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Protegerse contra mineras y de la violencia, acuerdan comuneros y ejidatarios de la Montaña

Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos marchan en la Ciudad de México para exigir su presentación con vida a 10 años y dos meses de su desaparición Foto: Juan Luis Altamirano

Carmen González Benicio

Tlapa

En la reunión informativa del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (Craadet), de la región Montaña, los comuneros y ejidatarios acordaron seguir fortaleciendo su organización comunitaria, ante actores externos que pretenden extraer minerales y por la creciente violencia.
El Craadet realizó su foro informativo 44, por la defensa del territorio en la comunidad Tilapa, municipio de Malinaltepec, donde se analizaron los estatutos agrarios de Colombia de Guadalupe, Tilapa, San José Vista Hermosa y San Miguel del Progreso; así como las recientes reformas sobre derechos de los pueblos indígenas, su utilidad para la integración de municipios autónomos, y el contexto de violencia en la región.
Armando Galeana Méndez, el integrante de Tlachinollan que acompaña al Craadet, detalló que hablaron sobre los avances que hay en la inscripción de los estatutos comunales para la defensa del territorio y los bienes naturales, ante el Registro Agrario Nacional (RAN), los cuales van lentos, como el caso de San Miguel del Progreso, comunidad que lo entregó en idioma me’phaa, sin que se reporten avances favorables.
Mencionó que hablaron sobre la aprobación de la reforma constitucional sobre pueblos indígenas, que dejó el presidente de la República anterior, para analizar su impacto en la vida y sobre todo en el ejercicio de los derechos colectivos que tienen como comunidades, donde coincidieron en que su contenido no tiene propuestas nuevas, que lo plasmado no significaba avances pero sí muchos retrocesos y tampoco le ven la forma en que los pueblos pueden usarlo.
Informó que acordaron seguir fortaleciendo la organización comunitaria para la defensa del territorio, ante actores externos que no han quitado el dedo del renglón para llevarse los minerales.
Contó que hace unos días, los comuneros dijeron ante la asamblea informativa que un individuo se presentó como minero, que estaba interesado en extraer minas de manera artesanal, en un intento de romper los acuerdos entre las comunidades para prohibir, levantando actas de rechazo, a “cualquier proyecto extractivo, no sólo de minería, sino de otros recursos naturales, como la madera y el agua”.
Además, entre los asistentes se abordó el tema del crecimiento de la violencia en la región, porque las autoridades que brindan seguridad no han hecho nada, pero tampoco confían en ellas como parte de su protección.
Agregaron que tienen desconfianza en la Guardia Nacional, Ejército y Policía Estatal, porque creen que tienen vínculos con los grupos criminales, que se apoderan de los gobiernos en los procesos electorales, mencionando que 56 alcaldías fueron impuestas por grupos criminales, donde los alcaldes andan resguardados por la GuardiaNacional.
También acordaron buscar estrategias para que la delincuencia no entre a las comunidades y dijeron que una forma es informar en las escuelas, que son lugares vulnerables, donde los menores y jóvenes consumen enervantes y donde nace la violencia.
Acordaron fortalecerla policía comunitaria que establece el Craadet, un sistema llamado Seguridad de Resguardo Territorial Indígena (Serti), porque conoce el territorio.
Continuarán con la redacción de los estatutos comunales de cada núcleo agrario, que sirvan para impedir que las empresas mineras entren el territorio de los pueblos originarios. Se informó que no hay que confiar en los programas del gobierno, pues es una forma disfrazada para poder apoderarse del territorio y desplazar a los habitantes de los pueblos indígenas.
La bienvenida la dio el comisario de Tilapa, municipio de Malinaltepec, Ezequiel Neri Casimiro. En la reunión estuvieron los municipios de Malinaltepec, Tlacoapa, Iliatenco y San Luis Acatlan.
Asistieron el presidente del Craadet, German Cortes Morales; secretario del Craadet, Gelacio Ambrosio Santana; el comisariado de bienes comunales de Colombia de Guadalupe, Federico Salgado Toribio; el comisario ejidal de San José Vista Hermosa, Clodoveo Mateo Fidel; comisariado de bienes comunales de Totomixtlahuaca, Javier García Barragan; comisariado de bienes comunales de San José Vista Hermosa, Prisciliano Enríquez Jimenes; comisariado de bienes comunales de San Miguel del Progreso, Ángel Barrera Santiagués, y comisariado de bienes comunales de Malinaltepec, Florino Vicario Carrasco, y el enlace en Guerrero de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, Miguel Ángel Mijangos Leal, y abogados del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.

Presentan organizaciones a un juzgado de Chilpancingo sugerencias para evitar concesiones mineras en Malinaltepec

Organismos internacionales presentaron este viernes un amicus curiae (amigo de la corte) ante el Juzgado Primero de Distrito de Chilpancingo en contra de la declaratoria de libertad del terreno, emitida por la Secretaría de Economía federal en el núcleo agrario de San Miguel del Progreso, municipio de Malinaltepec, que abre la posibilidad de que se autoricen nuevas concesiones para la exploración minera en la zona.
La declaratoria de la dependencia federal se dio a pesar de que el pueblo de San Miguel del Progreso obtuvo un amparo el año pasado que canceló las concesiones que ya había en la zona.
El escrito fue presentado por la Fundación para el Debido Proceso (PDLF), con sede en Washington DC; la Clínica de Derechos Humanos del Human Rights Research and Education Center de la Universidad de Ottawa, y el Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL).
El amicus curiae tiene el propósito de contribuir a la decisión del Juzgado Primero de Distrito en torno a la demanda de amparo que fue presentado por la comunidad me’phaa de San Miguel del Progreso.
Dicho amparo es contra la emisión de la declaratoria de libertad de terreno 02/2015 que emitió la Secretaría de Economía federal para que particulares obtengan concesiones de licencias para la exploración y, en su caso explotación, de recursos naturales en territorios ancestralmente ocupados por la comunidad indígena de San Miguel del Progreso.
La presentación del escrito se hizo la mañana de ayer por el integrante de PDLF, Daniel López Cerqueira, quien se entrevistó por la mañana con la jueza Estela Platero, a quien le entregó el documento.
Después, en conferencia de prensa, se informó que en el amicus curiae se resalta los estándares del derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho constitucional comparado sobre la consulta previa, libre o informada, así como los derechos territoriales de los pueblos indígenas, aplicables a la concesión de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales susceptibles de afectarles.
En la conferencia de prensa estuvieron el mismo López Cerqueira de PDLF; Matilde Pérez Romero, del Centro de Análisis e Investigación, Fundar; Abel Barrera Hernández, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Manuel Olivares Hernández, secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, y Alejandro Ramos Gallegos, del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, con sede en Chilapa.
En la conferencia de prensa, estuvieron asimismo, como invitadas, autoridades del núcleo agrario de San Miguel del Progreso, encabezadas por el presidente del Comité de Bienes Comunales, Valerio Muro Amado Solano.

Incumpliría el Estado mexicano sus obligaciones internacionales si se acepta la declaratoria

Allí se dijo que las organizaciones signatarias del amicus curiae esperan que el Juzgado Primero de Distrito anule la declaratoria de libertad de terreno 02/2015, y argumentaron que la decisión de la dependencia federal no fue precedida de un proceso de consulta a la comunidad de San Miguel del Progreso, cuyos integrantes han manifestado estar en contra de megaproyectos de minería en su territorio.
“Una decisión que se aparte de los estándares internacionales detallados en el escrito de amicus curiae no sólo desconocería los derechos fundamentales del pueblo me’phaa de San Miguel del Progreso, sino que deslindaría en el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado mexicano”, se establece en un boletín de prensa emitido por los representantes de los organismos que respaldan el escrito entregado al juzgado federal.
En la conferencia de prensa, López Cerqueira explicó que el escrito entregado al Juzgado Primero de Distrito tiene el propósito de “alertar a la ciudad judicial de lo que establecen los parámetros internacionales, y para que la juez incorpore y tome en cuenta estos parámetros en la resolución del amparo que emitirá próximamente.
Dijo que el principal argumento que debe tomar en cuenta la juez es que la declaratoria de la Secretaría de Economía no fue consultada al pueblo indígena me’phaa y que con ello se les privó de su derecho de incidir en las políticas estatales.
Asimismo, informó que los organismos que promovieron el escrito, “nos ponemos a disposición del Juzgado y de la Secretaría de Economía para seguir aportando elementos”. Además propuso una mesa de negociación en la que se permita a la comunidad incidir en los proyectos del gobierno.
A su vez, Matilde Pérez, de Fundar, declaró que existe preocupación de los organismos por el incumplimiento del Estado y la constante violación a la consulta previa en los pueblos indígenas, que en el caso de San Miguel del Progreso tome en cuenta los argumentos que se establecen en el amicus curiae, “y se pueda garantizar una justicia efectiva que siente precedente para otros casos similares”.

El nuevo modelo de desarrollo del país no toma en cuenta a los indígenas, señala Abel Barrera

Abel Barrera declaró que los pueblos indígenas “son los que enorgullecen al estado de Guerrero, pero que lamentablemente son los más pisoteados, marginados y segregados”.
Agregó que, por eso son los que constantemente apelan a instrumentos internacionales para obligar a las autoridades a que respeten sus derechos como pueblos, y destacó que apelando a esos instrumentos internacionales han ganado los casos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Dijo que sólo así han obligado a las autoridades a que respeten los derechos que tienen, como el de poseer la tierra de la que son dueños, como el caso de San Miguel del Progreso.
“Pero hoy resulta que, en el nuevo modelo de desarrollo del país nuevamente no son tomados en cuenta”.
Destacó que, en su informe el gobernador Héctor Astudillo Flores habló de cinco proyectos, y que el segundo de ellos es el de la minería. Al respecto, se preguntó a qué costo, puesto que implica destruir el habitad y contaminar el medio ambiente.
Citó el caso de Nuevo Balsas, municipio de Cocula, en donde la minera Media Luna no sólo está contaminando el medio ambiente, sino que llegó a dividir al pueblo al instalar por la fuerza su proyecto. Explicó que este es el costo de no hacer consultas previas en los pueblos.
Subrayó que, en el caso de San Miguel del Progreso la secretaría de Economía, con su declaratoria de libertad de terreno, deja abierta la posibilidad para que se autoricen más concesiones a empresas y particulares que las soliciten, pero que espera que el amicus curiae ayude mucho para que el Juzgado Primero resuelva a favor de los pobladores.
En tanto, Manuel Olivares Hernández expresó que preocupan estos intentos y estrategias del gobierno federal para sacar adelante proyectos extractivistas, sobre todo en la Montaña de Guerrero, pero que esperan que la jueza pueda resolver con el apoyo del amicus curiae en beneficio de San Miguel del Progreso.