Sigue impune la ejecución de Juventina Villa, líder de desplazados y de su hijo hace 5 años

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

A cinco años de la ejecución de la defensora del bosque y líder de los desplazados de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, Juventina Villa Mojica, los responsables gozan de impunidad, denunciaron el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) y el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Ccti).
También informaron que el gobierno sigue sin cumplir los compromisos que asumió con los desplazados por la violencia en esa zona, a pesar de que abandonaron sus comunidades debido a que el gobierno no les garantizó la seguridad a la que tienen derecho.
Mojica Villa fue asesinada el 28 de noviembre del 2012 junto a su hijo Reynaldo de 12 años. Entonces dirigía a un grupo de desplazados por la violencia de la comunidad de La Laguna, asentada en lo alto de la sierra de Coyuca de Catalán.
Antes, entre febrero de 2011 y noviembre del 2012 el mismo grupo  armadoo que la mató ejecutó a su esposo Rubén Santana Alonso y a sus hijos Sergio, Joel y Reynaldo, de apellidos Santana Villa.
La persecución de paramilitares y sicarios en contra de la familia Santana Villa y los pobladores de La Laguna inició a raíz de la defensa de los bosques del ejido Los Huajes de Ayala, municipio de Coyuca de Catalán, en la región Tierra Caliente.
Como consecuencia de esa persecución fueron asesinadas 27 personas, hombres, mujeres y menores de edad, mientras que tres más fueron desaparecidos y se desconoce su paradero.
Tras esos hechos de violencia los pobladores de La Laguna se vieron obligados a abandonar la comunidad y se refugiaron en Puerto de Las Ollas, municipio de Coyuca de Catalán.
Posteriormente por la presión de organizaciones sociales y organismos de derechos humanos el gobierno del estado inició un proceso de reubicación para las familias en las poblaciones de La Unión y Tepango, municipio de Ayutla, en donde se encuentran 17 familias. Otras más se quedaron en las localidades de La Tondonicua, municipio de Petatlán, en donde se encuentran otras 16 familias.
El Centro Morelos y el Ccti denunciaron que a cinco años de la ejecución de Villa Mojica y su hijo, el caso sigue sin investigarse, y los responsables gozan de impunidad, en la misma situación se encuentran las otras 27 ejecuciones y las tres desapariciones, aun cuando la familia Santana Villa presentó las denuncias correspondientes en las que dieron nombres y la ubicación de los responsables directos de la violencia.
El Centro Morelos y el Ccti han dado seguimiento al caso, y ayer informaron mediante un boletín de prensa con motivo del quinto año de la ejecución de Mojica Villa que de todos los asesinatos y las tres desapariciones sólo se ha detenido a una persona por esa muerte, pero que por las demás ejecuciones no se ha detenido ni sentenciado a nadie.
Denunciaron que las familias desplazadas de La Laguna que se encuentran refugiadas en tres lugares, “viven en condiciones de alta marginación, sin acceso pleno a servicios de salud, trabajo, tierras y educación”.
Afirman que paralelamente las familias enfrentan secuelas profundas y afectaciones biopsicosociales que no han sido atendidas integralmente por el gobierno.
A cinco años de las ejecuciones de Juventina Villa Mojica y su hijo Reynaldo Santana Villa los organismos exigieron castigo a los responsables, reparación integral del daño, restitución, rehabilitación e indemnización por los daños.
También exigieron garantías de no repetición y medidas de satisfacción para todas las familias de los desplazados por la violencia, “que han sido víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, así como de abuso del poder y de la omisión de las autoridades”.

Matan en Ayutla a un desplazado por la violencia de La Laguna, sierra de Coyuca de Catalán

 

La mañana de ayer un integrante de las familias de desplazados por la violencia de La Laguna, del municipio de Coyuca de Catalán, fue asesinado en la cabecera municipal de Ayutla de los Libres.
El hermano del desplazado Gildardo Díaz Pérez, quien está preso en la cárcel de Ayutla, Constantino Díaz Pérez de 34 años fue asesinado alrededor de las 11:30 de la mañana.
Según información oficial, el señor recibió al menos seis balazos en el pecho. En los primeros reportes se informó que fue asesinado con disparos de fusiles AK-47, conocido como cuerno de chivo, después se precisó que los calibres utilizados fueron de .45 y .9 milímetros.
El hecho ocurrió en la calzada 1 de Marzo y el crucero de Plan de Ayutla, a unas tres cuadras del Zócalo y el Ayuntamiento. El cuerpo del señor quedó tirado boca abajo.
Al lugar llegaron policías estatales, municipales y ministeriales y peritos que hicieron el levantamiento del cuerpo.

La familia Díaz Pérez huyó al ser amenazada al oponerse a la tala de árboles

La familia Díaz Pérez salió de la comunidad de La Laguna, Coyuca de Catalán, en la región de la Tierra Caliente del estado, luego de oponerse a la tala clandestina y recibir amenazas de integrantes de la delincuencia organizada, entre 2005 y 2012 30 de sus integrantes fueron asesinados según datos del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad.
El 21 de abril de 2011 llegaron a buscar refugio en la comunidad de Puerto Las Ollas, pero volvieron el 15 de noviembre de ese mismo año. La dirigente de los habitantes, Juventina Villa Mojica fue asesinada el 28 de noviembre del 2012 junto a su hijo Reynado Santana de 17 años cuando trataban de salir junto con otras 45 familias del poblado.
Entre noviembre y diciembre de 2012 luego de los asesinatos y ataques las familias se desplazaron a las comunidades de Tepango y La Unión, en Ayutla de los Libres. Ahí el 22 de junio del 2013 las familias fueron emboscadas por sujetos armados. Los policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) repelieron la agresión de los sicarios que llegaron al lugar; dos fueron asesinados.
Por esos asesinatos y el secuestro de Homero Montúfar, Gildardo Pérez fue acusado y encarcelado en marzo de 2015. Además hay otras 26 órdenes de aprehensión de acuerdo a las familias desplazadas que evitan salir de las comunidades donde viven por temor de ser detenidos.
El 5 de abril El Sur visitó a las familias desplazadas quienes reclamaron y demandaron al gobierno del estado cumplir la Ley 487, para Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno en el Estado de Guerrero, que se hizo a partir de que ellos fueron desterrados.