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El espionaje del Ejército a defensores busca criminalizarlos, considera Manuel Olivares

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El ex director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández, uno de los defensores espiados por la 35 Zona Militar, de acuerdo a un informe oficial filtrado por el grupo Guacamaya, denunció que se trata de criminalizar y deslegitimar a los defensores.
El dirigente del Frente Nacional por la Liberación de los Pueblos (FNLP), Hoguer Morales Miranda advirtió que muchas veces la información de la que hace acopio el Ejército se usa para la fabricación de delitos, sobre todo, cuando los defensores y dirigentes de organizaciones sociales afectan los intereses del gobierno.
A su vez, el analista en materia de seguridad y asuntos de defensa nacional, Enrique Castillo González opinó que el Estado, “tiene la obligación de hacerse de información vital para el mantenimiento de la paz social y su estatus de Estado”, pero matizó que en el actual que empieza a vivir escenarios democráticos, “los maquiladores de información deben replantear sus misiones”, y hacer un análisis de qué es información vital para el Estado y qué es “un vil espionaje”.
Uno de los defensores espiados, de acuerdo a los documentos confidenciales de la 35 Zona Militar que forman parte de las filtraciones del grupo Guacamaya, es el director del Centro Morelos, Manuel Olivares Hernández.
En su “referencia personal”, que forma parte del documento se lee: Flujo de información de las S-2. Presentación para los comandantes de Pelotón de Información de las unidades operativas adscritas a la 35/a. Zona Militar, de fecha 10 de febrero del 2019, “ha sido el encargado de organizar en la región de la Montaña la propaganda subversiva donde convoca a los actos conmemorativos del Día Nacional del Héroe Guerrillero en México, cada 20 de noviembre”.
Consultado ayer por teléfono, informó que desde 1994 sabía que tenía una ficha en la que el gobierno lo involucraba en actividades subversivas, pero aclaró que, en realidad, actividades como la celebración del Día del Guerrillero eran actividades públicas promovidas por organizaciones democráticas para reivindicar a la gente que dio la vida luchando contra la opresión, como Emiliano Zapata, José María Morelos, Arturo Gámiz, Lucio Cabañas y Genaro Vásquez.
“Esto no es prueba suficiente para decir que se promovía la guerrilla, ni mucho menos”, dijo.
Explicó que lo que pasa es que el Estado mexicano y sus instituciones, incluido el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no toleran la disidencia ideológica y el cuestionamiento a las políticas económicas que aplican, “y obviamente no les gusta que la gente se organice para exigir el cumplimiento de sus derechos”.
Explicó que el problema es que, en su momento, esa estrategia la enfocan “para inhibir la organización y el activismo político social que muchos hemos realizado y que seguimos realizando, así como para amedrentar y espantar a quienes se atreven a luchar”.
Añadió que eso no es nuevo, y se usó en los regímenes anteriores “y hoy no es cierto que las cosas sean diferentes, que tengamos un gobierno que respeta los derechos humanos, que no reprime, que no persigue, es igual que antes”.
Aseguró que hoy “es lo mismo pero más barato, porque en muchos casos son los grupos de narco paramilitares los que se encargan del extermino de opositores al sistema”.
“Este es un gobierno que está retomando las viejas prácticas, y nos indica que la esencia de los gobernantes, sean del partido que sean, siempre va a ser en ese sentido: no permitir la lucha del pueblo, criminalizar, deslegitimar, incluso a través de la calumnia y la difamación tratan de desarticular a los diferentes movimientos sociales, llámense organizaciones sociales, u organismos civiles de derechos humanos”, indicó.
Añadió que la esencia del Estado y del presidente de la República sigue siendo la misma, “la del sometimiento, del control, la imposición, y el de no permitir voces disidentes”.
Olivares Hernández dijo que tal pareciera que hay temor a la organización del pueblo, que siga acumulando fuerza y en determinado momento hay un resurgimiento social, aunque admitió que actualmente “está muy disperso y limitado” porque el actual gobierno “fue capaz de desmovilizarlo y cooptar a muchos líderes, para garantizar estabilidad y las grandes empresas extractivistas y los megaproyectos se puedan desarrollar sin ninguna oposición”.
Opinó que el hecho de que muchos defensores de derechos humanos y comunicadores estén en situación de desplazamiento forzado interno, sin que haya esperanzas ni garantías de que un día retornen para continuar su labor, “nos muestra claramente cuáles son las intenciones y objetivos de este gobierno, por más que mucha gente esté contenta, finalmente, no es así, no es como debiera de ser”.

Muchas cosas de los informes “son mentiras que el mismo gobierno a través de su inteligencia militar va fabricando”

Consultado por separado, el dirigente del FNLP, Morales Miranda declaró que inteligencia militar siempre ha vigilado a los movimientos sociales, e investigado a los luchadores sociales y a los grupos armados, es decir, a la guerrilla.
“Esa información les sirve para la fabricación de delitos cuando sí les conviene, sobre todo cuando los dirigentes de organizaciones sociales tocan sus intereses, ya sea del propio gobierno en turno o de las transnacionales”, señaló.
Declaró que cuando las organizaciones empiezan a tocar sus intereses, “es cuando ellos (el gobierno) hacen uso de esa información para fabricar delitos para encarcelar a compañeros de manera injusta, todo por buscar una vida más digna”, dijo Morales Miranda quien ha encabezado movilizaciones por la libertad de presos políticos.
Aclaró que esta persecución se da mediante el espionaje a pesar de que como organizaciones sociales “no estamos cometiendo delito, cuidamos las formas de cómo actuar, precisamente para no darle pretextos al gobierno y quiera fincar delitos sin haberlos cometido”.
Según dijo, muchas de las cosas con las que se integran esos informes “son mentiras que el mismo gobierno a través de su inteligencia militar va fabricando, ni siquiera hacen su chamba como debiera de ser. Inventan cosas sin fundamento”.
Añadió que se enfocan principalmente contra quienes defienden el territorio, los bosques, los derechos humanos y buscan una vida mejor para todos, “y eso no es delito, pero ellos lo fabrican así”.
“La militarización de la Cuarta Transformación precisamente ha llevado a tratar de parar todo lo que es la lucha social”.
Añadió que por eso el gobierno federal insiste en que ya no debe de haber intermediarios y organizaciones sociales, “eso es parte del trabajo de inteligencia militar, contrarrestar toda actividad de la lucha social”.
Dijo que el gobierno sigue siendo el mismo, “no importa el color, siguen sirviendo a una élite de ricos y cuida sus intereses, una cosa es el discurso y otra son los hechos”.
Insistió, “aunque digan que no hay represión, la represión sigue, aunque digan que no hay espionaje, el espionaje sigue, aunque digan que las cosas están cambiando, no es cierto, aunque digan que no hay corrupción, sigue habiendo desde abajo hasta arriba. Esto no va a cambiar, a lo mejor su color sea diferente, pero sigue siendo lo mismo”.

Los órganos de captura de información deben ser muy cuidadosos en la depuración de sus datos

Por su parte, Enrique Castillo González, quien ha colaborado en áreas de comunicación social del Ejército, en Seguridad Pública y en la Fiscalía General del Estado (FGE), opinó que el Estado “tiene la obligación de hacerse de información vital para el mantenimiento de la paz social y su estatus de Estado”, pero admitió que en el actual Estado mexicano “que empieza a vivir escenarios democráticos, los maquiladores de información deben replantear su misión”, y hacer un análisis de qué es información vital para el Estado y qué es “un vil espionaje”.
Argumentó que el acopio de información se realiza porque el Ejército mexicano “es la institución que soporta no sólo al gobierno, sino al Estado mismo”.
“Creo que todo Estado tiene la obligación de hacerse de información vital para el mantenimiento de su paz social y de su propio estatus de Estado”, argumentó.
Explicó que el espionaje va encaminado a la búsqueda de mantener el control del Estado mismo.
“La inteligencia genera información, y esa información para que sea realmente inteligencia debe anticipar ciertas situaciones, de no anticipar no es inteligencia”.
Consideró que merece mucha atención “ahora que el Estado mexicano empieza a vivir en escenarios democráticos hacer un verdadero análisis de qué es información vital para el Estado y qué es un vil espionaje”.
Advirtió que los órganos de captura de información deben ser muy cuidadosos en la depuración de sus datos, “porque esos datos pueden funcionar para fines no del Estado”.

Es mediático el anuncio de seguridad para Chilapa del gobernador, advierte el Centro Morelos

El director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández opinó que la nueva operación militar y policiaca que anunció el lunes el gobernador Héctor Astudillo Flores, para “proteger” a los maestros y alumnos, se trata de un anuncio “mediático” y para crear “falsas expectativas”.
Declaró que está comprobado que el problema de la violencia en esta región del estado no es por falta de militares y policías, sino por la impunidad con que los gobiernos federal y estatal dejan actuar a los grupos del crimen organizado que se disputan el territorio.
El secretario técnico del Centro Morelos, organismo que acompaña los familiares de las víctimas de desapariciones, asesinatos y desplazamientos como consecuencia de la violencia, fue consultado después de la sesión del Grupo de Coordinación Guerrero en esta cabecera municipal.
“Nosotros consideramos que este tipo de operaciones de momento pudieran parecer buenas, pero a la larga van a ser un fracaso porque el riesgo no solamente es para los maestros y alumnos de la cabecera municipal (Chilapa), en donde se concentra a los militares y policías, las amenazas son para los maestros en general y no se está considerando vigilancia para los maestros de las comunidades”, advirtió.
Por eso, dijo que la operaciónno es garantía real de seguridad de todos los maestros y alumnos, “mucho menos para la ciudadanía en general, porque finalmente a principios de enero de 2016 se anunció un operativo con la participación de 3 mil militares y otras fuerzas policiacas, y eso no sirvió para que se detuvieran las ejecuciones o desapariciones”.
El defensor de derechos humanos dijo que no cree que ahora sea diferente, y que la presencia de militares y policías sirva para detener la criminalidad.
Afirmó que el gobierno está dejando de lado la prevención de la violencia que tiene que ver con políticas públicas que, para su aplicación, implicaría una consulta a todos los sectores para que ellos definan cómo quieren que se les dé seguridad.
“No es posible que se le siga apostando a la militarización cuando desde el 2006, cuando se declara la guerra al narcotráfico y a la delincuencia, y hasta la fecha, no podemos contar con policías seguros ni confiables”, cuestionó.
Se quejó de que los gobiernos federal y estatal no han tomado con seriedad el problema de la violencia, pero sobre todo, dijo que no se les ve oficio político ni voluntad para poder atender el problema.
Añadió que desde enero del año pasado cuando el gobierno anunció la participación de 3 mil 500 militares en una operación en Chilapa para combatir la violencia, se vio que el problema no es por la falta de militares y policías, sino por la impunidad con que los tres niveles de gobierno dejan actuar a los grupos del crimen organizado que se disputan el territorio.
“Creo que la garantía de seguridad pasa indudablemente por el combate a la corrupción, que es la que ha generado ese manto de impunidad con el cual se cubren los grupos de la delincuencia organizada”, acusó.
Cuestionó, lo primero que tendría que plantearse el gobernador es el combate a la corrupción, “y tendríamos que preguntarnos ¿qué alternativas o estrategias está ofreciendo Héctor Astudillo para acabar con la corrupción?”.
Insistió en que mientras no se combata la corrupción, la impunidad con que actúan los grupos criminales va a seguir, “y entonces todos los delincuentes saben que no van a ser castigados y que pueden seguir haciendo lo que quieran, y la ciudadanía va a seguir pagando las consecuencias”.
En este contexto dijo que la operación que anunció ayer el gobernador, es “mediática” de “falsas expectativas” y que lo que se prevé, “aunque a muchos no les guste, es que van a aumentar las violaciones a los derechos humanos”.

Piden vecinos de La Laguna, Coyuca de Catalán, que el gobierno reconozca a los desplazados

Una comisión de desplazados de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, y el director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández, se reunieron este jueves con el subsecretario de Asuntos Políticos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, David Sotelo Rosas, a quien plantearon sus demandas.
El director del Centro Morelos, informó que también solicitaron al subsecretario que el gobierno del estado, “se pronuncie y reconozca públicamente a las familias desplazadas como víctimas de desplazamiento”.
Explicó que es importante que el gobierno del estado dé ese reconocimiento, porque “hoy parece que existe una postura de mantener invisibilizado el problema de desplazamientos por la violencia que se vive en la entidad”.
Recordó que la Ley 487 reconoce que hay en Guerrero el problema de desplazados, pero que se requiere un pronunciamiento explícito del gobierno, porque la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) está tratando de incorporar el problema del desplazamiento para que las familias puedan acceder como víctimas a los apoyos que desde esa comisión se dan.
Asimismo, a nombre de los habitantes de Quetzalcoatlán, municipio de Zitlala, Olivares Hernández planteó un pliego petitorio de las 11 familias de esa localidad que tienen que ver con apoyos para su sobrevivencia y garantías de seguridad.
A la reunión de ayer acudirían dos representantes de esa localidad nahua, pero a última hora decidieron no viajar debido a que el gobierno del estado no les proporcionó las medidas cautelares que solicitaron ante el riesgo de ser atacados en el camino por sus vecinos de Tlaltempanapa, que los tienen amenazados y que ya irrumpieron el 6 de enero del año pasado, cuando mataron a seis vecinos.
Entrevistado al final de la reunión en la oficina del funcionario, el director del Centro Morelos, Olivares Hernández informó que plantearon las necesidades que tienen los distintos grupos de desplazados en el estado, “en primer lugar expusimos las necesidades de las familias de Quetzalcoatlán, la alta vulnerabilidad en que se encuentran y el inminente riesgo de que pudieran sufrir algún ataque del grupo que ya los agredió una vez”, dijo.
Explicó que le manifestaron al funcionario, principalmente, la falta de agua y víveres para su sobrevivencia.
En la reunión estuvieron los representantes de las familias desplazadas de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, una de ellas, Catalina Pérez Duque, quien encabeza a los refugiados en las comunidades de Tepango y La Unión, municipio de Ayutla.
Olivares Hernández informó que las familias reclamaron su derecho a la educación, vivienda, tierras para sembrar, empleos y proyectos, “planteamos de manera muy precisa las necesidades urgentes que tiene cada familia”, dijo.
Sin embargo, se quejó de que no hubo respuestas puntuales y precisas del funcionario, y que sólo se comprometió a gestionar ante las diferentes secretarías del gobierno estatal para que sean las dependencias correspondientes las que respondan en otra reunión interinstitucional que se programará después.
“Cada una de las demandas se van a tratar en las diferentes secretarías y finalmente terminaremos recibiendo respuesta en una reunión interinstitucional, donde estarán presentes cada una de las dependencias”, dijo Olivares.
Aclaró que no se definió una fecha para esta reunión porque todo dependerá de la agilidad con que contacte a los funcionarios la subsecretaría de Asuntos Políticos, “ojalá no pase de unos 15 días, para que podamos reunirnos nuevamente”, declaró.

Observan ONG limitaciones institucionales y colusión de autoridades con el crimen en casos de desaparecidos

El señalamiento del representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab en el sentido de que es “dramática” la situación de los desaparecidos en Guerrero y “preocupante” la “debilidad institucional” para atender los casos, debe servir para que el gobierno incluya en su agenda el grave problema, coincidieron representantes de organismos civiles de derechos humanos.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández declaró que la opinión del enviado de la ONU “coloca el tema en el centro de la agenda pública”, y que ahora lo principal es que el gobierno determine cómo garantizar una atención digna a los familiares de quienes están siendo víctimas de desapariciones.
Mientras tanto el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández expresó que la percepción que se lleva Jan Jarab sobre el problema de los desaparecidos en Guerrero, es a raíz de los testimonios de los familiares de las víctimas que recibió el martes en Chilpancingo y el miércoles en Chilapa.
Barrera Hernández agregó que la declaración del representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas viene a reafirmar lo que han venido denunciado los familiares de los desaparecidos mediante diferentes formas para que se atiendan sus reclamos, y se garantice la búsqueda, pero que no les han hecho caso las autoridades estatales.
Dijo que los reclamos que oyeron de familiares y colectivos durante la visita del Alto Comisionado y del visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Ismael Eslava Pérez, es una expresión del drama al que se enfrentan a diario, pero que lamentablemente las autoridades no han tenido sensibilidad para atenderlos.
“Hace falta oficio político desde la perspectiva de los derechos humanos, y la visita fue con el fin de alertar al gobierno de que aquí hay una grave violación de derechos humanos, y no se ve una estrategia clara para revertir esta situación de descomposición”, declaró.
Añadió: “qué bueno que levantó la voz en nombre de las víctimas, y fue significativo que haya venido una representación de la CNDH porque tiene el objetivo de darle seguimiento a las investigaciones por esa vía, y darle cauce a este clamor y llame la atención a las autoridades”.
El director de Tlachinollan añadió que con las expresiones del representante del Alto Comisionado el gobierno tiene que cambiar su agenda y mirar desde dentro el problema de los desaparecidos.
En cuanto al reconocimiento del fiscal Xavier Olea Peláez en el sentido de que no cuenta con presupuesto para investigar los casos de desaparecidos, Barrera Hernández dijo que no sólo hay carencia de recursos económicos, sino también limitaciones profesionales e institucionales.
“También hay un déficit de confianza y de credibilidad a las actuaciones de la Fiscalía. No ha sido capaz de brindar confianza, de trabajar en coordinación con los familiares de las víctimas, no ha sido transparente en sus actuaciones y no ha aprovechado la precaria capacidad instalada para dar los mejores frutos y para que sus agentes investigadores tengan más sensibilidad y formación en derechos humanos”, expresó.
Agregó que ese es en realidad el boquete que hay en la Fiscalía, al margen de las limitaciones económicas.
Dijo que sin embargo las limitaciones económicas no pueden ser pretexto para que haya una cercanía y trato digno y veraz hacia los familiares de las víctimas.

El enviado de la ONU tuvo contacto directo con los familiares de las víctimas, como no lo han hecho las autoridades

El secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares, explicó que el representante del Alto Comisionado palpó el grave problema de los desaparecidos en la entidad porque tuvo contacto directo con los familiares de las víctimas, como no lo han hecho las autoridades federales y estatales y por eso desconocen a fondo el problema.
Añadió que ojalá la opinión que dio antes de irse el comisionado sea tomada en cuenta por el gobierno estatal y comience a ver el problema en su justa dimensión.
Olivares consideró que la escasez económica de la Fiscalía que argumenta el fiscal no es justificación y tampoco problema de los familiares de las víctimas, quienes tienen derecho a ser atendidas y a que se resuelvan los casos que han denunciado.
“El gobierno tiene que buscar los mecanismos para atender el grave problema de desaparición de personas. Tiene que poner atención y buscar los recursos necesarios para poder dar esa atención”, insistió.
Explicó que gran parte de la inoperancia y de lo obsoleto que ha resultado la Fiscalía en el caso de los desaparecidos, tiene que ver con la colusión que hay de las autoridades y los órganos jurisdiccionales con los grupos de la delincuencia organizada.
“Tiene que ver con la corrupción que hay y da como resultado la impunidad en este tipo de casos”, denunció Olivares Hernández.

 

Denuncian víctimas ante la ONU en una reunión en la capital que no se investigan las desapariciones

El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab y el primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Ismael Eslava Pérez se reunieron ayer con colectivos de familiares de desaparecidos de Chilpancingo, Iguala y Acapulco, quienes denunciaron la falta de atención e investigación a los casos de desaparecidos y asesinados en la entidad.
El encuentro fue privado y duró más 3 horas (de las 11 de la mañana a las 2 y media de la tarde) en la casa Diocesana (conocida también como Villa Lucerna).
Asistieron también el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, el abogado del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón de Chilapa, Alejandro Ramos Gallegos y el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández, quienes presentaron un diagnóstico de la situación de violencia en la entidad.
Asimismo hubo denuncias de la falta de apoyo a los grupos de desplazados por la violencia.
Consultada al final de la reunión, la madre de José Molina Rodríguez desaparecido en julio del 2014, y vocera del Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el Estado y en el País, con sede en Chilpancingo, Guadalupe Rodríguez Narciso informó que presentaron una queja en contra de las autoridades federales y estatales y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas federal (CEAV) porque no han resuelto las demandas, peticiones de apoyo y necesidades que plantearon.
Añadió que las instituciones no les están dado la atención que establece la Ley General de Víctimas, “no hemos recibido ese apoyo de primer nivel que dicen ellos, no hemos recibido nada”.
El colectivo que representa tiene registrados 100 casos de personas desaparecidas y asesinadas de las distintas regiones del estado.
Explicó que también denunciaron que la Fiscalía General del Estado (FGE) no les ha dado información de los resultados de las investigaciones para localizar a sus desaparecidos.
Aseguró que en las dos reuniones que han tenido con funcionarios de la dependencia no les han informado nada de los casos que presentaron, algunos de ellos son desaparecidos desde hace ocho años y otros apenas de meses.
“Queremos verdad, queremos justicia y queremos a nuestros familiares, con vida o como estén pero ya queremos resultados, ya no podemos permanecer estáticos esperando a que el gobierno haga algo porque no lo va a hacer, si no nos organizamos no tendremos nunca resultados”, dijo al salir del encuentro con los enviados de la ONU y de la CNDH.
Denunció que aparte de perder a sus seres queridos los han revictimizado y que les han hecho tocar muchas puertas, “no hemos tenido ningún resultado, no hay avances en las averiguaciones previas de nuestros familiares”.
Agregó que por eso pidieron la intervención del representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y de la CNDH para que envíen recomendaciones a los gobiernos federal y estatal, y se atiendan los casos en los que ya existen averiguaciones previas pero que no se están investigando.

Los padres de los 43 pidieron el acompañamiento de la ONU al mecanismo de seguimiento para el caso Ayotzinapa

También llegaron a dialogar con el representante de la ONU y del visitador de la CNDH los representantes de los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos, Felipe de la Cruz, Melitón Ortega y Mario César González.
Felipe de la Cruz informó que pidieron el acompañamiento tanto de la ONU como de la CNDH al mecanismo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que da seguimiento al caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos.
“Exigimos a la CNDH a que insista en su recomendación sobre la detención o arraigo de los policías federales que estuvieron presentes en la detención de los jóvenes en el puente El Chipote, porque eso es lo que pide en su recomendación la CNDH”, dijo Felipe de la Cruz.
El vocero reconoció que vio “disposición” tanto del representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas Jan Jarab como del visitador de la CNDH, Ismael Eslava, de darle seguimiento al caso Ayotzinapa y de seguir exigiendo que el mecanismo de la CIDH tenga cancha libre para llevar a cabo su trabajo.
También acudió una comisión de integrantes del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), que denunció la desaparición de dos de sus integrantes, Inocencio Ramírez de 65 años, según ellos levantado por policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) el 24 de octubre pasado durante el enfrentamiento con policías comunitarios del FUSDEG cerca de Tlayolapa.
Aseguraron que Inocencio no es policía comunitario y que fue levantado cuando trabajaba su tierra de labor cerca de su comunidad, y que padece de hipertensión.
El otro desaparecido es Jesús Elacio quien fue herido el 25 de noviembre pasado durante el enfrentamiento entre policías ciudadanos de la UPOEG y comunitarios del FUSDEG cerca de Tierra Colorada.
La promotora del FUSDEG en Tierra Colorada, Ruth Delgado aseguró que vieron cuando Jesús cayó herido y que se lo llevaron los policías ciudadanos de la UPOEG.
Denunció que ambas desapariciones no están siendo investigadas por las autoridades, a pesar de que hubo un compromiso en las mesas de diálogo que mantienen con las autoridades estatales.
A su vez el buscador de fosas del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, Mario Vergara informó que pidieron al representante de la ONU y al visitador de la CNDH los estudios del ADN y la confronta de resultados de los cadáveres de todos Semefos del país, además quieren tener acceso a ellos para buscar a sus desaparecidos.
“Queremos que se obligue al Gobierno federal para que se haga responsable de los desaparecidos porque en el caso de Guerrero no hay condiciones. El gobierno federal ya no quiere recibir casos nuevos de desaparecidos, pero en Guerrero tampoco hay condiciones para investigarlos”, denunció.
Añadió que el gobierno federal se está deslindando y lavando las manos y está regresando los casos de desaparecidos a los estados, pero que en el caso de Guerrero no hay condiciones y no tiene la capacidad para atenderlos.
Mientras tanto una comisión de ciudadanos San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa, denunció los cinco asesinatos ocurridos el 8 de febrero del 2015 en la comisaría de ese pueblo, por policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de los pueblos fundadores que encabeza Cirino Plácido Valerio.
“Pedimos justicia y castigo para los asesinos”, dijo el dirigente del Frente de Defensa Popular (FDP) Rodolfo Colorado, quien encabezó a la comisión de ciudadanos.
Informó que expusieron que desde octubre pasado se liberó la orden de aprehensión en contra de los responsables pero que el asesor del gobernador, César Flores Maldonado frenó la detención por acuerdos que asumió con Cirino Plácido.

La violencia no sólo ha dejado asesinatos, sino levantados, desaparecidos y familias desplazadas por las bandas del crimen organizado

Antes de que cada uno de los grupos presentara los casos por separado y en privado, el representante del Alto Comisionado delas Naciones Unidas y el visitador de la CNDH se reunieron con los representantes de los organismos de derechos humanos.
Abel Barrera de Tlachinollan informó que presentaron de manera conjunta el diagnóstico de lo que está sucediendo en Guerrero.
En la reunión expusieron los puntos críticos de la violencia en donde no sólo ha dejado asesinatos, sino levantados, desaparecidos y familias desplazadas por las bandas del crimen organizado.
Manuel Olivares, secretario técnico de la Red Guerrerenses de Organismos Civiles de Derechos Humanos, presentó los casos de los desplazados de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán y de Quetzalcoatlán, municipio de Chilapa, denunció que estos grupos no están recibiendo apoyo del gobierno estatal.
Al final de la reunión el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas Jan Jarab se negó a hacer declaraciones a los reporteros.
El primer visitador de la CNDH, Ismael Eslava declaró brevemente que la reunión fue para dar seguimiento a cada uno de los casos de víctimas de la violencia en el estado y de acoso por las autoridades, a fin de dar seguimiento a las investigaciones.
Informó que estas reuniones van a continuar en los próximos días con los distintos grupos y colectivos.

Se reunió el secretario Florencio Salazar con el representante de la ONU-DH

El secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame recibió al representante de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ayer en Chilpancingo.
Según un boletín del gobierno del estado, el funcionario estuvo en representación del gobernador Héctor Astudillo Flores, y “en el encuentro se abordaron temas relacionados con la protección a los Derechos Humanos en Guerrero”.
La misiva dice que estuvieron Pilar San Marín Oficial de Derechos Humanos de la ONU, el primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) Ismael Eslava Pérez, el fiscal general del Estado Javier Olea Peláez, el Vicefiscal de Investigación José Antonio Bonilla Uribe “y otros servidores públicos”. (Redacción).

Denuncian víctimas ante la ONU en una reunión en la capital que no se investigan las desapariciones

 

El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab y el primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Ismael Eslava Pérez se reunieron ayer con colectivos de familiares de desaparecidos de Chilpancingo, Iguala y Acapulco, quienes denunciaron la falta de atención e investigación a los casos de desaparecidos y asesinados en la entidad.
El encuentro fue privado y duró más 3 horas (de las 11 de la mañana a las 2 y media de la tarde) en la casa Diocesana (conocida también como Villa Lucerna).
Asistieron también el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, el abogado del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón de Chilapa, Alejandro Ramos Gallegos y el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández, quienes presentaron un diagnóstico de la situación de violencia en la entidad.
Asimismo hubo denuncias de la falta de apoyo a los grupos de desplazados por la violencia.
Consultada al final de la reunión, la madre de José Molina Rodríguez desaparecido en julio del 2014, y vocera del Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el Estado y en el País, con sede en Chilpancingo, Guadalupe Rodríguez Narciso informó que presentaron una queja en contra de las autoridades federales y estatales y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas federal (CEAV) porque no han resuelto las demandas, peticiones de apoyo y necesidades que plantearon.
Añadió que las instituciones no les están dado la atención que establece la Ley General de Víctimas, “no hemos recibido ese apoyo de primer nivel que dicen ellos, no hemos recibido nada”.
El colectivo que representa tiene registrados 100 casos de personas desaparecidas y asesinadas de las distintas regiones del estado.
Explicó que también denunciaron que la Fiscalía General del Estado (FGE) no les ha dado información de los resultados de las investigaciones para localizar a sus desaparecidos.
Aseguró que en las dos reuniones que han tenido con funcionarios de la dependencia no les han informado nada de los casos que presentaron, algunos de ellos son desaparecidos desde hace ocho años y otros apenas de meses.
“Queremos verdad, queremos justicia y queremos a nuestros familiares, con vida o como estén pero ya queremos resultados, ya no podemos permanecer estáticos esperando a que el gobierno haga algo porque no lo va a hacer, si no nos organizamos no tendremos nunca resultados”, dijo al salir del encuentro con los enviados de la ONU y de la CNDH.
Denunció que aparte de perder a sus seres queridos los han revictimizado y que les han hecho tocar muchas puertas, “no hemos tenido ningún resultado, no hay avances en las averiguaciones previas de nuestros familiares”.
Agregó que por eso pidieron la intervención del representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y de la CNDH para que envíen recomendaciones a los gobiernos federal y estatal, y se atiendan los casos en los que ya existen averiguaciones previas pero que no se están investigando.

Los padres de los 43 pidieron el acompañamiento de la ONU al mecanismo de seguimiento para el caso Ayotzinapa

También llegaron a dialogar con el representante de la ONU y del visitador de la CNDH los representantes de los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos, Felipe de la Cruz, Melitón Ortega y Mario César González.
Felipe de la Cruz informó que pidieron el acompañamiento tanto de la ONU como de la CNDH al mecanismo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que da seguimiento al caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos.
“Exigimos a la CNDH a que insista en su recomendación sobre la detención o arraigo de los policías federales que estuvieron presentes en la detención de los jóvenes en el puente El Chipote, porque eso es lo que pide en su recomendación la CNDH”, dijo Felipe de la Cruz.
El vocero reconoció que vio “disposición” tanto del representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas Jan Jarab como del visitador de la CNDH, Ismael Eslava, de darle seguimiento al caso Ayotzinapa y de seguir exigiendo que el mecanismo de la CIDH tenga cancha libre para llevar a cabo su trabajo.
También acudió una comisión de integrantes del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), que denunció la desaparición de dos de sus integrantes, Inocencio Ramírez de 65 años, según ellos levantado por policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) el 24 de octubre pasado durante el enfrentamiento con policías comunitarios del FUSDEG cerca de Tlayolapa.
Aseguraron que Inocencio no es policía comunitario y que fue levantado cuando trabajaba su tierra de labor cerca de su comunidad, y que padece de hipertensión.
El otro desaparecido es Jesús Elacio quien fue herido el 25 de noviembre pasado durante el enfrentamiento entre policías ciudadanos de la UPOEG y comunitarios del FUSDEG cerca de Tierra Colorada.
La promotora del FUSDEG en Tierra Colorada, Ruth Delgado aseguró que vieron cuando Jesús cayó herido y que se lo llevaron los policías ciudadanos de la UPOEG.
Denunció que ambas desapariciones no están siendo investigadas por las autoridades, a pesar de que hubo un compromiso en las mesas de diálogo que mantienen con las autoridades estatales.
A su vez el buscador de fosas del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, Mario Vergara informó que pidieron al representante de la ONU y al visitador de la CNDH los estudios del ADN y la confronta de resultados de los cadáveres de todos Semefos del país, además quieren tener acceso a ellos para buscar a sus desaparecidos.
“Queremos que se obligue al Gobierno federal para que se haga responsable de los desaparecidos porque en el caso de Guerrero no hay condiciones. El gobierno federal ya no quiere recibir casos nuevos de desaparecidos, pero en Guerrero tampoco hay condiciones para investigarlos”, denunció.
Añadió que el gobierno federal se está deslindando y lavando las manos y está regresando los casos de desaparecidos a los estados, pero que en el caso de Guerrero no hay condiciones y no tiene la capacidad para atenderlos.
Mientras tanto una comisión de ciudadanos San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa, denunció los cinco asesinatos ocurridos el 8 de febrero del 2015 en la comisaría de ese pueblo, por policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de los pueblos fundadores que encabeza Cirino Plácido Valerio.
“Pedimos justicia y castigo para los asesinos”, dijo el dirigente del Frente de Defensa Popular (FDP) Rodolfo Colorado, quien encabezó a la comisión de ciudadanos.
Informó que expusieron que desde octubre pasado se liberó la orden de aprehensión en contra de los responsables pero que el asesor del gobernador, César Flores Maldonado frenó la detención por acuerdos que asumió con Cirino Plácido.

La violencia no sólo ha dejado asesinatos, sino levantados, desaparecidos y familias desplazadas por las bandas del crimen organizado

Antes de que cada uno de los grupos presentara los casos por separado y en privado, el representante del Alto Comisionado delas Naciones Unidas y el visitador de la CNDH se reunieron con los representantes de los organismos de derechos humanos.
Abel Barrera de Tlachinollan informó que presentaron de manera conjunta el diagnóstico de lo que está sucediendo en Guerrero.
En la reunión expusieron los puntos críticos de la violencia en donde no sólo ha dejado asesinatos, sino levantados, desaparecidos y familias desplazadas por las bandas del crimen organizado.
Manuel Olivares, secretario técnico de la Red Guerrerenses de Organismos Civiles de Derechos Humanos, presentó los casos de los desplazados de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán y de Quetzalcoatlán, municipio de Chilapa, denunció que estos grupos no están recibiendo apoyo del gobierno estatal.
Al final de la reunión el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas Jan Jarab se negó a hacer declaraciones a los reporteros.
El primer visitador de la CNDH, Ismael Eslava declaró brevemente que la reunión fue para dar seguimiento a cada uno de los casos de víctimas de la violencia en el estado y de acoso por las autoridades, a fin de dar seguimiento a las investigaciones.
Informó que estas reuniones van a continuar en los próximos días con los distintos grupos y colectivos.

Se reunió el secretario Florencio Salazar con el representante de la ONU-DH

El secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame recibió al representante de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ayer en Chilpancingo.
Según un boletín del gobierno del estado, el funcionario estuvo en representación del gobernador Héctor Astudillo Flores, y “en el encuentro se abordaron temas relacionados con la protección a los Derechos Humanos en Guerrero”.
La misiva dice que estuvieron Pilar San Marín Oficial de Derechos Humanos de la ONU, el primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) Ismael Eslava Pérez, el fiscal general del Estado Javier Olea Peláez, el Vicefiscal de Investigación José Antonio Bonilla Uribe “y otros servidores públicos”. (Redacción).

Presentan organizaciones a un juzgado de Chilpancingo sugerencias para evitar concesiones mineras en Malinaltepec

Organismos internacionales presentaron este viernes un amicus curiae (amigo de la corte) ante el Juzgado Primero de Distrito de Chilpancingo en contra de la declaratoria de libertad del terreno, emitida por la Secretaría de Economía federal en el núcleo agrario de San Miguel del Progreso, municipio de Malinaltepec, que abre la posibilidad de que se autoricen nuevas concesiones para la exploración minera en la zona.
La declaratoria de la dependencia federal se dio a pesar de que el pueblo de San Miguel del Progreso obtuvo un amparo el año pasado que canceló las concesiones que ya había en la zona.
El escrito fue presentado por la Fundación para el Debido Proceso (PDLF), con sede en Washington DC; la Clínica de Derechos Humanos del Human Rights Research and Education Center de la Universidad de Ottawa, y el Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL).
El amicus curiae tiene el propósito de contribuir a la decisión del Juzgado Primero de Distrito en torno a la demanda de amparo que fue presentado por la comunidad me’phaa de San Miguel del Progreso.
Dicho amparo es contra la emisión de la declaratoria de libertad de terreno 02/2015 que emitió la Secretaría de Economía federal para que particulares obtengan concesiones de licencias para la exploración y, en su caso explotación, de recursos naturales en territorios ancestralmente ocupados por la comunidad indígena de San Miguel del Progreso.
La presentación del escrito se hizo la mañana de ayer por el integrante de PDLF, Daniel López Cerqueira, quien se entrevistó por la mañana con la jueza Estela Platero, a quien le entregó el documento.
Después, en conferencia de prensa, se informó que en el amicus curiae se resalta los estándares del derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho constitucional comparado sobre la consulta previa, libre o informada, así como los derechos territoriales de los pueblos indígenas, aplicables a la concesión de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales susceptibles de afectarles.
En la conferencia de prensa estuvieron el mismo López Cerqueira de PDLF; Matilde Pérez Romero, del Centro de Análisis e Investigación, Fundar; Abel Barrera Hernández, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Manuel Olivares Hernández, secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, y Alejandro Ramos Gallegos, del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, con sede en Chilapa.
En la conferencia de prensa, estuvieron asimismo, como invitadas, autoridades del núcleo agrario de San Miguel del Progreso, encabezadas por el presidente del Comité de Bienes Comunales, Valerio Muro Amado Solano.

Incumpliría el Estado mexicano sus obligaciones internacionales si se acepta la declaratoria

Allí se dijo que las organizaciones signatarias del amicus curiae esperan que el Juzgado Primero de Distrito anule la declaratoria de libertad de terreno 02/2015, y argumentaron que la decisión de la dependencia federal no fue precedida de un proceso de consulta a la comunidad de San Miguel del Progreso, cuyos integrantes han manifestado estar en contra de megaproyectos de minería en su territorio.
“Una decisión que se aparte de los estándares internacionales detallados en el escrito de amicus curiae no sólo desconocería los derechos fundamentales del pueblo me’phaa de San Miguel del Progreso, sino que deslindaría en el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado mexicano”, se establece en un boletín de prensa emitido por los representantes de los organismos que respaldan el escrito entregado al juzgado federal.
En la conferencia de prensa, López Cerqueira explicó que el escrito entregado al Juzgado Primero de Distrito tiene el propósito de “alertar a la ciudad judicial de lo que establecen los parámetros internacionales, y para que la juez incorpore y tome en cuenta estos parámetros en la resolución del amparo que emitirá próximamente.
Dijo que el principal argumento que debe tomar en cuenta la juez es que la declaratoria de la Secretaría de Economía no fue consultada al pueblo indígena me’phaa y que con ello se les privó de su derecho de incidir en las políticas estatales.
Asimismo, informó que los organismos que promovieron el escrito, “nos ponemos a disposición del Juzgado y de la Secretaría de Economía para seguir aportando elementos”. Además propuso una mesa de negociación en la que se permita a la comunidad incidir en los proyectos del gobierno.
A su vez, Matilde Pérez, de Fundar, declaró que existe preocupación de los organismos por el incumplimiento del Estado y la constante violación a la consulta previa en los pueblos indígenas, que en el caso de San Miguel del Progreso tome en cuenta los argumentos que se establecen en el amicus curiae, “y se pueda garantizar una justicia efectiva que siente precedente para otros casos similares”.

El nuevo modelo de desarrollo del país no toma en cuenta a los indígenas, señala Abel Barrera

Abel Barrera declaró que los pueblos indígenas “son los que enorgullecen al estado de Guerrero, pero que lamentablemente son los más pisoteados, marginados y segregados”.
Agregó que, por eso son los que constantemente apelan a instrumentos internacionales para obligar a las autoridades a que respeten sus derechos como pueblos, y destacó que apelando a esos instrumentos internacionales han ganado los casos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Dijo que sólo así han obligado a las autoridades a que respeten los derechos que tienen, como el de poseer la tierra de la que son dueños, como el caso de San Miguel del Progreso.
“Pero hoy resulta que, en el nuevo modelo de desarrollo del país nuevamente no son tomados en cuenta”.
Destacó que, en su informe el gobernador Héctor Astudillo Flores habló de cinco proyectos, y que el segundo de ellos es el de la minería. Al respecto, se preguntó a qué costo, puesto que implica destruir el habitad y contaminar el medio ambiente.
Citó el caso de Nuevo Balsas, municipio de Cocula, en donde la minera Media Luna no sólo está contaminando el medio ambiente, sino que llegó a dividir al pueblo al instalar por la fuerza su proyecto. Explicó que este es el costo de no hacer consultas previas en los pueblos.
Subrayó que, en el caso de San Miguel del Progreso la secretaría de Economía, con su declaratoria de libertad de terreno, deja abierta la posibilidad para que se autoricen más concesiones a empresas y particulares que las soliciten, pero que espera que el amicus curiae ayude mucho para que el Juzgado Primero resuelva a favor de los pobladores.
En tanto, Manuel Olivares Hernández expresó que preocupan estos intentos y estrategias del gobierno federal para sacar adelante proyectos extractivistas, sobre todo en la Montaña de Guerrero, pero que esperan que la jueza pueda resolver con el apoyo del amicus curiae en beneficio de San Miguel del Progreso.

Sobreviven en condiciones precarias en Ayutla 15 familias serranas desplazadas de La Laguna

Desplazados de La Laguna, Coyuca de Catalán, exigieron al gobernador, Héctor Astudillo Flores, que cumpla la Ley Número 487 Para Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno en el Estado de Guerrero, que se hizo a partir de que ellos fueron desterrados.
Los desplazados a las comunidades de Tepango y La Unión, en el municipio de Ayutla –donde sufren desnutrición, carecen de agua potable, atención médica, alimentos y tierras para sembrar–, no pueden salir a trabajar porque todos, hasta los más pequeños tienen órdenes de aprehensión en la Fiscalía General del Estado (FGE) por el presunto secuestro de Homero Montúfar y el asesinato de dos sicarios que trataron de emboscarlos el 22 de junio del 2013, y fueron repelidos por policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Por estas acusaciones, en la cárcel de Ayutla se encuentra preso Gildardo Díaz Pérez, detenido en marzo de 2015. Su esposa, María del Carmen Santana exige la libertad del padre de sus siete hijos.
En el lugar donde se refugian, las familias solicitaron que el gobernador Astudillo Flores y su área responsable de desplazados en el estado atienda a unas 15 familias que salieron desde diciembre de 2012 de su comunidad, La Laguna, en la sierra de Coyuca de Catalán, luego de ser perseguidos por delincuentes que saquean los bosques del ejido Huajes de Ayala, rica en encinos, donde se ubicaba la comunidad de La Laguna. Recordaron que por ellos se creó la Ley 487, que no se está cumpliendo.
Las familias fueron visitadas ayer por el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández, para dar seguimiento y conocer en que estado se encontraban.
Una de las refugiadas, la señora Catalina Pérez reclamó la falta de ayuda del gobierno, y denunció que están olvidados y arrumbados a su suerte en los terrenos que son cuidados por policías del estado.
Informó que hace un mes acudieron a sus colonias el jefe del departamento de Agua Limpia de la Conagua, Fernando Cuevas Rosas; el jefe del departamento de Asistencia Técnica de la Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (Capaseg), Arquímides Fernández García, y el director de Gobernación del municipio de Ayutla, Raúl Pacheco Sevilla, a quienes solicitaron un pozo de agua, pero hasta ayer ninguna autoridad había regresado.
Por otro lado, el municipio de Ayutla se niega a apoyarlos “porque no son su responsabilidad”, según cuentan que les dijo el director de gobernación, a quien han recurrido en múltiples ocasiones en busca de ayuda.
Las mujeres señalaron que los funcionarios se comprometieron a gestionar el pozo de agua, que es una urgencia, incluso han elaborado un proyecto del pozo de agua con un costo de 1 millón 40 mil pesos, que incluía una red de riego de traspatio, pero que les fue rechazado.
Las mujeres mostraron que sus hijos, unos 36 niños, tienen granos rojos en el cuerpo por beber y bañarse en agua de los pequeños pozos que han hecho en el cauce de un río que pasa cerca del terreno donde viven, en La Unión.

Exigen al gobierno del estado becas alimenticias y de transporte, y proyectos productivos

También solicitaron becas de alimentación y pasajes para sus hijos, ya que deben caminar 40 minutos para llegar al kínder, a la primaria y a la secundaria.
Asimismo, exigieron al gobernador proyectos productivos para subsistir y alimentar a sus hijos, cinco de ellos nacieron en las tierras que ocupan, mismas que no se les han entregado de manera formal, porque no han sido adquiridas por el gobierno del estado, tratándose de ejidos.
Los desplazados aclararon que no están pidiendo nada regalado, sino apoyo para vivir con dignidad. Algunas de las familias rentan tierras hasta por 2 mil pesos para sembrar maíz, pero en la temporada pasada la cosecha se perdió ante la falta de lluvias.
Entre 2005 y 2012, asesinaron a 30 integrantes de las familias desplazadas. Su dirigente, Juventina Villa, y su hijo de 17 años, fueron asesinados el 28 de noviembre de 2012, cuando trataban de escapar con otras 45 familias de Puerto Las Ollas, donde buscaron refugio en abril de 2011, pero ante la falta de ayuda del gobierno regresaron a La Laguna.

Recuerdan momentos de la lucha de la OCSS mientras velan los restos de Benigno Guzmán en Tepetixtla

 

Familiares, amigos e integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) velaron ayer en las oficinas de la organización, ubicadas en Tepetixtla, Coyuca de Benítez, el cuerpo de su fundador, Benigno Guzmán Martínez, que a petición de los  pobladores será sepultado hoy.
El luchador social murió el martes en su casa de Acapulco, por la tarde su cuerpo fue velado en la funeraria Siglo XXI, y después fue trasladado a Tepetixtla.
Amigos y compañeros de Benigno Guzmán relataron sus vivencias con el luchador campesino, a quien reconocieron la defensa de los derechos humanos en la sierra y en municipios de la Costa Grande del estado.
El primo de Benigno Guzmán, Oscar Guzmán, de 58 años, relató que a Benigno no le gustaba que a la organización sólo se le nombrara por sus siglas. Oscar Guzmán resumió así la lucha de los campesinos que se organizaron el 14 de enero de 1994, “no ha habido ningún cambio en el trato de los gobiernos con la organización, al gobierno priista tenías que irle a exigir, a pedir, a rogar, al gobierno perredista igual, y a veces resultaba peor, tratar con Zeferino, era una persona intratable; ahora se la da de una blanca palomita, pero es déspota como él solo”, y dice que nada cambió la política del régimen caciquil-priista con la transición de la partidocracia, con el PRD en el poder.
El mayor anhelo de quienes integran la OCSS, pero sobre todo de Benigno, es el respeto del gobierno a la forma de organización que tenía la agrupación, que no fue registrada ni constituida frente a un notario público como una figura jurídica, lo que provocó que los gobiernos no los reconocieran y que los desatendieran.
Oscar Guzmán contó que en la primera reunión del fundador de la organización con el gobernador, Rubén Figueroa Alcocer, en septiembre de 1994 en Casa Guerrero, los integrantes de la OCCS solicitaron molinos y machetes, la presentación con vida de los desaparecidos y la liberación de los presos políticos, pero la respuesta de gobernador fue, “esto ya ni lo pidan, a éstos ya se los llevó la chingada”.
Después, el gobernador fue hasta la localidad a entregar los apoyos y, como lo dijo, no cumplió la petición de presentar a los desaparecidos ni de liberar a los encarcelados. Meses después, desapareció Gilberto Romero Vázquez, uno de los representantes de la sierra de Atoyac, que fue visto por última vez el 24 de mayo de 1995.
Días después, el 28 de junio de 1995, fueron asesinados 17 campesinos y heridos 21, por efectivos de la Policía Motorizada y Judicial del estado que pusieron un retén, por órdenes del gobernador Figueroa Alcocer, para impedir una manifestación de la OCSS, lo que le costó el puesto al gobernador.
“Hoy que nos abandona el compañero Benigno tenemos proyectos definidos, estamos trabajando con la Universidad de Chapingo”, que aprobó una unidad ganadera en la población de unos 7 mil habitantes, dijo con lágrimas en los ojos.
Uno de los logros de las gestiones de la OCCS es la construcción de los puentes de Atollaquilla, Santa Cruz y Aguas Blancas, que desde hace cuatro años se gestionaron y desde hace dos comenzaron a funcionar.
Reivindicar los derechos humanos de los campesinos fue el objetivo que persiguió Benigno, sostuvo su primo, buscar que se garantizará la alimentación, la salud, la educación, tener una vivienda, un trabajo, exigir los insumos necesario para que los campesinos pudieran trabajar sus tierras.
Pero en la marcha encontraron la manipulación del gobierno para que los campesinos desistieran de la organización, mediante el chantaje y la división, para que la gente olvidara del problema de fondo.

Reconocen organizaciones, amigos y familiares al luchador social, campesino, esposo y padre

De los siete hijos que procreó Benigno Guzmán Martínez sobreviven cinco, y su esposa Sofía Bustamante, quienes lo acompañaron durante los últimos tres años críticos del cáncer que invadió su estómago.
El mayor de los hijos, Vicente Guzmán de 36 años, recordó que acompañó a su padre a muchas de las marchas y protestas que organizó la agrupación. Pero desde hace 13 años vive con su propia familia y se apartó del movimiento.
Ayer, reunidos en las oficinas de la OCCS en Tepetixtla, una comunidad ubicada en las faldas de la sierra, recibieron a los conocidos del papá y esposo. Para llegar allí, hay que viajar una hora desde la cabecera municipal y, antes de llegar, uno debe ser revisado por un destacamento de militares del 68 Batallón de Infantería que se instaló ahí desde hace 10 años.
A petición de los compañeros y conocidos del fundador de la OCCS, el cuerpo no fue sepultado ayer, sino hasta hoy. En el transcurso del día llegaron representantes de organizaciones sociales, y de derechos humanos como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia Mi Patria Es Primero, de Tixtla, del  Frente de Defensa Popular (FDP), y de la Red Guerrerense de Derechos Humanos. También acudieron sus compañeros fundadores de la OCSS Hilario Mesino y Marino Sánchez.
El ataúd que contenía los restos del luchador social fue colocado en un espacio de la casa que sirve como oficina de la organización. El inmueble mide unos 4 metros de ancho por 10 de largo; en un rincón fueron amontonados libros, documentos y archivos de la organización.
Hace poco que fue rehabilitado el techo de la oficina que, desde que enfermó Benigno se abrió poco. Luce láminas de aluminio, se construyó la barda. El terreno de unos 20 metros de largo por 15 de ancho lo ocupó la organización en 1994; en un inicio fue destinado para un destacamento de la ex policía montada, pero después los vecinos lo donaron a la organización.
El señor Juan Adame de 76 años, dice que se unió a la organización luego de la matanza de Aguas Blancas, de la que dos de sus hijos son sobrevivientes, pero uno fue encarcelado por el gobierno. Él se convirtió en una de las personas cercana a Benigno, “siempre que venía o que se iba (del pueblo), me pasaba a ver, nunca me separé de él”.
Con una voz pausada, cuenta que Benigno le enseñó a luchar por sus derechos cómo campesino. Rememoró que en una ocasión, en Coyuca de Benítez el presidente municipal, Merced Valdovinos Diego les dijo que se apartaran de él (Benigno), “yo a todos ustedes los voy  a atender, menos a Benigno, porque él no respeta mi investidura… Yo le dije al presidente: dígame usted quien le dio esa investidura, si usted no respeta la investidura del pueblo”, después, todos salieron del Ayuntamiento. “Benigno era una persona que ayudaba a la gente, pero no faltaba la gente que maneja el gobierno, que decía que sólo pedía por él y que no repartía la ayuda”, comentó.
El secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández dijo que Guzmán Martínez “pertenece a una generación de los luchadores más antiguos. Son de la generación de luchadores que lamentablemente se está terminando”.
Expresó que es una perdida irreparable para la organizaciones sociales, pero el legado que dejó el fundador de la OCCS es importante porque, “como campesino fue un hombre sencillo, y alguien inclaudicable, a Benigno se le puede colocar en ese nivel de un defensor de derechos humanos”.

 

Felicitación de defensores de derechos humanos




Señor director:
Vaya por este medio un fraterno y solidario saludo a quienes iniciaron y continúan este valioso proyecto y a los que se ha ido incorporando buscando hacer realidad el derecho a la información que tenemos todos, sin buscar y mucho menos aceptar ofrecimientos inmorales con los cuales se pretenda coartar la libertad de prensa.
Aún recuerdo aquellos momentos de crisis cual parto doloroso de donde nacería este inigualable (hasta el momento) proyecto y que los diferentes sectores organizados aportamos nuestras raquíticas aportaciones económicas, convencidos que el esfuerzo valdría la pena y que en el futuro este periódico jugaría un importante papel en los vaivenes políticos y sociales en el estado poniéndose al servicio de los que nunca son escuchados ni atendidos.
Vaya, pues, nuestra sincera felicitación en su treceavo aniversario y a seguir aguantando y cuando no puedan, pues aquí está un pueblo cada vez más organizado.

Atentamente
Manuel Olivares Hernández
Directo del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón AC.