Aún esperan su reubicación la mayoría de los desplazados por grupos criminales en tres municipios en 2014, informan

Elementos de la Marina y policias municipales llevan a dos adolescentes detenidos en el monumento Las Banderas de Chilpancingo sin que se conociera el motivo, La imagen, en la avenida Juan Ruiz de Alarcón del barrio de San Francisco Foto: José Luis de la Cruz

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Sobreviviendo a veces con una comida al día, otros asilados por el gobierno de Estados Unidos, algunos más en espera de ser beneficiados en la frontera norte del país, y la mayoría solicitando a los gobiernos federal y estatal que los reubique y los apoye con proyectos productivos, se encuentran unas 280 familias que fueron desplazadas por el crimen organizado en el 2014 de los municipios de Coyuca de Catalán, Ajuchitlán del Progreso y San Miguel Totolapan.
El representante de las familias, Nicolás Oyarzábal López contó ayer que, al principio, las familias formaban un grupo compacto pero que comenzaron a disgregarse a partir del 2020, cuando el gobierno dejó de pagar la renta del albergue ubicado en Tecpan de Galeana donde estaban refugiados.
Actualmente, Oyarzábal López representa solamente a unas 147 familias, según dijo ayer entrevistado en el plantón de integrantes de organizaciones sociales que por segundo día permanecieron afuera de la puerta uno de Casa Guerrero, en espera de una audiencia con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Denunció que por el abandono en que los tienen los gobiernos federal y estatal, muchas familias están emigrando con sus niños y solicitando asilo en Estados Unidos.
Informó que 38 familias ya recibieron el beneficio del asilo y pasaron a Estados Unidos, entre ellos está uno de sus hijos con su esposa y dos niños menores de edad.
Agregó que otras 10 familias están en espera de la respuesta de las autoridades del país vecino y siguen en la frontera, “durmiendo en la calle, porque a veces no hayan ni para la renta y los (propietarios de las casas) les dan una semana, si no les pagan, te sacan”, contó.
Informó que unas 280 familias fueron desplazadas por grupos de la delincuencia organizada en el 2014 de varias comunidades de los municipios de Coyuca de Catalán, Ajuchitlán del Progreso y San Miguel Totolapan.
Contó que él fue desplazado de la comunidad de Linda Vista, municipio de San Miguel Totolapan, el 21 de febrero del 2014.
Dijo que el activista de derechos humanos, Leopoldo Soberanis Hernández, de Tecpan de Galeana, había convocado a una reunión de los pueblos vecinos para el 23 de febrero, para buscar la pacificación de la zona, “pero la delincuencia llegó el 21 de febrero y atacaron al pueblo”.
Explicó que él era representante de algunos pueblos y andaba con Leopoldo organizando la reunión, “por eso fui atacado directamente como luchador y desde entonces no puedo regresar, anda afuera toda mi familia, mis hijos, hermanos, primos, sobrinos, tíos, y muchos de ellos están luchando para entrar a Estados Unidos”.
En tanto que de Leopoldo Soberanis Hernández informó que ya no volvió a saber nada, “no sé qué fue de él, ni dónde vive actualmente”.
“Las familias tuvimos que abandonar nuestras comunidades de origen y buscar una nueva vida para nuestros hijos, pero no fue por nuestra voluntad, nosotros somos gente de campo, teníamos tierras para trabajar allá”, mencionó.
Dijo que él dejó sus galeras con borregos, “se perdieron todos mis animales y se robaron todo lo que había en mi casa”.
Declaró que el entonces gobernador, Ángel Aguirre Rivero sólo apoyó a 32 familias desplazadas con un albergue en Tecpan, y el gobernador Héctor Astudillo Flores, a pesar de que le pidieron que se actualizara el censo porque seguían bajando familias desplazadas, ya no quiso integrar a las demás familias y apoyó económicamente sólo a las 32 que ya estaban registradas.
Aseguró que en total habrían bajado ese año de esos tres municipios unas 280 familias, pero que se fueron disgregando “por el abandono del gobierno”.
Explicó que en busca de apoyo se sumaron al movimiento de las organizaciones sociales que el lunes marcharon y se instalaron en plantón afuera de la puerta 1 de Casa Guerrero, para solicitar una audiencia con la gobernadora.
“Le pedimos que nos dé solución a cada familia, que levanten datos de todos nosotros, y si es necesario, que se haga la visita territorial, tenemos pruebas que somos gente vulnerable, que estamos rentando y que estamos en el abandono”, solicitó.
Reprochó que no es justo que la gente se esté yendo al extranjero por la pobreza, “por el abandono en que nos tienen, por el desgaste y porque es complicado regresar a nuestros lugares de origen”.
El representante de los desplazados dijo que actualmente siguen en Tecpan 32 familias, pero cada una sobreviviendo por su propia cuenta, sin el apoyo del gobierno.
“Al no tener el pago de la renta por los gobiernos federal, estatal o municipal, el dueño de la propiedad nos sacó del albergue en el 2020, ya no quiso alojarnos porque el gobierno le debía rentas atrasadas”, relató.
Agregó que antes, a fines del 2018, fueron a la Secretaría de Gobernación (Segob), así como a la Cámara de Diputados, a Atención Ciudadana de Palacio Nacional y al Senado de la República para que les dieran solución a su problema, “creímos lo que dijeron, que en la Cuarta Transformación iban a ser primero los pobres, que se les iba a dar atención y creíamos que como desplazados vulnerables íbamos a tener lo justo, pero no nos dieron soluciones”, se quejó.
Informó que el 23 de febrero del año pasado vinieron a Guerrero representantes de la Segob y se reunieron con funcionarios del gobierno del estado, y ahí les dijeron que llega al gobierno estatal un recurso etiquetado para indemnizar y para vivienda de los desplazados, “pero nomás han habido reuniones y reuniones, y nos han pedido documentos y documentos, pero hasta la fecha no tenemos ninguna solución”.
Reprochó que actualmente sobreviven por su propia cuenta, “con mucho sufrimiento, muchas familias comen una vez al día, “muchos niños están desnutridos, si se enferma un familiar tienen que buscarle, hay muchos con deudas económicas”.
Oyarzabal López declaró que la situación se les complicó en el actual gobierno estatal del que no han recibido apoyos, “solamente una despensita nos llevó por ahí de agosto o septiembre, pero lo que pedimos son viviendas, proyectos productivos, cosas que nos resuelvan de fondo el problema”.
Expuso que saben trabajar, “no estamos esperando a que nos den todo en la boca, queremos nuestras propias tierras para que salgamos adelante con nuestro trabajo”.

 

No se irán de El Durazno a pesar de las amenazas del crimen; hay policías y militares, informa la comisaria

Brenda Escobar

Zihuatanejo

La comisaria municipal de El Durazno, municipio de Coyuca de Catalán, Azucena Rosas García manifestó que pese al emplazamiento que les dio el grupo criminal que tiene asolada esa región de la Sierra y de la Tierra Caliente, en el sentido de que tienen que entregarles la comunidad a más tardar este tres de enero, las familias que continúan en la localidad se mantienen en calma porque hay policías en el lugar, “nosotros no nos vamos a salir, no se nos hace justo”.
Ayer lunes vía telefónica, Rosas García informó que el 31 de diciembre llegaron a El Durazno más policías ministeriales y mantienen la vigilancia junto a militares, “ahorita no nos han dicho nada (los sicarios), quién sabe si mañana, habiendo gobierno nosotros nos sentimos seguros, ojalá que no nos quiten el apoyo del gobierno”.
“De hecho nosotros no nos queremos salir y aquí vamos a estar mientras esté el gobierno, aquí vamos a estar, no nos vamos a salir”, insistió.
La comisaria municipal reiteró que las familias que todavía permanecen en El Durazno no dejarán la comunidad, “no nos vamos a salir, que el gobierno no se olvide de nosotros y le exigimos al gobierno federal que ponga orden, porque es su deber como encargados, como están al frente de las dependencias de seguridad es su deber darnos la protección y la seguridad para que podamos seguir en nuestra comunidad sin que seamos molestados ni amenazados”.
“No estamos haciendo caso a la amenaza de salirnos porque no se nos hace justo que tengamos que dejar todo sólo porque unos rateros vividores quieren quedarse con lo que es nuestro, pues no, aquí estamos y le exigimos al gobierno que ponga atención en esta situación y que se resuelva esta situación”, demandó.
El 10 de diciembre pasado, un grupo de sicarios entró a la comunidad El Durazno y asesinó a cinco campesinos en la cancha de la escuela primaria, entre ellos a un menor de edad, también dejaron herido a un joven que sigue recuperándose de sus heridas.
Luego cuando ya iban de salida después de balacear unas 15 viviendas y el templo católico del lugar, los agresores se encontraron con otro campesino al que dispararon y a su cuerpo le prendieron fuego junto con la cuatrimoto en la que viajaba.
Desde ese día también está desaparecido un adulto mayor de 78 años y los pobladores creen que el grupo criminal se lo llevó.
De acuerdo a los habitantes, este mismo grupo de la delincuencia organizada los amenazó con que tienen que dejar la comunidad a más tardar el 3 de enero de este año para que ellos puedan hacer uso de todos los bienes y recursos naturales con los que cuenta el ejido El Durazno, entre ellos miles de hectáreas de bosque de pino para aprovechamiento forestal y 322 hectáreas sembradas de aguacate, así como manantiales de agua, entre otras riquezas naturales.

 

Dos masacres y la expulsión de militares de Tierra Caliente, marcan el primer año de Evelyn Salgado

El 6 de octubre en San Miguel Totolapan, un día después de la masacre, con una retroexcavadora se tuvieron que hacer las fosas para enterrar a las personas asesinadas por un grupo de sicarios que atacó la comunidad Foto: Lenin Ocampo Torres

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

Este 2022 Evelyn Salgado Pineda cumplió su primer año completo como la primera mujer gobernadora en la historia de Guerrero y enfrentó diversos hechos de violencia en varias zonas del estado, destacó la región de Tierra Caliente con la expulsión de militares en tres municipios, la exhibición de integrantes armados del Cártel Jalisco Nueva Generación en una fiesta patronal en Zirándaro y dos masacres, la primera de 22 personas en San Miguel Totolapan, en la que fue asesinado el alcalde, Conrado Mendoza Almeda, y la segunda de siete hombres en la comunidad El Durazno, municipio de Coyuca de Catalán.
En la zona Norte desaparecieron cuatro policías municipales de Pilcaya, hubo bloqueos carreteros en Teloloapan debido a una disputa entre la Policía Comunitaria Tecampanera y el grupo de la delincuencia organizada Los Tlacos también llamado Cártel de la Sierra.
Este año resurgió públicamente la violencia en la región de Tierra Caliente de donde presume que es originaria la familia de la gobernadora.
El 28 de julio, cerca de 200 transportistas tomaron la carretera federal de Ciudad Altamirano a Iguala en tres zonas diferentes ante el reporte de una operación militar, que supuestamente era para detener a los jefes del grupo delictivo La Familia Michoacana, Johnny Hurtado Olascoaga, El Pez, y su hermano, José Alfredo Hurtado Olascoaga, El Fresa, aunque las autoridades estatales sólo confirmaron el operativo pero no el objetivo, porque argumentaron que fue organizado por el gobierno federal.
Otro caso similar sucedió el 10 de septiembre, cuando 30 soldados intentaron establecer una base permanente en las instalaciones de la planta de agua potable de Arcelia, pero fueron expulsados por unos 200 transportistas porque señalaron que sus operaciones y cateos eran ilegales.
Dos días después, 60 transportistas del municipio de Tlapehuala bloquearon los accesos al pueblo de San Juan Mina para exigir la salida del Ejército, que pretendía establecer una base en el centro de salud.
En esos días se dio a conocer en videos en redes sociales que integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con equipo táctico desfilaron en una cabalgata en las fiestas patronales de San Nicolás Tolentino, municipio de Zirándaro.
Las investigaciones no trascendieron, incluso el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez aseguró ante la prensa que la alcaldesa morenista, Tania Pacheco Duarte le explicó en una reunión privada en la capital, que los hombres fuertemente armados se presentaron en una cabalgata organizada por los pobladores y que ella no estaba en el lugar cuando se exhibieron en las calles de Zirándaro.
No obstante la violencia llegó a un clímax el 5 de octubre, cuando ocurrió una masacre en la cabecera municipal de San Miguel Totolapan que dejó oficialmente 22 muertos, entre ellos al alcalde perredista Conrado Mendoza Almeda, y a su padre el expresidente por dos periodos, Juan Mendoza Acosta.
La gobernadora Evelyn Salgado lamentó el crimen y sostuvo que no habría impunidad ante “la artera agresión”.
Sin embargo, mediante un video en Facebook supuestamente uno de los líderes de la Familia Michoacana, José Alfredo Hurtado Olascoaga, El Fresa, aseveró que él había sido el objetivo del atentado y que se salvó porque fue atacado cuando estaba por entrar a la reunión con el alcalde, sus funcionarios y asesores, además responsabilizó de las muertes a integrantes del grupo delictivo Los Tequileros.
Un día después de la masacre, Salgado Pineda informó que se reforzaría la seguridad en San Miguel Totolapan y toda la región de la Tierra Caliente, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado (FGE), y dos días después, el 8 de octubre la gobernadora visitó el municipio para reunirse con funcionarios y familiares de las víctimas.
Ese día la gobernadora declaró que se establecería en San Miguel Totolapan una agencia del Ministerio Público y que 200 efectivos de diferentes corporaciones se mantendrían en el municipio para darle estabilidad.
A pesar de que desde el 18 de octubre comenzó a funcionar el nuevo Ministerio Público auxiliar en San Miguel Totolapan, que según las autoridades estaría dedicado principalmente a la investigación y esclarecimiento de la masacre, casi concluye el año y el gobierno del estado ni la FGE han dado una versión oficial del motivo de la masacre, ni se ha informado con certeza si ya hay detenidos por los crímenes.
Lo que sí circuló en redes sociales fueron más videos en los que supuestos integrantes de los grupos delictivos se responsabilizan de la masacre, en unos sostuvieron que los responsables son los líderes de la Familia Michoacana, El Pez y su hermano El Fresa, y en respuesta este grupo delictivo señala al ex diputado local priista, Saúl Beltrán Orozco como el responsable de los homicidios, y lo señalan como lider de Los Tequileros.
Desde la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SPPC), Ricardo Mejía Berdeja informó que la masacre de San Miguel Totolapan se pudo evitar, pero argumentó que la jueza de control, Isis Peralta Salvador retrasó dos días unas órdenes de cateo a cinco ranchos presuntamente de La Familia Michoacana.
En tanto, el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso ha declarado que la población y las autoridades municipales no ayudan a dar condiciones de seguridad, al rechazar que el Ejército se instale en los municipios.
Sin embargo, la masacre de San Miguel Totolapan generó otros hechos de violencia. La mañana del 7 de diciembre 80 hombres armados irrumpieron en la cárcel de Coyuca de Catalán y sacaron al preso identificado como Samuel, a quien apodaban El Vago, quien cuatro días después fue hallado asesinado a balazos en el crucero de Poliutla, municipio de Tlapehuala, con una cartulina en la que lo acusaron de ser integrante de Los Tequileros.
No obstante, el 10 de diciembre resaltó nuevamente a nivel nacional la Tierra Caliente, porque en la comunidad El Durazno, ubicada en parte alta de la sierra de Coyuca de Catalán, siete pobladores fueron asesinados, entre ellos un menor de 15 años, por presuntos integrantes de La Familia Michoacana.
Las autoridades arribaron al lugar 24 horas después de los hechos y a pesar de que un grupo de militares se quedó al resguardo de los habitantes, éstos comenzaron a salir desplazados hacia comunidades de Tecpan, por temor a volver a ser atacados.
Por esta segunda masacre tampoco hay detenidos y el secretario Marcial Reynoso filtró a la prensa que los indicios de las investigaciones de la FGE señalan que la masacre en El Durazno se trató de un enfrentamiento, porque se hallaron casquillos percutidos en las casas, que indican que algunos vecinos repelieron la agresión.

En la zona Norte

También este 2022 en la zona Norte, que colinda con la Tierra Caliente, se registraron hechos de violencia entre los que destacaron la desaparición de cuatro policías municipales de Pilcaya el 29 de abril, cuando salieron de Iguala y se dirigían hacia su centro de trabajo.
A pesar de que el gobierno del estado desplegó una operación de búsqueda en coordinación con el Ejército, Marina, Guardia Nacional, Policía Estatal y FGE, el 3 de mayo fue hallado asesinado a balazos y con signos de tortura uno de los cuatro policías en la cajuela de un automóvil en la carretera federal México-Acapulco, a 100 metros de la comunidad El Naranjo, municipio de Iguala.
El 26 de mayo el aún vicefiscal de investigación de la FGE, Ramón Celaya Gamboa informó que en la localidad de Taxco El Viejo, municipio de Taxco, fueron rescatados los tres policías municipales que estaban desaparecidos, quienes estaban amarrados, vendados de los ojos y golpeados, aunque no se detalló el lugar exacto ni fue detenido ningún responsable, tampoco se dijo qué grupo delictivo los tenía retenidos.
Otro hecho que resaltó fueron los bloqueos a carreteras organizados por la Policía Comunitaria Tecampanera, el 8 de noviembre con el apoyo de transportistas cerraron el paso vehicular en la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano, en Teloloapan, para exigir la presencia del Ejército y Policía Estatal, porque integrantes de la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo arribaron al municipio vecino de Apaxtla de Castrejón, quienes argumentaron que fue la población la que les pidió combatir al crimen organizado, cansados de los cobros de cuotas y extorsiones.
El bloqueo fue una reacción luego de que el 6 de noviembre hombres armados a quienes la Tecampanera señala son del grupo delictivo de Los Tlacos incursionó en los municipios de Cuetzala del Progreso y Apaxtla de Castrejón, tomó varias comunidades y desplazó a decenas de familias.
Según los integrantes de la Tecampanera, el conflicto es por el control de la venta de drogas, así como de la minera de Teloloapan, Capela, que pertenece al grupo Industrias Peñoles.
El gobierno del estado reforzó la seguridad con agentes de la Policía Estatal y Guardia Nacional, sin embargo los bloqueos continuaron hasta mediados de diciembre por la Tecampanera, organización que dijo suspendió sus manifestaciones por la visita de miles de turistas y habitantes en las vacaciones decembrinas, lo que afectaría económicamente a la región de Tierra Caliente y zona Norte, pero el conflicto sigue latente.

 

 

Están sin cosechar 55 hectáreas de aguacate en El Durazno por temor al grupo criminal

Brenda Escobar

Zihuatanejo

El presidente del comisariado ejidal de El Durazno, municipio de Coyuca de Catalán, Ignacio Chávez Arreola denunció que en ese núcleo agrario hay 322 hectáreas de tierras sembradas con árboles de aguacate, de las cuales 55 hectáreas ya están en producción “y se están echando a perder porque desde hace 16 días que no vamos a nuestras parcelas a ver cómo están por el temor de que sufrir algún atentado”.
Ayer martes, vía telefónica Ignacio Chávez comentó que el 10 de diciembre pasado les cambió la vida “por completo” a todas las familias de la comunidad El Durazno, cuando ingresó a la localidad un grupo de hombres armados quienes pidieron a los pobladores que se acercaran a la escuela primaria para tener una reunión y ahí ejecutaron a seis campesinos, entre ellos a un menor de 15 años de edad.
En ese ataque cuando los agresores se retiraban dispararon cuando menos a unas 15 viviendas y al templo católico del lugar, se encontraron con otro campesino a quien dispararon, le arrojaron combustible y le prendieron fuego junto con su cuatrimoto, siente el séptimo asesinado. En la agresión un joven quedó herido y aunque ya se recupera se desconoce si regresará a su comunidad.
También ese día un adulto mayor de 78 años salió a su parcela y ya no regresó, en su momento los pobladores denunciaron que las tierras de ese señor quedan en el camino que tomó el grupo armado para entrar y salir de El Durazno, por lo que cuando fueron a buscarlo cuatro días después, únicamente encontraron abandonada su cuatrimoto, y suponen que los civiles armados se lo llevaron.
Después de estos hechos los habitantes de El Durazno pidieron apoyo a las comunidades de la sierra del municipio de Petatlán y Tecpan de Galeana que están más cerca del lado de la costa, para que bloquearan la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo a la altura de la comunidad Santa Rosa de Lima, en Tecpan, para que las autoridades acudieran a darles seguridad y que hicieran las diligencias correspondientes y el levantamiento de los siete cadáveres, cuatro de los cuales fueron sepultados en el camposanto de esa localidad y tres fueron trasladados a Tecpan y a Colima por decisión de sus familiares sobrevivientes.
De ahí que el presidente del comisariado ejidal, Ignacio Chávez Arreola, se haya referido a que ese 10 de diciembre, “nos cambió la vida por completo, porque ya nada ha vuelto a ser igual, muchas familias se han salido por el temor de que esas personas regresen a hacer lo mismo, otras familias que tenían ganado ya lo sacaron para el lado de la costa, ya las cosas no son como antes y eso da mucha tristeza”.
Chávez Arreola dijo que aunque en el poblado hay militares y policías ministeriales de la Fiscalía General del Estado dándoles resguardo, las familias que decidieron quedarse no han podido salir a trabajar en sus campos, y que los que tienen huertas de aguacate, “son los que más están sintiendo porque de las 322 hectáreas que tenemos en el ejido sembradas de puro aguacate, ahorita son 55 que están en plena producción, pero se está perdiendo la fruta porque no estamos yendo a cosechar”.
“Ya estamos en producción y nos duele no poder estar pendientes de nuestras parcelas, toda esa fruta se va a caer, otra se la van a comer los animales, no se les está dando mantenimiento y eso tiene que ser constante, entonces no tarda en que esas huertas estén infectadas por la araña roja, por el trips y otras plagas, y entonces no va a servir para el comercio porque se requiere de tener cuidado tanto con el árbol como con la fruta”, dijo.
Continuó, “entonces esto es una pérdida enorme, muchísimas familias se fueron, están perdiendo su cultivo y es una lástima, una verdadera lástima, muchos de nosotros pensando en que ya iba a haber paz en toda esta región decidimos hacer un cambio radical en lo que se producía en la Sierra, hoy, en vez de meterle mano a lo forestal se pensaba muchísimo más mantenerse con productos lícitos y que creciera la Sierra por medio del aguacate, del oro verde, pero mire nada más, creo que eso es algo que no lo previmos nadie”.
“Yo le pido que le ponga a su nota que para que se sepa que nuestro ejido es uno de los ejidos que tiene muchísimas especies en peligro de extinción, protegidas por las normas ambientales de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, aquí tenemos esas especies, también mantenemos un monte bueno, sano, tenemos agua suficiente, agua pura y cristalina, sin contaminación y no queremos perder eso”, expuso.
El ejidatario hizo un llamado a los gobiernos estatal y federal, a “que hagan conciencia y actúen, que hagan lo que tengan que hacer porque no queremos perder lo que con mucho esfuerzo, trabajo y sacrificio hemos levantado para sacar adelante a nuestras familias, no se nos hace justo que todas esas huertas de aguacate, le estoy hablando de 322 hectáreas nada más en nuestro ejido, se vayan a perder a causa de todo esto que está pasando”.

Que vaya a El Durazno antes de que se quede sin gente pide la comisaria a la gobernadora

Brenda Escobar

Zihuatanejo

La comisaria municipal de la comunidad El Durazno, municipio de Coyuca de Catalán, Azucena Rosas García confió en que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda visite la localidad, “antes de que nos hayamos salido todos, antes de que ella venga y ya no encuentre a nadie”.
Ayer martes vía telefónica, la comisaria dijo que estaba enterada de las declaraciones de la gobernadora, de que ya trabaja en la creación de un plan estratégico para atender a la comunidad El Durazno y que en los próximos días estará en esa localidad para visitar a las familias, “no están solas, que no están solos, que la gobernadora y todo el equipo que integra el gobierno estatal así como de las fuerzas armadas, pues estamos presentes”.
De acuerdo a lo declarado por Salgado Pineda, la estrategia implica seguridad, salud, educación y presencia social en esa comunidad de la Sierra, que desde el 2018 ha venido siendo asolada por grupos de la delincuencia organizada.
El hecho violento más reciente ocurrió el 10 de diciembre cuando un grupo de civiles armados entró a la comunidad y asesinó a siete campesinos, entre ellos un menor de 15 años, dejó a un joven herido que ya se recupera de los balazos, hay un adulto mayor de 78 años del que desde entonces se desconoce su paradero y 15 viviendas baleadas al igual que el templo católico de ese lugar.
Respecto a lo dicho por la gobernadora, la comisaria Azucena Rosas señaló que “sí, leí lo que dijo, que va a subir a El Durazno, pero pues que suba lo más pronto posible porque a este ritmo que vamos ya la gente alguna se está saliendo, tal vez cuando ella suba ya aquí ya no haya gente, no sé para qué fechas tenga ella previsto subir”.
Agregó que desde hace un par de días, “la gente está sacando su ganado hacia la costa por miedo a que lleguen esos rateros y se lo lleven, como en otras ocasiones ya se han llevado las vacas, desde el 2018 hemos puesto denuncias de que se han robado ganado, nos han quemado ranchos y todo queda así, no se le da seguimiento ni nada, y por eso la gente ya sabe que esos hombres llegan, se llevan el ganado y por eso mejor lo están sacando”.
A pregunta la comisaria dijo, “de verdad que yo quiero creer en los gobernantes, de verdad quiero creer pero también quiero ver acciones, porque nada más de creer y que no pase nada, que se cumpla lo que dicen”.
“Lo que sí le pedimos de manera respetuosa a la gobernadora es que no se tarde en llegar porque así como estamos la verdad es que la gente tiene miedo, quieren ver algo que sea seguro, que ellos estén seguros porque en otras ocasiones ha pasado, sí mandan gobierno pero se van a los dos, tres meses y se van y otra vez seguimos igual”.
Continuó, “ahorita queremos ver algo que sea firme, que sí se hagan las cosas que dice que va a haber seguridad, que se cumpla, que se persiga a esos delincuentes que sólo quieren robarnos, no es justo, es nuestro trabajo de toda la vida, no es justo, queremos algo concreto, que nos dé esperanzas de que sí el gobierno nos va a cumplir”, dijo.