Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El asesor de las madres y los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra denunció que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, incumplió su compromiso de llegar “tope donde tope” hasta esclarecer el caso Ayotzinapa y faltó a su palabra aun cuando todos los datos apuntan a que el principal responsable es el Ejército.
Agregó que, frente a ello, ya no ven posibilidades de que el caso se esclarezca, “por el contrario, tememos que haya un cierre del caso, que haya una nueva verdad y que el gobierno avale que ya esclarecieron los hechos, y que diga que ya se sabe lo que pasó”.
Vidulfo Rosales habló del caso durante la presentación del 28 informe denominado 43: El naufragio por la verdad, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, organismo que da acompañamiento a las madres y padres de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos.
Explicó que en este informe se reseña cuando los padres emplazaron en Iguala a López Obrador a que se comprometiera públicamente a esclarecer el caso de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos.
“Y él respondió que iba a llegar hasta las últimas consecuencias, topara donde topara, tratárase de quien se tratara y que iba a pedir la coadyuvancia internacional” precisó.
Reconoció que lo último lo cumplió, porque están aquí los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEIE), además colabora la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y se creó la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, además de la Fiscalía Especial.
“Parecía que (el caso) avanzaba y había visos del esclarecimiento con la solicitud de las 83 órdenes de aprehensión que posteriormente resolvió otorgar un juez, dentro de ellas contra 20 militares de distintos rangos y cuyas acciones se estaban ejercitando”, recordó.
Pero dijo que la palabra del presidente se vio incumplida cuando todos los datos de prueba e indicios llevaron a establecer que la principal responsabilidad en la desaparición fue del Ejército mexicano.
“El Ejército fue un actor fundamental en la desaparición y hay responsabilidad directa, pero también hay conculcamiento de los elementos de prueba”, denunció.
Recordó que se estableció que el Ejército desde los días previos al 26 de septiembre del 2014 sabía perfectamente qué es lo que hacían los estudiantes porque les dio seguimiento.
“Supo perfectamente qué es lo que ocurrió, tiene y acumuló información que ahora nos ayudaría para esclarecer cabalmente los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre, pero por alguna razón que desconocemos ha ocultado esa información en sus archivos, a pesar de que ha recibido más de 30 oficios y hasta el presidente le ha solicitado que ponga a disposición de las autoridades la información, pero se ha negado”, denunció.
Insistió que hay datos relevantes que indican principalmente a elementos del 27 Batallón de Infantería de Iguala que tuvieron responsabilidad directa en la desaparición.
Pero añadió que “el Ejército se niega a que sus elementos sean colocados ante un juez para que se determine si tienen responsabilidad legal o no”.
Reiteró que cuando la responsabilidad “trascendente” iba sobre los del Ejército mexicano, la palabra del presidente de la República respecto a que iría contra quien fuera y contra quien se tratara, “resultó que ya no se pudo, y es ahí donde está incumpliendo su compromiso de ir tope donde tope y de procesar a quien sea. Como se trató del Ejército ahí no se pudo”.
Explicó que los elementos que hay al respecto es que cuando había órdenes de aprehensión contra elementos del Ejército, el gobierno, por una decisión política canceló 16 órdenes.
Rosales Sierra reveló que entre esas cancelaciones hay una contra un militar “de suma trascendencia y que tiene mucha responsabilidad”, pero aclaró que por cuestiones procesales no puede revelar el nombre.
Dijo que por eso “ya no vemos posibilidades de esclarecimiento, por lo menos en estos días, por el contrario, tememos que haya un cierre del caso, que haya una nueva verdad que el gobierno avale y que diga que ya esclareció los hechos, que ya se sabe qué es lo que pasó”.
Abundó que temen que esa decisión se base en el reciente informe de Alejandro Encinas en el que “al parecer” pretendían esclarecer los hechos.
Pero aclaró que nada más “hay un pequeño problema con ese informe; la columna vertebral está sustentado en los 147 chats o capturas de pantalla que al ser analizados por el GIEI resolvió que carecen de rigor probatorio y concluyó que es un montaje, porque esos 147 chats están sobrepuestos y son falsos, entonces, ¿cuál es el sustento de esa hipótesis que se tiene?.
Denunció que de parte de las actuales autoridades ha habido falta de la verdad y que los colectivos van a seguir en la lucha, “a seguir exigiendo, no vamos a claudicar y en la exigencia de que el presidente de la República cumpla con su palabra, y si en este sexenio no se puede esclarecer, la lucha va a continuar porque es un derecho legítimo y fundamental”.
Por su parte, el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández abundó que “lamentablemente” ni la Fiscalía está dispuesta a que se ejerzan las órdenes de aprehensión en contra de los 17 militares que están pendientes.
Además, agregó que “hay una línea fuerte y dura dentro del Ejército de no abrir los archivos y no proporcionar la información”.
“Lamentablemente hay un naufragio por la verdad, y se ha dado un golpe de timón en estos últimos meses”, denunció.
Uno de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, Mario García, dijo que hay muchas contradicciones en el caso, y que el presidente de la República le ha dado mucho poder el Ejército que ya es evidente que no va a contrariarse con él para que entregue la información que tanto ha pedido el GIEI.