevamente”, declaró.

Investiga ya la PGR las amenazas a integrantes de Los Otros Desaparecidos de Iguala, informan

Familiares de víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala, informaron en la asamblea de este martes que la Procuraduría General de la República (PGR) ya investiga la supuesta amenaza a integrantes de este grupo, que se difundió a través de redes sociales y medios locales el martes de la semana pasada.
En la asamblea en el sótano de la parroquia de San Gerardo, como lo hacen cada martes, representantes del comité desmintieron que haya familiares que estén huyendo de la ciudad ante esta supuesta amenaza, y de acuerdo con la lista de asistencia de la reunión de ayer, hubo 130 familiares de desaparecidos, más que en reuniones anteriores a la difusión del mensaje.
El martes de la semana pasada, a través de una cuenta de Facebook se difundió un mensaje en el que se amenazaba a familiares de Los Otros Desaparecidos, principalmente a integrantes de la brigada de búsqueda, a quienes advertían que abandonaran la ciudad.
El supuesto mensaje, que fue retomado de unan página con nombre de usuario “Caballeros Rojos”, fue difundido en medios locales.
Ayer, en la asamblea no se habló del asunto, y se dio prioridad a la entrega de documentos que les pide a los familiares la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), para la entrega de recursos económicos del programa de alimentación.
Integrantes de la mesa directiva, de quienes se omite su nombre por su seguridad, informaron que tras la difusión del mensaje, representantes de la PGR dieron inicio a las investigaciones para determinar el origen de la supuesta amenaza, y negaron que las Familias estén huyendo a causa de este mensaje.
Ayer, como cada martes, tanto dentro como fuera de las instalaciones de la iglesia de San Gerardo se vio la vigilancia de policías federales fuertemente armados, aunque no llegaron a la reunión representantes de la PGR.
Una de las fuentes declaró que, desde que sus familiares fueron desaparecidos ellos viven con temor y han incrementado sus medidas de auto cuidado, que coincide con la violencia que se vive en el estado.
“Nosotros no buscamos culpables ni justicia por la desaparición de nuestro familiar, sólo buscamos recuperarlo para darle una sepultura digna”, dijo uno de los representantes del comité.

Definirán mañana el calendario para buscar a sus parientes en vida, anuncian

Por otro lado, una de las coordinadoras del grupo informó que será este jueves la reunión con la fiscal para la Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, para definir la calendarización del plan de búsqueda en vida de sus desaparecidos, que se hará de septiembre a diciembre próximos.
En éste, dijo la fuente, piden que se incluya la búsqueda en penales del estado y de otras entidades, en instalaciones forenses de Guerrero; asimismo, piden que se busquen restos humanos en las minas de Taxco y el pozo Meléndez.

Proponen familiares de desaparecidos en Iguala crear un grupo de reacción antisecuestro

Familiares de víctimas de desaparición forzada en el estado pidieron ayer en esta ciudad durante el foro convocado por la asociación civil Guerrero es Primero, la creación del Grupo Guerrero de Reacción Inmediata de Desaparecidos, en coordinación con autoridades de los tres niveles, universidades y asociaciones, para emitir alertas al momento de la desaparición o secuestro de personas.
Asimismo, en el encuentro en el auditorio de la Universidad Tecnológica de la Región Norte (UTRN) al que asistieron más de 100 familiares de víctimas de desaparición forzada de diferentes municipios del estado, en su mayoría del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala, la creación de una base de datos nacional “confiable” en el que se lleve un registro de muestras de ADN de los familiares y de los cuerpos que son recuperados en fosas clandestinas, a los que piden también que “se les ponga nombre y apellido”.
Asimismo, se planteó la creación de un instituto forense a través del cual se dé certeza a las familias, de que los cuerpos que les son entregados realmente son los de sus familiares desaparecidos, además de que a través de éste se dé agilidad a la identificación de los cuerpos recuperados en fosas clandestinas.
De acuerdo con información de dos de los coordinadores del encuentro, del comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala, Adriana Bahena y Jaime Betancurt, éste es el primero de cuatro foros que son convocados por la asociación civil Guerreros Primero, integrada por el Centro Lindavista, la Universidad Loyola del Pacífico, la Arquidiócesis de Acapulco, la Iglesias por la Paz y otras 50 organizaciones sociales, productivas y populares en las diferentes regiones de Guerrero.
Jaime Betancur, que se unió al comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala y a la búsqueda de fosas clandestinas para localizar a sus dos hijastros, indicó que los foros van encaminados a que sus propuestas sean incluidas en al Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, y se prevé que el próximo foro de seguimiento sea también en esta ciudad, entre el 11 y el 15 de febrero, y que el tercero sea en Ayutla.
El foro, en el que se esperaba la presencia del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl González Pérez, y del arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias, contó con la presencia del obispo de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel; de visitadores de la CNDH; de los regidores perredistas del Ayuntamiento de Iguala Martha Todd Mena, Ednali López y Mauricio González Razo.
También asistieron, la activista y ex regidora del PRD en Iguala, Sofía Mendoza, pareja del asesinado líder de la Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona; integrantes de la Organización de Pueblos Indígenas Me’paah (OPIM); y de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, representada por su secretaria, María Magdalena López.
Asimismo, asistieron más de 100 familiares de víctimas de desaparición forzada de los municipios de Iguala, Teloloapan, Chilapa, Acapulco, Cocula, Altamirano, Chilpancingo, Ayutla y Cuernavaca.

Más de 450 desaparecidos

Una de las representantes del comité de Los Otros Desaparecidos, Adriana Bahena, que tiene desaparecido a su esposo desde hace cinco años, dijo que son más de 450 familias que tienen desaparecidos y que están registrados ante el comité de Iguala, y señaló que estos foros son también, “para sensibilizar a la población de lo que está pasando en Guerrero, y de los cientos de personas que están desaparecidas en Guerrero”.
Describió que tener a un familiar desaparecido, “es morir lentamente, a nosotros se nos mata a pausas, es una desesperación total”.
Pidió a la población “aprender a vivir y acercarse a Los Otros Desaparecidos, que puedan entender que no somos una bomba latente y que pueden prevenir lo que a mí me pasó, y que te puede pasar a ti mismo”, a quien dijo, la gente les huye por el temor de que algo les vaya a pasar.
Señaló que la mayoría del comité de Los Otros Desaparecidos son madres o esposas en edad avanzada, o que se quedaron con niños a los que ahora crían y sostienen solas.
Recordó que a más de un año de su surgimiento, el comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala ha logrado el hallazgo de 123 cuerpo que han sido exhumados de fosas clandestinas, y que ahora la petición a la Procuraduría General de la República (PGR) es que a esos cuerpos se les ponga nombre y apellido, para que los regresen a sus familiares.
Propuso la creación de un instituto forense con sede en Iguala que ayude a la identificación de cuerpos recuperados de entierros clandestinos y que dé a las familias la certeza de que los restos que les son entregados, afectivamente son de sus familiares, “porque nos ha tocado vivir en carne propia de cuerpos que se han entregado a sus familias y al año regresa con vida la muchacha de la que supuestamente habían entregado los restos”.
Criticó que los peritajes no se practican como deberían ser, y que las autoridades pretenden entregar los restos a las familias sólo para dar por concluidos sus casos.

Grupo de Reacción Inmediata

Durante el foro, se realizaron siete mesas de trabajo: Protocolos de reacción inmediata; área de búsqueda en la Fiscalía y apoyo a búsqueda ciudadana; medidas de prevención; las autoridades que los ciudadanos requieren en temas de seguridad pública; instituto forense; apoyo a necesidades de las familias y condiciones de vida digna.
Se plateó la creación del Grupo Guerrero de Reacción Inmediata de Desaparición, mediante el cual pretenden tener coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno, instituciones educativas, asociaciones civiles y organizaciones para difundir a través de redes sociales y emitir alertas cuando se registre alguna desaparición en cualquier parte del estado.
En la reunión, los familiares de desaparecidos denunciaron la falta de apoyos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Asimismo, pidieron a la CNDH, CEAV y Guerreros Primero, que intervengan a nivel nacional para hacer el estudio diagnóstico integral de las familias para que se les dé atención a sus necesidades económicas, sociales, culturales y de salud.

Familias de Acapulco en Búsqueda de sus Desaparecidos

El representante de la asociación Familias de Acapulco en Búsqueda de sus Desaparecidos, J. Guadalupe Téllez Castrejón, quien busca a su hijo José Alberto Téllez Mora, que tenía 14 años cuando fue secuestrado el 20 de septiembre de 2011 en Acapulco, planteó la creación de una base de datos a nivel nacional confiable, en la que se integren las muestras de ADN de todas las familias y que esta información pueda ser cruzada con los cuerpos que están siendo recuperados de fosas clandestinas en diferentes partes del país.
Narró que, tres meses después del secuestro de su hijo pagaron el rescate que les pidieron, los delincuentes les dijeron que en tres días lo dejaban en libertad, lo cual no cumplieron.
Dijo que presentaron las denuncias del secuestro de su hijo ante la Fiscalía Antisecuestros del estado y la PGR, pero hasta ayer no tenía ninguna información de la investigación, “las autoridades no hacen nada por buscar a nuestros desaparecidos, por lo que es necesario contar con una base de datos a nivel nacional”, detalló.
Informó que su hijo fue plagiado por la mañana cuando se dirigía a la escuela, y recordó que por este hecho hay seis personas, detenidas en mayo de 2012, que no quieren informar del paradero de su hijo.
Respondió, a pregunta hecha, que en esta asociación, la cual tiene poco tiempo de haber sido integrada por 20 familias de desaparecidos, se reúne los sábados en la arquidiócesis de Acapulco, “en Acapulco no son 20 los desaparecidos, podría decir que son cientos, y esperamos que en corto tiempo seamos más en la asociación civil”.

Dan cinco organizaciones nacionales respaldo jurídico a Los Otros Desaparecidos de Iguala

Representantes de cinco organizaciones nacionales de defensa de derechos humanos dan su respaldo jurídico a familiares de víctimas de desaparición forzada del comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala que ha logrado, en 14 meses, el hallazgo y recuperación de 123 cuerpos.
En la asamblea de ayer en el sótano de la parroquia de San Gerardo, representantes de las organizaciones Red de Enlaces Nacionales y la asociación Familias en Búsqueda María Herrera, se reunieron con unos 100 familiares de desaparecidos del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala.
“Ustedes son los expertos en las búsquedas, no la PGR”, les dijo a Los Otros Desaparecidos el representante de la Red de Enlaces Nacionales, Juan Carlos Trujillo Herrera en referencia a los 123 cuerpos que han hallado y recuperado de fosas clandestinas en 14 meses desde su integración.
En la asamblea, las organizaciones de familiares de desaparecidos en el país y de defensores de derechos humanos Red de Enlaces Nacionales, la asociación Familiares en Búsqueda María Herrera, la Comisión Mexicana de Promoción de Derechos Humanos, Idheas, Litigio Estratégico y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) dieron su respaldo a Los Otros Desaparecidos de Iguala.
Trujillo Herrera dijo que el comité de Iguala tiene lo que ningún otro comité de víctimas en el país tiene, que es la fuerza y el respaldo jurídico de cinco organizaciones de defensa de derechos humanos, “que ustedes les pueden sacar una muy buena ruta jurídica en base a sus principales necesidades que tengan”.
Informó que la reunión del jueves en la ciudad de México, que se realizará cada dos meses, incluyó a organizaciones nacionales de desaparecidos y organizaciones de derechos humanos con funcionarios del gobierno de Guerrero encabezados por su secretario de Gobierno de Guerrero, Florencio Salazar Adame, y representantes de la PGR, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), la Secretaría de Gobernación y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Dijo que con el “arropamiento” de las cinco organizaciones de defensa de derechos humanos se buscará que sean autorizados como asesores jurídicos externos de Los Otros Desaparecidos, para que los puedan representar y obligar al gobierno mexicano a que hagan una ruta jurídica de investigación en vida de los desaparecidos, y se les sigan generando las condiciones para continuar su búsqueda de fosas clandestinas.
Dio a conocer que, “la PGR, en voz de Joaquín (Torrez Osorno), reconoció que los expertos son ustedes, ante todas las instituciones, en las búsquedas de fosas, por esa desobediencia marcada, y que ellos están muy atrás de la realidad de buscar y encontrar”.
Informó que, a partir de este lunes la ex subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR, Eliana García Laguna se integró a la asociación Familiares en Búsqueda, “para seguir dando la batalla”.
Ayer, en el patio de la parroquia de San Gerardo, las organizaciones entregaron una camioneta pick up a los familiares de Los Otros Desaparecidos, que se adquirió con recursos donados en la parroquia de Cuajimalpa, estado de México, y que servirá a los familiares para continuar su búsqueda de fosas clandestinas; también se anunció la entrega de una segunda camioneta, adicional a la que la PGR dará en comodato cada domingo, con chofer y gasolina, para su búsqueda de fosas.

Urgen familiares al gobierno estatal a crear la comisión sobre los desaparecidos en Chilapa

La organización civil Siempre Vivos urgió al gobierno del estado la creación y el inicio de operaciones de la comisión especial para investigar los casos de sus familiares desaparecidos en Chilapa.
Informó que, a ocho meses de que se organizaron no tienen información de 57 casos registrados entre 2014 y 2015.
Asimismo, integrantes de la organización exigieron al gobernador, Héctor Astudillo Flores, implementar un operativo de búsqueda en esta región similar al de Tierra Caliente para localizar a los vecinos de Arcelia y Ajuchitlán secuestrados y levantados la semana pasada.
Ayer, el grupo de familiares que desde mayo de 2015 inició la búsqueda de sus parientes y el registro de otros casos, informó que tras una evaluación, siguen como iniciaron, en la incertidumbre, sin que las autoridades ministeriales del estado y la federación les hayan informado algún avance en las investigaciones.
La organización tiene documentados los casos de 57 vecinos de la cabecera municipal de Chilapa desaparecidos des

de abril de 2014; el último es del 25 de noviembre de 2015.
Sus registros con denuncia ministerial indican que 16 casos ocurrieron del 9 al 14 de mayo, cuando unos 300 habitantes, comisarios y civiles armados de localidades del sur del municipio tomaron el control de las calles de Chilapa en busca de líderes de la delincuencia. De estos, 14 fueron denunciados ante el Ministerio Público federal.
Los integrantes de Siempre Vivos demandaron al gobernador Héctor Astudillo un operativo como el que implementaron en La Tierra Caliente con 500 policías, ahora para dar con sus familiares en Chilapa.
Recordaron que hicieron esa petición desde mayo al entonces gobernador, Rogelio Ortega Martínez y al comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos.
Asimismo, dijeron desconocer cuál es el avance de la creación de la comisión especial para la atención de los casos de desaparecidos en Chilapa que anunciaron el mandatario estatal, Héctor Astudillo, y el fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez. Mientras no se instale, indicaron, no hay certeza de que estén investigando.

“Seguimos exigiendo, como desde el primer momento, la búsqueda y localización de los desaparecidos y que empiece a operar la comisión especial”, insistieron. Dijeron que tampoco tienen fecha para reunirse con el fiscal estatal.
Al término de una evaluación de resultados a ocho meses de búsqueda, los familiares concluyeron que están igual que como iniciaron, con nada.
“No hay información ni buena ni mala, no hemos sabido nada por parte de las autoridades. Los 57 casos están en ceros”, lamentaron.
A ocho meses, agregaron, no hay ni un solo familiar localizado, ni siquiera alguno de los vehículos en los que viajaban al momento de ser llevados por la fuerza.
En cuanto a la atención a las familias de las víctimas, informaron que han recibido 30 becas alimentarias de 2 mil pesos mensuales de los gobiernos municipal y estatal.
Además, dijeron, de la ayuda alimentaria

para otras familias, de mil a mil 500 pesos, de la Secretaria de Gobernación; mientras que representantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), según familiares de las víctimas, tienen más de un mes que no se han presentado y no han aportado los gastos de transporte.
La organización Siempre Vivos ya sufrió el asesinato de uno de sus activistas. Apenas el 22 de diciembre, Bernardo Carreto González, padre de tres hijos desaparecidos y hermano del ex director de la Policía de Chilapa, fue asesinado cuando regresaba a su comunidad, Ahuihuiyuco.

Exigen de nuevo familiares de desaparecidos en Chilapa a la CEAV que atienda sus casos

El vocero de los familiares de desaparecidos de la ciudad de Chilapa, José Díaz Navarro exigió que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) atienda realmente sus necesidades, pues desde su llegada sólo da atención psicológica y apoyo para trasporte.
Los familiares se han quejado de que han transcurrido siete meses y los apoyos ofrecidos a las familias por la CEAV se ha limitado a atención psicológica y apoyo para transporte, por un monto de 100 pesos para las familias de la cabecera municipal y de 160 para las de las comunidades.
No es la primera vez que los familiares reclaman esta situación, en agosto denunciaron la ineficiencia de las dependencias responsables de antender los casos de sus desaparecidos.
Recalcaron a la CEAV que el dinero que les dan para transporte los miércoles, “no sirve para nada, ya que estamos viajando todos los días a Chilapa, y existe un desgaste económico para las familias”. Pese a estas denuncias públicas, la Comisión siguió dando sólo estos apoyos.
Díaz Navarro manifestó que la última vez que vino la CEAV a Chilapa fue el 16 diciembre, cuando les comunicó que ese sería el último día que acudirían a brindarles la atención psicológica y el apoyo para el transporte. El vocero dijo que están en espera del presupuesto del siguiente año para poderlos seguir apoyando y reprochó que la CEAV cada año reciba presupuesto para atender a las víctimas y no lo hagan.
El 22 de diciembre asesinaron al padre de tres desaparecidos entre el 9 y el 14 de mayo de 2015, Bernardo Carreto, que también formaba parte del comité de familiares de desaparecidos Siempre Vivos AC. Sin embargo, la CEAV tampoco se acercó a los familiares para brindarles apoyo.
La primera vez que el titular de la CEAV, Julio Hernández Barros, se reunió con familiares de desaparecidos en Chilapa, aseguró que coordinarían acciones de atención que están inscritas en la Ley General de Víctimas y que les darían atención psicológica y médica, y que ingresarán al Registro Nacional de Víctimas para tener derecho al fondo de reparación al término de la investigación.
Asimismo, les dijo que serían beneficiados con programas sociales de la Sedesol, proyectos productivos, que gestionarían becas ante la Secretaria de Educación Pública (SEP) y darían acompañamiento jurídico, todo de manera gratuita.
Desde hace siete meses familiares de desaparecidos se unieron para exigir la presentación de sus parientes, desde que en mayo ingresaron civiles armados de comunidades del sur de Chilapa y se reportó la desaparición de 16 vecinos.
Desde entonces, no tienen respuesta del paradero de sus familiares y tampoco han recibido los apoyos que han exigido a distintas dependencias.

Se reúnen el gobernador y el fiscal con familiares de desaparecidos en Chilapa; prometen una comisión especial

El gobernador Héctor Astudillo Flores y el fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez, se reunieron con familiares de desaparecidos de la región, y se comprometieron a formar la comisión especial para la atención de los casos de desaparecidos en Chilapa, que había prometido el gobernador desde octubre.
A siete meses de que familiares de desaparecidos en la ciudad comenzaron a exigir su presentación, el gobernador y el fiscal general se reunieron con ellos en la cabecera municipal.
Un día antes, el vocero de los desaparecidos, José Díaz Navarro anunció que el fiscal estaría en la ciudad para hablar con ellos, sin embargo no tenía confirmada la presencia del gobernador.
Aunque tenían programado el encuentro para las 10 de la mañana, cerca de las 2:20 de la tarde ambos funcionarios llegaron junto con el alcalde Jesús Parra García, y la diputada federal Verónica Muñoz Parra. La reunión tuvo lugar en el salón de fiestas y reuniones Mi Pueblito, donde se mantuvo una reunión a puerta cerrada.
Unos 40 minutos después, se abrió una rueda de prensa en la que Astudillo Flores señaló que en enero acudirá a Chilapa junto con el fiscal, para crear la comisión especial para la atención de los casos de desaparecidos en Chilapa.
Sin embargo, Héctor Astudillo Flores ya se había comprometido el 15 de octubre, cuando vino a la ciudad en calidad de gobernador electo, a crear esta comisión, y entonces aseguró que al tomar protesta regresaría a Chilapa con ese objetivo.
El gobernador dijo también que se creará un grupo especial de investigación sobre el paradero de los desaparecidos del 9 al 14 de mayo, cuando ingresaron a la ciudad civiles armados proveniente de comunidades del sur de Chilapa, que dijeron que venían en busca de delincuentes.
Manifestó que firmará una iniciativa para crear la comisión estatal de atención a víctimas, con funciones similares a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
El gobernador dijo que, independientemente de la creación de la comisión especial para atender los casos de desaparecidos en Chilapa, verán que desde la Fiscalía General del Estado (FGE) se cree un grupo institucional que esté permanentemente con los familiares.
Por otro lado, ordenó a Parra García que atendiera las demandas de los familiares, una de ellas la destitución del secretario de Seguridad Pública en el municipio, Juan Suástegui Epifanio.
“Yo le pido aquí al presidente municipal que cambie al secretario de Seguridad Pública, yo no veo porqué tenga que sostenerlo; cámbialo. Se originó un problema aquí, yo diría, presidente, que vea la manera de relevarlo que busque una persona que no genere inconformidad en la propia gente, yo te lo quiero pedir de la mejor manera, el asunto de los hilos negros, tanto el Ejército nacional, como la Marina, como la Policía Federal, están dispuestos a apoyar en los hilos negros”, remarcó Astudillo Flores, e insistió, “sé que el municipio es independiente pero yo creo que ante un señalamiento de que el secretario de seguridad no estuvo a la altura de las circunstancia (…) se tiene que relevar, te lo pido como gobernador”.
Ante la inconformidad de los familiares con el Ministerio Público del fuero común que no atiende adecuadamente a las víctimas, el gobernador instó a Xavier Olea en que lo cambien.
Otra de las quejas que manifestaron los familiares al gobernador es que, pese a la presencia del Ejército, la Policía Federal y la Policía Estatal, la violencia sigue en Chilapa y en Zitlala.
Indicó que este jueves tratará este tema con el grupo de Coordinación Guerrero, para que el Ejército y la Policía Federal, “también hagan algo más de lo que vienen haciendo”.
Una familiar exigió que acuda a la región la Marina, porque pese a la presencia de las tres corporaciones policiacas, continúa la violencia.
Sobre las deudas acumuladas por los familiares que se han dedicado a buscar a sus desaparecidos, que ascienden a 900 mil 400 pesos, el gobernador también ordenó al presidente municipal que atienda ese caso, y dijo que si no podía resolverlo, él lo haría.
El gobernador reprobó quevecinos de comunidades del sur de Chilapa se hagan pasar por policías comunitarios, “vinieron a hacer actos que todavía nos tienen en la situación de dolor, principalmente a las madres”.
Dijo que está pendiente del caso, que no es fácil, y pidió a los familiares que no pierdan la fe de que van a encontrar a sus desaparecidos.
Posteriormente, Díaz Navarro declaró que tienen un registro de 57 desaparecidos, sin embargo recordó que son más, 200 desaparecidos y 200 homicidios, pero que la mayoría de los familiares temen denunciar, se han ido del municipio o desconfían en las autoridades.