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Otorgan universidades jesuitas el premio Tata Vasco al Ccti, por atención a víctimas de tortura

La Junta de Rectoría del Sistema Universitario Jesuita de México otorgó el reconocimiento Tata Vasco al Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (Ccti), por la atención integral que ha hecho con sobrevivientes de la tortura.
El Ccti en el país tiene dos sedes, una en la Ciudad de México y la segunda en Acapulco, de ahí los integrantes de la organización se desplazan a otros estados del país como Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Baja California, Coahuila, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Estado de México, Chiapas, Campeche, Veracruz, para dar atención a las víctimas de tortura.
En un comunicado, las universidades jesuitas manifestaron que cada dos años se otorga el premio para destacar el compromiso y el trabajo de alguna organización, defensor o defensora de derechos humanos en el país.
Por lo tanto, la Junta de Rectores del Sistema Universitario Jesuita (SUJ) decidió otorgar este año el décimo tercer Reconocimiento Tata Vasco al Ccti.
“La organización galardonada cuenta con 14 años de trayectoria de acompañamiento a personas víctimas de tortura, a partir de una perspectiva integral que considera tanto los aspectos médicos como psicológicos en la atención. Adicionalmente forma parte de una red global de organizaciones dedicada a la prevención de la tortura y la rehabilitación de las víctimas denominada International Rehabilitation Council por Torture Victims”, detalla el escrito.
El Ccti además de brindar la atención médica a las víctimas, ha tenido impactos sustantivos para la definición de legislación en la materia.
Agrega el comunicado que el colectivo hizo una importante contribución durante el proceso de discusión de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 2017.
Dada la situación de derechos humanos en México, y el uso recurrente de la tortura como método para la obtención de confesiones por parte de las fuerzas de seguridad, el trabajo del Ccti se vuelve no sólo pertinente, sino crítico, indica. (Beatriz García / Chilpancingo).

 

Rechazan familiares el procedimiento para integrar la comisión de búsqueda de personas

Familiares de víctimas de la violencia integrados en los colectivos de Chilpancingo, Huitzuco, Chilapa, Acapulco, así como el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) y el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Ccti), rechazaron el procedimiento que sigue la Secretaría General de Gobierno para designar a quienes integrarán la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.
El 24 abril la Secretaría General de Gobierno informó de la creación de esa comisión para “impulsar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades que participen en la búsqueda, localización e identificación de personas”.
En un pronunciamiento conjunto los representantes de los colectivos y de organismos de derechos humanos que representan a las víctimas y sus familiares demandaron al gobierno estatal que cumpla su obligación legal en la designación de los miembros de esa comisión, “dado que serán las cabezas de instituciones que tienen como objetivo la justicia, tan escasa y ausente en el estado”.
Asimismo demandaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) investigaciones científicas con apego a protocolos y plena protección de los derechos humanos de víctimas e imputados, y que se cumpla plenamente con los procesos de búsqueda, localización, identificación y restitución de cuerpos o restos.
Firman el posicionamiento el Colectivo de Familiares de Desaparecidos, Ejecutados y Secuestrados de Guerrero, el Colectivo de Familiares de Iguala y de Huitzuco Buscando Vida entre los Muertos, familiares de desaparecidos de Chilapa, de desaparecidos de Acapulco, el Centro Morelos y el Ccti.
Plantean que la Fiscalía General del Estado (FGE) funcione y encuentre a los responsables materiales e intelectuales de las desapariciones forzadas y de las desapariciones por civiles, de ejecuciones, secuestros y desplazamiento forzado.
Además que se dote de plena autonomía con recursos económicos, materiales y equipo humano multidisciplinario y técnico suficientes a la Comisión de Estatal de Búsqueda para que cumpla realmente su función.
Demandaron que se elabore un calendario de búsqueda de los desaparecidos, el reconocimiento jurídico de las víctimas, sus familiares y colectivos, la atención a todas las víctimas y agilizar los trámites correspondientes.
En su pronunciamiento destacan que debido a la violencia en el estado cada día hay una madre, una hija o una hermana que se suman a la búsqueda de sus familiares por su propia cuenta, “en los rincones menos imaginados donde guardamos la esperanza de encontrar a nuestros desaparecidos, porque tenemos la desgracia de vivir en uno de los estados con más alto nivel de criminalidad en el país, y sin embargo no contamos con una Fiscalía que sirva realmente a las víctimas de la delincuencia organizada como debiera ser en un Estado de derecho”, reprocharon.
Consideraron que la autonomía de la que se dotó a la FGE, “sólo es un insulto para las familias de las víctimas directas e indirectas de la violencia, pues el gobernador Héctor Astudillo Flores alude a ella como la manera más fácil de sacudirse la obligación que tiene de garantizar los derechos que corresponden a las víctimas, principalmente los derechos sociales a la verdad y a la justicia”.
Cuestionan la falta de voluntad política “que se reproduce desde el gobernador hasta los servidores públicos que ocupan cargos importantes y estratégicos para combatir la crisis humanitaria que hemos enfrentado desde hace una década”.
En estas circunstancias consideran que son preocupantes las condiciones en que trabaja la FGE, porque no cuenta con una estrategia de combate efectivo en contra de la criminalidad y persecución del delito debido a la inexistente articulación efectiva entre las corporaciones policiacas federales y locales con los gobernantes.
Agregan que no existe una propuesta política de combate a la corrupción y la impunidad, “por el contrario, la militarización va incrementando sin tener efecto en la seguridad”.

Javier Olea acumuló cientos de casos de desapariciones, secuestros, ejecuciones, desplazamientos que están en la impunidad

Añaden que el ahora ex fiscal Javier Olea Peláez acumuló en sus más de 28 meses en el cargo cientos de casos de desapariciones, secuestros, ejecuciones y varios desplazamientos, “entre las víctimas se cuentan más de una docena de políticos o funcionarios asesinados en Chilapa, decenas de ejecutados, cientos de desaparecidos, cuyas carpetas de investigación y averiguaciones previas permanecen hasta ahora en la impunidad”.
De la creación de la Comisión Estatal de Busqueda de Personas consideran que las comisiones o fiscalías especiales no van a ser realmente autónomas mientras tengan una carencia de recursos humanos, económicos y materiales.
Adelantan que serán obstaculizadas por los grupos de poder al interior de los tres órdenes de gobierno vinculados con los grupos de la delincuencia organizada, y lo más importante es si quien dirige carece de compromiso con las víctimas.
Frente a estas circunstancias dicen que los familiares de las víctimas se han unido y organizado en colectivos para acompañar un proceso legítimo, “y manifestamos que después de tanto tiempo viviendo en una situación de dolor e incertidumbre de nada nos han servido ni nos servirán los analfabetas funcionales, que sólo son nombrados para simular preocupación por la inseguridad y la alta criminalidad que azota a Guerrero, o que son colocados en puestos claves para garantizar la impunidad a los delincuentes gubernamentales y a los grupos de la delincuencia organizada”.
Proponen un mecanismo de evaluación y seguimiento para que se elaboren estrategias de búsqueda de los desaparecidos cumpliendo con los protocolos, que se garantice el derecho al acceso a la justicia con una estrategia clara de investigación, persecución y castigo de los responsables materiales e intelectuales por acción u omisión de las ejecuciones, desapariciones, secuestros y desplazamientos forzados.

 

Sigue impune la ejecución de Juventina Villa, líder de desplazados y de su hijo hace 5 años

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

A cinco años de la ejecución de la defensora del bosque y líder de los desplazados de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, Juventina Villa Mojica, los responsables gozan de impunidad, denunciaron el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) y el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Ccti).
También informaron que el gobierno sigue sin cumplir los compromisos que asumió con los desplazados por la violencia en esa zona, a pesar de que abandonaron sus comunidades debido a que el gobierno no les garantizó la seguridad a la que tienen derecho.
Mojica Villa fue asesinada el 28 de noviembre del 2012 junto a su hijo Reynaldo de 12 años. Entonces dirigía a un grupo de desplazados por la violencia de la comunidad de La Laguna, asentada en lo alto de la sierra de Coyuca de Catalán.
Antes, entre febrero de 2011 y noviembre del 2012 el mismo grupo  armadoo que la mató ejecutó a su esposo Rubén Santana Alonso y a sus hijos Sergio, Joel y Reynaldo, de apellidos Santana Villa.
La persecución de paramilitares y sicarios en contra de la familia Santana Villa y los pobladores de La Laguna inició a raíz de la defensa de los bosques del ejido Los Huajes de Ayala, municipio de Coyuca de Catalán, en la región Tierra Caliente.
Como consecuencia de esa persecución fueron asesinadas 27 personas, hombres, mujeres y menores de edad, mientras que tres más fueron desaparecidos y se desconoce su paradero.
Tras esos hechos de violencia los pobladores de La Laguna se vieron obligados a abandonar la comunidad y se refugiaron en Puerto de Las Ollas, municipio de Coyuca de Catalán.
Posteriormente por la presión de organizaciones sociales y organismos de derechos humanos el gobierno del estado inició un proceso de reubicación para las familias en las poblaciones de La Unión y Tepango, municipio de Ayutla, en donde se encuentran 17 familias. Otras más se quedaron en las localidades de La Tondonicua, municipio de Petatlán, en donde se encuentran otras 16 familias.
El Centro Morelos y el Ccti denunciaron que a cinco años de la ejecución de Villa Mojica y su hijo, el caso sigue sin investigarse, y los responsables gozan de impunidad, en la misma situación se encuentran las otras 27 ejecuciones y las tres desapariciones, aun cuando la familia Santana Villa presentó las denuncias correspondientes en las que dieron nombres y la ubicación de los responsables directos de la violencia.
El Centro Morelos y el Ccti han dado seguimiento al caso, y ayer informaron mediante un boletín de prensa con motivo del quinto año de la ejecución de Mojica Villa que de todos los asesinatos y las tres desapariciones sólo se ha detenido a una persona por esa muerte, pero que por las demás ejecuciones no se ha detenido ni sentenciado a nadie.
Denunciaron que las familias desplazadas de La Laguna que se encuentran refugiadas en tres lugares, “viven en condiciones de alta marginación, sin acceso pleno a servicios de salud, trabajo, tierras y educación”.
Afirman que paralelamente las familias enfrentan secuelas profundas y afectaciones biopsicosociales que no han sido atendidas integralmente por el gobierno.
A cinco años de las ejecuciones de Juventina Villa Mojica y su hijo Reynaldo Santana Villa los organismos exigieron castigo a los responsables, reparación integral del daño, restitución, rehabilitación e indemnización por los daños.
También exigieron garantías de no repetición y medidas de satisfacción para todas las familias de los desplazados por la violencia, “que han sido víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, así como de abuso del poder y de la omisión de las autoridades”.

En 2016 la complicidad del gobierno con el crimen agudizó la crisis humanitaria: ONG

La fragmentación de los movimientos magisterial y social, la impunidad y complicidad del gobierno con criminales ante la violencia generalizada y la posibilidad de que el ejecutivo federal declare un estado de excepción como parte de la militarización de la seguridad interior, agudizan la crisis humanitaria en Guerrero, denunciaron e Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Ccti) y el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos).
En un comunicado señalan que “la agresión gubernamental” fragmentó y dejó en un alto grado de vulnerabilidad a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), dividió y provocó el reflujo de las bases sociales de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en una embestida que comenzó en 2013, e hizo lo mismo con el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (Cecop).
Advirtieron el riesgo de organizaciones como la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y otras policías o guardias comunitarias que no se rigen necesariamente en el ámbito de la Ley 701 ni responden a los usos y costumbre de los pueblos originarios, “de que el fenómeno se desarrolle hacia narco-paramilitares que le hagan las tareas sucias al gobierno agrediendo a activistas, militantes y defensores de derechos humanos”.
En un balance de los acontecimientos de 2016 señalan que el año que terminó fue el más violento desde 2006, con más de 2 mil 200 asesinados, al grado de alcanzar los niveles de 2011.
“Tanto si se trata de violencia del crimen organizado, delincuencia común o de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, el dato nos señala una ineludible responsabilidad del Estado mexicano, al no proteger ni castigar estos homicidios, en la que hay que resaltar los feminicidios a los que el gobierno del estado de Guerrero ha invisibilizado negándose a aplicar una alerta de género”, opinaron sobre la solicitud de feministas que demandaron una política pública federal para evitar los asesinatos de mujeres en la entidad, por la que el gobernador ofreció implementar acciones para evitar la intervención de la federación.
Mencionan la muerte de tres líderes históricos de Guerrero: uno de los fundadores de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Benigno Guzmán Martínez, el abogado de las viudas de la masacre de Aguas Blancas, José Sánchez Sánchez y el doctor Bertoldo Martínez Cruz, “los tres se enfrentaron al gobierno de Rubén Figueroa Alcocer y fueron perseguidos y encarcelados”.
Destacan que en 2016 se registraron muertos de todas las edades, género y diferentes preferencias sexuales, y el mayor número fueron hombres jóvenes en edad productiva, de baja escolaridad, y de los estratos socioeconómicos más desprotegidos. Entre las ejecuciones mencionaron los casos de los normalistas de Ayotzinapa, Jonathan Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro, además de miembros de los grupos de policías comunitarias de Tixtla.
Asimismo indicaron que hay casi mil casos de desapariciones forzadas en registros de las asociaciones de familiares de desaparecidos Iguala, Chilpancingo, Chilapa, Zitlala y Acapulco, donde se sospecha la participación de agentes del Estado, como las cometidas por los grupos del crimen organizado y poderes fácticos, y no existe ningún cálculo de este problema en las instituciones de gobierno.
De los casos de desaparición que terminaron con hallazgos de cadáveres recordaron el del maestro y miembro de la CRAC-PC Irineo Salmerón Dircio y del líder de la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes de Guerrero (CETIG), Juan Mendoza Tapia y su esposa Carolina Francisca Santos Delgado, así como de estudiantes y trabajadores de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).
Otro fenómeno que contribuye a la crisis del Estado de derecho y la crisis humanitaria que vivimos en Guerrero, exponen, es el desplazamiento forzoso interno que comenzó en 2007 en la sierra de la Costa Grande y Tierra Caliente, y que en 2016 afectó más a las regiones Centro, Norte y Tierra Caliente.
Aseguraron que las tres regiones se caracterizan por la ausencia del Estado y el control territorial de facciones del crimen organizado, y las víctimas siguen desprotegidas a pesar de que existe una ley estatal sobre desplazamiento forzoso.
Tanto en ejecuciones, desapariciones y desplazamiento forzado prevalece la falta de investigación, la criminalización hacia las víctimas, la impunidad y la falta de respuesta de las autoridades conforme a tratados y convenciones internacionales y al propio derechos interno.
Un eje transversal en todos los conflictos “es la militarización de la seguridad pública”, al grado que los políticos propusieron crear un marco inconstitucional para avalar la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, lo que implica “una garantía de impunidad”, denunciaron.
Como ejemplo mencionan la reciente reglamentación del artículo 29 de la Constitución, que permitiría al presidente de la República declarar estado de excepción o suspensión de garantías, acotando los derechos humanos más básicos como parte de ese proceso de militarización que se complementaría con la Ley de Seguridad Interna.

Sigue sin resolverse la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa

La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa sigue sin resolverse, no obstante que el año pasado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) encontró evidencias de “muy graves intenciones de desviar líneas de investigación contra presuntos responsables, a quienes ahora hay que considerar como víctimas de tortura y de ser obligados a armar la verdad histórica con confesiones sacadas bajo tortura”.
Debido a lo anterior, el Estado mexicano básicamente expulsó a los integrantes del GIEI y retrasó por meses la conformación del Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que “demuestran la nula voluntad política de resolver el caso conforme a derecho. Por el contrario, se dilucida la intención de encubrir a los verdaderos autores materiales e intelectuales de la desaparición masiva de los normalistas”.
En el campo del derecho a la salud, aseguraron que “tampoco se ven avances significativos”, más bien la disminución del presupuesto destinado a la salud y el intento de impulsar la universalización de la salud que tarde o temprano va privatizar no solo el acceso, sino el derecho a la salud.
En Guerrero no existen avances en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para los pueblos originarios, ya que sigue expulsando migrantes que de otra forma morirían de hambre en sus pueblos, o por falta de oportunidades y servicios.
Para 2017, consideraron que la pobreza se profundiza debido a los incrementos a los precios de la gasolina, al gas y la electricidad, pero millones de mexicanos empobrecidos tienen la oportunidad de “organizarse y defender sus derechos, logrando verdad y justicia para los familiares de los desaparecidos, que los desplazados por fin sean atendidos de acuerdo a la Ley 487 Para la Prevención y Atención al Desplazamiento Interno”.

Proponen personal interdisciplinario en la Fiscalía para atender las desapariciones

Para la atención de los desaparecidos proponen que se dote a la nueva Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, de personal interdisciplinario y recursos económicos suficientes para su funcionamiento y eficacia en todo el estado, y que el Congreso apruebe la iniciativa de ley presentada por el diputado Ricardo Mejía Berdeja sobre la declaración de ausencia de personas desaparecidas, a fin de que las familias puedan acceder a la protección de los bienes de los desparecidos.
Asimismo demandaron la independencia de la Dirección General de Servicios Periciales que depende de la Fiscalía General de Justicia del estado, y que se establezca una base de datos de ADN en el Estado de Guerrero, para confrontar los resultados de las muestras en el menor tiempo posible, y concluir la identificación de los más de 400 cuerpos desconocidos, que a fin de año se colocaron en un cementerio ministerial.
Solicitaron que la Secretaría de Asuntos Indígenas del estado y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se comprometan a acompañar y apoyar a las familias de víctimas de desaparición que pertenezcan a población indígena, de acuerdo con sus facultades tal y como lo establece la Ley General de Víctimas.
Además, que la FGE “deje de querer entregar a las familias de desaparecidos cuerpos con sólo el resultado positivo del ADN de uno de sus familiares, lo cual deben de estar más completas las confrontas de ADN y se deben hacer los peritajes de otras especialidades como el de Odontología y Antropología Forense”.

Los desplazados por la violencia desconocen que una ley obliga al gobierno a velar por ellos: Ccti

 

Por desconocimiento de sus derechos las comunidades desplazadas por la violencia no reclaman vivienda y salud al gobierno federal y estatal hasta que existan garantías de regresar a sus localidades, denunció el director del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Ccti), Raymundo Sánchez Taboada sobre los desplazamientos de comunidades en la zona Norte y Tierra Caliente del estado.
Sobre los casos de comunidades desoladas por la violencia del narcotráfico en Teloloapan y Apaxtla, defensor dijo que a partir de la experiencia con los desplazados de La Laguna, sisrra de Coyuca de Catalán y de Chilapa, “sí sabemos que es un problema muy fuerte en el estado, un fenómeno social de desplazamiento que viene de años atrás”.
Recordó que los primeros casos visibles fueron en la sierra de Petatlán, provocados por el ganadero Rogaciano Alba quien fue detenido por delincuencia organizada hasta febrero de 2010. “Hubo un desplazamiento hormiga, integrantes de una familia, luego de familias completas hasta desplazar comunidades”.
Añadió que en el periodo del entonces gobernador, Ángel Aguirre Rivero, antes de los ataques y la desaparición de los 43 estudiantes de la Norma Rural de Ayotzinapa que llevaron a su separación del cargo, se creó una ley para atender este conflicto, dicha ley no ha funcionado, denunció.
Señaló que el Estado oculta a los desplazados para no atenderlos, porque las instituciones no están preparadas para atenderlos, sólo se refieren al crimen organizado como la causa de este conflicto “para dejar a la gente a su suerte”.
Opinó que las víctimas no están pensando que el gobierno federal o estatal es responsable de atenderlos, de mantener seguridad y las condiciones para que la gente pueda dedicarse a sus actividades cotidianas en paz y armonía. “La gente está tan preocupada por mantenerse a salvo, su vida su integridad, dejan de ver que los responsables de que deban irse de sus tierras, es también el gobierno que no da seguridad”. Señaló que esto no sucede con las comunidades organizadas que tienen alguna forma de resistir y hay reclamado de sus derechos. Dijo que la población sólo pide seguridad para volver a sus pueblos, “pero se están quedando cortos”.
Señaló que la Ley de Desplazamiento Interno obliga al gobierno a darle condiciones a la gente que se vio obligada a huir de sus domicilios durante los primeros tres meses de que han sido desplazadas, y en ese tiempo generar las condiciones para reinsertar a los desplazados en sus comunidades.
Señaló que en el caso de La Laguna siguen viviendo la inseguridad, esta semana uno de sus vecinos fue asesinado. “La mayor parte de los desplazados ni saben que existe la ley y sobresalen más las amargas experiencias de quienes salen a pedir refugio, porque las autoridades dejan de pagar un hotel donde inicialmente los hospedan y les dicen luego de un tiempo que ya pasó el peligro.

El asesinato en Ayutla del desplazado de La Laguna podría ser una represalia, advierten ONG y piden justicia

 

El Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), y el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Ccti) condenaron el asesinato del desplazado por la violencia de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, Constantino Díaz Pérez y exigieron una investigación y castigo a los culpables.
Además demandaron la atención de los desplazados de acuerdo con los estándares internacionales.
El domingo hombres armados a bordo de un Tsuru blanco asesinaron a Constantino Díaz Pérez en Ayutla afuera de la tienda Neto. Era uno de los desplazados por la violencia en La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán y refugiado en ese municipio desde hace tres años.
“El hecho acontecido aproximadamente a las 10 de la mañana en el centro de Ayutla ha causado preocupación a los pobladores de la colonia La Libertad, donde actualmente se encuentran reubicados los desplazados”, se advierte en el comunicado.
Refiere que Díaz Pérez de 36 años se dedicaba a hacer trabajos de electricidad que fue lo que lo llevó a esa ciudad el domingo, pues fue a comprar piezas. Según testigos estaba comprando refacciones para arreglar una motosierra, pues de esa manera se ganaba la vida.
Entonces un Tsuru blanco con cuatro personas a bordo se detuvo, de ahí descendió un hombre encapuchado con un arma AK-47 y le disparó en varias ocasiones, su cuerpo fue impactado por seis balazos que lo mataron, además quedó herido otro hombre. El vehículo de inmediato se retiró rumbo a la salida a Tecoanapa, se relata en el documento.
Agrega que su esposa y sus tres hijos quedaron en estado de vulnerabilidad, porque las condiciones en las que han vivido desde hace tres años son precarias.
“Ante estos hechos es preciso señalar que no es la primera vez que sufren un atentado ya que justamente el día domingo 21 de julio de 2013, siendo aproximadamente las 10 el señor Hermelindo Díaz Pérez… vio que en la loma del cerro se encontraban tres personas y cuando lo vieron dos de ellos se agacharon y el otro se quedó parado dándole la espalda, Hermelindo le gritó “¿qué hacen allí?” y el que estaba parado se dio la vuelta, Hermelindo se percató que en sus manos portaba un rifle de alto poder y le disparó en ráfaga, se narra en la misiva.
Ese día logró escapar y sus hermanos salieron en su defensa con un rifle calibre .22 que se utiliza para cazar animales en el campo, con el que repelieron la agresión. Ese día acudió la Policía Ciudadana de La Unión quienes siguieron a los sicarios, ese día resultaron muertos dos de los agresores y otro fue detenido.
“No se descarta que el asesinato de Constantino Díaz Pérez sea una represalia, ya que el viernes 9 de diciembre la señora Catalina Pérez Duque acudió al juzgado de primera instancia a una diligencia en contra del C. Tereso Díaz Núñez quien se encuentra procesado por el asesinato de doña Juventina Villa Mojica, bajo la causa penal 21/2013 en el juzgado de Primera instancia del ramo penal del Distrito Judicial de Mina”, indica.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos puntualizan que el gobierno del estado es el único responsable de garantizar la seguridad de los desplazados, pues según sus testimonios las medidas cautelares con las que cuentan desde el 20 de julio de 2013 han disminuido poco a poco, hasta quedar sólo un Policía Estatal de guardia.
Subrayan que es importante que el gobierno del estado no deje el asesinato de Díaz Pérez como un hecho aislado y se investigue y se castigue a los responsables.

Es “sistemática y generalizada” la tortura policiaca hacia mujeres, denuncian en un foro en la UAG

La coordinadora general del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, Edith Escareño, sostuvo que hay una tortura “sistemática y generalizada” contra las mujeres detenidas y privadas de la libertad; asimismo, una mujer víctima de tortura sexual advirtió que la práctica sigue en el país, por parte de las fuerzas de seguridad, y que la lógica del terror del Estado es el silencio y la exclusión para quienes son agredidas.
Ayer, un día antes de la conmemoración del Día Internacional Contra la Violencia Hacia las Mujeres, se llevó a cabo el foro por el derecho a la rehabilitación de sobrevivientes de tortura sexual, en la Unidad Académica de Psicología de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).
Ahí, la activista Bárbara Italia Méndez narró las agresiones que sufrió de policías federales, del estado y del municipio de Atenco, Estado de México, durante seis horas, tras ser detenida de manera arbitraria en una casa, el 4 de mayo del 2006, cuando campesinos de San Salvador Atenco se opusieron a la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.
Contó que documentaba uno de los dos asesinatos durante los disturbios, cuando fue detenida por la policía en una casa, la encapucharon con su suéter, y después, la trasladaron, apilada con otros detenidos en un autobús, al penal de Santiaguito.
“Nos decían que nos iban a asesinar”, y los contaban para hacerles creer que cada vez faltaban menos para su ejecución. Dijo que las mujeres, incluida ella, fueron torturadas sexual, física y psicológicamente. De los 207 detenidos, 47 eran mujeres, que se quedaron hasta tres años en la cárcel.
Italia Méndez dijo que ella logró salir tras 15 días de haber sido detenida, pero que durante el tiempo de encierro, ella y otras mujeres escribieron todo lo sucedido, que sirvió para denunciar el hecho. Afirmó que el gobierno hace sentir soledad a las víctimas, para hacerlas creer que nadie las entiende, para que desistan de sus acciones, pero que a ella, “hablar de la experiencia de tortura, me permitió enfrentar el horror”.
Advirtió que en todo el país se sigue torturando a las mujeres, “mi experiencia es que estuve acompañada, pero no es la misma suerte de otras personas”.
Edith Escareño, en su ponencia sobre tortura sexual, indicó que, de acuerdo con el reporte de Amnistía Internacional de 2016, en 2013 hubo en México 12 mil quejas por tortura; 8 mil 943 de hombres, y 3 mil 618 de mujeres, y en 2015 la tortura fue la segunda violación grave de derechos humanos más practicada.
Compartió que la organización tiene documentados 504 casos de tortura, 157 de mujeres, y que 57 de ellas denunciaron tortura sexual. Recordó que en el país hay sólo ocho sentencia a casos de tortura, y que en ninguno de los casos hay responsables presos, porque las sanciones son administrativas o económicas.
La psicóloga declaró que el número de ejecuciones extrajudiciales ha aumentado en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y también en el estado. Además dijo que se deben investigar los asesinatos de mujeres, porque son ciudadanas, y no justificar la violencia contra de ellas.
Abundó que, de los casos que tienen documentados de activistas que fueron torturados y que denunciaron los hechos, los expedientes han sido relacionados con la delincuencia organizada para justificar las agresiones, y que ocurre lo mismo con muchos de quienes denuncian, o son asesinados.
Insistió en que todas las corporaciones de seguridad torturan, y que si no hay registros de años anteriores, es porque no hay denuncia ni testimonios, pero que en la actualidad la cifra aumentó porque hay más denuncias, aunque dijo que puede haber una cifra negra de casos.
Edith Escareño confió en que antes de que termine el año sea discutida la Ley general de tortura, y que comiencen a operar los mecanismos como que en las investigaciones se excluya las pruebas obtenidas bajo tortura, y garantizar el castigo al superior jerárquico, que no tendría que ver con los agentes aprehensores sino con una cadena de mando.
En el foro, la profesora investigadora de la UAG, Claudia Rangel Lozano dijo que hay pruebas documentales de que al menos dos niñas y otras seis mujeres fueron torturadas en la época de la guerrera sucia, y a un hombre los militares le extirparon los testículos, pero no dio más detalles en declaraciones.

Hubo 12 mil 590 desplazados por la inseguridad en Guerrero de 2009 a 2014, informa el Inegi

En Guerrero, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), hay 117 mil 365 personas que se han desplazado a otros estados, de los que 12 mil 590, el 10.7 por ciento, lo hicieron a causa de la violencia y la inseguridad.
Con motivo del Día Internacional del Migrante, el Inegi publicó este miércoles datos de la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica (Enadid) 2014, que señala que, de 2009 a 2014 se desplazaron 185 mil 936 personas a causa de la inseguridad o la violencia en México.
Además, indica que seis de cada 100 personas cambiaron de estado por el mismo motivo. Los estados con más desplazamientos por inseguridad o violencia son, en primer lugar Tamaulipas, con 41 mil 47 personas desplazadas; en segundo lugar Chihuahua con 26 mil 519; la Ciudad de México, con 22 mil 904 desplazados; el Estado de México, con 18 mil 856; y Guerrero, en quinto lugar, con 12 mil 590.
Los datos del Inegi revelaron que en el país, un total de 2 millones 894 mil 229 personas migraron a otros estados de 2009 a 2014, por distintos motivos; el mayor porcentaje, 1 millón 317 mil 883 personas (45.5 por ciento) se reunieron con otros familiares; en busca de trabajo cambiaron de estado 492 mil 369 personas (17 por ciento); por cambio de trabajo, 299 mil 482 personas (10 por ciento); por estudios, 216 mil 750 personas (7 por ciento); por inseguridad y violencia, 185 mil 936 desplazados (6.4 por ciento); 368 mil 179 (12.7 por ciento) se desplazaron por otra causa; y 13 mil 630 (0.5) dijeron que no saben.
En Guerrero, del total de 117 mil 365 desplazados, 44 mil 638 (38 por ciento) lo hicieron para reunirse con sus familias; 29 mil 405 (25.1 por ciento) en busca de trabajo; 14 mil 324 (12.2 por ciento) para estudiar; 10 mil 556 (9 por ciento) cambio de trabajo; 12 mil 590 (10.7 por ciento) por la inseguridad o violencia, 5 mil 670 (4.8 por ciento) por otra causa y 182 personas (0.2 por ciento) no sabe.

Los casos consignados en Guerrero

El desplazamiento en Guerrero mantiene a familias desterradas de sus comunidades. El 5 de junio del 2014, 250 personas de las comunidades de Santa María Sur y El Barroso se trasladaron hacia Ajuchitlán del Progreso, de donde se mudaron a Iguala, Cuernavaca, Guadalajara, Colima, el Estado de México y Acapulco, para alojarse con familiares o amigos; otras 96 viven en Chilpancingo.
Luego de que el 9 de agosto de 2013 un grupo de delincuentes encabezó una agresión armada en la comunidad San Juan Tehuehuetla, 80 familias de la parte serrana del municipio de San Miguel Totolapan se refugiaron en Tecpan de Galeana.
En agosto del 2013, 35 familias desplazadas por la violencia de la comunidad de Las Chascuitas, San Miguel Totolapan, llegaron a Acapulco y estuvieron refugiadas en las instalaciones de la Arquidiócesis, después no se supo adónde fueron asentadas.
Desde el 2 de diciembre de 2012, 14 familias desplazadas de La Laguna, Coyuca de Catalán viven en la comunidad de La Unión, Ayutla. Las familias fueron desplazadas de sus tierras por delincuentes que mataron a unos 30 de sus integrantes entre 2005 y 2012, según datos del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad.