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Dos masacres y la expulsión de militares de Tierra Caliente, marcan el primer año de Evelyn Salgado

El 6 de octubre en San Miguel Totolapan, un día después de la masacre, con una retroexcavadora se tuvieron que hacer las fosas para enterrar a las personas asesinadas por un grupo de sicarios que atacó la comunidad Foto: Lenin Ocampo Torres

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

Este 2022 Evelyn Salgado Pineda cumplió su primer año completo como la primera mujer gobernadora en la historia de Guerrero y enfrentó diversos hechos de violencia en varias zonas del estado, destacó la región de Tierra Caliente con la expulsión de militares en tres municipios, la exhibición de integrantes armados del Cártel Jalisco Nueva Generación en una fiesta patronal en Zirándaro y dos masacres, la primera de 22 personas en San Miguel Totolapan, en la que fue asesinado el alcalde, Conrado Mendoza Almeda, y la segunda de siete hombres en la comunidad El Durazno, municipio de Coyuca de Catalán.
En la zona Norte desaparecieron cuatro policías municipales de Pilcaya, hubo bloqueos carreteros en Teloloapan debido a una disputa entre la Policía Comunitaria Tecampanera y el grupo de la delincuencia organizada Los Tlacos también llamado Cártel de la Sierra.
Este año resurgió públicamente la violencia en la región de Tierra Caliente de donde presume que es originaria la familia de la gobernadora.
El 28 de julio, cerca de 200 transportistas tomaron la carretera federal de Ciudad Altamirano a Iguala en tres zonas diferentes ante el reporte de una operación militar, que supuestamente era para detener a los jefes del grupo delictivo La Familia Michoacana, Johnny Hurtado Olascoaga, El Pez, y su hermano, José Alfredo Hurtado Olascoaga, El Fresa, aunque las autoridades estatales sólo confirmaron el operativo pero no el objetivo, porque argumentaron que fue organizado por el gobierno federal.
Otro caso similar sucedió el 10 de septiembre, cuando 30 soldados intentaron establecer una base permanente en las instalaciones de la planta de agua potable de Arcelia, pero fueron expulsados por unos 200 transportistas porque señalaron que sus operaciones y cateos eran ilegales.
Dos días después, 60 transportistas del municipio de Tlapehuala bloquearon los accesos al pueblo de San Juan Mina para exigir la salida del Ejército, que pretendía establecer una base en el centro de salud.
En esos días se dio a conocer en videos en redes sociales que integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con equipo táctico desfilaron en una cabalgata en las fiestas patronales de San Nicolás Tolentino, municipio de Zirándaro.
Las investigaciones no trascendieron, incluso el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez aseguró ante la prensa que la alcaldesa morenista, Tania Pacheco Duarte le explicó en una reunión privada en la capital, que los hombres fuertemente armados se presentaron en una cabalgata organizada por los pobladores y que ella no estaba en el lugar cuando se exhibieron en las calles de Zirándaro.
No obstante la violencia llegó a un clímax el 5 de octubre, cuando ocurrió una masacre en la cabecera municipal de San Miguel Totolapan que dejó oficialmente 22 muertos, entre ellos al alcalde perredista Conrado Mendoza Almeda, y a su padre el expresidente por dos periodos, Juan Mendoza Acosta.
La gobernadora Evelyn Salgado lamentó el crimen y sostuvo que no habría impunidad ante “la artera agresión”.
Sin embargo, mediante un video en Facebook supuestamente uno de los líderes de la Familia Michoacana, José Alfredo Hurtado Olascoaga, El Fresa, aseveró que él había sido el objetivo del atentado y que se salvó porque fue atacado cuando estaba por entrar a la reunión con el alcalde, sus funcionarios y asesores, además responsabilizó de las muertes a integrantes del grupo delictivo Los Tequileros.
Un día después de la masacre, Salgado Pineda informó que se reforzaría la seguridad en San Miguel Totolapan y toda la región de la Tierra Caliente, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado (FGE), y dos días después, el 8 de octubre la gobernadora visitó el municipio para reunirse con funcionarios y familiares de las víctimas.
Ese día la gobernadora declaró que se establecería en San Miguel Totolapan una agencia del Ministerio Público y que 200 efectivos de diferentes corporaciones se mantendrían en el municipio para darle estabilidad.
A pesar de que desde el 18 de octubre comenzó a funcionar el nuevo Ministerio Público auxiliar en San Miguel Totolapan, que según las autoridades estaría dedicado principalmente a la investigación y esclarecimiento de la masacre, casi concluye el año y el gobierno del estado ni la FGE han dado una versión oficial del motivo de la masacre, ni se ha informado con certeza si ya hay detenidos por los crímenes.
Lo que sí circuló en redes sociales fueron más videos en los que supuestos integrantes de los grupos delictivos se responsabilizan de la masacre, en unos sostuvieron que los responsables son los líderes de la Familia Michoacana, El Pez y su hermano El Fresa, y en respuesta este grupo delictivo señala al ex diputado local priista, Saúl Beltrán Orozco como el responsable de los homicidios, y lo señalan como lider de Los Tequileros.
Desde la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SPPC), Ricardo Mejía Berdeja informó que la masacre de San Miguel Totolapan se pudo evitar, pero argumentó que la jueza de control, Isis Peralta Salvador retrasó dos días unas órdenes de cateo a cinco ranchos presuntamente de La Familia Michoacana.
En tanto, el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso ha declarado que la población y las autoridades municipales no ayudan a dar condiciones de seguridad, al rechazar que el Ejército se instale en los municipios.
Sin embargo, la masacre de San Miguel Totolapan generó otros hechos de violencia. La mañana del 7 de diciembre 80 hombres armados irrumpieron en la cárcel de Coyuca de Catalán y sacaron al preso identificado como Samuel, a quien apodaban El Vago, quien cuatro días después fue hallado asesinado a balazos en el crucero de Poliutla, municipio de Tlapehuala, con una cartulina en la que lo acusaron de ser integrante de Los Tequileros.
No obstante, el 10 de diciembre resaltó nuevamente a nivel nacional la Tierra Caliente, porque en la comunidad El Durazno, ubicada en parte alta de la sierra de Coyuca de Catalán, siete pobladores fueron asesinados, entre ellos un menor de 15 años, por presuntos integrantes de La Familia Michoacana.
Las autoridades arribaron al lugar 24 horas después de los hechos y a pesar de que un grupo de militares se quedó al resguardo de los habitantes, éstos comenzaron a salir desplazados hacia comunidades de Tecpan, por temor a volver a ser atacados.
Por esta segunda masacre tampoco hay detenidos y el secretario Marcial Reynoso filtró a la prensa que los indicios de las investigaciones de la FGE señalan que la masacre en El Durazno se trató de un enfrentamiento, porque se hallaron casquillos percutidos en las casas, que indican que algunos vecinos repelieron la agresión.

En la zona Norte

También este 2022 en la zona Norte, que colinda con la Tierra Caliente, se registraron hechos de violencia entre los que destacaron la desaparición de cuatro policías municipales de Pilcaya el 29 de abril, cuando salieron de Iguala y se dirigían hacia su centro de trabajo.
A pesar de que el gobierno del estado desplegó una operación de búsqueda en coordinación con el Ejército, Marina, Guardia Nacional, Policía Estatal y FGE, el 3 de mayo fue hallado asesinado a balazos y con signos de tortura uno de los cuatro policías en la cajuela de un automóvil en la carretera federal México-Acapulco, a 100 metros de la comunidad El Naranjo, municipio de Iguala.
El 26 de mayo el aún vicefiscal de investigación de la FGE, Ramón Celaya Gamboa informó que en la localidad de Taxco El Viejo, municipio de Taxco, fueron rescatados los tres policías municipales que estaban desaparecidos, quienes estaban amarrados, vendados de los ojos y golpeados, aunque no se detalló el lugar exacto ni fue detenido ningún responsable, tampoco se dijo qué grupo delictivo los tenía retenidos.
Otro hecho que resaltó fueron los bloqueos a carreteras organizados por la Policía Comunitaria Tecampanera, el 8 de noviembre con el apoyo de transportistas cerraron el paso vehicular en la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano, en Teloloapan, para exigir la presencia del Ejército y Policía Estatal, porque integrantes de la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo arribaron al municipio vecino de Apaxtla de Castrejón, quienes argumentaron que fue la población la que les pidió combatir al crimen organizado, cansados de los cobros de cuotas y extorsiones.
El bloqueo fue una reacción luego de que el 6 de noviembre hombres armados a quienes la Tecampanera señala son del grupo delictivo de Los Tlacos incursionó en los municipios de Cuetzala del Progreso y Apaxtla de Castrejón, tomó varias comunidades y desplazó a decenas de familias.
Según los integrantes de la Tecampanera, el conflicto es por el control de la venta de drogas, así como de la minera de Teloloapan, Capela, que pertenece al grupo Industrias Peñoles.
El gobierno del estado reforzó la seguridad con agentes de la Policía Estatal y Guardia Nacional, sin embargo los bloqueos continuaron hasta mediados de diciembre por la Tecampanera, organización que dijo suspendió sus manifestaciones por la visita de miles de turistas y habitantes en las vacaciones decembrinas, lo que afectaría económicamente a la región de Tierra Caliente y zona Norte, pero el conflicto sigue latente.

 

 

Están sin cosechar 55 hectáreas de aguacate en El Durazno por temor al grupo criminal

Brenda Escobar

Zihuatanejo

El presidente del comisariado ejidal de El Durazno, municipio de Coyuca de Catalán, Ignacio Chávez Arreola denunció que en ese núcleo agrario hay 322 hectáreas de tierras sembradas con árboles de aguacate, de las cuales 55 hectáreas ya están en producción “y se están echando a perder porque desde hace 16 días que no vamos a nuestras parcelas a ver cómo están por el temor de que sufrir algún atentado”.
Ayer martes, vía telefónica Ignacio Chávez comentó que el 10 de diciembre pasado les cambió la vida “por completo” a todas las familias de la comunidad El Durazno, cuando ingresó a la localidad un grupo de hombres armados quienes pidieron a los pobladores que se acercaran a la escuela primaria para tener una reunión y ahí ejecutaron a seis campesinos, entre ellos a un menor de 15 años de edad.
En ese ataque cuando los agresores se retiraban dispararon cuando menos a unas 15 viviendas y al templo católico del lugar, se encontraron con otro campesino a quien dispararon, le arrojaron combustible y le prendieron fuego junto con su cuatrimoto, siente el séptimo asesinado. En la agresión un joven quedó herido y aunque ya se recupera se desconoce si regresará a su comunidad.
También ese día un adulto mayor de 78 años salió a su parcela y ya no regresó, en su momento los pobladores denunciaron que las tierras de ese señor quedan en el camino que tomó el grupo armado para entrar y salir de El Durazno, por lo que cuando fueron a buscarlo cuatro días después, únicamente encontraron abandonada su cuatrimoto, y suponen que los civiles armados se lo llevaron.
Después de estos hechos los habitantes de El Durazno pidieron apoyo a las comunidades de la sierra del municipio de Petatlán y Tecpan de Galeana que están más cerca del lado de la costa, para que bloquearan la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo a la altura de la comunidad Santa Rosa de Lima, en Tecpan, para que las autoridades acudieran a darles seguridad y que hicieran las diligencias correspondientes y el levantamiento de los siete cadáveres, cuatro de los cuales fueron sepultados en el camposanto de esa localidad y tres fueron trasladados a Tecpan y a Colima por decisión de sus familiares sobrevivientes.
De ahí que el presidente del comisariado ejidal, Ignacio Chávez Arreola, se haya referido a que ese 10 de diciembre, “nos cambió la vida por completo, porque ya nada ha vuelto a ser igual, muchas familias se han salido por el temor de que esas personas regresen a hacer lo mismo, otras familias que tenían ganado ya lo sacaron para el lado de la costa, ya las cosas no son como antes y eso da mucha tristeza”.
Chávez Arreola dijo que aunque en el poblado hay militares y policías ministeriales de la Fiscalía General del Estado dándoles resguardo, las familias que decidieron quedarse no han podido salir a trabajar en sus campos, y que los que tienen huertas de aguacate, “son los que más están sintiendo porque de las 322 hectáreas que tenemos en el ejido sembradas de puro aguacate, ahorita son 55 que están en plena producción, pero se está perdiendo la fruta porque no estamos yendo a cosechar”.
“Ya estamos en producción y nos duele no poder estar pendientes de nuestras parcelas, toda esa fruta se va a caer, otra se la van a comer los animales, no se les está dando mantenimiento y eso tiene que ser constante, entonces no tarda en que esas huertas estén infectadas por la araña roja, por el trips y otras plagas, y entonces no va a servir para el comercio porque se requiere de tener cuidado tanto con el árbol como con la fruta”, dijo.
Continuó, “entonces esto es una pérdida enorme, muchísimas familias se fueron, están perdiendo su cultivo y es una lástima, una verdadera lástima, muchos de nosotros pensando en que ya iba a haber paz en toda esta región decidimos hacer un cambio radical en lo que se producía en la Sierra, hoy, en vez de meterle mano a lo forestal se pensaba muchísimo más mantenerse con productos lícitos y que creciera la Sierra por medio del aguacate, del oro verde, pero mire nada más, creo que eso es algo que no lo previmos nadie”.
“Yo le pido que le ponga a su nota que para que se sepa que nuestro ejido es uno de los ejidos que tiene muchísimas especies en peligro de extinción, protegidas por las normas ambientales de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, aquí tenemos esas especies, también mantenemos un monte bueno, sano, tenemos agua suficiente, agua pura y cristalina, sin contaminación y no queremos perder eso”, expuso.
El ejidatario hizo un llamado a los gobiernos estatal y federal, a “que hagan conciencia y actúen, que hagan lo que tengan que hacer porque no queremos perder lo que con mucho esfuerzo, trabajo y sacrificio hemos levantado para sacar adelante a nuestras familias, no se nos hace justo que todas esas huertas de aguacate, le estoy hablando de 322 hectáreas nada más en nuestro ejido, se vayan a perder a causa de todo esto que está pasando”.

Amenaza el grupo que masacró a siete campesinos en El Durazno a los vecinos, dice la comisaria

Uno de los campesinos de El Durazno, San Miguel Totolapan, ejecutado por sicarios el 10 de diciembre pasado Foto: Difundida en redes sociales popr vecinos de El Durazno

Redacción

Chilpancingo

La comisaria municipal de El Durazno, municipio de San Miguel Totolapan, Azucena Rosas García denunció que integrantes del grupo armado que el 10 de diciembre asesinó a siete campesinos en esa localidad, les dieron de plazo hasta el 3 de enero para que abandonen la comunidad, por lo que llamó a los gobiernos del estado y federal a que actúen con la detención y encarcelación de los delincuentes antes de que se cumpla ese plazo.
Ayer vía telefónica, Azucena Rosas comentó que a 15 días de que un grupo criminal asesinó a siete campesinos, entre ellos a un menor de 15 años, dejó herido a un joven, privó de su libertad a un adulto mayor de 78 años del que hasta ahora se desconoce su paradero y balaceó unas 15 casas y el templo católico de ese pueblo, “las cosas siguen igual porque vemos que está pasando el tiempo y no vemos que el gobierno haga algo contra esas personas que pretenden obligarnos a que les entreguemos la comunidad”.
Sin detalles la comisaria comentó que sicarios del grupo agresor, que según la Fiscalía del estado es La Familia Michoacana, “nos dieron hasta el 3 de enero para que nos salgamos todos, para que dejemos la comunidad, pero de una vez les decimos que no nos vamos a salir, que las familias que seguimos aquí no vamos a dejar nuestras tierras para que ellos se las queden como han hecho en otros lugares de la Sierra”.
Indicó que esta amenaza que pesa sobre los pobladores es conocida por las autoridades que desde el 11 de diciembre les brindan seguridad, “el día 24 llegaron a la comunidad más ministeriales y dos camionetas de soldados, llegaron por la noche”.
Dijo que la Nochebuena y la Navidad no fueron motivo de festejo en El Durazno, “nos la pasamos tristes, el gobierno sólo mandó más ministeriales y soldados, yo creo que quizás se están olvidando de nosotros porque dijo la gobernadora que iba a subir y no ha venido, ojalá que no llegue cuando ya no estemos ninguno de nosotros”.
“Las pocas familias que estamos en la comunidad lamentamos que aunque están resguardando el pueblo seguimos sin poder salir a las parcelas por miedo, y como esa gente nos dio para el 3 de enero para que nos salgamos todos de aquí, según ellos pues ya de ahí en adelante ya creo que ellos nos irán a atacar o quién sabe qué irá a pasar, porque así se dijo, que tenemos hasta el 3 de enero para entregar la comunidad”, dijo insistente.
Rosas García aseveró que por esa amenaza, “a muchas familias les dio miedo y se salieron, pero nosotros no queremos salirnos porque es nuestra comunidad, ahí está lo poquito de nuestro patrimonio, por eso no queremos salirnos, así que ahora sí que el gobierno es responsable de nuestra seguridad y ahí vamos a estar, no nos vamos a ir, los que estamos ahí no nos vamos a ir”.
Al preguntarle la comisaria dijo que el grupo delincuencial que los tiene amenazados, “ya sabe que aquí tenemos gobierno pero ellos siempre han dicho que traen mejores armas que el gobierno, como que no les tienen mucho miedo, por eso le pedimos a la gobernadora, al presidente de la República que pongan seguridad y no nada más en El Durazno, en toda la Sierra, porque así estamos viviendo en muchos lugares, solamente que no se atreven a levantar la voz”.
“No es sólo en El Durazno, ni tan sólo en la parte de la Sierra, así se está viviendo en la parte de Tierra Caliente que están pagando cuotas con tal de que no les hagan daño y nosotros nos negamos a pagar cuotas, nosotros nos negamos a hacer lo que ellos quieren y por eso nos hicieron tanto daño, entonces sí, el llamado es para el gobierno del estado y el gobierno federal a que tomen cartas en el asunto”, declaró.
Azucena Rosas cuestionó, “¿cómo es posible que vaya a ganar la delincuencia?, ¿cómo es posible que traiga mejores armas la delincuencia que el gobierno?, es algo ilógico y no es nada más que nosotros estemos viviendo esto, no, es en varios lugares del estado que están viviendo lo mismo, la gente por miedo a hablar se calla y accede a las peticiones de los delincuentes, a nosotros nos hicieron todo esto porque no quisimos pagar cuotas, algunos no quisimos integrarnos con ellos, así que esa fue la consecuencia”.
Agregó que los atropellos de los líderes del grupo delincuencial que tiene asolada esa región y la Tierra Caliente, “son cosa seria porque el gobierno los ha dejado crecer, por eso, por qué otra, si se ponen bien las pilas cómo van a dejar crecer a los delincuentes, esa es mi pregunta, ¿el gobierno qué hace, para qué está?, ya ve lo que pasó en San Miguel Totolapan, 22 muertos, ¿y qué han hecho, qué han hecho?, nada, siguen en la impunidad”.
Señaló que los criminales “siguen en la impunidad nada más porque pagan, le pagan al gobierno y ya, nadie los vio, nadie nada, les dan el avionazo y todo sigue igual y no se me hace justo, yo voy a buscar la manera de que nos hagan caso y si no nos hacen caso pues ya habrá alguien que nos haga caso, pues si es eso que detenerlos no le compete al gobierno estatal, pues que el gobierno federal haga su trabajo, que se ponga a trabajar y que los detenga, eso es lo que exijo a nombre de mi pueblo”.
Continuó, “ya no es pedir, es exigirles porque es nuestro derecho que nos den protección, que se dé seguimiento y que se detenga a los delincuentes y nosotros no nos vamos a salir, así que todo lo que nos pase va a ser responsabilidad del gobierno, sobre todo porque ya hay denuncias directas por parte de las familias a las que les asesinaron a sus familiares, todos hicieron denuncias, así que no es por falta de denuncias, es por falta de que no quieren actuar, no quieren perseguir a esa gente”.

Ofrecen la permanencia de un grupo del Ejército a vecinos de El Durazno tras la masacre

Arriba los ataúdes de las víctmas de la masacre del sábado en El Durazno, en una galera de esa localidad. Abajo, el director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros platica con vecinos en ese pueblo de Coyuca de Catalán, acompañado de efectivos de la Marina Fotos: El Sur

Brenda Escobar / Lourdes Chávez

Zihuatanejo / Chipancingo

Este lunes el director general de Gobernación de la Secretaría General de Gobierno del estado, Francisco Rodríguez Cisneros estuvo en la comunidad El Durazno, municipio de Coyuca de Catalán, y ofreció a los pobladores que se quedará un grupo de militares para darles seguridad tras la masacre de siete vecinos.
El sábado en la tarde siete campesinos fueron asesinados en la escuela primaria de esa comunidad ubicada en lo alto de la sierra de Coyuca de Catalán por sicarios que según testigos estaban encabezados por el jefe del grupo delincuencial La Familia Michoacana, Johnny Hurtado.
Vecinos consultados vía telefónica dijeron que Francisco Rodríguez visitó la galera en la que velaban a los siete campesinos, entre ellos a un adolescente de 15 años, ahí le comentaron cómo fue que ocurrieron los hechos y les señalaron que sólo seis se acercaron ese sábado que los hombres armados llegaron, “y ahí los mataron, los dejaron desfigurados de la cara, eran como unos 50 hombres armados”.
El funcionario, a nombre del gobierno del estado ofreció que en esa comunidad se quedará un grupo de militares para resguardarlos, mantener la paz y garantizarles la seguridad, pero los habitantes le exigieron que ahí en El Durazno se establezca una base o un cuartel permanente del Ejército, para que no vuelva a ocurrir un hecho similar.
Los habitantes de El Durazno coinciden en que no tiene caso que los militares estén un par de semanas en la localidad mientras se pasa “la conmoción” por lo ocurrido y luego se retiren, porque de ser así, aseguraron que no tardará en empezar a observarse el desplazamiento de familias hacia lugares más seguros o menos violentos, “van a empezar a abandonar sus viviendas para evitar perder la vida a manos de ese grupo delincuencial”.

Maestros y el doctor tienen miedo

La ex comisaria municipal de El Durazno, Mariflor Chávez Tello informó vía telefónica que ayer lunes los habitantes de la comunidad andaban ocupados para ir a sepultar a cuatro de los campesinos acribillados, “porque ya van a tener 48 horas de muertos y empiezan a oler”.
Agregó que tres de ellos serían llevados a otras ciudades del estado y del país para sepultarlos porque así fue decisión de sus familias, y que serían escoltados por militares para bajar a la costa.
Luego dijo que seguían sin tener noticias del campesino Cecilio Chávez, de quien desconocen su paradero desde el sábado que salió a trabajar a su rancho, el cual queda en el camino que tomaron los agresores para entrar y salir de El Durazno, “ahorita estamos algo ocupados en llevar a sepultar a los muertos porque ya empiezan a estar en estado de descomposición, entonces creo que al regresar de sepultarlos vamos a ver cómo le hacemos para ir a buscarlo, a ver si lo encuentran y en qué condiciones lo encuentran”.
Chávez Tello expuso que debido a lo que pasó en la escuela las clases quedaron indefinidas pues los maestros, por temor, se retiraron, “y tampoco tenemos doctor, así como tampoco hay maestro en la telesecundaria después de lo que ocurrió en septiembre pasado, cuando mataron al profesor en una discusión de personas que estaban ingiriendo alcohol”.
Dijo que desde entonces el nuevo maestro que iban a enviar fue retenido en la cabecera municipal de Coyuca de Catalán, pues fue el alcalde Eusebio Echeverría Tabares quien le mal informó a las autoridades educativas del gobierno del estado que “en El Durazno estaba muy peligroso, que no subieran, eso fue lo que le dijo un subsecretario de Educación a la comisaria municipal, que por eso no mandaban al nuevo maestro y desde entonces no ha habido clases”.
Agregó que con lo que pasó el sábado, los maestros de la primaria tienen miedo y por eso las clases se van a quedar suspendidas y desconocen hasta cuándo quieran regresar, y sí había doctor pero también se fue”.
Comentó que a través de las redes sociales se siguen enterando de más amenazas de los agresores, “de perfiles falsos en Facebook”.
Luego manifestó que “si no hay seguridad vamos a seguir así, y lo único que va a pasar es que todos los pueblos así como el nuestro se van a quedar solos, así como ha habido mucho desplazamiento de personas a causa de la nula seguridad y la falta de una fuente de ingresos que no sea relacionada con enervantes, porque no hay dónde trabajar, la gente de la sierra se va a seguir desplazando a las ciudades por falta de oportunidades”.

Ya no hay paz, que es requisito para la cabecera del nuevo municipio, dice la presidenta del comité gestor

Mariflor Chávez, quien es la presidenta del comité gestor para la creación de un nuevo municipio que estaría conformado por 113 comunidades de la parte serrana de los municipios de Coyuca de Catalán, Ajuchitlán del Progreso, Tecpan de Galeana y Petatlán y que tendría la cabecera municipal en El Durazno, dijo que al menos este lunes lo más importante era sepultar a los difuntos, y que sería a partir de este martes cuando ya podrían tener más despejado el pensamiento para analizar qué van a hacer.
Comentó, “de hecho ahorita estamos como suspendidos, no sabemos, ahorita primero necesitamos enterrar a nuestros muertos y yo creo que a partir de mañana (hoy) martes, veremos si las autoridades nos van a decir si el proceso sigue o si nos van a decir que ya no por el problema”.
“Desafortunadamente las personas que no quieren que se haga el nuevo municipio en nuestra comunidad pues lograron su cometido de que no se hiciera, o de que se detuviera o que nos dijeran que no es el lugar idóneo porque hay inseguridad, ese era uno de los requisitos, que hubiera paz, y pues a los que no les convenía que esto siguiera adelante con todo lo que se había avanzado, pues ya lograron echar abajo una parte, cortaron el camino que ya se había caminado”.
Expuso que lo que pasó el sábado, “no fue por nosotros, nosotros no provocamos, claro que no, fue como siempre y como en otras ocasiones y como el principio de toda esta guerra que se ha hecho de ciertos grupos contra nuestras localidades, ha sido sólo provocación y nosotros nos hemos mantenido al margen, y pues ya hemos visto anteriormente en años anteriores todo lo que ha sucedido con las mismas personas de aquí”.
Instalan una BOM

El director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros informó de la instalación ayer de una Base de Operaciones Mixtas alrededor de El Durazno en lo alto de la sierra de Coyuca de Catalán, donde hombres armados presuntos miembros de la Familia Michoacána asesinaron a siete pobladores la tarde del sábado.
De regreso de la localidad, el funcionario estatal se conectó vía remota a la difusión del informe semanal en línea de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, para informar que la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Estatal desplegaron una operación en la zona, para generar condiciones de estabilidad y paz social.
Indicó que ayer dialogó con autoridades comunitarias, agrarias y con los pobladores para comenzar una serie de actuaciones de la Fiscalía Géneral del Estado, de investigación, y de la Policía Estatal en seguridad pública.
Confirmó que la población “está inquieta”, dados los hechos violentos del sábado y las amenazas que continuaron el domingo, sin embargo, este lunes hubo “un reconocimiento a la actuación del gobierno del estado y de la Sedena en coordinación con la FGE, que ha dado tranquilidad a las autoridades locales”.
Mediante esta dirección general de Gobernación, dijo que se brindó atención médica, psicológica y social que demandan los ciudadanos.
Pese a que la comunidad demandó la presencia permanente de las autoridades, Rodríguez Cisneros dijo quehabrá presencia institucional, “los próximos días para atender la problemática social que se vive en la zona”.
Con un boletín de prensa, el gobierno del estado también informó de la visita que encabezó el director de Gobernación a El Durazno, “para proteger a las familias de las siete personas que perdieron la vida en los hechos de violencia ocurridos en días pasados”.
Destacaron la coordinación con la comisaria municipal, Azucena Rosas García y el presidente del Comisariado Ejidal, Ignacio Chávez para agilizar el traslado de tres de los cuerpos hasta el puerto de Zihuatanejo, mientras que los cuatro restantes serán sepultados en la localidad.
Aseguraron que se autorizó la petición de la población de permanencia de las fuerzas del orden en la zona. Adelantó que enviarán atención alimentaria y apoyo psicológico.

También acudió la fiscal

En un boletín, la Fiscalía General del Estado informó que la fiscal “brinda atención a familiares de víctimas de la comunidad” El Durazno, en Coyuca de Catalán.
Sandra Luz Valdovinos Salmerón se encuentra en la comunidad “con la finalidad de brindar atención directa y escuchar a los familiares de las víctimas, en seguimiento a los hechos ocurridos este 10 de diciembre del presente año en dicha población”, dice el boletín.
“Este acercamiento responde al propósito de brindar la atención oportuna y darles a conocer los avances de las investigaciones, así como continuar con el diálogo permanente”, agrega.