Por desconocimiento de sus derechos las comunidades desplazadas por la violencia no reclaman vivienda y salud al gobierno federal y estatal hasta que existan garantías de regresar a sus localidades, denunció el director del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Ccti), Raymundo Sánchez Taboada sobre los desplazamientos de comunidades en la zona Norte y Tierra Caliente del estado.
Sobre los casos de comunidades desoladas por la violencia del narcotráfico en Teloloapan y Apaxtla, defensor dijo que a partir de la experiencia con los desplazados de La Laguna, sisrra de Coyuca de Catalán y de Chilapa, “sí sabemos que es un problema muy fuerte en el estado, un fenómeno social de desplazamiento que viene de años atrás”.
Recordó que los primeros casos visibles fueron en la sierra de Petatlán, provocados por el ganadero Rogaciano Alba quien fue detenido por delincuencia organizada hasta febrero de 2010. “Hubo un desplazamiento hormiga, integrantes de una familia, luego de familias completas hasta desplazar comunidades”.
Añadió que en el periodo del entonces gobernador, Ángel Aguirre Rivero, antes de los ataques y la desaparición de los 43 estudiantes de la Norma Rural de Ayotzinapa que llevaron a su separación del cargo, se creó una ley para atender este conflicto, dicha ley no ha funcionado, denunció.
Señaló que el Estado oculta a los desplazados para no atenderlos, porque las instituciones no están preparadas para atenderlos, sólo se refieren al crimen organizado como la causa de este conflicto “para dejar a la gente a su suerte”.
Opinó que las víctimas no están pensando que el gobierno federal o estatal es responsable de atenderlos, de mantener seguridad y las condiciones para que la gente pueda dedicarse a sus actividades cotidianas en paz y armonía. “La gente está tan preocupada por mantenerse a salvo, su vida su integridad, dejan de ver que los responsables de que deban irse de sus tierras, es también el gobierno que no da seguridad”. Señaló que esto no sucede con las comunidades organizadas que tienen alguna forma de resistir y hay reclamado de sus derechos. Dijo que la población sólo pide seguridad para volver a sus pueblos, “pero se están quedando cortos”.
Señaló que la Ley de Desplazamiento Interno obliga al gobierno a darle condiciones a la gente que se vio obligada a huir de sus domicilios durante los primeros tres meses de que han sido desplazadas, y en ese tiempo generar las condiciones para reinsertar a los desplazados en sus comunidades.
Señaló que en el caso de La Laguna siguen viviendo la inseguridad, esta semana uno de sus vecinos fue asesinado. “La mayor parte de los desplazados ni saben que existe la ley y sobresalen más las amargas experiencias de quienes salen a pedir refugio, porque las autoridades dejan de pagar un hotel donde inicialmente los hospedan y les dicen luego de un tiempo que ya pasó el peligro.