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Desplazados por la violencia, viven en Chicago decenas de ex policías comunitarios de Apaxtla

Manuel Martínez Santamaría

Chicago

A la ciudad de Chicago llegaron algunos de los líderes del Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón (MAAC), entre ellos el comandante Z y el comandante Guerrero, cuyos nombres originales se omiten para su protección y la de sus familiares en Apaxtla, municipio de la región norte de Guerrero.
Los dirigentes de lo que surgió como un movimiento comunitario, en entrevista, hablan de la histora de esta organización armada en defensa de la población, que tuvo actividad durante unos 10 años, desde 2013, y se fue debilitando ante pugnas con otros grupos y divisiones internas, y las acciones del gobierno para desarmar a los grupos de autodefensa por medio de la Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército.
Los comandantes Z y Guerrero y otros integrantes del MAAC, salieron desplazados de Apaxtla ante la violencia. Dicen que en el momento actual, en Apaxtla se vive una tensa calma, sin la presencia de policías comunitarios. Reconcen que en Chicago se encuentran entre la espada y la pared: las políticas migratorias del presidente Donald Trump y el no poder regresar con tranquilidad a sus lugares de origen.
Según el relato de los comandantes del MAAC, hasta 2013 un grupo de la delincuencia tenía aterrorizada a la gente del municipio de Apaxtla, porque secuestraba a comerciantes, profesores, ganaderos, se llevaba a las jovencitas, asesinaba a quienes se negaban a pagar cuotas de piso.
El pueblo ya cansado formó el MAAC y el 3 de noviembre de 2013, después del asesinato de un señor adulto, don Gabino y su esposa, a quienes pretendieron extorsionar para quitarles su ganado y sus tierras.
“El 3 de noviembre de 2013, liderados por el profesor Misael Figueroa y varios maestros, doctores, líderes de colonias y de cuadras, nos organizamos, primero de manera clandestina y después de manera muy abierta formamos este grupo para proteger a nuestras familias de las vejaciones y atrocidades que hacían los maleantes que comandaban en Apaxtla y sus comunidades”, dice el comandante Z.
Habla de cómo estructuraron en el territorio la defensa de Apaxtla: “nos organizábamos en siete columnas para evitar que entraran nuevamente los pelones, como se llamaba al grupo que tenía el mando de la delincuencia que asolaba al pueblo.
“La primera columna se formó en La Palapa y la cuidaban el profe Misa, el R, y su gente, la segunda en La Chapulicera, ahí estaba el profe Panchito Figueroa, el profe Adrián Brito, el profe Javier Silva, el Pípilo y sus gentes, en la industria estaba Martín Rojas y su grupo. En el puente estábamos nosotros”, dijo.
“En El Arco la gente del mercado, entre otros Martín Orozco, Elías Soto, Don Ríos, y en el punto de Nanchicahuite estaba el Chofer, y el Cuervo con su gente de confianza.
“El sexto punto estaba en La Mocha, ahí el encargado era el profe Fernando Medina y en el puente estaba Cayetano Sotelo y las Guananchas, ahí estuve, pero determiné retirarme de ahí debido a que Cayetano me propuso hacer cosas indebidas a las que me opuse y le dije que no y me regresé a El Arco, debemos añadir que siempre tuvimos el apoyo de las comunidades como Santamaría, Cacalotepec, Tepoztepec y varias más, todas las comunidades estaban organizadas”.
De 2013 a 2022, el municipio de Apaxtla gozó de libertad y tranquilidad, dicen el comandante Z y el comandante Guerrero, que “no había robos ni de gallinas, mucho menos extorsiones o asesinatos, había fiestas, quince años, bautizos, bodas, pero había un toque queda a las 10 de la noche.
“El Ayuntamiento nos apoyaba, con despensas, unas lámparas, unas botas, un café, pero nunca hubo pago alguno para los cientos de voluntarios que vigilábamos día y noche”.
–¿Por qué se deshizo el MAAC?
–El profe Misa se empezó a comportar mal, actuaba como un sicario, empezó a asesinar gente, entre otros al profesor Erik Reyna a quien asesinó y quemó en su camioneta en el trayecto de Teloloapan a Apaxtla y a su hermano lo desapareció en Cocula donde era maestro universitario, todo porque se opuso a que se cobrara una especie de derecho de piso. El pueblo ya empezó a verlo mal porque recogió algunas de las propiedades del profesor Reyna, recogía ganado, estableció un cobro por la venta de casi todos los productos incluyendo de la canasta básica, arriaba con todo y se volvió millonario.
“En un principio el profe Misa se rodeaba de unas 15 gentes como la Winga, el Ocho, Rincones, el Poncho quienes poco a poco se fueron alejando de él porque de sus extorsiones no les compartía nada y los comunitarios se alejaron porque ya no se nos tomaba en cuenta ni nuestras opiniones ni se habló más de cuidar a la comunidad. Cuando alguien de los comunitarios honestos le trataba de hablar al profe Misa que sus acciones estaban fuera de lugar, se molestaba y al día siguiente ahí teníamos a su grupo en la casa de quien se atrevía a levantar la voz y podía uno recibir una reprimenda era una especie de dictador, era ésto y eso se tenía que hacer, entonces nos dimos cuenta de que todo se había perdido”, señaló el comandante Guerrero.
El comandante Z explica cómo se vincularon con el grupo de Los Tlacos:
“Fuimos un grupo de apaxtlenses a Tlacotepec a hablar con ellos y nos recibió El Necho (que encabeza ese grupo armado de la delincuencia organizada) para pedirle apoyo porque ya no aguantábamos y nos dijo que nos apoyarían y llegaron como unos 900 hombres armados supuestamente comunitarios y fue cuando Apaxtla refloreció, porque estábamos los comunitarios del MAAC y ellos, eso fue como hace tres años”.
“En Apaxtla hicieron una reunión en el Zócalo donde estábamos unos 4 mil hombres y mujeres donde escuchamos a Salvador Alanís Trujillo (el vocero y jefe de los comunitarios de la sierra de Tlacotepec) originario de El Ocotito y dijo que venía dispuesto a limpiar y a reorganizar el pueblo sin que hubiera cobro de piso, sin droga, sin asesinatos y lo estaba cumpliendo y le dio fecha al profe Misa y a su gente para que se saliera de Apaxtla y sí se salieron, pero para reorganizarse”.
“Ahí se unió, con La Beba (uno de los jefes de la Policía Comunitaria Tecampanera de Teloloapan, asesinado el 30 de agosto de 2024 en León, Guanajuato), otro mal líder comunitario de Teloloapan que estableció el cobro de piso entre comerciantes y ganaderos del municipio de Teloloapan. La intención de Los Tlacos era llegar a Teloloapan, pero su error fue que no actuaron con prontitud ya que tardaron meses en Apaxtla y esto permitió que La Beba trajera más gente de otras partes a Teloloapan para enfrentar a Los Tlacos”.
Los comandantes del MAAC cuentan que “llegaron a Apaxtla unas 90 o 100 camionetas con policías estatales, de la Fiscalía, del Ejército y gente de La Beba, el profe Misa y se llevaron a nueve hombres de nuestro municipio que aun a la fecha no se sabe nada de su paradero, entre otros se llevaron a Esteban Silva, El Garrobo, El Güero y otros de Tlacotepec. Así fue también como hicieron retroceder a los Tlacos a El Caracol.
“El profe Misa regresó, en febrero de 2022 a Apaxtla y empezó a desaparecer a gente del MAAC, que se habían unido a los Tlacos”, dice uno de los entrevistados, y los dos informan que también en ese tiempo abandonan Apaxtla.
Además, a consecuencia de las extorsiones, ya que no se podía vivir por el alto costo de la vida: “se tenía que pagar por vender un becerro, una vaca, una gallina o cualquier negocio que se hiciera en el municipio, y si tenías un animalito lo desaparecían y ya nada más encontrabas el cuero y el profe Misa se volvió un hombre con muchas propiedades y mucho dinero”.
Agregan que al paso del tiempo, los dos hijos del profe Misa fueron asesinados en el trayecto de Teloloapan a Apaxtla, supuestamente por el Guicho Cachetes por órdenes de la Familia Michoacana y empezó la decadencia del profe Misa, quien posteriormente al asesinato de sus hijos fue llamado por altos mandos de la Familia Michoacana y no se ha vuelto a saber nada de él.
La situación en Apaxtla sigue siendo de tensa calma, sin la presencia de policías comunitarios ni del grupo del profe Misa, mientras decenas de comunitarios de y de la Tecampanera de Teloloapan viven en Chicago entre la espada y la pared: las políticas migratorias del presidente Donald Trump y el no poder regresar con tranquilidad a sus lugares de origen.

Aún esperan su reubicación la mayoría de los desplazados por grupos criminales en tres municipios en 2014, informan

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Sobreviviendo a veces con una comida al día, otros asilados por el gobierno de Estados Unidos, algunos más en espera de ser beneficiados en la frontera norte del país, y la mayoría solicitando a los gobiernos federal y estatal que los reubique y los apoye con proyectos productivos, se encuentran unas 280 familias que fueron desplazadas por el crimen organizado en el 2014 de los municipios de Coyuca de Catalán, Ajuchitlán del Progreso y San Miguel Totolapan.
El representante de las familias, Nicolás Oyarzábal López contó ayer que, al principio, las familias formaban un grupo compacto pero que comenzaron a disgregarse a partir del 2020, cuando el gobierno dejó de pagar la renta del albergue ubicado en Tecpan de Galeana donde estaban refugiados.
Actualmente, Oyarzábal López representa solamente a unas 147 familias, según dijo ayer entrevistado en el plantón de integrantes de organizaciones sociales que por segundo día permanecieron afuera de la puerta uno de Casa Guerrero, en espera de una audiencia con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Denunció que por el abandono en que los tienen los gobiernos federal y estatal, muchas familias están emigrando con sus niños y solicitando asilo en Estados Unidos.
Informó que 38 familias ya recibieron el beneficio del asilo y pasaron a Estados Unidos, entre ellos está uno de sus hijos con su esposa y dos niños menores de edad.
Agregó que otras 10 familias están en espera de la respuesta de las autoridades del país vecino y siguen en la frontera, “durmiendo en la calle, porque a veces no hayan ni para la renta y los (propietarios de las casas) les dan una semana, si no les pagan, te sacan”, contó.
Informó que unas 280 familias fueron desplazadas por grupos de la delincuencia organizada en el 2014 de varias comunidades de los municipios de Coyuca de Catalán, Ajuchitlán del Progreso y San Miguel Totolapan.
Contó que él fue desplazado de la comunidad de Linda Vista, municipio de San Miguel Totolapan, el 21 de febrero del 2014.
Dijo que el activista de derechos humanos, Leopoldo Soberanis Hernández, de Tecpan de Galeana, había convocado a una reunión de los pueblos vecinos para el 23 de febrero, para buscar la pacificación de la zona, “pero la delincuencia llegó el 21 de febrero y atacaron al pueblo”.
Explicó que él era representante de algunos pueblos y andaba con Leopoldo organizando la reunión, “por eso fui atacado directamente como luchador y desde entonces no puedo regresar, anda afuera toda mi familia, mis hijos, hermanos, primos, sobrinos, tíos, y muchos de ellos están luchando para entrar a Estados Unidos”.
En tanto que de Leopoldo Soberanis Hernández informó que ya no volvió a saber nada, “no sé qué fue de él, ni dónde vive actualmente”.
“Las familias tuvimos que abandonar nuestras comunidades de origen y buscar una nueva vida para nuestros hijos, pero no fue por nuestra voluntad, nosotros somos gente de campo, teníamos tierras para trabajar allá”, mencionó.
Dijo que él dejó sus galeras con borregos, “se perdieron todos mis animales y se robaron todo lo que había en mi casa”.
Declaró que el entonces gobernador, Ángel Aguirre Rivero sólo apoyó a 32 familias desplazadas con un albergue en Tecpan, y el gobernador Héctor Astudillo Flores, a pesar de que le pidieron que se actualizara el censo porque seguían bajando familias desplazadas, ya no quiso integrar a las demás familias y apoyó económicamente sólo a las 32 que ya estaban registradas.
Aseguró que en total habrían bajado ese año de esos tres municipios unas 280 familias, pero que se fueron disgregando “por el abandono del gobierno”.
Explicó que en busca de apoyo se sumaron al movimiento de las organizaciones sociales que el lunes marcharon y se instalaron en plantón afuera de la puerta 1 de Casa Guerrero, para solicitar una audiencia con la gobernadora.
“Le pedimos que nos dé solución a cada familia, que levanten datos de todos nosotros, y si es necesario, que se haga la visita territorial, tenemos pruebas que somos gente vulnerable, que estamos rentando y que estamos en el abandono”, solicitó.
Reprochó que no es justo que la gente se esté yendo al extranjero por la pobreza, “por el abandono en que nos tienen, por el desgaste y porque es complicado regresar a nuestros lugares de origen”.
El representante de los desplazados dijo que actualmente siguen en Tecpan 32 familias, pero cada una sobreviviendo por su propia cuenta, sin el apoyo del gobierno.
“Al no tener el pago de la renta por los gobiernos federal, estatal o municipal, el dueño de la propiedad nos sacó del albergue en el 2020, ya no quiso alojarnos porque el gobierno le debía rentas atrasadas”, relató.
Agregó que antes, a fines del 2018, fueron a la Secretaría de Gobernación (Segob), así como a la Cámara de Diputados, a Atención Ciudadana de Palacio Nacional y al Senado de la República para que les dieran solución a su problema, “creímos lo que dijeron, que en la Cuarta Transformación iban a ser primero los pobres, que se les iba a dar atención y creíamos que como desplazados vulnerables íbamos a tener lo justo, pero no nos dieron soluciones”, se quejó.
Informó que el 23 de febrero del año pasado vinieron a Guerrero representantes de la Segob y se reunieron con funcionarios del gobierno del estado, y ahí les dijeron que llega al gobierno estatal un recurso etiquetado para indemnizar y para vivienda de los desplazados, “pero nomás han habido reuniones y reuniones, y nos han pedido documentos y documentos, pero hasta la fecha no tenemos ninguna solución”.
Reprochó que actualmente sobreviven por su propia cuenta, “con mucho sufrimiento, muchas familias comen una vez al día, “muchos niños están desnutridos, si se enferma un familiar tienen que buscarle, hay muchos con deudas económicas”.
Oyarzabal López declaró que la situación se les complicó en el actual gobierno estatal del que no han recibido apoyos, “solamente una despensita nos llevó por ahí de agosto o septiembre, pero lo que pedimos son viviendas, proyectos productivos, cosas que nos resuelvan de fondo el problema”.
Expuso que saben trabajar, “no estamos esperando a que nos den todo en la boca, queremos nuestras propias tierras para que salgamos adelante con nuestro trabajo”.

Tras la masacre, vecinos abandonan El Durazno, Coyuca de Catalán; más desplazados en San Antonio de las Texas

Brenda Escobar

Zihuatanejo

En la comunidad El Durazno, sierra de Coyuca de Catalán, algunos habitantes expresan su deseo de salirse de la localidad e irse a algún lugar donde sus vidas y las de sus familias no estén en riesgo, y en la noche se informó que ya estaban abandonando la comunidad.
Mientras que en la costa, este martes desde temprano habitantes de las comunidades Puerto Vicente Guerrero, Papanoa, Los Laureles y Santa Rosa de Lima, del municipio de Tecpan de Galeana y de las localidades colindantes Coyuquilla Norte y Coyuquilla Sur, denunciaron la presencia de hombres “enmochilados” que no se habían visto por la zona, y creen que son integrantes del grupo armado que acribilló a los siete campesinos en El Durazno el sábado.
En el noticiero de las 10:30 de la noche de Televisa, En Punto, la periodista Denise Maerker informó que pobladores de El Durazno ya estaban abandonando la comunidad.
Antes durante el día, vía telefónica vecinos de El Durazno informaron que el lunes en la tarde sepultaron a cuatro de los siete campesinos asesinados el sábado 10, y que desde entonces, hay un ambiente de mucha incertidumbre, miedo e impotencia entre los pobladores porque aunque en la localidad hay militares, policías estatales, marinos y la Guardia Nacional, la sensación de desconfianza es generalizada.
Una de las vecinas comentó que continúan recibiendo amenazas “muy graves” de los agresores mediantes las redes sociales de Internet, lo que ha provocado que algunas expresen su interés de salir de la comunidad e irse a vivir a algún lugar más seguro para ellos y sus familias, pero otros manifiestan que no están de acuerdo en dejar su patrimonio para que lo gocen delincuentes.
Agregó que en la comunidad hay psicólogos del gobierno del estado que todo el martes han platicado principalmente con los niños para darles contención, así como una unidad móvil del Ministerio Público del fuero común de la Fiscalía General del Estado (FGE), para recibir las denuncias de la familias víctimas de la masacre del sábado.
Luego comentó que durante la mañana un grupo de vecinos salió acompañado de militares a buscar al señor Cecilio Chávez, quien desde el sábado temprano que salió a su rancho a trabajar, el cual queda a unos 10 kilómetros de El Durazno, no tenían noticias de él, y como no lo encontraron suponen que tuvo la mala fortuna de encontrarse con el grupo de hombres armados, “y lo más seguro es que se lo llevaron”.
Otro de los vecinos, también vía telefónica dijo que aunque se están presentando las denuncias tienen el antecedente de que en los últimos tres años han interpuesto cuando menos 30, con señalamientos directos hacia los agresores por diversos delitos como asesinato, abigeato, extorsión, secuestro, entre otros, y el clima de violencia e inseguridad continúa porque los denunciados continúan sin ser molestados.
Dijo que en El Durazno la gente tiene miedo de que en cualquier momento se retire la Base de Operaciones Mixtas y eso sea aprovechado por los agresores para regresar y atacarlos, al tiempo que solicitó a nombre de los vecinos de esa comunidad que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda no permita que se retiren las corporaciones de seguridad de esa localidad.

Llegan familias desplazadas a Santa Rosa de Lima

Por separado, vecinos de la comunidad Santa Rosa de Lima, del municipio de Tecpan de Galeana denunciaron el desplazamiento de familias del ejido San Antonio de las Texas, municipio de Coyuca de Catalán, luego de que algunos de ellos observaron en la zona de bosque de ese núcleo agrario a hombres armados pertenecientes al grupo que ejecutó a los siete campesinos en El Durazno.
Ayer martes aseguraron que seguía el éxodo de familias de ese ejido, las cuales estaban dejando atrás su patrimonio, “están llegando sólo con lo que pueden cargar”, señaló una vecina de ese lugar, quien agregó que no descartan que toda la gente de esa parte de la sierra empiece a desplazarse si el gobierno no les garantiza la seguridad y la paz.
El ejido San Antonio de las Texas es el que tiene la mayoría de las hectáreas sembradas con aguacates, además, ante la falta de maestros, principalmente durante la pandemia, los habitantes estuvieron financiando el salario quincenal de una maestra para que diera clases de primaria a los niños de cuando menos cinco comunidades.
Asimismo, vecinos denunciaron que durante la mañana de ayer martes se corrió la voz de que tanto en Papanoa como en Los Laureles, a unos 5 kilómetros de Santa Rosa, se había visto a hombres “enmochilados” que no son de la zona, por lo que los habitantes desde Puerto Vicente Guerrero, en Tecpan, hasta Coyuquilla Norte, en Petatlán, suspendieron actividades económicas y sacaron a los niños de las escuelas por temor a que se tratase de integrantes del grupo delincuencial y cometieran alguna agresión.
Una de las vecinas dijo que en Puerto Vicente Guerrero la gente cerró negocios restaurantes porque les llegó el aviso de que se mantuvieran resguardados, y que lo mismo ocurrió en Papanoa y en Santa Rosa, donde a pesar de que en la entrada principal al pueblo había un grupo de militares, “la gente se encerró, toda la gente, las calles solas, como si fuera un pueblo fantasma, incluso hasta en la carretera federal estuvo muchas horas con poco tránsito de carros”.

Piden vecinos de la sierra desplazados seguridad para regresar a sus pueblos

Desplazados por la violencia de los pueblos vecinos a Filo de Caballos, municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco), reclamaron ayer vía telefónica que los gobiernos federal y estatal les garanticen seguridad en sus comunidades para que puedan regresar sin riesgos.
Bernardo Cisneros, vecino de Carrizal, contó ayer que después del 5 de septiembre cuando irrumpieron civiles armados en La Laguna, municipio de Eduardo Neri (Zumpango) y atacaron las comunidades de Puentecillas, Carrizal y El Ranchito, siete familias salieron de Carrizal por temor a los ataques de los integrantes del grupo criminal.
Añadió que el fin de semana pasado otras familias abandonaron Carrizal y pueblos vecinos porque las agresiones continuaron en los días siguientes, principalmente en las madrugadas.
Contó que su casa quedó totalmente agujerada porque se encuentra en la orilla y por el lado donde llegan a atacar al pueblo los civiles armados, por eso abandonó su pueblo y su casa la misma noche del 5 de septiembre.
Informó que las familias que salieron en los días posteriores, (desconoce cuántas) viven hacinados en casas de sus familiares en Chilpancingo, otros en Chichihualco, la cabecera municipal y algunos se fueron a Cuernavaca, Morelos.
Denunció que lamentablemente los gobiernos federal y estatal los han dejado solos, pues solamente declaran a los medios de comunicación que hay presencia de militares y policías estatales y que está garantizada la seguridad en la sierra, pero es mentira.
Afirmó que las fuerzas federales y estatales suben solamente cuando ocurre un evento de violencia, levantan los cuerpos, hacen recorridos y vuelven a bajar de la zona.
Mientras tanto los integrantes de los grupos armados se repliegan mientras hay presencia policiaca y militar, pero que cuando se retiran vuelven a atacar a las poblaciones.
“Lamentablemente las familias que no tenemos nada que ver con estos grupos quedamos en medio de dos fuegos, y al final no nos queda otra alternativa que abandonar nuestros pueblos”, se quejó Bernardo, quien está a cargo de un grupo de siete familias que abandonaron Carrizal la noche del 5 de septiembre.
El vecino de Carrizal demandó que los gobierno federal y estatal les ayuden no solamente con la seguridad en sus pueblos para que puedan regresar, sino que mientras permanecen refugiados con sus familiares los apoyen con colchonetas y despensas para que puedan sobrevivir porque huyeron sin nada de sus pueblos.
Asimismo, ayer no había en la zona presencia de militares ni de policías estatales como lo ha venido informando el gobierno del estado y el vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia.

No luchan por la amapola y su trasiego, manifiestan pueblos de la “Sierra alta de Guerrero”

Mientras tanto en un pronunciamiento de los pueblos de la “Sierra alta de Guerrero”, aclararon este martes que la lucha no es contra los pueblos, “es a favor de los pueblos, no es por intereses personales, no es por plazas, no es por el control del acaparamiento de la amapola y su trasiego, como justifican los medios y el gobierno, es por justicia, por libertad, por el derecho a la vida, y por sobre todo por amor a nuestra gente, a nuestra tierra”.
Responsabilizaron a las instituciones y al gobierno “por el tan injusto abandono en el que nos han dejado, pues si no fuera por eso este conflicto no tendría razón de ser”.
Critican en su escrito que las autoridades “nos gobiernan pero no nos representan, tanto tiempo minimizando el problema y mientras tanto nuestros hijos no van a la escuela, no tenemos medicinas y doctores en los centros de salud, no tenemos abasto en la tiendas, no tenemos transporte”.
A los pueblos de la parte baja donde se han dado los enfrentamientos les piden “paciencia y comprensión por todo los inconvenientes que este conflicto ocasiona, esta lucha también es por ustedes, pues, muchos de ustedes son nuestros parientes y amigos, sabemos que también sufren la opresión que infringen contra ustedes y sus mujeres al obligarles a manifestarse para pedir ayuda al gobierno a favor del Cártel del Sur”.
Agregan: “sabemos que obligan a los hombres a armarse y a defenderlos y quien no acepta es despojado de sus pocos bienes y son expulsados de sus pueblos o asesinados. Esto ya muy pronto se va a terminar”.
Advierten que han tomado medidas drásticas, “pues el gobierno y los acosos de este grupo criminal no nos dejaron otra alternativa, o vivimos o morimos pero será peleando por el sagrado sostén que tenemos para con nuestras mujeres, ancianos y niños, y el respeto a sus derechos más elementales”, advierten.
En su manifiesto responsabilizan al Cártel del Sur de la violencia en estos pueblos, “se está librando una gran batalla entre la gente de los pueblos de la sierra en contra del llamado Cártel del Sur. Mucho se ha dicho y se ha opinando de este conflicto, pero como dice el dicho: sólo el indio sabe lo que trae en el morral”, dice el escrito.

Matan en Ayutla a un desplazado por la violencia de La Laguna, sierra de Coyuca de Catalán

La mañana de ayer un integrante de las familias de desplazados por la violencia de La Laguna, del municipio de Coyuca de Catalán, fue asesinado en la cabecera municipal de Ayutla de los Libres.
El hermano del desplazado Gildardo Díaz Pérez, quien está preso en la cárcel de Ayutla, Constantino Díaz Pérez de 34 años fue asesinado alrededor de las 11:30 de la mañana.
Según información oficial, el señor recibió al menos seis balazos en el pecho. En los primeros reportes se informó que fue asesinado con disparos de fusiles AK-47, conocido como cuerno de chivo, después se precisó que los calibres utilizados fueron de .45 y .9 milímetros.
El hecho ocurrió en la calzada 1 de Marzo y el crucero de Plan de Ayutla, a unas tres cuadras del Zócalo y el Ayuntamiento. El cuerpo del señor quedó tirado boca abajo.
Al lugar llegaron policías estatales, municipales y ministeriales y peritos que hicieron el levantamiento del cuerpo.

La familia Díaz Pérez huyó al ser amenazada al oponerse a la tala de árboles

La familia Díaz Pérez salió de la comunidad de La Laguna, Coyuca de Catalán, en la región de la Tierra Caliente del estado, luego de oponerse a la tala clandestina y recibir amenazas de integrantes de la delincuencia organizada, entre 2005 y 2012 30 de sus integrantes fueron asesinados según datos del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad.
El 21 de abril de 2011 llegaron a buscar refugio en la comunidad de Puerto Las Ollas, pero volvieron el 15 de noviembre de ese mismo año. La dirigente de los habitantes, Juventina Villa Mojica fue asesinada el 28 de noviembre del 2012 junto a su hijo Reynado Santana de 17 años cuando trataban de salir junto con otras 45 familias del poblado.
Entre noviembre y diciembre de 2012 luego de los asesinatos y ataques las familias se desplazaron a las comunidades de Tepango y La Unión, en Ayutla de los Libres. Ahí el 22 de junio del 2013 las familias fueron emboscadas por sujetos armados. Los policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) repelieron la agresión de los sicarios que llegaron al lugar; dos fueron asesinados.
Por esos asesinatos y el secuestro de Homero Montúfar, Gildardo Pérez fue acusado y encarcelado en marzo de 2015. Además hay otras 26 órdenes de aprehensión de acuerdo a las familias desplazadas que evitan salir de las comunidades donde viven por temor de ser detenidos.
El 5 de abril El Sur visitó a las familias desplazadas quienes reclamaron y demandaron al gobierno del estado cumplir la Ley 487, para Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno en el Estado de Guerrero, que se hizo a partir de que ellos fueron desterrados.

Cambian de albergue a los desplazados de Quetzalcoatlán por la llegada del Ejército a Zitlala

Los vecinos de Quetzalcoatlán refugiados en la cabecera del municipio de Zitlala, tras la irrupción de hombres armados en su comunidad, cumplieron 25 días en la incertidumbre, y fueron cambiados de albergue debido a la llegada del Ejército al municipio.
El 7 de enero los vecinos de Quetzalcoatlán llegaron al auditorio municipal de Zitlala, acondicionado como refugio temporal, pero fueron cambiados de lugar por la llegada de soldados del Ejército que participan en el Operativo Chilapa contra la delincuencia organizada, y arribaron a ese lugar este viernes.
La madrugada del 6 de enero, seis vecinos en la comunidad de Quetzalcoatlán fueron asesinados con armas de fuego y punzo cortantes por un comando armado, y resultaron heridos otros vecinos; tras los hechos, más de la tercera parte del pueblo se refugió en la cabecera municipal.
Según el último conteo dado a conocer por las autoridades del pueblo, en el albergue hay 74 vecinos, entre ellos 18 niños que abandonaron la escuela.
Ahora los desplazados viven en una casa que rentó el Ayuntamiento y siguen recibiendo alimentación del DIF municipal.
Los vecinos, incluidas las autoridades comunitarias, continúan con su trabajo que consiste en tejer cintas de palma que venden en paquetes de 20 metros, a tres pesos cada uno.
El nuevo refugio está resguardado por tres patrullas de la Policía Estatal.
Los pobladores, quienes no quienen hablar con los medios de comunicación, siguen con el temor de regresar a su comunidad, ubicada a más de 2 horas de la cabecera municipal de Zitlala.
Dijeron que no han recibido una respuesta concreta para determinar su situación por parte del Ayuntamiento.
Fuentes del gobierno municipal, revelaron que se ha considerado instalar a los desplazados en un terreno comunal en Zitlala, pero los comuneros han rechazado la propuesta porque consideran que les traerá problemas.

Los desplazados no regresarán hasta que haya seguridad, en Quetzalcoatlán dice el alcalde de Zitlala

El alcalde priista de Zitlala, Roberto Zapoteco Castro, informó que los vecinos de Quetzalcoatlán refugiados en la cabecera municipal, tras la irrupción de hombres armados el 6 de enero, no regresarán a su pueblo hasta que existan las condiciones de seguridad.
Ofreció que hará lo posible para que los niños de esa comunidad indígena no pierdan el ciclo escolar.
Consultado ayer en el Congreso local, donde asistió por la mañana para reunirse con diputados para atender temas del Cabildo, Zapoteco Castro confirmó que cinco familias, unas 20 personas, permanecen en el poblado por miedo a que sus pertenecías sean robadas. “El detalle es que los desplazados tienen pertenencias, lo que han construido toda una vida, así que para nosotros es una situación que estamos analizando con instancias del gobierno del estado, para ayudarlos”.
Dijo que la presencia del Ejército en el municipio ha sido permanente y se realizan rondines en la comunidad de Quetzalcoatlán para evitar que se repita un escenario violento como el pasado 6 de enero, y que obligó el desplazamiento de 78 vecinos que se refugian en el auditorio municipal.
Comentó que la Policía Estatal y el Ejército continúan con sus labores de seguridad pública, y aclaró que los desplazados no regresarán a Quetzalcoatlán hasta que existan las condiciones y garantías de que no serán víctimas de otro atentado, “no podemos arriesgarnos a llevarlos y que ocurra un accidente, primero vamos a trabajar para que regrese toda la tranquilidad, por lo pronto tienen que estar ahí (en la cabecera)”.
Indicó que está gestionando ante las autoridades estatales y federales proyectos productivos para la gente desplazada, “requerimos de un apoyo decidido y determinante en estos momentos, y espero conseguir una respuesta para darle una alternativa pronto a nuestros paisanos”.
Dijo que para atender a los desplazados ha recibido ayuda de los vecinos de Zitlala, del DIF y del gobierno del estado, además el personal del centro de salud se mantiene atento al estado de salud de niños y adultos.
–¿Ha sido difícil gobernar Zitlala? –preguntó un reportero.
–En estos momentos es un reto, antes mencionaban que era un privilegio, pero ahora es un gran reto, un gran trabajo y lo hacemos con la firme convicción de que vamos a ayudarle a nuestros paisanos porque para eso nos eligieron, y vamos a devolver la tranquilidad, que estamos construyendo.
Zapoteco Castro indicó que hasta ayer no había recibido ningún tipo de amenaza ni presión de grupos de la delincuencia organizada y aseguró que su administración ha estado trabajando sin ser víctima de presiones.
Se manifestó a favor de la creación de la Policía Única Estatal, “lo que queremos es que opere la policía en condiciones de que pueda darnos la seguridad que necesitan nuestros pueblos”, concluyó.