Etiqueta: Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón

Sigue impune la ejecución de Juventina Villa, líder de desplazados y de su hijo hace 5 años

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

A cinco años de la ejecución de la defensora del bosque y líder de los desplazados de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, Juventina Villa Mojica, los responsables gozan de impunidad, denunciaron el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) y el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Ccti).
También informaron que el gobierno sigue sin cumplir los compromisos que asumió con los desplazados por la violencia en esa zona, a pesar de que abandonaron sus comunidades debido a que el gobierno no les garantizó la seguridad a la que tienen derecho.
Mojica Villa fue asesinada el 28 de noviembre del 2012 junto a su hijo Reynaldo de 12 años. Entonces dirigía a un grupo de desplazados por la violencia de la comunidad de La Laguna, asentada en lo alto de la sierra de Coyuca de Catalán.
Antes, entre febrero de 2011 y noviembre del 2012 el mismo grupo  armadoo que la mató ejecutó a su esposo Rubén Santana Alonso y a sus hijos Sergio, Joel y Reynaldo, de apellidos Santana Villa.
La persecución de paramilitares y sicarios en contra de la familia Santana Villa y los pobladores de La Laguna inició a raíz de la defensa de los bosques del ejido Los Huajes de Ayala, municipio de Coyuca de Catalán, en la región Tierra Caliente.
Como consecuencia de esa persecución fueron asesinadas 27 personas, hombres, mujeres y menores de edad, mientras que tres más fueron desaparecidos y se desconoce su paradero.
Tras esos hechos de violencia los pobladores de La Laguna se vieron obligados a abandonar la comunidad y se refugiaron en Puerto de Las Ollas, municipio de Coyuca de Catalán.
Posteriormente por la presión de organizaciones sociales y organismos de derechos humanos el gobierno del estado inició un proceso de reubicación para las familias en las poblaciones de La Unión y Tepango, municipio de Ayutla, en donde se encuentran 17 familias. Otras más se quedaron en las localidades de La Tondonicua, municipio de Petatlán, en donde se encuentran otras 16 familias.
El Centro Morelos y el Ccti denunciaron que a cinco años de la ejecución de Villa Mojica y su hijo, el caso sigue sin investigarse, y los responsables gozan de impunidad, en la misma situación se encuentran las otras 27 ejecuciones y las tres desapariciones, aun cuando la familia Santana Villa presentó las denuncias correspondientes en las que dieron nombres y la ubicación de los responsables directos de la violencia.
El Centro Morelos y el Ccti han dado seguimiento al caso, y ayer informaron mediante un boletín de prensa con motivo del quinto año de la ejecución de Mojica Villa que de todos los asesinatos y las tres desapariciones sólo se ha detenido a una persona por esa muerte, pero que por las demás ejecuciones no se ha detenido ni sentenciado a nadie.
Denunciaron que las familias desplazadas de La Laguna que se encuentran refugiadas en tres lugares, “viven en condiciones de alta marginación, sin acceso pleno a servicios de salud, trabajo, tierras y educación”.
Afirman que paralelamente las familias enfrentan secuelas profundas y afectaciones biopsicosociales que no han sido atendidas integralmente por el gobierno.
A cinco años de las ejecuciones de Juventina Villa Mojica y su hijo Reynaldo Santana Villa los organismos exigieron castigo a los responsables, reparación integral del daño, restitución, rehabilitación e indemnización por los daños.
También exigieron garantías de no repetición y medidas de satisfacción para todas las familias de los desplazados por la violencia, “que han sido víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, así como de abuso del poder y de la omisión de las autoridades”.

Es mediático el anuncio de seguridad para Chilapa del gobernador, advierte el Centro Morelos

El director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández opinó que la nueva operación militar y policiaca que anunció el lunes el gobernador Héctor Astudillo Flores, para “proteger” a los maestros y alumnos, se trata de un anuncio “mediático” y para crear “falsas expectativas”.
Declaró que está comprobado que el problema de la violencia en esta región del estado no es por falta de militares y policías, sino por la impunidad con que los gobiernos federal y estatal dejan actuar a los grupos del crimen organizado que se disputan el territorio.
El secretario técnico del Centro Morelos, organismo que acompaña los familiares de las víctimas de desapariciones, asesinatos y desplazamientos como consecuencia de la violencia, fue consultado después de la sesión del Grupo de Coordinación Guerrero en esta cabecera municipal.
“Nosotros consideramos que este tipo de operaciones de momento pudieran parecer buenas, pero a la larga van a ser un fracaso porque el riesgo no solamente es para los maestros y alumnos de la cabecera municipal (Chilapa), en donde se concentra a los militares y policías, las amenazas son para los maestros en general y no se está considerando vigilancia para los maestros de las comunidades”, advirtió.
Por eso, dijo que la operaciónno es garantía real de seguridad de todos los maestros y alumnos, “mucho menos para la ciudadanía en general, porque finalmente a principios de enero de 2016 se anunció un operativo con la participación de 3 mil militares y otras fuerzas policiacas, y eso no sirvió para que se detuvieran las ejecuciones o desapariciones”.
El defensor de derechos humanos dijo que no cree que ahora sea diferente, y que la presencia de militares y policías sirva para detener la criminalidad.
Afirmó que el gobierno está dejando de lado la prevención de la violencia que tiene que ver con políticas públicas que, para su aplicación, implicaría una consulta a todos los sectores para que ellos definan cómo quieren que se les dé seguridad.
“No es posible que se le siga apostando a la militarización cuando desde el 2006, cuando se declara la guerra al narcotráfico y a la delincuencia, y hasta la fecha, no podemos contar con policías seguros ni confiables”, cuestionó.
Se quejó de que los gobiernos federal y estatal no han tomado con seriedad el problema de la violencia, pero sobre todo, dijo que no se les ve oficio político ni voluntad para poder atender el problema.
Añadió que desde enero del año pasado cuando el gobierno anunció la participación de 3 mil 500 militares en una operación en Chilapa para combatir la violencia, se vio que el problema no es por la falta de militares y policías, sino por la impunidad con que los tres niveles de gobierno dejan actuar a los grupos del crimen organizado que se disputan el territorio.
“Creo que la garantía de seguridad pasa indudablemente por el combate a la corrupción, que es la que ha generado ese manto de impunidad con el cual se cubren los grupos de la delincuencia organizada”, acusó.
Cuestionó, lo primero que tendría que plantearse el gobernador es el combate a la corrupción, “y tendríamos que preguntarnos ¿qué alternativas o estrategias está ofreciendo Héctor Astudillo para acabar con la corrupción?”.
Insistió en que mientras no se combata la corrupción, la impunidad con que actúan los grupos criminales va a seguir, “y entonces todos los delincuentes saben que no van a ser castigados y que pueden seguir haciendo lo que quieran, y la ciudadanía va a seguir pagando las consecuencias”.
En este contexto dijo que la operación que anunció ayer el gobernador, es “mediática” de “falsas expectativas” y que lo que se prevé, “aunque a muchos no les guste, es que van a aumentar las violaciones a los derechos humanos”.

Toman los forenses argentinos muestras de ADN a familiares de seis desaparecidos de Chilapa

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) comenzó este martes los estudios a los familiares de desaparecidos en los municipios de Chilapa y Zitlala, para la confronta de su ADN con el de los cadáveres encontrados cerca del cerro de Tenanchitla, municipio de Zitlala en noviembre del año pasado, y a los cuerpos y restos depositados en gavetas del Cementerio Estatal Forense hace un mes.
Ayer fueron seis de 37 familias de desaparecidos que pueden acudir en los próximos siete días a practicarse el estudio correspondiente.
Los familiares que acudirán en esta primera etapa son solamente del colectivo Siempre Vivos de Chilapa, que reciben el acompañamiento del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón.
Las seis familias se concentraron desde las 10 de la mañana en un aula del Centro Estatal de Capacitación de la Fiscalía General del Estado (FGE), en donde los peritos argentinos les aplicaron un cuestionario para conocer las circunstancias en que desapareció su familiar y conocer las señas particulares. Después les tomaron las muestras de ADN.
Circunstancialmente el fiscal Javier Olea Peláez recorrió en la mañana algunas áreas del edificio donde se hacían los estudios, en la explanada presenció las prácticas de entrenamiento de un grupo de agentes ministeriales.
Consultado respecto del trabajo de los peritos argentinos rechazó que sea por desconfianza a la labor de la Fiscalía, como lo denunciaron el lunes en Chilapa el presidente del Colectivo Siempre Vivos, José Díaz Navarro y el presidente del Centro Morelos, Manuel Olivares Hernández.
Dijo que, por el contrario, con los resultados de su peritaje van a comprobar la certeza de los estudios que la Fiscalía ha hecho a los cadáveres que se encuentran en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) y los que han sido trasladados al Cementerio Estatal Forense.
El lunes en Chilapa fue la primera reunión de los integrantes del EAAF con los familiares de desaparecidos agrupados en el colectivo Siempre Vivos de Chilapa, y allí acordaron iniciar los estudios este martes en las instalaciones de la Fiscalía.
En los próximos siete días se van a tomar entre 10 y 12 muestras diarias a tres familiares por cada desaparecido, éstos pueden ser la madre, el padre y un hermano o un hijo del desaparecido si lo tuviera. Aunque en algunos casos únicamente podrían ser dos personas a las que se les practique el estudio.
Los familiares que acudieron ayer son de seis desaparecidos durante la incursión de civiles armados del grupo denominado Paz y Justicia, del 9 al 14 de mayo de 2015 en Chilapa.
El presidente del Centro Morelos de Chilapa, Manuel Olivares Hernández declaró que el trabajo del EAAF es importante para dar certeza a los familiares y a los ciudadanos en general, pues dijo que no tienen confianza en las autoridades estatales y federales en cuanto a los peritajes se refiere.
“La ciudadanía tiene mucha desconfianza de los resultados que a veces se ofrecen por parte de los gobiernos federal y estatal, a pesar de que digan que hay muchos avances en la forma de hacer su trabajo, pero para mayor certeza y seguridad de los familiares es necesario que se haga este tipo de trabajo por parte de peritos independientes, porque sólo así se estaría aceptando un resultado que fuera positivo por parte de los servicios periciales de la Fiscalía, si éste concuerda con el del EAAF”, explicó.
El Centro Morelos ha venido acompañando a familiares de 97 desaparecidos, algunos desde el 2013, pero Olivares Hernández explicó que no todos han presentado denuncias y no existe averiguación previa o carpeta de investigación.
Informó que de estas 97 personas desaparecidas solamente presentaron denuncias 37, por lo que serían las únicas que podrían presentarse en los próximos siete días a practicarse los estudios.
Aunque Olivares Hernández aclaró que hay algunos familiares de estos 37 desaparecidos que mantienen la esperanza de encontrarlos con vida, y no han aceptado la toma de muestras porque no esperan encontrarlos muertos, “muchos prefieren mantener la esperanza de que su familiar va a aparecer con vida”.
Explicó que hasta la mañana de ayer habían confirmado familiares de 27 de los 37 desaparecidos con averiguación previa o carpeta de investigación que están de acuerdo en practicarse los estudios, pero insistió en que en esta primera etapa podría aplicarse la prueba a familiares de las 37 víctimas.
Servicios periciales de la FGE aprovechó la presencia de los familiares de los desaparecidos para practicar sus propios estudios, y al respecto Olivares Hernández criticó que “eso es un indicativo de que no hicieron su tarea en su momento”, y que no se habían realizado los estudios a los familiares de los desaparecidos por la falta de confianza a las autoridades estatales. Olivares informó que los resultados de las muestras podrían estar listos aproximadamente en dos o tres meses, y anunció que en marzo se tomarán las muestras a los 43 cadáveres y a las nueve cabezas que fueron encontrados en el cerro de Tenanchitla, del municipio de Zitlala, para la confronta.
Informó que también se aplicarán los estudios a los 11 cuerpos que se encontraron en el crucero de Ayahualulco en octubre del año pasado, por lo que consideró que serán alrededor de 50 cuerpos hallados en los últimos meses a los que se les van a practicar los estudios.

Vamos a aprender de los peritos, reconoce el fiscal

Cuando los peritos del EAAF hacían su trabajo en una aula del Centro Estatal de Capacitación, llegó al edificio el fiscal Olea Peláez quien recorría las áreas aledañas. Consultado respecto al trabajo de los peritos argentinos, informó que su intervención fue a petición del presidente del colectivo Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz Navarro, y del Centro Morelos, “y nosotros no tuvimos ningún inconveniente porque pueden mejorar los estudios que nosotros tenemos hechos”.
El lunes el presidente de Siempre Vivos José Díaz, y el presidente del Centro Morelos Manuel Olivares declararon en Chilapa que solicitaron la intervención de los peritos del EAAF porque hay desconfianza en el trabajo de la Fiscalía General del Estado.
Consultado al respecto el fiscal rechazó que haya desconfianza, “ellos (los antropólogos argentinos) se darán cuenta que los estudios periciales que hemos hecho a los cuerpos encontrados en fosas son los idóneos”, consideró.
Dijo que el hecho de que los peritos argentinos estén aquí, para la Fiscalía es importante para que “renueven lo que hemos avanzado y enseñen a nuestros peritos más circunstancias”.
Olea Peláez declaró que la coordinación de periciales de Guerrero está muy avanzada, y que por eso la FGE no tuvo inconveniente en que los peritos argentinos hicieran los peritajes, “porque no nos perjudica, al contrario, nos pueden enseñar”.
Agregó: “el aprender más no empobrece, nos pueden enseñar muchas cosas para ser más rápidos y ser más precisos, por eso, adelante, que bueno que están aquí”.

Pide el Centro Morelos a la ONU y a la CNDH que ayuden a sobrevivir a familias de desaparecidos

El Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón de Chilapa manifestó que los familiares de desaparecidos esperan que el representante en México de las Naciones Unidas, Jan Jarab, y el primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Ismael Eslava Pérez cumplan su promesa de intervenir para que los familiares de las víctimas de desapariciones reciban apoyos para su sobrevivencia.
En un boletín el organismo informó que los familiares de las víctimas que se reunieron con el representante de las Naciones Unidas y el visitador de la CNDH el martes y miércoles en Chilpancingo y Chilapa, pidieron proyectos productivos, becas para estudiantes, atención médica y psicológica, “sin restar importancia a las sugerencias y recomendaciones precisas que el gobierno del estado tiene que seguir para llegar a la verdad y justicia para las víctimas, y poder tener un estado con mayor equidad y libre”.
Reprochó que siendo Guerrero un lugar donde los altos índices de desaparición forzada, los homicidios y el hallazgo de cuerpos en fosas clandestinas son temas cotidianos, haya una Fiscalía General del Estado (FGE) y una Dirección General de Servicios Periciales sin la capacidad para enfrentar el problema.
En cuanto al primer asunto el Centro Morelos consideró que la visita conjunta del representante del Alto Comisionado y del visitador de la CNDH, “no se habría dado si la situación de violencia que vivimos los guerrerenses fuera atendida adecuadamente por nuestras autoridades”.
Reclamó que por el contrario las cifras de asesinatos, de personas desaparecidas, desplazados, secuestros, y extorsiones van a la alza.
“Además la saturación de cuerpos y restos en el Servicio Médico Forense, en contraste con el número de familias organizadas que buscan a sus seres queridos, habla de la incapacidad de nuestras autoridades de hacer las identificaciones correspondientes”, cuestionó el organismo.
El Centro Morelos informó que los colectivos que se reunieron con el representante del Alto Comisionado de la ONU y el primer Visitador de la CNDH, no son las únicas víctimas en el estado, pues no existe un número exacto de personas desaparecidas o desplazadas.
“Tan sólo en esta semana fueron desplazados por la delincuencia organizada aproximadamente 150 personas de la comunidad de Tlaltempanapa, el 4 de diciembre fue hallado el líder de la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes de Guerrero (CETIG) Juan Mendoza Tapia y su esposa, Francisca Santos Delgado, desaparecidos el 24 de noviembre. Un día después se dio la privación de libertad del coordinador del Comité de Enlace de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), el Profesor Irineo Salmerón Dircio en manos de un comando de hombres armados”, denunció.
En este contexto exhortó a la ONU-DH y a la CNDH a que cumplan los compromisos que hicieron con las víctimas, “entre estos el compromiso de Ismael Eslava de hacer gestiones para que familiares de desaparecidos reciban proyectos productivos, becas para estudiantes, atención médica y psicológica, sin restar importancia, a las sugerencias y recomendaciones precisas que el Gobierno del Estado tiene que seguir para llegar a la verdad y justicia, para las víctimas y poder tener un estado con mayor equidad y libre”, reclama el organismo mediante su comunicado.
Por otra parte el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón denunció que los hechos de desaparición involuntaria de personas han puesto en evidencia, que tanto la FGE como su Dirección de Servicios Periciales carecen de equipo material y humano para ofrecer un trabajo confiable a la población.
En este contexto el organismo denunció que los familiares además de salir a buscar a sus desaparecidos se ven en la necesidad de solicitar peritajes independientes, por la falta de confianza hacia las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia.

Denuncian víctimas ante la ONU en una reunión en la capital que no se investigan las desapariciones

El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab y el primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Ismael Eslava Pérez se reunieron ayer con colectivos de familiares de desaparecidos de Chilpancingo, Iguala y Acapulco, quienes denunciaron la falta de atención e investigación a los casos de desaparecidos y asesinados en la entidad.
El encuentro fue privado y duró más 3 horas (de las 11 de la mañana a las 2 y media de la tarde) en la casa Diocesana (conocida también como Villa Lucerna).
Asistieron también el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, el abogado del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón de Chilapa, Alejandro Ramos Gallegos y el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández, quienes presentaron un diagnóstico de la situación de violencia en la entidad.
Asimismo hubo denuncias de la falta de apoyo a los grupos de desplazados por la violencia.
Consultada al final de la reunión, la madre de José Molina Rodríguez desaparecido en julio del 2014, y vocera del Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el Estado y en el País, con sede en Chilpancingo, Guadalupe Rodríguez Narciso informó que presentaron una queja en contra de las autoridades federales y estatales y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas federal (CEAV) porque no han resuelto las demandas, peticiones de apoyo y necesidades que plantearon.
Añadió que las instituciones no les están dado la atención que establece la Ley General de Víctimas, “no hemos recibido ese apoyo de primer nivel que dicen ellos, no hemos recibido nada”.
El colectivo que representa tiene registrados 100 casos de personas desaparecidas y asesinadas de las distintas regiones del estado.
Explicó que también denunciaron que la Fiscalía General del Estado (FGE) no les ha dado información de los resultados de las investigaciones para localizar a sus desaparecidos.
Aseguró que en las dos reuniones que han tenido con funcionarios de la dependencia no les han informado nada de los casos que presentaron, algunos de ellos son desaparecidos desde hace ocho años y otros apenas de meses.
“Queremos verdad, queremos justicia y queremos a nuestros familiares, con vida o como estén pero ya queremos resultados, ya no podemos permanecer estáticos esperando a que el gobierno haga algo porque no lo va a hacer, si no nos organizamos no tendremos nunca resultados”, dijo al salir del encuentro con los enviados de la ONU y de la CNDH.
Denunció que aparte de perder a sus seres queridos los han revictimizado y que les han hecho tocar muchas puertas, “no hemos tenido ningún resultado, no hay avances en las averiguaciones previas de nuestros familiares”.
Agregó que por eso pidieron la intervención del representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y de la CNDH para que envíen recomendaciones a los gobiernos federal y estatal, y se atiendan los casos en los que ya existen averiguaciones previas pero que no se están investigando.

Los padres de los 43 pidieron el acompañamiento de la ONU al mecanismo de seguimiento para el caso Ayotzinapa

También llegaron a dialogar con el representante de la ONU y del visitador de la CNDH los representantes de los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos, Felipe de la Cruz, Melitón Ortega y Mario César González.
Felipe de la Cruz informó que pidieron el acompañamiento tanto de la ONU como de la CNDH al mecanismo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que da seguimiento al caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos.
“Exigimos a la CNDH a que insista en su recomendación sobre la detención o arraigo de los policías federales que estuvieron presentes en la detención de los jóvenes en el puente El Chipote, porque eso es lo que pide en su recomendación la CNDH”, dijo Felipe de la Cruz.
El vocero reconoció que vio “disposición” tanto del representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas Jan Jarab como del visitador de la CNDH, Ismael Eslava, de darle seguimiento al caso Ayotzinapa y de seguir exigiendo que el mecanismo de la CIDH tenga cancha libre para llevar a cabo su trabajo.
También acudió una comisión de integrantes del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), que denunció la desaparición de dos de sus integrantes, Inocencio Ramírez de 65 años, según ellos levantado por policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) el 24 de octubre pasado durante el enfrentamiento con policías comunitarios del FUSDEG cerca de Tlayolapa.
Aseguraron que Inocencio no es policía comunitario y que fue levantado cuando trabajaba su tierra de labor cerca de su comunidad, y que padece de hipertensión.
El otro desaparecido es Jesús Elacio quien fue herido el 25 de noviembre pasado durante el enfrentamiento entre policías ciudadanos de la UPOEG y comunitarios del FUSDEG cerca de Tierra Colorada.
La promotora del FUSDEG en Tierra Colorada, Ruth Delgado aseguró que vieron cuando Jesús cayó herido y que se lo llevaron los policías ciudadanos de la UPOEG.
Denunció que ambas desapariciones no están siendo investigadas por las autoridades, a pesar de que hubo un compromiso en las mesas de diálogo que mantienen con las autoridades estatales.
A su vez el buscador de fosas del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, Mario Vergara informó que pidieron al representante de la ONU y al visitador de la CNDH los estudios del ADN y la confronta de resultados de los cadáveres de todos Semefos del país, además quieren tener acceso a ellos para buscar a sus desaparecidos.
“Queremos que se obligue al Gobierno federal para que se haga responsable de los desaparecidos porque en el caso de Guerrero no hay condiciones. El gobierno federal ya no quiere recibir casos nuevos de desaparecidos, pero en Guerrero tampoco hay condiciones para investigarlos”, denunció.
Añadió que el gobierno federal se está deslindando y lavando las manos y está regresando los casos de desaparecidos a los estados, pero que en el caso de Guerrero no hay condiciones y no tiene la capacidad para atenderlos.
Mientras tanto una comisión de ciudadanos San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa, denunció los cinco asesinatos ocurridos el 8 de febrero del 2015 en la comisaría de ese pueblo, por policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de los pueblos fundadores que encabeza Cirino Plácido Valerio.
“Pedimos justicia y castigo para los asesinos”, dijo el dirigente del Frente de Defensa Popular (FDP) Rodolfo Colorado, quien encabezó a la comisión de ciudadanos.
Informó que expusieron que desde octubre pasado se liberó la orden de aprehensión en contra de los responsables pero que el asesor del gobernador, César Flores Maldonado frenó la detención por acuerdos que asumió con Cirino Plácido.

La violencia no sólo ha dejado asesinatos, sino levantados, desaparecidos y familias desplazadas por las bandas del crimen organizado

Antes de que cada uno de los grupos presentara los casos por separado y en privado, el representante del Alto Comisionado delas Naciones Unidas y el visitador de la CNDH se reunieron con los representantes de los organismos de derechos humanos.
Abel Barrera de Tlachinollan informó que presentaron de manera conjunta el diagnóstico de lo que está sucediendo en Guerrero.
En la reunión expusieron los puntos críticos de la violencia en donde no sólo ha dejado asesinatos, sino levantados, desaparecidos y familias desplazadas por las bandas del crimen organizado.
Manuel Olivares, secretario técnico de la Red Guerrerenses de Organismos Civiles de Derechos Humanos, presentó los casos de los desplazados de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán y de Quetzalcoatlán, municipio de Chilapa, denunció que estos grupos no están recibiendo apoyo del gobierno estatal.
Al final de la reunión el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas Jan Jarab se negó a hacer declaraciones a los reporteros.
El primer visitador de la CNDH, Ismael Eslava declaró brevemente que la reunión fue para dar seguimiento a cada uno de los casos de víctimas de la violencia en el estado y de acoso por las autoridades, a fin de dar seguimiento a las investigaciones.
Informó que estas reuniones van a continuar en los próximos días con los distintos grupos y colectivos.

Se reunió el secretario Florencio Salazar con el representante de la ONU-DH

El secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame recibió al representante de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ayer en Chilpancingo.
Según un boletín del gobierno del estado, el funcionario estuvo en representación del gobernador Héctor Astudillo Flores, y “en el encuentro se abordaron temas relacionados con la protección a los Derechos Humanos en Guerrero”.
La misiva dice que estuvieron Pilar San Marín Oficial de Derechos Humanos de la ONU, el primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) Ismael Eslava Pérez, el fiscal general del Estado Javier Olea Peláez, el Vicefiscal de Investigación José Antonio Bonilla Uribe “y otros servidores públicos”. (Redacción).

Denuncian víctimas ante la ONU en una reunión en la capital que no se investigan las desapariciones

 

El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab y el primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Ismael Eslava Pérez se reunieron ayer con colectivos de familiares de desaparecidos de Chilpancingo, Iguala y Acapulco, quienes denunciaron la falta de atención e investigación a los casos de desaparecidos y asesinados en la entidad.
El encuentro fue privado y duró más 3 horas (de las 11 de la mañana a las 2 y media de la tarde) en la casa Diocesana (conocida también como Villa Lucerna).
Asistieron también el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, el abogado del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón de Chilapa, Alejandro Ramos Gallegos y el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández, quienes presentaron un diagnóstico de la situación de violencia en la entidad.
Asimismo hubo denuncias de la falta de apoyo a los grupos de desplazados por la violencia.
Consultada al final de la reunión, la madre de José Molina Rodríguez desaparecido en julio del 2014, y vocera del Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el Estado y en el País, con sede en Chilpancingo, Guadalupe Rodríguez Narciso informó que presentaron una queja en contra de las autoridades federales y estatales y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas federal (CEAV) porque no han resuelto las demandas, peticiones de apoyo y necesidades que plantearon.
Añadió que las instituciones no les están dado la atención que establece la Ley General de Víctimas, “no hemos recibido ese apoyo de primer nivel que dicen ellos, no hemos recibido nada”.
El colectivo que representa tiene registrados 100 casos de personas desaparecidas y asesinadas de las distintas regiones del estado.
Explicó que también denunciaron que la Fiscalía General del Estado (FGE) no les ha dado información de los resultados de las investigaciones para localizar a sus desaparecidos.
Aseguró que en las dos reuniones que han tenido con funcionarios de la dependencia no les han informado nada de los casos que presentaron, algunos de ellos son desaparecidos desde hace ocho años y otros apenas de meses.
“Queremos verdad, queremos justicia y queremos a nuestros familiares, con vida o como estén pero ya queremos resultados, ya no podemos permanecer estáticos esperando a que el gobierno haga algo porque no lo va a hacer, si no nos organizamos no tendremos nunca resultados”, dijo al salir del encuentro con los enviados de la ONU y de la CNDH.
Denunció que aparte de perder a sus seres queridos los han revictimizado y que les han hecho tocar muchas puertas, “no hemos tenido ningún resultado, no hay avances en las averiguaciones previas de nuestros familiares”.
Agregó que por eso pidieron la intervención del representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y de la CNDH para que envíen recomendaciones a los gobiernos federal y estatal, y se atiendan los casos en los que ya existen averiguaciones previas pero que no se están investigando.

Los padres de los 43 pidieron el acompañamiento de la ONU al mecanismo de seguimiento para el caso Ayotzinapa

También llegaron a dialogar con el representante de la ONU y del visitador de la CNDH los representantes de los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos, Felipe de la Cruz, Melitón Ortega y Mario César González.
Felipe de la Cruz informó que pidieron el acompañamiento tanto de la ONU como de la CNDH al mecanismo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que da seguimiento al caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos.
“Exigimos a la CNDH a que insista en su recomendación sobre la detención o arraigo de los policías federales que estuvieron presentes en la detención de los jóvenes en el puente El Chipote, porque eso es lo que pide en su recomendación la CNDH”, dijo Felipe de la Cruz.
El vocero reconoció que vio “disposición” tanto del representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas Jan Jarab como del visitador de la CNDH, Ismael Eslava, de darle seguimiento al caso Ayotzinapa y de seguir exigiendo que el mecanismo de la CIDH tenga cancha libre para llevar a cabo su trabajo.
También acudió una comisión de integrantes del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), que denunció la desaparición de dos de sus integrantes, Inocencio Ramírez de 65 años, según ellos levantado por policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) el 24 de octubre pasado durante el enfrentamiento con policías comunitarios del FUSDEG cerca de Tlayolapa.
Aseguraron que Inocencio no es policía comunitario y que fue levantado cuando trabajaba su tierra de labor cerca de su comunidad, y que padece de hipertensión.
El otro desaparecido es Jesús Elacio quien fue herido el 25 de noviembre pasado durante el enfrentamiento entre policías ciudadanos de la UPOEG y comunitarios del FUSDEG cerca de Tierra Colorada.
La promotora del FUSDEG en Tierra Colorada, Ruth Delgado aseguró que vieron cuando Jesús cayó herido y que se lo llevaron los policías ciudadanos de la UPOEG.
Denunció que ambas desapariciones no están siendo investigadas por las autoridades, a pesar de que hubo un compromiso en las mesas de diálogo que mantienen con las autoridades estatales.
A su vez el buscador de fosas del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, Mario Vergara informó que pidieron al representante de la ONU y al visitador de la CNDH los estudios del ADN y la confronta de resultados de los cadáveres de todos Semefos del país, además quieren tener acceso a ellos para buscar a sus desaparecidos.
“Queremos que se obligue al Gobierno federal para que se haga responsable de los desaparecidos porque en el caso de Guerrero no hay condiciones. El gobierno federal ya no quiere recibir casos nuevos de desaparecidos, pero en Guerrero tampoco hay condiciones para investigarlos”, denunció.
Añadió que el gobierno federal se está deslindando y lavando las manos y está regresando los casos de desaparecidos a los estados, pero que en el caso de Guerrero no hay condiciones y no tiene la capacidad para atenderlos.
Mientras tanto una comisión de ciudadanos San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa, denunció los cinco asesinatos ocurridos el 8 de febrero del 2015 en la comisaría de ese pueblo, por policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de los pueblos fundadores que encabeza Cirino Plácido Valerio.
“Pedimos justicia y castigo para los asesinos”, dijo el dirigente del Frente de Defensa Popular (FDP) Rodolfo Colorado, quien encabezó a la comisión de ciudadanos.
Informó que expusieron que desde octubre pasado se liberó la orden de aprehensión en contra de los responsables pero que el asesor del gobernador, César Flores Maldonado frenó la detención por acuerdos que asumió con Cirino Plácido.

La violencia no sólo ha dejado asesinatos, sino levantados, desaparecidos y familias desplazadas por las bandas del crimen organizado

Antes de que cada uno de los grupos presentara los casos por separado y en privado, el representante del Alto Comisionado delas Naciones Unidas y el visitador de la CNDH se reunieron con los representantes de los organismos de derechos humanos.
Abel Barrera de Tlachinollan informó que presentaron de manera conjunta el diagnóstico de lo que está sucediendo en Guerrero.
En la reunión expusieron los puntos críticos de la violencia en donde no sólo ha dejado asesinatos, sino levantados, desaparecidos y familias desplazadas por las bandas del crimen organizado.
Manuel Olivares, secretario técnico de la Red Guerrerenses de Organismos Civiles de Derechos Humanos, presentó los casos de los desplazados de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán y de Quetzalcoatlán, municipio de Chilapa, denunció que estos grupos no están recibiendo apoyo del gobierno estatal.
Al final de la reunión el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas Jan Jarab se negó a hacer declaraciones a los reporteros.
El primer visitador de la CNDH, Ismael Eslava declaró brevemente que la reunión fue para dar seguimiento a cada uno de los casos de víctimas de la violencia en el estado y de acoso por las autoridades, a fin de dar seguimiento a las investigaciones.
Informó que estas reuniones van a continuar en los próximos días con los distintos grupos y colectivos.

Se reunió el secretario Florencio Salazar con el representante de la ONU-DH

El secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame recibió al representante de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ayer en Chilpancingo.
Según un boletín del gobierno del estado, el funcionario estuvo en representación del gobernador Héctor Astudillo Flores, y “en el encuentro se abordaron temas relacionados con la protección a los Derechos Humanos en Guerrero”.
La misiva dice que estuvieron Pilar San Marín Oficial de Derechos Humanos de la ONU, el primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) Ismael Eslava Pérez, el fiscal general del Estado Javier Olea Peláez, el Vicefiscal de Investigación José Antonio Bonilla Uribe “y otros servidores públicos”. (Redacción).

Presentan organizaciones a un juzgado de Chilpancingo sugerencias para evitar concesiones mineras en Malinaltepec

Organismos internacionales presentaron este viernes un amicus curiae (amigo de la corte) ante el Juzgado Primero de Distrito de Chilpancingo en contra de la declaratoria de libertad del terreno, emitida por la Secretaría de Economía federal en el núcleo agrario de San Miguel del Progreso, municipio de Malinaltepec, que abre la posibilidad de que se autoricen nuevas concesiones para la exploración minera en la zona.
La declaratoria de la dependencia federal se dio a pesar de que el pueblo de San Miguel del Progreso obtuvo un amparo el año pasado que canceló las concesiones que ya había en la zona.
El escrito fue presentado por la Fundación para el Debido Proceso (PDLF), con sede en Washington DC; la Clínica de Derechos Humanos del Human Rights Research and Education Center de la Universidad de Ottawa, y el Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL).
El amicus curiae tiene el propósito de contribuir a la decisión del Juzgado Primero de Distrito en torno a la demanda de amparo que fue presentado por la comunidad me’phaa de San Miguel del Progreso.
Dicho amparo es contra la emisión de la declaratoria de libertad de terreno 02/2015 que emitió la Secretaría de Economía federal para que particulares obtengan concesiones de licencias para la exploración y, en su caso explotación, de recursos naturales en territorios ancestralmente ocupados por la comunidad indígena de San Miguel del Progreso.
La presentación del escrito se hizo la mañana de ayer por el integrante de PDLF, Daniel López Cerqueira, quien se entrevistó por la mañana con la jueza Estela Platero, a quien le entregó el documento.
Después, en conferencia de prensa, se informó que en el amicus curiae se resalta los estándares del derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho constitucional comparado sobre la consulta previa, libre o informada, así como los derechos territoriales de los pueblos indígenas, aplicables a la concesión de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales susceptibles de afectarles.
En la conferencia de prensa estuvieron el mismo López Cerqueira de PDLF; Matilde Pérez Romero, del Centro de Análisis e Investigación, Fundar; Abel Barrera Hernández, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Manuel Olivares Hernández, secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, y Alejandro Ramos Gallegos, del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, con sede en Chilapa.
En la conferencia de prensa, estuvieron asimismo, como invitadas, autoridades del núcleo agrario de San Miguel del Progreso, encabezadas por el presidente del Comité de Bienes Comunales, Valerio Muro Amado Solano.

Incumpliría el Estado mexicano sus obligaciones internacionales si se acepta la declaratoria

Allí se dijo que las organizaciones signatarias del amicus curiae esperan que el Juzgado Primero de Distrito anule la declaratoria de libertad de terreno 02/2015, y argumentaron que la decisión de la dependencia federal no fue precedida de un proceso de consulta a la comunidad de San Miguel del Progreso, cuyos integrantes han manifestado estar en contra de megaproyectos de minería en su territorio.
“Una decisión que se aparte de los estándares internacionales detallados en el escrito de amicus curiae no sólo desconocería los derechos fundamentales del pueblo me’phaa de San Miguel del Progreso, sino que deslindaría en el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado mexicano”, se establece en un boletín de prensa emitido por los representantes de los organismos que respaldan el escrito entregado al juzgado federal.
En la conferencia de prensa, López Cerqueira explicó que el escrito entregado al Juzgado Primero de Distrito tiene el propósito de “alertar a la ciudad judicial de lo que establecen los parámetros internacionales, y para que la juez incorpore y tome en cuenta estos parámetros en la resolución del amparo que emitirá próximamente.
Dijo que el principal argumento que debe tomar en cuenta la juez es que la declaratoria de la Secretaría de Economía no fue consultada al pueblo indígena me’phaa y que con ello se les privó de su derecho de incidir en las políticas estatales.
Asimismo, informó que los organismos que promovieron el escrito, “nos ponemos a disposición del Juzgado y de la Secretaría de Economía para seguir aportando elementos”. Además propuso una mesa de negociación en la que se permita a la comunidad incidir en los proyectos del gobierno.
A su vez, Matilde Pérez, de Fundar, declaró que existe preocupación de los organismos por el incumplimiento del Estado y la constante violación a la consulta previa en los pueblos indígenas, que en el caso de San Miguel del Progreso tome en cuenta los argumentos que se establecen en el amicus curiae, “y se pueda garantizar una justicia efectiva que siente precedente para otros casos similares”.

El nuevo modelo de desarrollo del país no toma en cuenta a los indígenas, señala Abel Barrera

Abel Barrera declaró que los pueblos indígenas “son los que enorgullecen al estado de Guerrero, pero que lamentablemente son los más pisoteados, marginados y segregados”.
Agregó que, por eso son los que constantemente apelan a instrumentos internacionales para obligar a las autoridades a que respeten sus derechos como pueblos, y destacó que apelando a esos instrumentos internacionales han ganado los casos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Dijo que sólo así han obligado a las autoridades a que respeten los derechos que tienen, como el de poseer la tierra de la que son dueños, como el caso de San Miguel del Progreso.
“Pero hoy resulta que, en el nuevo modelo de desarrollo del país nuevamente no son tomados en cuenta”.
Destacó que, en su informe el gobernador Héctor Astudillo Flores habló de cinco proyectos, y que el segundo de ellos es el de la minería. Al respecto, se preguntó a qué costo, puesto que implica destruir el habitad y contaminar el medio ambiente.
Citó el caso de Nuevo Balsas, municipio de Cocula, en donde la minera Media Luna no sólo está contaminando el medio ambiente, sino que llegó a dividir al pueblo al instalar por la fuerza su proyecto. Explicó que este es el costo de no hacer consultas previas en los pueblos.
Subrayó que, en el caso de San Miguel del Progreso la secretaría de Economía, con su declaratoria de libertad de terreno, deja abierta la posibilidad para que se autoricen más concesiones a empresas y particulares que las soliciten, pero que espera que el amicus curiae ayude mucho para que el Juzgado Primero resuelva a favor de los pobladores.
En tanto, Manuel Olivares Hernández expresó que preocupan estos intentos y estrategias del gobierno federal para sacar adelante proyectos extractivistas, sobre todo en la Montaña de Guerrero, pero que esperan que la jueza pueda resolver con el apoyo del amicus curiae en beneficio de San Miguel del Progreso.